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Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

EN DEFENSA DEL PUEBLO SAHARAUI

EN DEFENSA DEL PUEBLO SAHARAUI

    En fechas recientes, el latente conflicto del Sahara ha vuelto a ser noticia. Desde que el pasado mes de mayo se iniciase en El Aaiún la llamada “Intifada saharaui”, la represión de Marruecos se ha incrementado. Pero esto no es sino un eslabón más de la larga cadena de violaciones de los derechos humanos que, desde hace 30 años, padece el Sahara Occidental.

     Hay que recordar que ya en 1967 la ONU propuso la descolonización de la entonces colonia española, precisamente para evitar las ambiciones territoriales de Marruecos y Mauritania sobre ella. Pese a las promesas del régimen franquista de conceder una autonomía limitada (1974), los hechos se precipitaron  cuando el 16 de octubre de 1975 Marruecos inició la Marcha Verde y el Gobierno de España, en plena agonía del dictador, se avino a firmar los Acuerdos Tripartitos de Madrid (14 noviembre), 6 días antes de la muerte del general Franco. Este indigno documento supuso el abandono por parte de España del Sahara, cediendo su control militar a Marruecos y Mauritania. Nadie contó con la opinión del pueblo saharaui, el cual quedó abandonado a su suerte.

     Esta ocupación, ratificada por el posterior Acuerdo de Rabat (14 abril 1976) supuso el reparto del Sahara entre sus dos codiciosos vecinos: Marruecos se hacía con los 2/3 del territorio, mientras que Mauritania, se anexionaba el 1/3 restante. Mas tarde, la guerra contra el Polisario hizo que Mauritania renunciase al mismo (Acuerdo de Argel, 1979) por lo que Marruecos se apropió la totalidad del territorio, proclamando acto seguido su soberanía sobre el mismo.

     Durante la ocupación y la guerra consiguiente, los saharauis abandonaron las ciudades (noviembre 1975 – febrero 1976) y se instalaron en el desierto. Pero, tras los brutales bombardeos marroquíes con napalm sobre Tifirati, Guelda Zemur y Umbreiga, gran parte de la población saharaui se exilió en Argelia: este es el origen de los campos de refugiados de Tinduf.

     Si algo simboliza la ocupación militar del Sahara, es sin duda la construcción por parte de Marruecos (desde 1980) de un muro defensivo de 2.720 kms. que divide el territorio de norte a sur, y que con sus 140.000 soldados y sus sofisticadas armas, evita incursiones del Polisario y “protege” no sólo las ciudades de El Aaiún y Smara, sino también los ricos (y codiciados) yacimientos de fosfatos de Bucraa.

     Pendiente queda la resolución política, que no militar, del conflicto. Desde que en 1988 Marruecos y el Polisario aceptaron el plan de paz de la ONU que contemplaba la aceptación de un alto el fuego como paso previo a la celebración de un referéndum, poco se ha avanzado. Mientras que Marruecos proponía la autonomía (2000), el Plan Baker II (2003) planteaba un período autonómico de 4 años como fase previa al referéndum. A fecha de hoy, no se ha llegado a ninguna solución...y ya van tres décadas de espera para hacer justicia al pueblo saharaui.

     Tras unos años de tregua, los últimos acontecimientos (protestas saharauis y posterior represión desmesurada por parte de Marruecos) pueden ser el preludio de una escalada armada de consecuencias imprevisibles. Por ello, el incremento de las acciones represivas por parte de Marruecos ante las justas demandas del pueblo saharaui, único dueño de su destino y de su tierra, nos obliga a adoptar una posición de solidaridad y de apoyo activo, puesto que la deuda moral de España en este conflicto resulta indudable. Es evidente que sólo hay una solución: la celebración del referéndum, tantas veces pospuesto, con garantías adecuadas y supervisión de la ONU, en el que el censo legal de la población saharaui, decida libremente su futuro.

     Por todo lo dicho, nunca debemos de aceptar que el pragmatismo político que condiciona, con excesiva frecuencia, las relaciones entre España y Marruecos, se imponga sobre la dignidad, la justicia y la defensa del pueblo saharaui, al que nos unen profundos compromisos morales. Su futuro no debe canjearse nunca por un pretendido deseo de mantener una relación amistosa y fluida con el reino de Marruecos. La dignidad de los pueblos se halla en la convicción y firmeza con que se defienden los principios y los valores éticos. En consecuencia, la dignidad y la libertad del Sahara no puede ser moneda de cambio ante criterios mercantiles (acuerdos pesqueros y comerciales) o políticos (control inmigración ilegal, lucha contra el terrorismo islámico, contencioso de Ceuta y Melilla, etc) en el siempre complejo diálogo hispano-marroquí. Por ello, la justa causa saharaui nos exige a todos, y en especial al Gobierno de España, un compromiso no sólo humanitario sino también de firmeza política para que, también en este caso, prevalezca el derecho internacional y las resoluciones de la ONU sobre las ambiciones territoriales de Marruecos y los intereses geoestratégicos y económicos de sus aliados (EE.UU. y Francia). España se juega su credibilidad, pero los saharauis se juegan su futuro como pueblo libre y soberano.  

José Ramón Villanueva Herrero 

(Diario de Teruel, 14 septiembre 2005)

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