EL MOVIMIENTO OBRERO EN ARAGÓN (7). LA GUERRA CIVIL: EL EXTERMINIO DE LAS ORGANIZACIONES UGETISTAS

         

El sábado 18 de julio de 1936 se produjo una sublevación militar contra la legalidad republicana la cual, siguiendo las consignas de “exterminio” dictadas por el general Mola, pretendió acabar a sangre y fuego con los sueños de libertad, justicia y emancipación social del movimiento obrero.

En Aragón, el golpe militar triunfó en las tres capitales y tanto UGT como la CNT, intentaron hacerle frente solicitando infructuosamente armas a las autoridades republicanas para combatir al fascismo y mediante un frustrado intento de huelga general en Zaragoza. La indecisión de los primeros instantes de los sindicatos obreros (“faltó el genio insurreccional” en expresión del dirigente socialista Arsenio Jimeno), les costaría muy cara pues supuso la detención de la mayor parte de los dirigentes de la UGT aragonesa, de la CNT y de los de los partidos del Frente Popular, muchos de los cuales serían posteriormente asesinados.

Pese a ello, hubo enfrentamientos armados en las zonas en donde la UGT tenía un mayor arraigo (Cinco Villas, Borja o Calatayud), lo cual no impidió la victoria facciosa. Sin embargo, en la Cuenca Minera de Utrillas, la repuesta armada de la UGT, fuertemente implantada en la zona, hizo que buena parte del partido judicial de Montalbán permaneciese leal a la República. Lo mismo ocurrió en otras poblaciones como Libros, Mequinenza o Fayón, en donde los mineros de UGT hicieron frente con éxito a los fascistas.

Iniciada la guerra civil, Aragón quedó dividido de norte a sur por las líneas del frente. En la zona facciosa se inició una represión implacable contra los militantes de izquierdas y lo sindicatos obreros y, de forma muy especial, contra la UGT, tal y como han destacado las investigaciones de Ángela Cenarro y Julián Casanova. Ciertamente, la sublevación facciosa tuvo efectos catastróficos para la UGT ya que más de 3.500 de sus cuadros y militantes fueron asesinados y las organizaciones ugetistas desmanteladas debido, principalmente, a que la zona en poder del bando insurgente era aquella que contaba con mayor número de agrupaciones y sindicatos socialistas, como era el caso de Zaragoza, Cinco Villas, o los partidos judiciales de Calatayud, Daroca, Teruel, Albarracín o Calamocha.

Se distinguen dos niveles en el baño de sangre desatado por la barbarie uniformada contra los sectores leales a la República y en concreto contra la UGT. En un primer lugar, se produjo un “terror selectivo” mediante el cual se asesinó a los principales dirigentes ugetistas lo cual, además de sus efectos intimidatorios, suponía el desmantelamiento orgánico del sindicato socialista. Así, fueron asesinados en Zaragoza los principales cuadros de la UGT,  entre ellos, Bernardo Aladrén (secretario provincial de la UGT, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento zaragozano y Presidente del Jurado Mixto provincial); Juan Beraza (secretario general del Sindicato de Artes Blancas y Alimentarias), Rómulo Oriol (secretario general de Sindicato de Dependientes de Comercio) y otros muchos cuadros como Antonio Puyo, representante de UGT en la Junta Provincial de la Reforma Agraria o Francisco Albiñana, “el arquitecto de los pobres”, socialista e impulsor de la construcción de viviendas obreras en Zaragoza.

Igualmente, fueron asesinados los alcaldes socialistas, también militantes de la UGT que, especialmente en las Cinco Villas, se comprometieron con la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), el sindicato campesino de la UGT, a favor de la reforma agraria. Este fue el caso de, entre otros, de Juan Sancho (Ejea), Antonio Plano (Uncastillo), José Artús (Sádaba), Justo Berduque (Luna) Luis Palacios (Mallén), Eduardo Castillo (Belchite) o José Moncayola (Murillo de Gállego): este último,  asesinado junto a otros 11 republicanos (4 de ellos ugetistas) en Agüero en tres fosas comunes,  las cuales fueron excavadas y sus restos entregados a sus familiares por la Fundación Bernardo Aladrén en el año 2007.

En el caso de Teruel, fueron asesinados el 80 %  de los dirigentes de la Casa del Pueblo, entre ellos, José Millán, secretario de la Federación Provincial de UGT. En cambio, algunos dirigentes campesinos de la FTT como Pascual Noguera y Ángel Sánchez Batea consiguieron salvarse. Pero los sublevados, al no poder detener a éste último, fundador de la Casa del Pueblo, concejal socialista y Presidente del Sindicato de Agricultores “El Progreso”, asesinaron a su esposa María, a su hija Pilar, a su hermano Juan y a su sobrino Dámaso.

Aunque con menos datos, situaciones similares tuvieron lugar en la provincia de Huesca, en donde fueron asesinados, entre otros, Ángel Gavín, secretario provincial del PSOE o Manuel Latorre, secretario de la UGT de Jaca y militante de la FETE, el sindicato de los maestros ugetistas, muchos de los cuales fueron asesinados o depurados, o Javier Zabalza, vicesecretario de la UGT jaquesa.

En un segundo nivel, la represión se desató sobre los simples militantes ugetistas. En Zaragoza, después de que los rebeldes asaltasen la sede de la UGT (C/ Estévanez, 2) y se incautasen de todos sus ficheros,  se siguió la consigna de Jesús Muro, el jefe local de Falange que había bramado: “¡que no quede ni uno y de los socialistas, ni el rabo!”. La represión se extendió por todo el Aragón controlado por los fascistas y afectó incluso a personas como José Pascual Duaso, párroco del pueblo oscense de Loscorrales y vinculado a la FTT-UGT.

Aragón quedó teñido de dos colores: el rojo de la sangre derramada y el negro del luto de tantas viudas: a fecha de hoy, según datos del Gobierno de Aragón, se han localizado en nuestra región 519 fosas comunes de la guerra civil.

Insensibles ante este drama, la derecha política y judicial se opone a que los crímenes del franquismo sean investigados por el juez Garzón y que la Ley de la Memoria Histórica se desarrolle plenamente. Frente a ello, desde la Fundación Bernardo Aladrén, vinculada a UGT-Aragón,  trabajamos por la recuperación de la memoria histórica republicana puesto que, como ugetistas, consideramos que se trata de un deber moral y de justicia para con las víctimas del franquismo.

José Ramón Villanueva Herrero

(La Voz Sindical: órgano de la UGT Aragón, nº 113, mayo 2010).