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CHINA CAMBIA DE RUMBO ECONÓMICO

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     No cabe duda que cualquier cambio que se produzca en China, la segunda potencia económica mundial, tiene consecuencias directas en nuestro mundo global. Tal vez por ello, se observa con atención las reformas económicas impulsadas por  los nuevos líderes chinos Xi Jinping y Li Kequiang con la idea central de sustituir el actual modelo de desarrollo económico que, desde las reformas de Deng Xiaoping de 1978, se basaba en bajos costes salariales y una alta tasa de inversión (cercana al 50% del PIB) por otro que opta por potenciar el mercado interno y aumentar la productividad del gigante asiático.

     De este modo, el 18 Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh) de noviembre de 2013 aprobó el documento titulado Decisión sobre las cuestiones principales relacionadas con la profundización de la reforma integral en el cual se fijan las directrices económicas a seguir en China hasta el año 2020. El objetivo principal es hacer frente a lo que se considera como una “desaceleración preocupante” de su economía, a pesar de que el crecimiento previsto para 2014 es del 7,5 %, algo que, pese a ser el menor en los últimos 14 años, resulta inimaginable en las economías occidentales devastadas por la crisis global. Además, se pretende frenar el creciente riesgo financiero de la economía china, cuya deuda total es de 213 billones de dólares, el 200 % de su PIB.

     Para afrontar ambos problemas, los dirigentes chinos pretenden fomentar el consumo interno siguiendo el modelo de Japón, Corea del Sur y Taiwán. Para ello, han optado por incrementar la cobertura de la Seguridad Social y de los servicios públicos, sobre todo en el medio rural y, de este modo, aumentar el nivel de renta disponible de los grupos menos favorecidos, lo cual tendría un impacto muy directo sobre la potenciación del consumo interno.

     Igualmente, otro de los objetivos es aumentar la productividad mediante la reducción de la “excesiva” intervención del Estado en la economía a favor del mercado pues, según el presidente Xi, éste es “más eficiente”, curioso análisis en boca de un dirigente comunista. Además, se prevé el aumento del sector servicios y de las pymes, los cuales ganan importancia  a costa de la hasta ahora todopoderosa industria y empresas estatales y  se fomenta la llegada de capital privado a estas empresas estatales. De igual modo, las nuevas medidas económicas, prevén que el 30 % de los beneficios de dichas empresas se remitan al Gobierno Central para sufragar las políticas sociales.

     El pragmatismo economicista del régimen chino, que nos recuerda la vieja máxima de Deng Xiaoping según el cual “no importa que el gato sea blanco o negro, mientras pueda cazar ratones, es un buen gato”, se abre al capital extranjero  mediante la reducción de las barreras a la inversión extranjera en sectores como las finanzas, educación, sanidad, cultura, logística o comercio electrónico, así como con la posibilidad de crear nuevas zonas francas siguiendo el modelo de Shangai. Todas estas medidas, que fueron ratificadas por la Asamblea Popular Nacional china del pasado mes de marzo, como señalaba Mario Esteban, “de lograr su objetivo, ubicarían a China en la senda del desarrollo más sostenible, que además ofrecería numerosas oportunidades de negocio a empresas extranjeras” ya que “el régimen paternalista del PCCh necesita de un rápido desarrollo para mantener la aquiescencia de la población” y, por ello, “su éxito no sólo marcará el futuro del PCCh y de China, sino también de la economía global”.

     Y, ante tanta reforma económica, ¿dónde quedan los derechos humanos en el nuevo rumbo de China?. Tan sólo se alude a unas tímidas medidas tales como la relajación de la política de “hijo único”, la abolición del sistema de re-educación por el trabajo o la reducción de la lista de delitos castigados con la pena de muerte.

     Por otra parte, el presidente Xi pretende convertir “la lucha contra la corrupción” enquistada en el régimen en arma política contra los detractores de estas reformas. Sin embargo, José Ignacio Torreblanca acierta a señalar la hipocresía del PCCh pues, si bien las reformas de Deng Xiaoping y sus sucesores “han sacado a varios cientos de millones de personas de la pobreza, también es evidente que lo han hecho a costa de unas desigualdades sociales extremas y privando de derechos políticos y civiles”. Por ello, la conclusión es obvia: si China quiere, de verdad, combatir la corrupción precisa avanzar por la senda democrática y, para ello, necesita prensa libre y tribunales de justicia independientes, algo hoy por hoy impensable en el régimen dictatorial imperante.

     Todas estas reformas pretenden consolidar a China no sólo como motor de producción y crecimiento económico a nivel mundial y, también, convertir al país en un gran centro de consumo, en un inmenso mercado. Y así, todos contentos: el régimen porque mantendrá el monopolio y la hegemonía política del PCCh, los inversores y las empresas internacionales por las nuevas posibilidades de negocio que se les abren con las reformas aprobadas. Y, mientras tanto, se olvidan una vez más, en aras a los poderosos intereses políticos y económicos, de la defensa de los derechos humanos en China y en el ocupado Tibet. ¡Qué lejos queda el espíritu de la Plaza de Tiananmen de 1989 segado de forma tan brutal por el régimen con el silencio cómplice de Occidente!. Y es que, para no ofender al gigante asiático y acceder a su enorme mercado potencial, se ha impuesto la máxima de “Invierte y olvida tu conciencia”, algo que, desde la ética democrática  resulta inaceptable.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 14 abril 2014)

 

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