LA FARSA DE LA AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA

     Tiene razón el diputado Antonio Gutiérrez cuando señalaba que la reciente reforma del art. 135 de la Constitución va a suponer un “dogal económico y social para España”, además de un auténtico “suicidio” para la izquierda socialdemócrata. Y es que, esta reforma es una nueva claudicación ante la codicia insaciable de “los mercados”, a los que se pretende “calmar”, (sin ninguna garantía de lograrlo), aunque, para ello, no les ha importado a los partidos que la apoyan, “desasosegar” a los ciudadanos que rechazamos lo que supone una imposición en nuestra Carta Magna procedente de  poderes económicos externos. Tomás Gómez decía tiempo atrás en voz alta lo que muchos pensamos, que  “los mercados no están para ser tranquilizados sino pare ser gobernados por los gobiernos”, pero para ello es preciso pasar de las palabras a los hechos. Además,  como señalaba Manuel Mata, “constitucionalizar la mayor renuncia de un pueblo a su soberanía económica exige un referéndum” y, por el contrario, en esta reforma, presentada con extrema urgencia y  alarmismo  por parte de Zapatero, se ha tenido especial cuidado (o miedo) en hurtar el debate y la capacidad de decisión a la ciudadanía, en una democracia que, como el Movimiento 15-M ha puesto de manifiesto, requiere (y exige) de unos mayores cauces de participación  en la vida pública.

     Parece no haberle importado demasiado a Zapatero y a la dirección del PSOE el desconcierto que, entre la militancia socialista, están produciendo medidas como esta, que son totalmente contrarias a los principios ideológicos y al programa político del partido que fundó Pablo Iglesias. Ello es tanto como renunciar a las políticas keynesianas basadas en impulsar el gasto público, aunque genere déficit, para reactivar la economía (aumento del empleo y el consumo), así como también renegar de la alternativa socialdemócrata que, además de asumir estos principios, siempre ha defendido una potente progresividad fiscal que hoy resulta más necesaria que nunca. Resulta lamentable constatar cómo esta reforma constitucional, regresiva y antisocial, va a condicionar durante décadas la política económica española: es indudable que el PSOE, sumido en una grave  deriva ideológica, al asumir esta reforma,  ha entregado una importante baza al PP que, obviamente utilizará para legitimar sus medidas de ajuste neoliberal en un previsible futuro gobierno  presidido por Rajoy.

     Frente a esta penosa situación, una vez más debemos recordar que las políticas de ajuste, aquellas que se ha aplicado con arreglo a los dictados del Pacto del Euro en Irlanda, Reino Unido, Grecia, Portugal y España, no han servido para reactivar la economía productiva pues, como advierte Paul Krugman, “la doctrina de la austeridad fracasa estrepitosamente en Europa” porque, en la práctica, los recortes del gasto público deprimen más la economía y aumentan el paro. En esta misma línea, Joseph Stiglitz, también premio Nobel de Economía y ex-economista jefe del Banco Mundial, denuncia igualmente la falacia de que, para reducir el déficit, sólo cabe recortar el gasto público, una idea que responde “al intento de debilitar las protecciones sociales, reducir la progresividad de los impuestos y disminuir el papel y las dimensiones del Estado”, los cuales quedan así a merced de los mercados desregulados.  Resulta indudable que priorizar la lucha contra la inflación oponiéndola al crecimiento y a la creación de empleo ha llevado a políticas económicas de “ajuste permanente”, y a que “a ese dios se  ha inmolado cualquier otra realidad”, en palabras de Juan Francisco Martín Seco, razón por la cual este economista considera como “falsas soluciones” las propuestas neoliberales de ajuste asumidas por algunos partidos socialdemócratas, también por el PSOE, basadas en restricciones presupuestarias, flexibilización del mercado de trabajo, limitaciones salariales, reducción de los impuestos y privatizaciones de determinadas áreas del sector público.

     La austeridad presupuestaria neoliberal que se nos impone, en la práctica supone una involución en toda regla porque afecta a derechos ciudadanos básicos como son la educación, la salud y las prestaciones sociales, razón por la cual algunos economistas equiparan estas medidas regresivas que desmantelan aspectos esenciales del Estado de Bienestar a un auténtico “crimen económico” contra los derechos constitucionales. Así ocurrió cuando este concepto, introducido por Gary Becker, también Premio Nobel de Economía, se extendió como consecuencia de los debates generados por las políticas de ajuste estructural promovidas por el FMI y el Banco Mundial durante los años 80-90.

     La injusticia de estas medidas queda patente dado que todos los negativos efectos de la crisis global se hacen pagar a las víctimas que sufren, sufrimos, sus consecuencias y, ninguno, a los culpables de la misma: los especuladores financieros, los cuales  todavía se han enriquecido más manejando de forma tan perversa como inmoral las primas de riesgo de los estados soberanos. Según la Comisión sobre la Crisis Financiera del Congreso de los EE.UU. creada por Obama en 2009 para investigar las acciones ilegales o criminales de la industria financiera, la crisis se pudo evitar de no haberse producido fallos en el sistema de regulación y supervisión financiera del Gobierno y de las empresas en las prácticas contables y auditorias así como en la transparencia de sus negocios bursátiles. Los culpables están identificados, pero nadie ha tenido el coraje político de exigirles las responsabilidades y sanciones que les corresponden.

     Ante tanto desconcierto e indignación, ante la renuncia del PSOE a sostener posiciones socialdemócratas alternativas a la crisis, resulta imprescindible reagrupar a las fuerzas de izquierda en defensa de los derechos ciudadanos que se restringen y del Estado de Bienestar que se socava. En la asamblea del I Foro Social del 15-M celebrada el pasado 26 de julio, Joseph Stiglitz señalaba que la crisis “es una oportunidad para que la economía aporte medidas más sociales” así como para presionar al Banco Central Europeo y a los bancos centrales nacionales para que  prioricen más la creación de empleo que el control de la inflación.

     En consecuencia, de no actuar de forma crítica y firme contra estas medidas, la izquierda socialdemócrata, tal y como ahora la conocemos, habrá firmado su certificado de defunción y, con ello, concluirá su ciclo histórico como fuerza transformadora de un cambio social progresista por lo que deberá dejar paso a otras izquierdas y movimientos sociales dispuestos a combatir con firmeza y sin renuncias a la “bestia insaciable”, a la dictadura de los mercados, a la dictadura del capital.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: Diario de Teruel, 26 septiembre 2011)