LA LEY DE MATRIMONIOS HOMOSEXUALES
Hace bastantes años, visité un Hospital Psiquiátrico. En un rincón del patio había varios pacientes, los más demenciados del grupo. Me impresionó saber que, uno de ellos, siendo joven, había sido ingresado por su propia familia, en la inmediata posguerra, por el simple hecho de tener tendencias homosexuales. Entró cuerdo y, tras décadas de internamiento y prejuicios de una sociedad hipócrita y mojigata, se habían convertido en uno de los más dementes de aquel triste lugar.
Recordaba este hecho el pasado 11 de julio, al tener noticia de la celebración de la primera boda homosexual en España, debido a que nuestro Gobierno ha tenido la valentía y la dignidad cívica de aprobar la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y que acababa así con siglos de discriminación y desprecio. Pero el camino para llegar hasta la situación actual ha sido duro: han pesado demasiados prejuicios de una ancestral mentalidad inquisitorial y cainita que nos hace difícil, en muchas ocasiones de nuestra agitada historia, aceptar (y respetar) al diferente, bien fuera éste judío, morisco, gitano, protestante, masón, liberal, demócrata o progresista de diversas tendencias...u homosexual. Esta cadena de siglos de intolerancia y discriminación había que romperla de una vez...y se ha hecho.
Al desprecio secular por el homosexual se une el hecho de que éste, durante la dictadura franquista, tuvo la condición de figura delictiva, estaba criminalizado. Así consta en la reforma del 15 de julio de 1954 introducida en la famosa Ley de Vagos y Maleantes, razón por la cual se indica en ella que “podrán ser declarados en estado peligroso y sometidos a las medidas de seguridad”, además de los vagos habituales, “los homosexuales, rufianes y proxenetas” (art. 2º). También se indican las tres medidas represivas que se debían aplicar a estos colectivos: internamiento en un establecimiento de régimen de trabajo o Colonias agrícolas “por tiempo indeterminado” hasta un máximo de 3 años, internamiento en un establecimiento de custodia (máximo, 5 años) o bien “aislamiento curativo en Casas de templanza, por tiempo absolutamente indeterminado”.
El símbolo de la dureza represiva lo representó la Colonia Agraria Penitenciaria de Tefía, lugar inhóspito, olvidado y reseco de la isla de Fuerteventura a donde eran deportados los homosexuales y que funcionó entre 1954 y mediados de los años 60: allí, picando piedra, entre frecuentes apaleamientos y escuálidas raciones, penaban lo que el régimen consideraba “un vicio” los homosexuales deportados. Tras el cierre de Tefía, las autoridades, con arreglo a la citada ley, siguieron enviando a los homosexuales a la cárcel, ésta vez a las llamadas “Galerías de invertidos”, aislándolos del resto de los presos. Además de lo dicho, el ideario represivo de la Ley de Vagos y Maleantes se completaba con medidas como la prohibición expresa de que éstos, tras ser fichados policialmente como “homosexuales peligrosos”, residiesen en determinados lugares, además de la obligación de declarar su domicilio o la sumisión a la vigilancia de los delegados gubernativos.
La Ley de Vagos y Maleantes estuvo en vigor hasta que en 1970 la reemplazó la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de Peligrosidad y rehabilitación social, la cual mantuvo las mismas ideas represivas que la legislación anterior: entre 1970-1979, según la Asociación de Ex presos Sociales, fueron internados 5.000 homosexuales en cárceles especializadas, concretamente en la de Badajoz para “pasivos” y en Huelva para “activos”. Tras cumplir las penas, se les aplicaba un destierro de 2 años. A su vez, la nueva ley, pretendía la “rehabilitación” de “los que realicen actos de homosexualidad”. Para ello, contemplaba el “internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo adecuado a la personalidad del sujeto peligroso” por un período no inferior a 4 meses ni superior a 3 años, o bien mediante el “internamiento en un establecimiento de reeducación” (art. 5º).
La Ley de Peligrosidad y rehabilitación social sobrevivió al franquismo y estuvo en vigor hasta 1979, ya en período de legalidad democrática constitucional, por lo que se ha calificado a los homosexuales como “los olvidados de la transición”. Ahora, tras la aprobación de la actual Ley de Matrimonios Homosexuales, no sólo cómo se hace justicia al colectivo de gays y lesbianas, sino, de igual modo, ambos adquieren la plenitud de derechos cívicos que les corresponden en un sistema democrático como el nuestro. Y, frente a viejos prejuicios y nuevas demagogias, este reconocimiento legal y social de la homosexualidad, para nada afecta a la existencia de una familia heterosexual (y numerosa) como la mía y como las de todos los ciudadanos y ciudadanas que aceptamos con normalidad y satisfacción la nueva ley. Se ha logrado un avance de los derechos cívicos para un colectivo social para el que, afortunadamente, ya pasaron los tiempos de persecución y desprecio. Y eso es un motivo de orgullo cívico para todos los demócratas progresistas.
José Ramón Villanueva Herrero.
(Diario de Teruel, 18 julio 2005)
1 comentario
José Edo -
Un abrazo. José Edo