Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

     Mientras la II Guerra Mundial devastaba el mundo, el 14 de agosto de 1941, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt y el premier británico Winston Churchill, hicieron pública la que es conocida como Carta del Atlántico, mediante la cual, se sentaron las bases de la política internacional y los derechos humanos para “lograr un porvenir mejor para el mundo”. Dicho documento, se basaba en cuatro pilares esenciales: el derecho de todo pueblo a elegir la forma de gobierno bajo la que desea vivir; la restitución de los derechos soberanos a los que fueron privados de ellos por la fuerza; la prohibición de la guerra entre Estados a través de un mecanismo coercitivo que asegurase la seguridad colectiva y, la garantía universal del disfrute y protección de todos los derechos humanos, así como el logro de la justicia social en todo el mundo. De este modo, la Carta del Atlántico fue el germen, tras la victoria militar de los aliados frente a las potencias fascistas, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la posterior Declaración Universal de los Derechos Humanos.

    Así las cosas, tras la Asamblea fundacional de la ONU, que tuvo lugar en San Francisco en entre abril-junio de 1945, tuvo lugar un intenso debate entre los delegados de los 50 países asistentes, todos aquellos que habían declarado la guerra a las potencias fascistas, a la hora de ponerse de acuerdo en la lista de los derechos que debían incluirse en una anhelada Declaración Universal de los Derechos Humanos. La falta de acuerdo hizo que se encargase a una Comisión, presidida conjuntamente por Francia y Estados Unidos, la elaboración de dicha Declaración en un plazo de 3 años.

     A partir de este momento, se produjo un serio enfrentamiento, con profunda carga ideológica, entre el bloque formado por la URSS y sus países satélites, y el formado por las democracias occidentales. De este modo, mientras el bloque soviético quería priorizar los derechos económicos, sociales y culturales y, sobre todo, el derecho a la alimentación, los países occidentales, defendían los derechos civiles y políticos (libertad de reunión, de expresión, de conciencia, de religión, de movimiento y del derecho a la autodeterminación de los pueblos). Ello generó, en expresión de Jean Ziegler, “un debate furioso”, con la Guerra Fría como telón de fondo, entre Occidente y la URSS y sus países afines hasta el punto de que el embajador británico clamó contra los regímenes estalinistas que “¡No queremos ningún esclavo bien alimentado!” a lo que el representante de la Ucrania, entonces satélite de Moscú, respondió “¡Incluso los hombres libres pueden morir de hambre!”.

    En esta pugna, venció finalmente el bloque occidental y, por ello, cuando finalmente el 10 de diciembre de 1948 se aprobó en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quedó patente en ella una fuerte influencia de la declaración de independencia de los Estados Unidos de 1776 y, sobre todo, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano rubricada en la Francia revolucionaria de 1789. De este modo, los derechos económicos, sociales y culturales, quedaron postergados y tan sólo aparecen mencionados en un solo artículo, el 22º,  y en términos bastante vagos.

    Dicha carencia, fue en gran medida subsanada cuando a instancias del entonces secretario general de la ONU, el egipcio Boutros- Ghali, se ratificó la Declaración de Viena del 25 de junio de  1993. En tan importante documento, se logró incluir que, a partir de entonces, todos los derechos humanos (civiles y políticos, pero también los económicos, sociales y culturales), se declarasen no sólo universales, sino también, indivisibles e interdependientes. Ello supuso un gran avance a la hora de considerar de una forma global los derechos que asisten a todo ser humano sin ningún tipo de distinción y que la comunidad internacional, en este caso, la ONU, y los respectivos Estados, tienen el deber de proteger y garantizar. No obstante, como vuelve a advertirnos Jean Ziegler, en su libro Hay que cambiar el mundo (2018), Estados Unidos se abstuvo y, “hasta el día de hoy, se niegan a reconocer los derechos económicos, sociales y culturales y, en particular, el derecho a la alimentación”, sea esto dicho en demérito de la democracia norteamericana.

     En una entrevista reciente, publicada en El Periódico de Aragón a Guillermo Altares en torno a su libro Los silencios de la libertad, nos advertía de que “la libertad, la democracia y los derechos humanos son un privilegio y que tenemos que luchar por mantenerlos”. Por ello, hoy resulta esencial recordar el valor y la vigencia de los derechos humanos ante el preocupante avance de los neofascismos, en sus diversas versiones, en lo que Josep Ramoneda define como “autoritarismos post-democráticos”, y que se han convertido en la principal amenaza de nuestras democracias. Por ello, es tan importante la defensa de todos los derechos humanos, sin excepción, para garantizar, una vez concluida la II Guerra Mundial, ese porvenir mejor para el mundo que, a bordo de un embravecido océano, soñaron Roosevelt y Churchill a bordo del buque USS Augusta, mientras navegaba, “en algún punto del Atlántico”.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 mayo 2023)

Etiquetas: derechos, humanos, política, internacional, democracia

     Es bien conocida la aversión visceral que siempre ha tenido el fascismo hacia la cultura y la libertad de expresión. Ejemplo de ello es la frase atribuida a Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del III Reich, que decía: “Cuando oigo la palabra cultura, echo mano a la pistola”. Con este ambiente como telón de fondo propio de cualquier fascismo, tuvieron especial simbolismo, por reaccionario y repugnante a un tiempo, las quemas de libros, los bibliocaustos. De estos “autos de fe” anticulturales, hallamos diversos ejemplos en la Alemania nazi y también, en la España franquista, alentados en los años de la II Guerra Mundial, por la entusiasta Falange germanófila del momento.

    A este tema, dedicó un excelente artículo Cándido Marquesán titulado “El libro sectario, el peor estupefaciente”, publicado en El Periódico de Aragón en el cual detallaba las similitudes en el tema de la quema de libros entre la España franquista, heredera de la vieja y negra mentalidad de la Inquisición, y la Alemania nazi, a la vez que recordaba el papel que, en lo que la historiadora Ana Martínez Rus calificó de “bibliocausto franquista” tuvo Gonzalo Calamita Álvarez, quien clamó con destinar al “fuego purificador” a las que definía como “bibliotecas criminales”, y cuya siniestra memoria todavía sigue viva en una calle zaragozana que lleva su nombre, y en el título de “Rector Honorario” de la Universidad de Zaragoza, que todavía ostenta  y aún no ha sido revocado.

    Hoy quisiera recordar un ejemplo concreto de este delirio anticultural que recoge Diego Carcedo en su libro Un español frente al Holocausto (2005) en el cual honra la digna memoria de Ángel Sanz Briz, el cual salvó la vida de varios miles de judíos de la barbarie exterminadora nazi. En dicha obra, se relata cómo el joven diplomático zaragozano, estando destinado como Encargado de Negocios en la Embajada de España en Budapest, cuyo régimen filonazi de Dóme Sztójay,  hizo gala de un profundo antisemitismo, tuvo la desgracia de presenciar en la capital húngara el 16 de junio de 1944, un acontecimiento que nunca conseguiría olvidar: la quema pública de 447.627 libros con lo cual el fascismo húngaro pretendió “destruir todo testimonio impreso que tuviera algo que ver con los judíos”, un “auto de fe fascista” en el cual se destruyeron las obras de 120 autores húngaros y 130 extranjeros de origen judío. La macabra ceremonia se inició con un repulsivo discurso de Kolozsvary, Secretario de Estado del Gobierno fascista húngaro, rebosante de visceralidad y odio antijudío que Sanz Briz escuchó con el corazón encogido:

    “Los judíos, que tanto daño causaron y causan a nuestros pueblos, siempre se han servido de los libros para, aprovechándose de la ingenuidad de muchas personas, sembrar sus maléficas ideas de destrucción de nuestra raza y nuestra cultura. Vamos a acabar con sus libros, vamos a impedir que sus libros sigan contaminando nuestros hogares. Es la primera destrucción pública de libros judíos, pero reitero, es la primera y sólo la primera. El comienzo de una limpieza que no culminará hasta que todas las publicaciones de esta naturaleza hayan desaparecido de nuestro país y de la faz de la tierra”.

    Iniciado el macabro ritual público, el cual sorprendió de forma fortuita a Sanz Briz en las calles de Budapest, al que asistió compungido, mientras “no salía de su indignada sorpresa”. Observa cómo los asistentes celebraban con especial alegría el que ardiera algún ejemplar de El Capital de Karl Marx, algún libro sagrado judío elegantemente encuadernado en pergamino o El Estado Judío de Theodor Herzl, fundador del movimiento sionista y una de las “bestias negras locales del antisemitismo húngaro”, así como ciertos libros bíblicos, a pesar de que éstos también eran venerados por el cristianismo, o las obras de Sigmund Freud, “quizás el judío más odiado por los nazis después de Marx”. Durante esta quema masiva de libros, quedó a los pies de Sanz Briz la que sin duda era una maravilla bibliográfica, la obra Mishné Torah, de la cual era autor el sabio judío español Moshé Maimónides y, a punto estuvo de recogerlo lo cual, hubiera provocado, sin duda, un grave incidente diplomático por parte de Sanz Briz, en su condición de representante de la legación diplomática española, y el régimen filonazi húngaro. Pensó en agacharse y “recogerlo del suelo con el mimo que el libro merecía, limpiarle el polvo con cuidado, y arriesgarse a guardarlo como una doble reliquia del recuerdo y la intolerancia contra los judíos que siglo tras siglo nunca tuvo fronteras”. Pero, finalmente, el libro también fue quemado y Sanz Briz abandonó el lugar “antes de que sus ojos estallasen en lágrimas de rabia”.

   Recordando estos hechos, ocurridos aquel fatídico 16 de junio de 1944 en Budapest, resulta toda una advertencia ante el actual auge de los totalitarismos neofascistas que, además de manipular la historia, pretenden, de nuevo, acabar con nuestras libertades, la tolerancia y con la riqueza que supone la diversidad cultural, todo cual sólo puede desarrollarse en democracia. Alerta.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 mayo 2023)

Etiquetas: Memoria, Democrática

     Con este título, podemos leer un capítulo del interesante libro escrito por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, politólogos de la Universidad de Harvard titulado Cómo mueren las democracias (2018). Si partimos del símil de que la democracia es un tren que no debe descarrilar, la idea central de dicho capítulo es que, para evitarlo, la sociedad debe mantener todo un conjunto de sólidas normas democráticas que, aunque no figuren en el texto de una Constitución, sean “ampliamente conocidas y respetadas” para evitar que “la pugna política cotidiana desemboque en un conflicto donde todo vale”. En este sentido, Letitsky y Ziblatt señalan dos normas que resultan básicas pues, ambas, “se apuntalan mutuamente”, cual son la tolerancia mutua y la contención institucional.

     La tolerancia mutua entre adversarios políticos parte del supuesto de que “siempre que nuestros adversarios acaten las reglas constitucionales, aceptamos que tienen el mismo derecho a existir, competir por el poder y gobernar que nosotros”. Por ello, la tolerancia mutua es la disposición colectiva de los políticos a acordar no estar de acuerdo, a considerarse como contrincantes, que no enemigos, algo que hay que evitar de todos los modos posibles, pues “cuando los partidos rivales se convierten en enemigos, la competición política deriva en una guerra y nuestras instituciones se transforman en armas” y, por ello, como señalan dichos autores, el resultado es “un sistema que se halla siempre al borde del precipicio”.

    En cuanto a la otra norma básica, la contención institucional, se basa en la voluntad de “evitar realizar acciones que, si bien respetan la ley escrita, vulneran a todas luces su espíritu” y, por ello, significa una renuncia expresa al empleo de trucos sucios y a tácticas brutales mediante las cuales intentar lograr un determinado rédito político o electoral. En este sentido, se incluiría el rechazo a las tácticas de filibusterismo político como forma de bloquear la aprobación de determinadas leyes. Para ello, se precisa de dosis de cortesía que evite los ataques personales y moderación en el uso del poder personal con el fin de no generar un antagonismo manifiesto en la vida política.

     De no existir estos dos guardarraíles políticos, se entraría en lo que el politólogo Eric Nelson definía como “un ciclo de extremismo constitucional creciente”, como ocurrió en la crispación política vivida en Chile y alentada por la derecha extrema tras la victoria electoral de la Unidad Popular en 1970 y que culminó con el golpe de Estado del general Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Y es que la “polarización” puede despedazar las normas democráticas ya que genera una percepción de “amenaza mutua” entre las fuerzas políticas confrontadas, lo cual dinamita la convivencia, tanto institucional como social, y alienta el auge de los grupos antisistema que rechazan las reglas democráticas. Por ello, es importante tener presentes los planteamientos de Martin Van Buren, para sustituir la política de enfrentamiento total por la tolerancia mutua, pues, como decía George Washington, modelo de contención presidencial, “el poder se conseguía mostrando disposición a ceder”.

    Pero no siempre fue así. Tomando el modelo de los Estados Unidos, hay que recordar el período de los negros años del MacCartismo, ejemplo patente de un auténtico asalto a la democracia norteamericana por su visceral campaña anticomunista en los años más intensos de la Guerra Fría. Y es que, “conforme los guardarraíles de la democracia se debilitan, nos volvemos más vulnerables a los líderes antidemocráticos”. Además, cuando se erosionan estas normas de contención, los partidos empiezan a comportarse como partidos políticos antisistema y el síndrome de la polarización política, se extiende incrementando “una honda hostilidad” entre los partidos y se agudizan las diferencias ideológicas. Un ejemplo evidente, y reciente, de este descarrilamiento democrático tuvo lugar en Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump (2016-2020), una amenaza que vuelve a vislumbrarse, de nuevo en el horizonte político norteamericano con sus consecuencias fatales en el conjunto de las relaciones políticas internacionales. Trump vuelve a lanzar de nuevo todo su arsenal antidemocrático para volver a ocupar la Casa Blanca: ataques viscerales a sus adversarios políticos, dudar de la legitimidad e imparcialidad del Poder Judicial, cuestionar los resultados electorales, uso de la mentira de forma sistemática, falta de civismo político y absoluto desprecio por la prensa libre e independiente. Trump ha vuelto, con todo ello, a enfangar el tablero político y no parece preocuparle que la democracia, en Estados Unidos, o en cualquier otro país, descarrille, toda una caja de Pandora que los admiradores del trumpismo, bien sean el bolsonarismo en Brasil o Vox en España, que se ha hartado de calificar de “ilegítimo” al actual Gobierno de coalición progresista, no dudan en poner en práctica siempre que tienen ocasión. Hemos de estar alerta, porque, como nos advierten Levitsky y Ziblatt, y tal y como estos días comprobamos con las protestas cívicas y las masivas movilizaciones ciudadanas contra las medidas reaccionarias y antidemocráticas que intenta implantar el gobierno de Benjamin Netanyahu en Israel, “ningún dirigente político por sí sólo puede poner fin a la democracia, y tampoco ningún líder político puede rescatarla sin la ciudadanía. La democracia es un asunto compartido. Su destino depende de todos nosotros”.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 17 abril 2023)

Etiquetas: valores, democráticos, amenazas, populistas

     En la historia del movimiento feminista español figura, de manera destacada, la escritora Concepción Gimeno Gil (1850-1919), natural de Alcañiz, que en 1901 escribió un importante libro titulado La mujer intelectual, en el cual reivindicaba todo un ideario tendente a la emancipación de la mujer mediante el acceso a la educación y la cultura.

     De entrada, la autora contrapone la imagen de la “Eva moderna” libre y consciente de su misión, frente a la “Eva antigua”, aquella a la que se aludía en su época con términos peyorativos tales como “frágil”, “impura”, “germen del pecado” o “espíritu del mal”. Gimeno, dispuesta como estaba a romper con tan arcaica imagen, arremetió contra las mentes reaccionarias defensoras de mantener la sumisión absoluta de la mujer, calificando a los que así pensaban como “ciegos de espíritu”.

   Acto seguido, Gimeno desmota los argumentos de quienes se oponían a la emancipación de la mujer alegando que con ello perderían parte de su feminidad. Bien al contrario, el feminismo defendido por la alcañizana debía ser interpretado como una prueba evidente de progreso social y, por ello, demandaba la participación de la mujer en todo tipo de colectivos sociales, especialmente en el caso del naciente movimiento pacifista en el cual, como señalaba, éstas estaban desempeñando un activo papel por medio de la Liga de Mujeres para el Desarme Internacional.

    Por otra parte, Gimeno confiaba en que esta “Eva moderna”, junto a su compromiso pacifista, debía de irrumpir con fuerza en el nuevo siglo que entonces se iniciaba por medio del acceso sin trabas a la educación y la cultura. Se observa en sus ideas una influencia del Regeneracionismo como lo prueba su confianza en la educación como elemento de modernidad y de europeización, tan necesarios en la anacrónica España que despertaba al siglo XX. En este sentido, la postura de Gimeno resulta rotunda: “si lo que se gasta en cañones se invirtiera en instrucción pública, los pueblos serían más felices porque el vicio y la corrupción nacen de la ignorancia y la miseria”.

     Estas manifestaciones de energía y compromiso público serían para Gimeno rasgos distintivos de la “Eva moderna” por la que ella aboga. Prueba de ello sería también el acceso de la mujer a un número cada vez mayor de profesiones, las cuales enumera llena de entusiasmo: “La mujer de otros tiempos no debía ver, oír ni hablar; la de nuestros días discute en Ateneos, preside Congresos, forma parte de tribunales, asóciase a la vida espiritual del hombre, a la vida del progreso”. No obstante, reconocía, mal que le pese, que estos avances son mucho más evidentes en el mundo anglosajón pues la situación resultaba bien distinta en la Europa latina y, por ello, también en España, razón por la cual dedica un capítulo completo a destacar la libertad de que entonces disfrutaba la mujer norteamericana: educación mixta desde la infancia, y divorcio legal, disposiciones éstas impensables en la España de 1901. Acto seguido y, tras enumerar a diversas mujeres norteamericanas destacadas tanto en el mundo de las ciencias como en el de las letras, incidirá Gimeno de un modo especial en las feministas yanquis, las cuales formaban por aquel entonces la vanguardia del movimiento emancipador “que repercutió en todo el mundo” como era el caso d Leila J. Robinson, Virginia L. Minor, Lucrecia Mott, Elisabeth Cady S. Tanton, Marguerite Fuller, Hannah Lee, Mercy Otis Warren o Abigail Adams. La simpatía de Gimeno hacia la mujer norteamericana resulta evidente puesto que, a una sociedad más libre que la española, habría que añadir las mayores posibilidades de desarrollo cultural, lo cual hace que ésta se muestre “ampliamente abierta a todos los modernismos”. Con ello, la mujer, en palabras de Gimeno, ha dado “un impulso intelectual que la ha hecho entrar de lleno en la vía del progreso”.

    Tampoco olvida en su libro a las escritoras progresistas portuguesas. Tras destacar el gran desconocimiento que en España se tenía de la actividad cultural existente en el país hermano, especialmente en el caso de las literatas lusas,  Gimeno citará a Alicia Pestana, fundadora de la Liga Portuguesa por la Paz y autora de importantes estudios sociológicos y de pedagogía entre ellos, uno relativo a los centros femeninos de Segunda Enseñanza por lo que Gimeno la define como “apasionada adepta de la moderna evolución feminista”, a Angelina Vidal, “alma del socialismo portugués”, Alice Moderno, políglota y miembro de la International Women Union y a Olivia Telles de Menezes, amiga personal de Gimeno, de la cual nos dice que “publicó artículos muy notables sobre la emancipación de la mujer”.

    El libro concluye con un apasionado alegato de Gimeno para que las españolas sigan el ejemplo de las norteamericanas y portuguesas. Para ello, además de la toma de conciencia previa, no había más camino que el acceso de éstas a la cultura, la adquisición de una sólida formación intelectual que equipare a la mujer de entonces con el hombre pese a los, a veces, poco indisimulados recelos que ello pudiera despertar entre los varones:

 “¡Hombres, no desalentéis a la mujer que quiera ilustrarse; facilitadle los medios indispensables! Rebajar a vuestra compañera es rebajaros; al despreciarla os envilecéis.

    Si algunos insensatos se oponen todavía a que la mujer se instruya y la declaran inepta para adquirir ilustración, otros varones discretos creen que educar un hombre es formar un individuo, mientras que educar a una mujer es formar futuras generaciones…”

    Con esta aproximación a una de las obras más significativas del Concepción Gimeno Gil, he pretendido recordar su memoria, la misma que ha honrado Alcañiz, su ciudad natal, al dar su nombre a un colegio público, donde se cimenta la educación en valores e igualdad de las nuevas generaciones. Una decisión que honra a la comunidad educativa alcañizana.

 José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 marzo 2023)

Etiquetas: feminismo, educación

     Conocidas son las teorías racistas nazis, pero menos lo es el eco que éstas tuvieron en la España franquista, empeñada en identificar “el gen rojo”, encarnación de todos los males que la Nueva España asociaba con el marxismo. Fue por ello que el Consejo de Europa, en su declaración de 17 de marzo de 2006 de condena de la dictadura franquista (Recomendación 1736), titula su apartado 65, “Psiquiatras militares que efectuaron experimentos sobre presos para identificar los “genes rojos”.

     La historia sobre este siniestro proyecto se remonta al telegrama nº 1565, de 23 de agosto de 1938, mediante el cual el general Franco autorizó al Jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares, el doctor Antonio Vallejo-Nájera Lobón, la creación del Gabinete de Investigaciones Psicológicas, “cuya finalidad primordial será investigar las raíces psicofísicas del marxismo”, siguiendo el modelo del Instituto para la Investigación y Estudios de la Herencia creado en la Alemania nazi por Heinrich Himmler. Fue por ello que, en ese mismo año de 1938, algunos presos de las Brigadas Internacionales que se hallaban en la Prisión Habilitada de San Pedro de Cardeña (Burgos), así como las mujeres republicanas encarceladas en la Prisión de Málaga, fueron sometidos a extraños test físicos y psicológicos. Se trataba de las primeras tentativas sistemáticas de poner a la psiquiatría al servicio de la ideología franquista. Este proyecto fue ideado por Vallejo-Nájera con objeto de identificar lo que él definía como el “biopsiquismo del fanatismo marxista”. Algunas de las conclusiones relativas a la existencia de un supuesto “gen rojo” quedaron plasmadas por parte de Vallejo-Nájera, profundamente imbuido del ideario y las teorías racistas nazis, en su libro La locura de la guerra. Psicopatología de la guerra española, obra en la cual se pueden leer afirmaciones tan delirantes como que, “La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya las habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos […] La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme transcendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación total de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible”.

     En las elucubraciones pseudo-psicológicas de Vallejo-Nájera, también tuvo cabida su obsesión por combatir “el virus democrático”. Así, en su libro Niños y jóvenes anormales, publicado en 1941, alertaba sobre el “daño” que, según él, causaba el “ambiente democrático” en los niños y niñas que habían sido educados en ambientes republicanos y, por ello, consideraba que deberían ser segregados, separados de sus padres  y llevados a centros adecuados en los que se promoviese “una exaltación de las cualidades biopsíquicas raciales y la eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degeneración del biotipo”: como vemos, la influencia de las teorías racistas es obvia.

     Estas teorías, tan reaccionarias como aberrantes, tuvieron una aplicación práctica por parte de la dictadura franquista en la inmediata posguerra, especialmente en el caso de los hijos de las presas republicanas, tal y como señalaba el citado Gabinete de Investigaciones Psicológicas en un artículo titulado “Psiquismo del fanatismo marxista”, publicado el 8 de octubre de 1938 en la revista Semana Médica Española:

  “La enorme cantidad de prisioneros de guerra en manos de fuerzas nacionales salvadoras de España, permite efectuar estudios en masa en favorabilísimas circunstancias, que quizás no vuelvan a darse en la historia del mundo. Con el estímulo y beneplácito del Excmo. Sr. Inspector de los Campos de Concentración, iniciamos investigaciones seriadas de individuos marxistas, al objeto de hallar las relaciones que pueden existir entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo político democrático-comunista”.

    La enfermiza obsesión de Vallejo-Nájera por identificar el “gen rojo” hizo que tuviese una especial saña para con las mujeres republicanas, a las que imputaba una “crueldad femenina” congénita. Así, en un artículo suyo, publicado en la Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, fechado en mayo de 1939, podemos leer: “Recuérdese para comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista su característica labilidad psíquica, la debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre la personalidad…”. Y sigue Vallejo-Nájera con su demencial argumentación: “Cuando desaparecen los frenos que contiene socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones frenatrices de las impulsiones instintivas, entonces despiértanse en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginables precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas […] El hecho es tanto más digno de atención cuanto que la mujer suele desentenderse de la política, aunque su fanatismo o ideas religiosas le hayan impulsado en los últimos años a mezclarse enteramente en ella, aparte de que en las revueltas políticas tengan ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes”. Sin comentarios.

    Como consecuencia de estos “estudios” se entiende cómo, durante la dictadura franquista, los más elementales derechos de la mujer fueron anulados y su papel quedó limitado al ámbito doméstico y sometida completamente a la voluntad del varón.  Igualmente, las teorías de Vallejo-Nájera sirvieron para “legitimar” y dar aires de falsa legalidad a la sustracción o eliminación de la custodia sobre aquellos niños y niñas que tenían el estigma por parte del régimen de ser “hijos de familias rojas”. Ello propició la pérdida de identidad de miles de niños, hijos de los vencidos, sobre todo en la década de los años 40. El dramático hecho de los “niños robados”, se prolongaría durante los años sucesivos, algo que, no lo olvidemos, tiene la consideración de “crimen contra la humanidad” y cuya reparación, en gran medida, todavía está pendiente por parte de la democracia española.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 marzo 2023)

Etiquetas: dicatadura, franquista, racismo, represión

    Hay políticos cuya memoria emerge con fuerza y su legado político trasciende fronteras. Este es el caso de Olof Palme (1927-1986), el carismático político socialdemócrata sueco asesinado el 28 de febrero de 1986, y que sigue siendo un referente y símbolo para quienes seguimos apostando por la utopía del progreso y la justicia social, sin que por ello dejemos de ser conscientes de la realidad dura, tantas veces adversa, que es necesario transformar. Y es que Olof Palme siempre insistía en la necesidad de la utopía en el trabajo político cotidiano para que el reformismo socialdemócrata no se convirtiesen un mero gestor del sistema sin plantearse su transformación.

    Olof Palme ya nos advirtió en su tiempo de algo que resulta muy actual en el momento presente, de que “las fuerzas del mercado dirigirán esta sociedad con mano de hierro”, a no ser que la socialdemocracia practicase lo que él llamaba “una política de bienestar constructiva”, avanzando gradualmente en la extensión  y prestaciones propias del Estado de Bienestar, “porque uno tiene que agarrar la realidad por algún sitio para transformarla”, oponiéndose de este modo con firmeza a cualquier reforma que supusiera un retroceso en los derechos laborales o sociales logrados con tanto esfuerzo.

     El legado del pensamiento político de Olof Palme nos insta a reafirmar los ideales y valores propios de la socialdemocracia clásica: igualdad, justicia social, ideales que deben superara fronteras con arreglo a una permanente solidaridad internacional, todo ello unido a la defensa del medio ambiente y del pacifismo. Por todo ello, era y es, fundamental la cooperación constante entre la socialdemocracia y el movimiento sindical para avanzar no sólo en la política salarial y el diálogo social, sino, también, para dar pasos decididos en la democratización de la vida económica y de las empresas.

     Olof Palme recordaba con especial orgullo que “fue la socialdemocracia, en país tras país, la que tuvo que conquistar los derechos humanos fundamentales y los derechos sindicales en lucha contra las clases dominantes de la sociedad burguesa”, una tarea que hoy resulta más necesaria que nunca mediante la unión o convergencia de todas las fuerzas políticas y movimientos sociales de signo progresista.

     Olof Palme siempre fue un firme defensor del Estado de Bienestar, tan zarandeado por las políticas neoliberales alentadas al socaire de la crisis global y, ya en 1984, advertía de que “los conservadores atacan la idea misma de la sociedad del bienestar, la idea de que la bienestar del individuo depende de la comunidad”, ideas éstas que las políticas conservadoras nunca han terminado de aceptar por motivos ideológicos y políticos, escudándose en una defensa de un liberalismo individualista a ultranza, lo cual les lleva a sacralizar el “mercado” en la misma medida que denostar la intervención reguladora de los poderes públicos en aras a su lucha contra las diferencias sociales y a favor de las políticas de igualdad. Es por ello que Palme incidía tanto en la necesidad de extender el sector público estatal pues lo consideraba esencial para el buen funcionamiento de una economía avanzada y, por ello, por lo que al caso español se refiere, añoramos la existencia, en las circunstancias actuales, de una potente Banca Pública que generase un crédito rápido y barato, la de un sector público industrial y energético, pues todos ellos fueron desmantelados en su día por razones más que cuestionables.

    Dado que el nudo gordiano de la situación actual es la política económica, cuyo enfoque y gestión acertada no sólo nos afecta a nosotros sino también a las generaciones futuras, Palme le recordaba a Felipe González, allá por el año 1985, los objetivos que debía tener una política socialdemócrata avanzada, objetivos de total y absoluta vigencia en los tiempos que vivimos: “una política económica que garantice el crecimiento al mismo tiempo que mantenga el empleo, defendemos las conquistas sociales, profundizamos en la democracia económica y defendemos nuestro medio ambiente”, todo un legado a tener en cuenta para enarbolar con firmeza  ante la actual dictadura de los mercados que imponen sus medidas ante los gobiernos democráticamente elegidos, razón por cual algunos pensadores no dudan en señalar, y razón no les falta,  que estamos sufriendo un auténtico “fascismo económico”, que ha degradado de forma preocupante la calidad democrática de nuestra sociedad, los valores sobre los que se sustenta nuestra democracia representativa. Y, ante esta amenaza real, Palme destacaba la importancia de abrir horizontes de progreso y justicia social, para lo cual, "la condición indispensable para llevar adelante el desarrollo es la existencia de ciudadanos conscientes, críticos y activos” puesto que, “sin esperanza, no hay prisión tan abrumadora como el futuro”.

     Este es el legado que ahora, a los 37 años de su asesinato, nos dejó Olof Palme, un hombre honesto, sencillo y coherente, al que el poder nunca le cambió porque, como él mismo decía, “para que no se le embote a uno la humanidad, es necesario tener el coraje de salir del bunker del Gobierno y, como cualquier persona corriente, irse una tarde al cine, y caminar por la calle encharcada de nieve hacia el Metro”. Y así fue, Palme, Primer Ministro de Suecia, fue asesinado el 28 de febrero de 1986 cuando salía, como un ciudadano más, de un cine de Estocolmo. No llevaba escolta.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 27 febrero 2023)

Etiquetas: socialdemocracia

     No hay lugar en Francia en donde los republicanos españoles no hayan dejado memoria de su lucha contra el fascismo durante los años de la II Guerra Mundial, una memoria, muchas veces sellada con la sangre de nuestros compatriotas.

     En la ciudad de Nantes, en la Francia ocupada por la Alemania nazi, los primeros núcleos de la Resistencia contaron con la participación activa de republicanos españoles, antiguos combatientes del Ejército Popular (EP) republicano exiliados en territorio galo tras la victoria de las armas franquistas, apoyadas por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, en la Guerra de España de 1936-1939. Estos republicanos pasaron a formar parte de la Organisation Spéciale (OS), dentro de los Francs-Tireurs et Partisans (FTP), movimiento de resistencia armado creado en Francia a finales de 1941 para combatir, mediante sabotajes y ataques, no sólo a la ocupación nazi, sino, también, a los colaboracionistas del fascista Parti Populaire Français (PPF). Pero bien pronto la Gestapo les sigue la pista y, a finales de junio de 1942, empieza a desmantelar al brazo armado de la Resistencia y detiene a 150 franceses y a 43 españoles.  Las autoridades nazis, una vez torturados los detenidos, pretendieron llevar a cabo un juicio ejemplarizante para acabar con la Resistencia en la zona del Departamento de Loira – Inferior y, también para atemorizar a la población civil: fue el conocido como El proceso de los 42, el cual juzgó a 45 resistentes y no a 42 como fue popularmente conocido.

    El 13 de enero de 1943 comparecieron ante un Consejo de Guerra alemán 43 hombres y 2 mujeres acusados de diversos atentados contra los nazis y sus colaboracionistas y de pertenecer a una “organización terrorista”. El juicio fue una auténtica farsa, con sus sesiones en alemán, idioma que ninguno de los acusados entendía (ni siquiera llegaron a saber de qué se les acusaba), un proceso lleno de irregularidades y que, no obstante, se saldó con 37 penas de muerte, sentencias que fueron dictadas el 28 de enero. Entre los condenados figuraban cinco republicanos españoles, militantes del PCE, y que formaban parte de un grupo de la OS, dirigidos por Alfredo Gómez Ollerías, que había sido capitán del EP, y del cual formaban parte Benedicto Blanco Dobarro, Miguel Sánchez Tolosa, Ernesto Prieto Hidalgo y el aragonés Basilio Blasco Martín, un joven natural del pequeño pueblo turolense de Rudilla. Fueron fusilados el 13 de febrero de 1943 en el campo de tiro de Bêle, cerca de Nantes y posteriormente enterrados en el cementerio de Chapelle-Basse-Mer.

    Pero su memoria, nunca se olvidó: el 17 de febrero de 1946, un año después de concluida la guerra, se colocó una placa con sus nombres en dicho cementerio por el Comité Departamental por la Solidaridad Española. Además, el recuerdo de estos trágicos hechos ha sido mantenido vivo por la asociación Collectif du Procès des 42, entidad creada para perpetuar la memoria de quienes lucharon en la Resistencia en Nantes y perdieron la vida a manos del nazismo. De este modo, desde el año 2004 se empezaron a realizar homenajes a los 5 republicanos españoles, declarados héroes nacionales en Francia y en 2006 se inauguró una escultura, con las fotografías de nuestros cinco compatriotas sobre la fosa en la que reposan, escultura pagada por suscripción popular y en cuyo acto se contó con la presencia de 400 personas. Desde entonces, se les rinde un homenaje todos los años.

    Durante muchos años, se desconocía el lugar de procedencia de Basilio Blasco Martín, asesinado a sus 22 años de edad, hasta que se supo que era natural de la citada población turolense de Rudilla. Basilio, que con tan sólo 18 años se alistó al Cuerpo de Carabineros de la República, tras la derrota al final de la guerra, sufrió el exilio al igual que miles de compatriotas nuestros, pasó por los campos de Argèles y Barcarès, se enroló en las Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE) y, tras la rendición de Francia ante la Alemania nazi (junio 1940), se integró en la OS, colaborando con la Resistencia hasta su detención por la Gestapo el 17 de septiembre de 1942.

    Su hermano, Julian Blasco, que fue el último habitante permanente de Rudilla, y con el cual mantuve largas conversaciones, siempre me hablaba de que la última vez que vio a Basilio fue en la Barcelona de 1938, cuando la guerra ya se intuía perdida para la España leal, y que, desde entonces, siempre tuvo la angustia de no saber qué había sido de su hermano. Así fue hasta que a través de un artículo publicado en el año 2006 en Heraldo de Aragón y firmado por Mariano García titulado “Un homenaje en Nantes a los fusilados españoles: el misterio de Basilio Blasco”, se hizo eco del homenaje a los 5 españoles asesinados y de la trayectoria vital de Basilio y de su origen aragonés, de que había nacido en Rudilla y no en Roudellac, Pondellac, Bondellar, Ruella o Novellac, como aparecía erróneamente transcrito en otros testimonios y documentos. Julián siempre lo buscó y nunca tuvo noticias de él. La posguerra fue dura para la familia: su padre Carlos fue encarcelado por sus ideas izquierdistas y su madre Gregoria y sus hermanas abandonaron Rudilla. Por su parte, Julián, decidió salir de la España franquista: trabajó primero en Brasil y luego, en Australia. Al poco de acabar la II Guerra Mundial, el azar del destino hizo que sus hermanas recibieran una carta, escrita en italiano, en la cual, como relató Mariano García, se “mencionaba mucho a Basilio”, pero ellas, al desconocer el idioma, “se la acabaron danto al cura para que la tradujera. Ni les dijo cuál era su contenido, ni se la devolvió”. Se perdió así la posibilidad de saber lo que le había ocurrido a Basilio tras el Proceso de los 42 de Nantes. Julián supo de esta carta mucho después y así pasaron siete décadas hasta que la historia de Basilio pudo ser conocida por sus familiares.

   Conocí y aprecié durante años a Julián, sentí siempre el dolor que le supuso el no saber nada del destino de su hermano, más tarde, la pena de conocer que fue asesinado por los nazis y, a la vez, el orgullo de que, igual que su padre Carlos, su hermano Basilio había tenido el coraje de enfrentarse al fascismo. Ello le dio paz en sus últimos años y creo que con esa misma paz murió sintiendo que la memoria de Basilio no sólo había sido recuperada, sino que también, como cada año, sigue siendo honrada en una pequeño y lejano cementerio de Francia. De ello se cumplen ahora 80 años.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 febrero 2023)

Etiquetas: exilio, republicano, resistencia, antifascista, guerra, mundial, en, Francia

     En estos tiempos de creciente crispación política y que es previsible que aumentará a medida que nos adentremos en las futuras campañas electorales de este año 2023, sería recomendable que determinados políticos leyeran con detenimiento el libro de Victoria Camps y Salvador Giner titulado Manual de civismo. Dicha obra, parte de la idea clave de que “el comportamiento cívico es la base de la buena convivencia” y en él se ofrecen diversas reflexiones sobre el valor y la necesidad del civismo.

     Sin duda, “vivir es convivir” y “convivir es un arte” ya que la coexistencia genera conflictos, como vemos cada día, y, por ello, resulta necesaria la existencia de todo un conjunto de normas, modales de buena conducta y reglas de convivencia, para hacer más habitable nuestra sociedad.  En este sentido, el civismo es definido por los citados autores como “aquella ética mínima que debería suscribir cualquier ciudadano liberal y demócrata. Mínima para que pueda ser aceptada por todos sea cual sea su religión, procedencia o ideología. Ética, porque sin normas morales es imposible convivir en paz y respetando la libertad de todos”. De este modo, el civismo tendría una doble acepción, pues se entiende por tal la conducta respetuosa con propios y extraños (buenos modales, buena educación) y, también, la cultura pública de convivencia de los ciudadanos que conforman una sociedad democrática. Por ello, el civismo tiene una evidente utilidad puesto que nos hace, a todos, la vida más agradable y favorece lograr, “de forma pacífica e incruenta, el desenlace feliz de los enfrentamientos sociales, la superación de los conflictos laborales, la armonización de voluntades políticas encontradas y la buena convivencia entre familiares”. De este modo, el civismo se convierte en un principio fundamental de toda democracia, pues es ésta es “la expresión política del civismo”.

     Partiendo de la evidencia de que toda democracia necesita “ciudadanos cívicos”, portadores de valores, y dos de ellos son fundamentales para la convivencia: la solidaridad y la fraternidad, los cuales son los cimientos de “toda sociedad decente”. Por ello, resulta esencial la corresponsabilidad cívica pues, como señalaban Camps y Giner, “Nadie, sobre todo el que más tiene, puede desentenderse del bienestar y la felicidad del resto. Ese es el compromiso que obliga al ciudadano de una democracia”.

     Otro factor del civismo democrático es la tolerancia en nuestras sociedades, cada vez más diversas, plurales y multiculturales. Ciertamente, el reto del multiculturalismo es una gran ocasión para que nos eduquemos en la tolerancia activa, que nos interesemos los unos por los otros y que descubramos, “bajo la capa de la diferencia, nuestra común humanidad”. Pero esta tolerancia, como actitud personal y social, tiene sus límites y los citados autores son rotundos al afirmar que, “el conocimiento y la comprensión del otro no deben llevar a la relativización de lo que no es relativizable, como los derechos fundamentales y los valore más básicos. Las diferencias son aceptables sólo en la medida que no discuten la igualdad de la mujer, las libertades individuales, la superioridad de la ciencia y el conocimiento objetivo frente a los prejuicios y la superchería, el derecho de todos a la información imparcial y a la educación”.

     El civismo se esfuerza, día a día, por la consecución de una auténtica democracia plena, por avanzar en el logro de lo que ha dado en llamarse “derechos de la tercera generación” y es que, “no basta con proteger las libertades (derechos civiles y políticos), no basta con procurar una igualdad mínima (derechos económicos y sociales), hay que protegerse también contra ciertos avances tecnológicos que contaminan las libertades porque impiden vivir una vida de calidad”. Por ello, entre estos derechos de tercera generación, se encuentras tres que resultan esenciales: la preocupación por el medio ambiente para hacer frente al desastre ecológico; la importancia de una alimentación saludable y la preocupación por el equilibrio anímico, como forma de frenar el auge del estrés y las depresiones en nuestra sociedad.

   El civismo también defiende la ética de la responsabilidad, lo cual supone la utilización razonable de los bienes públicos, evitando el fraude y el derroche, tanto por parte de la ciudadanía como de las instituciones, en temas tan sensibles como son el correcto pago de impuestos conforme a una correcta justicia fiscal o el adecuado uso de los recursos de la Sanidad Pública y demás servicios públicos.

     Pero convivir también supone manifestar en ocasiones nuestro desacuerdo y, por ello, podemos discrepar con firmeza, pero siempre con civismo, ya que “no hay convivencia sin intereses encontrados” pero la discrepancia siempre ha de exponerse de modo civilizado para ser eficaz puesto que, “sin buenas maneras, naufragan los principios”. El civismo reconoce y respeta en los demás el derecho a ser diferente siguiendo la máxima de Baltasar Gracián según la cual “cada uno debe obrar como quien es, no como le obligan”.

    Por todo lo dicho, el civismo es una ética laica compartible por cualquier persona que quiera participar en la vida colectiva y, por ello es una forma de vivir, la más adecuada para la convivencia en sociedad, algo que, como en su día dijo Aristóteles, se aprende practicándolo.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 enero 2023)

Etiquetas: convivencia, tolerancia, respeto, democracia

    En las pasadas fechas de Navidad y Año Nuevo, las celebraciones festivas tienen lugar, habitualmente, en torno a una mesa, abundantemente surtida, muchas veces en exceso, como forma de sociabilidad y de reencuentros familiares.

   Con esta imagen como telón de fondo, en no pocas ocasiones se produce un despilfarro alimentario que, tal y como señalaba Paolo De Castro en su obra Comida. El desafío global (2015), que, ya entonces, estimaba en más de 1.000 millones de toneladas de alimentos los se pierden o se tiran a la basura cada año en el mundo. Esta situación resulta especialmente lamentable habida cuenta de que, ahora que la población mundial ha llegado a los 8.000 millones de habitantes, el hambre en el mundo es una lacra que está lejos de erradicarse. Como señala De Castro, a diferencia de lo que ocurre en nuestro opulento Occidente, en los países en vías de desarrollo, “no hablamos de nutrientes, no hablamos de obesidad, de calorías o proteínas, hablamos simplemente de sobrevivir”.

     En este contexto, hay que situar el concepto de “seguridad alimentaria”, esto es, el “acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos” para toda la población mundial, del cual deriva, lógicamente, el derecho a una alimentación sana, segura y en cantidad adecuada, tal y como señala en su artículo 25 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la ONU en 1948. De hecho, el “derecho a la alimentación”, tal y como señalaba De Castro, es “un componente de la ciudadanía global” y, por ello, “ha dejado de ser visto como un tema que concierne no sólo a los pobres y desheredados del mundo, para definirse cada vez más como un derecho que engloba a la condición humana en su conjunto”. Hay que tener presente que, en la actualidad, la combinación de tres factores (económicos, ecológicos y políticos) hace que el derecho a la alimentación se convierta en un “meta desafío” de nuestros tiempos. Así se contempla en el Informe final del Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, Oliver de Schutter, aprobado en la Asamblea General de la ONU del 7 de agosto de 2013. Por su parte, algunos países, como es el caso de Sudáfrica y Kenia, han incorporado el derecho a la alimentación en su Constitución y en sus leyes.

    En este sentido, a la hora de introducir en la agenda política internacional la importancia del derecho a la alimentación, han tenido un papel destacado los países del llamado BRIC (Brasil, Rusia, India y China) los que, como potencias emergentes que disputan la supremacía mundial a los EE.UU. y Europa, se marcaron como objetivo el  liberar definitivamente a sus ciudadanos de la pesadilla del hambre.

Fue a partir de 2008, coincidiendo con la crisis de los precios agrarios, cuando los conceptos de “derecho a la alimentación” y “seguridad alimentaria” fueron objeto de atención en las agendas de las cumbres internacionales. Así ocurrió en la Declaración sobre seguridad alimentaria de Hokkaido (2008) y en las cumbres del G-8 de Aquila (2009) y de Camp David (2012). En esta última, a iniciativa de Barack Obama, entonces presidente de los EE.UU., se planteó la Alianza sobre Seguridad Alimentaria, la cual proponía políticas de desarrollo, no sólo por iniciativas estatales, sino que también pretendía implicar, con tal fin, a las grandes empresas además de apoyar la meritoria labor llevada a cabo por diversas ONGs. Por su parte, el Plan de Acción sobre la volatilidad de los precios y la agricultura (2011), impulsado por el G-20, ha supuesto el esfuerzo más concreto que hasta ahora se ha realizado a nivel global para dar respuesta política a los nuevos desafíos de la seguridad alimentaria y del derecho a la alimentación.  Dicho Plan, abrió el debate sobre temas tales como el de limitar el derecho de los Estados a bloquear las exportaciones de alimentos en casos de crisis de precios, aspecto éste que, por motivos políticos, también debería de ser aplicable en la actualidad para frenar el obstruccionismo de Rusia a la libre salida de las exportaciones de cereal desde Ucrania.

   Los objetivos para lograr la seguridad alimentaria global y el derecho a la alimentación son ambiciosos dado que pretendían borrar de la faz de la tierra la pobreza extrema y el hambre para el año 2030 y la malnutrición infantil para 2025, para lo cual se requiere una firme voluntad política de los países desarrollados y una activa movilización de la opinión pública. No obstante, las consecuencias de la pandemia del Covid-19, la actual Guerra en Ucrania y los efectos de la misma en el caso del suministro y encarecimiento de los cereales a nivel mundial, situaciones éstas que golpean con especial intensidad a los países del Tercer Mundo, sin duda van a dificultar y retardar el logro de tan encomiables objetivos tendentes al logro del derecho a la alimentación global.

    A modo de conclusión, la crisis de los precios de los alimentos de 2008-2012, la especulación bursátil de los mismos y, más recientemente, las consecuencias económicas derivadas de la pandemia  del Covid-19 y de un posible desabastecimiento de cereales por causa de la guerra en Ucrania, deben de contribuir a aumentar la conciencia sobre el “meta desafío” que supone lograr la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, objetivos ambos que deben ser garantizados a nivel global, pues ambos son derechos humanos fundamentales.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 enero 2023)

Etiquetas: derechos, humanos, seguridad, alimentaria

      Somos muchos los ciudadanos que nos lamentamos de que España no cuente con una empresa pública energética como en su día lo fue Endesa y que hoy nos hallemos a merced del oligopolio de las empresas que controlan el mercado del sector. Por ello es bueno recordar cómo se produjo la privatización de Endesa que, tal y como señala Jesús Cintora en su libro No quieren que lo sepas (2022), tiene sus fases y sus responsables.

     Hay que remontarse a los años del Gobierno de Felipe González en el cual se inició el proceso de apertura de Endesa al capital privado, cuando el entonces ministro de Economía socialista Carlos Solchaga sacó a Bolsa el 18% de Endesa, con lo cual ésta pasó a ser una empresa semipública.

     Posteriormente, cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 1996, el 67% del capital de Endesa era todavía público pero poco después José María Aznar nombró presidente de Endesa a Rodolfo Martín Villa con el objeto de completar su privatización, lo cual se llevó a cabo mediante la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, lo cual suponía, como se lamenta con razón Cintora, que el Gobierno del PP “renunciaba abiertamente a la noción de servicio público” por lo que al sector energético se refiere. Pese a esta evidencia, en entonces ministro de Industria, Josep Piqué, aseguró, sin ningún fundamento, que la privatización redundaría en una bajada de precios para los consumidores al haber mayor competencia, afirmación que los hechos posteriores han desmentido.

    Durante la etapa de Manuel Pizarro como nuevo presidente de Endesa, éste se opuso a la OPA lanzada contra la compañía por Gas Natural y, finalmente, ya durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero, Endesa pasó, tras competir con la alemana E.ON,  a ser adquirida por la compañía italiana ENEL, que se hizo con el 92% de su capital.

    Durante el proceso de privatización de Endesa, y también después, las puertas giratorias entre la política y la empresa no dejaron de girar pues a Endesa, al igual que ha ocurrido con otras empresas energéticas, les interesa, y mucho, el tener contactos e influencias políticas. De este modo, han percibido elevados sueldos por diversos conceptos de Endesa políticos del PP tan destacados como José María Aznar, Luis de Guindos o Rodrigo Rato: de este último, sumido en diversos casos de corrupción, señala Jesús Cintora, que “había informes verbales por los que se pagaban 40.000 euros”. Pero también ficharon por Endesa políticos socialistas como Pedro Solbes, quien fuera ministro de Economía en el Gobierno de Zapatero, que se incorporó al Consejo de Administración de ENEL, puesto que sin duda se interpretó como un premio por su labor en la fase final de la privatización en beneficio de la compañía italiana. También fichó como consejera de Endesa la socialista Elena Salgado, la que sustituyó a Solbes en el Ministerio de Economía, apenas 3 meses después de dejar su puesto en el Gobierno. Y, en el listado de fichajes políticos por parte de Endesa, también hay que citar el caso de Miquel Roca i Junyent, el cual, a su dilatada trayectoria política, hay que sumar sus amplias conexiones con el mundo empresarial.

    Así las cosas, supone un escándalo la práctica de las puertas giratorias entre la política y las altas esferas del mundo empresarial, de lo cual lo ocurrido en Endesa es un claro ejemplo. Pero hay muchos más: Gas Natural  fichó en el año 2010 a Felipe González o Abengoa, “un curioso paradero de expolíticos” como la define Cintora, compañía en la que han recalado antiguos ministros del PP como Fátima Báñez, Ángel Acebes o Isabel García Tejerina, además de políticos socialistas como Manuel Marín, Antonio Miguel Carmona o Juan Pedro Hernández Moltó y también nacionalistas vascos como Juan Mari Atutxa, una situación que, a los ciudadanos de a pie, nos deja electrizados de indignación. Por ello, no nos debe de extrañar que el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) dependiente de Consejo de Europa, haya instado a España a actuar contra la práctica de las puertas giratorias, regulando de forma estricta las incompatibilidades que impidan estas prácticas viciadas, tal y como ocurre en Francia, donde estas situaciones de evidente trato de influencias e información privilegiada, están castigadas por el Código Penal.

    A modo de conclusión, y volviendo al caso de las compañías eléctricas, que se enriquecen de forma desmesurada e inmoral en estos tiempos en los que sobre una buena parte de la población se eleva la amenaza de la llamada “pobreza energética”, parece evidente que resulta necesario, además de aplicarles una fiscalidad acorde a sus beneficios, retomar la idea de la necesidad de una empresa energética pública potente, a ejemplo de ENEL y EDF, empresas controladas, respectivamente, por los estados italiano y francés, como forma de evitar los desmanes de las insaciables compañías eléctricas privadas que vivimos (y sufrimos) en la actualidad.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 5 diciembre 2022)

Etiquetas: sector, energético, privatización, de, Endesa

      En estas fechas, la película Argentina: 1985 ha supuesto un rotundo éxito, no sólo por la calidad de la misma, sino también por el revulsivo ético que nos transmite, aquel juicio histórico en el cual la democracia argentina tuvo el coraje político de procesar a las juntas militares que, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la dictadura consiguiente, dejaron en el país austral un negro legado de miles de muertos, torturados y desaparecidos. No obstante, en dicha película no se destaca, como merecería, la figura de Carlos Santiago Nino, el cual, como señalaba Raúl Voskoboinik, “generó el marco teórico necesario para llegar al juicio” en el que se procesó a los principales responsables de los crímenes perpetrados por la dictadura argentina entre 1976 y 1983.

     Carlos Santiago Nino Alaluf (1943-1993), destacado filósofo y jurista argentino, hijo de padres judíos sefardíes originarios de Esmirna, se había doctorado en Oxford, siendo más tarde profesor de la Universidad de Yale y, tras el restablecimiento de la democracia en diciembre de 1983, siendo asesor del presidente Raúl Alfonsín en materia de derechos humanos, fue quien concibió en un primer instante la necesidad de juzgar a las juntas militares de la dictadura encabezadas por los generales Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Emilio Eduardo Massera, idea que más tarde asumió el presidente Raúl Alfonsín, una experiencia inédita en el mundo: un gobierno civil decide enjuiciar al poder de facto, llevando al banquillo de los acusados a la cúpula militar de la dictadura.

     Carlos Nino, miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF), en donde impartió seminarios sobre filosofía política, parte del concepto del “mal radical” formulado por Hannah Arendt en torno a lo que supuso el nazismo en la sociedad alemana, y lo adapta a lo ocurrido durante la dictadura argentina, la cual también cometió un “autogenocidio”, esto es, “la destrucción interna de una parte del propio grupo nacional”, tal y como lo definió la ONU en 1985. De este modo, Nino ideó cómo aplicar el concepto de “mal radical” al caso argentino, para lo cual lo renombró como “mal absoluto” para evitar que se le asociara, erróneamente, con el partido Unión Cívica Radical (UCR) de Raúl Alfonsín, entonces presidente democrático de la República Argentina.

   De entrada, Nino establece, como punto de partida que todas las normas y disposiciones de la dictadura eran nulas de pleno derecho, porque la condición esencial para que una ley tenga validez es que fuera el resultado de un proceso democrático. En consecuencia, rechaza la autoamnistía que se habían concedido los militares meses antes de dejar el poder mediante un Decreto que exculpaba al Ejército de cualquier delito cometido entre 1976 y 1983, de todo lo cual hace referencia en su libro Un país al margen de la ley en relación al nefasto período que supuso la dictadura militar.

    Para Nino resultaba fundamental la necesidad de llevar a cabo un “juicio simbólico” que sirviera para robustecer ética, política y moralmente a la recién recuperada democracia argentina además de para así poder reconstruir un Poder Judicial y lograr una sentencia ejemplar que condenase a los responsables de aquellos dramáticos sucesos. En este sentido, fue muy importante la implicación de la sociedad civil, la elaboración del Informe Nunca más, coordinado por Ernesto Sábato para la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP).

Bajo la presidencia de Alfonsín, Carlos Nino formó el Consejo de Consolidación de la Democracia, del cual formaban parte destacados profesionales de ideologías diversas con objeto de buscar consensos en temas de gran relevancia para la política argentina y, el caso del juicio, era sin duda, uno de ellos. Así se optó, tal y como propuso Nino, que el procesamiento a los responsables de la dictadura se llevara a cabo mediante un juicio civil, en el cual el fiscal Julio César Strassera tendría un papel relevante, y no en el ámbito de la jurisdicción militar, como deseaban otra parte de la clase política y de la Administración argentina.

   El resultado de este histórico juicio, en palabras del constitucionalista Roberto Gargarella, “evitó que el derecho fuera un instrumento al servicio de la justificación y la impunidad”. Este fue el legado Carlos Santiago Nino Alaluf, un brillante filósofo y jurista argentino, un gran defensor de los derechos humanos, tal y como quedó patente en su papel como impulsor del histórico juicio a la dictadura argentina. Todo un ejemplo para aquellos países en los que es necesario llevar a cabo de forma decidida la justicia reparadora de pasadas dictaduras y el procesamiento de sus respectivos victimarios.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 noviembre 2022)

Etiquetas: dicatdura, argentidan, memoria, democrática

     El pasado día 12 de octubre se inauguró en la ciudad de León una exposición titulada “La Guardia Civil al servicio de la ciudadanía”, la cual ha sido motivo de polémica debido a que en sus paneles explicativos relativos a los períodos de la Guerra de España de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista, aparecen una serie de imprecisiones, inexactitudes y enfoques poco acordes con la nueva Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

     En primer lugar, hay que señalar que, al referirse al 18 de julio de 1936, en ningún momento se emplea el término de “golpe de Estado” contra el Gobierno democrático legítimo de la II República y, en cambio, se alude al mismo como “alzamiento” y “sublevación”, obviando el componente militar del mismo. Por otra parte, no se destaca el hecho de que, tras el golpe de Estado, de los 35.000 hombres que entonces componían la Guardia Civil, un porcentaje superior al 40% de sus efectivos, se mantuvo leal al Gobierno republicano, empezando por el general Sebastián Pozas Perea, el entonces Inspector General de la Benemérita, que dio instrucciones de permanecer leales al poder legalmente constituido. Tampoco se alude con la importancia que merece a la conversión de los sectores de la Guardia Civil que se mantuvieron leales en la nueva Guardia Nacional Republicana, creada por Decreto de 29 de agosto de 1936 y que estuvo operativa hasta que fue disuelta el 19 de octubre de 1937, cuando ésta se integró en el nuevo Cuerpo de Seguridad Interior.

Además, esta exposición presenta un tratamiento muy desigual de las víctimas sufridas por el cuerpo. De este modo, se exaltan los hechos heroicos de los guardias civiles que se unieron al golpe militar, al mal llamado “bando nacional”, como es el caso de la participación de éstos en la defensa del Alcázar de Toledo o del Santuario de Santa María de la Cabeza; se destacan los asesinatos de los guardias civiles ocurridos en Albacete o Cartagena por parte de los defensores de la República, se exalta igualmente la biografía de algunos miembros de la Benemérita como el teniente coronel Romero Basart (defensor del Alcázar), el capitán López Anglada (defensor del Cuartel de Gijón, fusilado) o del guardia Antonio Moreno Royo, el cual, tras defender en solitario el cuartel de Caravia (Asturias) fue fusilado “sentado en una silla, por las heridas que sufría”.

     En contraste, menor atención merece las biografías de los guardias civiles leales a la República. Este es el caso del general José Aranguren Roldán y el coronel Antonio Escobar Huerta, ambos católicos y conservadores, con hijos combatiendo en el bando rebelde, y que sin embargo se mantuvieron leales a la promesa de fidelidad a la República, razón por la cual ambos serían fusilados por los rebeldes franquistas una vez concluida la contienda: Aranguren, el primer mando de la Guardia Civil que ascendió a general de brigada, que, mandó la IV División Orgánica del Ejército Popular republicano, concluida la guerra, estando herido, se dice que Franco ordenó “Que lo fusilen, aunque sea en una camilla”, y así ocurrió en Barcelona el 21 de abril de 1939, mientras que el general Escobar, jefe del Ejército Popular en el frente de Extremadura, sería fusilado en los fosos del castillo de Montjuich el 8 de febrero de 1940.

     Especialmente lamentable resulta también el que en los paneles de la exposición se califique a la guerrilla antifranquista, al maquis de la posguerra, como “sublevados”, lo  cual resulta aún más indignante en una ciudad y en una provincia como León, pues fue allí, precisamente, donde surgieron los primeros núcleos guerrilleros españoles que combatían a la dictadura, formándose la Federación de Guerrilleros de León-Galicia y donde, a su vez, más violenta fue su aniquilación, aspecto éste en el que tuvo un protagonismo destacado el general de la Guardia Civil Manuel Pizarro Cenjor, labor represiva, plagada de hechos sangrientos,  que continuaría poco después en la provincia de Teruel.

    Ante todos estos hechos, varias asociaciones memorialistas manifestaron su indignación por medio de un Manifiesto en defensa del honor y la verdad del maquis, el cual denunciaban la tergiversación de la verdadera historia del movimiento guerrillero antifranquista, así como su “firme y rotunda oposición” a que siga abierta al público, dado que en ella se ofrece una visión en la cual la Guardia Civil se vanagloria “de la violenta represión ejercida”,  lo cual va en contra de los principios constitucionales y, también, en contra de la legislación vigente en materia de memoria democrática. Y es que, la exposición ofrece una “banalización de la noble lucha” que supuso el movimiento guerrillero contra la dictadura, “incita al odio”, “falta a la verdad histórica” y, además, “conculca el derecho” de que las nuevas generaciones conozcan “la verdad de los hechos acaecidos en los años de la dictadura franquista”.

     De todas estas consideraciones deberían de tomar buena nota tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la actual directora de la Guardia Civil, María Gámez, para hacer las rectificaciones oportunas de esta exposición, financiada con fondos públicos y que, en algunos de sus paneles, ofrece, como señala el citado Manifiesto, una exaltación de tintes fascistas “totalmente fuera de lugar en una España democrática y libre”.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 noviembre 2022)

Etiquetas: Guerra, de, España, 1936-1939, dictadura, franquista, represión

    En estos días en que asistimos con preocupacion al desarrollo de la guerra en Ucrania, cuando el temor a un posible desastre nuclear en la central nuclear de Zaporiyia es un riesgo real, se cumplen 60 años de la crisis de los misiles de Cuba de 1962, momento en el cual se estuvo al borde de un enfrentamiento nuclear entre los EE.UU. y la URSS, riesgo al que se calificó como  “Destrucción mutuamente garantizada” (MAD, sus siglas en inglés).

    El origen de la crisis comenzó en abril de 1962 cuando el líder soviético Nikita Jruschov decidió aumentar el apoyo militar de la URSS al gobierno de Fidel Castro en Cuba. Dicho apoyo, según señala el historiador Tony Judt en su libro Sobre el olvidado siglo XX, ascendía, en su fase final,  a unos 50.000 militares soviéticos, los cuales estaban organizados en 5 regimientos con misiles nucleares, 4 regimientos motorizados, 2 batallones de tanques, un escuadrón de cazas MiG-21, 42 bombarderos ligeros IL-28, 2 regimientos provistos de misiles crucero, 12 unidades antiaéreas SA-2  con 144 lanzacohetes y un escaudrón de 11 submarinos, 7 de ellos equipados con misiles nucleares.

    Jruschov decidió rearmar a la Cuba castrista con objeto de proteger a su entontes su único aliado en el continente americano, dar una imagen creíble de la URSS como “adalidad del progreso y de la revolución” y, también, en expresión del líder soviético,  para “arrojar un puerco espín a los pantalones del Tío Sam” .

    Así las cosas, el 29 de agosto un avión de reconocimiento norteamericano U-2 localizó el emplazamiento de los misiles SA-2 y, ante esta noticia, el presidente Kennedy advirtió a la URSS que admitiría misiles defensivos tierra-aire en Cuba pero que no aceptaría la instalación en la isla de misiles ofensivos dirigidos hacia los EE.UU. Por entonces, Kennedy desconocía que ya se habían desplegado en la isla 36 misiles de alcance medio SS-4 y 24 misiles de alcance intermedio SS-5 con cabezas nucleares, los cuales podían alcanzar cualquier objetivo en los EE.UU. Aunque Jruschov negó esta evidencia, el 14 de octubre un avión U-2 localizaba 3 bases de misiles en construcción para el lanzamiento de los SS-4, razón por la cual Kennedy se sintió engañado y éste fue el momento en que estalló la crisis de los misiles dado que la URSS había desoído las advertencias de no instalar misiles ofensivos en Cuba.

     En consecuencia, el 22 de octubre Kennedy anuncia el bloqueo naval de Cuba. Por su parte, en pleno ardor belicista, la Junta de Jefes del Estado Mayor de los EE.UU. se mostró partidaria de dar una respuesta “más extrema”  al desafío soviético cual era lanzar sobre la isla bombardeos en alfombra contra las bases militares como paso previo a la invasión de la isla, ya que dertminados miembros de la cúpula militar americana dudaban de las capacidades del joven presidente Kennedy para hacer frente al desafío de la URSS.

     Los hechos posteriores demostraron que la decisión del bloqueo fue la opción más correcta, dado que daba tiempo a ambas partes para reconsiderar la situación. Además, Kennedy redujo el área de bloqueo de 800 a 500 millas para dar a los soviéticos “más tiempo para reflexionar y hacer volver a sus barcos”. Finalmente, tras dos semanas de tensión y con el riesgo de que cualquier fatal error hubiese desencadenado el conflicto nuclear, Jruschov ordenó regresar a los barcos  que llevaban misiles a Cuba y, como señala Tony Judt fue Jruschov  “quien desactivó y resolvió la crisis cubana y la historia debe reconocérselo”. A cambio, Jruschov pidió a Kennedy que levantase el bloqueo y que Cuba no fuera atacada. Además, el líder soviético manifestó su intención de retirar los misiles ofensivos de Cuba a cambio de que la OTAN retirase de Turquía los que apuntaban a la URSS.

    Pero en Washington había otra crisis: la pugna entre Kennedy y los militares belicistas pues éstos, aún después de que Jruschov aceptase las condiciones del presidente americano, todavía eran partidarios de ataques aéreos, inmediatos, a gran escala y de una invasión, razón por la cual Tony Judt alude a que “el desprecio de los militares por el joven presidente es palpable y las observaciones del general Le May rayan la insolencia”. En cambio, frente a la opción belicista, Kennedy fue muy bien aconsejado por los diplomáticos  profesionales, especialmente por Llewellyn Thomson (ex-embajador en Moscú) y por Robert McNamara (Secretario de Defensa), que también desaconsejó los bombardeos porque estaba convencido de que la crisis debía resolverse por la vía política y nunca por la militar.

    Finalmente, el 20 de noviembre, EE.UU. levantó el bloqueo tras la retirada de los bombarderos IL-28 y, para abril de 1963, la OTAN ya había retirado de Turquía los misiles ofensivos, tal y como había demandado la URSS.

    Esa es la lección que hoy, 60 años después, nos ofrece el recuerdo de la crisis de los misiles de Cuba, cuando se estuvo al borde del desastre nuclear,  y la advertencia permanente de lo peligroso que resulta para la Humanidad el que determinados líderes políticos, como es el caso de Vladimir Putin, tengan la tentación de pulsar el botón nuclear.

    José Ramón Villanueva Herrero

   (publicado en : El Periódico de Aragón, 20 octubre 2022)

Etiquetas: guerra, fría, conflicto, nuclear

      La figura del Ernesto “Che”  Guevara (1928-1967) despierta pasiones (a favor o en contra) pero, sin duda, es un símbolo universal de la lucha contra la injusticia social y del idealismo revolucionario. El recuerdo de su participación en la revolución cubana desde que ingresase en 1955 en el Movimiento “26 de Julio”  liderado por Fidel Castro, sus combates en Sierra Maestra, su época como ministro de Industria en la Cuba castrista, su aspiración a expandir la lucha contra el imperialismo y las dictadures militares que atenazaban a América Latina, su papel como impulsor de las guerrillas de izquierdas en Guatemala, Nicaragua, Perú, Colombia, Venezuela y, sobre todo en su Argentina natal y en Bolivia, han concedido al Che la aureola de héroe.

     A una vida intensa, le sucedió una muerte heroica: su lucha en Bolivia contra la dictadura de René Barrientos, el combate de la Quebrada del Yuro y su posterior asesinato un 9 de octubre de 1967, con la colaboración de la CIA, en la escuela de la aldea de La Higuera forman parte, ya para siempre, de la épica revolucionaria. Todavía recuerdo cuando años atrás, un joven boliviano, un indio aymara, me hablaba con auténtica veneración de los últimos instantes de la vida del Che, transmitidos de boca en boca por los habitantes de su aldea, de cómo recordaban a aquel joven idealista argentino-cubano que encontró la muerte en tierras bolivianas luchando contra la dictadura de Barrientos a la cual, sucedieron infinidad de regímenes militares. Uno de ellos, el del general Hugo Bánzer, expoliador de las comunidades indígenas, años más tarde maquillado como ”demócrata”, se presentó a las elecciones presidenciales y, tal y como señalaba el joven aymara, comprando cada voto... por una barra de pan.

     Ahora, cuando se cumplen 55 años de su asesinato, me gustaría aludir a cómo también el Che es reivindicado, no sólo desde el ámbito político, sino también desde diversos sectores cristianos progresistas, como es el caso de Frei Betto, dominico brasileño y una de las principales voces de la teología de la liberación en América Latina, con una importante actividad política a sus espaldas (torturado y encarcelado por la dictadura militar brasileña por su colaboración con la organización guerrillera Acción Libertadora Nacional). Frei Betto plasma su compromiso social como cristiano en hechos : impulsor del Proyecto Hambre Cero, asesor de movimientos sociales como las Comunidades Eclesiales de Base y el Movimiento de Trabajadores Rurales sin Tierra por todo lo cual fue asesor especial de Lula cuando éste fue Presidente de Brasil durante los años 2003-2010.

    Frei Betto dedicó un emotivo artículo a la figura del Che Guevara en el cual nos recordaba que sus enemigos no consiguieron matarlo puesto que ”hoy está más vivo que en sus cuatro décadas de existencia real” (cuando fue asesinado, tenía 39 años). De hecho, excepción hecha de Mao o Fidel, son raros los casos de revolucionarios que envejecen, ya que ”muchos derramaron temprano su sangre para contribuir al proyecto de un mundo en libertad, justicia y paz”  como el mismo Jesús de Nazaret, que lo hizo a los 33 años, o los casos de los revolucionarios americanos Sandino y Farabundo Martí (38), Zapata (39) o José Martí (42).

     Por ello, frente a quienes quisieron condenar al Che al olvido, entre ellos, el actual Ayuntamiento de Zaragoza, éste resurge  pues, como señalaba  Frei Betto, el Che es un símbolo para quienes ”quieren enfatizar que la utopía permanece viva”. Consecuentemente, el dominico brasileño analiza el legado actual del Che, el cual ”nos exige mantener el corazón y los ojos vueltos hacia la preocupante situación  de nuestro planeta, donde impera la hegemonía del neoliberalismo” al cual hay que combatir, al igual que a las nefastas consecuencias que genera: individualismo frente al espíritu comunitario, competitividad frente a solidaridad, o ambición desmedida en lugar de un compromiso firme contra la erradicación de la miseria. Frei Betto es contundente al afirmar que ante  los que tanto hablan del fracaso cierto del llamado ”socialismo real” en el Este de Europa, nunca aluden al ”fracaso inevitable del capitalismo para los dos tercios de la humanidad”, para los millones de personas que malviven por debajo del umbral de la pobreza. Ante un mundo tan complejo, injusto y contradictorio, Frei Betto plantea, como forma de recordar al Che, que ”el mejor regalo sería ver a las nuevas generaciones creyendo y luchando por otro mundo posible, donde la solidaridad sea hábito, no virtud ; la práctica de la justicia, una exigencia ética ; el socialismo el nombre político del amor”.

     Esto es lo que, desde el retrato que le hizo Alberto Korda y que inmortalizó para siempre su rostro rebelde, parece pedirnos a todos la apasionada e intensa mirada de aquel joven revolucionario llamado Ernesto ”Che” Guevara.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en : El Periódico de Aragón, 10 octubre 2022)

Etiquetas: guerrillas, antiimperialistas, revolución, cubana

     Resulta indudable que, tras el estallido de la guerra de Ucrania aquel fatídico día 24 de febrero, como consecuencia de la brutal agresión de Rusia alentada por los delirios expansionistas de Vladimir Putin, ya nada es igual en el panorama político internacional, con consecuencias imprevisibles sobre la economía y la geopolítico mundial, y también en nuestra actitud ciudadana ante el conflicto.

     Emocionalmente, resulta lógica la solidaridad con la parte agredida (Ucrania) y el rechazo hacia la parte agresora (Rusia), así como la solidaridad con el pueblo ucraniano y el rechazo hacia la implacable capacidad destructiva y la brutalidad de las tropas invasoras enviadas por Moscú y que ha quedado patente en actuaciones criminales como las ocurridas en Bucha o en Izium.

    Esta lucha desigual no sólo se libra en los frentes de combate, sino también en la pugna entre la información veraz de las causas y desarrollo de la contienda frente a la desinformación intencionada con fines propagandísticos. En este sentido, Putin, empecinado en negar el derecho de Ucrania a ser un país independiente y democrático, ha trufado sus alegatos de mentiras flagrantes como que las tropas pretenden “desnazificar” la Ucrania de Volodomir Zelenski, el cual, por cierto, es judío, o que su “operación militar especial” era un ataque preventivo ante una supuesta y, absolutamente irreal, agresión que programaba la OTAN contra Rusia.

   Es evidente que los rusos, recordando la fácil anexión de Crimea en 2014, subestimaron la capacidad de resistencia ucraniana, la valentía y el coraje de un pueblo que lucha por su independencia y libertad, la firmeza de su presidente Zelenski y ello demuestra  que, al tomar la decisión de atacar a Ucrania, Putin vivía fuera de la realidad, pues Ucrania no es Afganistán, donde la catastrófica retirada occidental se produjo en gran medida por la ausencia de las autoridades de Kabul y la nula voluntad de lucha del ejército afgano.

    Considero que la UE ha tenido una implicación correcta en un conflicto, en una guerra en la cual el agredido, Ucrania, merece ser apoyado. No sería comprensible ni aceptable repetir lo ocurrido en el caso de la Guerra de España de 1936-1939 en la cual el gobierno legítimo de la Segunda República quedó abandonado por parte de las democracias occidentales con la actuación hipócrita del Comité de No Intervención frente a la brutal agresión de que estaba siendo objeto, no sólo por parte de los rebeldes franquistas, sino también por el decisivo apoyo que le brindaron la Alemania nazi y la Italia fascista.

    Es probable que esta guerra la gane Putin dada la abismal diferencia de medios militares con que cuenta frente a los que, pese al apoyo occidental, dispone Ucrania. No obstante, también parece obvio que el futuro viable para Ucrania debe pasar porque el país tenga un status de nación neutral y, sin duda, esta es la mejor opción para garantizar su existencia frente a las ambiciones anexionistas rusas, pese a las previsibles pérdidas territoriales que el desenlace del conflicto le suponga. Pero, como señalaba el historiador Niall Ferguson, es muy complicado saber cuáles serán estas pérdidas territoriales, pues no se conoce hasta dónde llegarán los rusos con su aplastante superioridad. Lo que sí está claro es que el objetivo de Putin es el de hacerse con todo el territorio ucraniano posible hasta que las sanciones internacionales hagan mella sensible en la economía rusa (y en los bolsillos de los oligarcas que, hoy por hoy, apoyan al régimen autocrático de Putin). Y, en este sentido, resulta difícil dibujar un escenario futuro de paz en la región.

    Dicho esto, hay que olvidar de forma definitiva cualquier propósito de integrar a Ucrania en la OTAN, idea sólo serviría de coartada justificativa por parte de Putin para atacar a Ucrania, incrementando el terremoto geopolítico causado por dicho conflicto en el continente europeo.

   Tras el final de la guerra, según Niall Ferguson, se configurará un Nuevo Orden Mundial ya que estamos en plena Segunda Guerra Fría, tal y como ya lo calificó años atrás el presidente chino Xi Jinping y, desde el punto de vista geopolítico, se conecta con otros escenarios de la anterior Guerra Fría, la que concluyó en 1991, como lo son el Oriente Medio y el Lejano Oriente, convertido este último en el principal foco de confrontación entre EE.UU. y China. De este modo, junto al realineamiento de Suecia y Finlandia en las filas de la OTAN, en esta ocasión habrá que estar muy pendiente de los pasos que lleve a cabo Pekín en el mapa geoestratégico mundial, en el cual es muy probable que el gigante asiático se convierta en su principal actor y Rusia pase a ser su socio menor. Y, así las cosas, el emergente poder de China planteará, más pronto que tarde, el espinoso tema de la anexión de Taiwan. Y, cuando esta situación se produzca, Pekín contará con el respaldo de Rusia, cobrándose de este modo su apoyo tácito a Moscú en la actual guerra de Ucrania. Veremos.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 septiembre 2022)

Etiquetas: guerra, de, Ucrania, expansionismo, ruso