Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

     Contemplando el fervor desatado por la Selección Española de Fútbol, convertida en elemento aglutinante de esta España  diversa,  y dulce sedante de tantos problemas de nuestra sociedad, pienso que el nacionalismo español actual, tan lastrado por prejuicios de nuestro convulso pasado, parece sustentarse más emociones deportivas que en un verdadero sentimiento identitario en común.

     El nacionalismo español, que surgió en los primeros años del s. XIX coincidiendo con la Guerra de la Independencia como reafirmación contra el enemigo exterior, contra el francés, a la vez que se sentaban las bases del Estado liberal moderno. No obstante, la fuerte oposición de los sectores tradicionalistas motivó una constante pugna entre un nacionalismo de corte liberal-progresista y otro de signo conservador, creándose así el mito de “las dos Españas”, desgarro interno que el franquismo utilizaría en beneficio propio. De hecho, como señalan Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada (2007), la identidad unicultural impuesta por el régimen militar erosionó profundamente la legitimidad del nacionalismo español ya que el franquismo “contaminó los símbolos y el debate en torno a España de connotaciones totalitarias” y, con ello, “contribuyó decisivamente a desacreditar no sólo el nacionalismo español de cualquier tendencia, sino la misma idea de España”.

    Recuperada la democracia, la derecha posfranquista intentó lavar su pasado reivindicando el ideario regeneracionista  y así, los discursos de José María Aznar estaban trufados de citas de Costa, Unamuno, Ortega y hasta de Manuel Azaña de quien, obviando su republicanismo, era presentado como un político que “fomentó la cohesión nacional entre españoles”. A este mismo objeto respondía la defensa de la figura de Antonio Cánovas por parte del PP, obviando, no obstante, los perfiles negativos de este político conservador: su oposición frontal al sufragio universal, sus medidas represivas contra la clase trabajadora y el ser el principal arquitecto del sistema político corrupto sobre el que se asentó  la Restauración borbónica. Este nuevo enfoque de la derecha pretendía no sólo enlazar  el pensamiento conservador con la idea de progreso sino que, a la vez, trataba, según Balfour y Quiroga, de “desligar al PP de su asociación con el franquismo”, pretensión que la derecha democrática no lo ha logrado del todo como lo demuestra su tibia, cuando no hostil actitud ante el tema de la memoria histórica democrática.

    Este nacionalismo conservador tiene, además, un profundo autismo hacia la realidad plurinacional de España y, por ello, mantiene,  como ejes conductores, su afán de frenar los nacionalismos periféricos, sobre todo, ante el actual embate secesionista de Cataluña, así como su rechazo a las propuestas federalistas como forma idónea de articulación territorial. Además, defiende una visión tradicional de la historia de España articulada en torno a su concepción de una patria histórica intemporal, su rechazo al aporte de las minorías musulmanas y judías, su escasa actitud crítica hacia la dictadura franquista o su oposición a la laicidad del Estado.

    Pese a ello, el Proyecto Marca España (2001) tuvo por objetivos coordinar esfuerzos para construir una imagen de España en sintonía con las nuevas realidades económicas, sociales y culturales, un loable propósito  que ha quedado en entredicho como consecuencia de la devastación social causada contra nuestro tambaleante Estado de Bienestar y, también, por los corrosivos efectos de la corrupción que tanto ha desacreditado a España en el contexto internacional.

     Sin embargo, este remozado nacionalismo conservador sigue lastrado por el peso de su pasado. Como ejemplos recientes ahí tenemos  la presencia del expresidente Aznar en la Cumbre de las Azores (15 marzo 2003), preludio de la guerra de Irak, con la cual el dirigente conservador soñó con que España desempeñara en el mundo un papel más relevante del que le correspondía. De hecho, la posición ideológica de Aznar se basaba en un recuerdo de un pasado glorioso (y caduco) de España que aspiraba a renovar. Por ello, además de su alineamiento sumiso con la Administración Bush, latía su pretensión de tener un papel hegemónico en Iberoamérica: recordemos la actuación de Aznar durante frustrado golpe de Estado contra Hugo Chávez del 11 de abril de 2002 o la permanente hostilidad del Gobierno de Rajoy contra Venezuela. Estas actitudes, con cierto aire de imperialismo paternalista, hicieron afirmar al historiador Ángel Viñas que “la evocación de los lazos trasatlánticos” del aznarismo “contenía profundos ecos del franquismo”. Por otra parte, estas ensoñaciones nacionalistas no tuvieron ninguna recompensa, bien al contrario: el incondicional apoyo a la política belicista de Bush en Irak sería uno de los factores desencadenantes de los atentados del 11-M de 2004.

    En la actualidad, el nacionalismo conservador ha encontrado un engarce en los éxitos de nuestros deportistas y, en especial, en el caso de la Selección Española de Fútbol, de “la Roja”, a pesar de la aversión que este adjetivo tiene para la rancia derecha, a pesar de que un independentista catalán como Gerard Piqué meta goles con el combinado nacional. Y hablando de goles, qué decir de todos esos patrioteros que han dado  “pelotazos” millonarios con las recalificaciones urbanísticas o con la corrupción galopante, a esos que tienen sus cuentas “fuera de juego” escondidas en Suiza o Panamá. Son esos de los que Juan Manuel Aragüés decía: “¡Ay, los patriotas!. Los poderosos, sean de donde sean, sólo tiene una patria, su bolsillo. Pero luego hablarán mucho de la patria, o de los agravios nacionales y, cómo no, se envolverán en sus sacrosantas banderas”. Por ello, frente a tanto rancio nacionalismo, bueno es recordar el pensamiento ilustrado del s. XVIII según el cual la verdadera patria se halla en el lugar donde habita la libertad y, añadiríamos hoy, donde, además,  prevalece la justicia social. Esa si que es una bandera digna de ser defendida.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 19 junio 2016)

Etiquetas: nacionalismo, español, neofranquismo, conservadurismo

     Resulta evidente el auge en estos últimos años del movimiento independentista en Cataluña, una opción política legítima y defendida por cauces democráticos que, no obstante supone un desgarro político y emocional, una desconexión, en  lo que ha sido una historia colectiva centenaria con relación al resto de España.

   El proceso tiene profundas raíces, variados motivos y razones, pero resulta evidente que ha recibido un impulso añadido como consecuencia de las torpezas y la ausencia de una respuesta alternativa y sugerente por parte de la derecha españolista. Así, durante el último gobierno del Partido Popular,  la abúlica pasividad de Rajoy con respecto a la cuestión catalana, no ha hecho sino agudizar la gravedad y magnitud del problema. El desafecto e incomprensión de esta vieja derecha hacia realidad de Cataluña ha sido tan constante como temerario. Desde aquellas oportunistas declaraciones de José María Aznar diciendo que “hablaba catalán en la intimidad”, al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la reforma del Estatuto de Cataluña de 2006, a la falta de diálogo constructivo con la Generalitat o a los improperios vertidos contra alguien tampoco sospechoso de separatista como Albert Rivera el pasado 2 de marzo por hablar en catalán durante el frustrado debate de investidura del candidato Pedro Sánchez, todo ha sido un cúmulo de despropósitos que evidenciaban una nula voluntad por resolver de forma dialogada el embate soberanista.

    Así las cosas, bueno sería que nuestra clase política, especialmente el PP y el PSOE, releyeran las ideas que el político y escritor catalán Antoni Rovira i Virgili (1882-1949), formuló sobre este tema. Rovira, desde una perspectiva catalanista con un fuerte componente federalista dada la influencia que recibió del pensamiento de Francesc Pí i Margall, intentó unir ambos ideales en una sola causa como solución política idónea para lograr el armonioso engarce de Cataluña en el conjunto de una regenerada España, republicana y federal, la única forma de evitar el desgarro catalán.

     En consecuencia, el federalismo resulta una de las ideas básicas en el ideario de Rovira i Virgili, al cual define como “el régimen de libertad colectiva” y, por ello, resulta “incompatible con las unidades solemnes e intangibles” de los nacionalismos unitarios. Bien al contrario, y en ello la influencia de Pí emerge de nuevo,  el federalismo debe basarse en el libre “consentimiento de los pueblos que se unen”, esto es, en la idea del pactismo, en la voluntad libre y voluntaria de los pueblos a la hora de optar por un proyecto político y colectivo común. Por ello, diría Rovira que “Si los pueblos de la península quieren unirse y aceptan las condiciones de la unión, ésta nace libremente […] Un auténtico federal sólo puede querer la unión federativa de Cataluña y España si esa unión tiene el libre consentimiento de la mayoría de los catalanes”. A partir de estas palabras, una conclusión resulta obvia: para saber la voluntad de los catalanes, habrá que tener en cuenta su opinión, habrá que consultarles y ello implica el reconocimiento del derecho a decidir, una cuestión de elemental sentido democrático.

     Del pensamiento de Rovira diría Jaume Sobrequés que fue el político catalán que más reiteradamente se refirió al federalismo como la solución óptima para resolver el problema de la plurinacionalidad del Estado Español. Y es cierto puesto que Rovira, que nunca fue independentista, consideraba que el pacto entre los pueblos peninsulares evitaría la radicalización insolidaria que subyace tras todo movimiento secesionista.

     No es casualidad que la obra clave de Rovira lleve el título de Nacionalismo y federalismo (1917), escrita hace un siglo y que sin embargo resulta de plena actualidad. En ella nos recuerda  que todo movimiento nacionalista tiene dos opciones: la creación de un Estado independiente o la de ser parte de un Estado federal, pero  ambos casos implican la reivindicación del reconocimiento de su realidad nacional. En cuanto al tema de la división de competencias o soberanías entre los Estados federados y el Estado central, consideraba que todas la constituciones federalistas señalan las facultades del Estado Central y la que “no son atribuidas a este quedan a cargo de los Estados particulares”, tal y como ocurre en los casos de EE.UU., Suiza o Alemania.

     Otra obra esencial de Rovira, muy marcada por el contexto político del momento es Catalunya i la República (1931) en la cual se reafirma en que había llegado la hora del federalismo aunque el pragmatismo político del momento hizo que el nuevo modelo territorial republicano se quedase en un modesto proyecto autonomista. Pese a ello, Rovira defendía un federalismo potestativo, esto es, el que se debía ofrecer a todos los territorios peninsulares, pero que bajo ningún concepto debía ser impuesto dado que era consciente de la distinta intensidad del sentimiento identitario que existía entre las llamadas nacionalidades históricas y el resto de las regiones españolas.  A modo de conclusión, también válida en la actualidad, Rovira reafirmaba su convicción de que el federalismo era además de una opción más solidaria y progresista,  “la única alternativa válida al separatismo”.

      En conclusión, la vigencia del pensamiento de Rovira i Virgili supone una nítida reivindicación del modelo federal para España puesto que además suponía un camino de europeización y modernización de nuestra estructura territorial. Por estas razones, como señalaba Jaume Sobrequés, las ideas de Rovira i Virgili, “constituyen un buen material teórico y de reflexión política”. Un material y unas reflexiones de las que, esperemos, salga algún día una solución para el eterno problema de la articulación justa y pactada por la libre voluntad de las partes, del modelo territorial español, de estas viejas tierras  que en otros tiempos se llamaban “las Españas”, de esta realidad plurinacional nuestra que tanto les cuesta a algunos reconocer.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 8 mayo 2016)

Etiquetas: federalismo, pactismo, cuestión, catalana, independentismo, modelo, territorial, español, catalianismo

     Los hechos históricos, así como la interpretación de los mismos han sido con frecuencia instrumentalizados desde el poder,  en todo tiempo y lugar, en su propio beneficio pues, como decía Luis Algorri, las manipulaciones de la historia constituyen uno de los delitos intelectuales más viejos del mundo. Los ejemplos de ello son tan numerosos con diversos.

     En ocasiones, hay una historia que se silencia. Así,  40 años después de la muerte de Franco, el dictador genocida de  vidas y libertades, siguen pendientes tantas losas, pesadas y dolorosas, tantos silencios, sobre la magnitud criminal de lo que supuso el franquismo, de esa amnesia deliberada impuesta en la Transición y que atenta contra los mismos cimientos y valores de una sociedad que se precia de ser democrática. Ahí están, todavía, los centenares de fosas de víctimas de la represión que salpican nuestra geografía y nuestras conciencias, el, todavía pendiente reconocimiento jurídico de las mismas. Aún está pendiente la aplicación decidida de políticas públicas de la memoria democrática iniciada tímidamente por la Ley de Memoria Histórica de 2007 impulsada por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero y que paralizó el anterior gobierno de Rajoy; la reparación debida a quienes sufrieron la represión no sólo física, sino también económica, durante el dictadura; la aplicación de la legislación penal universal y el principio de justicia universal  a los responsables de estos crímenes; la supresión definitiva de la simbología y nomenclátor franquista  de nuestros pueblos y ciudades; la cuestión de los niños robados, la inclusión de estos temas en el currículum educativo, etc.

     En otras ocasiones, hay otra historia que se manipula, que se mitifica,  con mayor o menor descaro. Este es el caso de la construcción de historias “nacionales” con una finalidad de exaltación política. Lo hizo el nacionalcatolicismo en el pasado, lo hacen los nacionalismos secesionistas en la actualidad. En este sentido el caso de la instrumentalización  interesada de la historia de Cataluña resulta un claro ejemplo. Como ha puesto en evidencia  el historiador José Luis Corral en su libro La Corona de Aragón. Manipulación, mito e historia (2014), en el cual desmonta esta manipulación histórica que pretende presentar a Cataluña como lo que nunca fue, entre otras cosas, como un “reino” cabeza de una supuesta “corona catalano-aragonesa”. Estos delirios nacionalistas  también los hallamos en otros períodos de la historia previamente “catalanizada”, como los de Enric Guillot en su libro Descoberta i conquista catalana de América (2012) en el que se alude al descubridor “Cristófor Colom” como un “miembro de la Casa Real catalana”,  infundio que también “avala” Catalonia Tours al señalar  que “Sólo la constante voluntad de aniquilar la memoria histórica catalana por parte de los españoles  explica la nacionalidad de Cristóbal Colon haciendo creer que era genovés”. En este misma línea de apropiaciones indebidas hallamos las “investigaciones” de Jordi Alsina y del Institut de la Nova Historia, panfletario difusor de una “historia” tan nueva que no existe, en las cuales se defiende la catalanidad de, además de Colón, de figuras como Cervantes, Teresa de Jesús, Hernán Cortés o los aragoneses Miguel Servet, Pablo Gargallo y Segundo de Chomón. Sin comentarios.

     También hay otra historia que se desvirtúa con una evidente hipocresía. Este es el caso de algunos actos de recuerdo y memoria de determinados hechos históricos cuya celebración contradice el auténtico sentido de los mismos. Citaré tan sólo dos ocurridos el pasado año. El primero de ellos tuvo lugar en París el 3 de junio y en el cual los reyes de España homenajearon a los 146 soldados republicanos españoles de “La Nueve”, la 9º Compañía  de la 2ª División Blindada  de la Francia Libre, la División Leclerc, que tan destacado papel tuvieron en la liberación de la capital gala frente al nazismo durante la II Guerra Mundial. Durante dicho acto, Felipe VI, definió este homenaje como un “símbolo de la libertad y la tolerancia”, destacando, también el heroísmo de La Nueve  “en la lucha contra el totalitarismo”. No obstante, fue un acto que resultó hiriente e hipócrita para los sectores republicanos, tanto de España como entre  los descendientes del exilio, dado que la monarquía restaurada tras la muerte de Franco, nunca ha tenido ningún gesto, ninguna palabra, ningún homenaje, ni durante el reinado de Juan Carlos I ni ahora con su hijo Felipe VI, para las víctimas del franquismo en territorio español, para con los 114.226 compatriotas nuestros que, según Emilio Silva, están a fecha de hoy, todavía, desparecidos  como consecuencia de la represión de la dictadura y yacen en las fosas de la infamia a lo largo de tantas cunetas y cementerios de nuestra España.

    Otro ejemplo sería la ofrenda floral realizada por Pedro Sánchez, secretario general del PSOE el pasado 29 de agosto al monumento al presidente de México Lázaro Cárdenas en la capital azteca. Este monumento, erigido en 1974 según un proyecto  del arquitecto socialista turolense Francisco Azorín Izquierdo, en colaboración con su hijo Ángel y su nieto Telmo, también arquitectos, fue erigido por los colectivos del exilio republicano español en homenaje y agradecimiento al presidente Cárdenas,  que a tantos miles de republicanos españoles acogió (en torno a 25.000 entre 1939 y 1942)  tras el final de nuestra guerra civil. En dicho acto, la corona de flores bicolor que depositó Pedro Sánchez no resultaba adecuada en un monumento proyectado y financiado por el exilio republicano y mejor hubiera sido ofrendar una corona tricolor o, también, una de solamente flores rojas, más adecuada a la identidad auténtica de los ideales socialistas.

    Ante ejemplos como los citados, no resulta ni ético ni  aceptable todos estos usos interesados de la historia y, frente a los que así actúan, les recordaría, como dice Joan Manuel Serrat en una de sus canciones que, “no es amarga la verdad, lo que no tiene es remedio”.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 enero 2016)

Etiquetas: manipulaciones, históricas, usos, perversos, de, la, historia, memoria, histórica

     Hoy,  27 de diciembre, se cumple el 40º aniversario de la muerte  del arquitecto y político socialista turolense Francisco Azorín Izquierdo (1885-1975) que, al igual que su paisano Luis Buñuel, tuvo que exiliarse en México al término de nuestra guerra civil. Su figura, hasta hace poco  desconocida en Aragón, ha sido recuperada por Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, investigador mexicano y profundo conocedor de la vida y la obra de Azorín, así como por el historiador Serafín Aldecoa, el arquitecto Antonio Pérez y por diversos artículos de Francisco J. Millán publicados en Diario de Teruel.

     Francisco Azorín, “el turolense errante” como lo definió Juan Ignacio del Cueto, nació en Monforte de Moyuela,  hijo de un guardia civil de Alicante y de una turolense de Aliaga. Tras unos años de residir en la ciudad de Teruel, en 1902, y con tan sólo 17 años, fue becado por la Diputación Provincial para estudiar Arquitectura en Madrid.

     Llegado a la capital de España se establece  en el Pensión Canalejas  regentada por el también turolense Victoriano Tió Calvo (de Cuevas Labradas), un histórico militante de los primeros días del PSOE y la UGT. Dicha pensión era lugar habitual de encuentro de dirigentes socialistas, entre ellos, Pablo Iglesias, a quien allí conoció y,  con quien pese a los 35 años de edad que los separaban, bien pronto se estableció entre ambos una profunda amistad personal y política, convirtiéndose Azorín en una de las personas de la máxima confianza del entorno de Iglesias.  Por ello, y por su dominio de idiomas por parte del turolense,  (hablaba francés, inglés, alemán y esperanto), éste se convirtió  en acompañante habitual de Iglesias en varios congresos de la Internacional Socialista y ello hizo que viajase junto con el fundador del PSOE y la UGT por Francia, Inglaterra, Escocia, Alemania, Bélgica, Dinamarca o Suecia. Recordemos igualmente que, años después, el arquitecto Azorín junto al escultor Emiliano Barral, serían los autores del mausoleo de Pablo Iglesias inaugurado en 1930 en el Cementerio Civil de Madrid. 

    Azorín, afiliado al PSOE desde 1902, bien pronto tuvo claras sus prioridades políticas: la formación y organización de la clase obrera y el derecho al acceso a la vivienda por parte de los sectores sociales más desfavorecidos. A estos temas dedicó durante toda su vida su intensa actividad política y profesional. Destinado como arquitecto a Córdoba (1912), fiel a sus ideales socialistas, como señala Aldecoa, impulsó “la construcción  de viviendas sociales a precios asequibles para los trabajadores  como reconocimiento del derecho a disponer de una vivienda digna”. De este modo fue el creador, entre otros,  del proyecto de la Ciudad Jardín de Córdoba y años después sería uno de los principales impulsores de la Cooperativa Española de Casas Baratas “Pablo Iglesias”, la cual llegó a construir  58.000 viviendas, por todo lo cual Francisco J. Millán definió  a nuestro turolense como “el arquitecto de la clase obrera”.

     De su también intensa actividad política digamos que fue el primer concejal socialista que tuvo la capital cordobesa (1918) y más tarde llegó a ser presidente de la Agrupación Socialista  y también de la Federación Provincial del PSOE, además de destacado dirigente de la UGT. Por todo ello se considera a Azorín como el político más importante de Córdoba de  las tres primeras décadas del siglo XX. Pese a su arraigo en Andalucía, no olvidó a su tierra natal y, de este modo, Azorín fue el promotor del primer sindicato socialista de Teruel, el de Oficios Varios (1919), más tarde Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de UGT.

     Con la llegada de la II República, fue elegido diputado del PSOE por Córdoba (1931) y en las Cortes republicanas, como señala Francisco J. Millán, dejó constancia de sus prioridades políticas: “la vivienda, el urbanismo o la educación así como el reconocimiento de los derechos de los trabajadores” además de su repulsa al caciquismo que tanto había sufrido en Andalucía como consecuencia de su compromiso político y sindical, ese mismo caciquismo que ya le había detenido y desterrado en 1919 y que, años después,  le acusó, de forma infundada,  de ser el dirigente del movimiento revolucionario en Córdoba de 1934 y por lo que fue procesado por “rebelión militar”.

     Durante la guerra, desempeñó un importante papel en defensa de la legalidad republicana ocupando, entre otros, los puestos de Jefe de la Subsecretaría de Obras de Armamento y Municiones, delegado en la Conferencia Internacional del Trabajo, cónsul en Tarbes (1938) y después en Toulouse, puestos desde los que ayudó a ponerse a salvo a muchos españoles perseguidos por el fascismo. De igual modo, realizó diversas gestiones diplomáticas ante Francia e Inglaterra a favor de la República.

    Tras la derrota de la República en 1939, Azorín fue uno de los millares de españoles que se vieron obligados a exiliarse y al igual que su paisano Luis Buñuel, halló en México una tierra de acogida. En ella desarrollaría una intensa labor profesional y política. Durante su etapa mexicana, se mantuvo vinculado al PSOE,  colaboró con la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), retomó sus proyectos sobre la cuestión de la vivienda obrera puesto que, coherente con sus ideas, siempre pensó que este tema, al igual que la educación, eran las claves para el desarrollo y la emancipación personal. En 1972, a sus 87 años, junto a su hijo Ángel Azorín Poch y su nieto Telmo Azorín Bernárdez, ambos también arquitectos, diseñó el monumento erigido en la capital azteca por el Centro Republicano español  al Presidente Lázaro Cárdenas en muestra de gratitud por la acogida que éste brindó a miles de refugiados españoles que, tras la derrota republicana, hallaron allí una nueva patria. Muchos ya nunca regresaron, tampoco  Azorín que murió en su México de adopción en diciembre de 1975, un mes después de que lo hiciera Franco en la cama de un  hospital madrileño tras décadas de una interminable dictadura.

     Después de tantos años de injusto olvido, se ha ido haciendo justicia con Azorín y, en estas fechas, puede verse la ciudad de Teruel una exposición en su honor titulada “De vuelta a casa. Francisco Azorín, el turolense errante” organizada por la Fundación Amantes. Una digna bienvenida para  quien merece ocupar un lugar destacado en nuestra memoria e historia colectiva.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 27 diciembre 2015)

Etiquetas: historia, política, socialismo, PSOE, UGT, arquitectura, República, exilio

     Otro de los pesados lastres que deja el Gobierno de Rajoy es la limitación de derechos y libertades como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la “Ley Mordaza”, y las restrictivas (y retrógradas) reformas introducidas  en el Código Penal, entre ellas, la polémica “cadena perpetua revisable”. Todo este cúmulo de despropósitos, propios de la vieja derecha autoritaria es lo que hizo afirmar a Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia,  que, con la aplicación de dichas leyes,  “entra en vigor el mayor recorte de libertades de la historia de la democracia española”.

     Si analizamos en detalle la vigente “Ley Mordaza” observamos algunos detalles tan significativos como preocupantes. En primer lugar, ya en su Preámbulo, considera a la “seguridad ciudadana” y a la “seguridad pública” como sinónimos, entendiendo por tales “la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”. Tras estas declaraciones, subyace un concepto ideológico de seguridad anacrónico pues, como señalaba Joan Josep Nuet, la derecha recurre al discurso del miedo, a la coerción, y olvida que “seguridad” no sólo significa riesgos y amenazas, es algo más que el “orden público” de otros tiempos. De hecho, la seguridad debería entenderse en un sentido amplio, como “un instrumento al servicio de la instauración  y mantenimiento de la paz social, es decir, al servicio de la protección y desarrollo de los derechos humanos, políticos y sociales en condiciones de igualdad y dignidad”, esos mismos derechos  devastados por el liberalismo rampante que aplica el Gobierno del PP. Desde una perspectiva social, libertad y seguridad forman parte de un todo indivisible en cualquier sociedad democrática avanzada. Y, por ello, el PP olvida que el bienestar social y seguridad son conceptos complementarios, dado que no pueden existir políticas de seguridad eficaces si no se abordan la erradicación de causas tales como la pobreza, el paro, la xenofobia y la exclusión social. Por ello, la solución no es el endurecimiento de medidas de “orden público”,  de lo cual la “Ley Mordaza” es un claro ejemplo, sino, bien al contrario, la aplicación de políticas integrales de empleo y protección social.

     El carácter punitivo  de la “Ley Mordaza” queda patente si tenemos en cuenta  que el capítulo 5 (“Régimen sancionador”) es el más extenso y ocupa la mitad del texto de la ley (desde el artículo 30 al 54). En dicho capítulo, se clasifican las sanciones en “muy graves”, “graves” y “leves” (art. 33). Entre las “muy graves”, hallamos desde las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas, hasta la proyección de haces de de luz sobre los conductores de medios de transporte. En cuanto a las sanciones “graves”, figuran 23 tipos distintos: desde las perturbaciones en actos públicos, espectáculos, solemnidades y oficios religiosos, hasta la realización de de manifestaciones frente al Congreso, Senado o asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Y, las sanciones “leves” (17  tipos diferentes), van desde la ocupación de inmuebles hasta la “negligencia en la conservación de la documentación personal”.

    Si muchas son las sanciones contempladas en la “Ley Mordaza”, mucho es también el importe de las cuantías con las que se les penaliza: de 100 a 600 euros las leves, de 601 a 30.000 las graves y, las muy graves, desde los 30.001 hasta la astronómica cifra de 600.000 euros. La voluntad coercitiva de la ley queda así bien patente.

     Ante esta ley tan regresiva  resulta reveladora la lectura de las observaciones finales del Informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU del pasado mes de julio y que instaba al Gobierno de España a que retirase no sólo la nefasta “Ley Mordaza”, sino, también, las últimas reformas introducidas en el Código Penal, para adecuarlas a la estricta aplicación del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por nuestro país y, por ello, de obligado cumplimiento. De  este modo la ONU dejaba patente que ambas leyes “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”. Como señalaba Maina Kiai, Relator Especial sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación del citado Comité, la “Ley Mordaza”, “limita marcadamente el derecho de reunión” y “restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas”. Todo ello permite “la aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades” y ello, como es el caso del derecho al ejercicio de libertad de manifestación pacífica, produce un efecto gravemente disuasorio entre la ciudadanía. De este modo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dedica en su Informe 8 páginas   a los  “Motivos de preocupación y recomendaciones”, los cuales suponen un auténtico varapalo para el Gobierno de Rajoy en esta materia, recomendaciones a las que éste, carente de sensibilidad social, ha vuelto a hacer oídos sordos.

     De igual modo, dado que la “Ley Mordaza”, con arreglo a su Disposición Final Primera, “legaliza” las “expulsiones en caliente”  de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, también en este tema la ONU ha manifestado su preocupación por el tratamiento que reciben los inmigrantes y solicitantes de asilo y, por ello, critica las citadas “devoluciones en caliente”. Y una recomendación final de la ONU ante la que la derecha  ha sido y sigue siendo insensible: la necesidad de derogar la Ley de Amnistía de 1977 dado que ella impide investigar en España los crímenes franquistas. Otra carencia de nuestra democracia.

     Por todo lo dicho, como nos recordaba Joan Josep Nuet, “En España hay un claro ejemplo para la seguridad nacional, pero ese claro peligro tiene dos palabras: Partido Popular. Hoy el Partido Popular es la amenaza más seria para la seguridad si entendemos la seguridad como libertad y bienestar para nuestros ciudadanos”. Y, por ello, no queremos  ni debemos ser a-mordaza-dos.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 diciembre 2015)

Etiquetas: regresión, derechos, civiles, legislación, penal

    Ante la actual situación política en Cataluña resulta recurrente la imagen de que estamos asistiendo a un “choque de trenes”, algo que siempre es preludio de una catástrofe. A ello nos ha llevado tanto los delirios secesionistas como el inmovilismo de la derecha gobernante, incapaz de plantear propuestas políticas que contrarrestasen la creciente desafección de buena parte de la sociedad catalana y su deseo de emprender el camino hacia la independencia.

    Muchas han sido las etapas que nos han llevado a la actual situación y muchas han sido, también, las ocasiones perdidas para reconducir el desencuentro político entre Cataluña y el resto de España. Así, tras la aprobación de la Constitución de 1978, bien pronto quedó patente que el nuevo Estado Autonómico, pese a sus innegables ventajas, se quedaba corto para  Cataluña y Euskadi, siendo constantes las demandas de ambos territorios reclamando mayores cotas de autogobierno y, también, el reconocimiento de su “realidad nacional”. En el caso de Cataluña, se produjo una quiebra política y emocional tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2006 que, planteada tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, podó buena parte del contenido del reformado Estatut de Cataluña. Desde este desgarro, ya nada fue igual y el “soufflé” independentista y la desafección hacia España empezó a subir cada vez más en el horno de la política catalana. Un nuevo paso en este proceso tuvo lugar tras el rotundo rechazo del Gobierno de Rajoy a la propuesta de Artur Mas de negociar un pacto fiscal para Cataluña en 2012. A partir de entonces, los acontecimientos y la deriva secesionista se aceleraron.

    Así las cosas, dos cuestiones parecen claras a la hora de hallar una salida razonable ante semejante marasmo político. La primera, sin ninguna duda, pasa por el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro mediante un referéndum  siguiendo los ejemplos de Quebec y Escocia. La segunda, que si de dicha consulta legal saliese la decisión mayoritaria de que Cataluña permaneciese unida a España, ésta debería de articularse con  arreglo a un modelo territorial plenamente federal.

    No obstante, el federalismo, como alternativa ante las actitudes de la derecha españolista y del secesionismo catalán, tiene que hacer frente el enquistamiento numantino en que se hallan sumidas las dos posturas confrontadas. Y sin embargo, es el único camino que parece viable.  Para resolver la cuestión catalana, poco se puede esperar de la derecha, incapaz de reconocer la realidad plurinacional de España, pero tampoco el PSOE, el otro partido que ha ocupado el Gobierno desde la recuperación de la democracia, está exento de responsabilidad. Tal es así que la defensa del federalismo tuvo escaso eco en su práctica política, tanto durante los años del gobierno de Felipe González (1982-1996), como durante los de Zapatero (2004-2011). De este modo, sólo la minoritaria corriente Izquierda Socialista (IS) y José Antonio Pérez Tapias, uno de sus más brillantes militantes, enarbolaron la bandera de la España federal. Lo mismo podemos decir del PSC, que siempre manifestó sus profundas convicciones federalistas. Sin embargo, no fue hasta el nuevo pacto territorial propuesto en la Declaración de Granada de 2013 cuando el PSOE optó por la defensa del federalismo: para entonces, se habían perdido unos años vitales para asentar  las propuestas federalistas que hubieran evitado en gran medida la deriva secesionista catalana

    Por todo lo dicho es importante recordar que ya en 1987, hace  28 años, el PSC planteó todo un proyecto territorial federal que fue desoído por un PSOE entonces en el poder liderado por el tándem Felipe González y Alfonso Guerra, nada proclives a estas ideas anclados como estaban en los viejos tópicos del jacobinismo centralista imperante en aquellos años de fulgurante hegemonía del felipismo. En consecuencia, el PSOE no apostó por el federalismo solidario como le demandaban sus compañeros del PSC y, en cambio, prefirió seguir pactando la gobernabilidad del Estado con las derechas nacionalistas del PNV y de CiU.

    Las propuestas planteadas por el PSC hace casi tres décadas quedaron recogidas en un libro colectivo titulado Federalismo y Estado de las Autonomías (Barcelona, 1988) en el que expusieron sus puntos de vista políticos socialistas como Raimon Obiols, Pascual Maragall,, Jordi Solé Turá, así como intelectuales militantes o afines al PSC, entre ellos,   economistas (Lluís Armet o Antoni Castells), historiadores  como Isidre Molas, Jaume Sobrequés o Josep Termes (del PSUC), así como juristas y especialistas en Derecho Constitucional como José Antonio González Casanova. Anselmo Carretero, Xavier Arbós, Joan Marcel o Eliseo Aja.  Todos ellos aún valorando el avance histórico y político  que suponía el Estado de las Autonomías, reconocían que éste, ya a la altura de 1987, como señalaba Lluís Armet, “no ha dado una respuesta satisfactoria para la superación de los problemas de las nacionalidades históricas” y, consecuentemente, el federalismo era el modelo idóneo para lograr el “objetivo histórico” de incorporar a Cataluña y Euskadi a un proyecto colectivo puesto que, habiéndose descentralizado la gestión y el gasto público, éste proceso no había sido acompañado en la misma medida de una descentralización del poder político y por ello, el PSC  demandaba el inicio de un segundo proceso autonómico, más político y menos administrativo y, de este modo, que los Gobiernos autónomos pudieran participar de forma directa en las decisiones del Estado que les afecten. Además, como señalaba Pasqual Maragall, el ansiado Estado Federal debía ser aquel “en que todos los poderes han de compartir unos objetivos comunes y ser capaces de poner en marcha mecanismos para conseguir un mismo objetivo: la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos”, objetivo éste último que debía primar sobre estériles debates identitarios.

  Hoy, tras demasiados años perdidos para apostar decididamente por el federalismo, nos hallamos ante una situación de máxima tensión política y cuyo desenlace es un enigma plagado de riesgos e incertidumbres. Por ello, volviendo a los símiles ferroviarios, tal vez aún no sea tarde para coger el tren del federalismo, pues es la última oportunidad  para llegar a una estación que ponga fin de forma pactada y razonable a este conflicto político y territorial. Tal vez.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 17 noviembre 2015)

Etiquetas: federalismo, modelo, territorial, español, secesionismo, en, cataluña, reformas, políticas

     Ningún gobierno de la democracia española había dejado un rastro tan negativo en lo que a involución de derechos y recorte de libertades se refiere que el ya terminal Ejecutivo de Rajoy: ahí están, como flagrante ejemplo de ello, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, (“la Ley Mordaza”), o la regresiva reforma del Código Penal. A ello hay que sumar la  penosa situación actual de la Justicia en España: escasez de medios personales y materiales con el consiguiente colapso de los Juzgados, sin olvidar las reformas del anterior ministro Gallardón y su  intento de control gubernamental de la Judicatura, unidas a otras medidas regresivas (modificación de la Ley del Aborto, imposición de tasas judiciales, privatización del Registro Civil, limitación del principio de justicia universal). A este panorama hay que añadir los numerosos (y polémicos) sumarios judiciales que están en la mente de todos: Gürtel, Nóos, Bárcenas, Bankia, Púnica, Pokemon o los EREs de Andalucía.

    Tampoco olvidamos la ignominiosa inhabilitación del juez Garzón  por su valiente actitud ante la investigación de la podredumbre de la trama Gürtel y de los crímenes del franquismo, algo que ha supuesto un grave descrédito de la Justicia española, no sólo aquí, sino también en el extranjero. Por ello, frente a una Justicia autista ante las demandas cívicas de investigación de los crímenes franquistas (recordemos que el Tribunal Supremo se negó a investigarlos alegando, en contra de la jurisprudencia en materia de legislación penal internacional, que ya habían prescrito), las recientes actuaciones de la Justicia argentina, y en particular de la juez María Servini, deberían de hacer enrojecer a la Justicia española, incapaz de aplicar los principios de la legislación y la justicia universal para juzgar los crímenes genocidas del franquismo, que tienen la calificación jurídica de “crímenes de lesa humanidad”.

    Si todo esto fuera poco, la Judicatura, en sus órganos más representativos como es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) no desempeñan correctamente sus funciones dada su politización como consecuencia del perverso sistema de nombramiento por cuotas partidistas. El caso más reciente y escandaloso es el de los jueces Enrique López  y Concepción Espejel, ambos miembros del CGPJ a propuesta del PP y que juzgarán el caso Gürtel que salpica de lleno al partido conservador y que, por ello, suscita serias dudas la exigible imparcialidad que deberían tener  ambos magistrados en este espinoso asunto.

    Difícil son las alternativas ante semejante cúmulo de fiascos. Algunas propuestas resultan de interés. Este es el caso las ideas que plantea el documento Por una reforma constitucional federal elaborado por la Fundación Rafael Campalans afín al PSC, en cuyo capítulo 7º, titulado “Descentralización del Poder Judicial”, propone que el CGPJ se convierta en un “órgano más técnico y neutral” teniendo en cuenta que la mayoría de sus tareas son de naturaleza administrativa, lo cual implica, además de suprimir el sistema de cuotas, optar por una composición más reducida de sólo 5 miembros: 3 jueces elegidos por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y 2 juristas de prestigio elegidos por el Congreso y el Senado.

     Por lo que se refiere al TC actualmente desbordado por cantidad de conflictos competenciales y con una preocupante involución conservadora, en el dictado documento se plantea la supresión del actual sistema de cuotas de los grupos parlamentarios por otro en que los magistrados serían elegidos a partes iguales por el Congreso y por un futuro Senado Federal para que, de este modo,  todas las comunidades autónomas tengan “alguna conexión” con el referido TC y se sientan integrados y representados en el mismo.

     En cuanto al Tribunal Supremo (TS), también presenta en la actualidad graves disfunciones: sus miembros son elegidos por tiempo indefinido (hasta su jubilación) y sin criterios que midan la capacidad u mérito del candidato pues lo son por las cuotas ideológicas o partidistas del CGPJ. La actuación del TS quedó patente durante el nefasto papel del juez instructor Luciano Varela contra Garzón y su sumario de los crímenes del franquismo.   

    En consecuencia, hay que abrir el debate de cómo elegir a los jueces con independencia y separación de los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y hay opciones: desde la elección directa como ocurre en Estados Unidos, la votación ciudadana para ratificar a la Corte Suprema como en Japón o la aplicación de duras pruebas de selección, tal y como se aplican en numerosos Estados.

     Por su parte, el documento Hacia una estructura federal del Estado, elaborado por el Consejo Territorial del PSOE (Granada, 6 de julio de 2013) propone que el TS debería de ser un Tribunal de Casación, (esto es, de unificación de doctrina) y no de segunda o tercera instancia. Para ello, se sugiere que, “con carácter general, los diferentes procesos en todo y cada uno de los órdenes jurisdiccionales, deben culminar en los Tribunales de Justicia de cada Comunidad Autónoma y no en el Tribunal Supremo” (punto 31.3). Consecuentemente, es necesaria una territorialización del sistema de gobierno del Poder Judicial que, respetando su carácter de poder único y exclusivo del Estado, requiere una creciente desconcentración de todas deliberaciones y decisiones que no afecten a las funciones del CGPJ en los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Ello, siguiendo el modelo alemán,  supondría una  auténtica descentralización de la Justicia, tal y como recordaba Martín Pallín.

     El prestigio y eficacia de nuestra judicatura dependerá de la resolución de estas cuestiones funcionales, así como de los casos de corrupción política y financiera que tanta alarma social generan y, por supuesto, de la rehabilitación de Baltasar Garzón. De este modo, nuestra democracia recuperará, en palabras del citado Garzón, “una justicia universal, para todos, sin distinción de clases, sin escalones de poder, y en la que prevalezca el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a conocer la verdad”. Esa es la auténtica Justicia democrática al servicio de la ciudadanía.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 agosto 2015)

Etiquetas: corrupción, reforma, Justicia, poder, Judicial, administración, de

   Durante la noche electoral Carlos Floriano manifestó que las elecciones municipales y autonómicas las había  ganado el PP. Pero, tras esta afirmación cierta, se escondía la dura realidad: la derecha política había sufrido un castigo electoral de gran magnitud. Se sabía que la nefasta gestión del PP le iba a pasar factura ante el electorado (propio y ajeno) y sólo faltaba  saber la intensidad del previsible varapalo electoral. Y así fue pues el PP tuvo una victoria pírrica, ese tipo de victorias que tienen el amargo sabor de una derrota pues sus apoyos electorales habían caído de forma estrepitosa, poniendo de manifiesto que las políticas neoliberales que ha aplicado con rigidez el PP, le han supuesto dilapidar en tan sólo una legislatura el apoyo electoral que conquistó en los comicios de 2011.

    Y Aragón no ha sido una excepción. Durante la noche electoral, la desolación era patente en los rostros de los dirigentes populares. Y no era para menos pues la Presidenta Rudi perdía 88.000 votos, un -12,19% menos de apoyo popular que el logrado en el 2011 y asumía resignada su imposibilidad  de mantener el Gobierno de Aragón. Rudi recibía el merecido castigo electoral por las políticas que ha aplicado desde el Pignatelli y que han generado un enorme y creciente hartazgo en amplios sectores ciudadanos. Ciertamente, la gestión de Rudi ha sido nefasta pues, a los duros recortes en sanidad, educación o políticas sociales y de dependencia, se han unidos actitudes y gestos de arrogancia e insensibilidad por temas tales como su desprecio por las lenguas catalana y aragonesa, su enfrentamiento con la Universidad de Zaragoza, su nula gestión cultural, su desdén por las políticas públicas de la memoria histórica democrática, etc.

    Si Rudi sufría semejante desgaste gobernando, batacazo que todavía hubiera sido mayor si los partidos emergentes hubieran logrado una mayor implantación en el medio rural aragonés, peor era, pese a ser la lista más votada en el Ayuntamiento de Zaragoza, el caso de Eloy Suárez el cual, sin gobernar, veía reducidos sus apoyos en 44.000 votos, un -15,24 % menos que en las anteriores elecciones municipales y así, ponía fin a su aspiración de  alcanzar la alcaldía de la capital de Aragón. En el ámbito municipal, escaso consuelo resulta, pues, la victoria, también pírrica de PP en las otras dos capitales, aragonesas, el ascenso en el caso de Alcañiz o Tarazona, o el mantener en su poder algunas cabeceras comarcales. La victoria, seguía teniendo un sabor amargo.

    Con la amarga victoria del PP, se cierra en Aragón, y en gran parte de España, todo un ciclo de políticas de derechas que nos malgobernaban. Por ello, el PP ha sufrido merecidamente tan contundente castigo electoral lo cual unido a la frescura y entusiasmo de las candidaturas de convergencia que apostaron decididamente por una democracia más participativa, y  una política económica más justa y solidaria, son motivos de alegría y de esperanza.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 26 mayo 2015)

Etiquetas: elecciones, municipales, y, autonómicas, 2015, en, Aragón, política, conservadora, Luisa, Fernanda, Rudi, resultados, electorales

     En estos últimos años, diversas investigaciones han rescatado la meritoria labor llevada a cabo por algunos diplomáticos españoles a favor de la población judía durante la Shoáh, el Holocausto nazi, entre ellos, los aragoneses Ángel Sanz Briz y Sebastián de Romero Radigales. Pero, mientras que es bien conocida  la actuación del zaragozano Sanz Briz a favor de los judíos húngaros en Budapest, no lo es tanto la de Romero Radigales, natural de la localidad oscense de Graus y que tuvo también un importante papel humanitario a favor de los judíos sefardíes en  Grecia durante la II Guerra Mundial, tema éste estudiado por la historiadora Matilde Morcillo.

     Sebastián Romero Radigales (1884-1970) procedía de una familia conservadora originaria de Barbastro con amplia vocación política: su padre fue senador vitalicio durante la Restauración y su hermano José fue diputado por Huesca en varias ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII y llegó, más tarde a ser ministro con la CEDA durante la II República. Pero Sebastián no encaminó sus pasos hacia la política sino por  la diplomacia: su primer destino fue el de cónsul en Bulgaria (1925) y, posteriormente, en Moldavia (1927), San Francisco (1929-1933) y Chicago (1934). Pero el lugar que marcaría su vida sería Grecia: primero, como agente del Gobierno franquista (1937-1939) durante la guerra civil y, desde 1943, como Cónsul General de España, en plena ocupación nazi del país heleno.

     Romero Radigales fue un diplomático afín al régimen franquista  (al igual que Sanz Briz) pero ambos tuvieron en común su ayuda y solidaridad para con el pueblo judío víctima del Holocausto lo cual les impulsó a actuar de forma valiente y decidida  a favor de éstos enfrentándose no sólo a las autoridades alemana, sino también con sus superiores en el Ministerio de Asuntos Exteriores  franquista, por entonces fiel seguidor de la estela político-militar de las potencias fascistas. Como señalaba Eduardo Martín de Pozuelo, la noble actitud de Romero Radigales era consecuencia de la “naturalidad de quien cumple con su deber y está impregnado de una profunda humanidad y fe”.

     En medio de la tragedia de la II Guerra Mundial, Romero Radigales se empeñó, a título personal y sin ningún apoyo del Gobierno de Franco al que representaba, en salvar a los judíos sefarditas de Atenas y Salónica de ascendencia española. Constantes fueron sus enfrentamientos con el embajador alemán en Atenas el cual se quejaba ante su ministerio de la “resistencia” del diplomático español y pedía a Berlín que “presionase” a las autoridades franquistas “para que instruyeran a Romero” y así “frenar sus interferencias” en la cuestión judía. Pero las “interferencias” del cónsul oscense, a pesar de múltiples dificultades dieron sus resultados  y así, pudo liberar a casi 800 judíos que hubieran acabado sus días en los campos de exterminio nazis.

     Un lugar latía de forma especial en el corazón de Romero Radigales: la ciudad de Salónica, importante símbolo del judaísmo sefardí de la Diáspora y que en aquellas fechas, como señala Isaac Revah, uno de los judíos salvados por nuestro cónsul, era, “en la práctica una ciudad española” habida cuenta de la importante presencia de la comunidad sefardí, una Salónica en la cual era destacable la presencia de los descendientes de los judíos aragoneses expulsados en 1492, el conocido como “Cal Aragón”, como nos recuerdan las investigaciones de Adela Rubio y Santiago Blasco. Pero todo   cambió tras la ocupación nazi de Salónica (9 abril 1941) supuso el asesinato del 95 % de su población judía ya que, entre marzo-junio de 1943, unos 48.000 judíos salonicenses  fueron deportados al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau.

     Fue por estas fechas, cuando Romero Radigales, recién nombrado Cónsul en Atenas (abril 1943), pasó a la acción: trasladó a 150 sefardíes de Salónica a Atenas desde donde más tarde pudieron ser enviados a la entonces Palestina británica, además de otros 235 que pudo mantener con vida en hasta el final de la guerra en la capital helena. También logró la repatriación de 365 judíos sefardíes retenidos en el campo de Bergen-Belsen y que, después de múltiples penalidades, llegaron a España en febrero de 1944 con visados de tránsito, que no de residencia, puesto que el régimen franquista no los admitía, para más tarde hallar refugio en el Protectorado de Marruecos y en América. A la vez, organizó el depósito de los bienes de todos los repatriados para evitar que se apoderasen de ellos los nazis y que, una vez acabada la guerra, se encargó de devolverlos a sus propietarios o herederos.

    La actitud pronazi del régimen franquista permitió el exterminio de la otrora floreciente comunidad judía de Salónica, la ciudad más “judeoespañola” del Mediterráneo oriental, cuya responsabilidad debería de martillear la conciencia de todos aquellos que cometieron y consintieron esos crímenes. Ahí están, a modo de denuncia, las cartas secretas cruzadas del ministro de Asuntos Exteriores Gómez Jordana  y del embajador franquista en Berlín (Ginés Vidal) desoyendo y criticando las desesperadas súplicas de Romero Radigales para que España evacuara a los judíos perseguidos.

     Al final la historia hizo justicia: denostó al franquismo por sus crímenes y por su connivencia con el fascismo internacional y, por el contrario, reconoció la noble labor llevada a cabo por Romero Radigales. Es por ello que el pueblo judío honra su memoria y el pasado 30 de septiembre, tuvo lugar en Jerusalén la ceremonia de proclamación póstuma del cónsul oscense como Justo entre la Naciones, distinción que Israel concede a aquellas personas que, no siendo de confesión o ascendencia judía, ayudaron al los judíos durante la Shoáh. Si Israel honra a Romero Radigales, también debería de hacerlo su Aragón natal pues su historia merece ser conocida y recordada como ejemplo para futuras generaciones.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 diciembre 2014)

Etiquetas: Memoria, histórica, Holocausto, Sefardíes

    Resulta innegable que en estos últimos años y, aprovechando la coartada de la crisis, España, de la mano del Gobierno del PP está sufriendo un grave involución en materia de derechos y libertades, unos preocupantes retrocesos y restricciones democráticos. Y no nos debe de extrañar puesto que las raíces ideológicas de la derecha gobernante, no sólo se vinculan con determinados aspectos del legado franquista, sino que se remontan a figuras del más rancio conservadurismo del s. XIX. Este es el caso de Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), cuya larga sombra sigue muy presente (como permiso de Ángela Merkel) en el ideario político del actual PP.

    Dicho esto, debemos recordar que, como señala José Antonio Piqueras en su libro Cánovas y la derecha española. Del magnicidio a los necon (2008), el político conservador se convirtió en el principal referente ideológico de la derecha española durante la Transición democrática. Eran los tiempos en los que, como recordaba el historiador Carlos Dardé, la derecha postfranquista intentaba darse un barniz democrático y en el que los dirigentes populares intentaban “pasar por nietos de Cánovas antes que por hijos de Franco”, aunque esta última herencia, especialmente si tenemos presente el permanente obstruccionismo del PP ante las políticas públicas de impulso de la memoria histórica democrática, sigue resultando evidente. No fue casualidad que, en tiempos de Manuel Fraga, se crease la Fundación Cánovas del Castillo la cual se convirtió en el referente ideológico del PP hasta que, durante el Gobierno de José María Aznar, ésta, junto con otras fundaciones afines a los populares, se integraron en el año 2002 en la FAES.

   La herencia política de Cánovas no sólo fue patente durante la Transición sino que se extiende hasta el momento presente y su influencia ha sido patente en el rearme ideológico de los conservadores españoles, especialmente en el caso de neocon tan influyentes como Aznar o Esperanza Aguirre.

   El momento estelar de la magnificación de la figura de Cánovas tuvo lugar en 1997 con motivo del centenario de su asesinato, cuando era Presidente del Consejo de Ministros, a manos de un militante libertario. El entonces Gobierno de Aznar concedió el carácter de “celebración de Estado” a la conmemoración del magnicidio de Cánovas y dichos actos tuvieron una clara instrumentalización política ya que, tanto el Gobierno Aznar como el PP, aprovecharon para reivindicar los principios y valores de la derecha conservadora, entre ellos, la religión, la familia y la nación española, presentando a Cánovas como uno de los padres del Estado-nación liberal y centralista. Con este motivo, se impulsó una intensa campaña propagandística de la figura de Cánovas mediante la edición de libros, documentales y la celebración de exposiciones, seminarios y conferencias laudatorias sobre el legado de Cánovas, el principal político conservador de la España de la Restauración.

    Pero, frente a tanta exaltación canovista, la realidad de su herencia política es bien distinta. Como señalan Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada (2007), “convertir a Cánovas en icono nacional resultó un ejercicio lleno de dificultades en la España democrática” por tres razones fundamentales que los dirigentes populares obviaron deliberadamente: su carácter antidemocrático (siempre se opuso frontalmente a establecimiento del sufragio universal en España), por sus medidas represivas contra la clase trabajadora y el movimiento obrero y, también, por haber sido el artífice de un sistema político corrupto basado en el caciquismo y en el consiguiente fraude electoral sistemático. Vistas estas líneas maestras de la política canovista del s. XIX, no es difícil asociarlas con la actuación del actual Gobierno de Rajoy y sus lacerantes recortes de derechos y libertades (incluida su pretensión de reforma del sistema electoral), la merma de derechos laborales y, en cuanto a la corrupción, ¿qué decir de las vinculaciones con el caso Gúrtel y del hecho de que todos los tesoreros del PP están (o han estado) incursos en procesos penales?.

   Frente a estas evidencias, la conmemoración del centenario de la muerte de Cánovas en 1997, nos lo presentaba como “un visionario que había traído la estabilidad al país con la restauración de la monarquía tras una serie de revoluciones y guerras civiles iniciadas en 1868” (Balfour-Quiroga). Esta imagen significaba, desde el punto de vista conservador, una exaltación de la monarquía como elemento clave de la estabilidad de España, así como que los cambios políticos del sistema debían ser “moderados” y producirse siempre a partir del consenso previo entre los dos principales partidos de la Restauración (conservadores y liberales) y siempre y cuando no implicasen crítica algún a la Corona.  Estas son precisamente las mismas ideas que prevalecen en el PP actual: defensa cerrada de la monarquía (a pesar de su anacronismo y escándalos) y necesidad de preservar el sistema político (a pesar de sus carencias y déficits democráticos) forzando un gran pacto de Estado ente el PP y el PSOE, tanto en materia económica, como electoral y territorial. Esto es canovismo puro, la herencia de una vieja, apolillada y decimonónica política conservadora.

   Como señala Millán y Romero, Cánovas creó un sistema antidemocrático “que impidió la consolidación de una sociedad civil participativa y una esfera pública nacional integradora” lo cual fue generando una brecha cada vez mayor entre la identidad nacional popular y el nacionalismo oficial de la monarquía de la Restauración. Exactamente como ocurre en la España actual y que se plasma en la aparición de nuevos movimientos políticos y sociales que cuestionan el sistema surgido de la Transición y que ha generadola profunda crisis identitaria y territorial en la que nos hallamos sumidos.

    La sombra de Cánovas, desde el s. XIX hasta la actualidad, además de alargada, como los cipreses de Delibes, es lacerante y con evidentes rasgos antidemocráticos, antisociales y con un uso descarado de la corrupción en beneficio de los intereses partidarios. Esa es la herencia de Antonio Cánovas del Castillo en el actual y descentrado Partido Popular. Y esa herencia es muy preocupante.

José Ramón Villanueva Herrero

Etiquetas: política, conservadora, corrupción, Partido, Popular

     Al problema que supone este caballo encabritado que es la crisis económica, se ha unido en España  la no menos grave crisis territorial planteada por el proceso secesionista de Cataluña. Si reprochable resulta el inmovilismo numantino de un rancio y trasnochado nacionalismo españolista, produce tristeza constatar el que los nacionalismos periféricos, al margen de sus legítimas aspiraciones de autogobierno, han actuado con excesiva frecuencia con una deslealtad constitucional, tanto en la España democrática surgida tras el final de la dictadura franquista, como en otros períodos anteriores.

      Recordando las lecciones de la historia, me viene a la memoria la actitud de los nacionalistas vascos y catalanes durante nuestra guerra civil en la que, éstos, conscientes de la inevitable derrota militar de la República ante el embate fascista,  intentaron llegar a un quimérico acuerdo con las fuerzas franquistas. En este contexto, tuvo lugar el enfrentamiento entre Juan Negrín, el presidente del Gobierno republicano, y la actuación del PNV y de ERC, un enfrentamiento con un profundo calado político. De hecho, como señalaba Ángel Viñas, Negrín siempre consideró que, para derrotar al fascismo era imprescindible recuperar y fortalecer la autoridad del Estado republicano ya que, “la alternativa era el caos” y, por ello, había que evitar, en tan difíciles circunstancias, el “taifismo”( bien fuera éste vasco, catalán o anarquista) y la disgregación de la autoridad.

    Debemos recordar el llamado Pacto de Santoña del 24 de agosto de 1937, la rendición del Ejército de Euskadi ante las tropas fascistas italianas y que  supuso un duro golpe por parte del PNV a la causa republicana y una enorme torpeza al confiar en una impensable “generosidad fascista” para con el pueblo vasco, la cual, obviamente,  nunca existió.

    Tras este pacto, para muchos, una “traición”, Negrín, que siempre desconfió de los nacionalismos insolidarios,  temiendo que también la Generalitat de Cataluña pretendiera buscar una solución unilateral a la guerra, decidió trasladar la sede del Gobierno republicano  a Barcelona a finales de octubre de 1937 con el doble objetivo de evitar una posible traición por parte del nacionalismo catalán y, también, para garantizar el control gubernamental de la vital frontera con Francia. Como señaló el dirigente comunista Palmiro Togliatti, se pretendía, así, impedir  “que triunfase en Cataluña un movimiento favorable a la paz separada con el fascismo”.

    Negrín no estaba equivocado ni sus temores eran infundados pues eran conocidos los intentos de Euskadi y Cataluña de llegar a una paz por separado con Franco y, para ello, como señala Josep Sánchez Cervelló,  aunque hubo intentos desde finales de 1936, tras la ruptura del frente de Aragón (marzo 1938), tanto el Gobierno Vasco como la Generalitat catalana realizaron gestiones en Londres y París con objeto  de lograr una mediación franco-británica que salvaguardase sus respectivos autogobiernos. De este modo, los nacionalistas vascos y catalanes soñaron con una quimérica negociación por su cuenta para lograr el cese de hostilidades en sus territorios a cambio de unas reivindicaciones específicas cuales eran: la presencia propia de Euskadi y Cataluña en una hipotética conferencia de paz, respeto a sus Estatutos de Autonomía, plebiscito separado en cada uno de estos territorios sobre la naturaleza de su futuro régimen político y la desmilitarización de Euskadi y Cataluña, reivindicaciones éstas, que acertadamente calificó Ángel Viñas de estar llenas de “ombliguismo” y “candidez”. Esta diplomacia secreta, en la que en cierta medida participó el Vaticano, supuso, lógicamente, un empeoramiento de las relaciones de Negrín con respecto al lehendakari Aguirre y el president Companys,  si bien es cierto que, a pesar de esta deslealtad política, la inmensa mayoría de la población vasca y catalana se mantuvo fiel a la causa republicana.

    Tras la Conferencia de Munich (29-30 octubre 1938), cuando la guerra ya estaba perdida definitivamente para la República, se produjeron nuevas actuaciones del Gobierno de Euskadi ante el Foreign Office en defensa de la autodeterminación vasca. Por su parte, la Generalitat realizó gestiones en París llegando incluso a plantearse  un cesión territorial de Cataluña a Francia, lo cual, además de un sinsentido, asestaba, en las contundentes palabras de Ángel Viñas,  “una puñalada por la espalda al Gobierno de la República”.Por ello, frente a esta desafección, recuerdo la frase que Manuel Tuñon de Lara dijo a Eloy Fernández Clemente y que éste recoge en sus memorias: “Jamás te avergüences de España: es el único país con Vietnam que resistió tres años un golpe de Estado”.

    Vueltos al presente, ante la actual crisis territorial, ante la inacción del Gobierno de Rajoy,  incapaz de ofrecer ninguna propuesta ilusionante frente a las derivas  insolidarias del secesionismo nacionalista, el concepto de España se halla en una preocupante crisis identitaria de incierto futuro. Las actitudes de unos y otros parecen conducirnos, como decía Iñaki Gabilondo, en un frenético galopar, hacia una embestida fatal. Ante este horizonte, siempre me he manifestado partidario del derecho a decidir del pueblo catalán y de una redefinición del modelo territorial español en torno a una República federal que articule de una manera más armoniosa la innegable plurinacionalidad de lo que, en otros tiempos, se denominaba “las Españas”, nuestra nación de naciones. Ha llegado el momento de tomar decisiones valientes y, además de las apuntadas, no sería descabellado plantear que, en una futura República federal, la capital  de España debería de ser trasladada a Barcelona, como en su día hizo el presidente Juan Negrín, lo cual, además de una ruptura con las inercias centralistas, sería un elemento de mayor articulación e integración territorial que, sin duda, limitaría los anhelos, por otra parte legítimos, del secesionismo catalán. Una cuestión ciertamente polémica, pero también imaginativa.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: Canarias Noticias, 11 noviembre 2014)

     La presidenta Rudi ha ofrecido su visión de un Aragón que se halla muy lejos de la realidad. Su discurso,  como era previsible, exalta la gestión del gobierno PP-PAR en la misma medida que adolece de la necesaria autocrítica.

     Su empacho de triunfalismo le hace considerar como“un hecho incontestable” el final de la crisis, el inicio de la recuperación económica y la creación de empleo neto en Aragón. Está convencida, como San Jorge, de haber vencido al dragón de la crisis, pero éste sigue echando bocanadas de fuego, produciendo enormes desgarros sociales y que, tras los datos macroeconómicos,  está el sufrimiento real y cotidiano de miles de aragoneses.  Esa visión irreal aparece también en sus políticas en materia de sanidad, servicios sociales o educación, donde el Estado de Bienestar ha sufrido  voraces dentelladas: por mucho que se quieran maquillar los datos,  la realidad es bien tozuda.

José Ramón Villanueva

(valoración del discurso de la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, con motivo del debate del estado de la región publicado en El Periódico de Aragón, 17 julio 2014)

Etiquetas: Aragón, debate, estado, región, Luisa, Fernanda, Rudi

     Un impetuoso vendaval de  indignada desafección sacude a las instituciones de nuestra democracia representativa: a la vista está el descrédito de los partidos políticos convencionales y, de forma especial, del sistema bipartidista, descrédito extensivo también, a la Corona.

     La anunciada abdicación de Juan Carlos I, lógica y necesaria habida cuenta del creciente desgaste y errores cometidos por el monarca y diversos miembros de la familia real, sobradamente conocidos, es un intento de apuntalar, en la figura del príncipe Felipe, el cuarteado edificio de la monarquía española.

     En estos días asistiremos a una previsible avalancha apologética de la figura y la labor del abdicado soberano,  magnificando de forma laudatoria el papel del rey durante los años de la Transición o en el frustrado golpe de Estado del 23-F. Sin  embargo, ahora, la cuestión prioritaria no debe de ser el garantizar el futuro de una monarquía, institución ya de por sí anacrónica, sino el de regenerar en profundidad nuestra alicaída democracia, su credibilidad como instrumento útil para salvaguardar los derechos y libertades y, para ello, resulta indispensable abrir los cauces hacia una democracia más participativa en la cual la opinión de la ciudadanía pueda expresarse con mayor plenitud.

     Estoy convencido que este vendaval democrático arrastrará a toda institución, bien sean partidos políticos o bien la misma Corona, que no asuma con coraje estas demandas, este nuevo tiempo político que exige abrir cauces nuevos hacia una sociedad más libre, justa y participativa. En consecuencia, es el momento de plantear la necesidad de celebrar un referéndum para elegir la forma que, mayoritariamente, deseamos los españoles para la Jefatura del Estado. Esta cuestión, estas “elecciones primarias” para optar entre monarquía o República, resulta ya inaplazable, fundamental por motivos de salud democrática, en la agenda política, tal y como  han demandado diversos partidos políticos o la  Corriente Izquierda Socialista del PSOE a la cual estoy adscrito.

     Y, de convocarse, como deseo, el citado referéndum, pienso sinceramente que el futuro pasa por la opción que representa la República federal, tanto en cuanto simboliza una garantía e igualdad plena de derechos y libertades, un modelo de Estado laico y auténticamente solidario para todos los territorios que, libremente, decidan conformar este Estado plurinacional que llamamos España.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 de junio de 2014)

Etiquetas: abdicación, real, referéndum, República, Federal

     Por ciénaga entendemos un lugar malsano, difícilmente habitable, lo mismo que ocurre actualmente con los Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIE, en que los inmigrantes indocumentados, los “sin papeles”, son encerrados como medida previa a su expulsión. En los 8 CIE existentes en España (5 en la península y 3 en Canarias),  han pasado 60.000 personas en los últimos cinco años, bien fueran éstos recién llegados a nuestras costas en pateras o bien otros que llevaban años en España en situación irregular por carecer de permiso de residencia lo cual, recordemos, es una infracción administrativa pero nunca un delito.

     Los CIE, creados tras la aprobación de la polémica Ley 7/1985 sobre Derechos y Libertades de los extranjeros, han sido objeto de un aluvión de críticas por la opacidad de su funcionamiento y por la vulneración de os derechos humanos de los inmigrantes en ellos internados. Además, se han producido en los CIE algunos fallecimientos como los de Idrissa Diallo (enero 2012) o Samba Martina (diciembre 2011), cuyos nombres han sido borrados por el viento y el olvido, como los de tantos otros inmigrantes que pierden la vida en su sueño de alcanzar una vida mejor atravesando desiertos y mares en condiciones muy precarias.

     Las críticas a los CIE proceden tanto de diversas ONGs como del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía y de diversas instancias judiciales e internacionales. Los principales reproches se deben a que, frente a lo que insta la normativa de la Unión Europea, en concreto la Directiva 2008/115/CE, conocido como la “Directiva de Retorno”, los CIE se rigen por un modelo policial gestionado por el Cuerpo Nacional de Policía  y en el que los internos son considerados prácticamente como delincuentes, sin considerar las circunstancias políticas, económicas o humanitarias que motivaron la salida de sus países de origen. De este modo, los CIE, pese a tener nominalmente un carácter no penitenciario y a su función exclusivamente preventiva o cautelar con el fin de tramitar una expulsión, la realidad es bien distinta hasta el punto de que existen más garantías para los internos en un Centro Penitenciario que para quienes se hallan retenidos en los CIE. De este modo, resulta especialmente grave el hecho de que las condiciones de vida en los CIE  sean peores que en una cárcel a pesar de que, excepto la “libertad deambulatoria”, el resto de los derechos y libertades deberían de de estar garantizados. Y, sin embargo, las restricciones de estos derechos y libertades son constantes: la información que reciben los inmigrantes a su llegada no la entienden porque está escrita en una lengua que no conocen, porque no saben leer o porque está redactada en lenguaje técnico. Además, no reciben información comprensible de su situación jurídica concreta, de las gestiones que se realizan durante su internamiento o la fecha de su expulsión, todo ello unido a las dificultades para contactar con sus abogados. En cuanto a las expulsiones, éstas se realizan sin previo aviso, ya sea de día o de noche, sin indicar la fecha, hora, localidad de destino los datos del vuelo, todo lo cual no se comunica a la familia ni en su caso, al abogado.

     Junto a todo lo anterior, el descrédito de los CIE se debe, también a otras de sus condiciones de funcionamiento interno: no disponen de servicio de traductores e intérpretes, la comunicación con el exterior es muy limitada, el régimen de visitas tiene tintes carcelarios, la asistencia social y sanitaria resulta muy deficiente, no existen actividades estructuras (ocio, juego, deporte, formación o educación), se carece de enfermerías y atención psicológica, llegándose al caso de que algunos CIE, como es el caso del de Barcelona, las celdas no tienen inodoros razón por la cual por la noche los internos tienen que llamar a un policía para que los acompañe al aseo.

     Ante esta lamentable situación, en una reciente publicación de Cristianisme i Justìcia, Cristina Manzano (Centro Pueblos Unidos) y Josetxo Ordóñez (Fundació Migra Studium), exigían, en relación a este tema la reducción de la población de los CIE a medio plazo ya que “la exigencia de una orden de expulsión no es suficiente para privar de libertad a una persona”, la necesidad de que el nuevo  Reglamento de 2014 sea plenamente garantista, que mejore sustancialmente las condiciones de internamiento y revise el modelo policial actual. Además, se debe  iniciar un debate riguroso sobre el tema de la expulsión como eje de la política migratoria, del internamiento como su instrumento y de la misma existencia de lugares como los CIE.  Y todo ello porque, como señalaban los citados Manzano y Ordóñez, “el modelo actual resulta una deshonra y un descrédito para la sociedad que los alberga y porque produce sufrimiento gratuito a quienes son recluidos en ellos”.

    Ciertamente, resulta necesario un debate social y político sobre el actual funcionamiento e idoneidad de los CIE, los lugares más cuestionados y represivos de la actual política migratoria. Tal vez de este modo se pueda acabar con esta ciénaga pantanosa y malsana en la que, hoy por hoy, parecen haberse convertido los CIE en España.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 4 mayo 2014)

Etiquetas: Inmigración, Derechos, Humanos

     La aprobación el pasado 27 de febrero por parte de la mayoría absoluta parlamentaria del PP de  la limitación a la jurisdicción universal, regulada en el artículo 23 de la Ley 6/85 Orgánica del Poder Judicial,  supone  la práctica imposibilidad de que los tribunales españoles puedan investigar y enjuiciar delitos penados por el  derecho internacional tan graves como  el genocidio, los crímenes de guerra, las desapariciones forzadas o la tortura.

     La inquietante involución de la derecha gobernante en esta materia, un auténtico eclipse ético, ha hecho que  España, la tan mentada “marca España”, haya pasado de la mano de la tijera legislativa del PP, a consagrar la impunidad de los crímenes contra la humanidad, todo un cínico ejercicio de utilitarismo frente a los valores de la ética y la justicia. Al  igual que ya hizo Rajoy ante las imposiciones de la dictadura de los mercados y de la Troika, ha vuelto a claudicar en esta cuestión de humanidad para no contrariar a los poderosos intereses económicos y políticos  de China y de los Estados Unidos. Ya lo dijo tan ufano el diputado popular José Miguel Castillo cuando aludió a que, con estas limitaciones jurídicas, se había acabado en España lo que él calificaba con desdén como “la justicia quijotesca”, cuando ésta debería de ser un título de orgullo para cualquier político, para cualquier legislador que, pese a las dificultades, decida acometer con coraje la lucha contra los nuevos molinos de viento, convertidos hoy en genocidas y criminales de guerra tan repugnantes como Franco, Pinochet, George Bush o Jianj Zemin.

     España, también en este tema, de la mano de una derecha sin complejos, está empeñada en hacer retroceder el reloj de la historia y de la justicia a tiempos que creíamos superados. Ante esta impunidad, revestida de aparente legalidad, Baltasar Garzón nos recordaba que, “las voces que postulan el olvido [de estos crímenes] pueden tener algún argumento dialéctico o incluso político, pero no moral”. De hecho, esta pretensión involucionista, como bien señalaba Gaspar Llamazares, pese a su aprobación parlamentaria, tiene claros tintes anticonstitucionales.

     Resulta indignante que el nuevo marco legal aprobado en solitario por el PP, por muy mayoría absoluta que ésta sea, carece de una legitimación que no da la aritmética parlamentaria, que procede de la ética, la justicia y el derecho internacional. Resulta indignante que el PP extienda el manto de la impunidad, al igual que ya hizo con los crímenes del franquismo, deuda pendiente de nuestra democracia, sobre causas abiertas en los tribunales españoles como los genocidios en el Tíbet, el Sahara, El Salvador o Ruanda, los bombardeos sobre Gaza, los crímenes de las campos de concentración nazis o de Guantánamo, así como también el asesinato de José Couso. De esta forma, España va a pasar de adalid de la aplicación de la justicia universal a incumplir todos los convenios que, en materia de legislación penal internacional, ha suscrito tales como, entre otros, la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2007 (ratificada por España en el 2009). Para nuestra desgracia, España se ha convertido en un lamentable abanderado de la impunidad universal ante la mirada complaciente de los EE.UU. o China, que siempre se han negado a reconocer al Tribunal Penal Internacional. Por todo ello, una vez más resulta una triste evidencia el constatar, en palabras del prestigioso historiador Ángel Viñas, que en España “vivimos una democracia de baja intensidad y de raíces muy endebles”.

     Debemos recordar que la justicia universal, ahora cercenada en España, permite que los jueces de todos los países del mundo puedan abrir investigaciones sobre cualquier tipo de violaciones graves de los derechos humanos, llevando ante los tribunales a los autores de tan execrables crímenes, sin importar quien los haya cometido. En este sentido, viene a la memoria una fecha memorable, la del 16 de octubre de 1998, en la cual el juez Garzón emitió una orden de detención contra el general Pinochet, todo un hito en la aplicación del principio de justicia universal, orden que tan entorpecida fue por el entonces gobierno presidido por José María Aznar. Igual de memorable fue el sumario 53/2008 sobre las víctimas del franquismo, también incoado por  Garzón y  en el que constan los nombres de 143.353 víctimas causadas por la represión fascista durante la guerra civil y la posterior dictadura. Ya sabemos que por esta razón y, por la investigación de la trama Gürtel, la derecha política, mediática y judicial, neutralizó la carrera judicial de Garzón pero, pese a ello, sigue habiendo 143.353 razones para que los demócratas españoles defendamos la aplicación de la legislación penal internacional. Lamentablemente, cuando la justicia española cierra sus puertas y, mientras se demanda la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo, las víctimas se ven obligadas a recurrir,  en aplicación de la legislación penal internacional que en España no encuentran, a los tribunales de Argentina o a pedir amparo ante el Parlamento Europeo.

     Estamos asistiendo a un triste réquiem por la justicia universal en España. Evocando la célebre novela de Ernest Hemingway Por quién doblan las campanas, constatamos con dolor que, dada la posibilidad de que los tribunales españoles actúen con arreglo a los principios de la justicia universal,  aquellas lúgubres campanas vuelven a redoblar hoy  por nosotros, por la cada vez más degradada calidad de la democracia en España.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 10 marzo 2014)

Etiquetas: justicia, universal, memoria, histórica, crímenes, contra, la, humanidad, impunidad

     Las primarias socialistas han supuesto un  soplo de aire fresco en la anquilosada estructura de los partidos políticos pues suponen un mecanismo imprescindible  para profundizar nuestro sistema democrático, máxime en unos momentos  en los cuales éste sufre una preocupante desafección por cuestiones de todos conocidas: corrupción, descrédito de la política, auge de ideas y partidos populistas y de extrema derecha, etc. Por ello, las primarias son un instrumento que, como señalaba Carles Boix, permiten avanzar  en la democratización de la vida pública, hacen más transparente la toma de decisiones colectivas, introducen nuevas ideas en el foro público, además de alentar y reactivar el debate político.

      En estos tiempos en que se imponen las políticas neoliberales de ajuste duro, con una socialdemocracia sumida en un claro desconcierto ideológico en el que, como señalaba el politólogo Sami Naïr la izquierda europea está “completamente desorientada”, resulta imprescindible que los partidos progresistas se rearmen ideológicamente, recuperen la iniciativa política e impulsen mecanismos de democracia interna que favorezcan la participación y  la capacidad de decisión de los militantes y la ciudadanía sobre la voluntad e intereses orgánicos de los “aparatos” de dichos partidos. En esta línea hay que entender los procesos de primarias. En este proceso de profundización democrática, pienso que sería oportuno modificar el artículo 6º de la Constitución española siguiendo el ejemplo de la Constitución de la República del Ecuador en la que es obligatoria la celebración de primarias en todos los partidos que concurren a las elecciones.

     Hasta ahí la teoría y las buenas intenciones. Pasemos a la realidad. A nivel nacional, un primer error del PSOE ha sido el no optar por las primarias para elegir la candidatura a las próximas elecciones europeas designando para cabeza de lista a Elena Valenciano  obviando así la opinión de militantes y simpatizantes. En cambio, para las elecciones generales, resulta muy positivo el plantear unas primarias abiertas a la ciudadanía y con un umbral de avales del 5%. En el caso concreto de las candidaturas autonómicas, existe diversidad de condiciones y requisitos según los distintos territorios y, en el caso concreto de Aragón, sorprende negativamente una serie de medidas restrictivas que, sin duda, limitan la participación y la pluralidad cual son el optar por unas primarias cerradas a la militancia y en elevar los avales requeridos para concurrir a ellas al 15 % de los censos de la afiliación socialista aragonesa.

     El hecho de que hayan aparecido las candidaturas alternativas de Fernando Heras y Jesús de Val con la intención de competir con Javier Lambán, el candidato oficial, y la actitud que hacia Heras pueda tomar la dirección y el aparato del PSOE aragonés, será la prueba del algodón de la limpieza y transparencia del proceso, de comprobar si la militancia vamos a tener  la ocasión de ejercer nuestro “derecho a decidir” sin cortapisas ni condicionantes previos. Veremos, pues, si asistimos a unas primarias de verdad, con el debate y confrontación de dos (o más) candidatos, de conocer sus enfoques, matices y proyectos o, como señalaba recientemente José Luis Trasobares, a un simulacro de primarias orquestado y dirigido para que nada cambie, desoyendo el clamor y los anhelos de renovación, transparencia, apertura y mayor democracia interna demandados por amplios sectores del socialismo aragonés.

      Por todo lo dicho, resulta esencial evitar que la convocatoria de primarias en el PSOE-Aragón no acabe siendo unas primarias “a la andaluza”, unas primarias con candidato único (y oficial) que anulen  el debate y la plural expresión democrática de la voluntad de la militancia ya que, lamentablemente, se ha impedido que fueran unas primarias abiertas a los simpatizantes, a la ciudadanía progresista, hoy tan alejada y recelosa de la prácticas orgánicas del PSOE.

      Consecuentemente, que se presenten varios candidatos entra dentro de la más estricta normalidad democrática: recordemos que en las modélicas primarias del PS francés de 2011 hubo 6 candidatos. No resulta pues, aceptable que el saludable debate democrático  sea interpretado en algunas esferas como una división, una fractura interna  o una deslealtad ya que, bien al contrario, si no hay pluralidad de candidatos y propuestas, es cuando se aplica la “dedocracia”, prevalece la voluntad de los “aparatos” y “familias” partidarias, que no la de las bases, y ello supone en definitiva un grave déficit democrático. Que haya distintas opciones, distintas sensibilidades y candidaturas, que no se pongan trabas a las listas alternativas, es ejemplo de que un partido está vivo, que es sensible al sentir ciudadano y que es capaz de ofrecerle propuestas de futuro y de progreso. Es por ello que, dado que Fernando Heras y Jesús de Val han tenido el coraje político de presentar candidaturas alternativas éstas deberían contar, de verdad, con las mismas condiciones de acceso a los censos, a las agrupaciones socialistas y a la militancia que la candidatura oficial de Javier Lambán.

      Aún con las dudas apuntadas, confiemos en que el actual proceso de primarias  sea respetuoso con la voluntad soberana de la militancia y, de este modo, sea percibido como un ejercicio democrático y transparente por la sociedad aragonesa y a cuyo progreso  debemos orientar nuestros esfuerzo e ideales. En ello nos va el ser o no ser de la  credibilidad y del futuro del PSOE aragonés.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 24 febrero 2014)

Etiquetas: elecciones, primarias, política, socialismo, democracia, interna

     En este año que concluye, se cumplió el 300 aniversario del Tratado de Utrech de 1713 mediante el cual España cedió Gibraltar al Reino Unido. Lejos de nostalgias patrioteras, la cuestión de Gibraltar sigue siendo una herida abierta en nuestra historia que algún día habrá que resolver. Por ello, tras tres siglos de “controversia gibraltareña”, como señalaba Alejandro del Valle Gálvez, catedrático de Derecho Internacional Público, España deber reflexionar sobre su posición y las posibilidades de acercamiento y acuerdo en este dilatado y complejo contencioso.

   En la cuestión de Gibraltar,  varias son las controversias que siguen sin resolverse. El primer lugar, el alcance de la cesión de soberanía pues, con arreglo al artículo X del Tratado de Utrech, el territorio realmente cedido era muy limitado: tan sólo el recinto intramuros de Gibraltar (ciudad, castillo, con su puerto, defensas y fortaleza) pero sin ningún territorio fuera de las murallas, lo que excluye de soberanía británica tanto a la montaña (la Roca) como al itsmo de tierra que une a la colonia con La Línea, a pesar de que  sobre ambos los británicos ejercen su jurisdicción, y no una soberanía que nunca les fue cedida.. En segundo lugar, y enlazando con lo anterior, otra controversia deriva de la apropiación del itsmo por el Reino Unido ya que nunca se estableció una línea fronteriza ni posteriormente se realizó una demarcación, por lo que la actual verja es una delimitación unilateral británica que nunca ha sido aceptada por España. Y, en tercer lugar, la cuestión de las aguas, tema éste que se ha agudizado durante el mandato de Fabián Picardo, el actual Ministro Principal de Gibraltar y que ha originado un conflicto pesquero con numerosos incidentes en la bahía de Algeciras. Sin embargo, una lectura literal del Tratado según la cual la soberanía de la montaña sigue siendo española, supondría un cambio del estatuto jurídico de las aguas en disputa puesto que, al no generarse espacios marítimos británicos, éstas serían españolas y Gibraltar carecería de aguas territoriales propias.

     Ante estas cuestiones, se constata cómo, en la actualidad, los cauces jurídicos y políticos para resolverlos se encuentran inoperantes. Así, esta “crisis negociadora”, supone un agotamiento o cuestionamiento de los marcos negociadores pues la cuestión de Gibraltar se halla enquistada, desde 1964,  en el Comité Especial de Descolonización de la ONU; el Proceso de Bruselas para la co-soberanía del Peñón está bloqueado desde 2002 y  lo mismo ocurre con el Foro de Diálogo Tripartito (España-Reino Unido-Gibraltar), creado en 2004 y que, desde enero de 2012, el Gobierno de Rajoy ha reestructurado como Foro Cuatripartito, negando la representación directa a los gibraltareños y, en cambio, incluyendo,   junto a las delegaciones de los gobiernos de Londres y Madrid, a representantes de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y de la Junta de Andalucía.

   Así las cosas, es necesario relanzar las negociaciones por nuevas vías imaginativas, y algunas se han ido planteando. Este fue el caso del Proceso de Bruselas y las propuestas de co-soberanía surgidas en las negociaciones entre Aznar y Blair durante 2000-2002, las cuales no llegaron a buen puerto por el boicot de Gibraltar y la oposición británica la utilización conjunta de las bases militare y,  sin embargo, es de justicia reconocer que, pese a su fracaso, han sido el único y más serio intento de llegar a un acuerdo aceptable que reemplazase al vetusto Tratado de Utrech. Otras propuestas para desbloquear el contencioso fueron las que planteó Peter Caruana, el anterior Ministro Principal de Gibraltar, de optar por el modelo del Principado de  Andorra y su bicéfala jefatura de Estado, propuesta que generó temor por las posibles repercusiones que pudiera tener sobre las reclamaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, o la idea de considerar a Gibraltar como una ciudad vinculada a las coronas española y británica con un estatuto especial dentro de  la Unión Europea.

     Retomando de nuevo las ideas de Alejandro del Valle, éste plantea como opción más razonable que España acordase con el Reino Unido “un tratado internacional que de algún modo reconozca la soberanía española actual y futura sobre los espacios actualmente bajo jurisdicción británica, y que establezca un nuevo estatus jurídico internacional que respete la actual organización institucional gibraltareña”.  Esta propuesta, para ser un viable, deberá conciliar los tres intereses en cuestión: el militar y de seguridad para el Reino Unido, la recuperación de la soberanía para España y la consulta de la población gibraltareña, a la cual, con arreglo a su nueva Constitución de 2006, se le reconoce, lógicamente,  el derecho a decidir democráticamente su futuro y, en consecuencia, poder para vetar los acuerdos hispano-británicos que considere perjudiciales. Además, esta apuesta por un nuevo estatuto internacional debe vincular a la Roca con el Campo de Gibraltar y con Andalucía para poder ofrecer a los gibraltareños, que son el 4º territorio del mundo con mayor renta per cápita, un futuro estratégico de intereses compartidos.  Tal vez, de este modo, dejemos de estar, como viene sucediendo en estos últimos 300 años, enrocados en (y por) Gibraltar.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 diciembre 2013)

Etiquetas: Gibraltar, descolonización, co-soberanía

     El 24 de noviembre de 1936 llegaba a Valencia Antonio Machado, evacuado de Madrid por el Gobierno de la República y en la capital levantina residió hasta abril de 1938, fecha en que se trasladó a Barcelona. El poeta, apesadumbrado por una guerra fratricida, une a su profunda tristeza su precario estado de salud pues, como dijo Alberti, “su poesía y su persona habían sido tocadas de aquella ancha herida sin fin que había de llevarle poco después hasta su muerte”. Pese a ello, su obra poética  de este período es militante: defiende en sus versos el ideal republicano, elogia a la URSS, a Líster y al Quinto Regimiento, critica con dureza a la Italia fascista y la Alemania nazi.

     Machado, aquel viejo republicano que había izado la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia el 14 de abril de 1931, siente  “estupor” por las consecuencias del golpe militar (“la militarada”) que le sorprendió en Madrid y se emociona recordando la defensa popular de la capital, pues “aquello fue la heroica barrera que segó en flor la marcha triunfal de la bárbara bestia” (entrevista en Fragua social, 19-XII-1936). Percibe  como nadie el sentir  del pueblo leal, del que está al lado de la República y así se lo escribió en abril de 1937 a David Vigodsky: “En España lo mejor es el pueblo […] En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva”.

     Machado, en su etapa valenciana, al igual que otros intelectuales antifascistas, firmó diversos documentos a favor de la República, entre ellos, el Manifiesto de profesores y artistas españoles apelando a la conciencia del mundo (febrero 1937) en el que, de forma premonitoria, se decía que “la guerra de España puede ser, en efecto, el prólogo sangriento de una guerra mundial de proporciones incalculables” o el de Los intelectuales de España por la victoria total del pueblo (marzo 1938). En diversos escritos, dejó patente su firme antifascismo: califica a los franquistas de “traidores”, siervos de Italia y Alemania que han perdido la condición de españoles ya que “de ningún modo podemos considerar como españoles a quienes decidieron vender a España, no sabemos por cuantos denarios” y define al  fascismo como “la fuerza de la incultura”. Reclama la unidad de todas las fuerzas antifascistas  “puesto que todas nuestras energías deben de concentrarse en un fin único: aplastar al fascismo”. A este objetivo, convoca también a los jóvenes: en una alocución dirigida a  los estudiantes republicanos les insta al compromiso político ya que “los estudiantes deben de hacer política, si no, la política se hará contra ellos”, una aseveración de absoluta vigencia. También destacaba repetidamente el papel que deben desempeñar los intelectuales,  los cuales deben de estar siempre al lado del pueblo. Así lo hizo García Lorca y, al saber de su asesinato, escribió dolorido que “se ha perpetrado el crimen más estúpido y condenable” con el poeta granadino.

     En relación a la guerra, son frecuentes sus elogios a la heroica defensa de Madrid y al Ejército Popular. También  denuncia la brutalidad fascista: de este modo, envió un texto al Congreso de la Paz a celebrar en París expresando “su airada protesta contra los bombardeos aéreos de las ciudades abiertas”, que califica de “crímenes abominables” y de “lesa humanidad”, texto escrito a la luz de una vela mientras “estas mismas aborrecibles bombas están cayendo sobre nuestro techo”. Especialmente contundente fue Machado contra la intervención nazi en España. Por boca del personaje de Juan de Mairena, su alter ego literario, hizo mención de forma premonitoria a la guerra mundial que se avecina y también a su resultado: “Alemania no ganará, pero Europa perderá la paz y, con ella, la hegemonía del mundo” y en otro texto intuye el Holocausto al aludir a “la afanosa búsqueda” de los laboratorios alemanes “de la fórmula química definitiva, que permita al puro germano extender el empleo de los venenos insecticidas al exterminio de todas las razas humanas inferiores”, algo que, poco después,  se convirtió tristemente en una dramática y oprobiosa realidad.

    Machado criticó la inhibición de las democracias occidentales ante la desesperada situación de la República española acosada por los fascismos: reprocha la hipocresía de Francia e Inglaterra y también del Pacto de No Intervención, (“la iniquidad más grande que registra la historia”) y la ineficacia de la Sociedad de Naciones. En contraste, Machado agradece el apoyo a la España leal de México y, sobre todo, de la URSS: los textos valencianos de Machado están plagados de frases de admiración hacia “la Gran República de los Soviets”, país en el que, como dirá en un poema, “desde que roto el báculo y el cetro / empuña el martillo y la guadaña”.

     Pero la suerte de la República estaba echada, también la suya. En una entrevista que le realizó Pascual Plá en agosto de 1937, reflejaba ya su desánimo ante un previsible exilio: “cuando pienso en un posible destierro, en otra tierra que no sea esta atormentada tierra de España, mi corazón se turba de pesadumbre. Tengo la certeza de que el extranjero significará para mí la muerte”.  Y así fue: Machado murió, desnudo de equipaje, como su célebre verso, un 22 de febrero de 1939 en el pueblecito francés de Colliure. El poeta no pudo cumplir su deseo, aquel que un día escribió en Valencia, el de “no cerrar los ojos antes de ver el triunfo de la causa popular, la causa común a toda humanidad progresiva”. Este fue el firme compromiso Antonio Machado Ruiz, de aquel viejo y coherente republicano, de aquel insigne poeta siempre presente en la memoria colectiva.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicando en: El Periódico de Aragón, 24 noviembre 2013)

Etiquetas: Machado, República:, Antifascismo

     Cual si de una pareja mal avenida se tratara, el creciente desapego entre Cataluña y el resto de España parece caminar hacia una ruptura, hacia un divorcio llamado independencia. Muchas y variadas han sido las causas que han llevado a esta grave situación, entre ellas, el frustrado proceso de reforma del Estatut entre 2003-2010, además de torpezas políticas e incomprensiones mutuas que han producido una sensación de hartazgo, tanto en Madrid como en Barcelona, hasta el punto que, como señalaba Albert Branchadell, “el Estado español está viendo erosionada su legitimidad en Cataluña de una manera inédita y hasta ahora, su repuesta puede ir paradójicamente encaminada a acelerar esa erosión”.

     Cándido Marquesán acertaba plenamente al señalar que la auténtica cuestión de fondo de la actual crisis territorial era la inexistencia en España de “un proyecto colectivo ilusionante para amplios sectores de la ciudadanía, algo básico para cimentar una gran nación”.  Y es cierto, pues todos los ideales cohesionadores se han ido desinflando y han caído en el baúl del olvido: atrás quedó la lucha contra el franquismo para conquistar la democracia, el anhelo de la autonomía y la construcción del Estado autonómico, el sueño de la integración en Europa, o la consolidación y extensión del Estado de Bienestar. Parecen ya no quedar proyectos comunes y, el desapego, hijo natural del desencanto y la decepción va ganando terreno.

     Así las cosas, emerge la opción independentista, totalmente legítima, ante la inexistencia de un proyecto para España de cohesión y de futuro: tal es así que, como señalaba Josep Ramoneda, en la actual crisis, la independencia aparece ante la ciudadanía catalana como “el único proyecto político digno de tal nombre” dado que España, en plena crisis de identidad,  parece no tener ninguno, carente como se halla de un liderazgo político digno  de tal nombre, y con escasos de referentes éticos en una clase política y empresarial socavada por la corrupción.

     Este hartazgo y desapego resulta lógico y comprensible. Tampoco es nuevo: ya se refería a él Ortega y Gasset en su España invertebrada, libro publicado en 1921. Esta obra despertó la conciencia sobre la problemática de España y en la misma se analizaban las causas de la decadencia española, la cual iba aparejada, según el fundador de la filosofía española contemporánea, a la escasez de líderes auténticos y ejemplarizantes. Ortega destacaba que lo que mantiene a las naciones unidas es la existencia de “un proyecto sugestivo de vida en común” ya que “los grupos que integran un Estado viven juntos para algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer algo juntos”. Es por ello que, en la actualidad, contrasta la diferencia entre el proyecto soberanista catalán, que ha movilizado (e ilusionado) a amplios sectores de la sociedad catalana, interclasista y transversal, con la ausencia de un proyecto “español”, con la atonía de una España que, excepción hecha del proyecto federal impulsado por el PSC, parece incapaz de ofrecer alternativas creíbles ante la creciente ola secesionista. Dado que una nación es, como diría Renan, “un plebiscito cotidiano”, la convivencia debe ser una realidad activa y dinámica, no una coexistencia pasiva y estática, por ello el lamento orteguiano ante la ausencia de “grandes proyectos, ideas y valores colectivos”.

     A estas alturas, el actual Estado autonómico resulta claramente insuficiente y esta vía, según Joaquím Lleixà, parece haber llegado al fin de su trayecto dado que “la diversidad nacional de España aún no ha logrado una acomodación suficiente”, especialmente en los casos de Cataluña y Euskadi. Y, para ello se requiere una Segunda Transición, una redefinición del proyecto que, como democracia y Estado plurinacional, debe ofrecer España, lo cual supone abandonar posturas inmovilistas y numantinas propias de la derecha nacionalista española y apostar por grandes dosis de sensibilidad hacia las nacionalidades históricas (Aragón incluido) y una gran capacidad política integradora, algo que debemos exigir a nuestros dirigentes para que realmente estén a la altura de lo que demandan las circunstancias actuales.

     Es fundamental el impulsar esa Segunda Transición tanto en cuanto supone un proyecto ilusionante y colectivo que una voluntades. En este sentido, siendo como soy un decidido partidario del derecho a decidir, ejemplo evidente de plenitud democrática y soberanía popular, estoy convencido que ese proyecto de futuro pasa por el impulso de un modelo republicano y federal.  Hoy resulta imprescindible apostar por un federalismo solidario que sirva para renovar la calidad democrática de nuestras instituciones y la convivencia armónica en el seno de la  España plurinacional. Además, este proyecto federal debe tener objetivos concretos en beneficio de los ciudadanos tal y como ya señalaba en 1988 Raimon Obiols: el impulso del crecimiento económico, favorecer la redistribución de rentas y expandir el Estado de Bienestar, ideas que hoy más que nunca tienen plena vigencia.

     Frente a tanto hartazgo y desapego derivado del movimiento soberanista en Cataluña, al igual que Machado, debemos distinguir las voces de los ecos y, entre tanto marasmo, sigo considerando válido el ideal  de Lluís Companys,  President de la Generalitat de Catalunya, cuando el 6 de octubre de 1934 proclamó “el Estado Catalán en la República Federal Española”  la cual “hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal, libre y magnífica”. Ciertamente, un ideal ilusionante y un auténtico proyecto de futuro.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 de noviembre de 2013)

Etiquetas: federalismo

     Estamos asistiendo a un ataque frontal e implacable  contra los principios y logros del llamado Estado de Bienestar por parte de las políticas neoliberales de ajuste. A este combate se ha unido la FAES, la fundación del PP presidida por José María Aznar y convertida en guardián de las esencias ideológicas de la derecha española. Ejemplo de ello es la publicación en el último número de sus  Cuadernos de Pensamiento Político (junio 2013), de un trabajo de Elisa Chuliá  titulado “A propósito de la reforma del Estado de Bienestar” que supone un claro cuestionamiento del mismo y de su viabilidad futura desde posiciones propias del más rancio conservadurismo.

     Chuliá lanza su primera crítica  al señalar que los Estados del Bienestar contienen en su interior el germen de su propia destrucción por haber logrado “éxitos sociales de primera magnitud”, los cuales han supuesto unos elevados costes económicos que la autora parece desaprobar haciendo gala de un caduco clasismo derechista tales como el aumento de la longevidad de la población, la emancipación económica y social de la mujer y el incremento de los niveles educativos de lo que llama la “fuerza del trabajo”, esto es, de la clase trabajadora. Los dardos de Chuliá se dirigen a estos innegables logros sociales y, de este modo, sobre el aumento de la longevidad, de la mayor esperanza de vida, critica que ello haya supuesto “presionar al alza el gasto en pensiones y también, en menor medida, el gasto sanitario y el dedicado a otras prestaciones sociales”. En estas ideas, parecen resonar los ecos de algunos dirigentes del FMI cuando señalaban que los ciudadanos europeos “vivimos demasiado tiempo” y ello origina  elevados costes para los Estados: quienes de este modo critican los gastos sociales, mantienen un silencio cómplice sobre la sangría que han supuesto para el erario público las quiebras y el “saneamiento” del sector bancario, la mayor estafa económica sufrida por nuestra democracia.

     En cuanto a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, aunque  reconoce que ello ha supuesto el aumento de los ingresos fiscales estatales, también ve aspectos negativos: retraso en la nupcialidad, descenso de la natalidad y, con ello, “reducción de contribuyentes” futuros, así como que las mujeres hayan dejado de ocuparse “de los miembros más vulnerables de la familia” (niños y ancianos), y un supuesto “aumento de la inestabilidad estructural” familiar, planteamientos, que recuerdan la vieja mentalidad patriarcal y retrógrada según la cual el lugar de la mujer era “en casa y con la pata quebrada”.

     El tercer ataque a las bases del Estado de Bienestar lo lanza contra la universalización del derecho a la educación. De hecho, Chuliá señala que “la amplia oferta educativa subvencionada”, ha supuesto “una ganancia agregada en cualificación de mano de obra” que, ante la situación del mercado de trabajo, “ha originado con frecuencia desempleo y sobrecualificación”.

     En consecuencia, la conclusión tiene una clara carga ideológica: los logros del Estado de Bienestar “desafían su propia sostenibilidad”, algo que la derecha nunca se ha planteado garantizar mediante la implantación de una potente política de fiscalidad progresiva siguiendo el modelo socialdemócrata escandinavo, algo contrario a la ideología de la FAES y  del PP.  Bien al contrario, lo expuesto, nítido exponente del ultraliberalismo rampante,  conduce a una peligrosa conclusión: el Estado de Bienestar tiene “desventajas competitivas” frente a otros modelos que, como el anglosajón, están mas desregulados y cuentan con menor protección social, argumento que se emplea para justificar los ajustes que, según un mantra invocado repetidamente, serviría (¿?) para impulsar el crecimiento económico y el empleo.

     Y, pese a lo dicho, Chuliá asegura que no pretende el desmantelamiento del Estado de Bienestar, aunque  introduce peligrosos caballos de Troya en su baluarte tales como considerar que éste  nació “con carácter coyuntural” y no permanente, como respuesta a la situación económica, política, social y demográfica posterior a la II Guerra Mundial y que nada tiene que ver (según Chuliá) con el  contexto de la Europa actual. Debemos recordar que,  en aquel contexto, surgió el llamado “pacto socialdemócrata”, decisivo para el desarrollo europeo, sobre la aceptación de cuatro ideas básicas: fomento del pleno empleo estable; economía mixta en la cual coexisten un sector público empresarial compatible con el libre mercado; consolidación del Estado de Bienestar, concepto socialdemócrata basado en una amplia red de servicios públicos estatales (educación, sanidad y sistema de pensiones) y, también, una fiscalidad progresiva basada en la primacía de los impuestos directos. El modelo socialdemócrata de desarrollo, eje central de política de los países más avanzados del mundo del cual los países nórdicos son un claro ejemplo, empezó a ser cuestionado por el neoliberalismo a partir de la década de 1980 y del fenómeno de la globalización. Otro misil lanzado contra la línea de flotación del Estado de Bienestar es cuando la autora señala que se tiende a identificar derechos sociales con prestaciones asistenciales, con subsidios y pensiones, algo que es un innegable (e irrenunciable) avance en nuestra calidad de vida y, con ello, parece negar nuevamente el progreso social: con este pensamiento, seguiríamos anclados en el pasado y nunca se habrían logrado los valores esenciales propios de cualquier democracia avanzada.

     Todo este cúmulo de mensajes ideológicos de la derecha ultraliberal hacen que resulte imposible creer que la  defensa efectiva del Estado de Bienestar esté garantizada mientras el poder político se halle en manos de quienes, como evidencia el ideario de la FAES y del PP, no creen en la viabilidad y necesidad del mismo como modelo idóneo de justicia y equidad social.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 12 agosto 2013)

     Cuando el 29 de mayo la Fundació Rafael Campalans vinculada al PSC hacía público el documento “Por una reforma constitucional federal” planteaba,  a lo largo de sus 40 páginas, una cuestión de indudable calado político cual es la reforma del modelo territorial español surgido del proceso autonómico desde una perspectiva federalista. De este modo, el PSC, liderado por Pere Navarro,  el rostro amable, integrador y solidario del socialismo catalán, hijo de emigrantes aragoneses de Samper de Calanda, dario del socialismo catalán busca un perfil propio en plena marea soberanista. Y es que, como señalaba Miquel Iceta, presidente de la Fundació Campalans, y dirigente del PSC, su partido no se resigna “a contemplar impasible cómo se agranda una brecha entre los catalanes y el resto de los españoles” por una serie de problemas latentes a los que no se ha sabido dar respuesta: conflictos competenciales, la representación política de las comunidades autónomas en los órganos del Estado, una justa financiación autonómica y, también el asumir con valentía política la realidad plurinacional de España, entendida ésta como “nación de naciones”. Todas estas cuestiones son razones que justifican la necesidad de una reforma federal de nuestro marco constitucional.

     Por todo ello, resulta muy oportuna la propuesta federalista del PSC. En primer lugar, porque genera un debate, tan abierto como necesario, sobre el modelo territorial español y sus disfunciones. El PSC ha sido capaz de proponer una interesante iniciativa política tanto frente a lo que Pere Navarro califica como “utopías secesionistas”, como a las tendencias recentralizadoras del PP. Sin embargo, esta voluntad del PSC de tender puentes de entendimiento entre Cataluña y el resto de España, lamentablemente, ha hallado escasos apoyos y la propuesta federalista del socialismo catalán ha recibido las duras críticas del nacionalismo españolista conservador, de los partidarios de soluciones independencistas y, también, la incomprensión de los sectores más jacobinos y centralistas del PSOE (Guerra y Bono, entre ellos) con lo que,  ante tal situación, parecía cumplirse de nuevo la vieja sentencia de Machado según la cual “en España, de cada diez cabezas, una piensa y nueve embisten”.

     En segundo lugar, redimensiona la función a desempeñar por el Senado. Ante el anquilosamiento y atrofia actual del la Cámara Alta, emergen tres posiciones: la de quienes plantean su supresión sin proponer ninguna opción alternativa, la de quienes defienden su continuidad maquillándola de reformas que nunca se llevan a cabo y la del PSC, la más interesante que opta por transformarlo en un Senado Federal dentro de un nuevo modelo territorial de una futura España federal. Las ideas anteriores aparecen  recogidas en el capítulo 3º, titulado La conversión del Senado en un órgano federal, en el que, tras calificar su actual papel como de “Cámara inútil”, demanda la necesidad de que su reforma sirva para canalizar la participación de las Comunidades Autónomas “en la aprobación de las leyes que les afectan decisivamente” con criterios de corresponsabilidad y colegislación según el modelo federal del Bundesrat alemán. Por esta razón, se propone que el Senado Federal esté formado no por parlamentarios elegidos por circunscripciones provinciales como en la actualidad, sino por miembros de los respectivos Gobiernos autonómicos (consejeros y, en ocasiones importantes por los propios presidentes) con lo cual para cada debate, las respectivas Comunidades enviarían al Senado, según la materia a tratar,  a sus consejeros respectivos o a los altos funcionarios que consideraran más idóneos, por lo que esta Cámara tendría un mayor perfil no sólo político sino también técnico. Además, su composición sería reducida (92 senadores), a razón de 3 por cada Comunidad Autónoma y uno más por cada millón de habitantes de las mismas, quedando la representación territorial del Senado de éste modo: Cantabria, La Rioja y Navarra (3 votos), Aragón, Asturias, Extremadura, Baleares y Murcia (4), Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia y Euskadi (5), Valencia (8), Madrid (9), Cataluña (10) y Andalucía (11).

     Finalmente, la presente propuesta federalista reubica al PSC y, esperemos que también al conjunto del PSOE, en la mejor tradición federal de raíz republicana que es consustancial al partido de Pablo Iglesias y ofrece una respuesta positiva y sensata a la crisis identitaria del Estado Español, contra cuya nave se baten con fuerza las olas del españolismo centralista y las de los nacionalismos periféricos e insolidarios. Y es que, como ya decía Rafael Campalans en 1923, “socialismo y federalismo tienen  que considerarse como doctrinas complementarias”. El mismo Miquel Iceta nos ofrece una acertada definición del federalismo que propugna el socialismo catalán: “es una forma de organizar la democracia especialmente adecuada cuando se trata de fortalecer la convivencia en sociedades integradas por pueblos distintos que acuerdan construir instituciones comunes, que aúnan la fuerza de la unión y el respeto a la diversidad. Federalismo es autogobierno y, por ello, es la mejor forma de organizar el Estado en un mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas”.

    Ciertamente, el futuro siempre es incierto y supone un cúmulo de retos y riesgos añadidos. Pero cada vez somos más los que pensamos que la España del siglo XXI será federal (y por supuesto republicana) o el actual modelo de Estado no tendrá la capacidad de mantener unidos a todos los territorios que conforman esta nación de naciones llamada España.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 junio 2013)

     En estas fechas en que el caso Bárcenas y las finanzas bajo sospecha del PP acaparan titulares de prensa y colman la indignación ciudadana, se ha cumplido un año desde aquel 9 de febrero de 2012 en que fue inhabilitado el juez Baltasar Garzón tras los juicios a los que fue sometido por el Tribunal Supremo por considerar “aparentemente delictivas” algunas de las resoluciones adoptadas por el magistrado en el caso Gürtel y en las investigaciones por los crímenes del franquismo.

     Traigo a colación este hecho ya que, ante la gravedad de los sucesos que salpican a toda la cúpula del PP, a la ministra Mato y al mismo Rajoy, en su doble condición de presidente del PP y del Gobierno de España, es cuando más necesaria resulta una acción judicial implacable y contundente que acabe con ese cáncer de la corrupción que está pudriendo nuestra democracia y en este sentido, la memoria y la labor del juez Garzón resultan un ejemplo permanente. Recordemos que fue él quien en febrero de 2009 inició el sumario del caso Gürtel que destapó las oscuras y cenagosas tramas de corrupción política y financiación irregular del PP y quien ordenó las detenciones de los principales cabecillas de la trama, entre ellos, Francisco Correa, cuyo apellido en alemán (Gürtel), dio nombre a este sumario bajo las acusaciones de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

     Tras destaparse el escándalo y la implicación en el mismo de altos cargos del PP, como señala María Garzón, la hija del magistrado en su libro Suprema injusticia, “desde la cúpula de dicho partido dejó la veda abierta a la auténtica persecución y acoso a mi padre, instrumentalizados por la caverna mediática y alentados por cargos politicos de relevancia”. De este modo,  Rajoy llegó a declarar en TV que “Garzón es socialista y, como tal, debería de abstenerse de juzgar un caso en el que hubiere implicados del Partido Popular” y el 9 de diciembre de 2009, se presentó una  querella contra Garzón en la que Ignacio Peláez, el abogado de los inculpados del caso Gürtel, acusaba al juez de prevaricación y de un delito contra las garantías de intimidad por ordenar grabar las conversaciones, ciertamente comprometedoras, de los inculpados de la trama.

     La insistente campaña de la derecha política, mediática (y judicial) pidiendo la cabeza de Garzón culminó con el procesamiento del juez y, al igual que le ocurrió por la querella que le fue interpuesta por su investigación de los crímenes del franquismo,  se evidenció un decidido intento de acabar con su carrera judicial: se pusieron dificultades para su defensa, se le sometió a una investigación inquisitiva, se rechazaron pruebas fundamentales que demostraban la racionalidad, proporción, legalidad y necesidad de la medida de intervención de las comunicaciones de los inculpados en la trama Gürtel. Los hechos posteriores son conocidos: el 14 de  mayo de 2010 Garzón fue suspendido en sus funciones jurisdiccionales y, finalmente, el 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo lo condenó a la desproporcionada pena de 11 años de inhabilitación con lo cual acababan de forma indigna con la brillante carrera judicial de Garzón.

     Recordando estos hechos, y teniendo muy presentes las circunstancias actuales, resulta preocupante pensar la fuerza que sigue teniendo la derecha para neutralizar a jueces como Garzón, comprometidos  firmemente y hasta las últimas consecuencias  con la justicia igualitaria y la defensa del Estado de Derecho, lo mismo que ya hicieron estos contrapoderes al conseguir archivar las investigaciones del juez Manglano sobre el caso Naseiro (otro ejemplo de financiación ilegal del PP por parte de otro tesorero corrupto del partido conservador en la década de 1990) al alegarse irregularidades en la instrucción del sumario pese a la evidencia de las pruebas inculpatorias.

     La condena de Garzón supuso un descrédito interno (y externo) para la Justicia española al acabar con un modelo de juez que incomodaba a muchos y que le granjeó  poderosos adversarios, los cuales, por ahora, van ganando la partida. María Garzón lo expresaba de forma contundente al señalar que “España no se puede permitir más casos como los que acabaron con el juez Garzón. Su condena es nuestra vergüenza; su inocencia negada, la piedra que no nos deja avanzar; su inhabilitación, el ejemplo de una arbitrariedad; su expulsión, la ausencia de justicia”

    En las situación actual, con el caso Bárcenas socavando la credibilidad de nuestro sistema representativo, es  cuando la Justicia española tiene la ocasión de redimirse  de aquel oprobio asumiendo el reto de esclarecer por completo las tramas de corrupción  que salpican al PP y a sus principales dirigentes, como está haciendo el juez Pablo Ruz o también el juez José Castro con el no menos grave e indignante “caso Urdangarín” y los turbios manejos del Instituto Nóos. Y, en este contexto, sería necesaria la rehabilitación de Garzón y su vuelta a la carrera judicial, pues sus 30 años de intensa dedicación a combatir las lacras de nuestra sociedad (narcotráfico, corrupción, terrorismo, crímenes contra la humanidad…) le hacen digno merecedor de ello. El Gobierno, y especialmente el ministro Gallardón, en vez de indultar a conductores kamikaces homicidas, haría bien en contemplar medidas de gracia para Garzón, ejemplo de juez honesto e incorruptible,  tal y como propuso la asociación Magistrados Europeos  por la Libertad y la Democracia. Y es que, sin duda, la ciudadanía y el Estado de Derecho, necesitan, necesitamos al juez Baltasar Garzón.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 10 febrero 2013)

     Somos muchos los ciudadanos que sufrimos las catastróficas consecuencias de esta crisis que todo lo anega, que lamentamos el empobrecimiento de amplios sectores sociales, los retrocesos en derechos sociales y laborales, el incierto futuro que espera a nuestra juventud. Somos un país triste, navegamos en un barco sin rumbo, en el que crujen todas sus cuadernas ante los embates de semejante tempestad, y a cuyo mando se encuentra una clase política que no está a la altura de las circunstancias, sin capacidad de liderazgo ni de ofrecer soluciones justas ante tantas dificultades, ante tanto desánimo. Y, sin embargo, no podemos caer en ese pesimismo al que se refería Jaime Gil de Biedma cuando decía que, “de todas las historias de la Historia, la más triste es la de España, porque termina mal”, o en aquella lastimosa imagen de la “España sin pulso” de Francisco Silvela.

     Tiempos difíciles ha habido muchos en nuestra historia, y ahí está el recuerdo de la Transición que, si bien ha sido excesivamente idealizada en determinados ámbitos obviando así sus deficiencias, nos ofrece un buen ejemplo sobre la necesidad del consenso político como forma de hacer frente de forma colectiva a los problemas de la sociedad.

     En estos días, en que se recordaba el 35º aniversario de la firma de los Pactos de la Moncloa   (25 octubre 1977), bueno sería recordar lo que significaron en aquella España que se hallaba en la difícil coyuntura de avanzar hacia la democracia y de hacer frente a una gravísima crisis económica. Aunque la España actual, como miembro de la Unión Europea, ha realizado importantes cesiones de soberanía política y económica a favor de las instituciones comunitarias, no deja de seguir siendo un modelo válido la firma de tan importante acuerdo económico y político, suscrito, bajo el impulso de Adolfo Suárez,  por las principales fuerzas políticas, desde la UCD en el Gobierno minoritario, hasta el PSOE, PCE, PSP, los grupos socialistas catalanes de Triginer y Raventós, y los nacionalistas del PNV y CiU, así como AP, aunque Fraga se negase a suscribir los acuerdos económicos de los Pactos de la Moncloa que, entre otras cosas, sirvieron para frenar la inflación (que en aquel año era del 47 %), la progresividad fiscal, el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, la lucha contra el paro mediante el aumento de la inversión pública, diversas reformas económicas y el logro de derechos para los trabajadores. Además, estos Pactos, fueron igualmente suscritos por los sindicatos CC.OO. y UGT, así como por las organizaciones empresariales.

     Ante una situación crítica como la actual, no menos grave que la de aquella España de 1977, ¿sería posible un gran acuerdo nacional de estas características que abarcase  a los principales partidos de la oposición y a las fuerzas nacionalistas?.  Ciertamente lo dudo, pero ello sí que daría confianza a la ciudadanía que vería (y necesita ver) cómo nuestra desacreditada clase política se unía en defensa de aspectos esenciales del interés colectivo. Santiago Carrillo definió los Pactos de la Moncloa en la sesión parlamentaria del 27 de octubre de 1977 en que éstos fueron ratificados  por el Congreso de los Diputados como “un acto de responsabilidad nacional, de cara a la tarea de desarrollar y estabilizar la democracia y de sacar al país de una situación económica grave que podría devenir en ruinosa”, frases y espíritu que resuenan con contundente actualidad por lo que ahora, con la agudización de la crisis económica y la quiebra del modelo territorial, sería absolutamente necesario recuperar el espíritu del consenso para salir, todos juntos, de la profunda sima en la que está atrapada la sociedad española. No hay que idealizar los Pactos de la Moncloa (hubo incumplimientos y algunos aspectos se aplicaron con excesiva lentitud) pero sí su espíritu, su voluntad de acuerdo, que es el verdadero significado de aquel pacto multipartidista.

     Releyendo el  libro de Carrillo “El año de la Constitución”, aquel año tan difícil en que se elaboraba el texto de la Carta Magna y se ponían en marcha los Pactos de La Moncloa, también proponía la formación de un Gobierno de concentración democrática, algo también impensable en la actualidad pues resulta difícil imaginar al PP y a su mayoría absoluta,  compartiendo de forma generosa las tareas de Gobierno. Ciertamente ello supondría un compromiso entre el mayor número posible de fuerzas políticas y sociales como alternativa a la imposición de los postulados ideológicos de una derecha cada vez más agresiva ante la debilidad de los sindicatos de clase y el desconcierto de la socialdemocracia. Sólo así, con un gran acuerdo nacional, se frenaría, si hubiese generosidad histórica de unos y otros, el gradual deterioro la calidad democrática de nuestra sociedad y el que los poderes económicos  se impongan sobre los gobiernos y los ciudadanos y el deterioro de nuestros derechos laborales y sociales. Ahora, que muchos preceptos constitucionales como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación o la sanidad se están quedando en una mera declaración de intenciones, ahora que el sufrimiento y la adversidad azota con fuerza, hoy más que nunca el Estado tiene el deber de poner las condiciones materiales y los recursos necesarios para hacerlos efectivos. Eso es lo que realmente daría fuerza moral y legitimidad a nuestras instituciones  y políticos….y buena falta les hace.

      Para concluir, y como homenaje al papel desempeñado por Carrillo en aquel difícil período de la Transición, el político comunista, recientemente fallecido, señalaba cómo lo que irritaba a la ciudadanía era que “los partidos democráticos no se pongan de acuerdo para resolver con la mayor eficacia y celeridad posible los problemas” que día tras día agobian a los ciudadanos como “el paro, la amenaza del paro, las injusticias corrientes, la sanidad y la enseñanza” ya que, “si el consenso se hace para abordar esos problemas el pueblo saludará el consenso como algo necesario y saludable”. Y advertía algo que ahora debemos de tener  muy presente: “La situación es tan seria  que ningún partido político, por muchos diputados que tenga, puede resolverla por sí solo. Hace falta un gran esfuerzo de solidaridad para que la situación no se degrade y empeore aún más”. Y tenía razón.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 noviembre 2012)

     Asistimos a un creciente y tedioso enfrentamiento entre un nacionalismo español que ha cobrado nuevo impulso desde la llegada del PP al poder y sus intentos de  recentralización competencial y, de otra, el auge de  nacionalismos periféricos que, al no sentirse cómodos en España, desean emprender un camino de la independencia como recientemente se ha comprobado en Cataluña: ello nos recuerda el eterno dilema entre “convivir” o “conllevarse” que  expuso Manuel Azaña con motivo de los debates sobre el Estatuto de Cataluña de 1932 en las Cortes de la II República.

     Desde una perspectiva radicalmente democrática resulta evidente que el actual Estado Autonómico ha entrado en crisis, está “agotado”, como señalaba Josep Ramoneda,  pues se creó con la intención de articular a Euskadi y Cataluña en España y, en cambio, ahora la situación es más tensa que nunca en relación a dichas nacionalidades históricas. Por ello, tres son las salidas posibles para lo que ha dado en llamarse la “España post-autonomica”: la recentralización que defiende la derecha nacionalista española,  la secesión independentista o el federalismo.

     Soy partidario de la vía  federalista como alternativa a la recentralización y a la secesión, por ser solución aceptable para encauzar las derivas nacionalistas tanto del centralismo como de la periferia y por ofrecer un camino válido para redefinir el nuevo mapa territorial de España. El futuro siempre es incierto, pero coincido con Pere Navarro, Primer Secretario del PSC en que, dadas las actuales circunstancias, la España futura, “será federal o no será”. Por ello, el reto  es  articular y una nueva España federal que sea aceptable, asimétrica (ya no vale el “café para todos”) y solidaria para con todos los ciudadanos y, tal vez, en un futuro cercano, bajo una forma de gobierno republicana. En este modelo federal, deberán clarificarse cuestiones esenciales tales como los sistemas de financiación, los modelos de coordinación territorial, una corresponsabilidad política y financiera aceptable, sin olvidar la redefinición del papel del Senado: sólo así se sentarán las bases de un  federalismo solidario, ideal al que aspiró eel frustrado Proyecto de Constitución Federal de la República Española de 1873 o el Proyecto de Pacto o Constitución Federal del Estado Aragonés de 1883, inspirados ambos en la idea del “pactismo”, herencia del pensamiento de Francesc Pí y Margall, esto  la libre, democrática y leal  unión pactada  por los pueblos hispánicos en una estructura política común: la Federación.

     La necesidad de  reformular el modelo territorial del Estado Español va a obligar a emprender una nueva transición política y un gran pacto de estado que, con el añorado “espíritu de consenso”, vincule a todas las fuerzas políticas posibles. En esta misma línea, la importante resolución hecha pública por la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE y su homónima Esquerra Socialista del PSC el pasado 30 de septiembre, plantea la necesidad de un pacto federal que debe desembocar en una profunda reforma de la Constitución de 1978, que ciertamente no es una norma eterna, inmutable  ni infalible, mediante la cual se redefina el papel del Senado, se configure el Estado plurinacional español reconociendo las identidades nacionales que lo conforman, las posibilidades de máximo autogobierno, sin olvidar “la cohesión social y solidaridad interterritorial que reclaman los  derechos de la ciudadanía”. Y añado: también deberían de suprimirse las diputaciones provinciales como último vestigio de un fenecido Estado unitario.

     Sumidos en este incierto siglo XXI, las propuestas federalistas siguen siendo válidas para articular de forma armoniosa la España plural en la que muchos creemos y superar así de forma definitiva cualquier tentación centralista o sentimiento insolidario por parte de los distintos territorios que conforman esta “nación de naciones” que es España. En este sentido, y frente a los intereses de la burguesía catalana, resulta fundamental el papel de la izquierda política y sindical en defensa del federalismo, una lucha histórica que siempre mantuvieron durante la República, la dictadura y la transición, en defensa de la nación catalana dentro de una España plurinacional, recuperando la idea del presidente Companys cuando proclamó “el Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. Por ello, el papel a desempeñar por el PSC, como principal fuerza de la izquierda en Cataluña, un partido que asumió las ideas del legado federalista de Pi y Margall, especialmente en diversos posicionamientos expuestos por  Isidre Molas, Pasqual Maragall o Raimon Obiols, va a ser decisivo De este modo, el PSC, comprometido con la España plural desde sus posiciones federalistas y catalanistas, las dos almas que subyacen en el socialismo catalán, debería desempeñar un papel determinante apoyando el derecho a decidir desde una reafirmación de su federalismo y presionando al conjunto del PSOE para que opte con valentía por la senda federal, sobre todo en aquellos sectores del mismo que siguen siendo reticentes a ella.

     La apuesta por un “federalismo cooperativo” es la mejor opción al pluralismo constitutivo de la nación española. De este modo, hay que avanzar, en expresión de José Antonio Pérez Tapias  hacia un “federalismo diferencialista”  como alternativa ante el confederalismo de algunos partidos nacionalistas  y la reactivación de un nuevo nacionalismo español de signo centralista apoyado por los partidos de la derecha tradicional. Retomando una expresión de Víctor Pruneda, el dirigente histórico del federalismo turolense del s. XIX, el modelo propugnado por la República Federal Española es que los territorios que libremente la conformen,  “se sientan unidos por un suave lazo que a todos une y a ninguno ata”: ese es el ideal al que aspiramos los federalistas para España y para el conjunto de esa gran federación que es la Unión Europea.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 8 octubre 2012)

     En este año se cumple  el 75º aniversario de de Radio Nacional de España (RNE),  emisora inaugurada en Salamanca el 19 de enero de 1937 en medio del desgarro dramático que supuso  la guerra civil, para servir de órgano de propaganda de los sublevados contra la República, esto es, del bando llamado “nacional”, de ahí el adjetivo adoptado por dicha emisora.

      Quisiera dedicar unas líneas al origen de RNE no sólo por el reciente aniversario de la misma, sino, también, por el hecho de que fuese su primer director un destacado franquista alcañizano, un jerarca del régimen de larga trayectoria política,  Emilio Díaz Ferrer y Gascón (1896-1966), el cual fue alcalde de Alcañiz durante 13 años (1942-1955) y procurador en las Cortes franquistas durante cuatro legislaturas.

     Emilio Díaz, en una entrevista que publicó El Noticiero el 5 de febrero de 1956, relataba cómo surgió RNE y la  importante labor propagandística de la emisora al servicio de la España franquista. Así, Díaz, voluntario falangista al inicio de la guerra, fue más tarde nombrado delegado de Falange en el periódico zaragozano Amanecer y estuvo como corresponsal en el frente de Madrid durante noviembre de 1936 en lo que se suponía la inminente conquista de la capital por las fuerzas franquistas. La heroica defensa republicana de la misma desbarató los planes militares de los sublevados de poner fin de una forma rápida a la contienda, la cual, a partir de entonces, se convirtió en una lucha  larga y sangrienta.

     Fracasado el ataque frontal contra Madrid, Emilio Díaz fue enviado a Salamanca, en donde se hallaba el cuartel general de Franco. Allí, como el falangista alcañizano relata, se reencontró con su viejo amigo el general Millán Astray y éste, “me puso a sus inmediatas órdenes”. Millán Astray, fundador con Franco de la Legión, hombre rudo y violento que protagonizó el 12 de octubre de 1936 un sonado enfrentamiento con un Unamuno anciano y desencantado cuando bramó aquel grito cavernario de “Muera la inteligencia!”, había sido nombrado por Franco Primer Delegado de Prensa y Propaganda de la España nacional con el objeto de que “organizase sin dilación un organismo rector de la divulgación de las noticias de la guerra”. De este modo, Millán Astray  hizo uso de una pequeña emisora de 2,5 Kw instalada en un estudio de la Facultad de Ciencias de la Universidad salmantina sito en el palacio de Anaya. Allí  se colocó un micrófono conectado con un cable a las instalaciones de Radio Salamanca: este fue el origen de RNE.

     Entre el personal encargado de poner en marcha la nueva emisora “nacional”, además de Millán Astray, (que obligaba a los periodistas a sus órdenes a cuadrarse y alinearse a toque de silbato como si de un cuartel se tratara), estaban Ernesto Jiménez Caballero, Eugenio Montes y Emilio Díaz. No obstante, la salida de Jiménez Caballero a realizar tareas propagandísticas en la Italia fascista, hizo que Emilio Díaz fuese nombrado “segundo jefe de la Delegación y director de Radio Nacional”. Gradualmente se fueron incorporando otros colaboradores como Vicente Gay, Juan Aparicio, Víctor de la Serna, Antonio de Obregón, Mariano Rodríguez de Rivas, Antonio Asenjo, José Antonio Jiménez Arnau y el dominico P. Getino, responsable de una sección que Díaz define como “la guerra vista a través de la Teología”, claro ejemplo de la instrumentalización del sentimiento religioso por parte de los sublevados. De las tareas de locutor se encargó el mismo Emilio Díaz hasta que más tarde se contrató al actor Fernando Fernández de Córdoba, cuya voz leyó, con el habitual tono castrense, el último parte militar de la guerra.

     La inauguración oficial de RNE tuvo lugar el 19 de enero de 1937 por parte de Franco, acompañado de Vicente Gay (segundo Delegado del Estado para Prensa y Propaganda), el embajador de la Alemania nazi (Von Faupel) y, a su lado,  Emilio Díaz, el primer director de la emisora, tal y como se refleja en las fotografías de la época. Para entonces, las instalaciones de RNE habían mejorado considerablemente puesto que se había comprado una emisora nueva en la Alemania hitleriana de 79 kw de potencia y “montada en siete camiones”. A ella se refería con admiración Emilio Díaz: “era una emisora formidable entonces y de grandes ventajas para una nación en guerra, ya que llevaba generadores para producirse ella misma la energía que se gastaba”. Todos estos equipos fueron instalados por el ingeniero alemán Von Krasner en el Frontón Salamanca, en donde se contaba con diversos estudios de grabación y, también,  con una antena telescópica de 40 metros. Emilio Díaz permaneció al frente de RNE hasta finales de abril de 1937, momento en que fue sustituido por el periodista Jacinto Miquelarena.

     Nada queda de aquellos orígenes fascistas de RNE excepción hecha del adjetivo de “nacional”  y las alusiones coloquiales a los  “partes”, término de reminiscencia militar, en referencia a los boletines de guerra del bando franquista que, precedidos de un toque de corneta, eran leídos con aire marcial y retórica franquista durante la contienda civil. Y es que también RNE tiene su historia, tiene su memoria histórica, vinculada en sus orígenes a un fascista turolense de incómoda memoria y que ahora, cuando se han cumplido los 75 años de vida de dicha emisora,  hemos querido recordar.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 4 junio 2012)

Etiquetas: Historia, memoria, histórica, franquismo

     Cumplido ya el primer aniversario del Movimiento 15-M,  se constata cómo el Gobierno de Rajoy ha puesto en su punto de mira al espíritu de rebeldía cívica que éste representa: desde una visión arcaica y restrictiva del derecho a la libertad de expresión, no oculta su rechazo a que la ciudadanía manifieste su indignación en las calles y plazas de España…y ha pasado a la ofensiva. De hecho, estamos asistiendo a un plan sistemático de desprestigio y acoso con dos objetivos muy concretos: la demonización del 15-M y la adopción de medidas  para neutralizarlo socialmente.

     Esta deriva autoritaria está obsesionada con desacreditar todo lo que significa el 15-M y sus protestas ciudadanas (acampadas “ilegales”, estudiantes considerados “enemigos”, acusaciones de “radicalidad ideológica” etc.). Ello supone, como señalaba Democracia Real Ya (DRY), un intento político e ideológico de la derecha para  criminalizar la indignación, los movimientos sociales el malestar generado por la gestión (antisocial) de la crisis económica.

     Esta ofensiva involucionista pretende amedrentar a los ciudadanos como es el uso creciente y desproporcionado de la policía en tareas represivas, algo que cada vez tiene más similitudes con las prácticas policiales del franquismo: el PP, obsesionado con el “principio de autoridad”, parece mantenerse fiel a la peor herencia del legado político de Manuel Fraga, aquella que se resumía en su nefasta frase de “la calle es mía”. Así las cosas, contrasta la dureza con que se cercenan las protestas ciudadanas con la sumisión manifiesta de Rajoy ante los recortes y ajustes que, en materia económica, nos impone  la dictadura de los mercados. Por ello, variando el sentido de los versos que García Lorca dedicó a Ignacio Sánchez Mejías, podríamos decir de nuestro Gobierno: “¡Qué blando con las espuelas, que duro con las espigas!”, esto es, ¡ qué servil con los poderosos, que implacable con los sectores más débiles de la sociedad!.

     En esta línea, resulta preocupante las pretensiones gubernamentales de endurecer el Código Penal (restricción del derecho de reunión, ampliación de las conductas constitutivas de “atentado contra la autoridad”   y de los delitos de “desorden público” y de   “integración en organización criminal”):  es lo que Gerardo Pisarello y Jaume Asens, juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), han calificado como una auténtica campaña de “demagogia punitiva” que tiene por objeto la “criminalización” de las protestas ciudadanas, y eso es muy preocupante en una sociedad democrática. Especialmente grave es la prevista aplicación de “organización criminal” a la actuación del movimiento indignado y que, según el artículo 570 bis del Código Penal viene definida como  una agrupación en la que, “de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas”, algo que, bajo ningún concepto puede aplicarse al 15-M, un movimiento pacífico con un profundo sentido democrático. Este endurecimiento del Código Penal que pretende convertir la resistencia pasiva en una nueva modalidad de “atentado contra la autoridad”, podría llevar a aberraciones tales como que,  de aplicarse este criterio, Mahatma Ghandi sería encarcelado si las pretendidas reformas penales de los ministros Fernández Díaz y Gallardón estuviesen en vigor en España.

     Ante esta situación, Amnistía Internacional (AI) advertía al Gobierno español que, con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cualquier reforma del Código Penal debe garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación pacífica. Más aún, según la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 17 de julio de 2008, se establece que las autoridades deben mostrar “cierta tolerancia hacia las reuniones pacíficas para no privar de todo contenido a la libertad de reunión”, algo de lo que deberían tomar nota el Ministerio del Interior y Cristina Cifuentes, la Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. En cuanto a las posibles responsabilidades derivadas de actos violentos, Esteban Beltrán, Director de AI en España, recordaba que, según las Directrices sobre Libertad de Reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), “los organizadores  de manifestaciones no serán responsables de los actos de cada participante” y que, en caso de incidentes, “son las personas que presuntamente hayan cometido dichas infracciones quienes deberán responder de las mismas y no los organizadores”, evitando, de este modo, penalizar, como se hace desde la derecha política y mediática, a todo el colectivo del 15-M por las acciones reprochables (y aisladas) de elementos violentos que no representan, en absoluto, ni al espíritu ni a la mayoría de este movimiento cívico.

     Con una ciudadanía cada vez más empobrecida y controlada, estamos asistiendo a un recorte de derechos cívicos que nos avoca a una democracia devaluada. Por ello, ante la amenaza de la deriva autoritaria que nos sobrevuela, resulta obvio que, como opinan Pisarello y Asens, “frente al uso demagógico del discurso securitario sólo hay una respuesta: ganar la calle y exigir la seguridad en el respeto a los derechos civiles, políticos y sociales de toda la población”. Ese es el camino pues, como decía Julio Cortázar, “tenemos que obligar a la realidad a que obedezca a nuestros sueños”, los sueños de esa esperanza que nació un 15 de mayo de 2011.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 21 mayo 2012)

Etiquetas: violencia, policial, 15-M, protestas, sociales

     En estas últimas fechas, estamos asistiendo por parte de la derecha política y mediática a un rebrote de un nacionalismo español de tintes rancios y caducos. El último ejemplo ha sido la defensa de la multinacional (¿española?) Repsol-YPF ante el proceso nacionalizador iniciado por la Presidenta  argentina  Cristina Fernández y que el Gobierno de Rajoy  ha interpretado como una ofensa, un agravio a España. Sorprende ver el coraje ardoroso demostrado por nuestros gobernantes en la defensa de los intereses, exclusivamente económicos, de una multinacional que,  ni representa a  España ni su capital mayoritario es español, mientras que esos mismos gobernantes fustigan a sus propios ciudadanos con  una dura y continuada política de ajustes.

     Algo similar ocurrió durante la pasada huelga general del 29 de marzo cuando la prensa conservadora cargó toda su artillería contra el movimiento sindical y los ciudadanos que libre y conscientemente optamos por ejercer este derecho constitucional  como protesta ante una reforma laboral impuesta a los trabajadores y que resulta, indudablemente, inútil, ineficaz e injusta como el tiempo demostrará y que sin embargo fue presentada como una actitud “antiespañola” en dichos medios afines a la derecha. Así, pudimos ver la portada antihuelga del diario La Razón con aquel “Trabaja por España” envuelto en la bandera o el demagógico editorial de La Gaceta de “España quiere trabajar, los sindicatos la paran”, como ejemplos evidentes de la patrimonialización interesada del sentimiento nacional.

   Recordando estos hechos, pienso que, como señalaba Mario Onaindía, se confunden con frecuencia los conceptos de “nacionalismo” y de “patriotismo” cuando en realidad se trata de dos visiones contrapuestas: frente al nacionalismo que supone una exaltación estatal de la raza, la lengua y la historia, siempre confeccionada a medida, existe un tipo de patriotismo distinto que concibe a la nación como “un espacio de libertades, de amparo y de seguridad de derechos y de participación ciudadana”, ideas que entroncan con el  término de “patriotismo constitucional” acuñado por Jünger Habermas, y con  el “republicanismo cívico” de Philip Petit. Es por ello que, como advertía Onaindía, aunque el lenguaje corriente considera sinónimos el “amor a la patria” y la “lealtad a la nación”, “patriotismo” y “nacionalismo” deben diferenciarse puesto que “para los patriotas de inspiración republicana, el valor principal es la República y la forma de vida libre que ésta permite; en cambio, los nacionalistas consideran que los valores primordiales son la unidad espiritual y cultural del pueblo, dejando en segundo término u olvidando totalmente la lealtad hacia las instituciones que garantizan las libertades”. Milton decía que “la patria de uno es allí donde se siente libre”, idea coincidente con Diderot, para quien el verdadero patriotismo no era la vinculación a una tierra sino el afecto que el pueblo siente por las comunidades de hombres libres “que viven juntos por el bien común”, algo que resulta oportuno recordar ahora que cada vez somos menos libres ante la dictadura de los mercados y el bien común colectivo está siendo arrumbado por el individualismo insolidario y el naufragio de ideales y valores en que nos ha sumido la crisis global.

     Desde este punto de vista, el verdadero patriotismo, además de las libertades formales es el que, defiende, en los tiempos actuales, los derechos laborales, la educación y la sanidad pública, las prestaciones de dependencia, la aspiración de avanzar de forma decidida hacia una auténtica democracia económica, la fiscalidad progresiva, todo aquello que conforma el “Estado social y democrático de Derecho” que consagra el artículo 1º de nuestra Constitución.  Esto es el verdadero patriotismo constitucional, como lo es el ejemplo de aquellos empresarios que, como ocurre en Alemania o Francia, han solicitado públicamente pagar más impuestos como compromiso cívico en estos tiempos de recesión: en cambio, en España, no se tiene noticia de que ninguna figura relevante del empresariado haya manifestado una actitud similar.

    En la Constitución de Cádiz de 1812, de la que ahora se cumple su bicentenario,  se señala que “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de la sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen” (art. 13), esto es, el derecho constitucional a ser felices, una aspiración que debemos retomar en estos tiempos de zozobra, desánimo y depresión, no sólo económica sino también social.

   Todos estos valores propios del verdadero patriotismo, tan contrarios a los patrioteros de salón a los que se refería Cándido Marquesán en un reciente artículo publicado en este mismo periódico, están alejados de las posiciones de esa derecha, caracterizada históricamente por su visión conservadora y restrictiva de las libertades cívicas, esa derecha que prioriza el concepto etéreo de “nación”, de España, y olvida las aspiraciones y demandas de la ciudadanía. Por todo ello, el verdadero patriotismo, aún en estos tiempos de globalización, se manifiesta en la defensa de los valores cívicos, de los derechos y libertades ante la actual amenaza que estos sufren de recortes y retrocesos y se desvincula de los caducos y marchitos conceptos idealizados por el conservadurismo de ayer y de hoy. Y es que, desde este punto de vista, es más patriota el trabajador que defiende sus derechos y aspira en avanzar hacia mayores cotas de justicia social, que aquellos otros que, envueltos en una bandera, la emplean como coartada para desmantelar logros históricos del acosado Estado de Bienestar y que, tras ser beneficiarios de una reforma laboral hecha a su medida y de una generosa amnistía fiscal,  no tienen ningún escrúpulo en ser cómplices del enorme fraude fiscal  aunque ello esté hundiendo a (su) querida España.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 29 abril 2012)

     Desde que el pasado 15 de febrero los jóvenes del Instituto “Luís Vives” iniciaron su protesta, se ha empezado a hablar de una “primavera valenciana”, de una deseable rebeldía juvenil, consciente de los recortes de derechos sociales y de las amenazas que se ciernen sobre la educación pública, cuyas protestas han tenido las consecuencias de todos conocidas: una brutalidad represiva policial, con unas imágenes que han dado la vuelta al mundo, al igual que ocurrió con el procesamiento y condena del juez Garzón, lo cual hace que algunos autores califiquen a España como una “democracia de baja intensidad”.

     No se entiende este movimiento de protesta sin tener presente el negro horizonte que, sobre todo para los jóvenes, presenta la crisis económica y la severa e implacable agenda de ajustes y recortes  que el Gobierno de Rajoy está realizando y, más aún, las que pretende aplicar en un futuro inmediato.

Los jóvenes valencianos han prendido la llama de la indignación en un Instituto que, precisamente, lleva el nombre de Luís Vives, aquel humanista del s. XVI de origen judeoconverso que, como autor del  Tratado del socorro de  los pobres (1525), se le considera el precursor en Europa  de la organización de la asistencia y los servicios sociales, los mismos que ahora son tan cuestionados desde la ortodoxia neoliberal y cuyo desmantelamiento-privatización amenazan su existencia. En su origen, las primeras protestas de los jóvenes del Luís Vives surgieron en solidaridad con sus compañeros de otros institutos alicantinos en los que se carecía de calefacción (en plena ola de frío siberiano) y en protesta por otros síntomas de deterioro de la enseñanza pública en la Comunidad Valenciana tales como la pérdida de personal docente que, como denunciaba FETE-UGT, en los dos últimos años se cifra en una reducción de 2.400 profesores. Era pues, una protesta justificada y legítima ante los recortes en materia educativa del Gobierno conservador valenciano de Albert Fabra.

     Pero estos hechos tuvieron consecuencias lamentables: una desmesurada brutalidad policial (hubo niños de 13 años apaleados), detenciones arbitrarias de menores de edad y, todo ello, silenciado por Canal 9, la televisión autonómica controlada por el PP valenciano. No menos reprochable es la versión tendenciosa de los medios de comunicación conservadores que, como ABC, Intereconomía o La Gaceta, que han tergiversado tanto los hechos que han convertido a los escolares en culpables  a la vez que exculpaban a los responsables políticos y policiales de semejante fiasco. De este modo, se ofrecía una versión tendenciosa de los hechos en la que  los culpables pasaban a ser las “víctimas” y, las auténticas víctimas de una brutalidad inaceptable en una democracia madura, eran criminalizadas gravemente llamándolas “enemigos”, algo que descalifica para siempre quien las pronunció:  Antonio Moreno, Jefe Superior de Policía en la capital levantina, declaraciones tan reprochables como las del ministro de Cultura, José Ignacio Wert que, en sede parlamentaria, acusó al PSOE de  alentar lo que calificó como “protesta violenta” de los estudiantes valencianos, una torpeza más de tan polémico ministro. Y es que la derecha ha desplegado toda su artillería verbal y mediática para condenar las demandas juveniles, las causas que la motivaron, así como para desacreditar a los líderes estudiantiles.

     Y, pese a todo, las protestas se han extendido al igual que la legítima exigencia de pedir la dimisión de Paula Sánchez de León, la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y del citado Antonio Moreno. En el horizonte hay un nuevo reto: la futura convocatoria de huelga en todos los Institutos para el día 29 de febrero, fecha que coincide con la convocatoria de nuevas manifestaciones de las centrales sindicales contra la regresiva reforma laboral que pretende imponer el Gobierno del PP y que, de no cambiar mucho las cosas, hará inevitable la convocatoria de una huelga general, tal y como ya vaticinó Rajoy.

     Rememorando la mítica frase de Humphrey Bogart en la película Casablanca, en vez de París, podríamos decir que, “Siempre nos quedará la juventud” y, aunque como en aquella memorable las circunstancias del momento sean difíciles,  la juventud siempre es esperanza, enarbola ideales nobles y su inconformismo nos empuja hacia un futuro por conquistar.

Ahora, cuando la voracidad  de las políticas conservadoras y el incierto desenlace de la crisis global todo lo anegan, la juventud es más que nunca una fuerza regeneradora, cargada de utopía que, como ocurrió con el Movimiento 15-M, del cual dijo Josep Ramoneda que sirvió para “reanimar la democracia”, en esta ocasión “la primavera valenciana” ha irrumpido de  nuevo en la escena social  y está dejando oír su voz con fuerza. Algunos análisis simplistas hablarán  de que se trata de un estallido  propio de movimientos antisistema con la intención de desacreditar este saludable impulso juvenil. Pero hay algo más, y eso es lo importante. La juventud, pese a no ser excesivamente proclive a la militancia política y al compromiso sindical, mantiene vivo el grito de rebeldía, de indignación, ante el demoledor panorama que la crisis global ha supuesto, especialmente para los jóvenes, y supone un aldabonazo a nuestra conciencia cívica, un contundente cuestionamiento de la realidad  de un mundo injusto, de una sociedad que les cierra tantas puertas y que, pese a ello, no se resignan a ser una “generación perdida”, lo cual supondría  un drama social de enorme magnitud.

     El futuro sigue incierto y preocupante y, como canta Carlos Goñi en una de sus canciones, estamos en uno de esos momentos en que el futuro se convierte “en una cobra que se enreda en tus pies” y, por ello, la rebeldía juvenil es necesaria, imprescindible. Mi admirado Willy Brandt  solía afirmar que, “donde el coraje cívico no tiene asiento,  la libertad no llega lejos” y por eso, tal vez hoy, frente a tanta adversidad, Bogart nos diría que “siempre nos quedará la juventud”. Afortunadamente.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 27 febrero 2012)

     Resulta sorprendente la rica y variada creatividad de Luís Buñuel (1900-1983), quien, al igual que Servet o Goya, es sin duda el aragonés más universal. Fascinante fue su capacidad de plasmar en imágenes cinematográficas, ya míticas, sus conceptos vitales y artísticos, el simbolismo de sus sueños y de su rico mundo creativo. Sin embargo, tal vez sea menos conocida su faceta como hombre comprometido con la realidad política de su tiempo, siempre desde la perspectiva de la vanguardia progresista de la cultura española, en la cual tuvo un papel relevante el ilustre calandino, tal y como quedó reflejado en sus memorias publicadas en 1982 con el título de Mi último suspiro.

     Durante los últimos años de la decrépita monarquía de Alfonso XIII, hallamos a Buñuel en París en donde, atraído por el surrealismo, filma Un perro andaluz (1929) y La edad de oro (1930), películas que empiezan a labrar su prestigio como cineasta. Posteriormente, y tras una breve estancia en  Hollywood, regresó a Madrid en abril de 1931, “dos días antes de la marcha del rey y de la alborozada proclamación de la República Española”. De este modo, Buñuel, al igual que el sector progresista de la intelectualidad y la cultura española,  recibió con alegría y esperanza el proyecto regenerador que II República suponía para España. Sin embargo, al poco tiempo volvió a París, de donde no retornaría hasta 1934: para entonces, todo había cambiado y, “la alegría que en un principio era general, se ensombreció rápidamente, para dejar paso a la inquietud primero y, después a la angustia”, constatando con pesar el acoso al que las derechas sometían a la joven República y a la política reformista por ella iniciada.

     Cuestión polémica será si, durante estos años llegó a militar Buñuel en el PCE, lo cual niega repetidamente en sus memorias, a pesar de que reconoce que fue “un gran simpatizante” del mismo y que formó parte de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios. En cambio, Román Gubert y Paul Hammond, sostienen documentalmente en su libro Los años rojos de Luís Buñuel (2009), que el cineasta calandino estuvo afiliado el PCE desde 1932 hasta 1938, fecha ésta última en que, al llegar a los EE.UU., abandonó la militancia comunista “por pura supervivencia”.

     La sublevación militar de julio de 1936  sorprendió a Buñuel en Madrid, donde pudo escuchar los combates ocurridos en el Cuartel de la Montaña. En aquellos dramáticos momentos, rechaza la sublevación fascista pero, a su vez, los sucesos revolucionarios lo encuentran, según sus propias palabras, “desorientado” e “incrédulo”. Siente miedo y critica la violencia incontrolada e irracional de los milicianos anarquistas puesto que “no podía soportar su comportamiento arbitrario, imprevisible y su fanatismo”. Con especial dolor, sintió las brutalidades cometidas tanto por éstos como por los fascistas en su querida Calanda, uno de los pueblos más ensangrentados de aquella España cainita que, rememorando la imagen del Saturno de Goya, devoraba sin piedad a sus propios hijos. No obstante, y volviendo a Madrid, Buñuel consiguió salvar la vida del cineasta José Luís Sáenz de Heredia,  primo de José Antonio Primo de Rivera y más tarde principal símbolo de la filmografía de la dictadura franquista. En cambio, no tuvo la misma suerte en el caso de su amigo Federico García Lorca al que, unos días antes de comenzar la guerra, quiso retener de forma infructuosa en Madrid: de haberlo logrado, tal vez Federico hubiese salvado la vida, una vida que tuvo un trágico final con el  asesinato del poeta en el barranco granadino de Víznar.

     Pero al margen de tantas tragedias, de tantos crímenes como se estaban cometiendo en el fragor de una guerra civil e implacable, Buñuel se comprometió de forma decidida con la causa republicana. De este modo, y a instancias de Luís Araquistáin, entonces embajador en París,  se trasladó a la capital gala para desempeñar tareas de propaganda e información en la legación diplomática republicana. Así, entre otras funciones, supervisó la producción y realización de la película  España Leal en Armas, se encargó de la programación cinematográfica del pabellón español en la Exposición Internacional de París de 1937, la misma en la que se expuso el inmortal “Guernica” de Picasso, una obra de la que por cierto, Buñuel no tenía una opinión muy favorable. También realizó otro tipo de misiones: en una ocasión llegó a hacer de guardaespaldas de Juan Negrín, el presidente del Gobierno de la República en una de sus visitas a la capital francesa e incluso se trasladó a la localidad vasco-francesa de Bayona con la misión de ocuparse “del lanzamiento por encima de los Pirineos de pequeños globos cargados de octavillas” con la ayuda de un grupo de amigos comunistas. Durante su tiempo de estancia en París, lamentó amargamente la actitud del Gobierno francés que se negó a prestar su apoyo a la asediada República Española, “y ello por cobardía, por miedo a los fascistas franceses, por temor a complicaciones internacionales”. Y, sin embargo, destaca con emoción cómo, en contraste, el pueblo francés, “y en particular, los obreros miembros de la CGT, nos aportaban una ayuda considerable y desinteresada”.

     En la fase final de la contienda, Marcelino Pascua, en nuevo embajador republicano en París,  lo envió a Hollywood para trabajar como asesor histórico de películas en apoyo a la República Española. Allí encontró un nuevo territorio hostil puesto que la Asociación General de Productores Americanos, obedeciendo órdenes directas de Washington, prohibió las películas sobre la guerra civil. Tampoco halló Buñuel excesivo apoyo en las estrellas del momento: Charles Chaplin se negó a firmar un manifiesto a favor de la República  mientras que John Wayne, ultraconservador y antirrepublicano,  organizó un Comité de artistas favorables al bando franquista, del cual fue su presidente y que hizo todo lo posible por obstaculizar la misión de Buñuel. Su fracaso en Hollywood hizo que el calandino se trasladase a Nueva York. Poco antes, había sido movilizada su quinta y, por ello, intentó volver a España pero Fernando de los Ríos, el embajador republicano en los EE.UU., le hizo desistir de esta idea. Pocas semanas después, terminada la guerra, Buñuel, al igual que miles de nuestros compatriotas, sufrió la amargura de la derrota republicana y de un obligado exilio.

     Ante el asfixiante ambiente desatado por la Comisión de Actividades Antiamericanas promovida por el senador Joseph McCarthy, abandonó los EE.UU. y fijó su residencia en México, en donde se convirtió en una de las figuras más relevantes de la cultura republicana en el exilio, realizando en el país azteca buena parte de su filmografía. Buñuel se mantuvo fiel al ideal republicano y, durante sus años de exilio, solía desplazarse a Francia, en donde pasaba unos días en las localidades de Pau y San Juan de Luz, a donde acudía, desde Aragón, a visitarlo su familia, cruzando los Pirineos, aquellas mismas montañas por las que, años antes, el cineasta calandino lanzaba globos con propaganda republicana.

     Ahora, cuando se cumple el 75º aniversario del inicio de nuestra trágica guerra civil, ahora que algunos quieren olvidar y silenciar aquel drama, frente quienes desearían sumirnos en una amnesia colectiva, unas palabras de Buñuel nos recuerdan la importancia y el sentido de la memoria:  “Una vida sin memoria , no sería vida, como la inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella, no somos nada”. Unas palabras que resuenan con especial fuerza en la conciencia de todas las personas, asociaciones o iniciativas institucionales como el Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón, que estamos comprometidos en la defensa y dignificación de la memoria histórica republicana.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: El Periódico de Aragón, 17 julio 2011 y Diario de Teruel, 25 julio 2011)

     Los resultados de las elecciones del pasado 22 de mayo, han supuesto un auténtico “tsunami popular”, en expresión de Miguel Ángel Revilla, el todavía presidente de Cantabria, cuyos efectos han ocasionado un verdadero cataclismo electoral para el PSOE, una tempestad que ha arrasado, salvo contadas excepciones y pendientes de los oportunos pactos, con todas las parcelas de poder local y autonómico hasta entonces regidas por los socialistas.

     La derrota electoral era previsible, no tanto la magnitud que alcanzó la tempestad que tanto ha zarandeado el barco socialista amenazándolo con un grave naufragio. Se podrá decir que el desastre ha sido consecuencia  de la crisis económica, y es verdad, como también lo es que el Gobierno socialista ha sido incapaz de ofrecer una salida socialdemócrata a la crisis, una alternativa mucho mas justa, solidaria y progresista que el duro ajuste neoliberal que le ha sido impuesto desde el exterior…y que ha aceptado disciplinadamente, con el consiguiente desconcierto primero, y creciente indignación, después, de las bases sociales y electorales socialistas.

     Tiene razón Pepe Blanco, cuando, tras el desastre electoral señalaba que “no es el momento para  lamentarse, sino para levantarse”. Es cierto: algunos dirigentes, deberían de asumir su responsabilidad ante semejante catástrofe electoral, levantarse de su puesto…y dimitir. Sería algo que, como ha hecho la Ejecutiva de ERC, les honraría. De lo contrario, y recordando casos como el fiasco ocurrido en Alcañiz, en donde el aparato provincial socialista  impuso una lista electoral contraria a la voluntad mayoritaria la militancia, ha llegado el momento de exigir las responsabilidades políticas correspondientes. Es por ello que resulta lamentable la falta de autocrítica de la dirección socialista (a excepción  de Zapatero, cuya autoinmolación política es un hecho): retomando las palabras de Carme Chacón, es el momento de que algunos dirigentes, aquellos que han fracasado estrepitosamente en estos comicios, dieran un paso atrás (dimitieran) para que el partido diera un paso adelante, propiciando así  la necesaria y urgente renovación de las personas y  de la acción política del PSOE.

     Así las cosas, tras la tempestad, el barco socialista debe de marcar un nuevo rumbo, el cual sólo puede ser fijado por dos claras coordenadas: un imprescindible y urgente giro a la izquierda de sus políticas, y un aumento de la democracia interna en el partido ampliando los cauces de participación y respetando la voluntad de su militancia…aunque sea contraria a los intereses del “aparato”.

     En cuanto al giro a la izquierda, la crisis de la socialdemocracia exige que ésta redefina su función, recupere sus valores, y asuma con valentía su papel para volver a liderar un modelo sostenible que suponga una alternativa efectiva a la ofensiva neoliberal en campos clave como el financiero, el fiscal y el social: ese debe de ser el reto de la Conferencia Política convocada para el próximo mes de septiembre. Además, resulta necesario, como señalaban recientemente Iñaki Gabilondo, y también Santiago Carrillo, reorganizar  (o refundar) los partidos de izquierda para que sean capaces de ofrecer una salida social a la crisis, como también lo es que, en ese camino, habrá que tener muy en cuenta a fenómenos tan interesantes como Movimiento 15-M tanto en cuanto tienen de valioso como regeneradores de nuestra democracia y abanderados de las demandas y propuestas de progreso social de amplias capas de la ciudadanía, que, como los jóvenes, no se sienten representados por los partidos convencionales, convertidos en máquinas electorales y en “empresas de poder”. Y es que, como se destacaba en el célebre Manifiesto de los economistas aterrados promovido por la AFEP (Association Française d’Economie Politique) de septiembre de 2010, “a medida que se hagan evidentes las consecuencias desastrosas de las políticas adoptadas hoy, aumentará por toda Europa el debate sobre las alternativas”. Y así ha sido, tal y como lo ha puesto de manifiesto la expansión del movimiento de los “Indignados” y de “Democracia real ya”.

     La segunda coordenada que debe seguir el barco socialista es la de profundizar en su democracia interna, tal y como se contempla en el artículo 6º de nuestra Constitución. Resulta evidente que hay que fomentar medidas tales como la implantación de primarias (el mejor proceso de legitimación democrática) a la hora de elegir los candidatos idóneos en los distintos niveles de representación orgánica o institucional, las listas abiertas o la limitación de mandatos. En definitiva, medidas que fomenten la participación y la capacidad de decisión de los militantes (e incluso de los simpatizantes) reduciendo el poder, muchas veces excesivo, de los “aparatos” partidarios, siempre tendentes a autoperpetuarse, y que con frecuencia recurren a prácticas opacas, al clientelismo y a la “dedocracia”, nefasto sucedáneo de una auténtica democracia en la vida orgánica partidaria. Sólo con una mayor transparencia y participación efectiva, se lograría interesar por la política a amplios sectores que se muestran desafectos con el funcionamiento de los partidos actuales y, de este modo acabar con el creciente distanciamiento entre éstos y una realidad social cambiante, con unos colectivos que han tenido el coraje de dar un paso adelante y plantear toda una batería de propuestas y alternativas tendentes a la necesaria regeneración de la práctica política democrática.

     Y, sin embargo, la dirección socialista, aferrada a la “solución Rubalcaba”, parece quedar sumida en un peligroso autismo: torpedeadas las primarias tras la forzada renuncia de Carme Chacón, un acuerdo de salón entre los barones socialistas, cual si de una nueva versión del Pacto de El Pardo de 1885 se tratara, ratificado en el pasado Comité Federal del 28 de mayo, pretende hurtar a las bases socialistas su derecho a opinar (y decidir) en esta encrucijada. Para que las primarias no sean una farsa, todavía queda la esperanza de que haya uno o varios candidatos alternativos que,  como caso del catedrático sevillano José Carlos Carmona, no sean cortocircuitados por el “aparato”  y que enarbolen las aspiraciones esenciales del giro a la izquierda y la profundización de la democracia interna, tan puesta en cuestión tras las últimas decisiones adoptadas por la dirección federal del PSOE. Todo ello resulta imprescindible para empezar a recomponer la desarbolada nave socialista y es que, tras la tempestad y, volviendo al símil náutico, el problema no es sólo qué capitán es el más idóneo para pilotar el barco socialista, sino cuál es el rumbo que éste debe tomar para llegar a buen puerto.

     Como señalaba Willy Brandt, “las derrotas forjan, con tal de que no sean demasiadas” y, por ello, tras la tempestad, habrá que asumir los pasados errores para cambiar el rumbo político de la socialdemocracia, porque,  de no hacerlo, la singladura de la nave socialista podría acabar en un naufragio definitivo y ello sería no sólo trágico para un partido de la historia del PSOE, sino también para nuestro sistema democrático.

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en El Periódico de Aragón, 5 junio 2011)

     Corren malos tiempos para las ideas y las fuerzas políticas progresistas. Ante la crisis global que todo lo invade, la marea neoliberal parece empeñada en retrasar el reloj de la historia, desmantelando logros esenciales del Estado de Bienestar, desregulando las relaciones laborales a semejanza de lo que ocurría en el s. XIX y desacreditando a los sindicatos de clase, el último dique de contención ante la desaforada ofensiva a que estamos sometidos los trabajadores  por la cada vez más poderosas fuerzas neoliberales,  de cuyo latente peligro totalitario que en ellas subyace nos advertía recientemente Tzvetan Todorov, todo lo cual resulta especialmente grave máxime si tenemos presente que frente a este riesgo real de “pensamiento único”, nos encontramos con el evidente desconcierto, cuando no claudicación de muchos partidos socialdemócratas que han ido aceptando en mayor o menor medida los postulados social-liberales y la primacía de los “mercados”, lo cual contraviene a su razón de ser y a su legado ideológico.

     Resulta triste recordar la visita del pasado día 21 de Zapatero a Nueva York y sus reuniones con el Consejo Editorial del Wall Street Journal y también con los 13 principales inversores de los EE.UU, entre ellos, George Soros, Laurence Fink, John Paulson o los representantes de Citygroup, Morgan Stanley o Goldam Sachs. Zapatero pretendía con ello “tranquilizar” a los mercados sobre la situación de la economía española: tal vez logró este objetivo explicando las “decisiones esenciales” y el  duro ajuste que impuso, sin duda presionado por altas instancias económicas internacionales, a partir de un nefasto 12 de mayo. Pero, también, pienso que, a cambio de solicitar la “confianza” de la banca y los mercados, ha sembrado grandes dosis de desconfianza y decepción entre amplios sectores de la ciudadanía y, sobre todo, entre las filas socialistas y entre su base electoral, además de haber dinamitado el diálogo social con el movimiento sindical.

     Es cierto que, en su intervención en la neoyorquina Universidad de Columbia, Zapatero criticó a los “mercados ciegos” y al comportamiento “pernicioso” de éstos, propiciado por el proceso de desregulación financiera; también es cierto que en estos últimos días Zapatero se ha mostrado finalmente partidario de aplicar una tasa a las transacciones financieras internacionales y de que se potencie la creación de un ente supervisor de los mercados financieros, o  que se va a implantar un nuevo tramo del IRPF para las rentas altas, más simbólico que efectivo dado su escaso impacto recaudatorio el cual se estima tan sólo en torno a 185 millones de euros.

     Pese a todo ello, la dura realidad de los hechos  me recuerda al famoso cuadro de Velázquez “La rendición de Breda” en el cual, ahora, Zapatero parece entregar las llaves de su política económica al ganador de la contienda, al general “Mercado”, y las lanzas de las tropas vencedoras son en esta ocasión sustituidas  por las atentas miradas y los intereses desmedidos de los nuevos caballeros, los grandes inversores de Wall Street (recordemos que John Paulson, ya manifestó a Zapatero en la aludida reunión sus deseos de invertir en el sector de las cajas de ahorros una vez culmine el proceso de privatización de las mismas).

     Son malos tiempos, se ha perdido la batalla ante los mercados por parte de los gobiernos democráticos, y ello resulta especialmente dramáticos en el caso de los países con gobiernos socialistas como Grecia, Portugal y España, ante los cuales, no es casualidad, se han lanzado repetidos y tendenciosos rumores sobre la solvencia de sus respectivas economías.

     Ahora, cuando estamos en vísperas de una huelga general, totalmente justificada, como consecuencia de unas duras medidas económicas de ajuste que cargan el peso de la crisis sobre las víctimas de la misma (trabajadores, pensionistas, empleados públicos, parados y personas dependientes) y no sobre los que la han creado (el capital especulativo financiero), recuerdo con emoción las declaraciones de Nicolás Redondo, el histórico dirigente de UGT, quien el pasado 22 de septiembre, denunciaba públicamente el “grave deslizamiento“ de Zapatero hacia posiciones liberales en materia económica, a la vez que se lamentaba de la crisis en la que está sumida la política socialdemócrata internacional (también en España) y, consiguientemente, apoyaba la huelga general del 29-S, con la misma contundencia que en su día lo hizo contra Felipe González y sus políticas de ajuste.

     Por ello, resulta urgente reconducir la situación económica por otros parámetros de mayor justicia social. Para ello, el primer paso debería ser el que la huelga general del 29-S tuviese un contundente respaldo y que, tras ella, se produjera una profunda rectificación en la política económica de Zapatero. Y es que resulta vital que los estados progresistas tengan el suficiente coraje para embridar a los mercados y así, fijar sus políticas económicas sin menoscabo de sus progresos sociales, salvaguardando el Estado de Bienestar, rechazando la creciente ola de xenofobia y racismo, apostando por el respeto a la multiculturalidad y la integración, acometiendo con valentía una salida corresponsable a la crisis, lo cual pasa, sin duda, por apostar decididamente por una auténtica progresividad fiscal, por una mayor justicia fiscal de signo socialdemócrata.

     Ante estos malos tiempos que estamos viviendo, debemos recuperar la alternativa real al neoliberalismo para volver a avanzar por el camino del progreso y no por el tenebroso sendero de la dictadura de los mercados, el negro futuro que pretenden imponernos las aceradas lanzas de los grandes inversores de Wall Street, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o de la mayoría conservadora que impera en la Unión Europea. Hoy por hoy, los mercados han ganado la batalla a los estados y a los ciudadanos, pero no pueden ganarnos el futuro.

   (publicado en El Periódico de Aragón y Diario de Teruel, 2 octubre 2010)

     Una vez, siendo estudiante y durante un viaje en tren a Madrid coincidí con una ciudadana argentina. Durante el mismo, comentamos largamente la difícil transición política que estaba teniendo lugar en el país austral recién salido de una siniestra dictadura militar. Eran los tiempos del Gobierno de Raúl Alfonsín en los que, además de esforzarse por consolidar la naciente democracia, se intentaba salir de una profunda crisis económica a la que había conducido la Junta Militar. Mi compañera de viaje me habló de las propuestas económicas  de Alfonsín, del llamado “Plan Primavera”, y, con profundo pesar, me añadió: “todos los políticos nos hablan de la primavera, pero nunca vemos las flores”.

     Estos recuerdos me vienen ahora a la memoria, enfangados como estamos en la vorágine y el desánimo propiciados por la crisis global que todo lo invade. Y es que tampoco ahora los ciudadanos de a pie vemos la primavera…ni las flores, sólo atisbamos la agudización de la crisis, los sacrificios que se nos exigen, un otoño caliente con la convocatoria de una huelga general plenamente justificada y un futuro incierto y lleno de pesimismo.

     En situaciones así, se hace necesaria una actitud  firme de la ciudadanía en la defensa de soluciones progresistas que supongan una salida justa de la crisis, siempre a favor de los sectores económica y socialmente más débiles. Por ello es tan importante el compromiso público con estas causas de la intelectualidad, del mundo de la cultura, de los sectores universitarios, pues ello sirve de referente al conjunto de la ciudadanía.

Enlazando con la idea anterior, en medio de la convulsa situación política de la España de la II República previa a nuestra dramática guerra civil, Federico García Lorca manifestaba su compromiso personal con los valores que defendía la democracia republicana ante Luís Bagaria, célebre dibujante del diario El Sol con estas palabras: “En este momento dramático del mundo, el artista debe reír y llorar con su pueblo; hay que dejar el ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que buscan las azucenas”. Con estas líricas palabras evocaba García Lorca la necesidad de compromiso del mundo de la cultura con las causas justas: un compromiso que Luís Bagaria asumió desde las páginas de la prensa donde publicaba sus caricaturas, compromiso que mantuvo hasta su muerte en el exilio al poco de concluir la contienda.

     Ese mismo compromiso al que se refería García Lorca lo asumió también Jaime Bagaria Juárez, el hijo del citado dibujante. Jaime, siguiendo la estela de su padre, había iniciado una prometedora carrera como caricaturista la cual truncó la guerra civil. De hecho, iniciada ésta, Jaime se unió a las milicias catalanas que partieron hacia el frente de Aragón en defensa de la legalidad republicana. Jaime Bagaria, afiliado al Sindicato de Dibujantes Profesionales de UGT, resultó herido gravemente en un accidente fortuito ocurrido en Caspe: operado de urgencia en el Hospital de Sangre de Alcañiz, falleció en esta ciudad el 27 de julio de 1937, siendo posteriormente enterrado en el cementerio alcañizano. Al día siguiente, el periódico barcelonés La Vanguardia, que entonces se subtitulaba “diario al servicio de la democracia” y en el cual trabajaba su padre, se hizo eco del trágico suceso a la vez que se lamentaba de cómo el joven Jaime Bagaria había muerto “cuando empezaba a gustar las mieles del triunfo como caricaturista intencionado y sagaz”.

     Ciertamente, en aquellas dramáticas circunstancias bélicas, García Lorca, Jaime Bagaria y tantos otros artistas, intelectuales y personas vinculadas al mundo de la cultura, se comprometieron con la realidad social que les tocó vivir, se metieron “en el fango hasta la cintura”, tal y como había dicho el poeta granadino aunque ello les supusiera la vida, la cárcel, el exilio o el ostracismo por parte del fascismo entonces victorioso.

     Ahora, aunque la realidad no es tan dramática como entonces, resulta no obstante igual de necesario e imprescindible el compromiso militante del mundo de la cultura con los temas que preocupan a la ciudadanía: la defensa de los valores democráticos, la denuncia de la corrupción, el rechazo a las guerras, la defensa del medio ambiente y, de forma especial, la búsqueda de una salida progresista y solidaria a la crisis global sin olvidar tampoco la defensa de la dignidad y la memoria histórica republicana (ahí están los casos de los actos en apoyo al juez Garzón y de denuncia de la impunidad judicial de los crímenes del franquismo).

     El joven dibujante Jaime Bagaria enterrado en Alcañiz o Federico García Lorca, yacente todavía en una  fosa del barranco de Víznar, sentirían de este modo que su ejemplo y sacrificio ha merecido la pena para seguir manteniendo encendida la antorcha de la justicia social, la misma antorcha que hace décadas quiso apagar el fascismo, la misma antorcha que ahora quiere apagar la codicia desenfrenada e insaciable del neoliberalismo y la dictadura de los mercados financieros.

     (publicado en El Periódico de Aragón, 19 junio 2010 ; Diario de Teruel, 27 junio 2010)

Con profunda decepción asistimos a las medidas hechas públicas por el Presidente Zapatero el pasado 12 de mayo en el Congreso de los Diputados para afrontar la grave crisis económica, una crisis que, como ocurre siempre en el sistema capitalista, la han generado la codicia y los oscuros intereses del capital financiero y la vamos a tener que pagar los trabajadores.

Decepcionante resulta que Zapatero, que aludió en su intervención parlamentaria a la inaplazable necesidad de realizar “un esfuerzo nacional colectivo, equitativo y justificado”, ante las presiones del Mecanismo Europeo de Estabilización acordado el pasado 9 de mayo, haya optado porque el esfuerzo, lógico y necesario por otra parte, se haga pesar, sobre todo, en los sectores sociales más sensibles a la crisis cual son los trabajadores por cuenta ajena, autónomos, empleados públicos y pensionistas.

Decepcionante ha sido el optar por una salida a la crisis social bendecida por la grandes instancias económicas neoliberales internacionales (FMI, OCDE), por los gobiernos conservadores, por la patronal y por las entidades bancarias. De hecho, ello supone el desmantelamiento de algunos de  los principales avances sociales impulsados por Zapatero en su primera legislatura y el avance de las medidas neoliberales de ajuste duro, propias de cualquier partido de derechas pero inaceptables para una formación política (y para su base electoral) de ideología socialista que aspira a una redistribución más justa de la riqueza. Zapatero, cual un nuevo dolorido Abraham, ha parecido querer sacrificar en el altar del mercado, a su hijo Isaac, esto es, a las políticas sociales y económicas, al diálogo social, que eran (y deben seguir siendo) señas de identidad del proyecto socialista. Un sacrificio que le ha supuesto la pérdida de buena parte de su crédito personal, político y electoral.

Decepcionante resulta constatar cómo Zapatero, ante el embate de la crisis, se ha plegado a la aplicación de unas políticas de ajuste duro, impopulares y antisociales que, hasta ahora, eximen del coste de la crisis a sus verdaderos culpables: el gran capital y la diosa “Mercado” ante la cual parece ser que todos los gobiernos, sean del signo que sean, deben postrarse de forma servil.

Decepcionante resulta que un Gobierno Socialista haya priorizado la salida a la crisis mediante la reducción del gasto público y no por el camino de incrementar los ingresos mediante una fiscalidad progresiva. Ciertamente, hay situaciones evidentes en las que la reducción del gasto resulta imprescindible pero también es cierto que la obsesión por reducir el déficit es una medida neoliberal contraria a la doctrina clásica socialdemócrata que considera que se debe de asumir con naturalidad el déficit en tiempos de recesión dado que el endeudamiento público en tiempos de crisis es la forma de hacer frente a los compromisos sociales y ser un motor de reactivación económica, fomento del empleo y de la inversión pública.

Decepcionante resulta el que la política fiscal siga siendo incapaz de adoptar medidas valientes, justas y redistributivas tales como el restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio, la creación de un Impuesto sobre Grandes Fortunas, la reforma del IRPF para aplicar con profundidad una mayor progresividad fiscal (recordemos que, en los últimos años, las rentas altas han pasado de tributar del 56 % al 43 %). También habrá que ser firme en el establecimiento de una fiscalidad más estricta sobre las grandes empresas y, lo que es un clamor ciudadano: gravar con una mayor carga fiscal a las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), un instrumento de inversión opaco de las grandes fortunas que cuenta con importantes ventajas fiscales y que sólo tributa al 1 % de sus plusvalías. Habrá que reconsiderar los tramos del Impuesto de Sociedades, el cual, excepto en el caso de los autónomos y las PYMEs, debería de equipararse a la media europea (42 %), la implantación de una fiscalidad ecológica (ecotasa) a todas las industrias contaminantes.

En esta línea de fiscalidad progresiva y, sobre todo progresista, la Banca no puede quedarse al margen. Con la misma rapidez que ha demandado (y conseguido) ingentes cantidades de dinero público para el rescate de las entidades bancarias o para avalar su solvencia, se les debe ahora implantar alguna tasa o impuesto. No resulta admisible que, mientras el nuevo Gobierno conservador británico de David Cameron se plantea la imposición de un nuevo impuesto sobre la banca, un Gobierno Socialista como es el de Zapatero no tenga el coraje político de meter en cintura a la banca que, hasta ahora, recordémoslo, en medio de la tempestad de la crisis global, es la única que se ha beneficiado económicamente. Es por ello que una auténtica política socialista en tiempos de crisis debería de fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de Consejos de Administración y otros colectivos vinculados al sector financiero y a las industrias multinacionales que, como en el caso de las empresas del automóvil, han recibido elevadas ayudas públicas y, de este modo, acabar de una vez por todas con estas bolsas de flagrante opacidad fiscal que, en estos momentos, resultan más inaceptables e insolidarias que nunca.

Además de lo dicho, en la anodina presidencia española de la Unión Europea  que concluye en junio, el Presidente Zapatero debería de impulsar medidas para la regular los mercados financieros internacionales como la implantación del impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, conocido como la “tasa Tobin”, el control fiscal sobre determinadas inversiones especulativas como las United Linked y los Hedge Funds.

Sólo si a corto plazo el Presidente Zapatero tiene coraje para impulsar estas medidas, consustanciales a la política económica socialdemócrata, sentiremos que los costes sociales de la crisis económica son compartidos de una forma justa por el conjunto de la sociedad española. Sólo así, la militancia socialista y la base social y electoral que apoyamos al PSOE, recuperaremos la esperanza de que el proyecto socialista resulta, de verdad, una alternativa viable a las políticas neoliberales, insolidarias y antisociales que, de ningún modo son la solución para salir del oscuro túnel a donde nos ha conducido la crisis económica global alentada por la codicia de los poderosos.

José Ramón Villanueva Herrero

(militante de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE)

(Diario de Teruel, 14 mayo 2010 ; El Periódico de Aragón, 15 mayo 2010 ; La Comarca, 25 mayo 2010)

      Mi amigo Vicent Garcés, portavoz federal de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE, suele decir que la izquierda actual debe esforzarse por ganar la batalla de las ideas frente a una derecha que se ha ido rearmando ideológicamente en diversas fuentes doctrinales tales como un autoritarismo de raíces (mal disimuladas) franquistas, un revisionismo histórico carente de metodología y objetividad y, también, desde planteamientos neoliberales que, con su codicia insaciable, nos han conducido a la crisis económica global que actualmente padecemos.

      Ante esta situación, tras el desmoronamiento del comunismo soviético y de los regímenes de sus países satélites a partir de 1989, unido a la actual crisis de la socialdemocracia europea, resulta fundamental el que la izquierda recupere los principios y valores que le dan razón de ser como elemento necesario de transformación social con objeto de construir un mundo más justo, libre y solidario. Sin embargo, en el ámbito del debate ideológico, la izquierda parece ir a la defensiva ante la briosa acometida de una nueva derecha dura y sin complejos que cuenta, además, con poderosos medios de comunicación desde los cuales inculcar su peculiar, parcial e interesada visión del mundo.

      No es ajena a esta ofensiva neoconservadora la aparición de una tendenciosa reinterpretación de la historia reciente, una descarada tergiversación de la realidad histórica con una carga ideológica profundamente conservadora, por no decir reaccionaria, puesta al servicio, como siempre, de los intereses materiales e ideológicos de los poderosos. Los ejemplos son abundantes y están en la mente de todos: el revisionismo histórico enarbolado por historiadores como César Vidal, Luís Suárez, Ricardo de la Cierva o aprendices de historiador como el polémico Pío Moa, que reinterpreta nuestra historia contemporánea de forma tan sesgada como falsa denostando a la II República y sus valores en la misma medida que exculpa al franquismo de sus crímenes a la vez que destaca determinados aspectos de la "modernidad" de la dictadura.

      En este sentido, la invasión "troyana" de los activistas del revisionismo histórico reaccionario, transciende del ámbito histórico para ir calando en el campo de la clase política conservadora española como es el caso de las desafortunadas declaraciones de Aleix Vidal-Quadras sobre la II República a la que se atrevió a calificar de "error histórico" o las de Mayor Oreja relativas a la supuesta "placidez" en que vivíamos los españoles bajo la dictadura franquista. Ante afirmaciones tan sesgadas y carentes de fundamento, me viene a la memoria aquella afirmación de Manuel Azaña cuando aludía a que en España arraigaban con mayor fuerza las estupideces que las acacias.

      También en el ámbito de la política local podemos encontrar algún ejemplo de esta visión beligerante y sesgada de la historia, convertida en ariete político contra el socialismo democrático y que con tanta frecuencia emplea la derecha española. Recuerdo, por ejemplo, un artículo firmado por Javier Martínez, presidente de la Junta Local del PP de Alcañiz titulado "La batalla de las palabras" publicado en este mismo Diario de Teruel el 13 de diciembre de 2008, en el cual podíamos leer una descalificación visceral de los nacionalismos, otra de las bestias negras del pensamiento conservador hispano, señalando que, "el nacionalismo separatista en España no es una ideología, es una patología, una enfermedad. Y como toda enfermedad, conlleva una serie de trastornos que afectan incluso al lenguaje". En mi caso, que para nada me siento nacionalista, considero que semejantes expresiones reflejan con claridad el sustrato ideológico, los demonios interiores, que caracteriza el pensamiento político de la derecha española: puede que no nos gusten los movimientos nacionalistas de corte independentista tanto en cuento se basan en criterios excluyentes e insolidarios pero, en democracia, son sin ninguna duda tan legítimos como los defendidos por quienes se sienten orgullosos de considerarse ciudadanos nacionalistas españoles. Es evidente que no comparto (aunque respeto) los ideales que inspiran al nacionalismo vasco, catalán, gallego o aragonés, pero de ninguna forma son una "patología" política que precise una "intervención quirúrgica" pues ello, el subconsciente de la derecha parece siempre querer anhelar la intervención de un "cirujano de hierro" como diría Costa, o algo peor, que extirpe del cuerpo nacional esta supuesta enfermedad: una lectura muy peligrosa a la hora de comprender la realidad política de nuestra España plural, de esta "nación de naciones" que avanza hacia un modelo territorial federal y, tal vez, también republicano.

      Otro uso perverso de las palabras es cuando la derecha suele reprochar el que tanto la izquierda como los nacionalismos no utilicen el término de "España" y lo sustituyan por el de "Estado Español". Cuando esto se dice por parte de los nacionalistas españoles, hay que recordar que ésta última denominación ya aparecía en el art. 7 de la Constitución de la II República de 1931 y que, posteriormente, el término de "Estado Español" fue la denominación oficial de la España franquista entre 1936 y 1975: se empezó a utilizar tras el golpe liberticida de 1936 para así no aludir a la "República sindical" de orientación fascista que quería implantar los falangistas ni tampoco la monarquía tradicional y católica que anhelaban restablecer, una vez derrocada la República laica, el carlismo y los sectores más conservadores del bando sublevado. En la actualidad, aunque prefiero aludir a España cono realidad política e histórica, también es cierto que el término "Estado Español" resulta una denominación lógica y razonable a utilizar por parte de los grupos políticos nacionalistas y soberanistas para aludir a un Estado constituido por varias naciones, tal y como reconoce el texto constitucional.

      La carga ideológica que conferimos a las palabras puede, pues, articular el diálogo y la convivencia entre modelos políticos y sociales distintos pero, cuando se llenan de tendenciosidad y engaño, se convierten en barreras infranqueables, en simas profundas que diferencia y alejan a las personas, los territorios y los modelos de convivencia social. Por ello es tan importante mantener una actitud abierta, honesta, dialogante y objetiva a la hora de analizar nuestra historia y la necesidad de extraer lecciones positivas que nos sirvan, a todos, para cimentar una sociedad basada en el diálogo cívico, el respeto a la diversidad y no en odios atávicos o en mentiras y falsedades interesadas. Ciertamente nos falta talante, esa deseable y escasa virtud cívica, esa actitud abierta, tolerante y respetuosa que, por lo visto, a fecha de hoy, no ha aprobado todavía la derecha política española y que, por ello, sigue estando un tanto descentrada.

      La batalla de las ideas, el debate profundo que debe caracterizar a toda sociedad democráticamente madura, no puede quedar desvirtuado por la utilización perversa del lenguaje y de la historia colectiva. Todo un reto para historiadores, políticos y, desde luego, para el conjunto de todos nosotros, los ciudadanos de esta nuestra España plural.

       (Diario de Teruel, 27 diciembre 2009)

      En un artículo reciente, titulado “La fiscalidad progresiva” publicado en este mismo periódico, ya hacía referencia a que, ante épocas de crisis global como la que actualmente padecemos, es cuando con mayor firmeza hay que defender políticas de progresividad fiscal, aspecto esencial del modelo de estado de bienestar socialdemócrata con el cual me identifico. Además, con arreglo al artículo 31 de la Constitución referente a que los ciudadanos debemos contribuir a los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo basado en los principios de igualdad y progresividad, era evidente que las circunstancias actuales exigían una revisión global del sistema tributario. Ello debe suponer, en la práctica, el priorizar una política fiscal basada en los impuestos directos por ser éstos los que gravan a los ciudadanos con arreglo a sus niveles de renta. De este modo, resulta esencial el impulsar actuaciones concretas tendentes a incidir de forma más efectiva en la fiscalidad sobre las plusvalías del capital mobiliario (intereses bancarios, dividendos, plusvalías por ventas de acciones o viviendas, seguros de vida), cuya tributación se efectúa por una triple vía:   el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Sociedades y el Impuesto de no residentes.

Algo, no todo, de este camino hacia una mayor justicia fiscal se ha vislumbrado tras la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 26 de septiembre del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, tema éste sobre el que quisiera hacer algunas consideraciones.

En primer lugar, era importante abordar el incremento de  los impuestos que gravan las rentas del capital, las cuales se elevan, según los casos, al 18 y 21 % de las plusvalías obtenidas. También puede tener efectos positivos la reducción al 20 % (5 puntos menos) del Impuesto sobre Sociedades que afecta a las PYMEs  con la condición de que mantengan o incrementen su plantilla durante los próximos 3 años.

Sin embargo, ha sido decepcionante el que en dicho Proyecto de Ley no se haya acometido la necesaria reforma tributaria de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV), convertidas en un pseudofondo de inversión, instrumento de ahorro de las grandes fortunas y, por ello, uno de los más utilizados por las personas con grandes capitales y que actualmente goza de importantes ventajas fiscales (exención en la modalidad de operaciones societarias del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), con objeto de subir su actual e irrisoria tributación del 1 % sobre sus plusvalías. Según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en el tercer trimestre de 2008 existían 3.369 SICAVs, las cuales contaban con 439.395 socios (la mayoría, hombres de paja, testaferros o “mariachis”, interpuestos por los auténticos dueños) que acumulaban un patrimonio de 27.143,2 millones de euros, esto es, el 76,50 % de lo que casi 17 millones de familias españolas tenían consignadas como rentas de capital mobiliario en el años 2008, según datos de recaudación de la Agencia Tributaria. Pero, en lugar de tributar al 25 % (al tratarse de una sociedad anónima) o al 18 % (al tratarse de una renta del capital, que es la que pagan los declarantes del IRPF, esto es, las familias y trabajadores), lo hacen a tan sólo al  citado 1 % sobre sus beneficios. En consecuencia, sería necesaria la aplicación de medidas concretas como el que las Cortes Generales restablezcan la competencia del control fiscal de las SICAV a la Inspección de Hacienda del Estado (IHE)  (en la actualidad, es el único beneficio fiscal que no fiscaliza la IHE), una mayor implicación del Tribunal Económico Administrativo Central con las inspecciones de este tipo de sociedades o la exigencia a las SICAVs de la diferencia entre la tributación del Impuesto de Sociedades  y el 1 % que habían aplicado indebidamente debido a que, aunque en teoría eran instituciones de inversión colectiva, en la práctica se utilizan exclusivamente para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios, así como la eliminación legal de los inversores ficticios (testaferros o “mariachis”).

Aunque desborda el ámbito de la política fiscal española, también sería necesario avanzar hacia un mayor control fiscal sobre las Unit Linked y de los Hedge Funds (fondos de cobertura), pues ambos son inversiones especulativas con el único objeto de maximizar su rentabilidad y que, ante la situación financiera actual, es preciso que tengan una regulación más rigurosa. Tal vez cuando España ocupe la presidencia de turno de la Unión Europea (UE) a partir del 1 de enero de 2010 sea el momento de impulsar medidas concretas para la regulación de los mercados financieros internacionales tales como potenciar el papel del Banco Central Europeo (BCE), dotar de carácter vinculante a las disposiciones de los nuevos organismos recientemente creados (Sistema Europeo de Vigilancia Financiera y Comité Europeo de Riesgos Sistemático), imponer una tasa internacional sobre las transacciones financieras, avanzar hacia una fiscalidad ecológica y, por supuesto, eliminar los paraísos fiscales, empezando por los existentes en la misma UE (Luxemburgo, Jersey o Gibraltar).

En las circunstancias actuales, sigo pensando que el Gobierno Socialista debe restablecer el Impuesto sobre el Patrimonio para recuperar los 1.800 millones de euros/año que ha dejado de recaudar la Hacienda Pública. Igualmente, la agenda de reformas fiscales no debe olvidar el estudio sobre el establecimiento en un futuro de un impuesto adicional sobre las grandes fortunas o el fijar por ley los topes máximos de los sueldos, bonos y primas de altos cargos, ejecutivos, miembros de consejos de Administración y otros colectivos vinculados al sector financiero o a las industrias multinacionales (como las del automóvil) que han solicitado y recibido ayudas públicas, pues es notorio que, en demasiadas ocasiones, la actuación de estos ejecutivos evidencia una opacidad fiscal fragrante, inaceptable y absolutamente insolidaria con el conjunto de la sociedad española.

Por principio, resulta difícilmente asumible la subida de cualquier impuesto indirecto que grave el consumo por los efectos sociales que de ello se derivan (perjudica a las familias de rentas bajas) y porque  responde a los postulados de las políticas económicas propias del neoliberalismo que no debemos de asumir ni imitar. Además, el pasado 13 de junio ya fueron elevados los impuestos indirectos sobre los hidrocarburos el tabaco con objeto de obtener una recaudación adicional de 1.097 millones de euros. Por ello no resulta aceptable la subida del IVA, tanto en su tipo general (18 %) como en su tipo reducido (8 %), a pesar de que la aplicación de dicho incremento se posponga hasta el 1 de julio de 2010. La subida del IVA sólo servirá para incrementar la presión fiscal sobre los sectores más débiles de nuestra sociedad y tendrá además el efecto perverso de incrementar la picaresca generada en torno al fraude fiscal. Consecuentemente, la prioridad debe de ser acabar con las bolsas de fraude del IVA antes que plantear una elevación del mismo, para lo cual hay que dotar a la Agencia Tributaria y a la Inspección de Hacienda del Estado de todos los recursos personales y materiales necesarios.

Pese a lo dicho, queda pendiente el impulsar una fiscalidad verde, la creación de un impuesto ecológico (ecotasa) de carácter finalista. Confiemos en que estos avances en fiscalidad se incluyan en la futura Ley sobre la Economía Sostenible que prepara el Gobierno Socialista. En ella, y a modo de propuesta, también debería de estudiarse igualmente la posibilidad de que, partiendo del cumplimiento estricto del Protocolo de Kyoto, se gravase con algún tipo de tasa arancelaria los productos importados procedentes del aquellos países que, como China o EE.UU. y otros, lo incumplen flagrantemente al ser los principales emisores de gases contaminantes a la atmósfera y, consecuentemente, responsables de la amenaza que el cambio climático supone para el futuro de la Humanidad.

       Ante la necesidad inaplazable de acometer una reforma fiscal en profundidad, las medidas adoptadas por el Gobierno, a fecha de hoy,  resultan tímidas e insuficientes dado que, para avanzar hacia una mayor justicia fiscal, debería de haberse incidido más en la presión tributaria sobre las rentas altas y no haber basado el afán recaudatorio en el fácil recurso de elevar los impuestos indirectos, como es el caso del IVA. Con todo ello, la sensación general que se extiende entre la ciudadanía es que los que más pueden  no aportan todo lo que debieran, mientras que los trabajadores y clases medias van a ser, como siempre, los que van a soportar no sólo el peso de la crisis, sino, también, los esfuerzos tributarios necesarios para superarla y para  garantizar la inversión productiva y los gastos sociales. Por todo lo dicho, y con arreglo a las propuestas concretas antes citadas, se lograría un sensible avance hacia una mayor justicia fiscal y, además, se consolidaría el modelo social en el cual la redistribución de las rentas por medio de una fiscalidad progresiva, permita alcanzar mayores cotas de progreso y bienestar solidario.

(Diario de Teruel, 6 octubre 2009)

Durante la campaña de las elecciones autonómicas vascas, aunque poco se habla de ello en los mítines, sigue latente la idea del actual Gobierno tripartito vasco (PNV, EA, EB) de consultar a la ciudadanía de Euskadi un proyecto político soberanista, el llamado “Plan Ibarretxe”, también conocido como “Nuevo Estatuto Político de Euskadi”: pese a su frustrado (y jurídicamente ilegal) referéndum que se fijó para el pasado 25 de octubre de 2008, este tema sigue condicionando la agenda política vasca.

Al margen del apasionamiento del debate y de la indudable importancia de las cuestiones que en esta cuestión se dilucidan, lo cierto es que, una vez más se plantea un tema de gran calado político cual es la forma de  articular la relación entre Euskadi y el resto de España, una relación que debe responder a una pregunta crucial: saber si lo vasco y lo español, son conceptos “excluyentes”, tesis de Sabino Arana y los partidos nacionalistas (abertzales),  o “complementarios” tal y como defiende el autonomismo constitucional y los ciudadanos que apostamos por un modelo federal para España. Recordando al gran estadista que fue Manuel Azaña refiriéndose a la cuestión del nacionalismo catalán en el seno de la II República, lo importante ahora es saber si con Euskadi, se “convive” de forma armoniosa o simplemente se “conllevan” ambos proyectos políticos (España y Euskadi), dando lugar por ello a permanentes conflictos entre dos realidades nacionales distintas y con frecuencia enfrentadas.

En este contexto, bueno sería hacer algunas reflexiones sobre esa secular relación (no siempre polémica) entre lo vasco y lo español. Recordemos que, Castilla primero, y España después,  tuvieron un especial respeto por los fueros y demás señas de identidad vascas, lo cual garantizó la fidelidad de éstos a la empresa colectiva de la nación española. Cuando en el s. XIX se produjo el conflicto entre el tradicionalismo carlista, de tan fuerte arraigo en las tierras vasco-navarras, y el liberalismo isabelino, la España moderna se iba abriendo paso, con dificultades, hacia los aires de modernidad política, económica, social y cultural que soplaban en Europa. Pese a la derrota del carlismo insurrecto (y reaccionario), tan reivindicado en ocasiones por el nacionalismo vasco (que incluso dedica calles a Zumalacárregui), lo cierto es que se mantuvo la foralidad vasca por parte del liberalismo español. De hecho, tal y como señalaba mi admirado Mario Onaindía, triste y tempranamente fallecido en el año 2003, el victimismo y la tendenciosidad histórica del nacionalismo vasco gobernante ha ignorado de forma deliberada el que, entre 1839 y 1876, arco cronológico que abarca los finales de las dos contiendas civiles alentadas por el carlismo vasco-navarro, el fuerismo del País Vasco resultó compatible con el funcionamiento del Estado centralista isabelino, lo cual suponía un entendimiento razonable, una convivencia efectiva entre el pueblo vasco y la España liberal (vid.: Mario Onaindía, Guía para orientarse en el laberinto vasco, Madrid, Temas de Hoy, 2000). De este modo, los nacionalistas (abertzales), tanto moderados como radicales, olvidan deliberadamente el respeto del liberalismo español para con la foralidad y las señas de identidad vascas. Incluso,  tras la Ley Derogatoria de los Fueros Vascos de 21 de julio de 1876, el conservador Cánovas quiso compensar al País Vasco con la concesión del privilegio que, todavía a fecha de hoy, suponen los Conciertos Económicos. Y todo ello porque, como señalaba Onaindía, “se comprende que el PNV haya ignorado sistemáticamente esta realidad, porque desde el primer momento han intentado presentar al nacionalismo vasco como la única ideología viable para los vascos, dada la imposibilidad de entendimiento con España, que era desmentida precisamente por esa experiencia histórica basada en el liberalismo”.

El engarce territorial de Euskadi con la España moderna fue intentado de nuevo durante la II República mediante la aprobación del Estatuto de Autonomía, lamentablemente malogrado por la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. La ruptura dramática entre lo vasco y lo español, alentada simultáneamente por el franquismo y el nacionalismo (ahí surgió ETA en 1959), parecía definitiva. Recuperadas las libertades democráticas, una vez más la España constitucional manifestó una innegable actitud conciliadora para con el nacionalismo vasco, a quien se quiso integrar en el nuevo tiempo que, tras la muerte del dictador se iniciaba. Ello hizo que se fuese especialmente generoso con el PNV: se aceptaron las peculiaridades vascas y se aprobó el Estatuto de Gernika (25 octubre 1979) que sirvió para, como señalaba Onandía, “desplegar su enorme capacidad de modernización de la sociedad vasca” y que, ahora, cuando va a cumplir 30 años de vigencia, el Plan Ibarretxe considera “superado”. Y sin embargo, el PNV, hay que decirlo, no actuó con la misma generosidad histórica que tuvieron otros partidos como el PCE (que aceptó incluso la monarquía para consolidar la incipiente democracia) puesto que los seguidores de Arana no votaron favorablemente la Constitución de 1978 y propiciaron la ruptura de la gestión eficaz del período de los gobiernos de coalición PNV-PSE (1986-1998) al abandonar el autonomismo del “espíritu de Arriaga” y emprender  la llamada “vía Juan Mari Ollora” defensora de un “marco vasco de decisión”, del cual surgió el Pacto  de Estella (12 septiembre 1998) sobre impulso de la vía soberanista y la territorialidad de Euskalherria.

Así las cosas, con el Plan Ibarretxe un tanto hibernado, pero latente, se vuelve a plantear de nuevo la cuestión del engarce político y territorial de Euskadi. Es innegable que el lastre dramático de la violencia etarra desvirtúa la posibilidad de una plena y libre voluntad de expresión de la ciudadanía vasca que, sin duda, es quien debe decidir su futuro, en el cual la celebración de un referéndum con todas las garantías legales y jurídicas no sería descartable en el momento oportuno. También es cierto, y nos lo recordaba Onaindía, que los partidos constitucionales deberían realizar una valoración crítica del proceso autonómico y asumir algunas medidas “imprescindibles” tales como la conversión efectiva del Senado en una Cámara de representación territorial y la cuestión del desarrollo de un modelo federal pleno para España, fomentando además los cauces de cooperación y colaboración entre los distintos territorios. Por mi parte, considero que habría que abrir también el debate sobre un tema cual es reconocimiento constitucional del derecho de autodeterminación: independientemente de que se ejerza o no y con todas las garantías democráticas exigibles, debería de contemplarse en todas las constituciones progresistas y, por ello, también en la Constitución Española.

Resulta innegable que hay que entender las diferencias entre lo vasco y lo español no como realidades excluyentes, sino complementarias: ambas son culturas completas, con elementos propios, lo cual genera tensiones y contradicciones. Ciertamente, un conflicto político, y este lo es, requiere soluciones políticas inteligentes y valientes. También generosas, como las que el liberalismo español supo ofrecer tras la victoria militar sobre el carlismo en 1839 (Acuerdos de Vergara) y en 1876 (Conciertos económicos). Tal vez, en un futuro próximo, el eterno dilema planteado por Azaña entre convivir o conllevarse, la cuestión de la relación armoniosa (“amable”, diría Ibarretxe) entre Euskadi y el resto de España, encuentre su estabilidad en la libre y voluntaria adhesión vasca a una España federal, a una futura Federación de Naciones Ibéricas, tal y como defendía hace ya muchos años el dirigente socialista eibarrense Toribio Etxebarría o el “pacto entre diferentes” al que alude con frecuencia Patxi López.  Porque el modelo territorial federal para España, como decía en republicano turolense Víctor Pruneda, debería ser “el suave lazo que a todos une y a ninguno ata”. Tal vez esté ahí la solución.

José Ramón Villanueva Herrero

(La Comarca, 24 febrero 2009 ; Diario de Teruel, 12 marzo 2009).

     Como en la mítica canción de Bob Dylan, "los tiempos están cambiando", también en la provincia de Teruel. Y es que, durante los últimos años, un rayo de esperanza se ha ido abriendo paso, se ha roto el fatídico ciclo que, desde hacía demasiados años, atenazaba nuestro futuro. Si desde finales del s. XIX la despoblación, el atraso económico y la carencia de comunicaciones adecuadas eran unos lastres insalvables para nuestra tierra, ciertamente algo ha ido cambiando en todos estos aspectos. Recordemos cómo la provincia de Teruel, de la que en numerosos escritos de figuras de la talla de Pruneda, Gascón y Guimbao, Federico Andrés o los bajoaragoneses Contel o Vidiella, se denunciaba el abandono de las instituciones para con esta tierra, lo cual había producido su dramática "postración", como entonces se decía, el ser la "cenicienta" de las provincias españolas, es ahora cuando se empiezan a vislumbrar signos esperanzadores de desarrollo.

     Estas reflexiones parecen recordarnos que, frente a pasadas desidias, desde hace unos años, se ha apostado desde las instituciones de una forma decidida a favor del futuro de Teruel. En este sentido, el pasado día 7 de febrero, el Presidente Zapatero estuvo en Teruel en un acto político que fue un hito histórico y, ante mas de 2.500 turolenses, reafirmó sus compromisos con nuestra tierra. En el mismo, Zapatero transmitió una apuesta firme por este Teruel que renace y que cree en su futuro: por primera vez, y pese a que es cierto que existen demandas pendientes y alguna decepción acumulada, tenemos los turolenses la sensación de que son atendidas algunas de nuestras demandas históricas. En este sentido, Vicente Guillén transmitía cómo Teruel empieza a dar síntomas de ser una provincia que empieza a despegar: cuestiones largamente demandadas por los regeneracionistas turolenses de finales del s. XIX como era el caso de las comunicaciones empezaban a ser una realidad (Autovía Mudéjar), o se hallaban en proyecto de serlo (Alta Velocidad Teruel-Zaragoza, variante de Alcañiz, desdoblamiento de la N-232), al igual que ocurría con las no menos importantes obras hidráulicas (recrecimiento de Santolea, pantanos de Mora y Lechago, elevación de aguas del Ebro a Andorra).

     Todas estas actuaciones, incluidas en el Plan Específico para Teruel, apoyado de forma decidida por el Gobierno Zapatero, no sólo inciden en las infraestructuras y el desarrollo agrario sino que intentan impulsar actuaciones con gran visión de futuro como PLATEA en la capital provincial o la Ciudad del Motor en Alcañiz, ambas llamadas a tener un importante efecto dinamizador en sus respectivas áreas de influencia. A todo ello habría que añadir, en este período expansivo, la creación de 15.000 empleos nuevos en la provincia.

     Otro signo de optimismo es que, por primera vez en más de un siglo, Teruel empieza a incrementar su población y sus nuevos 5.000 habitantes suponen el romper un ciclo dramático de creciente despoblación, tema éste en el que el aporte de la inmigración ha sido determinante.

     Por su parte, Marcelino Iglesias mantuvo en su discurso la firmeza de las posiciones antitrasvasistas, cuestión de dignidad y garantía de futuro para Aragón ante las pretensiones electorales del PP que no oculta sus intenciones en este sentido aunque las maquille con el eufemístico término de "transferencia" de caudales entre cuencas hidrográficas. Igualmente, la importancia del Estatuto para el desarrollo de Aragón, así como una apuesta decidida por las energías renovables, fueron también destacados por el presidente aragonés.

     Esperada era la intervención de Zapatero, el cual llegaba a Teruel, no ya como candidato sino como Presidente del Gobierno y, por ello, con la obligación de rendir cuentas de su gestión, que ha sido mucha, durante esta legislatura a favor de Teruel. Además, era el momento de presentar proyectos de futuro (ahí está el Museo Nacional Etnográfico) y, desde luego, asumir críticas como las presentadas por Teruel Existe.

     Dicho esto, consideramos que Zapatero ofrece razones ciertas para creer, no en ningún dogma, sino en un hombre que, con honestidad, asume compromisos, tiene una visión ética de la política regida por una escala de valores que, como en el caso de Azaña, no sólo dan razón de ser a la acción política sino que la dignifican. En su discurso, los ideales y valores de la izquierda ocuparon un lugar determinante, todos ellos encaminados a impulsar la igualdad, el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía. Merecen destacarse las medidas de política social impulsadas por Zapatero, leyes todas ellas impregnadas de los valores de justicia social, de solidaridad, de igualdad, de ampliación de libertades: Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004), Ley de matrimonios homosexuales (2005), Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia (2006) o la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres (2007). Además, Zapatero se compromete de forma decidida a que, si logra la victoria electoral, dar en la próxima legislatura un nuevo impulso a las políticas a favor de las mujeres y de los jóvenes. Ciertamente, nos falta todavía perspectiva para calibrar el auténtico calado de las medidas en materia de política social del Gobierno Zapatero desarrolladas durante estos 4 últimos años y que han puesto a España entre los países más avanzados del mundo en esta cuestión, que consolida (y amplía) el estado de bienestar. Pese a las críticas viscerales de la derecha, tenemos serias dudas que, en caso de llegar al poder el PP, se atreviese a derogarlas, al igual que tampoco lo hizo durante los 8 años de Gobierno Aznar con las leyes del divorcio o del aborto.

     Otro eje fundamental de la política de Zapatero es el impulso al desarrollo económico el cual, pese a la desaceleración cierta que percibimos, en absoluto presenta los negros nubarrones que los agoreros de la derecha quieren hacernos creer, un desarrollo que se ha reflejado en estos años en un mayor crecimiento que el de los países de nuestro entorno y que, justo es reconocerlo, no hubiera sido posible sin el aporte debido a los trabajadores inmigrantes, a los cuales la derecha minusvalora con cierto aire xenófobo, así como también a la creciente incorporación de la mujer al mercado laboral.

     La nobleza de la política es transmitir ética, honestidad, reconocer errores y limitaciones, lograr realizaciones prácticas que, de forma gradual pero continuada, impulsen el progreso de nuestra sociedad y tengan siempre, como primera referencia y compromiso, la defensa de los sectores más débiles y desfavorecidos. Por eso consideramos que, en Teruel, votar socialista es el auténtico voto útil de la izquierda para frenar a la derecha rancia y desabrida, fatalista y rencorosa que sólo anhela recuperar el poder para frenar los avances sociales logrados por las políticas socialistas impulsadas por Zapatero. Y es que, como Bob Dylan, pensamos que los tiempos están cambiando (para mejor) en España y, desde luego en Teruel y todos avances logrados y los que quedan por conseguir, no sólo ennoblecen a la política, sino también a aquellos que, como Zapatero, los impulsan y por ello tenemos no sólo razones para creer sino, también, para darle nuestro decidido apoyo.

José Ramón Villanueva Herrero y Cándido Marquesán Millán.

(La Comarca, 15 de febrero de 2008)

(Diario de Teruel, 16 de febrero de 2008)

      El fichaje de Manuel Pizarro por Mariano Rajoy ha sido recibido por los poderes mediáticos, vinculados con el PP, con gran alegría. Quieren transmitir la sensación de que las elecciones se decantan inexorablemente hacia la derecha. Sin embargo, las cosas son más complicadas. Nadie puede cuestionar que Pizarro tiene una gran experiencia en el mundo empresarial, aunque para moverse en la política ese bagaje no parece suficiente.

      Durante su gestión al frente de Endesa,  no está de más recordar  cómo, cuando se produce la primera Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Gas Natural, las acciones de Endesa languidecían ante la indiferencia del universo inversor: las recomendaciones de compra eran escasas,  no había catalizador, ni plan estratégico, ni idea de negocio. Si hubo una OPA sobre Endesa es porque alguien, llámese como se llame, percibió que estaba barata y que, la razón de que la firma cotizara a esos bajos ratios, era consecuencia de una mala gestión. Nadie está dispuesto a pagar una prima si no puede rentabilizarla. Pero Pizarro entendió que la OPA que la catalana Gas Natural lanzó en 2005 sobre Endesa era fruto de un acuerdo político que suponía quedarse con la eléctrica "por un precio ridículo".

     A partir de ahí comenzaron los procesos judiciales. Para cortar el paso a la empresa catalana, controlada por La Caixa, negoció con el gigante alemán E.ON. El Gobierno intentó evitarla por un decreto-ley que le permitiera reforzar las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La pugna por Endesa se cerró en octubre de 2007 tras más de dos años de proceso.

     Pero el acontecimiento más conocido de este nuevo personaje político fue cuando, el 17 de septiembre de 2005, salió en tromba ante los medios de comunicación con un ejemplar de la Constitución para denunciar que la OPA era inconstitucional alegando que en España no había seguridad jurídica y que había que ir a buscarla a Nueva York..

     Muchos accionistas de Endesa le están agradecidos porque elevó un 112 % el valor de las acciones de la empresa. A buen seguro que el PP también lo recordará para ensalzar su capacidad de gestión.

     Ahora Pizarro deja el mundo empresarial para saltar a la política, es decir, la carrera contraria a la de su amigo Rodrigo Rato, que es uno de los consejeros mejor pagados. Pizarro dejó Endesa con una indemnización de unos 12 millones de euros, tras duplicarse el sueldo en 2006 y ganar 3,2 millones. Además, obtuvo cuatro millones por la venta de acciones. Quizá ya ha ganado dinero suficiente y ahora sólo le motiva el poder.

     Que finalmente haya sido atraído por Rajoy a la esfera política, a primera vista podría parecer un tanto sorprendente, si tenemos en cuenta que en declaraciones no muy lejanas en el tiempo a la COPE,  la había descartado de pleno, aunque afirmó que ayudaría a lo que creyera que era mejor para el país. También indicó, sobre su paso a la política, que "las vocaciones tardías son como los amores otoñales".

     De lo que ya no podemos extrañarnos tanto es que dado este paso, lo haya hecho hacia la derecha. Es nieto del general Manuel Pizarro Cenjor Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en Teruel, cargo que ocupó desde julio de 1947 hasta 1954, así como también Jefe de la V Región de la Guardia Civil, que llegó a la provincia con el mandato expreso de Franco de sofocar el movimiento guerrillero, al igual que había hecho antes en las provincias de León y Granada. Se consideraba, estrecho colaborador del general Franco, tuvo un carácter duro, autoritario e implacable. Y realmente cumplió la misión que se le había encomendado. Es por ello que podemos imaginar la posición del nieto del general Pizarro en un tema de tan candente actualidad como es el de la recientemente aprobada Ley de la Memoria Histórica.

     Por otra parte, es sabido que ha estado siempre cerca del PP. De hecho, en 1996 ya recibió la primera oferta para incorporarse al Gobierno, pero prefirió quedarse "en la retaguardia", como él decía. Esta posición le permitió mantenerse en la empresa privada, donde ha ganado un patrimonio más que razonable y desde donde ha utilizado sus múltiples contactos políticos. Nunca ha ocultado su amistad con el ex presidente José María Aznar, y se ha convertido en un controlador del poder económico para el PP, además de ponente habitual en los cursos organizados por la FAES.  A todos los asistentes a una conferencia suya impartida en el Colegio Mayor de San Pablo sorprendió al mencionar los comienzos de su actividad intelectual en el seno de un pequeño grupo de liberales convencidos, reunidos en la calle Zorrilla tras las sesiones del Congreso. Este selecto grupo estaba formado en gran parte por diputados del Grupo Popular, como el entonces desconocido José María Aznar, Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, Loyola de Palacio, o el mencionado Pedro Schwartz y surgió a principio de la década de los años 80 como reacción al entonces pensamiento único socialista e intervencionista en el ámbito económico, comenzando a oponer a las ideas keynesianas reinantes las tesis liberales del recién fallecido, Milton Friedman. Los componentes de este grupo gestaron el cambio liberal en España.

     Como era de esperar  Pizarro ha sido recibido con los brazos abiertos por los empresarios, tras hacerse público su fichaje como «número dos» de Mariano Rajoy en la candidatura del PP por Madrid. Para el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, Pizarro «ha sido un magnífico gestor» al frente de Endesa, y se mostró convencido de que «lo hará muy bien en la política». Muy al contrario que en Cataluña, ya que antes de dar la empresa a una compañía española radicada en Cataluña prefirió un comprador alemán. En este aspecto Mariano Rajoy arriesga mucho, ya que un partido aspirante a gobernar en toda España no debe arriesgarse a convertirse en una fuerza casi testimonial en Cataluña. Pizarro, que hace alarde de su condición de aragonés (y turolense), suponemos que, en sus nuevas tareas políticas será un firme defensor de su tierra y, por ello, se opondrá con la misma energía de la que hizo gala como presidente de Endesa ante las Opas que consideraba hostiles para su compañía, a los intentos, presentes y futuros, de trasvasar el Ebro, aspecto éste que, defendido por Rajoy e incluido en el programa electoral del PP, sería un factor de desvertebración territorial de España.

     Fallidos los intentos de erosionar al gobierno en los frentes del terrorismo, del territorial o el educativo, los dirigentes del PP iniciaron una nueva ofensiva contra la política económica del Gobierno de España.    Rajoy se encaminaba hacia las próximas elecciones sin ningún peón de prestigio en el ámbito económico con el que oponerse  al consistente y sesudo Solbes, lo que le vaticinaba un auténtico suicidio electoral.  Lo que le hacía necesario tomar una decisión a la desesperada. Por ello,  la batalla electoral sobre el campo de la economía se aventura de alto nivel.

Cándido Marquesán Millán y José Ramón Villanueva Herrero

(Extremadura al día, 17 enero 2008)

(Diario de Teruel, 20 enero 2008)

      En el transcurso de nuestra joven democracia en España, nunca como ahora un Presidente del Gobierno se había  visto sometido a unas críticas tan duras.  Le llueven  desde la agria oposición del PP y, también, desde  poderosos medios de comunicación (COPE, ABC, El Mundo, La Razón, etc.),  así como también del periódico de mayor tirada en Aragón. Todos ellos tratan de sembrar en la sociedad española la idea de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero es un desastre,  que algún cataclismo cósmico está próximo y por ello se hace inevitable una moción de censura o un adelanto de las elecciones. Esta campaña, visceral y demagógica impulsada por el PP, ese “aparato con licencia para mentir”, como hace unos días lo definía Andrés Perelló, recuerda la que,  en tiempos de la II República, hicieron las derechas contra Manuel Azaña, aquel brillante político e intelectual que acometió con valentía las profundas reformas que la España de aquel entonces precisaba.Entendemos que estas críticas contra Zapatero son totalmente  infundadas, dado que,  en poco más de tres años de Gobierno socialista, ha tomado todo un conjunto de importantes decisiones políticas, económicas y sociales que deben ser valoradas en su auténtica dimensión. A algunas de ellas nos referiremos seguidamente. 

     La primera decisión importante de Zapatero fue salir de una guerra injusta, ilegal e inmoral, cual era el conflicto de Irak,  decisión nada fácil si tenemos en cuenta el poder político-militar de los E.E.U.U.. Por ello, se ha mantenido una política exterior digna, europeísta, impulsora de la Alianza de Civilizaciones y solidaria con el Tercer Mundo, mediante la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), de lo cual el Plan África es todo un ejemplo. Por lo que a Aragón respecta, Zapatero paralizó el trasvase del Ebro, tema tan sensible en nuestra tierra,  sin olvidar su apoyo incondicional (político y financiero) a la Expo-2008 de Zaragoza.  

     La situación económica española es buena, con un crecimiento superior a la Unión Europea, EE.UU y Japón, los niveles de paro son los más bajos desde hace 28 años y se ha logrado la histórica cifra de 20 millones de empleos. Todo ello ha hecho que las cuentas públicas se hallen saneadas, con un superávit que permite acometer, en esta legislatura, mayores inversiones en  políticas sociales, educación (+ 63,9 %), investigación (+ 125,2 %),  infraestructuras (+ 21,2 %) y ayuda al desarrollo (106,7 %).

     La inmigración se ha regularizado razonablemente, y a iniciativa española, la Unión Europea ha empezado a desarrollar una política migratoria común . Obviamente hay problemas de adaptación, pero la población inmigrante regularizada, ha servido para nuestra recuperación demográfica, y, mediante sus cotizaciones a la Seguridad Social, garantizan el pago de nuestras pensiones presentes y futuras.  

     Un tema importante como el educativo ha sido encauzado a través de la Ley Orgánica de Educación (LOE), una Ley que lleva adjunta una Memoria Económica.  Igualmente las dotaciones presupuestarias para becas se han incrementado en un 50 %. Además, el  Estado  ha asumido la responsabilidad de educar a nuestros muchachos mediante la impartición de la asignatura, Educación para la Ciudadanía,  tal y como ocurre en otros países de nuestro entorno, para transmitir los valores de la libertad, de la igualdad, del pluralismo y de la justicia que están en el artículo primero de nuestra Constitución. En definitiva, para que sean ciudadanos libres y conscientes en una sociedad plenamente democrática.

     Zapatero fue igualmente sensible en materia territorial a la necesidad de reformar diversos estatutos de autonomía. De este modo, se aprobó el nuevo Estatuto de Cataluña siguiendo un procedimiento escrupulosamente democrático y,  posteriormente, a este proceso de reformas estatutarias  se sumaron Andalucía, Valencia o Aragón.

     El Gobierno socialista, encabezado por Zapatero, con el apoyo de todas las fuerzas democráticas del Parlamento, y la excepción del Partido PP,  ha tenido la valentía de explorar las posibilidades de alcanzar la paz tras el alto el fuego indefinido de ETA, sin ceder a sus peticiones imposibles. Hizo lo que tenía que hacer: era un deber moral y político, al igual que hicieron otros Gobiernos anteriores, y nadie los critico por ello. Se acusó al Ejecutivo socialista  de hacer concesiones políticas, judiciales y penitenciarias, de haber “vendido” Navarra, de permitir la autodeterminación del País Vasco.  Si las hubiera habido, no se hubiera producido el final de la tregua por parte de ETA. Que nadie le culpe del fracaso de la negociación: todos sabemos quién ha roto el proceso y la derecha debería recordar que lo importante es derrotar a ETA y no a Zapatero.

     Se han aprobado Leyes de profundo calado social pero tenemos la impresión de que no están siendo valoradas convenientemente por la sociedad española. Todas ellas  tienen en común el conceder más derechos a más españoles,  a los colectivos más desfavorecidos, como mujeres, homosexuales o dependientes. Están impregnadas  de valores de justicia social, de solidaridad, de igualdad y de ampliación de las libertades, en definitiva, de los ideales que siempre han caracterizado a la izquierda. Este es el caso de las siguientes: Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, sin olvidar el Estatuto del Trabajador Autónomo, del cual se beneficiarán más de 3 millones de españoles. Todo este conjunto de leyes, son tan importantes, que por sí mismas llenarían de contenido toda una legislatura.   

     Por todo lo dicho, consideramos a Zapatero un Presidente con valores, con principios y cumplidor de sus compromisos políticos. Cuando en la noche del 14 de marzo del 2004, recién ganadas las elecciones, los jóvenes le gritaban “¡Zapatero, no nos falles!”, nos venían a la memoria aquellas palabras que Manuel Azaña pronunció en un discurso en Bilbao en  1934: “Es la emoción política un bien escaso porque exige rigor y mesura ante las tentaciones de la inmediatez. Nada más fácil que sucumbir al halago cultivando la imagen que la multitud, con el motivo más peregrino, tiene del dirigente. Ningún empeño más arduo que conservar la frescura y la inocencia del primer discurso público”.  

     Esa frescura e inocencia, así como la firmeza de las convicciones e ideales de progreso que siempre ha defendido Zapatero, hacen que, frente a la soledad a la que pretende condenarlo la demagogia de la derecha (“Anticristo” llegaron a llamarlo en Murcia), sea merecedor del respaldo de la mayoría de los ciudadanos progresistas y, por ello es, en nuestra opinión, un buen Presidente, tal vez el mejor Presidente de la democracia española. 

Cándido Marquesán Millán y José Ramón Villanueva Herrero. 

(Diario de Teruel, 16 julio 2007)   

     Desde hace ya demasiado tiempo, se ha instalado en el debate político español un creciente grado de crispación que resulta preocupante. Este hecho, que está deteriorando la vida pública y la convivencia ciudadana, debe llamarnos a todos a una reflexión serena y a adoptar soluciones que le pongan fin lo antes posible. Es por ello que considero un hecho positivo la aparición en estos días de un “Manifiesto por la convivencia, frente a la crispación” en tanto que supone toda una prueba de sensatez cívica así como una seria llamada de atención hacia la clase política y, de forma especial, hacia la oposición contumaz y desabrida que caracteriza la actuación de la derecha española desde que hace tres años fue apeada del poder, lo cual no parece haber asimilado plenamente.

     El Manifiesto nos ofrece un exhaustivo análisis de la actual situación política española. En primer lugar,  se constata la profunda inquietud que, entre la ciudadanía, está produciendo la creciente crispación y el acalorado enfrentamiento instalados en la vida política. En su texto se advierte de una serie de riesgos que se derivan de hechos tales como el que el debate sereno y argumentado se ha sustituido por la descalificación y el insulto, del cuestionamiento de diversas instituciones e, incluso, de la legitimidad del mismo Gobierno socialista actual, así como que el derecho a recibir una información veraz está siendo invadido por la manipulación sistemática de los hechos con mentiras y medias verdades que no hacen sino crear confusión en la ciudadanía. Esta cúmulo de circunstancias, definidas como “conjunto de procesos indeseables”, pueden suponer el primer síntoma de una fractura, de una quiebra de la convivencia social, que hay que evitar a toda costa.

     Esta situación resulta especialmente grave cuando, tal y como señala el Manifiesto, esta crispación no responde en absoluto a la situación real de España puesto que se ignoran “hechos objetivos” como una situación económica aceptable o el logro de significativos avances sociales y políticos. Además, al margen de los errores del Gobierno, se reprocha a la oposición el que haya sido incapaz de presentar auténticas alternativas constructivas en temas concretos, y también de Estado, que le hubieran dado una mayor credibilidad al margen de posiciones y actitudes demagógicas. Bien al contrario, la oposición se ha ido descentrando a la vez que enarbolaba temas de profunda carga emocional como supuestos riesgos para la unidad de España o el bulo de que el Presidente Zapatero había rendido el Estado ante los terroristas etarras. El Manifiesto no duda en señalar que “tamaña desmesura no tiene nada que ver con la realidad”, razón por la cual rechaza con contundencia  el hecho de que la oposición haya convertido el tema de la lucha antiterrorista en el “eje exclusivo”  de su agria pugna con el Gobierno. Esta situación resulta especialmente grave  puesto que, como se enfatiza en su texto, “esta postura no tiene antecedentes en la Unión Europea”. (Recordemos, a modo de contraste, la absoluta lealtad del Partido Conservador británico para con la política de pacificación del Ulster impulsada por Toni Blair).

     El Manifiesto critica igualmente la actitud de la oposición de patrimonializar la idea de España, tan propia de la rancia derecha, mediante la apropiación, casi en exclusiva, de banderas e himnos, así como el que la “política de confrontación”  haya llegado a instituciones que, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, deberían de quedar al margen de la lucha política.

     Junto a todo lo dicho, este Manifiesto plantea una serie de propuestas de interés. En primer lugar, exige al Gobierno que, sin caer en la tentación de la confrontación, asuma con convicción el liderazgo social impulsando propuestas positivas que impidan la ola creciente de confusión y desencanto que se extiende entre la ciudadanía. Igualmente, considera que las próximas elecciones serán una buena ocasión para exigir a toda la clase política que se ocupe realmente de los problemas que, de verdad, preocupan a todos los ciudadanos, y no de esa “realidad virtual” con tintes apocalípticos diseñada por una derecha que, a tambor batiente, redobla sus ataques contra el Gobierno y, sobre todo contra el Presidente Zapatero, para recuperar el poder.     Finalmente, con el sentido común que impregna todo este Manifiesto, se nos solicita a todos los ciudadanos unidad y sensatez ante temas esenciales que deben quedar lejos de toda manipulación interesada como son la paz, la libertad, la lucha contra el terrorismo, la defensa del Estado de Derecho y sus instituciones, y, también, los avances sociales y civiles logrados “frente a los que pretenden hacernos retroceder en el tiempo”.     Con este mismo espíritu, el “Manifiesto para la regeneración del PP de Galicia” de 16 de septiembre de 2005, ya exponía ideas similares que parecen haber olvidado los dirigentes populares al señalar que “el PP hará un esfuerzo en desterrar las actitudes que generan crispación política, incluso en la defensa de posiciones antagónicas, que no suponen más que desasosiego social, inquietud y rechazo de los ciudadanos hacia la clase política y no añade nada positivo a un diálogo fructífero y constructivo. La buenas maneras deben de instaurarse en la clase política como ejemplo de tolerancia y convivencia ante la sociedad”.

     Como vemos, tanto en este documento del PP de Galicia, como en el Manifiesto por la convivencia  a los que nos hemos referido en este artículo, nos plantean todo un  reto y, también, un compromiso cívico para reconducir la actual situación que a nadie beneficia, un reto y un compromiso de los cuales depende la salud futura de nuestra sociedad democrática.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 15 abril 2007)

     El Islam está de candente actualidad por diversos motivos: a la fuerza expansiva de su religión, que contrasta con un secularizado Occidente, se suman aspectos geopolíticos de todos conocidos y, también, la creciente importancia que, como consecuencia de la inmigración, ha ido adquiriendo la población musulmana en nuestra sociedad, cada vez más intercultural.

     Pese al respeto que el Islam nos merece, en nuestra relación con la fe y la cultura musulmana no debemos olvidar la salvaguardia de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión así como la condición y dignidad de la mujer, pues ellos son innegociables y conforman la escala de valores y principios que rigen nuestra sociedad civil y democrática.

     En este contexto, el Islam ha provocado en Occidente opiniones encontradas. A las muy desafortunadas declaraciones de Benedicto XVI, habría que añadir las formuladas desde diversos ámbitos de la derecha europea como es el caso de Nicolás Sarkozy u otros políticos conservadores españoles. Es como si se estuviese propalando un creciente temor, una sensación de “invasión”, una especie de “síndrome 711”.

     Los primeros síntomas del mismo, no exentos de actitudes reaccionarias, xenófobas y de una visión anacrónica de nuestra historia, tiene su más clara manifestación en diversas actitudes y declaraciones de José María Aznar. En su primer discurso en la Universidad de Georgetown (22-IX-2004), reciente todavía la inmensa tragedia del 11-M, remontó con toda intencionalidad política el origen de dichos atentados, no a la guerra de Iraq, sino mucho siglos antes: a la invasión musulmana de España, allá en el lejano año 711. Aznar no dudó en señalar sandeces tales como que “el problema de Al-Queda comienza en el siglo VIII” puesto que “España rechazó ser un trozo más del mundo islámico, cuando fue conquistada por los moros, rehusó perder su identidad”. Toda una absurda acrobacia historicista utilizada para legitimar la reconquista medieval… y, también, su alianza con Bush durante la ilegal guerra de Iraq.

     Así lo exponía Aznar en su conferencia del pasado 21 de septiembre en el Hudson Institute de Washington, uno de los referentes ideológicos de los sectores más duros de la derecha americana, fundado en 1961 por Herman Khan, firme partidario del empleo de la guerra nuclear contra la URSS durante los años de la Guerra Fría. En tan selecto y conservador foro, Aznar se declaró partidario de los Reyes Católicos, en una actitud que le hacía posicionarse en la línea del más rancio conservadurismo español … del s. XIX, como era el caso del carlista Vázquez de Mella o del ultramontano Menéndez Pelayo, por no citar la exaltación “imperial” que, de la época de los Reyes Católicos hizo el franquismo. El esperpento llegó al extremo cuando Aznar expuso, con su arrogancia habitual, que ningún musulmán le había pedido perdón por haber ocupado España durante 8 siglos. Puestos a pedir perdón, tampoco Aznar lo ha hecho ante ningún judío o musulmán por los crímenes de la Inquisición durante la época de sus idolatrados Reyes Católicos. De igual modo, como recordaba hace unos días el teólogo progresista brasileño Leonardo Boff, las antiguas potencias coloniales (España entre ellas), tampoco lo han hecho por el exterminio de las poblaciones indígenas de América Latina ni por la explotación a la que sometieron durante siglos a los esclavos negros traídos desde África.

     Este “síndrome 711”, caracterizado por obsesiones invasoras y por justificar luchas reconquistadoras de antaño o de la actual “guerra contra el terror” orquestada por el “Trío de las Azores”, parecen articular el pensamiento de una derecha cada vez más descentrada.

     Por todo lo dicho, Aznar no ha dudado en calificar de “estupidez” al naciente proyecto de la Alianza de Civilizaciones: el que este posible puente de diálogo y entendimiento entre culturas sea rechazado de forma tan brutal, puede hipotecar seriamente la credibilidad internacional de la derecha española al no asumir el reto histórico que, avalado por la ONU, debe desempeñar ésta. La Alianza de Civilizaciones, como opción de futuro, debe fomentar el desarrollo armónico e integrador, cimentado en principios de justicia para el conjunto de la Humanidad, basándose en el conocimiento y respeto mutuo de los valores éticos y sociales, única forma de superar endémicos enfrentamientos e incomprensiones. Y todos estos ideales y aspiraciones, desde luego, no son una estupidez, señor Aznar.

     Consecuentemente, frente a la política exterior auspiciada por Bush y Aznar, que, extendiendo de forma insensata la lucha contra el “terror”, ha agudizado todavía más el rencor y el odio del Islam contra Occidente y sus valores, el futuro de las relaciones internacionales no puede ser otro que el de tender puentes de diálogo sincero y cooperación solidaria.

     Frente a la confrontación alentada por la derecha, el único camino sensato es el impulso de la Alianza de Civilizaciones si se le brinda el apoyo y el respaldo preciso. La convivencia y el respeto, entre personas y culturas distintas, siempre será el mejor antídoto para superar el riesgo de contagio del “síndrome 711”.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 13 octubre 2006) 

     Un año después de la tragedia del 11-M y del posterior vuelco electoral que la nefasta actuación del Gobierno Aznar propició, el PP sigue sin aceptar, con naturalidad y madurez democrática, la victoria del PSOE. Desde entonces, y aún asumiendo que la tarea de la oposición política es legítima e imprescindible para el buen funcionamiento del sistema democrático, no deja de sorprender en la actuación del PP el contraste entre su línea de crítica permanente  hacia el gobierno de Rodríguez Zapatero y la nula autocrítica hacia los errores, que los hubo (y muy graves) del anterior Gobierno popular.

     A la búsqueda de un necesario clima de oposición ponderada, constructiva que sosiegue un tanto las crispadas aguas por las que discurre últimamente la política española, no ayuda demasiado el  rigorismo aznarista de algunos de los actuales dirigentes del PP, más obsesionados en buscar culpabilidades ajenas que en asumir errores propios: ahí está, como más destacado, el intolerable alineamiento de Aznar junto a los Estados Unidos durante la guerra de Irak, desoyendo con soberbia y arrogancia, el mayoritario clamor ciudadano contrario a la misma.

     Un partido político manifiesta su talla y madurez política no sólo en los momentos de gloria y de poder sino, también, en aquellos en los que pone de manifiesto su capacidad de realizar una profunda catarsis interna, una autocrítica que, para superar errores y fracasos, le reconcilie con su conciencia, con la ética, con la coherencia de su ideario político y, desde luego, con la ciudadanía.. Renunciar a la autocrítica es cerrar horizontes, hipotecar el futuro político de un partido, anular su vitalidad interna: nada dignifica más a las personas y, por supuesto a los partidos, que el reconocimiento sincero de los errores cometidos y, por supuesto, el propósito de enmendarlos. Nada de todo esto parece haber ocurrido en las filas de la derecha.

     Estas consideraciones vienen a colación puesto que estamos observando cómo el PP, lejos de una reflexión profunda de las razones por las cuales el pueblo soberano lo ha desposeído del Gobierno de España, ha optado por aquello de que “no hay mejor defensa que un buen ataque”... y a ello se ha lanzado. Y no sólo en todos los foros políticos posibles sino, también, a través de una tendenciosa propaganda, carente de veracidad que, en el fondo, evidencia su no aceptación de la derrota electoral y, consecuentemente, su abierta intención de deslegitimar la victoria electoral socialista. A ello se ha dedicado con fervoroso entusiasmo y adhesión aznarista la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) vinculada al PP y que preside José María Aznar y ejemplo flagrante de ello sería la edición de un vídeo que, bajo el título de “Tras la masacre”, desvirtúa gravemente la realidad de los dramáticos acontecimientos que convulsionaron a España como consecuencia del brutal atentado del 11-M del pasado año.Lo mismo podemos decir de diversos comportamientos y declaraciones de dirigentes populares ante la eliminación por parte del Gobierno socialista de los últimos vestigios de una dictadura que todavía quedaban en nuestras calles: la absurda polémica en torno a la retirada del general Franco sería impensable el que ocurriera en cualquier otro país democrático de nuestro entorno. Una decisión de impecable civismo democrático como esta, no debería de ser cuestionada desde el  PP, el cual no debería de acusar de “radical” a decisiones que, lo único que se les puede reprochar es que se hayan tomado con 30 años de retraso.

     Resulta evidente que mientras la línea dura aznarista mantenga el timón del PP, no resultará creíble la opción “centrada” de la derecha como alternativa real de gobierno. Rajoy ha manifestado que pretende hacer una oposición que, aún sin renunciar a ser “contundente”, no esté hecha “desde las vísceras”. Nada que objetar, por supuesto: a Rajoy le queda por delante la difícil tarea de convencer (o imponer) esta línea política más sensata y centrada entre buena parte de sus compañeros de filas. No le será nada fácil puesto que, visto lo visto y oído lo oído, en amplios sectores del PP impera, todavía, Aznar y su rencor. 

José Ramón Villanueva Herrero.  

(Diario de Teruel, 17 abril 2005) 

     La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP y que preside José María Aznar,  ha divulgado recientemente un tendencioso vídeo sobre los acontecimientos que convulsionaron a España entre el 11 y el 14 de marzo de 2004. El título, “Tras la masacre”, deja entrever que lo que FAES considera realmente importante no es tanto la masacre en sí misma, sino lo que ocurrió “tras” el atentado, esto es, la pérdida del poder por parte del PP.

     El polémico vídeo no se detiene ante cuestiones tan importantes como la veracidad histórica de los hechos (distorsionados con medias verdades, con frases sacadas de contexto) y, sobre todo, el dolor y el respeto que las víctimas merecen: parece que, lo único importante de este drama no sea tanto el análisis del mayor atentado terrorista padecido en Europa, sino el que el PP hubiera perdido el poder.

     El vídeo pretende legitimar la actuación del Gobierno Aznar y de su política antiterrorista a la vez que denigra a lo que califica de “la izquierda y los movimientos antisistema”.

     No es casualidad que el vídeo se inicie con el anagrama de ETA, el cual aparecerá en varias ocasiones posteriores, para dejar entrever, para insinuar sutilmente una supuesta conexión entre el terrorismo etarra y el islámico, lo cual, sabemos hoy,  carece de todo fundamento.

     Sobre el hecho de que inicialmente se atribuyese la masacre a ETA, el vídeo justifica nuevamente al Gobierno al indicar que “durante todo el día, España pensó que ETA era la responsable de los atentados” e incluye declaraciones  en este sentido realizadas por Rodríguez Zapatero e Ibarretxe. Pero nada se dice de que esta creencia se basaba en la información facilitada por el Gobierno y los medios de comunicación: recordemos que el mismo expresidente Aznar llamó a diversos directores de periódicos para asegurar con rotundidad la autoría etarra de la masacre. También se olvida que, en aquellas dramáticas horas, el exministro Acebes calificaba de “miserables” a todo aquel que pusiese en duda la autoría de ETA.

     A continuación, el vídeo va elaborando la idea de que “la izquierda”, que “había sembrado las calles de odio y de enfrentamiento”, lanzó una demagógica campaña para derrocar al Gobierno del PP. Subyace la idea de una conspiración, de una maniobra perversa para acabar con el Gobierno de Aznar. Despreciando las evidencias que, desde bien pronto apuntaban a la autora islámica, el vídeo ofrece una visión totalmente distinta a la realidad afirmando que “la izquierda había decidido que el gobierno legítimo había mentido”. No, no  fue una “decisión”, sino  la percepción que gran parte de los ciudadanos sentíamos de estábamos siendo engañados, la misma que tuvimos cuando, despreciando Aznar la opinión mayoritaria de los españoles, se arrogó el papel de copatrocinador de la guerra de Irak alegando la existencia de unas armas de destrucción masiva de las que nunca más se supo. No existió pues, una campaña premeditada y alevosa para arrebatar el poder al PP, sino una auténtica rebelión cívica que exigía saber la verdad de los hechos. No es justificable, desde los oráculos de la derecha, la supuesta idea que se señala en el vídeo de que “los socialistas” pusieron en escena “una obra de teatro que ensayaron meses antes” (??). Esta idea, no sólo es falsa sino que también resulta ofensiva ya que pone en duda la madurez democrática y el sentido cívico de los españoles: no éramos súbditos, éramos ciudadanos…y pensábamos, intuíamos que las cosas no eran como desde el Gobierno se nos quería hacer creer. Por ello, la derecha debería de abandonar su recurso habitual a una supuesta “conspiración” de fuerzas ocultas (y malvadas) alzadas contra sus intereses y a la que, históricamente, siempre ha recurrido: primero fue la conjura del conde don Julián, luego, la conspiración judeo-masónica-bolchevique, y ahora, las maquinaciones de “la izquierda y los movimientos antisistema”.

     Tampoco es cierta la afirmación de que “los servicios secretos de todo el mundo dudaban de la autoría de Al-Queda”: ya en noviembre de 2003, los servicios secretos noruegos advirtieron al Gobierno Aznar de que, en diversa información interceptada a los islamistas, se planeaba “golpear a España”, por ser el “eslabón más débil” de los países asistentes a la funesta reunión de las Azores. Además, tras la masacre, toda la información que se difundía por Internet y otros medios de comunicación extranjera, apuntaban la autoría al terrorismo islámico.

     El final del vídeo no tiene reparo en señalar que a la izquierda, ahora en el poder, “ya no le interesa la verdad”. Más grave todavía es que el vídeo de FAES aún pregunte  “¿Quién ha sido?”: después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que se ha sabido posteriormente, esta pregunta, resulta no sólo un insulto a la inteligencia de todos los ciudadanos sino, también,  un desprecio hacia la labor de las fuerzas de seguridad para esclarecer y detener a los autores de la masacre.

                 José Ramón Villanueva Herrero

                (Diario de Teruel, 19 abril 2005)