Movimiento obrero- historia

LA MANIFESTACIÓN OBRERA DEL 1º DE MAYO DE 1890 EN ZARAGOZA

 

     En julio de 1889, coincidiendo con el centenario de la Revolución Francesa, tuvo lugar en París un Congreso obrero del que surgió una nueva Internacional Socialista y en el cual se acordó declarar el 1º de Mayo como la fecha en la cual realizar una manifestación en todos los países destinada a afirmar la acción política y la unidad de la clase obrera. De este modo, el texto del acuerdo indicaba que “Será organizada una gran manifestación de manera que en todos los países y en todas las villas a la vez, el mismo día convenido, los trabajadores emplacen a los poderes públicos ante la obligación de reducir legalmente a 8 horas la jornada de trabajo y de aplicar las demás resoluciones del Congreso Internacional de París”. Entre estas últimas reivindicaciones, además de la citada reducción de la jornada laboral a 8 horas, se reclamaba la prohibición del trabajo a los niños menores de 14 años, la reducción de la jornada a 6 horas para los jóvenes de ambos sexos de 14 a 18 años, la prohibición del trabajo de la mujer en todas las industrias que afecten a su organismo, la supresión tanto del trabajo a destajo por subasta como del pago en especies, así como la exigencia de un descanso ininterrumpido de 36 horas semanales por lo menos para todos los trabajadores.

     De este modo, la primera vez que dicha manifestación obrera internacionalista tuvo lugar, en numerosos países, también en España y, por supuesto en Aragón, fue el 1º de Mayo de 1890. Por lo que al caso aragonés respecta, este acto de reafirmación y reivindicación de la clase obrera, coincide con un telón de fondo caracterizado por una difícil situación de la clase obrera, especialmente en Huesca y Teruel, así como con altas cotas de desempleo en Zaragoza, unido al incremento constante de los precios de los artículos de primera necesidad, todo lo cual generó un profundo malestar social. A ello había que añadir unas precarias condiciones laborales, con jornadas de sol a sol, con la explotación del trabajo infantil, con la total desprotección de la clase obrera, carente de prestaciones por enfermedad, accidente o desempleo y con unos salarios de miseria.

     En los días previos a la manifestación en Zaragoza, la prensa local manifestó su recelo, cuando no su abierto rechazo a la convocatoria de la misma. Así, el conservador Diario de Zaragoza, el 27 de abril de 1890 dejaba patente su preocupación por la posible alteración del orden público, confiando en que las autoridades tomasen las medidas oportunas para “garantizar la seguridad de los amigos del orden y el sosiego público”. Por su parte, el liberal Alianza Aragonesa, pretendió desmovilizar a los obreros al intentar convencerlos de que abandonasen a los que denominaba como “apóstoles de las bienandanzas”, por lo que confiaba en un fracaso de la manifestación por falta de preparación de la clase obrera al señalar, el 23 de abril que “Ni aquí ha arraigado el Socialismo ni en Aragón es posible que tome carta de naturaleza”. Más imparcial fue la posición del periódico republicano La Derecha el cual se hizo eco de la propaganda del gremio de sombrerería a favor de que los obreros zaragozanos se adhiriesen a la propuesta del Congreso de París. Finalmente, el independiente Diario de Avisos, frente a los recelos de los sectores derechistas locales, tenía un alto concepto del obrero aragonés y el carácter pacífico de sus acciones puesto que, como publicó el 28 de abril, “Es erróneo presumir que el socialismo traduce en desastre en Aragón. Este país, generador de sentimientos de libertad, guardador eterno del derecho y los principios de justicia […] Aquí se siente con nobleza, se habla con lealtad y se obra con cordura. Por eso nada hay que temer”.

     Si esta era la visión reflejada en la prensa zaragozana, las autoridades locales también tenían sus recelos ante la convocatoria de la manifestación obrera. De hecho, el gobernador civil, Pedro A. Herrero, tras una inicial negativa, autorizó finalmente una asamblea prevista para el 29 de abril, la cual tenía por objeto “tratar lo más conveniente a los intereses de la clase [obrera] en relación a las manifestaciones proyectadas en otras naciones” (La Derecha, 28 abril 1890).

     La referida asamblea tuvo lugar en un abarrotado Teatro Novedades con más de un millar de asistentes y estuvo presidida por el obrero Mariano Villanova actuado como secretario el labrador José López. En la misma se dejó claro que “Aquí no venimos a dar mueras o vivas que para nada sirven, sino a tratar de un asunto que preocupa a la clase obrera de todo el mundo” y, por ello, los convocados se hicieron eco de los acuerdos de París que recogían las aspiraciones básicas del proletariado en torno al establecimiento de una legislación protectora y eficaz de sus actividades laborales. Consecuentemente, se decidió por aclamación unánime la adhesión al programa de París y la celebración de una “manifestación obrera, pacífica y solidaria”, aunque se generó el debate de sobre si hacerla el 4 de mayo, que era domingo, para que los obreros no perdieran sus jornales o que ésta tuviera lugar el jueves 1º de mayo como estaba convocada por la Internacional Obrera Socialista.

     Desde el primer momento, la prevista manifestación obrera contó con la oposición de la burguesía local, incapaz de ofrecer soluciones efectivas a la cuestión social. Tal es así que Matías Pastor, principal dirigente y fundador del PSOE y la UGT en la ciudad de Zaragoza, denunció la actitud amenazadora de los patronos indicando que, “Si la tiranía patronal exige a ciertos trabajadores la no asistencia a la manifestación, deben ir a ella, sin embargo, confiados en que sus compañeros colectarán para que nada falta a quienes se hallen en tal caso” (Diario de Avisos, 30 abril 1890). En cambio, también es cierto que otros patronos fueron más prudentes y dieron permiso a sus obreros para acudir a ella.

     Finalmente, la manifestación tuvo lugar en la tarde de aquel 1º de mayo de 1890 una vez fue autorizada por el gobernador civil “a condición de que sea disuelta a las siete de la tarde y no se interrumpa el tránsito por las calles”. No obstante, las autoridades tomaron medidas tales como concentrar en la capital aragonesa a las fuerzas de la Guardia Civil existentes en la provincia (a excepción de las existentes en Calatayud y Tarazona), acuartelar a las tropas de la guarnición, o proceder a dar “protección especial” de las principales entidades bancarias y diversas instalaciones como fue el caso de la fábrica de gas, así como la vigilancia de la zona de las afueras de las puertas de la ciudad que, por aquel entonces, todavía se conservaban.

    Por otro lado, mientras grupos de obreros recorrían la ciudad desde la mañana invitando a los obreros “a que dejasen sus ocupaciones”, se cerraban tiendas y mercados y se acaparaban víveres, temiendo desórdenes, por lo cual “la ciudad adquirió, horas antes de la manifestación un aspecto especial” (Diario de Avisos, 1 mayo 1890). Mientras tanto, el Ayuntamiento zaragozano se constituyó, a las 4 de la tarde, en sesión extraordinaria y permanente y el Ejército ocupó las principales plazas de la ciudad (San Pablo, Magdalena, Salamero, San Felipe, del Reino, Pilar y San Lorenzo). Como siempre, las clases dominantes reducían la cuestión social y las demandas laborales a una simple cuestión de orden público.

    Con este ambiente como telón de fondo, la manifestación se inició finalmente, siguiendo el itinerario previsto desde la Plaza de la Glorieta (actual Plaza de Aragón), Teatro Pignatelli, plaza de la Constitución, hasta llegar al Gobierno Civil. Allí, los delegados obreros (Mariano Villanova, Antonio Alberto, Simón Martín e Ignacio Martínez) entregaron una Exposición al gobernador civil para que la hiciese llegar al Presidente del Congreso de Ministros, “en la cual solicitaban la aplicación de las conclusiones aprobadas por el Congreso de París”. Y hecho esto, la manifestación se disolvió pacíficamente.

    No obstante, según señala Sergio Martínez Gil, tras la celebración de este 1º de mayo de 1890 en Zaragoza, parece ser que hubo un paro de 4 días en casi todas las industrias locales como protesta por el despido de varios trabajadores que, por haberse sumado a la manifestación, no habían acudido a su puesto el 1º de mayo, “siendo la capital aragonesa la única ciudad de España donde la huelga estuvo generalizada”.

     Esta fue la primera y única manifestación obrera que tuvo lugar en Aragón aquel 1º de mayo de 1890 ya que no las hubo ni en Teruel ni en Huesca, ni tampoco en Calatayud y Tarazona, pese a que en un principio hubo intentos para llevarlas a cabo. A pesar de tan incipiente principio, el valor histórico y reivindicativo de la fecha del 1º de Mayo sigue teniendo la misma razón de ser, significado y valor para las demandas del movimiento obrero organizado, tanto en aquel lejano origen en el s. XIX como ahora, en nuestro tiempo tan cambiante, convulso y globalizado que se adentra en este incierto siglo XXI.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 1 de mayo de 2021)

 

EN EL CENTENARIO DEL SEGURO OBLIGATORIO DEL RETIRO OBRERO

 

    La vorágine  electoral a la que hemos asistido durante estos últimos meses ha hecho que pasasen bastante desapercibidos los  centenarios de dos hitos del movimiento sindical cual fueron la implantación del seguro obligatorio del retiro obrero, primer antecedente del actual sistema público de pensiones así como el histórico logro de la jornada laboral de 8 horas, hechos éstos que bien merecen ser recordados.

     A la altura de 1919 España se hallaba agitada por violentos conflictos sociales, consecuencia de unas deplorables condiciones de vida que pesaban sobre la clase obrera y que, harta de tanta miseria e injusticias, se levantaron contra un Estado y un orden social que la oprimía: eran los años de lo que se llamó “el trienio bolchevique” (1918-1920). Para frenar la creciente agitación obrera, alentada tras el triunfo de la Revolución de 1917 en Rusia, el decrépito régimen de la Restauración personificado en la monarquía de Alfonso XIII, se vio obligado a hacer concesiones y, de este modo, se lograron importantes conquistas sociales tales como la aprobación del Seguro Obligatorio del Retiro Obrero (Real Decreto Ley de 11 de marzo de 1919) y la implantación de la jornada laboral de 8 horas (Real Decreto de 3 de abril de 1919), y que hoy recordamos cuando se han cumplido recientemente el centenario de ambos hitos históricos.

     Por lo que se refiere a la ley del Seguro Obligatorio del Retiro Obrero, éste sentó las bases del sistema público de pensiones en España, un tema tan candente en la actualidad, como nos recuerdan cada día las movilizaciones en demanda de unas pensiones justas y la necesidad de garantizar la sostenibilidad de las mismas.

    Pero volvamos a 1919 y hagamos algo de historia. Para frenar la creciente agitación social, el Gobierno conservador de Antonio Maura encargó al Instituto Nacional de Previsión (INP), “como instrumento oficial del Seguro social” y que “tan eminentes servicios viene prestando a la Patria”, la tarea de redactar las directrices básicas de una futura ley que abordase el retiro obrero. Así, el INP organizó “una ponencia nacional” en la cual tuvieron representación “las fuerzas patronales y obreras de todas las tendencias en la reforma y hombres significados en estos estudios”. Con las Cortes cerradas temporalmente, dicha norma se plasmó en el Real Decreto Ley de 11 de marzo de 1919 que presentó el Gobierno del Conde de Romanones y que fue ratificado por Alfonso XIII. De este modo, como se señalaba en la misma, esta ley, “de bien entendido humanitarismo”,  suponía “un considerable avance en el progreso social de España” ya que se fijaba como edad de retiro los 65 años, (Base Primera.1), a la vez que se establecía una financiación del mismo mediante aportaciones obligatorias mensuales de 10 céntimos por parte de los trabajadores, una peseta que correspondía a los empresarios, mientras que el Estado debía colaborar con 3 pesetas mensuales para cada uno de los beneficiarios. Así, cumplidos los 65 años, los obreros que cobraran menos de 4.000 pesetas anuales y que hubieran cotizado más de 20 años, podrían retirarse con una pensión de, como mínimo, 365 pesetas, esto es, de una peseta diaria (Base Primera.3).

     La implantación de esta medida fue en su momento muy controvertida y contó, en líneas generales, con el frontal rechazo de los patronos, los cuales, como indicaba Guillermo D. Olmo, “mostrarían una feroz resistencia a pagar”, algo que ya intuía el Real Decreto Ley pues su Base Tercera se dedica, exclusivamente, a la exigencia del cumplimiento por parte de los patronos  así como a las penalizaciones derivadas de su incumplimiento,  y, además, la  Base Séptima alude a las denuncias ante la falta de pago de la cuota patronal y los trámites para proceder “a la exacción por la vía de apremio” de la misma.

    Tampoco los trabajadores la aceptaron inicialmente este sistema de cotizaciones con entusiasmo pues recelaban de retraer una parte de sus menguados salarios, tal y como declaraba el entonces diputado socialista y dirigente de la UGT Andrés Saborit.

     Lo cierto es que se trataba de un modelo de pensiones muy modesto pues, dada la escasa esperanza de vida de la clase obrera de aquellos años, en la que, con suerte, un trabajador sobrevivía muy pocos años después de alcanzar la edad legal de jubilación que, como indicamos, era de 65 años.

    Por otro lado, con dicha ley el Gobierno de entonces pretendía preservar la paz social pues, como señaló el diputado monárquico catalán Alfons Sala, de no aprobarse, España podía avocarse a “grandes catástrofes y cataclismos sociales”. Y ciertamente, el Gobierno era muy consciente de ello, razón por la cual en el texto del referido Real Decreto Ley, se pueden leer expresiones tales como que se trataba de una medida “de absoluta equidad”, “de urgente necesidad”, por lo que dicha norma legal es definida como “una patriótica transacción” en una “materia tan delicada y transcendental”.

    Pese a este tono grandilocuente, lo cierto es que el seguro de retiro obrero de 1919 tenía claras limitaciones y deficiencias tales como que la mayor parte de los trabajadores agrícolas quedaron excluidos, que al fijar el límite para optar a la pensión en un máximo de ingresos de 4.000 ptas./año, esto hizo que en la práctica ésta quedase limitada a tan sólo los peones, no siendo aplicable a todos los trabajadores con salarios superiores. Además, como ya indicamos, la ley tuvo que hacer frente al permanente rechazo de los patronos a que cotizasen para la financiación del referido seguro. Y es que, entonces, como ahora, éste tema era un nudo gordiano para garantizar la eficacia y pervivencia de las pensiones. De este modo, cuando hace un siglo se demandaba que éstas fueran más generosas y que se ampliase su ámbito de aplicación a más beneficiarios, el Gobierno conservador de entonces respondió con el manido recurso de que “no permite tal cosa el precario estado de nuestra hacienda”.

    Unos meses después de la entrada en vigor del Seguro Obligatorio del Retiro Obrero, Alfonso XIII se hizo eco de lo que suponía éste en un discurso que pronunció en Zaragoza el 30 de diciembre de 1919 y en el que aludió, con cierto paternalismo, a que el seguro de vejez debía permitir a las clases trabajadoras disfrutar de “una tranquila y respetable ancianidad, exenta de los dolores de la miseria”. Ahora, un siglo después, cuando se extiende la figura del “trabajador pobre”, de aquel que, aun teniendo empleo, siempre precario y mal remunerado, cuando desde diversos ámbitos se pretende socavar el sistema público de pensiones, el reto por lograr una “tranquila y respetada” jubilación, sigue estando pendiente, pues, tampoco en la actualidad, existen las garantías suficientes para ello.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 8 agosto 2019)

 

 

 

 

 

EL ORIGEN DEL 8 DE MARZO

 

    El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en una profunda reivindicación y defensa de los derechos de la mujer en sentido amplio, a la importancia de la misma en la sociedad actual y, en consecuencia, en la lucha contra el machismo y el patriarcado que lastra su plena igualdad de oportunidades, contra la violencia de género, contra las trabas que limitan su acceso al mercado laboral, la indigna brecha salarial existente entre ambos sexos, banderas éstas enarboladas por el movimiento feminista, más importantes hoy, si cabe, ante el actual auge de los movimientos ultraderechistas emergentes.

    Haciendo un poco de historia, el “8 de Marzo” tiene su origen en el seno del movimiento obrero internacional, en relación con varios acontecimientos históricos que conviene recordar. Este es el caso de la marcha de trabajadoras textiles de Nueva York de 1857 en protesta por sus míseras condiciones laborales y, sobre todo, la huelga de las costureras de la Cotton Textile Factory, también de Nueva Cork, del año 1908. Este hecho movilizó a las obreras en demanda de mejoras salariales tales como la reducción de la jornada laboral (entonces era de 12 horas) y por la derogación del trabajo infantil en la industria textil. La huelga tuvo un trágico final puesto que la fábrica fue incendiada por sus propietarios con las obreras en su interior lo cual ocasionó la trágica muerte de 129 de ellas.

    Tras la tragedia de la factoría Cotton y la famosa huelga textil de las 13 semanas en las fábricas neoyorquinas, el entonces pujante Partido Socialista de América, el SPA, decidió celebrar el 28 de febrero de 1909 el “Día de la Mujer”, en el que, junto a demandas específicamente laborales, las socialistas norteamericanas reivindicaban el derecho de sufragio femenino, el cual no se lograría en los EE.UU. hasta 1920.

    El movimiento obrero internacional fue asumiendo las demandas del proletariado femenino y, de este modo, Clara Zetkin, líder del Movimiento Alemán de Mujeres Socialistas, propuso la necesidad de recordar las demandas de las mujeres trabajadoras en una fecha concreta. Así se acordó en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague en 1910. De este modo, a partir de 1911, empezaron a tener lugar celebraciones promovidas por diversos partidos socialistas en EE.UU., Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia, aunque con fechas variables en cada uno de ellos. No fue hasta 1914 cuando, a propuesta de las socialistas alemanas del SPD, se celebró el primer “8 de Marzo” como fecha dedicada internacionalmente a la mujer trabajadora, la cual se consolidó de forma definitiva tras el triunfo de la revolución rusa de 1917.

     En la actualidad, el “8 de Marzo” sirve, también, además de su carácter obrero, para reflexionar sobre las condiciones vitales y laborales de la mujer en nuestra sociedad. Ciertamente, mucho se ha avanzado desde los acontecimientos históricos relatados que dieron origen al “8 de Marzo” y a las reivindicaciones que a ella se asocian. No obstante, estos avances solo se constatan en el mundo desarrollado y, aún allí, tienen sus luces y sus sombras. Recordemos que, en España, lamentablemente, no existe una equiparación de las condiciones salariales entre hombres y mujeres ya que éstas reciben salarios un 25 % inferiores a los de sus compañeros varones por el desarrollo de tareas idénticas. Las carencias en el ámbito fiscal y educativo son obvias: escasas prestaciones y desgravaciones por hijo para las madres trabajadoras en relación con otros países de la Unión Europea, carencias en terrenos tan sensibles como la educación y la formación cultural que permitan erradicar definitivamente los hábitos de discriminación, marginación y violencia de género, etc. Todos estos aspectos se agravan especialmente en el caso de la población femenina inmigrante que convive con nosotros, la cual sufre una doble discriminación laboral debida a su condición de inmigrante y de mujer. Todavía más grave resulta la situación de las mujeres trabajadoras en los países del Tercer Mundo, sometidas a una explotación en algunos casos equiparable al trabajo esclavo… en pleno s. XXI.

     Por todo ello, al igual que demandaban las obreras textiles americanas en 1857, en 1908, o actualmente en cualquier lugar del mundo globalizado, todavía queda mucho por hacer con las diversas discriminaciones padecidas por las mujeres. Ello nos exige a todos, un compromiso individual, colectivo y también institucional, para que la globalización galopante no suponga la perpetuación de la desigualdad en el mundo desarrollado y mucho menos la explotación laboral en el Tercer Mundo, pues ambas son contrarias tanto a la dignidad y derechos de la mujer como a los fundamentos de una sociedad democrática y progresista.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 8 marzo 2019)

 

RECORDAD MATIGNON

 

     Tras el hundimiento de la Bolsa de Nueva York en el crack de 1929, una profunda depresión económica se extendió por el mundo, también por Francia. En el país galo, las secuelas de la misma se agudizaron sobre todo a partir de 1931 dado que las políticas deflacionistas de los gobiernos conservadores supusieron un elevado coste social para los trabajadores, especialmente en lo referente a disminución de salarios y restricciones del crédito. Fueron años en los que aumentó el desempleo, cayeron los salarios, se hundieron los precios agrarios y una avalancha de quiebras azotó al sector industrial. Con tan angustiosa situación de fondo, en mayo de 1936 se produjo la victoria electoral del Frente Popular francés y la formación de un nuevo Gobierno presidido por el socialista Léon Blum: bajo su impulso, a los tres días de tomar posesión del cargo, en la noche del 7-8 de junio, se firmaron los llamados Acuerdos de Matignon, un hito relevante en la trayectoria de la lucha del movimiento obrero por la conquista de los derechos laborales, a la vez que un ejemplo de que, frente a aquella grave crisis económica, había soluciones, salidas sociales, que no cargasen los costes sociales de la misma sobre los trabajadores, como hacían (y hacen) las políticas económicas de la derecha.

     Los Acuerdos de Matignon, firmados por la patronal francesa (CPGF), el sindicato CGT, y el Gobierno del Frente  Popular, supusieron logros históricos de gran calado social como la consecución de la jornada laboral de 40 horas semanales, la generalización de los convenios colectivos, aumentos salariales para los trabajadores de entre el 7 y el 15 %, libertad de afiliación sindical, comprometiéndose los patronos a que ello no supusiera ninguna discriminación  a la hora de “tomar decisiones relativas a la contratación, ejecución o distribución del trabajo, medidas disciplinarias o despido” (art. 3). Igualmente, se reconocía, por vez primera, el ocio como un derecho de los trabajadores y, de este modo, éstos pudieran disfrutar de vacaciones anuales pagadas, logro histórico en la historia del movimiento obrero. Además, los Acuerdos de Matignon supusieron una disminución del paro y una importante reactivación del consumo interno, convirtiéndose también en el modelo de pacto social en materia de negociación colectiva a nivel estatal  mediante acuerdos tripartitos  entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno: todo un ejemplo de responsabilidad social para hacer frente a la crisis, de entonces y de ahora.

     He querido recordar los Acuerdos de Matignon precisamente ahora en que tantas conquistas sociales y laborales están amenazadas, en que la derecha económica, política y social está lanzando una ofensiva en toda regla contra los derechos que tanto costó conquistar y a los que una sociedad democrática avanzada no puede ni debe renunciar y en cuya defensa debemos cerrar filas. Como ariete de esta ofensiva reaccionaria contra los derechos laborales y sociales, como uno de sus más ardorosos abanderados, encontramos a Salvador Sostres, polémico columnista del diario El Mundo en cuyas páginas ha dejado frecuentes ejemplos de su ideología y en los que ha arremetido contra los valores y principios esenciales de nuestro Estado de Bienestar, tan tambaleante en estos últimos tiempos. Citaré sólo dos artículos de Sostres especialmente reprobables: el titulado “Cómo acabar con el paro “ (El Mundo, 28 septiembre 2011) en el que, desde su visceralidad contra los sindicatos de clase,  clamaba por “la abolición del Estatuto de los Trabajadores, la cancelación de los convenios colectivos y la supresión de los comités de empresa”. No menos repulsivo resultaba su artículo ”El Estado moderno” (El Mundo, 13 julio 2012) en el que arremetía contra los funcionarios, las prestaciones por desempleo  y en el que llegaba a decir que “hay que eliminar también el concepto de vacaciones pagadas”, pues, “si tenemos la ocurrencia de querer vacaciones, que sea por nuestra cuenta”: como vemos, tales disparates reaccionarios nos retrotraían a tiempos anteriores a los Acuerdos de Matignon, a ese supuesto “Estado moderno” que nos quiere imponer el neoliberalismo, un Estado con menos derechos laborales y con más desigualdades sociales.

     Las ideas expuestas por Sostres suponen el programa máximo de una derecha cada vez más extrema que no tiene ningún rubor en manifestarse tal y como es en realidad: profundamente reaccionaria. Por ello, la lección que hoy nos ofrece el recuerdo de los Acuerdos de Matignon es que sólo con la firmeza y unidad de los trabajadores  podremos hacer frente al ataque sistemático al cual estamos siendo sometidos. Y, no debemos olvidar que cuando los poderosos ven amenazadas sus posiciones de privilegio, es cuando optan por hacer concesiones a la clase trabajadora. Lamentablemente, en la España actual, no sienten ese temor ni tampoco hay un Gobierno progresista en el poder que, como hizo el de Léon Blum,  los presione en ese sentido para lograr  así conquistas en beneficio de los sectores sociales más desfavorecidos, de aquellos que, como decía Indalecio Prieto, sufren en su rostro el trallazo de la injusticia. Y es que, los Acuerdos de Matignon nos recuerdan y demuestran que por muy adversas que sean las circunstancias, siempre es posible encontrar una salida progresista y justa a la crisis que nos acosa.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en:  Diario de Teruel, 23 agosto 2012 y El Periódico de Aragón, 27 agosto 2012)

 

 

EL MOVIMIENTO OBRERO UGETISTA EN ARAGÓN (12). LOS AÑOS OSCUROS (1948-1960)

 

     Tras el gran desastre que supuso la caída de febrero de 1948, la  UGT aragonesa entró en una profunda decadencia de la cual ya no se recuperaría durante el resto de la dictadura franquista. Pese a ello, a partir de 1948 se intentó llevar a cabo en Zaragoza una precaria reorganización por parte de Ángel Vázquez Copa (a) “El Pipas” (UGT), Adolfo Barbacil (PSOE) y Francisco Laguna Conde  (JSE) junto con otros militantes como Eusebio Díez, Celestino Torres (a) “Caspe”, o Francisco Simón Ullate.

     Durante estos años oscuros destacó de forma especial Pascual Marco Mateo (1920-2006) (a) “El Maño” y “Teruel”, el cual realizó una importante labor de enlace con los núcleos socialistas de Calatayud, Logroño, Soria y, sobre todo, con Euskadi. Estas tareas encubiertas pudo efectuarlas como chofer de Transportes Ochoa, a cuyos  locales,  (actual sede del PSOE aragonés en la zaragozana calle de Conde de Aranda, 138), llegaba la propaganda clandestina que  recibía la UGT aragonesa procedente de Euskadi y Francia. A partir de 1956, Marco fundó la Academia de Conductores Gran Vía, lo cual le permitió seguir realizando frecuentes desplazamientos a los núcleos ugetistas antes indicados. Igualmente, Marco se encargó de mantener contacto directo con las Ejecutivas del PSOE-UGT en el exilio establecidas en Toulouse, presididas, respectivamente,  por Rodolfo Llopis y Pascual Tomás. Otra de las tareas llevadas a cabo por Marco sería la de poner a salvo a compañeros que huían de la represión policial trasladándolos a Euskadi para pasarlos posteriormente a Francia.

     La implacable acción policial siguió debilitando al pequeño núcleo ugetista que aún se mantenía activo en Zaragoza. De este modo, en mayo de 1950 se produjo una nueva caída (fueron apresados Barbacil, Laguna y Simón Ullate)  mientras que otros compañeros (Horacio González, Benito Landa o Vázquez Copa) no pudieron ser detenidos ya que Pascual Marco consiguió ponerlos a salvo. 

    La detención, tortura y asesinato de Tomás Centeno, secretario general del PSOE el 20 de febrero de 1953 y la posterior caída del Comité Ejecutivo Nacional socialista, tuvo consecuencias en Zaragoza, donde fueron detenidos algunos ugetistas locales, entre ellos, Pascual Marco. Ante este desmantelamiento organizativo,  las Ejecutivas del PSOE y la UGT en el exilio se hicieron cargo de ambas organizaciones en el interior de España, las cuales, desde abril de 1954, pasaron a depender directamente de Toulouse.

     A partir de 1955, Marco contactó con los  líderes de la UGT vasca, entre ellos, Nicolás Redondo y, sobre todo, Ramón Rubial (a) “Pablo”, el máximo dirigente del PSOE en el interior entre 1958 y 1972. A pesar de las duras consecuencias derivadas de la caída de Antonio Amat (8 noviembre 1958), y la desarticulación de los núcleos socialistas de Madrid, Oviedo, Granada, Barcelona, Sevilla y San Sebastián, en Aragón siguió activo el pequeño grupo  de Zaragoza y Pascual Marco continuó manteniendo, pese a todas las dificultades,  abiertos sus contactos con Madrid, Euskadi y Toulouse.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: La Voz Sindical, órgano de la UGT Aragón, nº 119, abril 2012)

EL MOVIMIENTO OBRERO UGETISTA EN ARAGÓN (XI). CAÍDAS Y DESARTICULACIONES (1946-1948)

 

     Si desde 1942 se fue produciendo una gradual expansión orgánica de la clandestina UGT aragonesa, no por ello cesaba el permanente acoso al cual eran sometidos los grupos antifranquistas por parte de las fuerzas represivas. De hecho, según relataba el periódico El Noticiero el 15 de enero de 1946, la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza se vanagloriaba de tener en su archivo 700.000 fichas policiales, ¡en una ciudad que por aquel entonces contaba con 250.000 habitantes!. Este asfixiante acoso policial hizo que, durante estos años hubiese varias caídas y desarticulaciones que fueron debilitando gradualmente a la UGT aragonesa hasta su práctico desmantelamiento en 1948.

     La primera caída tuvo lugar en agosto de 1946 como consecuencia de la filtración de un confidente policial que trabajaba en el Viceconsulado británico de Zaragoza, el cual, hasta entonces, había apoyado a la Organización Socialista clandestina de UGT-PSOE-JSE. Consecuencia de ello fue la detención de diversos ugetistas, entre ellos, Manuel Soto, Eugenio Díez o Francisco Simón Ullate, el cual intentó suicidarse en las dependencias policiales, mientras que otros militantes, como Luís Arbella o Pascual Marco, lograron huir y refugiarse con apoyo de los ugetistas vascos en el barrio bilbaíno de Zamákola.

     En enero de 1947 se produjeron una serie de caídas en cadena tras la desarticulación en la ciudad de Huesca de la CNT y del Socorro  Internacional Pro-Presos, seguida pocos días después de la caída del libertario Comité Comarcal “Espartaco” en la Cuenca Minera de Utrillas, lo cual supuso, además de numerosas detenciones, la desarticulación de 14 comités locales. Dado que esta organización, vinculada a la CNT se integraba a su vez en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), las conexiones entre ambas propiciaron que la policía desarticulase a su vez a la organización zaragozana de la ANFD, cuyos dirigentes principales, entre ellos, los representantes ugetistas, fueron detenidos a lo largo del mes de marzo de 1947, fechas por las que también se produjo una importante caída de los cuadros del PCE con un total de 47 detenidos. De este modo, entre febrero-marzo de dicho año, se produjo una desarticulación parcial del PSOE-UGT en Aragón y algunos de  sus más activos militantes como Celestino Torres, Manuel Soto, Eusebio Díez, Pascual Marco o Adolfo Barbacil, cayeron en manos de la policía., así como diversos militantes ugetistas de San Sebastián, dadas sus conexiones entre éstos y la UGT aragonesa. De igual modo, se desarticuló el Comité Comarcal de las JSE de Alcañiz y parte de la organización ugetista en las Cuencas Mineras turolenses, entre ellos, Juan Mateo, los cuales sufrieron la dureza de los maltratos policiales durante los interrogatorios y, como consecuencia de ello, Francisco Collado perdió un ojo y Antonio Muñoz Sánchez se ahorcó en su celda, todo lo cual fue denunciado en las páginas de Vida Nueva, la publicación clandestina de la UGT aragonesa.

     Esta ola represiva motivó una nueva reorganización del núcleo de UGT existente en Aragón, el cual tuvo lugar tras un Comité Local celebrado en Zaragoza el 21 de septiembre de 1947 y en el cual se eligió a Bonifacio Solá Yubero (presidente) y a Manuel Canteli como secretario, figurando también Peribáñez  (tesorero y vicesecretario) y Grávalos, Larrea, Moisés González y Jesús Gamboa, más tarde incorporado a las filas del PCE y de CC.OO., como vocales. Este nuevo Comité Regional de UGT mantuvo contactos externos con Euskadi (especialmente, Bilbao y San Sebastián), Barcelona, Valencia, Logroño, Soria, con Madrid (de forma esporádica) y con la dirección de UGT en el exilio de Toulouse gracias a la labor constante y tenaz de Pascual Marco Mateo. Como objetivos políticos, se hicieron esfuerzos por reactivar la agónica ANFD, así como mantener la relación con la CNT, a la que se alude como “entidad hermana”, y para coordinar la acción opositora con el pequeño núcleo de la Federación Universitaria Escolar (FUE). existente en la Universidad de Zaragoza. Tampoco se olvidaron temas organizativos como la ayuda a los presos, la financiación y la prensa clandestina de la UGT aragonesa, así como el intento de reactivar, con escaso éxito,  la FNTT, y la FETE, las históricas federaciones de campesinos y maestros ugetistas.

     También se había reorganizado la JSE, la cual, a partir de febrero de 1947, se define como “Juventud Combatiente” y, entre sus miembros, militantes igualmente de la UGT, se planteó el peligroso dilema del recurso a la violencia. De hecho, algunos de ellos, como Daniel González o el alcañizano Bernardo Gracia, evidenciaron, a través de los llamados Grupos de Acción Espacial (GAE), la necesidad de realizar acciones más contundentes que el mero reparto de propaganda clandestina. Por ello, se dotaron de armas para pasar a la acción directa y violenta contra la dictadura en unos momentos en que el contexto internacional y las resoluciones de la ONU parecían haber dejado aislado al régimen del general Franco. Por todo ello, se intentaron poner unas bombas en el Gobierno Civil de Zaragoza que, debido a la inexperiencia de los jóvenes ugetistas no explosionaron, se pretendió realizar un atraco en una sucursal del Banco Zaragoza y, también, se estuvo a punto de asesinar a un confidente policial empleado en la fábrica Tudor en junio de 1947: en el último instante, ésta acción no se llevó a cabo y la cuestión del recurso a la violencia suscitó un profundo debate interno en las filas de las JSE zaragozanas.

     Mientras todo esto ocurría, la policía franquista iba cerrando el cerco sobre la organización socialista clandestina formada por la acción conjunta y coordinada de UGT-PSOE-JSE. Consecuencia de ello fue que, en la madrugada del 10 de febrero de 1948, la Brigada Político-Social detuvo a los 34 principales dirigentes de la UGT, PSOE y JSE en Aragón, a la vez que se incautaba de todo el armamento de la organización y de su aparato de prensa y propaganda. Contra los detenidos se instruyó  la Causa nº 407 por parte del Juzgado de Instrucción Militar nº 3 de Zaragoza bajo las acusaciones de “asociación ilícita, propaganda ilegal, tenencia ilícita de armas” y, en algún caso, de “reincidencia”.

     Los efectos de la caída de febrero de 1948, como señalan David Corellano y Mercedes Yusta, fueron “devastadores para la resistencia socialista aragonesa y, consecuentemente, para la UGT, la cual no se recuperaría hasta la década de los años setenta”. Y, sin embargo, la llama de la UGT clandestina, aunque tenue, siguió viva durante los años siguientes, gracias a la fidelidad de un núcleo reducido de militantes, entre los que se debe destacar de forma especial a Pascual Marco Mateo, tal y como comprobaremos en la siguiente entrega de esta breve historia de la UGT aragonesa.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: La Voz Sindical, órgano de la UGT Aragón, nº 118, diciembre 2011)

EL MOVIMIENTO OBRERO EN ARAGÓN (10): UNA BREVE ESPERANZA (1942-1948)

 

     Tras la derrota de los regímenes fascistas al final de la II Guerra Mundial en 1945, las potencias aliadas no continuaron su lucha contra el fascismo acabando con el régimen del general Franco con el cual, como consecuencia de la nueva política de bloques derivada de la Guerra Fría, terminarían contemporizando, lo cual produjo  una profunda decepción en la oposición antifranquista.

     Sin embargo, la reorganización de la UGT aragonesa continuaba y en la ciudad de Zaragoza, distinguiéndose en la documentación clandestina entre los ugetistas “incondicionales”, bien fueran éstos dirigentes o activistas, y los meros “cotizantes”. De este modo, se reactivaron varias federaciones de industria, gracias al trabajo de diversos militantes: este fue el caso del sindicato Ferroviario (Bonifacio Solá), Metalúrgico (Manuel Canteli), Tranvías (Jesús Gamboa), Construcción (Moisés González), Comercio, Banca y Bolsa (Jerónimo Peribáñez), Camareros y Espectáculos (Tomás Grávalos) o el de Artes Gráficas, Madera y Panaderos (Avelino Larrea). En el caso del Sindicato Metalúrgico, se tiene constancia de que hacia mediados de los años 40 estaba implantado en las principales empresas zaragozanas, como era el caso de Tudor, Escoriaza, Mercier, Laguna de Rins, Zaragoza Industrial y Fundiciones Averly.

     También aparecieron otros focos ugetistas en Soria, Logroño, por aquellos años vinculados a la UGT aragonesa y, sobre todo, en la Cuenca Minera turolense. En este último caso resulta especialmente destacable, tanto por su trayectoria como por su importancia numérica, el caso del Sindicato Provincial Minero. La implantación ugetista en la zona de las Cuencas Mineras hizo que esta comarca se mantuviese leal a la República impidiendo que en ella triunfase la sublevación militar en 1936. Finalizada la contienda, incluso llegó a haber en esta zona un grupo guerrillero, el liderado por “El Soriano”,  formado por socialistas huidos de los batallones disciplinarios de presos políticos destinados a realizar trabajos forzados en diversas explotaciones mineras. Igualmente, desde el verano de 1946 se tiene constancia de la existencia de comités locales de la UGT en Utrillas, Escucha, Palomar de Arroyos y Montalbán. En cuanto a los cuadros ugetistas, sabemos que el sindicato socialista contaba con varios delegados locales como era el caso de Cirilo Bielsa (Montalbán), Isaac Ortega, encargado de las minas “Duquesa” y “Serrana” de Palomar,  o Arsenio Serna y Juan Mateo Noguera en Utrillas. Por otra parte, el médico-dentista Alfonso Alegre hacía funciones de enlace con el Comité Regional del PSOE y la UGT de Zaragoza y el maquinista del tren minero apellidado Barrios se encargaba de hacer llegar a Utrillas la propaganda ugetista procedente de Zaragoza.

     La UGT aragonesa participó entre 1946-1947 en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas (ANFD), un intento de oposición política unitaria en la que, excluido el PCE,   integraba al PSOE, UGT, CNT-Movimiento Libertario Español (MLE) y la Federación Democrática Republicana Española (FDRE) que agrupaba a los partidos IR, UR, PRF y ERC. La ANFD contó con el apoyo del vicecónsul británico en Zaragoza (Antonio Valverde) y, hasta su desarticulación en 1947,  dio signos de actividad en Zaragoza, las Cuencas Mineras turolenses y en Alcañiz, donde en  agosto de 1947,  fueron detenidos un total de 18 personas, de los cuales cuatro de ellos fueron asesinados al aplicárseles la fatídica “ley de fugas” durante el tiempo en que era Gobernador Civil de Teruel el siniestro general Manuel Pizarro Cenjor.

     El anticomunismo imperante entre los socialistas durante los años de la posguerra favoreció el acercamiento entre la UGT y la CNT, los dos sindicatos históricos del movimiento obrero español en aquellos difíciles años de clandestinidad. El Congreso reconstitutivo de la UGT celebrado en Francia (Toulouse, 10-11 noviembre 1944), reafirmó la línea de colaboración con la CNT en aquellos lugares en donde hubiera posibilidades de llevarla a cabo. Este proceso se plasmó en la creación de “comités de enlace” de ambas centrales en donde la existencia de militancia y las circunstancias lo hicieran posible. Por ello, además de en Zaragoza, en el verano de 1946, se constituyo un Comité de Enlace UGT-CNT en las Cuencas Mineras turolenses, una comarca en la cual ambas centrales sindicales habían tenido un tradicional arraigo y en donde todavía contaban con apoyos y simpatizantes. De este modo, entre otras actividades, los Comités de Enlace UGT-CNT lanzaron en diversas localidades aragonesas una campaña conjunta de boicot al referéndum convocado por el franquismo  para aprobar la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, el cual se celebró el 6 de julio de 1947 y mediante el cual el dictador pensaba dar una cierta apariencia “institucional” a su régimen.

     Durante estos años, la Organización Socialista aragonesa, en donde se integraban de forma coordinada las actividades clandestinas del PSOE, UGT y JSE, llegó a contar con un Comité de Prensa y Propaganda que, por medio de una imprenta Minerva instalada en una parcela del zaragozano barrio de Delicias y pagada “con el importe de una cuota especial” por parte de los militantes, publicaba los tres órganos de las organizaciones pablistas: “Juventud” (“órgano de las JS aragonesas”), “Vida Nueva” (“órgano de la UGT” y posteriormente “órgano de la Federación Socialista Aragonesa y de la UGT”) y, también, “Combate” (“órgano del PSOE” “órgano del Partido Socialista de Aragón”), con una periodicidad quincenal y una tirada de 1.000 ejemplares.

     No se descuidaba el valor de la solidaridad y los ugetistas aragoneses organizaron una red de de apoyo a los presos, perseguidos y huidos: se acogía a perseguidos y refugiados, sino que, por medio de los recursos obtenidos de los afiliados con sus cupones de cotización (1 peseta a la semana), se facilitaban fondos a los presos que se hallaban en peores condiciones: 100 o 125 pesetas semanales, según fueran éstos solteros o casados, de todo lo cual se llevaba una contabilidad secreta que respondía a las palabras clave “Pla”, para el PSOE, “Ugalde”, para la UGT y “Julve”, para las JSE.

     Fueron estos años un breve tiempo de esperanza pero la dictadura no daba síntomas de desmoronarse y pronto llegarían las caídas, sobre todo a partir de 1948, que dejaron prácticamente desarticulada a la Organización Socialista, y de forma muy especial a los núcleos de UGT que con tanta dificultad habían empezado a surgir en Aragón.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (La Voz Sindical: órgano de UGT-Aragón, nº 117, septiembre 2011)

 

EN HOMENAJE AL 80º ANIVERSARIO DE LA II REPUBLICA ESPAÑOLA

  

     Como cada 1º de Mayo, tras la manifestación cívica que recorría las calles de Zaragoza, la UGT presentaba un documento con las demandas obreras ante las autoridades, normalmente ante el Gobernador Civil, para que lo elevase al Gobierno. Pero, con ocasión del 1º de Mayo de 1931,  el documento revestía unas características especiales: proclamada la II República Española dos semanas antes, la UGT de Zaragoza quiso dejar patente su “adhesión y confianza” ante el nuevo régimen republicano destacando su “carácter democrático”.

      Tras el derrumbe de la monarquía borbónica, totalmente desacreditada, sobre todo por el apoyo tácito del rey a la dictadura del general Miguel Primo de Rivera,  la República abría un esperanzador horizonte de regeneración política y social para la clase trabajadora. Por ello, el presente documento de la UGT de Zaragoza supuso un entusiasta apoyo a la nueva legalidad republicana, confiando que, en ella, se harían realidad todas las “libertades y emancipaciones sociales” demandadas por el movimiento obrero socialista.

     El texto presentado el 1º de Mayo de 1931 aludía, también, al compromiso de la UGT en la defensa y consolidación  de la joven República, un compromiso que, años después, costaría la vida a miles de ugetistas, entre ellos, las de Bernardo Aladrén y Antonio Puyo, los firmantes de este histórico documento, cuyo texto transcribimos seguidamente, en recuerdo y homenaje al 80º aniversario de la proclamación de la II República Española.

 

     José Ramón Villanueva Herrero

     (publicado en: La Voz Sindical: órgano de UGT-Aragón, nº 116 (abril 2011)

 

 

 

“EXCELENTÍSIMO SEÑOR GOBERNADOR CIVIL DE ZARAGOZA

La Unión General de Trabajadores, al celebrar, con toda emoción, con toda su integridad de clase también, la Fiesta de Primero de Mayo, no trae hoy, como en años anteriores, unas condiciones articuladas en peticiones materiales y morales de que la clase trabajadora se halla carente en una gran parte.

Hemos creído mejor, ateniéndonos al momento actual, en que se ha implantado en España una República de carácter democrático, hacer una demostración de adhesión y confianza hacia el gobierno provisional que sustituyó a la dictadura borbónica de una España que con la monarquía se derrumbaba en sus propias orgías, y tuvo sus consecuencias nefastas en la economía, en las libertades y en represiones sangrientas que constituyeron un sedimento de rebeldía que ha traído, como consecuencia halagadora y lógica, la implantación de la segunda república española, digna de toda loa, de todos los respetos y de las admiraciones de los hombres de conciencia ecuánime, por la lección civil de idealidad y de orden que se ha dado.

Nuestra única conclusión, pues, se expresa en el sentido de que V. E. hará llegar al gobierno de la República española, la resolución de la Unión General de Trabajadores de Zaragoza de adherirnos al nuevo régimen, en la confianza de que dentro de él han de desarrollarse nuevas normas de libertad para la clase trabajadora y ésta, en todo momento, ha de procurar por cauces legales –siempre que la ley se cumpla con justicia y lealtad--, hacer una España democrática, platónica (sic) de libertades y emancipaciones sociales dentro de la República, a cuya defensa estamos dispuestos, con toda la ilusión y toda la energía precisas para su consolidación definitiva.

Esto es, señor Gobernador, lo que elevamos a la consideración de V. E. como representantes de la manifestación cívica que acaba de celebrar el pueblo de Zaragoza, y que rogamos eleve al Gobierno provisional de la República española.

Zaragoza, 1º de  Mayo de 1931.

Por la Unión General de Trabajadores de Zaragoza

El Presidente                                                 El Secretario

 

Bernardo Aladrén                                        Antonio Puyo

 

Excmo. Señor Gobernador civil de la Provincia de Zaragoza.”