LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

         

      Durante el año 2008, se produjo una fuerte crisis alimentaria que afectó a numerosos países del Tercer Mundo como consecuencia de la desmesurada subida del precio de los cereales. Es cierto que ello se debió en parte a la creciente demanda en algunos países emergentes como era el caso de China o India, pero la causa principal de dicha crisis alimentaria se hallaba, una vez más, en las políticas neoliberales y las especulaciones financieras: de hecho, el arroz, alimento básico en numerosos países del Sudeste Asiático llegó a subir, como consecuencia de un movimiento especulativo, su precio un 74 % en las cotizaciones de las Bolsas de Nueva York y Chicago, sin que a los especuladores les importase demasiado las repercusiones sociales que este hecho iba a tener para millones de personas.

      Otra causa de la crisis alimentaria fue la conversión en determinados países de amplias zonas, dedicadas hasta entonces al cultivo de alimentos básicos en áreas de producción de biocombustibles, especialmente bioetanol. Un dato significativo: según el Earth Policy Institute, se necesita la misma cantidad de cereal para llenar el depósito de combustible de un vehículo ecológico con 80 litros de bioetanol, que para alimentar a una persona durante un año.

Consecuencia de la crisis alimentaria fue el estallido de revueltas en más de 20 países del Tercer Mundo ante  la imparable subida de los alimentos básicos por las razones antes indicadas.

      La cuestión que subyace en el fondo de esta crisis es la nefasta política de liberalización de los mercados, también del de alimentos, impulsada desde hace años por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). A ello hay que añadir las acciones del Banco Mundial  para fomentar un tipo de agricultura de exportación en los países del Tercer Mundo al servicio de los gustos e intereses de las grandes cadenas de producción y distribución de alimentos de los países del Primer Mundo. Estas políticas ultraliberales han traído como consecuencia la total desregulación de los mercados internos de muchos de los países, como es el caso de América Latina,  como efecto la aplicación de diversos Tratados de Libre Comercio (TLC). De este modo, países como Colombia, Panamá, Chile, Honduras o El Salvador, se han visto obligados a realizar una agricultura dedicada exclusivamente a la exportación de determinados productos para los mercados occidentales a precios muy bajos puesto que sus agricultores tienen que competir de igual a igual (esta es la trampa de libre comercio) con las agriculturas mecanizadas y subsidiadas de los países más ricos, lo cual les obliga a producir a precios muy baratos a costa de las condiciones injustas en que se cultivan y comercializan estos productos desde el Tercer Mundo.

      Ejemplo de todo lo anterior sería el caso de Haití, el país más pobre de América y sobre el cual parecería que en su agitada historia se han desatado todas las maldiciones bíblicas, sobre todo tras el dramático terremoto del cual ha sido víctima en fechas recientes. Pues bien, Haití, que en los años 60 era prácticamente autosuficiente en arroz, elemento básico de la dieta del país antillano, tras la liberalización de los mercados agrarios fomentada por el FMI y el Banco Mundial, dejó de cultivar arroz para producir caña de azúcar con destino a la exportación. Ello supuso que Haití, de ser autosuficiente en arroz, pasó a verse obligado a importarlo en cantidades masivas (1,3 millones de toneladas entre 1997-2002), lo cual originó que en el 2008 se produjeran violentas revueltas tras la subida del precio del arroz ya que a la mayoría de la población haitiana le resultaba imposible alimentar a sus familias.

      Frente a esta situación, desde un punto de vista ético, resulta evidente que se debe considerar a la alimentación como un derecho universal que no puede dejarse en manos del mercado libre con el único objeto de lograr la máxima rentabilidad económica. De hecho, cada vez se habla con mayor frecuencia de construir una nueva alternativa más justa en la que prime la persona  sobre la economía, el derecho a la alimentación sobre la especulación y el negocio en torno a los alimentos esenciales: es lo que se conoce como la “soberanía alimentaria”.

La opción a favor de la soberanía alimentaria supone la defensa del derecho de los pueblos y de los países a definir por ellos mismos las políticas agroalimentarias y de producción de alimentos, de acuerdo con sus necesidades y dando siempre prioridad a la producción y al consumo local. La soberanía alimentaria significa igualmente dar prioridad a la producción agrícola local para alimentar a la población en vez de las políticas de exportación masiva impulsadas por el neoliberalismo, así como el acceso de los agricultores y los trabajadores rurales sin tierra (como es el caso del MST brasileño) a la tierra, al agua, las semillas y al crédito, sin olvidar el compromiso con una producción agrícola sostenible que respete el medio ambiente.

      En aras a un comercio justo entre las naciones, resulta imprescindible defender un modelo de intercambio agrícola centrado en los mercados locales, regionales y estatales, redimensionando el comercio internacional, pues los precios y la producción deben de ser regulados y orientados por las necesidades locales y no por las grandes multinacionales y, de este modo dar prioridad al desarrollo local, esto es, todo lo contrario a lo que pretenden los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Fomentar la soberanía alimentaria supone también apoyar un consumo alternativo y responsable, basado en valores éticos, como los defendidos por las opciones a favor del “comercio justo”, solidario con los excluidos (los campesinos pobres del Tercer Mundo) y con un firme compromiso ecológico que impida, por ejemplo, la deforestación de amplias zonas de selva.

      Ciertamente, la alimentación mundial, al igual que la economía, son temas demasiado importantes como para dejarlos en manos de un  neoliberalismo galopante carente de ética y sensibilidad social. Por ello, la soberanía alimentaria que es tanto como la capacidad de decidir por parte de los productores y también de los consumidores, supone un rechazo frontal a los injustos tratados de libre comercio que atenazan a los países del Tercer Mundo, a las políticas desreguladoras y ultraliberales del FMI, de la OMC o del Banco Mundial y, desde luego, una alternativa frente al poder de las grandes multinacionales que monopolizan la comercialización y distribución de alimentos a escala internacional. Todo un reto para los gobiernos progresistas y los ciudadanos comprometidos.

 

 

      José Ramón Villanueva Herrero

 

      (Diario de Teruel, 9 marzo 2010)