Se muestran los artículos pertenecientes al tema Política-EE.UU..
SUENAN TRUMP-PETAS AMENAZANTES
Las elecciones presidenciales del próximo 8 de noviembre en los EE.UU. va a tener innegables consecuencias en el ya de por sí agitado mapa de la política internacional, especialmente, en el supuesto caso de que Donald Trump, el multimillonario candidato del Partido Republicano, se convirtiera en el nuevo inquilino de la Casa Blanca
Así las cosas, una ola de desconcierto y preocupación invade a una parte de la sociedad americana que todavía se pregunta cómo una figura tan polémica, imprevisible, demagoga y con una profunda ignorancia sobre el funcionamiento de las instituciones como es Trump pudiera hacerse con la presidencia de los EE.UU. Y es que “The Donald”, como es conocido este nuevo y peligroso histrión de la política, del que hace unos meses pocos imaginaban que se convertiría en candidato presidencial, ha sacudido el mapa político de los EE.UU. puesto que, como señalaba Carlota García Encina, “todos pensaban que en algún momento diría algo demasiado escandaloso, algo tan fuera de lugar que haría que la balanza dejara de serle favorable”. Y, sin embargo, Trump ha llegado hasta aquí, y eso es lo preocupante.
Varias razones explicarían su nominación así como el apoyo electoral del “trumpismo”. En primer lugar, resultó decisivo su dominio absoluto sobre la cobertura mediática de su campaña hasta su elección como candidato, lo cual nos indica la creciente importancia del control de los medios de comunicación y la influencia de éstos a la hora de configurar (o modificar) el mapa político de un país. En segundo lugar, Trump parece haber captado el estado de ánimo de un importante sector de la sociedad americana que considera que los EE.UU. están perdiendo su hegemonía política y económica a nivel mundial. A esta sensación responde el lema de su campaña: “Hagamos a América grande de nuevo”. En este ambiente, como ocurre en otros lugares, es fácil que surjan demagogos populistas, de rancias ideas conservadoras, como es el caso de Trump.
Por todo lo dicho, estamos asistiendo a un escoramiento todavía más a la derecha del electorado del Partido Republicano, en el que ha ido calando el “programa electoral” de Trump, el cual se articula ante lo que él considera sus tres preocupaciones esenciales: el terrorismo, la economía y la inmigración. Sobre el terrorismo y las cuestiones de seguridad, Trump, retomando el manido recurso al “enemigo exterior”, es partidario de una política internacional abiertamente belicista, con los graves riesgos para la paz mundial que ello comporta.
En relación a la economía, Trump, cuya fortuna personal está estimada, según el Business Insider en 8.700 millones de $, a diferencia del partido al que dice representar, se opone al libre comercio, lo cual ha despertado los recelos del todopoderoso FMI. En consecuencia, aboga por modificar la política comercial de los EE.UU. desde posiciones proteccionistas con objeto de fortalecer la producción nacional y frenar la deslocalización globalizadora, ideas tras las cuales subyace un evidente temor a la expansión económica de China, hasta el punto de que Trump ha llegado a negar el cambio climático (como el primo de Rajoy), pues lo considera un “engaño” creado por China para hacer que la industria americana pierda competitividad. Es por ello que Trump, como nos advertía recientemente Joseph Stiglitz, está dispuesto, guiado por su impulso inconsciente y temerario, a lanzar a los EE.UU. a “una guerra comercial y a otros tipos de guerra”, toda una preocupante advertencia.
Sobre la política migratoria, Trump parece olvidar que los EE.UU. es una nación de aluvión, surgida por la suma de migraciones diversas, tanto de Europa, África, el resto del continente americano y de Asia. Ese es el caso de Trump, cuya madre era escocesa y sus abuelos paternos procedían de Alemania. Sin embargo, sus más polémicas declaraciones tienen que ver con esta cuestión ya que desea que se construya un muro en la frontera de México (que tendría que pagar el país azteca), además de ser partidario de una política dura contra la inmigración ilegal así como pretender la prohibición temporal de la entrada de musulmanes en los EE.UU. De este modo, Trump quiere captar el voto de un sector del electorado que reacciona de forma visceral (y temerosa) ante el crecimiento de las minorías, especialmente la de origen latino, minoría emergente a la cual el multimillonario, con su procaz xenofobia habitual, ha hecho que calificase a los inmigrantes mexicanos como “corruptos, delincuentes y violadores”.
Pero también es cierto que el trumpismo cuenta con la frontal oposición de otra parte de la sociedad americana, como es el caso del electorado femenino, entre el cual el margen de rechazo hacia Trump se eleva hasta el 70%...y razones tiene dadas sus frecuentes actitudes y declaraciones plagadas de un repulsivo machismo. Lo mismo podemos decir de los votantes jóvenes de entre 18-24 años ante los cuales pierde por 25 puntos en relación a su rival Hillary Clinton y no digamos entre el electorado latino, como no podía ser de otra forma, donde Trump sólo recaba el 11% de apoyos, el porcentaje más bajo de un candidato presidencial republicano.
Ante esta situación, es cierto que Hillary Clinton, la candidata del Partido Demócrata, no entusiasma, pero Trump asusta, dentro y fuera de los EE.UU. por su oratoria incendiaria y por sus propuestas demagógicas y radicalmente derechistas. Como señalaba Barack Obama, en estas elecciones EE.UU. se juega la esencia misma de la democracia, atacada por el preocupante virus del trumpismo. Confiemos en que estas trump-petas amenazantes que resuenan en el horizonte, se disipen como un mal sueño el próximo 8 de noviembre, para bien de los EE.UU. y de la comunidad internacional en su conjunto.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 octubre 2016)
ABRIR CUBA, CERRAR GUANTÁNAMO
Cuando el pasado 17 de diciembre Barack Obama y Raúl Castro decidían normalizar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, todos éramos conscientes que ello suponía un hito histórico que ponía fin a una situación anacrónica, al último vestigio de la Guerra Fría en América Latina.
Desde que en octubre de 1960 el presidente Eisenhower decretó el embargo comercial, económico y financiero, el “bloqueo”, sobre la Cuba revolucionaria castrista, seguido de la posterior ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países en enero de 1961, el conflicto se enquistó durante más de medio siglo y, ahora, en el tramo final del mandato de Obama, y gracias a la mediación de Canadá y el Papa Francisco, el dirigente norteamericano ha tenido el coraje político de normalizar una situación que debió de resolverse mucho tiempo antes y que ni era justa ni beneficiosa para nadie: fracasada la doctrina Helms-Burton de dureza contra la Cuba socialista, una vez más quedaba demostrado que los problemas diplomáticos enquistados sólo se resuelven por la vía del diálogo y con la voluntad sincera de llegar a acuerdos. De este modo se reparaba una injusticia histórica pues Estados Unidos, autoproclamado adalid de la democracia mundial, a diferencia de lo ocurrido con la Cuba revolucionaria, nunca sometió a bloqueo, en aras a la supuesta defensa de los valores democráticos que enarbola en su política exterior, a ninguna de las dictaduras militares de derechas que ha tenido como aliadas y amigas en el continente americano. Como señalaba Toni Travería, “Obama ha cumplido las expectativas con sabia discreción y audacia”.
Obama, quien prematuramente se le concedió el Premio Nobel de la Paz en 2009, tras ésta decisión histórica, y si de anacronismos históricos se trata, le queda otro importante asunto por resolver cual es la cuestión de la base norteamericana de Guantánamo en territorio usurpado a Cuba. Por ello, antes de que finalice su mandato debería cumplir su promesa de cerrar el siniestro Camp Delta, el campo de detención de prisioneros islamistas que existe en dichas instalaciones militares, dado que esta base naval representa, tanto en su origen como en su utilización actual, una página negra, una más, en la historia del imperialismo de los EE.UU. y una afrenta a los derechos humanos y a la legalidad penal internacional.
Sobre el origen de esta situación debemos recordar que, cuando en 1898 los patriotas cubanos con el apoyo del ejército americano pusieron fin al dominio colonial español, la isla, en vez de lograr su plena soberanía, se convirtió en un protectorado de los EE.UU., en una nueva pieza del expansionismo norteamericano en el Caribe. Por ello, en 1901, el Congreso de los EE.UU. impuso un Apéndice a la nueva Constitución de la República de Cuba, bajo la amenaza de que de no ser aceptado, la isla permanecería ocupada militarmente de forma indefinida, y ello podría ser el preludio de una posible anexión similar a la ocurrida con Puerto Rico. De este modo, la conocida como “Enmienda Platt”, en su artículo 7º, establecía la cesión de suelo cubano para el establecimiento de bases navales por parte de EE.UU., la potencia ocupante. Así, en febrero de 1903, la US Navy, recibía como “concesión perpetua”, 116 km² en la bahía de Guantánamo. A cambio, EE.UU. debía de abonar un alquiler de 2.000 $ anuales, cantidad que pagó al gobierno cubano hasta que, llegado Fidel Castro al poder en 1959, éste se negó a cobrarla para denunciar la ocupación “ilegítima” que la base de Guantánamo suponía para la soberanía de Cuba.
En la actualidad, y desde principios de 2002, Guantánamo se ha convertido en un siniestro campo de detención para prisioneros islámistas talibanes y de Al-Queda. A estos presos, EE.UU. los define como “combatientes enemigos ilegales” y, de forma arbitraria, ha decidido no aplicarles la IV Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra. Para ello, EE.UU. se apoya en una argucia: como nominalmente Guantánamo sigue siendo territorio cubano, EE.UU. alega que los allí detenidos se encuentran fuera de territorio federal y, por ello, carecen de los derechos que tendrían si estuvieran detenidos en los EE.UU. De este modo, en Guantánamo se incumplen de forma flagrante numerosos artículos de la citada Convención de Ginebra, entre otros los relativos a la prohibición de palizas, torturas y maltratos psicológicos (art. 13), las humillaciones sexuales (art. 14), el encarcelamiento en celdas de reducido tamaño (art. 21), el deber de ser restituidos a su país de origen una vez finalizadas las hostilidades, así como la prohibición de aplicar detenciones por tiempo indefinido a los prisioneros (art. 118). Ante semejante aberración jurídica, ante tan flagrantes violaciones de los derechos humanos, la situación ha sido denunciada en diversos informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y del Comité Internacional de la Cruz Roja y ya en febrero de 2006 la Comisión de Expertos de la ONU, en un demoledor informe, tras denunciar las graves violaciones de la legislación internacional cometidas, no dudaba en afirmar que “el Gobierno de EE.UU. deberá cerrar las instalaciones de Guantánamo sin tardanza”, máxime tras las recientes revelaciones sobre las sistemáticas torturas aplicadas por la CIA.
Todas estas circunstancias generan un profundo rechazo a la práctica de torturas con el pretexto de combatir el terrorismo internacional. Por ello, hay que exigir el cierre inmediato de Guantánamo y poner fin a esta anacrónica “concesión perpetua” devolviéndola a la República de Cuba. Ello sería un acto de justicia para lograr una normalización plena de las relaciones entre ambos países.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 diciembre 2014)
ALGO ESTÁ PASANDO EN WISCONSIN
La ofensiva neoliberal continúa imparable aprovechando la coartada de las medidas de ajuste adoptadas en diversos países para hacer frente a la crisis global. Si primero fue la reforma del mercado laboral, luego la reforma del sistema público de pensiones, ahora, una nueva amenaza para los derechos laborales y sociales empieza a aparecer en el horizonte: la reforma (léase, restricción) del derecho a la negociación colectiva. Y es que estos días han ido llegando noticias, a modo de avanzada de un sombrío futuro, de lo que está ocurriendo en el Estado de Wisconsin, en pleno corazón industrial de los EE.UU.
El origen del conflicto se debe al proyecto de ley presentado por Scott Walker, Gobernador de Wisconsin, entusiasta defensor de las medidas ultraliberales, el cual pretende sanear el abultado déficit presupuestario de su Estado mediante una serie de medidas que, en conjunto, además de recortar sus salarios, reducen de forma drástica el derecho de negociación colectiva de los empleados públicos con el fin último de anular el papel que, en toda sociedad democrática, corresponde a los sindicatos como defensores de los derechos de los trabajadores. La política de ajuste presupuestario del Gobernador Walter, que cuenta con el apoyo, además del Partido Republicano, al que pertenece, y de grupos ultraliberales como el Tea Party y la plataforma American for Prosperity, pretende, también, incrementar el coste del sistema de pensiones y de seguro médico que deben pagar los trabajadores, la drástica reducción a las ayudas a las escuelas públicas, a los gobiernos locales y la atención a la salud de los necesitados. Planes similares a los de Wisconsin intenta aprobar también John Kasich, el Gobernador del vecino Estado de Ohio.
Los neoliberales americanos, con el pretexto de la crisis global y la necesidad de acometer reducciones presupuestarias, no ocultan sus auténticas intenciones: aminorar el déficit público a costa de los derechos laborales y sociales de los trabajadores, reducir el sector público estatal a su mínima expresión, además de impulsar la privatización de algunos de los servicios públicos que resulten más rentables.
Los planes del gobernador Walter han desatado una auténtica tormenta política y social en Wisconsin, donde desde el 15 de febrero los empleados públicos han ocupado el Capitolio del Estado como protesta al intento de suprimir el derecho a la negociación colectiva y demás medidas regresivas que pretende aprobar por la mayoría conservadora. Tras dos semanas de movilizaciones, el gobernador Walter ha amenazado con despidos masivos de empleados públicos, al igual que hizo en Ronald Reagan en 1981, ante lo cual, la American Federation of Labor (AFL), el principal sindicato de los EE.UU., ha amenazado con una huelga general, algo ciertamente insólito en aquel país.
De igual modo, en estos últimos días, las manifestaciones de solidaridad en protesta contra los planes antisindicales de Wisconsin y Ohio, se multiplican a lo largo de todo EE.UU. y ello puede convertirse en una protesta histórica que, hasta el momento presente, se ha extendido a 14 estados federados, algunos de ellos, como Indiana, Michigan, Iowa o Nueva Jersey, en los que los gobernadores conservadores quieren seguir los proyectos de Wisconsin y Ohio, argumentando, a modo de coartada, que la “nueva normalidad” creada por la crisis obliga a recortar pensiones, seguros y a desmantelar el sector público mediante privatizaciones en beneficio de los lobbies económicos, bien sean éstos compañías privadas de seguros, sanidad o industriales.
Ante la revuelta obrera lanzada contra el ultraliberalismo del Gobernador Walter y sus aliados del Tea Party, resulta de interés la autorizada opinión de Paul Krugman, premio Nobel de Economía. Tras mas de dos semanas de intensas protestas, el análisis de Krugman es rotundo: se trata en definitiva de “una lucha por el poder”, esto es, de “un esfuerzo por explotar la crisis fiscal para destruir el último contrapeso al poder político de corporaciones y de los ricos”, para lo cual los ultraliberales deben, previamente, “reventar los sindicatos”, esto es, limitar al máximo su capacidad negociadora en beneficio de los trabajadores. Igual de preocupante resultan, los planes privatizadores del Gobernador Walter el cual, como nos advierte Krugman, “pretende arrogarse autoridad, para, sin licitación, privatizar instalaciones públicas, como plantas de generación de electricidad”, todo ello, defendido, irónicamente por tan polémico Gobernador, “en nombre del interés público”.
Lo que está ocurriendo en Wisconsin ha disparado todas las alertas, puesto que la “privatización” y el “reventar a los sindicatos”, como señala Krugman, siguen siendo prioridades para el Partido Republicano norteamericano y para los entusiastas admiradores del neoliberalismo de otros países. El riesgo de que lo ocurrido en Wisconsin pueda plantearse en breve en nuestra Europa: recordemos los recientes planes del Gobierno conservador británico de David Cameron para desmantelar todo el sector público en el Reino Unido, todo lo cual debe ponernos alerta ante esa eventualidad. Y es que, ante el imparable avance de las políticas neoliberales, profundamente regresivas e insolidarias, unido a la crisis y desconcierto de la socialdemocracia, y a la debilidad y descrédito al cual están siendo sometidos los sindicatos de clase, los vientos que soplan por Wisconsin pueden convertirse en una tormenta futura para nuestro acosado Estado de Bienestar actual. El tiempo lo dirá.
José Ramón Villanueva Herrero
(publicado en El Periódico de Aragón, 10 marzo 2011 y Diario de Teruel, 13 marzo 2011)
UNA LEY DE ARIZONA
En estos días, está siendo noticia el Estado norteamericano de Arizona, una lejana tierra que evoca la época de la conquista del Oeste, escenas de la desigual lucha entre la población india y los colonizadores blancos, las peleas entre pistoleros en una tierra donde el poder del más fuerte se imponía, de una tierra sin ley. Y sin embargo, Arizona es ahora noticia por la aprobación de una ley, la conocida como SB 1070, que evidencia un preocupante poso reaccionario, xenófobo y racista.
Con arreglo a la Ley SB 1070, aprobada por el Congreso de Arizona, se permite a la policía detener a una persona tan sólo por el color de su piel o su aspecto físico bajo la acusación de ser un inmigrante ilegal. Y no sólo eso, sino que los inmigrantes indocumentados ser detenidos, interrogados, encarcelados (hasta 6 meses), multados con hasta 2.500 dólares y posteriormente deportados a sus países de origen sin ninguna garantía jurídica. El hecho de criminalizar a las personas por su sola apariencia física y no por los delitos cometidos, es algo que resulta inadmisible en la legislación de cualquier país civilizado. El espíritu de esta polémica ley, que maltrata a los inmigrantes, recuerda peligrosamente a las tristemente célebres leyes raciales de la Alemania nazi mediante las cuales se perseguía a toda persona que no respondiese al arquetipo racial ario, tan exaltado por el delirio criminal hitleriano.
En el caso de Arizona, el objetivo de este ley es la población inmigrante latinoamericana, especialmente la de origen mexicano, colectivo que en dicho Estado cuenta con 450.000 residentes indocumentados. Digamos igualmente que el volumen total de la población inmigrante procedente de América Latina supone el 10 % de la mano de obra de Arizona (sometida por otra parte a condiciones laborales y salariales degradantes) y que, al igual que ocurre en California, Colorado, Nevada o Texas, uno de cada diez estudiantes de Educación Preescolar y de Primaria, tiene un padre indocumentado.
Ante esta realidad social, en vez de fomentar políticas públicas de integración, se ha optado por la solución más fácil, por penalizar a los sectores más débiles de la opulenta sociedad norteamericana, y éstos son los inmigrantes ilegales latinoamericanos. Por ello, la Ley SB 1070 supone una muy grave involución respecto al siempre complejo tema de la política inmigratoria de los EE.UU..
Lo preocupante no es sólo la regresión legal que esta ley supone sino también el apoyo ciudadano con el que parece contar. De este modo, los sectores más duros de la derecha americana, vuelven a enarbolar la bandera de la “seguridad” ante potenciales “enemigos”, que siempre identifican con los colectivos inmigrantes. Y es que, según una encuesta del diario The New York Times y de la Cadena CBS, el 51 % de los americanos consideran esta ley “correcta” y un 9 % más creen que “no es lo suficientemente estricta”. Y no sólo eso: otros Estados como Pensilvania, Georgia, Carolina del Sur o Michigan, también se plantean el instaurar normativas inmigratorias similares a las de la Ley SB 1070.
Ante esta situación, las reacciones de protesta no se han hecho esperar. No sólo han dado lugar a airadas quejas por parte de las autoridades de México, a numerosas manifestaciones de protesta en Los Ángeles, Chicago, Washington, Nueva York, etc., sino que también a que un gran número de asociaciones, entre ellas Amnistía Internacional, hayan pedido su inmediata derogación.
La ley aprobada en Arizona incumple toda la normativa legal según la cual se considera un derecho humano universal la protección contra todo tipo de detención arbitraria recogida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9), la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el art. 16 de la Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de 1990. Por otra parte, expertos juristas consideran que la criminalización de los inmigrantes indocumentados viola la Constitución de los EE.UU. dado que la 4ª Enmienda prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias, además de exigir la obligatoriedad de la existencia de una orden judicial previa a la detención de cualquier persona.
A la campaña de rechazo a esta ley racista se han sumado numerosas organizaciones defensoras de los inmigrantes, entre ellas el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) o la Coalición Nacional Puertorriqueña (NPRC) pues este último colectivo se siente también afectado ya que, pese a poseer la ciudadanía estadounidense, pueden ser interrogados y reclamarles la documentación si la policía les oye hablando español en vez de inglés.
Lo que es cierto es que nada podrá detener el deseo de muchos habitantes de América Latina de alcanzar el “sueño americano”. Es algo que sabemos muy bien en España, frontera sur de la Unión Europea, a donde la llegada de inmigrantes, especialmente procedentes de África en muchas ocasiones en condiciones dramáticas, jugándose la vida en precarias pateras, es noticia habitual. Hay que reconocer que es un derecho de todo ser humano el buscar para sí y para sus familias una vida mejor, algo por cierto reconocido por la Constitución de los EE.UU. cuando reconoce como derecho constitucional “la búsqueda de la felicidad”. Ciertamente, se trata de un derecho no sólo inalienable, sino también irrefrenable y esta ansia de una vida mejor, no hay barrera ni muro que la pueda contener.
Lo que está ocurriendo en Arizona resulta toda una advertencia, una señal de alerta pues ideas y propuestas similares pretenden ser implantadas por las derechas en algunos países europeos: recordemos las políticas regresivas en materia migratoria que están empezando a aplicar los gobiernos de Berlusconi en Italia o de Sarkozy en Francia. Todo un síntoma preocupante ante el cual debemos estar vigilantes en España para evitar que el tema de la inmigración, unido a los efectos sociales de la crisis económica, aviven el caldo de cultivo favorable a los grupos de ultraderecha de corte racista y xenófobo o que el PP enarbole demagógicamente la bandera de la inmigración y la vincule a temas sensibles como es el de la seguridad ciudadana (ahí está lo sucedido con los folletos del PP de Badalona) con el único objetivo de obtener réditos electorales en vez de trabajar por la integración y la cohesión de una sociedad española cada vez más multicultural y multirracial.
José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 23 mayo 2010 ; El Periódico de Aragón, 8 junio 2010)
FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO... EN LOS ESTADOS UNIDOS
En estos últimos años se ha producido en las esferas del poder económico y político de los EE. UU., una creciente influencia de los sectores religiosos ultraconservadores. Curiosamente, el término “fundamentalismo” surgió a principios del s. XX en los EE.UU. para denominar a los grupos cristianos que fundamentaban su fe (de ahí su nombre), en la interpretación literal de la Biblia, a la cual concedían primacía sobre cualquier tipo de normativa o legislación civil.
Este fundamentalismo ha llegado, incluso, hasta la misma Casa Blanca. Un presidente tan cuestionado como George Bush, recordando su polémica elección en el año 2000, afirmaba: “siento que Dios desea que sea presidente. No puedo explicarlo, pero siento que mi país va a necesitarme. Algo va a ocurrir....sé que no será fácil para mí ni para mi familia, pero Dios quiere que lo haga”. Por su parte, el general William Boykin, adjunto al Secretario de Defensa, afirmó que Bush fue elegido presidente, porque “Dios lo puso allí” para reconducir la política mundial. Tal es así que Bush, se considera un enviado de Dios, que es quien le indica el camino a seguir. Por ello, no tuvo ningún rubor en manifestarle a Nabil Shaat, ministro de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina en junio de 2003 que, “he sido encargado por Dios de una misión. Dios me ha dicho: George, ve y lucha contra esos terroristas en Afganistán. Lo hice, y entonces Dios me dijo: George, ve y acaba con la tiranía en Irak, y lo hice”. Resulta preocupante pensar cual podría ser la próxima “misión” encomendada a George...
Este creciente poder e influencia del fundamentalismo religioso en las esferas de poder de los EE. UU. no es un fenómeno nuevo. De hecho, coincidiendo con los años en que el movimiento por los derechos civiles luchaba por abolir la segregación racial en los estados sureños de la Unión, se produjo una reacción de los sectores ultraconservadores norteamericanos contrarios a la igualdad y a la integración racial alegando para ello supuestas razones religiosas. De este modo, mientras algunos predicadores manifestaban que “mezclar razas no es intención de Dios”, otros, como el reverendo James F. Burks, negaba el reconocimiento de los derechos civiles a la población afroamericana pues, según el, la integración racial sería el preludio del Apocalipsis.
Esta ofensiva conservadora, o mejor dicho reaccionaria, hizo que desde 1964, año en el que se aprobó el Acta de los Derechos Civiles por la que se acababa legalmente con la segregación racial en los EE.UU., los principales predicadores fundamentalistas optaran abiertamente por vincularse al Partido Republicano. Estos, convertidos en auténticos empresarios de la religión, (“Savonarolas místico- financieros” los denominó Mario Benedetti), consideran que este partido era el mejor garante de sus fortunas e intereses y, también, de su sesgada visión del cristianismo. Estos influyentes predicadores nunca critican la agresiva política exterior americana, las violaciones de los derechos humanos ni los abusos de las multinacionales, pero hablan, y mucho, del “demonio” (para ellos, sinónimo de comunismo, sida y aborto) y, también, del “pecado”, sobre todo cuando éste tiene nombre de mujer como fue el “caso Mónica Lewinski”, tema éste utilizado por los fundamentalistas contra el presidente demócrata Bill Clinton, que no se había dejado presionar por el poder de los sectores religiosos ultraconservadores. Para ello, abandonando los duros bancos de sus iglesias semivacías, han pasado a utilizar de forma masiva la radio y la televisión para difundir sus mensajes contando para ello con centenares de canales de televisión y varios miles de emisoras locales de radio.
Excepción hecha de los demócratas Carter y Clinton, la influencia de los predicadores fundamentalistas ha sido determinante en la actuación de algunos presidentes norteamericanos. Este fue el caso de Richard Nixon, que ganó las elecciones con discursos plagados de alusiones a la raza y la religión y que tuvo por asesor y confidente al reverendo Billy Graham. Por su parte, Ronald Reagan estuvo muy influido por famosos predicadores como Pat Robertson, lider de la todopoderosa Coalición Cristiana, el lobby religioso más importante de los EE.UU., y Jerry Falwell, los cuales reclamaron contraprestaciones por haberle aportado los votos del electorado ultraconservador. Por ello, le exigieron la implantación de la oración en las escuelas públicas, la supresión del aborto legal y las restricciones de los derechos de los homosexuales, además de otras medidas contra las minorías étnicas y contra las feministas.
En temas de política exterior, también han dejado su impronta. Robertson, que dirige la Red de Radioemisoras Cristianas, cuyos beneficios se cifran en 300 millones de dólares anuales y tiene negocios en las minas de diamantes de Liberia en unión del corrupto expresidente Charles Taylor, fue el que impulsó la alianza de Reagan con las dictaduras latinoamericanas, especialmente con la del general guatemalteco Efrain Ríos Montt, miembro también de la Iglesia Evangélica, ya que, según el predicador, éste “seguía instrucciones de Dios”.
Todos estos telepredicadores apoyan con firmeza la alianza de los EE.UU. con Israel. Ello se debe, además de a intereses geoestratégicos en la conflictiva zona del Oriente Medio, también a motivaciones religiosas. En opinión del predicador Pat Robertson, los intentos por parte del mundo árabe de destruir a Israel suponen “un plan de Satán para prevenir el regreso de Jesucristo” y ello es lo que explica el firme respaldo del lobby evangélico americano a la política proisraelí de los EE.UU. En la actualidad, el fundamentalismo religioso americano abandera la lucha contra el islamismo radical en Afganistán e Irak y fomenta una política belicista contra los países que, como es el caso de Irán o Corea del Norte, George Bush ha situado en el “Eje del Mal”.
Por todo lo dicho, nada bueno puede esperar la Humanidad de la pugna entre fundamentalismos religiosos: no es tiempo de avivar odios entre religiones y culturas sino de tender puentes de diálogo y cooperación entre civilizaciones. Este es el gran reto que, superando banderas nacionalistas y diferencias religiosas, debemos asumir en este incierto siglo XXI cuya andadura acabamos de iniciar.
José Ramón Villanueva Herrero.
(Diario de Teruel, 13 abril 2007)
