ENROCADOS EN GIBRALTAR

 

     En este año que concluye, se cumplió el 300 aniversario del Tratado de Utrech de 1713 mediante el cual España cedió Gibraltar al Reino Unido. Lejos de nostalgias patrioteras, la cuestión de Gibraltar sigue siendo una herida abierta en nuestra historia que algún día habrá que resolver. Por ello, tras tres siglos de “controversia gibraltareña”, como señalaba Alejandro del Valle Gálvez, catedrático de Derecho Internacional Público, España deber reflexionar sobre su posición y las posibilidades de acercamiento y acuerdo en este dilatado y complejo contencioso.

   En la cuestión de Gibraltar,  varias son las controversias que siguen sin resolverse. El primer lugar, el alcance de la cesión de soberanía pues, con arreglo al artículo X del Tratado de Utrech, el territorio realmente cedido era muy limitado: tan sólo el recinto intramuros de Gibraltar (ciudad, castillo, con su puerto, defensas y fortaleza) pero sin ningún territorio fuera de las murallas, lo que excluye de soberanía británica tanto a la montaña (la Roca) como al itsmo de tierra que une a la colonia con La Línea, a pesar de que  sobre ambos los británicos ejercen su jurisdicción, y no una soberanía que nunca les fue cedida.. En segundo lugar, y enlazando con lo anterior, otra controversia deriva de la apropiación del itsmo por el Reino Unido ya que nunca se estableció una línea fronteriza ni posteriormente se realizó una demarcación, por lo que la actual verja es una delimitación unilateral británica que nunca ha sido aceptada por España. Y, en tercer lugar, la cuestión de las aguas, tema éste que se ha agudizado durante el mandato de Fabián Picardo, el actual Ministro Principal de Gibraltar y que ha originado un conflicto pesquero con numerosos incidentes en la bahía de Algeciras. Sin embargo, una lectura literal del Tratado según la cual la soberanía de la montaña sigue siendo española, supondría un cambio del estatuto jurídico de las aguas en disputa puesto que, al no generarse espacios marítimos británicos, éstas serían españolas y Gibraltar carecería de aguas territoriales propias.

     Ante estas cuestiones, se constata cómo, en la actualidad, los cauces jurídicos y políticos para resolverlos se encuentran inoperantes. Así, esta “crisis negociadora”, supone un agotamiento o cuestionamiento de los marcos negociadores pues la cuestión de Gibraltar se halla enquistada, desde 1964,  en el Comité Especial de Descolonización de la ONU; el Proceso de Bruselas para la co-soberanía del Peñón está bloqueado desde 2002 y  lo mismo ocurre con el Foro de Diálogo Tripartito (España-Reino Unido-Gibraltar), creado en 2004 y que, desde enero de 2012, el Gobierno de Rajoy ha reestructurado como Foro Cuatripartito, negando la representación directa a los gibraltareños y, en cambio, incluyendo,   junto a las delegaciones de los gobiernos de Londres y Madrid, a representantes de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y de la Junta de Andalucía.

   Así las cosas, es necesario relanzar las negociaciones por nuevas vías imaginativas, y algunas se han ido planteando. Este fue el caso del Proceso de Bruselas y las propuestas de co-soberanía surgidas en las negociaciones entre Aznar y Blair durante 2000-2002, las cuales no llegaron a buen puerto por el boicot de Gibraltar y la oposición británica la utilización conjunta de las bases militare y,  sin embargo, es de justicia reconocer que, pese a su fracaso, han sido el único y más serio intento de llegar a un acuerdo aceptable que reemplazase al vetusto Tratado de Utrech. Otras propuestas para desbloquear el contencioso fueron las que planteó Peter Caruana, el anterior Ministro Principal de Gibraltar, de optar por el modelo del Principado de  Andorra y su bicéfala jefatura de Estado, propuesta que generó temor por las posibles repercusiones que pudiera tener sobre las reclamaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, o la idea de considerar a Gibraltar como una ciudad vinculada a las coronas española y británica con un estatuto especial dentro de  la Unión Europea.

     Retomando de nuevo las ideas de Alejandro del Valle, éste plantea como opción más razonable que España acordase con el Reino Unido “un tratado internacional que de algún modo reconozca la soberanía española actual y futura sobre los espacios actualmente bajo jurisdicción británica, y que establezca un nuevo estatus jurídico internacional que respete la actual organización institucional gibraltareña”.  Esta propuesta, para ser un viable, deberá conciliar los tres intereses en cuestión: el militar y de seguridad para el Reino Unido, la recuperación de la soberanía para España y la consulta de la población gibraltareña, a la cual, con arreglo a su nueva Constitución de 2006, se le reconoce, lógicamente,  el derecho a decidir democráticamente su futuro y, en consecuencia, poder para vetar los acuerdos hispano-británicos que considere perjudiciales. Además, esta apuesta por un nuevo estatuto internacional debe vincular a la Roca con el Campo de Gibraltar y con Andalucía para poder ofrecer a los gibraltareños, que son el 4º territorio del mundo con mayor renta per cápita, un futuro estratégico de intereses compartidos.  Tal vez, de este modo, dejemos de estar, como viene sucediendo en estos últimos 300 años, enrocados en (y por) Gibraltar.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 diciembre 2013)