ARÍSTIDES DE SOUSA MENDES

 

    El 3 de abril de 1954, hace ahora 70 años, moría el diplomático portugués Arístides de Sousa Mendes, el cual, durante la II Guerra Mundial y a pesar de que su país fue neutral en la contienda, no fue indiferente al sufrimiento causado por ello y se esforzó por salvar la vida a cuantas personas pudo, a quienes tenían el riesgo de perder la vida ante el fascismo, la mayor parte de ellas, judíos que huían de la barbarie nazi que asolaba Europa.

   Nacido en el seno de una familia aristocrática, católica, conservadora y monárquica, se licenció en Derecho en la Universidad de Coimbra, Posteriormente, en 1910 se incorporó a la carrera diplomática siendo cónsul en Zanzíbar, Brasil y Estados Unidos. Partidario de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, en 1928 fue enviado al Consulado de Portugal en la ciudad belga de Amberes, destino en el cual permaneció hasta 1938, fecha en la que pasó a hacerse cargo de la legación lusa en Burdeos. En dicha localidad francesa, asistió al inicio de la II Guerra Mundial, a la derrota de Francia y a la fulgurante ocupación del país galo por las tropas de Hitler. En este contexto, a Burdeos acudieron multitud de refugiados de diversas nacionalidades, entre ellos, miles de judíos, con la esperanza de obtener un visado para Portugal que les permitiera salir de Francia. Pese a que el gobierno de Salazar había prohibido a sus diplomáticos extender visados, Sousa Mendes desobedeció esta orden por motivos religiosos y humanitarios declarando, como señala Tigrane Yegavian, que Sousa, ferviente católico, alegó que “entregaré una visa a toda persona que la necesite, pueda o no pueda pagarla. Actuaré como mi conciencia de cristiano me lo indica. De ahora en adelante emitiré visas para todos. ¡No más nacionalidades, razas o religiones!” ya que, “prefiero estar con Dios contra los hombres que con los hombres contra Dios”.

   Por todas estas razones, Sousa, entre los días 16 y 23 de junio de 1940, fechas que coinciden con la capitulación de Francia, expidió “frenéticamente”, con ayuda de sus hijos, sobrinos y de Jakob Kruger, el rabino de Amberes, miles de permisos de tránsito (algunos datos aluden a una cifra, posiblemente elevada, de 30.000) tanto en Burdeos, como en Bayona, salvando así la vida de muchas personas que, de este modo, evitaron la deportación y su posible muerte en los campos de exterminio nazis. Entre los visados emitidos por Sousa a infinidad de personas anónimas, también lo fueron para otras como Otto de Habsburgo, hijo del último emperador de Austria-Hungría, varios ministros del Gobierno de Bélgica, la familia Rothchild, el cineasta King Vidor y, también, para Salvador y Gala Dalí o para el comunista español Eduardo Neira Laporte.

   La actitud valiente de Sousa, desobedeciendo las órdenes de la dictadura portuguesa recogidas en la famosa “Circular 14”, que prohibía a sus diplomáticos conceder refugio seguro a los refugiados y, de forma especial a judíos, rusos y apátridas, hizo que el 23 de junio de dicho año, fuera destituido como cónsul. A pesar de ello, todavía siguió repartiendo visados camino de la ciudad fronteriza de Hendaya. Antes de ser detenido, Sousa cruzó la frontera a España con todos los refugiados que lo acompañaban.

   A su regreso a Portugal, fue expulsado del Cuerpo Diplomático, sufrió sanciones. A todo ello se unió el hecho de que, en 1948, se declaró partidario del Movimiento de Unidad Democrática, razón por la cual pasó a engrosar la lista de los opositores al régimen salazarista, y ello lo condenó a una vida de ostracismo: expulsado de la carrera diplomática, no se le concedió pensión alguna tras 30 años de servicio, se le prohibió ejercer como abogado y que sus hijos pudieran ir a la Universidad u obtener cualquier trabajo, y todo ello le imposibilitó mantener a su numerosa familia (tuvo 15 hijos) y lo dejó sumido en la más absoluta pobreza. Su única ayuda la recibió de la Asociación Judía de Lisboa, que se hizo cargo de alimentar a su familia, pagar sus deudas e incluso logró que algunos de sus hijos pudieran emigrar a Estados Unidos y Canadá. Finalmente, moriría en el Hospital de los franciscanos de Lisboa, siendo amortajado con el hábito de dicha orden religiosa.

   Durante décadas la mención de su nombre fue prohibida en Portugal ya que su valiente acción humanitaria puso en cuestión la actuación de la dictadura e Salazar durante la II Guerra Mundial. Como recordaba su nieto Antonio de Sousa Mendes, a pesar de los intentos del fascismo portugués por denigrar su memoria y la labor de quien ha sido llamado “el Schindler portugués”, en los últimos años se ha dignificado su memoria haciéndole justicia. De este modo, ya en el año, en 1966 el Estado de Israel lo declaró Justo entre las Naciones, pero fue a partir de 1980 cuando su historia empezó a conocerse y valorarse aún a pesar de la reacción de la extrema derecha que consideraba que la labor de Sousa “era una mentira de la izquierda” hasta que empezaron a aparecer personas que aseguraban que él les había salvado. De hecho, según el historiador Yehuda Bauer, la labor de Sousa Mendes fue “la acción de rescate más grande realizada por un solo individuo durante el Holocausto” pues concedió más de 10.000 visados, cifras que algunas fuentes elevan a casi 30.000, y, por ello, “fue uno de los grandes héroes de la II Guerra Mundial”. Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, decía, con motivo del Día Internacional en Memoria del Holocausto en el año 2017, aludiendo a su compatriota Sousa Mendes que, “Necesitamos profundizar en su espíritu solidario. Es la mejor manera de honrar a las víctimas del Holocausto que nunca permitiremos sean olvidadas”. Por ello, también hoy recordamos la memoria de un hombre bueno, que nos dio un ejemplo moral de cómo actuar frente a la intolerancia, el racismo y el genocidio, valores imprescindibles en todo tiempo y lugar.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 abril 2024)

 

 

 

 

DELIRIOS HÚNGAROS

 

    No hay nada peor que un país que se siente resentido y humillado para que surja en él un demagogo populista que venda la ensoñación de un pasado que se anhela como glorioso, para lo cual no tendrá escrúpulos en sacrificar la democracia y los derechos humanos. Este fue el caso de Hungría durante los trágicos años de la II Guerra Mundial.

    El resentimiento de Hungría tenía su origen en las pérdidas territoriales sufridas por el país magiar tras el final de la I Guerra Mundial y que se plasmaron en el Tratado de Versalles (1919). En dicho documento, Hungría, país perdedor de la guerra como parte del extinto Imperio Austro-húngaro, convertida ahora en república, veía reducido en 1/3 su territorio, razón por la cual 3 millones de húngaros quedaron fuera de las fronteras y de la autoridad del gobierno de Budapest. Además, ello supuso el que Hungría perdiese las regiones más ricas dado que Transilvania fue cedida a Rumanía, Eslovaquia y Rutenia se anexionaron a Checoslovaquia mientras que Croacia, Eslovaquia y el Banato, fueron incorporadas a Yugoslavia. A fecha de hoy, y, por todo ello, los húngaros siguen abominando de los acuerdos que consideran “humillantes” firmados en Versalles y ello alienta tanto el irredentismo magiar como las actuales reivindicaciones territoriales del primer ministro Víktor Orbán y el cambio de las actuales fronteras en esta zona de la Europa Central.

    Durante la II Guerra Mundial, Hungría, gobernada por el régimen autocrático del almirante Miklós Horthy, que se autocalificaba como “regente”, como aliado de la Alemania nazi que era, pretendió recuperar los territorios perdidos. No obstante, cuando el curso de la guerra empezó a ser adverso para las tropas de Hitler en el frente del Este, Horthy pidió el armisticio con la URSS, ocasión que aprovecho el partido fascista Movimiento de la Cruz Flechada (Nyilas Keresztes Mozgaslom) de Ferenc Szálasi para hacerse con el poder.

    El gobierno de Szalazi, tras la renuncia de Horthy a la regencia, y con el apoyo de la Alemania nazi, que había invadido el país mediante la llamada Operación Margarethe (19 marzo 1944), fija las prioridades del nuevo régimen fascista de las cruces flechadas:  además de comprometerse a resolver de una vez por todas “la cuestión judía”, señala su prioridad por “emprender la creación de la Gran Patria Cárpata Danubiana que, en el marco de la comunidad nacional-socialista, estamos soñando”.

    La concepción racista de Szálasi le hizo concebir el “konnationalizmus”, base del concepto de la citada Gran Patria Cárpata Danubiana pues, de este modo, “el hungarismo” sería, el nexo de unión, “en un mismo destino”, de húngaros, eslovacos, croatas, eslovenos y rutenos. Pensaba Szálasi que Europa, bajo la ideología nazi, se repartiría en tres grandes naciones: Alemania, que dominaría el Norte y Este; Italia, que sería la potencia hegemónica en el Sur y en el Mediterráneo y la Gran Patria Cárpata Danubiana, que se extendería desde el Centro por el Este. Para Szálasi, el mundo giraría en torno a tres ideologías: el cristianismo, el hungarismo y el marxismo y, las dos primeras, derrotarían a esta última.

    Además de lo dicho, Szálasi consideraba que la raza más pura era la “turania-húngara” y no la aria, como defendían sus amigos nazis. Estaba obsesionado por la pureza racial y, por ello estaba convencido que la raza húngara era superior a las demás y necesitaba por tanto ser purificada y preservada. Pero, al igual que le ocurría a Hitler, tampoco era un elemento racial “puro” pues Szálasi sólo llevaba en sus venas un 25% de sangre húngara dado que su padre era armenio y su madre, eslovaca e hija de alemana.

     Pero no quedaban allí los “delirios húngaros” de Szálasi ya que se decía de él que mantenía “conversaciones frecuentes” con la Virgen María y, como señalaba Diego Carcedo, “nunca obviaba en sus violentos discursos la devoción mariana que le guiaba en la vida y el origen celestial de sus ideas políticas”. De hecho, el primer objetivo de Szálasi, tras asumir el poder era acabar el libro que estaba escribiendo titulado El camino y la meta. En él, y según el político fascista, gracias a los consejos recibidos directamente de la Virgen, estarían todas las claves de que el hungarismo se valdría para: ganar la guerra a los bolcheviques que avanzaban imparablemente en territorio húngaro, componer la Gran Patria Cárpata Danubiana y crear el Orden Corporativo de la Nación Trabajadora que proporcionaría, según él, la prosperidad económica y la justicia social. Pero de esta “idílica sociedad húngara”, “racialmente pura y moralmente sana”, estaba excluida la población judía, razón por la cual Szalasi colaboró diligentemente con los nazis en la deportación de miles de judíos húngaros al siniestro campo de exterminio de Auschwitz, momento en el cual resulta obligado recordar la meritoria labor del diplomático aragonés Ángel Sanz Briz que, desde la Embajada española en Budapest, consiguió salvar a varios miles de judíos del fatal destino que les esperaba tal y como recoge Diego Carcedo en su libro Un español frente al Holocausto. Así salvó Ángel Sanz Briz a 5.000 judíos (2005).

    Szálasi, concluida la contienda con la derrota de los países fascistas, fue juzgado y condenado como criminal de guerra y ahorcado el 28 de marzo de 1946. Concluían así los delirios húngaros, los mismos que algunos grupos ultranacionalistas y fascistas pretenden alentar en la actualidad a la sombra de las políticas antieuropeas y contrarias a la inmigración auspiciadas por Víktor Orbán. Alerta.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 marzo 2024)

 

 

HERENCIA UNIVERSAL Y SALARIO JUSTO

 

    El tema de la “herencia universal”, planteado durante la pasada campaña de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 por Yolanda Díaz, candidata de la Plataforma Sumar, mediante el cual se concedería una ayuda pública de 20.000 euros a todos los jóvenes al cumplir los 25 años, remota una idea defendida por el economista Thomas Piketty la cual también aparece en el Plan España 2050 del año 2021, elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estratégica en cuyo apartado 8º, titulado “Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social” se alude a la “herencia pública universal” como medio para lograr dichos objetivos.

    La aplicación de la herencia universal supondría, para la Hacienda española, según señala Pablo Sempere, un gasto anual de en torno a 10.000 millones de euros, el 0,8% del PIB, qu sería financiado por los impuestos a los grandes patrimonios, las rentas más elevadas y los que gravasen las emisiones contaminantes de las empresas y particulares. De este modo, la herencia universal, que también puede denominarse “dotación de capital universal”, como señala Piketty, representaría, para evitar alarmismos de sus potenciales detractores, “una pequeña parte del gasto público total”.

    La mayoría de los expertos consideran que, al plantear el tema de la herencia universal en el debate político, como señala Pablo Sempere, “se acierta de lleno al poner el foco en la desigualdad por motivos de nacimiento y por cuestiones de edad”. Y es que, como afirma Jorge Galindo, la herencia universal cumple con dos objetivos: intenta romper el círculo de la “desigualdad generacional que se da a través del capital” y permite incrementar los grados de libertad de las nuevas generaciones, algo que se obtiene, cuando “uno dispone de más capital de partida” y, de este modo, corrige en parte el balance intergeneracional, equilibrando las transferencias de fondos públicos a pensiones para personas mayores, con los destinados a los jóvenes, que son el futuro de cualquier sociedad. Evidentemente, el punto más polémico es si debe ser “universal”, independientemente de los niveles de renta de las familias. Y ante ello, se plantean otras alternativas: Lidia Brun prefiere dedicar dichos recursos a fortalecer los servicios públicos o levantar un parque de vivienda pues, considera que, “reducir las dificultades en el acceso a la vivienda de calidad es crucial para mejorar las tasas de natalidad, favorecer la capacidad de consumo y ahorro de los hogares, y evitar, por esta vía, un incremento de la desigualdad, tanto en renta como en riqueza, que en España está muy condicionada por la propiedad de la vivienda”. Por su parte, Marcel Jansen prefiere una ayuda finalista destinada a las familias jóvenes con hijos o a fomentar la emancipación de los jóvenes con rentas bajas. En cambio, Piketty defiende su “universalidad” pues considera que una sociedad justa “se basa sobre todo en el acceso universal a un conjunto de bienes fundamentales” (educación, salud, pensiones, vivienda, medio ambiente, etc.) que permiten a las personas participar plenamente en la vida social y económica, y no puede reducirse a una dotación de capital monetario. Por ello, una vez que se garantiza el acceso a estos bienes fundamentales (incluido, por supuesto, el acceso al sistema de renta básica), la herencia universal representa un importante componente adicional de una sociedad justa.

   La cuestión de la renta básica no sólo se ha planteado en diversos países occidentales, sino que también ha surgido en el debate político de la India, la democracia más superpoblada del mundo y donde las diferencias sociales resultan lacerantes. De este modo, en el año 2019, el Partido del Congreso propuso introducir un sistema de renta básica, el NYAY, siglas en hindú de “renta mínima garantizada”, por una cuantía de 6.000 rupias mensuales por hogar (unos 250 euros), de la cual podría beneficiarse el 20% de la población más pobre del país.

   En este contexto, surge el debate entre temas esenciales tales como la “renta básica” y el “salario justo” y, por ello, Piketty nos recuerda que, “si queremos vivir en una sociedad justa, debemos plantear objetivos más ambiciosos, relativos a la distribución de la renta y de la riqueza y, por lo tanto, de la distribución del poder y de las oportunidades”. Esta “ambición” a la que se refiere el economista francés es la que debe impulsarnos a construir una sociedad basada en la remuneración justa del trabajo, en un salario justo, y no sólo en la renta básica, lo cual requiere, en su opinión, replantearse el papel de un conjunto de instituciones y políticas concretas que resultan complementarias entre sí, entre las que cita las siguientes:

   1.- el sistema educativo, para que no siga reproduciendo las desigualdades sociales, sobre todo en el ámbito del acceso a la educación superior.

  2.-la  revalorización del papel de los sindicatos y, para ello, resulta esencial que, junto a su labor diaria para la mejora de las condiciones salariales y laborales, los representantes de los trabajadores deben tener presencia activa  en los Consejos de Administración de las grandes empresas, impulsando la democracia económica, tal y como ocurre en Alemania y Suecia, lo cual implica, además tres ventajas evidentes: el logro de escalas salariales más justas, una mayor implicación de los trabajadores en la estrategia de la empresa y, también, una mayor eficiencia productiva.

   3.- una profunda reforma del sistema tributario para, como señala Piketty, “limitar el poder del capital y su perpetuación”, desarrollando una potente fiscalidad progresiva tanto sobre el patrimonio como sobre la renta, fuentes de financiación de un sólido Estado de bienestar, capaz de ofrecer bienes y servicios públicos a todos sus ciudadanos, evitando, de este modo, que las políticas ultraliberales y las demagógicas reducciones de impuestos que éstas políticas plantean, lo descapitalicen, lo dejen carente de recursos para cumplir su función social  de cimentar una sociedad justa.

    En consecuencia, como señala Piketty, si en una fase transitoria resulta importante apostar por la renta básica para hacer frente a las desigualdades y a la falta de oportunidades que padecen diversos sectores sociales, especialmente los jóvenes, el objetivo final siempre debe ser el logro de salarios justos para todos los trabajadores, de avanzar hacia una democracia económica, como base esencial de una sociedad cohesionada y progresista.

 

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 marzo 2024)

 

 

MEMORIA DEMOCRÁTICA EN LAS AULAS

 

    Resulta bien conocida la aversión de Vox hacia todo aquello que signifique la necesaria recuperación de la memoria democrática y, prueba de ello, es el proceso recientemente iniciado en las Cortes de Aragón por dicho grupo político, con la servil connivencia del PP, para la derogación de la Ley 14/2018, de Memoria Democrática de Aragón.

    Esta ofensiva reaccionaria también se ha trasladado a las aulas bajo el falaz argumento esgrimido por la ultraderecha de que en las escuelas españolas “se adoctrina”. Y es que, así, lo ha expresado Vox en diversas ocasiones en las Cortes de Aragón tales como cuando el 16 de junio de 2022 el diputado Santiago Arranz afirmó, sin rubor alguno, que “el social-comunismo utiliza el currículum educativo para adoctrinar” en temas tales como “el alarmismo ante el cambio climático” y “el feminismo radical” o, más recientemente, cuando declaró Santiago Morón el pasado 1 de febrero de este año, al justificar la voluntad de Vox de derogar la citada Ley 14/2018, al señalar que, con ello, “ya no se adoctrinará a los pequeños en el guerracivilismo”. Se trata de todo un cúmulo de tendenciosas falsedades dado que, como nos recordaba Jesús Jiménez en un artículo publicado en El Periódico de Aragón el 30 de noviembre de 2023, “adoctrinar”, que la RAE define como “inculcar a alguien determinadas ideas o creencias”, sólo se adoctrinaba en las escuelas de la dictadura franquista, imponiendo desde ellas un pensamiento único, intolerante y reaccionario, y eso bien lo sabemos los que sufrimos aquella fatal asignatura que se llamaba “Formación del Espíritu Nacional”, la FEN, pero, afortunadamente, aquel tiempo nefasto que marcó a varias generaciones de españoles, a pasó aunque algunos sientan nostalgia de él.

    Estas cuestiones se plasman en gran medida a la hora de analizar un problema de fondo cual es el de abordar, desde las aulas, con mirada crítica y contrastada, determinados temas de nuestra historia reciente, conflictivos o controvertidos, como es el caso del estudio de lo que supuso la dictadura franquista y, consiguientemente, de la memoria democrática en nuestro sistema educativo. En este sentido, resulta interesante el trabajo de Fernando Hernández Sánchez titulado Donde habita el olvido: las impregnaciones del franquismo en los pliegues de la educación española del siglo XXI (2021). De entrada, dicho autor señala que, frente al caso de Argentina o Chile donde la movilización social ha impulsado políticas activas de introducción de la memoria democrática en los programas educativos, en el caso de España, prima en exceso “la equidistancia” a la vez que se mantienen algunos residuos del pensamiento franquista latentes tras la idea de que “persiste un currículo consensual junto con un canon de hierro, que ha ahormado la memoria colectiva española: la Guerra Civil fue una locura fratricida; hubo un empate moral en cuanto a las responsabilidades por el estallido de la Guerra y el empleo de la violencia contra el adversario”. Este modelo, cuyos orígenes según Paloma Aguilar “se pueden rastrear en la exitosa campaña propagandística franquista de los “XXV años de Paz”, y que, “cuyos efectos sobre la mentalidad de las llamadas “clases neutras” fue funcional para la Transición, cristalizó definitivamente en los años setenta del pasado siglo XX”. De ahí deriva una “mistificación” deliberada (e incorrecta) de los principales hechos de aquel período que Fernando Hernández considera necesario explicar, fundamentalmente, en lo que se refiere a tres de ellos en los que las “impregnaciones” del pensamiento franquista son evidentes y que todavía subyacen en algunos libros de texto:

   1.- La República y la Guerra Civil aparecen unidas en un mismo tracto cronológico, lo cual sitúa a la primera como “preámbulo necesario de la segunda”.

  2.- El franquismo queda separado de la Guerra Civil, “como si no hubiera habido intencionalidad y planificación en la conjura para su estallido y como si la dictadura no se hubiese reivindicado así misma hasta el final como “El Estado del 18 de Julio”.

  3.- El franquismo queda igualmente separado del actual sistema democrático, aunque no en todos los casos, pues hay manuales que aúnan franquismo y Transición “con la misma frescura interpretativa que antes emplearon para fusionar República y Guerra”.

   Todas estas “impregnaciones franquistas” coinciden, además con el actual resurgir de las tendencias históricas revisionistas, las cuales han llegado a designar al franquismo con lo que no duda Fernando Hernández en calificar como “vergonzantes eufemismos” tales como “el régimen anterior” o “el período pre-democrático”.

    Frente a todo ello, aún existen “manuales desfasados” en los que todavía no se han incorporado los avances de la historiografía española del último medio siglo. Así, la República sigue apareciendo “con los tenebrosos colores del conflicto y la violencia que prefiguran el caos y la arrastran al conflicto”. Y es que, como señala Edgar Straehle, la retórica histórica de derechas ha logrado “retratar al fascismo como algo secundario y menor en el franquismo, mientras considera al comunismo, claramente minoritario antes de 1936, como lo esencial de la Segunda República” y, en cambio, obvian las investigaciones de Ángel Viñas sobre la trama conspiratoria de raíz monárquica previa al 18 de julio. Además, se siguen empleando términos incorrectos tales como “bandos”, como si el Gobierno legítimo y los rebeldes golpistas estuviesen en el mismo plano, algo que histórica, jurídica y éticamente resulta inaceptable, o el de “nacionales”, que Hernández Sánchez considera acertadamente como “un obsoleto y desacreditado vocablo”. Además de lo dicho, se sigue insistiendo en dos temas recurrentes para la derecha cual son: la supuesta “amenaza revolucionaria” como causa de la sublevación del 18 de julio o la, también supuesta, pretendida hegemonía comunista sometida a los dictados de Moscú, en los gobiernos republicanos de 1936-1939.

   Por otra parte, en muchos libros de texto sigue habiendo “temas tabú” que invisibilizan asuntos tales como: las incautaciones y la represión económica contra los vencidos, la represión física causada por la violencia fascista o el papel de la Iglesia Católica como legitimadora de la guerra, designada como “Cruzada”, y también como beneficiaria del régimen dictatorial.

   Existe también, en muchos manuales, una clamorosa ausencia de temas tales como: el exilio, la resistencia interior, la presencia de los republicanos españoles en la II Guerra Mundial y en los campos de exterminio nazis, las cárceles y los campos de trabajos forzados en la España franquista, la represión posbélica (las leyes de excepción, la actuación de los tribunales especiales, entre ellos, el papel del Tribunal de Orden Público (TOP), la clandestinidad antifranquista, el movimiento obrero, estudiantil y vecinal o la censura moral y cultural.

   Así las cosas, Hernández Sánchez considera que “la enseñanza de la historia contemporánea más reciente se ha convertido en una cuestión de emergencia democrática” y, para ello, hay que “descolonizar de franquismo el currículum educativo”. Y, de este modo, propone igualmente una serie de ideas para “romper las gafas que hemos heredado del franquismo de ver la Historia” como las siguientes: la guerra y la dictadura interrumpieron un proceso de modernización democrático; que el conflicto armado no terminó el 1º de abril de 1939; que la España franquista fue parte actora de la II Guerra Mundial; que el comienzo de la dictadura hay que situarlo en la propia Guerra Civil ya que, durante toda su vigencia se reivindicó como “el Régimen del 18 de Julio” y concluyó, no con la muerte del dictador en 1975, sino con la derogación efectiva de las instituciones franquistas que culminó con la Constitución de 1978. Queda así claro que, “de principio a fin fue una dictadura que conculcó todos y cada uno de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de la ONU de 1948”.

    La conclusión de Fernando Hernández de todo lo dicho es contundente: a las nuevas generaciones de españoles se les ha negado un relato veraz de esta época de nuestra historia ya que, “casi dos generaciones de españoles se han educado en democracia creyendo que las libertades se regalaron o que se materializaron mediante un simbólico apretón de manos entre las élites” y es que, “se ha suprimido la memoria de que estas libertades de las que hoy se disfruta se arrancaron con sacrificio, se pagaron con sangre y dolor”, razón por la cual el historiador Eric Hobsbawm señalaba que “las nuevas generaciones parecen condenadas a vivir en un presente continuo, sin relación con las experiencias del pasado”. Por otra parte, Ángel Viñas advertía tiempo atrás de que la mala enseñanza de la historia ayuda a “no tener una visión crítica de nuestro pasado”. De ese déficit cultural, también se hacía eco Jesús Cintora al recordar que varias generaciones de españoles no han estudiado la dictadura en el currículum educativo, “que quedaba para los minutos de descuento del temario en las aulas o era tratada con equidistancia y oscurantismo. Desde la muerte de Franco, los gobiernos han dejado mucho que desear en este aspecto, escondiendo el relato de lo ocurrido en los libros de texto”.

    Pese a ello, para “exhumar definitivamente el franquismo de nuestra educación”, es imprescindible adoptar medidas en materia educativa y de formación del profesorado tales como la actualización de los contenidos curriculares, así como implementar planes de formación inicial y permanente del profesorado porque, sin la implicación de éste, nada será posible en este ámbito. Resulta igualmente necesario incidir en temas tales como todo lo relativo a la reparación y dignificación de las víctimas, la prohibición de la apología de la dictadura, la remoción de las recompensas a los torturadores o la resignificación de determinados espacios, esto es, todo lo que pretende evitar la extrema derecha de Vox y sus coyunturales aliados del PP a la hora de suprimir las políticas públicas en materia de memoria democrática. Consecuentemente, a modo de conclusión final, Fernando Hernández nos recuerda que, “una audaz intervención en la forma en la que la ciudadanía aprende Historia en la escuela no será un bálsamo milagroso contra el populismo reaccionario, pero sí una necesaria praxis profiláctica”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 febrero 2024)

 

 

FEDERALISMO SOCIAL

 

    Los hechos han demostrado que el Brexit británico y los años en los cuales Donald Trump fue presidente de los EE.UU. (2017-2021) han supuesto un cambio en la historia de la globalización. Previamente, las políticas ultraliberales de la llamada “revolución conservadora” llevadas a cabo en Gran Bretaña por Margaret Thatcher durante su mandato (1979-1990) y en Estados Unidos por Ronald Reagan entre los años 1981-1989, ya habían producido un mayor aumento de la desigualdad con negativas consecuencias sociales. En la actualidad, como señala Thomas Piketty, es una evidencia que las clases medias y trabajadoras “no se han beneficiado de la prosperidad prometida por el liberalismo integral” y, con el paso del tiempo, “se han sentido cada vez más perjudicadas por la competencia internacional y el sistema económico mundial”, lo cual deja patente el fracaso del de las medidas económicas aplicadas tanto por el thatcherismo como por el reaganismo.

    Otra consecuencia negativa de esta globalización ha sido que ha producido una “deriva ideológica” conservadora, cuando no abiertamente reaccionaria, al exacerbar discursos nacionalistas espoleados por las derechas autoritarias, que favorecen la “tentación identitaria y xenófoba” que se extiende peligrosamente por todas partes como comprobamos diariamente en numerosos países europeos, como es el caso de Italia, Hungría, Polonia y, también, en Francia, Alemania, Países Bajos e incluso en España, sobre todo, tras la impetuosa irrupción de Vox en el panorama político.

     Ante esta situación Thomas Piketty, en su libro Viva el socialismo (2023), en el cual recopila toda una serie de artículos publicados en el diario Le Monde entre 2016-2020, considera que “urge reorientar la globalización de manera fundamental” para hacer frente a lo que él considera los dos principales desafíos de nuestro tiempo: el aumento de la desigualdad y el calentamiento global. Para ello, para evitar lo que califica como “trampa mortal” que amenaza a nuestras democracias, resulta imprescindible redefinir radicalmente las reglas de la globalización, con un enfoque que este economista francés define como “federalismo social” y, por ello, “el libre comercio debe estar condicionado a la adopción de objetivos sociales vinculantes que permitan a los agentes económicos más ricos y con mayor movilidad social contribuir a un modelo de desarrollo sostenible y equitativo”.

    Dicho esto, propone interesantes iniciativas concretas tales como que los tratados de comercio internacional deben dejar de reducir derechos de aduana y otras barreras comerciales y, en cambio, deben incluir “normas cuantificadas y vinculantes para combatir el dumping fiscal y climático, como tipos mínimos comunes de impuestos sobre los beneficios empresariales y objetivos verificables y sancionables de emisiones de carbono”.  De este modo, considera necesario gravar las importaciones de países y empresas que practican el dumping fiscal, porque “si no se les hace oposición de manera resuelta con una alternativa, el liberalismo nacional arrasará con todo a su paso”. En consecuencia, considera que “ya no es posible negociar tratados de libre comercio a cambio de nada”.

     En nuestro mundo globalizado, mientras los movimientos nacionalistas cuestionan y rechazan el movimiento de personas, sobre todo cuando éstas proceden de países del Tercer Mundo y aluden a términos demagógicos como “invasión” o a la teoría del “Gran reemplazo”, el federalismo social que defiende Piketty debe poner freno el movimiento desregulado de capitales y la impunidad fiscal de los más ricos. En este sentido, tanto Karl Polanyi como Hannah Arendt ya denunciaron, hace décadas, la ingenuidad de los partidos socialdemócratas frente a la regulación de los flujos de capitales y su timidez para acometer medidas en este ámbito, una cuestión, un reto, que sigue vigente hoy en día.

   A modo de conclusión, Piketty nos recuerda, como ya decía en 2016, que “ha llegado el momento de cambiar el discurso político sobre la globalización: el comercio es algo bueno, pero el desarrollo sostenible y justo también requiere servicios públicos, infraestructuras, educación y sistemas de salud, que a su vez exigen impuestos justos. Y, en este punto, resulta fundamental reforzar el Estado del Bienestar, concepto acuñado en su día por la socialdemocracia alemana y que, como señalaba el historiador Alberto Sabio, “tiene por función garantizar y ampliar los márgenes de libertad del individuo, restando espacios a la desigualdad” dado que da “seguridad a los ciudadanos” y permite “avanzar en cohesión social”, ideas que responden a los anhelos de amplios sectores de la clase media y trabajador. De lo contrario, de no conformar una alternativa firme a la revolución conservadora, tan amenazante como insolidaria, como la que supondría el federalismo social propuesto por Piketty, como él mismo nos advierte, “el trumpismo acabará por imponerse”. Y esa amenaza está más candente que nunca si en las próximas elecciones al Parlamento Europeo los partidos nacionalistas y de extrema derecha logran un peligroso avance electoral, unido del riesgo cierto de que, tras las elecciones presidenciales de los Estados Unidos previstas para el próximo 5 de noviembre de este año, Donald Trump volviera a ser el futuro inquilino de la Casa Blanca.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 31 enero 2024)

 

 

 

 

REVISIONISTAS

    

     El revisionismo histórico, tal y como señala el historiador Javier Rodrigo, es “un fenómeno editorial y mediático surgido en torno al 2002-2003 alrededor de medios como El Mundo, COPE y Libertad Digital, encabezado por nombres como Pío Moa, César Vidal o Ángel David Martín Rubio”. De hecho, desde 2003, como nos indica Rodrigo, “el goteo de libros de corte antirrepublicano y, la mayoría de las veces, profranquista, que salpicaba cíclicamente las estanterías, se empezaba a convertir en riada”.

    Hay que señalar que el fenómeno revisionista no es estrictamente historiográfico, sino que pertenece más bien al ámbito de los usos públicos del pasado, siempre con un perfil claramente conservador, cuando no reaccionario. De hecho, suelen abordar nuestro pasado traumático con frecuencia personas poco cualificadas y que no hacen sino repetir tópicos e imprecisiones, con interpretaciones excluyentes y simplificadoras que desprecian la investigación histórica y el conocimiento crítico, razón por la cual el historiador Alberto Reig Tapia no ha dudado en calificar, con sorna, a los postulados revisionistas como “historietografía”.

   Por todo lo dicho, el revisionismo histórico español es una reacción defensiva, cuando no agresiva, alentada desde los medios conservadores, ante el auge del movimiento memorialista y los avances realizados por la historiografía a la hora de estudiar metodológicamente y de forma documentada el pasado traumático que supone la Guerra de España de 1936-1939 y la dictadura franquista. Por ello, el movimiento revisionista pretende presentar como “verdad objetiva” e “imparcial” cuando, en realidad ofrecen “de facto” una interpretación sesgada y parcial. De hecho, ataca frontalmente los análisis historiográficos documentados y metodológicamente impecables, a los que, como decía L. de Llera, los acusa de ser “marcadamente izquierdistas”. Es por ello que el revisionismo nos ofrece una reinterpretación tendenciosa del pasado, articulado en varias ideas-clave tales como que la responsabilidad de la guerra no sería de los golpistas, sino de las izquierdas puesto que consideran que éstas la habrían iniciado en 1934 a raíz de la Revolución de Asturias y, por ello, el objetivo final sería “inculpar a las izquierdas y exculpar al dictador Franco en el origen de la guerra”. Y, enlazando con esta idea, si la responsabilidad de provocar la guerra era de la izquierda, la reacción golpista era “necesaria” y su vencedor, Franco, sería, como señalaba Pío Moa, un “pacificador nacional” el cual, además, “habría sentado las bases (paz, desarrollo, mano firme) para la llegada de la democracia”.

    Dicho esto, el objetivo actual del revisionismo hispano es, como nos recuerda Javier Rodrigo, “hacer del pasado un caballo de batalla para el combate político del presente”, ser un ariete contra las leyes de Memoria Democrática aprobadas a nivel estatal y autonómico, para impedir la apertura de fosas de las víctimas de la represión franquista y la necesaria identificación de los desaparecidos, ideas todas éstas que son masivamente difundidas por las redes y los medios de comunicación digitales y que han sido puestas en práctica en aquellos lugares en donde existen gobiernos de coalición PP-Vox.

    Uno de los temas referenciales del revisionismo es el de las violencias desatadas durante la Guerra de España de 1936-1939 al tratar de convertir a la violencia llevada a cabo por los sublevados como “justicia legítima” en reacción a la violencia previa atribuida a los elementos revolucionarios durante el período republicano, lo cual es un tópico con objeto de legitimar la acción represiva de las autoridades franquistas. No obstante, olvidan una diferencia esencial entre ambas violencias ya que, como señala la historiadora Helen Graham, “las autoridades militares tuvieron recursos para contener la violencia, pues en su territorio no había habido un derrumbe del orden público”, al contrario de lo que ocurrió en los primeros instantes de la contienda en la España leal republicana. De hecho, el presidente Manuel Azaña declaró que “Ninguna política puede fundarse sobre la decisión de exterminar al adversario”, mientras que nadie, desde el bando republicano, desde Franco hasta Mola o Queipo de Llano, hizo ninguna declaración similar, bien al contrario, alentaron el exterminio sistemático de todo aquel que se hubiera significado política o socialmente, con la legalidad republicana, represión que Pío Moa justificaba alegando que, la mayoría de los fusilados por los franquistas eran “culpables de crímenes horrendos”, una interpretación tan parcial como malintencionada que ignora que la mayoría de los asesinados eran víctimas políticas y no culpables de supuestos crímenes. Es por ello que, como señala el historiador Francisco Espinosa, “en gran parte de España los que llamamos “guerra civil” fue sólo una feroz represión, de modo que al golpe militar siguió directamente el meditado plan de exterminio de los leales a la República”.

    Otro de los temas recurrentes del revisionismo es la forma con la que se analiza la figura de Francisco Franco, intentado convertir así a un criminal en una especie de “pacificador nacional” y “justiciero”, en oposición a su imagen como “Criminalísimo de todos los Ejércitos”, dando un barniz de “dictador benévolo”, que, como enfatiza Rodrigo, “firmaba con sufrimiento paternal y nacionalcatólico, aunque consciente de su terrible necesidad, las sentencias de muerte necesarias para limpiar el país de una horda salvaje y asesina”, sentencias que, habitualmente, firmaba mientras tomaba café en sus apacibles sobremesas.

   Frente a estas interpretaciones tendenciosas abanderadas por el revisionismo rampante, la labor del estudio histórico veraz y con criterios metodológicos solventes, resulta esencial, al igual que la labor de los investigadores pues, como decía la autorizada opinión del historiador Julián Casanova, “si un historiador no toma partido sobre el pasado, está bajo sospecha”. Y, como conclusión, recordemos las palabras de Alberto Reig Tapia según las cuales “la lucha contra el olvido es la mejor arma contra cualquier intento de neofranquismo político, histórico y cultural”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 19 enero 2024)

 

 

LA AMENAZA XENÓFOBA

 

    El economista Thomas Piketty advertía que estamos asistiendo a una amenaza mortal para la democracia cual es el constatar “cómo crecen en los electorados populares una mezcla de tentación xenófoba y aceptación resignada de las leyes del capitalismo globalizado”. Ello se debe a que muchos ciudadanos, buscan un culpable de esta situación y, dado que “es ilusorio esperar mucho más de la regulación financiera y de las multinacionales, culpamos a los inmigrantes y a los extranjeros”. Y es que muchos votantes de las diversas extremas derechas emergentes tienen, en el fondo, “una simple convicción”: que es más fácil atacar a los inmigrantes que al desalmado capitalismo financiero que los empobrece o imaginar un sistema económico más justo. Como señalaba Carmen González Enríquez, “los inmigrantes parecen haberse convertido en el chivo expiatorio de una población que no ve la luz al final del túnel, ni dentro ni fuera del euro, y que ha perdido la confianza en las instituciones políticas y en los partidos” y, en este panorama, “culpar a los inmigrantes de todos los males es un fácil y gratuito recurso psicológico” porque “los inmigrantes están indefensos ante este ataque”.

    Es en este contexto cuando surge el término “populista” que, como recordaba Piketty, se ha convertido en “el nuevo insulto supremo de la política” y que ya fue utilizado por primera vez en los Estados Unidos contra Bernie Sanders. Pero, el populismo, como señalaba el citado economista, “no es más que una respuesta confusa pero legítima al sentimiento de abandono de las clases trabajadoras de los países desarrollados frente a la globalización y a la creciente desigualdad”. Ello se plasma en el aumento del voto a la extrema derecha que, además de enarbolar demagógicamente el tema de la inmigración, está relacionado con el miedo a la pérdida de un modo de vida que consideran amenazado por la globalización y, por ello, expresan su oposición no sólo a ésta, sino también a los mercados financieros internacionales y la desafección creciente a las instituciones europeas.

    Por ello, ante esta “amenaza mortal”, Piketty considera que la respuesta de la izquierda y del centro es “vacilante” y, por ello, el reto ahora es “revivir la solidaridad dentro de las grandes comunidades políticas”, apoyarse en los ideales más internacionalistas de la izquierda y no en populismos reaccionarios para construir “respuestas precisas” a estos desafíos, o de lo contrario “el repliegue nacionalista y xenófobo acabará por imponerse”. Una de estas “respuestas precisas” es la necesidad de avanzar en el campo de la justicia económica. De hecho, los enfrentamientos existentes en las sociedades occidentales entre la mayoría blanca y las minorías étnicas y religiosas existentes en ellas, sólo se pueden resolver conduciendo el debate al terreno de la justicia económica y la lucha contra la desigualdad y la discriminación. Consecuentemente, es preciso impulsar las políticas que reactiven un Estado social, con una dotación sanitaria y educativa mínima para todos, financiada por los ingresos fiscales de los agentes económicos más prósperos: las grandes empresas y los ciudadanos con rentas y patrimonios más elevados.

    A la hora de plantear el tema del racismo y la discriminación en nuestra historia reciente, en escasas ocasiones se alude a una cuestión crucial, que siempre olvidan los grupos xenófobos y racistas: la de las reparaciones frente a lo que supusieron las negras páginas del pasado colonial y esclavista de muchos de los países “civilizados” de Occidente. En este aspecto, el primer intento de reparación de aquella injusticia lo hallamos en la promesa del presidente Abraham Lincoln de que, una vez acabada la Guerra de Secesión norteamericana, se concedería a todos los esclavos negros emancipados “una mula y 40 acres de tierra”, promesa que, tras el asesinato de Lincoln, nunca se cumplió. En los casos de Reino Unido y Francia, países en los cuales la esclavitud fue abolida, respectivamente, en los años 1833 y 1848, los esclavos liberados nunca recibieron ninguna reparación, al contrario que los propietarios esclavistas que fueron compensados por parte de dichos países en reparación por haber perdido “sus propiedades”, es decir, sus antiguos esclavos.

    Especialmente flagrante es el caso de Haití, donde la emancipación de sus esclavos con respecto a sus antiguos propietarios coloniales franceses obligó al país caribeño a pagar a Francia una inmensa deuda, la cual se hizo efectiva entre 1825 y 1950 y que, en cambio, nunca ha sido devuelta a Haití por su antigua potencia colonial. En el caso de España, donde la esclavitud fue legal en las colonias de Cuba y Puerto Rico hasta que la abolió la I República en 1873, nunca se ha suscitado la cuestión de las reparaciones. Caso bien distinto es el de Alemania, donde el Estado germano llevó a cabo un ingente procedimiento de indemnizaciones y compensaciones a los supervivientes del inmenso crimen que supuso el Holocausto cometido por el régimen nazi contra la población judía en Europa, las cuales han sido gestionadas conjuntamente por el Gobierno alemán y la Jewish Claims Conference.

    A modo de conclusión, y volviendo a la realidad actual, como señalaba Piketty, “más allá del difícil pero necesario debate sobre las reparaciones históricas, debemos sobre todo encarar el futuro. Para resarcir a la sociedad de los daños del racismo y del colonialismo, es necesario cambiar el sistema económico, basándolo en la reducción de la desigualdad y en la igualdad de acceso a la educación, al empleo y a la propiedad (incluida la herencia mínima) para todos”, sea cual sea el origen de cada uno, independientemente de origen, condición, raza o confesión religiosa. Ello es, sin duda, un acto de imprescindible justicia reparadora.

   Tal vez, si los xenófobos y racistas recordaran (y reconocieran) los abusos, injusticias y expolios que supuso el pasado esclavista y colonial de nuestros países, moderarían su lenguaje y sus críticas hacia los inmigrantes y hacia las minorías étnicas y religiosas que habitan en nuestras sociedades, cada vez más multiculturales y multiétnicas. La justicia social y la convivencia cívica lo agradecerían.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 7 de enero de 2024)

 

 

LA LIBRERÍA LAGUN

 

     Al concluir cada año, nos vienen a la memoria, inevitablemente, el recuerdo de las personas que ya no están entre nosotros y que formaron parte de nuestras vidas, de nuestras emociones y afectos. Esto mismo sucede con aquellos colectivos o asociaciones diversas que han simbolizado valores o ideales con los cuales nos identificamos como ciudadanos. Este último caso es el de la emblemática Librería Lagun, todo un símbolo de defensa de la libertad y la cultura frente a la barbarie, tanto durante los últimos años de la dictadura franquista como, también, frente a la violencia criminal de ETA, y que cerró sus puertas en este año 2023 que ahora concluye.

    La Librería Lagun, haciendo honor a su nombre que en euskera significa “amigo”, acompañó, desde su fundación el 3 de diciembre de 1968 en la Parte Vieja de San Sebastián, a quienes se acercaban a ella buscando, por medio de la cultura, poder vivir en una sociedad abierta, plural y tolerante. Sus fundadores fueron el matrimonio formado por José Ramón Rekalde y María Teresa Castello, junto con Ignacio Latierro, los cuales, como señalaba María José Prieto, haciendo frente a todo tipo de adversidades, impulsaron la mítica librería con un “empecinamiento imbatible”.

   Debemos recordar que la Librería Lagun surgió en un momento especial, coincidiendo con las revueltas estudiantiles y sindicales del Mayo de 1968, cuyos ecos llegaban con nitidez a la ciudad donostiarra desde la cercana Francia, a apenas 25 kilómetros de la ciudad vasca. En la librería se respiraba, las circunstancias de la dictadura franquista obligaban a ello, aires de clandestinidad y, como recordaba Ignacio Latierro, “siempre nos sentimos como un altavoz de la pluralidad y la cultura. Quisimos contribuir, como otras muchas librerías, a la extensión de las ideas democráticas y a la oposición al franquismo”. De este modo, en poco tiempo, Lagun se convirtió en un lugar referente del antifranquismo: a ella llegaban libros prohibidos por la censura, se celebraban charlas sobre la democracia que se ansiaba y sobre los programas de los distintos partidos políticos entonces clandestinos, razón por la cual, como rememoraba con nostalgia Latierro, “la pluralidad campaba en esa activa trastienda de la librería”.

   Pero la labor de Lagun, además de diversas multas por parte de la dictadura franquista, se ganó, también, otro peligroso enemigo: ETA, la cual la convirtió en uno de sus objetivos. Las razones de este señalamiento fueron varias: en primer lugar, su ubicación en el Casco Viejo donostiarra, punto de concentración de los grupos abertzales, los cuales consideraban este territorio como su feudo y en el cual actuaban como una especie de mafia; en segundo lugar, por la militancia política de sus propietarios: José Ramón Rekalde fue consejero por el PSE-PSOE de Educación y luego de Justicia en el Gobierno Vasco, mientras que Ignacio Latierro, también socialista, fue miembro del Parlamento Vasco. A ello había que añadir una tercera razón: en Lagun se vendían libros de toda pluralidad de ideas pues, desde el principio, se convirtió en un espacio abierto a la cultura en general, algo inaceptable para el mundo etarra.

     Por todo ello, las amenazas y destrozos contra Lagun fueron constantes a través de los años sin que ello quebrase la voluntad de sus propietarios. Así, cuando en su escaparate expuso un libro en homenaje a Gregorio Ordóñez, político del PP asesinado por ETA en 1995, los radicales filoetarras reaccionaron rompiendo los cristales de la librería. Más adelante, un nuevo ataque se produjo por la colocación en Lagun de un lazo azul, surgido como símbolo cívico tras el secuestro del empresario Julio Iglesias Zamora, dado que los abertzales “no querían que hubiera en su territorio un comercio que repudiara el terrorismo”. Pero el ataque más grave se produjo en la Nochebuena de 1996 cuando la librería quedó arrasada por los violentos y sus libros quemados o manchados de pintura roja y amarilla, ante lo cual, los propietarios se plantearon el cierre. Pero, en aquel momento, se produjo una reacción cívica muy emotiva: muchos ciudadanos fueron a la destrozada librería a comprar, como un gesto de solidaridad, aquellos libros, quemados o manchados, hecho que animó a Rekalde y Latierro, a continuar su resistencia cultural.  No obstante, ahí no acabó el acoso contra Lagun y, en enero de 1997, lanzaron un nuevo ataque contra la librería, el cual, además de tener repercusión internacional, hizo que el Gobierno Vasco ofreciese a Lagun la protección permanente de la Ertzaintza.

    Pero el peligro persistía y, en el año 2000, el mismo año en que ETA asesinó a figuras tan destacadas como Fernando Buesa, Ernest Lluch, Juan Luís López de la Calle o Juan Mari Jáuregui, los etarras atentaron contra José Ramón Rekalde que resultó gravemente herido. Fue una época de desolación, de nuevo se planteó el dilema de abandonar o continuar y, en caso de hacerlo, como así fue, trasladar la vieja librería a una zona más segura, en concreto a la calle Urdaneta.

    En el año 2018, coincidiendo con su 50º aniversario, Lagun recibió un merecido homenaje en el Teatro Victoria de San Sebastián en reconocimiento por su labor a favor de la cultura, el pensamiento crítico y la libertad en el cual, el Gobierno de España le concedió la Placa de Honor de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, un homenaje al que ya no pudieron asistir Mª Teresa Castello y José Ramón Rekalde, ya fallecidos, pero en el que estuvieron presentes sus entonces propietarios, los hijos de los fundadores.

    Finalmente, en el otoño de 2023, tras 55 años de intensa actividad cultural, Lagun cerró definitivamente sus puertas. Sirva este artículo como homenaje a todas esas librerías que, en cualquier pueblo o ciudad, marcaron nuestras vidas, esas librerías en las cuales nos adentrábamos con curiosidad, aquellos espacios impregnados del peculiar olor del papel impreso y en donde, en ocasiones, los consejos del librero trataban de atinar con los gustos y preferencias de nosotros, los lectores. Todo esto nos evoca, hoy, el recuerdo de la Librería Lagun, de su honestidad cívica, de su firmeza frente a la intolerancia y el fanatismo que, tanto ayer como hoy, son no sólo los enemigos del libro, sino de la cultura en general.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 diciembre 2023)