FEDERALISMO SOCIAL

 

    Los hechos han demostrado que el Brexit británico y los años en los cuales Donald Trump fue presidente de los EE.UU. (2017-2021) han supuesto un cambio en la historia de la globalización. Previamente, las políticas ultraliberales de la llamada “revolución conservadora” llevadas a cabo en Gran Bretaña por Margaret Thatcher durante su mandato (1979-1990) y en Estados Unidos por Ronald Reagan entre los años 1981-1989, ya habían producido un mayor aumento de la desigualdad con negativas consecuencias sociales. En la actualidad, como señala Thomas Piketty, es una evidencia que las clases medias y trabajadoras “no se han beneficiado de la prosperidad prometida por el liberalismo integral” y, con el paso del tiempo, “se han sentido cada vez más perjudicadas por la competencia internacional y el sistema económico mundial”, lo cual deja patente el fracaso del de las medidas económicas aplicadas tanto por el thatcherismo como por el reaganismo.

    Otra consecuencia negativa de esta globalización ha sido que ha producido una “deriva ideológica” conservadora, cuando no abiertamente reaccionaria, al exacerbar discursos nacionalistas espoleados por las derechas autoritarias, que favorecen la “tentación identitaria y xenófoba” que se extiende peligrosamente por todas partes como comprobamos diariamente en numerosos países europeos, como es el caso de Italia, Hungría, Polonia y, también, en Francia, Alemania, Países Bajos e incluso en España, sobre todo, tras la impetuosa irrupción de Vox en el panorama político.

     Ante esta situación Thomas Piketty, en su libro Viva el socialismo (2023), en el cual recopila toda una serie de artículos publicados en el diario Le Monde entre 2016-2020, considera que “urge reorientar la globalización de manera fundamental” para hacer frente a lo que él considera los dos principales desafíos de nuestro tiempo: el aumento de la desigualdad y el calentamiento global. Para ello, para evitar lo que califica como “trampa mortal” que amenaza a nuestras democracias, resulta imprescindible redefinir radicalmente las reglas de la globalización, con un enfoque que este economista francés define como “federalismo social” y, por ello, “el libre comercio debe estar condicionado a la adopción de objetivos sociales vinculantes que permitan a los agentes económicos más ricos y con mayor movilidad social contribuir a un modelo de desarrollo sostenible y equitativo”.

    Dicho esto, propone interesantes iniciativas concretas tales como que los tratados de comercio internacional deben dejar de reducir derechos de aduana y otras barreras comerciales y, en cambio, deben incluir “normas cuantificadas y vinculantes para combatir el dumping fiscal y climático, como tipos mínimos comunes de impuestos sobre los beneficios empresariales y objetivos verificables y sancionables de emisiones de carbono”.  De este modo, considera necesario gravar las importaciones de países y empresas que practican el dumping fiscal, porque “si no se les hace oposición de manera resuelta con una alternativa, el liberalismo nacional arrasará con todo a su paso”. En consecuencia, considera que “ya no es posible negociar tratados de libre comercio a cambio de nada”.

     En nuestro mundo globalizado, mientras los movimientos nacionalistas cuestionan y rechazan el movimiento de personas, sobre todo cuando éstas proceden de países del Tercer Mundo y aluden a términos demagógicos como “invasión” o a la teoría del “Gran reemplazo”, el federalismo social que defiende Piketty debe poner freno el movimiento desregulado de capitales y la impunidad fiscal de los más ricos. En este sentido, tanto Karl Polanyi como Hannah Arendt ya denunciaron, hace décadas, la ingenuidad de los partidos socialdemócratas frente a la regulación de los flujos de capitales y su timidez para acometer medidas en este ámbito, una cuestión, un reto, que sigue vigente hoy en día.

   A modo de conclusión, Piketty nos recuerda, como ya decía en 2016, que “ha llegado el momento de cambiar el discurso político sobre la globalización: el comercio es algo bueno, pero el desarrollo sostenible y justo también requiere servicios públicos, infraestructuras, educación y sistemas de salud, que a su vez exigen impuestos justos. Y, en este punto, resulta fundamental reforzar el Estado del Bienestar, concepto acuñado en su día por la socialdemocracia alemana y que, como señalaba el historiador Alberto Sabio, “tiene por función garantizar y ampliar los márgenes de libertad del individuo, restando espacios a la desigualdad” dado que da “seguridad a los ciudadanos” y permite “avanzar en cohesión social”, ideas que responden a los anhelos de amplios sectores de la clase media y trabajador. De lo contrario, de no conformar una alternativa firme a la revolución conservadora, tan amenazante como insolidaria, como la que supondría el federalismo social propuesto por Piketty, como él mismo nos advierte, “el trumpismo acabará por imponerse”. Y esa amenaza está más candente que nunca si en las próximas elecciones al Parlamento Europeo los partidos nacionalistas y de extrema derecha logran un peligroso avance electoral, unido del riesgo cierto de que, tras las elecciones presidenciales de los Estados Unidos previstas para el próximo 5 de noviembre de este año, Donald Trump volviera a ser el futuro inquilino de la Casa Blanca.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 31 enero 2024)