NOS QUIEREN A-MORDAZA-DOS

 

     Otro de los pesados lastres que deja el Gobierno de Rajoy es la limitación de derechos y libertades como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la “Ley Mordaza”, y las restrictivas (y retrógradas) reformas introducidas  en el Código Penal, entre ellas, la polémica “cadena perpetua revisable”. Todo este cúmulo de despropósitos, propios de la vieja derecha autoritaria es lo que hizo afirmar a Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia,  que, con la aplicación de dichas leyes,  “entra en vigor el mayor recorte de libertades de la historia de la democracia española”.

     Si analizamos en detalle la vigente “Ley Mordaza” observamos algunos detalles tan significativos como preocupantes. En primer lugar, ya en su Preámbulo, considera a la “seguridad ciudadana” y a la “seguridad pública” como sinónimos, entendiendo por tales “la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”. Tras estas declaraciones, subyace un concepto ideológico de seguridad anacrónico pues, como señalaba Joan Josep Nuet, la derecha recurre al discurso del miedo, a la coerción, y olvida que “seguridad” no sólo significa riesgos y amenazas, es algo más que el “orden público” de otros tiempos. De hecho, la seguridad debería entenderse en un sentido amplio, como “un instrumento al servicio de la instauración  y mantenimiento de la paz social, es decir, al servicio de la protección y desarrollo de los derechos humanos, políticos y sociales en condiciones de igualdad y dignidad”, esos mismos derechos  devastados por el liberalismo rampante que aplica el Gobierno del PP. Desde una perspectiva social, libertad y seguridad forman parte de un todo indivisible en cualquier sociedad democrática avanzada. Y, por ello, el PP olvida que el bienestar social y seguridad son conceptos complementarios, dado que no pueden existir políticas de seguridad eficaces si no se abordan la erradicación de causas tales como la pobreza, el paro, la xenofobia y la exclusión social. Por ello, la solución no es el endurecimiento de medidas de “orden público”,  de lo cual la “Ley Mordaza” es un claro ejemplo, sino, bien al contrario, la aplicación de políticas integrales de empleo y protección social.

     El carácter punitivo  de la “Ley Mordaza” queda patente si tenemos en cuenta  que el capítulo 5 (“Régimen sancionador”) es el más extenso y ocupa la mitad del texto de la ley (desde el artículo 30 al 54). En dicho capítulo, se clasifican las sanciones en “muy graves”, “graves” y “leves” (art. 33). Entre las “muy graves”, hallamos desde las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas, hasta la proyección de haces de de luz sobre los conductores de medios de transporte. En cuanto a las sanciones “graves”, figuran 23 tipos distintos: desde las perturbaciones en actos públicos, espectáculos, solemnidades y oficios religiosos, hasta la realización de de manifestaciones frente al Congreso, Senado o asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Y, las sanciones “leves” (17  tipos diferentes), van desde la ocupación de inmuebles hasta la “negligencia en la conservación de la documentación personal”.

    Si muchas son las sanciones contempladas en la “Ley Mordaza”, mucho es también el importe de las cuantías con las que se les penaliza: de 100 a 600 euros las leves, de 601 a 30.000 las graves y, las muy graves, desde los 30.001 hasta la astronómica cifra de 600.000 euros. La voluntad coercitiva de la ley queda así bien patente.

     Ante esta ley tan regresiva  resulta reveladora la lectura de las observaciones finales del Informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU del pasado mes de julio y que instaba al Gobierno de España a que retirase no sólo la nefasta “Ley Mordaza”, sino, también, las últimas reformas introducidas en el Código Penal, para adecuarlas a la estricta aplicación del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por nuestro país y, por ello, de obligado cumplimiento. De  este modo la ONU dejaba patente que ambas leyes “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”. Como señalaba Maina Kiai, Relator Especial sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación del citado Comité, la “Ley Mordaza”, “limita marcadamente el derecho de reunión” y “restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas”. Todo ello permite “la aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades” y ello, como es el caso del derecho al ejercicio de libertad de manifestación pacífica, produce un efecto gravemente disuasorio entre la ciudadanía. De este modo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dedica en su Informe 8 páginas   a los  “Motivos de preocupación y recomendaciones”, los cuales suponen un auténtico varapalo para el Gobierno de Rajoy en esta materia, recomendaciones a las que éste, carente de sensibilidad social, ha vuelto a hacer oídos sordos.

     De igual modo, dado que la “Ley Mordaza”, con arreglo a su Disposición Final Primera, “legaliza” las “expulsiones en caliente”  de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, también en este tema la ONU ha manifestado su preocupación por el tratamiento que reciben los inmigrantes y solicitantes de asilo y, por ello, critica las citadas “devoluciones en caliente”. Y una recomendación final de la ONU ante la que la derecha  ha sido y sigue siendo insensible: la necesidad de derogar la Ley de Amnistía de 1977 dado que ella impide investigar en España los crímenes franquistas. Otra carencia de nuestra democracia.

     Por todo lo dicho, como nos recordaba Joan Josep Nuet, “En España hay un claro ejemplo para la seguridad nacional, pero ese claro peligro tiene dos palabras: Partido Popular. Hoy el Partido Popular es la amenaza más seria para la seguridad si entendemos la seguridad como libertad y bienestar para nuestros ciudadanos”. Y, por ello, no queremos  ni debemos ser a-mordaza-dos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 diciembre 2015)