Kyriathadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

         Con la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931, se va a producir un considerable auge de las organizaciones socialistas y, consecuentemente, de la UGT: diversos militantes lograron presencia institucional, (como fue el caso de Bernardo Aladrén, secretario provincial de la UGT, que fue elegido 2º teniente-alcalde del Ayuntamiento republicano de Zaragoza), a lo cual hay que añadir un considerable aumento de la militancia.

Durante los años republicanos la UGT preconizó una acción sindical  orientada en tres aspectos (político, económico y cultural) en defensa de los intereses de la clase trabajadora. De este modo, se defendía la participación activa en la vida política por medio del PSOE para lograr avances sociales;  en lo económico se optó por una línea reformista a la vez que se fomentaba la creación de cajas de resistencia, cooperativas y asociaciones de protección y socorro para los ugetistas y, por ello, se crearon diversas Mutualidades obreras que, como en el caso de Zaragoza, disponían de varias farmacias para los afiliados ugetistas. En el ámbito cultural, por medio de las Casas del Pueblo, la UGT promovió el establecimiento de escuelas, bibliotecas, la realización de charlas y conferencias para elevar la formación de la clase trabajadora y, de este modo,  lograr que los trabajadores tuviesen una mayor capacidad para defender sus derechos con mayor autoridad y firmeza. Este fue el caso de la Escuela obrera creada por la Casa del Pueblo de Teruel, en donde se daban clases gratuitas a los trabajadores ugetistas y a sus hijos. Por su parte, la UGT creó incluso un Cuadro Artístico “Pablo Iglesias” en Zaragoza y otro en la ciudad de Teruel, dedicados a actividades teatrales.

Los representantes de la UGT aragonesa se esforzaron por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores al amparo de la política reformista impulsada por Francisco Largo Caballero, entonces ministro de Trabajo y secretario general de la UGT. Su objetivo era avanzar en la línea reformista institucional impulsada por el gobierno social-azañista basada en una legislación favorable a los obreros. De este modo, la legislación social impulsada por Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo convirtió en leyes muchas de las reivindicaciones del movimiento obrero socialista: se declaró el 1º de Mayo como fiesta oficial, se aprobaron leyes de profundo contenido social como fueron la de Jurados Mixtos, la de Contratos de Trabajo y la de Colocación Obrera o la de Términos Municipales, que mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores; dictó los decretos sobre el Seguro obligatorio de maternidad, sobre Arrendamientos colectivos, sobre Accidentes de trabajo en la agricultura; se implantó de forma efectiva la jornada laboral de 8 horas y se crearon las Delegaciones provinciales de Trabajo además de conferir mayores atribuciones y autoridad a los inspectores de trabajo para evitar los abusos de los patronos sobre los obreros.

Durante el período republicano, la UGT impulsó numerosas medidas para combatir el desempleo mediante el fomento de obras públicas  (tal y como hizo Bernardo Aladrén en la provincia de Zaragoza), se defendió el rescate de los bienes comunales para que el pequeño campesinado y los jornaleros pudieran acceder al cultivo directo de la tierra, especialmente en las Cinco Villas o en Teruel), se fomentó la creación de Cooperativas de Casas Baratas para el acceso de los trabajadores a viviendas dignas: este fue el caso de la zaragozana “Cooperativa Pablo Iglesias” y la labor del arquitecto socialista Francisco Albiñana, conocido como “el arquitecto de los pobres”, o la propuesta de los concejales del PSOE en el Ayuntamiento republicano de Teruel para la creación de una Junta Local de Casas Baratas y una oficina para el fomento de este tipo de viviendas en la capital turolense.

Por otra parte, el crecimiento orgánico socialista hizo que se crease la Federación provincial de Sociedades Obreras de la UGT zaragozana (2 mayo 1931) siendo Luis Viesca su presidente y Bernardo Aladrén el secretario general, mientras que la Federación Turolense de Sociedades adheridas a la UGT se fundó el 27 de diciembre de 1931, siendo su primer presidente Daniel Villa García, líder del Sindicato Minero de UGT de Montalbán, el cual sería asesinado en marzo de 1932.

José Ramón Villanueva Herrero

(La Voz sindical: órgano de la UGT Aragón, nº 111, septiembre 2009)

 El golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera (13 septiembre 1923) puso fin a la legalidad constitucional de la Restauración y, el apoyo dado por Alfonso XIII a la dictadura primorriverista supuso el descrédito definitivo del rey y fue preludio de su caída y de la posterior proclamación de la II República.

Ante el golpe militar de 1923, Francisco Largo Caballero, secretario general de UGT desde 1918, definió la posición del sindicato socialista como “de completa neutralidad”, añadiendo, “siempre que, no importa con qué formas e instituciones, se mantuvieran las conquistas sociales, se permitiera negociarlas y se asegurara la existencia, reconocimiento, consolidación e identidad de la organización obrera”. Por su parte, la UGT zaragozana, contraria a todo acto golpista, manifestó no sentir ningún “vínculo de solidaridad ni de simpatía” por defender un sistema político oligárquico en el cual no creía y al cual nada debía el movimiento obrero.

Pese a lo dicho, mientras la CNT era ilegalizada (mayo, 1924), la UGT se adaptó a la dictadura primorriverista, tema ciertamente polémico, en lo que dio en llamarse “vía corporativa al socialismo”. Sin la competencia de la central anarquista, la UGT quedó libre para intentar alcanzar la hegemonía entre los trabajadores como único sindicato obrero permitido. Pese a esta situación de ventaja, el crecimiento de la UGT en Aragón siguió siendo lento: 1.198 afiliados en 1922, que en el año 1928 habían ascendido a sólo 3.671 ugetistas aragoneses. Fueron unos años en los que la UGT defendió un sindicalismo moderado y reformista por medio de los comités paritarios (creados en 1927), desarrollando igualmente una destacable actividad cultural: en la Casa del Pueblo de Zaragoza se organizaron unos ciclos de conferencias anuales que se convirtieron en un foro de encuentro entre los trabajadores socialistas y los sectores de la burguesía ilustrada y reformista.

A partir de 1928, la UGT se fue distanciando de la dictadura primorriverista y, junto con el PSOE, se orientaron hacia un cambio político de signo republicano. En este contexto, el socialismo aragonés, que siempre había tenido una endémica debilidad orgánica, va a experimentar un importante auge. En 1928-1929 tuvieron lugar los viajes propagandísticos de Largo Caballero a Aragón, razón por la cual el socialismo arraigó con fuerza en diversas zonas y, de forma especial, en la comarca de Cinco Villas. Por otra parte, en Teruel se establece el PSOE y la UGT en 1929 bajo el liderazgo de los catedráticos Juan Sapiña y Pedro Díez Pérez y Pascual Noguera, dirigente campesino de la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT-UGT). Al año siguiente, en 1930, van a empezar a publicarse los dos semanarios emblemáticos del socialismo aragonés: el turolense “Adelante”, cuyo primer número lleva fecha del 22 de febrero, y el zaragozano “Vida Nueva”  que apareció el 4 de mayo de 1930.

El auge del socialismo aragonés era evidente en la fase final de la dictadura primorriverista y, por ello, “Vida Nueva”, refiriéndose a la situación de la UGT a la altura de 1930, ya en vísperas de la proclamación de la II República, alude al mismo como “año de eclosión sindicalista”. A través de las páginas del órgano del socialismo zaragozano, se ofrecen datos concretos que avalan la afirmación anterior: en la capital aragonesa se constituyeron más de 30 sociedades obreras ugetistas, en 24 pueblos de la provincia (la mitad de ellos en las Cinco Villas), surgieron otras tantas Sociedades Obreras adscritas a la UGT. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Huesca, en Jaca, Ansó o Biscarrués. Por lo que se refiere a la provincia de Teruel, se evidenció una gran pujanza de las organizaciones socialistas ya que, en marzo de 1930, la UGT contaba con 2.178 afiliados distribuidos así: Teruel-capital (467, mayoritariamente vinculados a la FTT); el Sindicato Nacional Minero ugetista estaba fuertemente implantado en Ojos Negros (862) y Montalbán (512), siendo también destacable la militancia ugetista en Albalate del Arzobispo (250) y La Puebla de Valverde (87).

Sustituido Primo de Rivera por la “dictablanda” del general Berenguer y fracasada la sublevación de Jaca (12 diciembre 1930) que tenía que ser el preludio del cambio republicano, se desató una ola represiva hacia las organizaciones socialistas implicadas en el movimiento insurreccional, siendo detenidos los principales dirigentes de la UGT y el PSOE, entre ellos, Bernardo Aladrén (secretario provincial de la UGT de Zaragoza), así como numerosos militantes, además de suspender gubernativamente la publicación de “Vida Nueva”.

Poco después, el almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. La victoria de la coalición formada por republicanos y socialistas, apoyada “decididamente” por la UGT, supuso la proclamación de la II República Española el 14 de abril de 1931. En el caso de la ciudad de Zaragoza, donde el 70,3 % de los votantes apoyaron el cambio político, de los 47 concejales de su ayuntamiento, 32 eran republicanos y, de ellos, 6 militaban en el PSOE y la UGT: Bernardo Aladrén (que sería 2º teniente-alcalde de la nueva corporación), Bernardo Rubio, Luís Viesca, Eduardo Castillo, Antonio Ruiz y Mariano Sierra. De igual modo, muchos pueblos de las Cinco Villas estrenaron alcaldes socialistas (como Antonio Plano, en Uncastillo). Como balance, el PSOE logró 201 concejales en la provincia de Zaragoza, 76 en la de Teruel y tan sólo 15 en la de Huesca. Especialmente destacable es el caso de la ciudad de Teruel en la que, de 19 concejales que formaban la corporación, 10 eran republicanos y, de ellos, 4 militaban en el PSOE-UGT.

Va a ser a partir de la llegada entusiasta de la II República cuando se intente llevar a cabo un ambicioso proyecto de democratización y modernización de España, un anhelo que, desde el primer momento, contó con la frontal oposición de las fuerzas conservadoras y reaccionarias. La destrucción de la democracia republicana condujo,  lamentablemente, a una dramática guerra civil, cuyas heridas no se cerrarán con justicia hasta que las víctimas de la dictadura franquista no logren la completa reparación moral, política y jurídica que merecen.

  José Ramón Villanueva Herrero

 (La Voz Sindical, nº 108, Zaragoza, enero 2009)

Matías Pastor, el principal organizador de la UGT  aragonesa (1889) y fundador de la Agrupación Socialista de Zaragoza (1891), fue también el responsable de la creación del primer Centro Obrero de la UGT en la capital aragonesa el 10 de enero de 1894. Este, tenía su sede en la Calle Agustina de Aragón, 42 y contaba con una Junta Directiva, paritaria por oficios (canteros, carpinteros, tipógrafos y sombrereros), todos ellos cuadros del PSOE local: Matías Pastor (presidente), Modesto López (vicepresidente) y Ricardo Aznar, Manuel Gargallo, Vicente Gómez, Tomás Sánchez, Emilio Romanos y Miguel Maimón.

Los socialistas zaragozanos siguieron siendo muy minoritarios: en su primera participación en las elecciones a Cortes de 1896, presentaron por Zaragoza a García Quejido, miembro del Comité Nacional de la UGT, el cual sólo obtuvo 105 votos. Pese a su endémica debilidad, en 1898 se produjo una cierta reorganización y renovación del socialismo zaragozano por medio de un nuevo Comité formado sobre todo por tipógrafos y en el que ya aparece Isidoro Achón, otra figura histórica del socialismo aragonés. La UGT, establecida en su nueva sede (C/ Mayor, 57), consiguió fundar nuevas sociedades obreras como las de Cordeleros, Pintores-Decoradores, Camareros de cafés y fondas, Fundidores-Moldeadores y Cocheros. Además, en 1899 surgió en Zaragoza la Federación Local de Sociedades Obreras (FLSO) en la que coexistían una mayoría de obreros anarquistas junto a un sector minoritario, socialista, vinculado a la UGT.

Iniciado el s. XX, la UGT aragonesa contaba con 427 afiliados en Zaragoza y 23 en Teruel, sin que consten datos relativos a la provincia de Huesca. Como señala Carlos Forcadell, en la primera década  del s. XX, los ugetistas contaban con una implantación minoritaria, casi testimonial, tanto entre los trabajadores aragoneses, como en el seno de la propia UGT como sindicato nacional. No obstante, van a ser los años en los cuales Isidoro Achón, junto a Matías Pastor, impulsaron el modelo sindical reformista y de gestión de la UGT, que apostaba por la utilización los medios legales mediante los cuales lograr mejoras progresivas para la clase trabajadora. Achón resumía así la acción política y sindical socialista: “los objetos del partido de clase son la defensa exclusiva de los intereses obreros, lograr una legislación protectora del trabajo basada en la jornada de 8 horas” y, también, esforzarse por “penetrar en municipios y diputaciones y Parlamento para exponer sus aspiraciones y presentar soluciones beneficiosas para los de abajo”, si bien todo ello subordinado a un horizonte final y lejano de “emancipación total o abolición de clases”.

Sin embargo, este modelo sindical “evolucionista” de UGT se oponía al sindicalismo autónomo, radical, asambleario y de acción directa predominante en la mayoría anarquista que controlaba la FLSO y el obrerismo zaragozano.

La implantación de la UGT en el resto de Aragón siguió siendo muy escasa y sólo existían sociedades obreras socialistas en Teruel, Escatrón, Pina, Aranda, Calatayud, Tarazona y Huesca. Por su parte, el PSOE, a la altura de 1902, sólo contaba con tres agrupaciones: la de Zaragoza-capital, y las de Calatayud y Aranda de Moncayo.

Cuando se funde la CNT en 1910, la mayoría de las sociedades obreras aragonesas ingresaron en la nueva central sindical libertaria, por lo cual la CNT será, desde este momento, hegemónica en el conjunto del proletariado aragonés. Ello hizo que, hasta 1916,  la UGT de Aragón no logró superar la barrera de los mil afiliados, contando concretamente con un total de 1.144 militantes. Al año siguiente (1917), se incorporó a UGT Ángel Lacort, que, procedente del anarquismo, sería posteriormente otro dirigente histórico del sindicato socialista zaragozano.

Cuando estalló la Huelga General Nacional de 1917, con una inflación del 71,42 %, los ugetistas se lanzaron a la misma con objeto de conseguir “aquellos cambios fundamentales del sistema que garanticen al pueblo un mínimun de condiciones decorosas de vida y desarrollo de sus actividades emancipatorias”. Fue a partir de este conflicto cuando se produjo una cierta expansión del socialismo aragonés: la Agrupación Socialista de Zaragoza y la UGT se establecieron desde 1918, en la c/ Estébanez, 2, sede que mantuvieron hasta el golpe fascista de 1936. En junio de 1918 se fundaron las Juventudes Socialistas en la capital aragonesa. Por su parte, la UGT se extiende por el resto de Aragón: la provincia de Huesca contaba con 1 sección (18 afiliados) y, la de Teruel, con 4 secciones que agrupaban a un total de 774 militantes vinculados sobre todo al Sindicato Minero (en las comarcas de Cuenca Minera y Ojos Negros) y a los obreros de las azucareras de Santa Eulalia y La Puebla de Híjar.

Son años en que las organizaciones socialistas empezaron a tener un fortalecimiento moderado (1919-1920) momento que, como señala Forcadell, coincide con una fuerte conflictividad social promovida por los “sindicatos únicos” afines a la CNT: sublevación del Cuartel del Carmen (1920), asesinato de tres empleados municipales (agosto 1920) y el asesinato del Cardenal Soldevila (junio, 1923).

La agudización de la tensión patronal/trabajadores, los atentados, bombas y la ola de represión gubernativa produjo un descenso de en la afiliación del PSOE-UGT y también de la CNT. Tal es así que, en mayo de 1921, de un total de 240.113 afiliados con que contaba la UGT en el conjunto de España, los militantes aragoneses eran tan sólo 1.196, “una pequeña gota dentro de la Unión General” (El Socialista, 1 mayo 1921).

Esta es la situación de debilidad orgánica del socialismo aragonés  en vísperas del golpe de estado del general Primo de Rivera del 13 de septiembre de 1923, tema al que nos referiremos en el siguiente capítulo.

(La Voz Sindical, nº 107, Zaragoza, septiembre 2008)

El creciente enfrentamiento entre anarquistas y socialistas marxistas en el seno de la Primera Internacional hizo que éstos últimos empezasen a reorganizarse en España. Así quedó patente en el Congreso Obrero Nacional (Barcelona, 1882) en el cual se fijaron las ideas básicas de la concepción político-sindical socialista, señalándose que,

“la abstención política del proletariado hace imposible el mejoramiento de sus condiciones actuales, sin cuyo mejoramiento nunca estará en actitud de realizar sus aspiraciones finales […] el Congreso cree que los trabajadores deben ser políticos, pero partidarios de una política de clase distinta y opuesta a toda política burguesa”.

De dicho Congreso, surgió la Asociación Nacional de Trabajadores de España (ANTE), embrión de la futura UGT.
Por lo que se refiere a Aragón, el primer núcleo obrero socialista del que se tiene constancia es la Asociación del Arte de Imprimir de Zaragoza, fundada en abril de 1882 y liderada por Pablo Claramunt. En su primera Junta Directiva se alude a “poseer ya el acta de Constitución de la Sociedad de Huesca”, tener contactos “muy satisfactorios” con Calatayud y Logroño y proponerse “conseguir algo de Teruel”. En cuanto a su afiliación, la Asociación del Arte de Imprimir zaragozana contaba, incluidas las secciones adjuntas de Logroño y Huesca, con 123 miembros. Se confirma así el importante papel de los obreros tipógrafos en la difusión de las ideas socialistas desde que Pablo Iglesias fundase en 1871 la Asociación General del Arte de Imprimir de Madrid y, posteriormente, la Federación de la Tipografía Española y de las Industrias Similares.

De igual modo, aparecen por estas fechas pequeños núcleos de obreros socialistas en Gallur, Villarroya de la Sierra, Alagón y Calatayud. No obstante, poco se sabe de los primeros socialistas zaragozanos, los cuales estaban coordinados con el grupo madrileño liderado por Pablo Iglesias que, en 1879 había fundado el Partido Democrático Socialista Obrero (PDSO) el cual, cuando en 1888 se creó la UGT, pasó a tomar la denominación actual de Partido Socialista Obrero Español (PSOE). No obstante apenas hubo actividad política socialista durante estos años: en 1886 aparece El Socialista, publicación que contaba en Zaragoza con tan sólo 8 suscriptores.

Sin embargo, en el terreno sindical, el núcleo socialista existente en la capital aragonesa organizó el III Congreso de la Federación Tipográfica Española (Zaragoza, octubre 1886) el cual, presidido por Pablo Iglesias, entre otros cosas, acordó crear una caja resistencia de ámbito europeo a la cual cada afiliado debía aportar 10 céntimos por semana.

Cuando en agosto de 1888 se funde en Barcelona la UGT, se integraron en ella los tipógrafos zaragozanos y sus compañeros de Huesca. La UGT surgió con el objetivo principal de mejorar las condiciones de trabajo de la clase obrera impulsando reformas graduales y progresivas. En este sentido, la huelga se convirtió en el recurso mediante el cual obtener de los poderes públicos una legislación laboral que reconociese la jornada laboral de 8 horas, la fijación de un salario mínimo y la igualdad de salarios para obreros de uno y otro sexo.

Para la naciente UGT aragonesa fue decisiva la llegada a Zaragoza del cantero vasco Matías Pastor, el cual se convirtió en la figura clave del primer socialismo aragonés. Pastor, antiguo secretario de la Agrupación Socialista de Bilbao, había tenido una activa participación en la huelga de los canteros vizcaínos de julio de 1888 y participó en la fundación de la UGT. Pastor, que según Santiago Castillo se convirtió en “el hombre clave del socialismo aragonés durante décadas”, fundó la Sociedad de Obreros Canteros (1890), segunda organización ugetista zaragozana tras la Asociación del Arte de Imprimir. De igual modo, Pastor fue el impulsor de la celebración de la manifestación del 1º de Mayo de 1890, la primera vez que tenía lugar, a instancias de la II Internacional Socialista, fundada en 1889, fecha que se convirtió en el símbolo de la afirmación de la acción política y de la unidad de la clase obrera y que reclamaba, además de la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo para los menores de 14 años o el descanso ininterrumpido de 36 horas semanales.

A partir de 1890, la UGT zaragozana, además de tipógrafos y canteros, incorpora a la Asociación de Agricultores, fundada el 31 de mayo de este año y liderada por Silverio López. Además, se fueron formando sociedades de resistencia de albañiles, carpinteros, tejedores, zapateros, pintores y obreros en hierro, estando en proceso de organización los hojalateros, sombrereros, silleros y alpargateros.

En la incesante labor desarrollada por Matías Pastor, debemos citar igualmente la creación de la primera Agrupación Socialista del PSOE zaragozano, creada el 17 de febrero de 1891 y cuya sede se hallaba en la C/ Boggiero, 73, principal: Pastor fue su primer presidente y en el comité de la misma hallamos a 4 tipógrafos y a 2 canteros. No obstante, tanto la UGT como el PSOE van a tener muchas dificultades en sus primeros años de actividad en Aragón: a las medidas represivas de las autoridades, había que añadir la competencia y rivalidad del potente anarquismo local, así como el rechazo de los partidos dinásticos y de incluso diversos sectores del republicanismo aragonés.



José Ramón Villanueva Herrero

(La Voz Sindical, nº 106, mayo 2008)

El primer intento por unificar a todas las organizaciones obreras tuvo lugar con la creación de la I Internacional, también conocida como Alianza Internacional de los Trabajadores (AIT). Fundada en Londres en 1864, e impulsada por Marx y  Engels, agrupaba a laboristas, socialistas y anarquistas. De la AIT formaban parte distintas Federaciones Regionales (entiéndase, estatales), las cuales englobaban diversas Federaciones Locales, bien fueran éstas de tendencia libertaria o marxista. Sin embargo, las diferencias y tensiones entre los seguidores de Marx y de Bakunin, originaron la expulsión de los anarquistas de La Internacional.

Tras el triunfo de la revolución de 1868, empezaron a difundirse en España las ideas internacionalistas. Aunque loa mayor parte de las nuevas federaciones obreras se adscribieron al anarquismo, también aparecen otras afines al socialismo. Así, tras la caída de la Commune de París (1871), Paul Lafargue, yerno de Marx, se refugia en España y, tras pasar por las cárceles de Graus y Huesca, impulsa la creación de los primeros núcleos obreros organizados en Aragón: se sabe que La Internacional contaba hacia 1872 con federaciones locales en Zaragoza (agrupaba a 10 secciones de oficios), Huesca (creada por Lafargue), Calatayud, Ateca y, también, en la ciudad de Teruel, y en Bellver de Cinca y en Ayerbe.

Digamos también que en Aragón tuvo lugar el II Congreso Obrero de la Federación  de Trabajadores de la Región Española (FTRE) de La Internacional, que se celebró en Zaragoza entre el 4-11 de abril de 1872. En el mismo estuvieron presentes las dos tendencias de la AIT: la libertaria, encabezada por Anselmo Lorenzo, y la socialista, con la presencia de, además de Lafargue, Paulino Iglesias, José Mesa, Francisco Mora o Víctor Pagés, futuros fundadores y dirigentes del PSOE y de la UGT.

El Congreso Obrero de Zaragoza, pese a las prohibiciones gubernativas, pudo seguir sus sesiones, aprobando una serie de dictámenes. Entre ellos, figuran extensos debates sobre la cuestión “¿Qué se entiende por obrero?”, acordándose emplear el término “proletario”, entendiendo por tal todo trabajador que, a cambio de un salario, crea un producto cambiable y de utilidad social. Se distingue entre artesanos y proletarios, se analiza el papel de la mujer en el movimiento obrero, las distintas formas de propiedad y la necesidad de que el proletariado adquiera una “enseñanza integral” como primer paso para su emancipación social.

Posteriormente, socialistas y anarquistas siguieron caminos distintos en el seno del movimiento obrero y la I Internacional, tras unos años de decadencia, se disolvió en 1878. A su vez, tras la caída de la I República en España (1874), las organizaciones obreras fueron ilegalizadas. Pese a ello, en plena clandestinidad, se fundó el PSOE en 1879. Poco más tarde, el Gobierno liberal de Sagasta legalizó a los partidos de oposición (republicanos y PSOE) y una nueva Ley de Asociaciones volvió a permitir el funcionamiento de las organizaciones obreras. De este modo, la FTRE de La Internacional se reorganizó pero, dado que en ella predominaba la tendencia anarquista, la minoría socialista decidió fundar en 1888 un nuevo sindicato: la Unión General de Trabajadores, la UGT.

José Ramón Villanueva Herrero

(La Voz Sindical, nº 104, Zaragoza, enero-2008)

        Siempre he considerado a Nicolás Redondo Urbieta, secretario general de UGT entre 1973-1994, como un ejemplo de ética, coherencia y compromiso sindical. Es por ello que he leído con gran interés el libro escrito por Antonio García Santesmases, compañero de militancia en la Corriente Izquierda Socialista del PSOE, titulado Nicolás Redondo. Historia, memoria y futuro (1927-2007). Esta obra, editada por la Fundación Francisco Largo Caballero con motivo del 80º cumpleaños del histórico sindicalista, supone un homenaje a Redondo, a quien Cándido Méndez, su sucesor al frente de la UGT, define como una persona “de impecable rectitud, austero, íntegro, firme, coherente en sus convicciones”.

       El libro recoge, a modo de relato biográfico, las conversaciones mantenidas entre García Santesmases y Redondo en torno a cinco etapas de su trayectoria vital. De este modo, se habla sucesivamente de aquel “niño de la guerra”, hijo de los vencidos (su padre, también socialista, sufrió varias condenas por el franquismo), de su condición de socialista vasco, de su labor como reconstructor de la UGT durante la dictadura. Especial interés tiene el capítulo 4º, titulado “Líder de la movilización obrera”, en que se analizan los años del Gobierno de Felipe González,  aquellos duros y dolorosos años en que se produjo el desgarro entre el PSOE y la UGT, la ruptura de la familia socialista, enfrentamiento que culminó con la histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988. La última parte de la obra alude a la actividad desarrollada por Redondo tras su salida de la secretaría general de la UGT (abril 1994) en la que, como ciudadano comprometido, y pleno de inquietudes, se ha dedicado a analizar el pensamiento socialista, a la relectura continua y actualizada de Prieto y Largo Caballero, y a activo papel en los movimientos cívicos contra ETA y favor de la libertad y la democracia en el País Vasco, compromiso que le obliga a vivir con escolta.

       Me han interesado especialmente las reflexiones de Redondo en torno a la vigencia del pensamiento socialista clásico, sin renuncias, sin adulteraciones neoliberales. Se opone así al sutil calado de las peligrosas ideas social-liberales que priman el mercado sobre el Estado, lo privado sobre lo público, o de la empresa sobre el sindicato y los trabajadores. Es por ello que Redondo pretende espolear a la izquierda política para que recupere sus señas de identidad ante la ofensiva de la globalización neoliberal. En este contexto, las ideas de Redondo suponen una reivindicación de la socialdemocracia, del socialismo de Europa central y de los países nórdicos, ideas que, frente a todo pragmatismo o desviación social-liberal, ha defendido siempre en el seno del PSOE la Corriente Izquierda Socialista, el ala izquierda del Partido, tan vinculada a las posiciones del sindicalismo ugetista.

       Se hace necesario, nos recuerda Redondo, retomar los valores esenciales de la socialdemocracia cuales son: cuestionar el sentido de la propiedad, del modelo de producción y la función del Estado. Hay que priorizar los intereses sociales sobre los económicos y los de los trabajadores sobre las empresas: en definitiva, la defensa permanente de lo sectores más débiles de nuestra sociedad, sin olvidar a la población inmigrante. Redondo es rotundo en este aspecto y por ello reivindica todos los puntos esenciales de la política socialdemócrata, una política que, para lograr la justicia social, debe ser verdaderamente redistributiva. En materia económica debe priorizar el pleno empleo de  calidad, con derechos y respetuoso con el medio ambiente; debería haberse mantenido un sector público empresarial estratégico, hoy lamentablemente desmantelado en España; incentivar una inversión pública adecuada, así como una política fiscal progresista basada en la imposición directa, no en la indirecta y, desde luego, contraria a la reducción de impuestos, lo cual está generando en la actualidad lo que Redondo denomina un “desarme fiscal generalizado”, como lo evidencian, además, promesas electorales tales como la supresión del impuesto de patrimonio. Finalmente, otros puntos esenciales de la política socialdemócrata serían la existencia de una protección social avanzada que garantice un sistema pública de pensiones suficiente así como la cobertura para las personas dependientes, puntos éstos en los que el Gobierno Zapatero ha logrado importantes avances. Finalmente, frente a las tentaciones privatizadoras y la presión de la derecha, la socialdemocracia debe mantener siempre un sistema educativo y una sanidad públicos, gratuitos y de calidad.

       Redondo, sensible a los cambios actuales, analiza también la globalización, a la cual considera como un hecho irreversible pero a la cual hay que darle un sentido social para que se convierta en “un instrumento al servicio del bien  público y del interés general de la Humanidad”. De este modo, el reto es convertir a la globalización liberal, la de los egoísmos financieros y empresariales, en una nueva globalización de la solidaridad y de la justicia social y, para ello, la socialdemocracia debe retomar sus principios internacionalistas.

       Esta es la tarea presente y futura de la socialdemocracia ya que, como afirma Redondo, “para cambiar el mundo es absolutamente necesario el socialismo” pues su tarea esencial sigue siendo loa defensa de los marginados, de los más pobres, de la clase trabajadora.

       Este libro nos presenta a un Nicolás Redondo coherente y lúcido que, a sus 80 años, mantiene sus convicciones con la misma constancia y tenacidad de siempre y, por ello, sigue siendo un referente válido para los sectores progresistas de nuestra sociedad.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 27 enero 2008) 

La vida a veces nos sorprende con sucesos inesperados que nos acercan a nuevos perfiles de la realidad, a hechos y situaciones que nos eran desconocidos. Así me ocurrió cuando conocí a Jesús Molíns Guitarte, Secretario General de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Aragón.

Confieso mi absoluta ignorancia sobre todo lo relacionado con la Benemérita, de la cual, como nieto de carabinero de la República que soy, me sentía por muchos motivos muy distante. Es por ello que me sorprendió conocer la difícil labor del sindicalismo democrático y progresista de la AUGC que luchaba por conseguir para este Cuerpo derechos civiles, básicos para cualquier trabajador como eran el de sindicación, libertad de expresión, negociación colectiva o de huelga. En definitiva, la democratización de la Guardia Civil para adecuarla plenamente a la legalidad constitucional, para equipararla a la situación de sus compañeros del desmilitarizado Cuerpo Nacional de Policía. Desde el primer momento, me pareció una causa justa y por ello, escribí en este mismo periódico un artículo titulado “Derechos civiles para la Guardia Civil”, el cual se publicó el pasado 5 de marzo de este año.

Desde entonces, la tenacidad reivindicativa de la AUGC ha propiciado que, tímida y gradualmente, se hayan ido logrando algunos avances en las condiciones laborales de los guardias civiles. Ahí están la Ley Orgánica 11/2007 reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia civil, así como la Ley Orgánica 12/2007 de régimen disciplinario de la Guardia Civil la cual, entrará en vigor el próximo mes de enero. Ciertamente, ello ha supuesto un nuevo marco legal y jurídico más favorable para este colectivo de 70.000 trabajadores.

Si todo esto es cierto, también lo es que se ha seguido notando el poder fáctico de los mandos militares en el seno de la Guardia Civil, contrarios a toda medida democratizadora que suponga, por tímida que sea, una gradual desmilitarización del Cuerpo. El poder fáctico de los mandos militares ha actuado en una doble dirección: por un lado, intentando cercenar al sindicalismo democrático que la AUGC representa y, por otro, y ello es lo grave, presionando al poder político para frenar, o cuando menos ralentizar, los avances progresistas necesarios para lograr una nueva Guardia Civil para el siglo XXI, moderna y desmilitarizada.

Es en este contexto en el que, pese a las nuevas leyes antes citadas, el pasado 30 de noviembre fueron sancionados 21 sindicalistas de la AUGC entre ellos los secretarios generales de la misma en Aragón (Jesús Molíns) y en la provincia de Teruel (Cristóbal Soria). La causa fue el expediente gubernativo por falta “muy grave” por la concentración de varios miles de guardias civiles realizada en la Plaza Mayor de Madrid el pasado 20 de enero. Estas sanciones, contra los dirigentes de la AUGC por participar en una concentración pacífica, por pedir derechos fundamentales, por reclamar el cumplimiento de los compromisos electorales del PSOE (recordemos que Jesús Caldera, durante la campaña de 2004, prometió que la Guardia Civil “sería desmilitarizada” si el PSOE ganaba las elecciones), resultan no sólo injustas, sino también desmesuradas, y, sin duda, responden a una venganza de los mandos militares para descabezar al sindicalismo progresista de la AUGC.

No parece el mejor camino la confrontación con la AUGC, la asociación mayoritaria en el seno de la Benemérita, máxime cuando el marco legal ha cambiado, cuando la nueva Ley Disciplinaria que cambia la tipificación de las sanciones, entrará en vigor en enero. Por ello, no es comprensible sancionar ahora aplicando una ley anterior a dos meses de entrada en vigor de la nueva.

Todas estas sanciones, impuestas por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, suponen en mi opinión un grave error político para con un colectivo de trabajadores uniformados que, en su día, confiaron en las promesas electorales socialistas de democratizar y desmilitarizar la Guardia Civil. Un error que sólo se puede enmendar si por parte del Gobierno se anulan estas sanciones y se amnistía a los sindicalistas de la AUGC.  Además, pienso que, a medio plazo habría que plantearse seriamente la necesidad de una unificación total y definitiva de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en un nuevo Cuerpo Federal de Policía de ámbito estatal y en el cual todos sus componentes tuviesen iguales derechos civiles, laborales y sindicales.

La creación en un futuro de un nuevo Cuerpo Federal de Policía considero que acabaría de forma definitiva con las interferencias corporativas del estamento militar, suprimiría las diferencias existentes entre los actuales Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (GC y CNP), incrementaría la eficacia y operatividad al unificarse sus bases de datos. Además, España cumpliría así las recomendaciones del Consejo de Europa que, desde hace años, insta a la homologación de las policías existentes en sus estados miembros y, también, haría realidad el cumplimiento del Código Ético de la Policía de la Unión Europea del año 2001. Al menos, así lo piensa este nieto de un carabinero leal a la República.

José Ramón Villanueva Herrero

(La Comarca, Alcañiz, 18 diciembre 2007)