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UNA SOBERANÍA USURPADA

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Con la huelga de hambre de Tarbak Haddi, la mujer saharaui que reclama el cadáver de su hijo, Mohamed Lamin Haidala, muerto tras su detención por la policía marroquí en El Aaiún, asistimos a un nuevo y dramático episodio en la larga cadena de violaciones de los derechos humanos y de injusticias que, desde hace décadas, padece el pueblo saharaui, al que se le niega ser dueño de su destino y de su tierra por parte de la autocrática monarquía marroquí de Mohamed VI.

La demanda y el sufrimiento de Tarbak Haddi ha vuelto a poner de actualidad la cuestión del Sahara Occidental frente a la intolerable actitud de Marruecos y la connivencia de los EE.UU. y Francia para con el reino alauita. Resulta lamentable la posición  de la comunidad internacional que ha sido incapaz de exigir con firmeza el derecho de autodeterminación para el Sahara Occidental. Por su parte, España también tiene un compromiso moral y político con su excolonia, que no debe nunca olvidar ni posponer por temor a las presiones que, de todo tipo, recibe por parte de Marruecos.

Desde que en 1967 la ONU propuso la descolonización del Sahara, precisamente para evitar las ambiciones territoriales de Marruecos y Mauritania, todos los informes jurídicos y resoluciones de la ONU han avalado los derechos del pueblo saharaui a la vez que rechazaban las pretensiones marroquíes sobre este territorio. Especialmente revelador resulta el Dictamen del Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya de 16 de octubre de 1975. Éste, elaborado a petición de la Asamblea General de la ONU, reconocía con rotundidad que la población autóctona era el poder soberano del Sahara Occidental puesto que, en el momento de la colonización española (1885), este territorio no pertenecía ni a Marruecos y a Mauritania, sino a las poblaciones nómadas que “estaban social y políticamente organizadas en tribus y bajo jefes competentes para representarles”. De igual modo, se rechazaban con argumentos jurídicos los cuatro puntos en los que se basaban las reivindicaciones marroquíes, a saber: que existía una “posesión inmemorial” marroquí sobre el Sahara desde la conquista del Islam del norte de África hacía 1.300 años; que había una “continuidad geográfica” entre Marruecos y el Sahara Occidental; que existía un ejercicio de la soberanía interna del Marruecos precolonial  (el Estado jerifiano) que incluiría no sólo a las tierras bajo control del sultán, sino también a aquellas en que su autoridad espiritual era reconocida ( en su caso, algunas tribus saharauis) y, finalmente, que existía un reconocimiento internacional (“o externo”) de la soberanía marroquí sobre el territorio. Consecuentemente, el TIJ, en su conclusión final reconocía que no había “ningún vínculo jurídico de soberanía territorial entre el Sahara Occidental y el Estado Marroquí”, a la vez que se ratificaba en la necesidad de celebrar de forma inmediata un referéndum de autodeterminación.

Tras el dictamen del TIJ, los hechos se precipitaron: unas horas después, Hassan II anunciaba la Marcha Verde, el régimen franquista, en plena agonía del dictador, se estremecía y firmaba los Acuerdos Tripartitos de Madrid del 14 de noviembre de 1975, que suponía el abandono vergonzante del Sahara y la cesión de su administración (que no de su soberanía) a Marruecos y Mauritania a cambio de determinadas compensaciones económicas recogidas en los acuerdos complementarios. (derechos pesqueros y participación en la explotación de los fosfatos de Bucráa). Estos acuerdos infamantes, declarados ilegales por la ONU, entraron en vigor el 19 de noviembre, la víspera de la muerte de Franco, fecha en la cual el BOE publicó la Ley de Descolonización del Sahara.

Desde entonces, los hechos son conocidos: Marruecos ha violado de forma continua y flagrante el orden internacional al expandir su territorio por la fuerza y negar deliberadamente a los saharauis su derecho a la autodeterminación. Frente a ello, el Frente Polisario y la RASD han mantenido viva la reivindicación de la causa saharaui y, tras la guerra de 1975-1991 y el posterior cese el fuego, se optó por la solución política del conflicto que, esperemos, los sangrientos acontecimientos de estos últimos días, no malogren pues el estallido abierto de nuevo del conflicto armado, está a un solo paso.

Dado que  la cuestión central es la soberanía del Sahara, Jacob Mundy, del Institute of Arab and Islamic Studies de la Universidad de Exeter, destaca que el sumario del TIJ anteriormente citado, deja totalmente claro que el poder soberano en el Sahara Occidental era y es el pueblo saharaui y, por ello, recuerda que “el propósito del referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental no es decidir entre soberanías compitiendo entre si, bien marroquí o bien saharaui, sino encuestar a los saharauis si desean o no retener, modificar o renunciar a su soberanía. Necesitamos dejar de hablar sobre autodeterminación como un acto que constituye la soberanía en el Sahara Occidental. La soberanía ya está constituida en el Sahara Occidental”.

La soberanía saharaui es, pues, incuestionable. Pero para poderla ejercer, resulta imprescindible hacer frente a problemas tan complejos como el cambio de actitud de la política de EE.UU. y de Francia, para los cuales la estabilidad de Marruecos es considerada como de “alta prioridad estratégica para Occidente” y ello ha supuesto el legitimar de facto la anexión del Sahara y la violación permanente de los derechos humanos en su territorio. También España debe implicarse con firmeza en defensa del pueblo saharaui pues, en este caso, el silencio no es hijo de la prudencia, sino de la cobardía y la complicidad, ante la ocupación ilegal del Sahara por parte de Marruecos, fruto de los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975, un último y envenenado legado del franquismo agónico que la democracia española ha sido incapaz de resolver desde la justicia y el derecho cuando dichos acuerdos cumplirán este año el 40 aniversario desde su vergonzante firma. En consecuencia, la dignidad y la libertad del Sahara Occidental, no pueden ser moneda de cambio por motivos mercantiles (acuerdos pesqueros y comerciales) o políticos (control de la inmigración ilegal, lucha contra el terrorismo islamista, contencioso de Ceuta y Melilla) en el siempre complejo diálogo hispano-marroquí. Es una cuestión de dignidad democrática y de justicia internacional.

José Ramón  Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 junio 2015)

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