LUCES Y SOMBRAS DE UNA REFORMA FISCAL

         

      En un artículo reciente, titulado “La fiscalidad progresiva” publicado en este mismo periódico, ya hacía referencia a que, ante épocas de crisis global como la que actualmente padecemos, es cuando con mayor firmeza hay que defender políticas de progresividad fiscal, aspecto esencial del modelo de estado de bienestar socialdemócrata con el cual me identifico. Además, con arreglo al artículo 31 de la Constitución referente a que los ciudadanos debemos contribuir a los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad, era evidente que las circunstancias actuales exigían una revisión global del sistema tributario. Ello debe suponer, en la práctica, el priorizar una política fiscal basada en los impuestos directos por ser éstos los que gravan a los ciudadanos con arreglo a sus niveles de renta. De este modo, resulta esencial el impulsar actuaciones concretas tendentes a incidir de forma más efectiva en la fiscalidad sobre las plusvalías del capital mobiliario (intereses bancarios, dividendos, plusvalías por ventas de acciones o viviendas, seguros de vida), cuya tributación se efectúa por una triple vía:   el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de no residentes.

Algo, no todo, de este camino hacia una mayor justicia fiscal se ha vislumbrado tras la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, tema éste sobre el que quisiera hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, era importante abordar el incremento de  los impuestos que gravan las rentas del capital, las cuales se elevan, según los casos, al 18 y 21 % de las plusvalías obtenidas. También puede tener efectos positivos la reducción al 20 % (5 puntos menos) del Impuesto sobre Sociedades que afecta a las PYMEs  con la condición de que mantengan o incrementen su plantilla durante los próximos 3 años.

Sin embargo, ha sido decepcionante el que en dicho Proyecto de Ley no se haya acometido la necesaria reforma tributaria de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), convertidas en un pseudofondo de inversión, instrumento de ahorro de las grandes fortunas y, por ello, uno de los más utilizados por las personas con grandes capitales y que actualmente goza de importantes ventajas fiscales (exención en la modalidad de operaciones societarias del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), con objeto de subir su actual e irrisoria tributación del 1 % sobre sus plusvalías. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el tercer trimestre de 2008 existían 3.369 SICAVs, las cuales contaban con 439.395 socios (la mayoría, hombres de paja, testaferros o “mariachis”, interpuestos por los auténticos dueños) que acumulaban un patrimonio de 27.143,2 millones de euros, esto es, el 76,50 % de lo que casi 17 millones de familias españolas tenían consignadas como rentas de capital mobiliario en el años 2008, según datos de recaudación de la Agencia Tributaria. Pero, en lugar de tributar al 25 % (al tratarse de una sociedad anónima) o al 18 % (al tratarse de una renta del capital, que es la que pagan los declarantes del IRPF, esto es, las familias y trabajadores), lo hacen a tan sólo al  citado 1 % sobre sus beneficios. En consecuencia, sería necesaria la aplicación de medidas concretas como el que las Cortes Generales restablezcan la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado (IHE)  (en la actualidad, es el único beneficio fiscal que no fiscaliza la IHE), una mayor implicación del Tribunal Económico Administrativo Central con las inspecciones de este tipo de sociedades o la exigencia a las SICAVs de la diferencia entre la tributación del Impuesto de Sociedades  y el 1 % que habían aplicado indebidamente debido a que, aunque en teoría eran instituciones de inversión colectiva, en la práctica se utilizan exclusivamente para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios, así como la eliminación legal de los inversores ficticios (testaferros o “mariachis”).

Aunque desborda el ámbito de la política fiscal española, también sería necesario avanzar hacia un mayor control fiscal sobre las Unit Linked y de los Hedge Funds (fondos de cobertura), pues ambos son inversiones especulativas con el único objeto de maximizar su rentabilidad y que, ante la situación financiera actual, es preciso que tengan una regulación más rigurosa. Tal vez cuando España ocupe la presidencia de turno de la Unión Europea (UE) a partir del 1 de enero de 2010 sea el momento de impulsar medidas concretas para la regulación de los mercados financieros internacionales tales como potenciar el papel del Banco Central Europeo (BCE), dotar de carácter vinculante a las disposiciones de los nuevos organismos recientemente creados (Sistema Europeo de Vigilancia Financiera y Comité Europeo de Riesgos Sistemático), imponer una tasa internacional sobre las transacciones financieras, avanzar hacia una fiscalidad ecológica y, por supuesto, eliminar los paraísos fiscales, empezando por los existentes en la misma UE (Luxemburgo, Jersey o Gibraltar).

En las circunstancias actuales, sigo pensando que el Gobierno Socialista debe restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio para recuperar los 1.800 millones de euros/año que ha dejado de recaudar la Hacienda Pública. Igualmente, la agenda de reformas fiscales no debe olvidar el estudio sobre el establecimiento en un futuro de un impuesto adicional sobre las grandes fortunas o el fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de consejos de Administración y otros colectivos vinculados al sector financiero o a las industrias multinacionales (como las del automóvil) que han solicitado y recibido ayudas públicas, pues es notorio que, en demasiadas ocasiones, la actuación de estos ejecutivos evidencia una opacidad fiscal fragrante, inaceptable y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.

Por principio, resulta difícilmente asumible la subida de cualquier impuesto indirecto que grave el consumo por los efectos sociales que de ello se derivan (perjudica a las familias de rentas bajas) y porque  responde a los postulados de las políticas económicas propias del neoliberalismo que no debemos de asumir ni imitar. Además, el pasado 13 de junio ya fueron elevados los impuestos indirectos sobre los hidrocarburos el tabaco con objeto de obtener una recaudación adicional de 1.097 millones de euros. Por ello no resulta aceptable la subida del IVA, tanto en su tipo general (18 %) como en su tipo reducido (8 %), a pesar de que la aplicación de dicho incremento se posponga hasta el 1 de julio de 2010. La subida del IVA sólo servirá para incrementar la presión fiscal sobre los sectores más débiles de nuestra sociedad y tendrá además el efecto perverso de incrementar la picaresca generada en torno al fraude fiscal. Consecuentemente, la prioridad debe de ser acabar con las bolsas de fraude del IVA antes que plantear una elevación del mismo, para lo cual hay que dotar a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Hacienda del Estado de todos los recursos personales y materiales necesarios.

Pese a lo dicho, queda pendiente el impulsar una fiscalidad verde, la creación de un impuesto ecológico (ecotasa) de carácter finalista. Confiemos en que estos avances en fiscalidad se incluyan en la futura Ley sobre la Economía Sostenible que prepara el Gobierno Socialista. En ella, y a modo de propuesta, también debería de estudiarse igualmente la posibilidad de que, partiendo del cumplimiento estricto del Protocolo de Kyoto, se gravase con algún tipo de tasa arancelaria los productos importados procedentes del aquellos países que, como China o EE.UU. y otros, lo incumplen flagrantemente al ser los principales emisores de gases contaminantes a la atmósfera y, consecuentemente, responsables de la amenaza que el cambio climático supone para el futuro de la Humanidad.

       Ante la necesidad inaplazable de acometer una reforma fiscal en profundidad, las medidas adoptadas por el Gobierno, a fecha de hoy,  resultan tímidas e insuficientes dado que, para avanzar hacia una mayor justicia fiscal, debería de haberse incidido más en la presión tributaria sobre las rentas altas y no haber basado el afán recaudatorio en el fácil recurso de elevar los impuestos indirectos, como es el caso del IVA. Con todo ello, la sensación general que se extiende entre la ciudadanía es que los que más pueden  no aportan todo lo que debieran, mientras que los trabajadores y clases medias van a ser, como siempre, los que van a soportar no sólo el peso de la crisis, sino, también, los esfuerzos tributarios necesarios para superarla y para  garantizar la inversión productiva y los gastos sociales. Por todo lo dicho, y con arreglo a las propuestas concretas antes citadas, se lograría un sensible avance hacia una mayor justicia fiscal y, además, se consolidaría el modelo social en el cual la redistribución de las rentas por medio de una fiscalidad progresiva, permita alcanzar mayores cotas de progreso y bienestar solidario.

(Diario de Teruel, 6 octubre 2009)