Kyriathadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

     Recientes sucesos de delincuencia común protagonizados en Italia por gitanos procedentes de Rumanía han sido la coartada perfecta para que Silvio Berlusconi haya adoptado una serie de medidas de claro signo xenófobo y racista hacia la comunidad gitana.

     Todo empezó el pasado 16 de mayo cuando en el conflictivo barrio de Ponticelli (Nápoles) fueron incendiados varios asentamientos gitanos, hecho éste alentado por la Camorra, esto es, por la mafia napolitana, y diversos sectores de la derecha posfascista italiana. Desde tiempo atrás, existía una creciente preocupación en la comunidad gitana pues, tras el triunfo electoral de la coalición liderada por Berlusconi y que, no lo olvidemos, integra a grupos de extrema derecha como Alianza Nacional (AN), se estaban produciendo una proliferación de declaraciones y actitudes racistas en el país latino acusando de forma constante a la comunidad gitana de cometer todo tipo de delitos. Este era el caso de Gianfranco Fini, máximo dirigente de la ultraderechista AN y actual Presidente de la Cámara de Diputados italiana, de Ignazio La Rossa (ministro de Defensa) o de Gianni Alemanno, alcalde de Roma y también militante de AN. Por su parte, Umberto Bossi, líder de la Liga Norte (LN), el mismo que años atrás pedía "hundir a cañonazos" las embarcaciones con inmigrantes ilegales que se aproximaban a las costas italianas, advertía recientemente que "debemos cazar a los clandestinos", entre los que incluía al conjunto de los gitanos inmigrantes de los países del Este, especialmente de Rumanía y, con un lenguaje chulesco más propio de un matón de barrio que de un dirigente político democrático, añadía: "Si quieren pelea, los fusiles están calientes". Por su parte, el polémico ministro del Interior Roberto Maroni (LN) suele asociar la "inmigración" con "criminalidad", idea recurrente de la derecha xenófoba en la cual se sitúa ideológicamente su partido.

     Igualmente preocupante resulta la actitud de Berlusconi, líder de Forza Italia y actual presidente del Consejo de Ministros italiano, en un esperpéntico acto ante las juventudes de su partido tras ganar las elecciones pasadas, en el que los jóvenes derechistas saludaron a "Il Cavaliere" al estilo fascista, éste confesó: "Al verlos, he pensado: la nueva falange romana somos nosotros".

     A ello hay que añadir el creciente activismo de los grupos neofascistas como el autodenominado Grupo Armado para la Purificación Etnica (GAPE), responsable de un incendio en el que murieron carbonizados cuatro niños gitanos, el cual envió recientemente una carta a la prensa lanzando un ultimátum a los gitanos de Italia para que abandonaran el país en un plazo de 20 días.

     De forma premonitoria, el pasado 6 de abril, el Comité de la ONU contra la marginación racial (CERD) ya alertó de que Italia estaba viviendo una campaña de discriminación sin precedentes contra los gitanos y de que era necesario "perseguir a los políticos que alientan el odio racial".

     En consecuencia, prejuicios y actitudes hostiles hacia los gitanos heredadas desde hace siglos están volviendo a brotar en Italia como consecuencia de los movimientos migratorios. Ello origina, a su vez, un peligroso resurgir de ideas xenófobas y racistas alentadas por importantes sectores de la derecha política que, en ocasiones, no oculta sus actitudes fascistoides. No debemos olvidar que la comunidad gitana fue objeto de un asesinato sistemático por parte de la barbarie nazi durante la II Guerra Mundial, un "genocidio olvidado" en el que, a diferencia de lo ocurrido con la comunidad judía, aún está pendiente de encontrar una reparación digna y decente para las víctimas del Holocausto gitano.

      Este cúmulo de circunstancias está dando lugar a una creciente tensión motivada tanto por diversos hechos delictivos ocurridos en Italia, siempre imputables a sus autores y no al conjunto del colectivo gitano al que éstos pertenecen, así como al posterior paquete de medidas sobre seguridad y contra la inmigración decretadas por el Gobierno Berlusconi. Éste, identificándose con el sentir de la derecha autoritaria, está demostrando que, con su política inmigratoria, Berlusconi pisotea flagrantemente los valores y principios de la Unión Europea, de la cual Italia es socio fundador. Así lo ponen de manifiesto los decretos que permiten la detención y expulsión arbitraria de inmigrantes, la tipificación como delito en el Código Penal de la condición de "inmigrante clandestino" (castigado con hasta 4 años de cárcel), la implantación del "censo Maroni" que obliga a fichar a todos los menores de edad gitanos tomando sus huellas y otros datos como su etnia o religión, o el empleo del ejército en las calles italianas como apoyo a la policía a la hora de aplicar estas medidas para aquellas personas cuyos únicos "delitos" son los de ser ilegales, pobres y gitanos. De hecho, en la actualidad Italia puede expulsar a ciudadanos de la Unión Europea (UE) (los gitanos rumanos lo son) pese a que forma parte del Espacio Schengen, incumpliendo así y la Directiva 2004/38 relativa al derecho de los ciudadanos de la UE a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.

     Por todo ello, en fechas recientes el Consejo de Europa reconocía en relación a la comunidad gitana, la minoría étnica más numerosa de la actualmente existentes en Europa (aproximadamente 8 millones de personas), que "el trato de a los gitanos es en estos momentos uno de los problemas políticos, sociales y de derechos humanos más urgentes a los que se enfrenta Europa". Por su parte, Thomas Hammarberg, Comisario europeo para los Derechos Humanos recordaba al Gobierno italiano que "una política de inmigración ha de basarse siempre en los derechos humanos y no fijarse solamente en las preocupaciones sobre la seguridad pública".

     Y mientras la derecha italiana alienta desde el poder el peligroso espectro de la xenofobia y el racismo, un hecho conmovedor pasó casi desapercibido. El 18 de julio, se ahogaron mientras se bañaban en las playas de Nápoles dos niñas gitanas de 14 y 16 años: sus cuerpos permanecieron durante horas sin ser retirados de la arena ante la mirada pasiva e indiferente de los bañistas y demás transeúntes. No parece que Violetta y Cristina, que así se llamaban las jóvenes gitanas ahogadas, fueran parte de esa "emergencia gitana", del supuesto peligro social que se atribuye a esta minoría étnica del que tanto habla el posfascista Alfredo Mantovano (AN), exresponsable de Inmigración en anteriores gobiernos de Berlusconi y actual nº 2 del Ministerio del Interior italiano. Y es que, como decía Juan de Dios Ramírez Heredia, antiguo eurodiputado socialista y actual presidente de la Unión Romaní española, "siempre nos toca perder a los mismos: los más pobres, los más indefensos, aquellos para quienes los derechos no pasan, en la mayoría de las ocasiones, de ser letra impresa en papel mojado". Lamentablemente, esta situación es la que sufren, con excesiva frecuencia, la inmensa mayoría de la comunidad gitana, el conjunto del pueblo romaní, en los países de nuestra civilizada y próspera Unión Europea.

 José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 31 agosto 2008)

      Mucho se ha hablado y escrito en estas últimas fechas sobre los problemas que afectan a la Benemérita, de las movilizaciones promovidas por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), así como las sanciones y expedientes incoados contra sus principales dirigentes, entre ellos dos aragoneses: Jesús Molíns, secretario general de la AUGC-Aragón y Cristóbal Soria, delegado de la misma en la provincia de Teruel.

     En el momento presente, se ha llegado a una situación desagradable y penosa para este colectivo de ciudadanos uniformados que, tras casi 30 años de legalidad constitucional, todavía carecen de los derechos civiles y democráticos básicos, de los cuales disfrutamos el conjunto de los demás ciudadanos y, también, el resto de las distintas fuerzas policiales (estatales, autonómicas y locales) existentes en España.

     La cuestión de fondo que ha generado este debate es clara: ante la nueva realidad social española, resulta cuestionable el actual modelo policial basado en la existencia de dos cuerpos de policía estatales, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que, pese a desempeñar constitucionalmente funciones similares, están separados por diferencias abismales en cuanto a sus normativas internas, sus condiciones de trabajo y el ejercicio de sus derechos laborales. De este modo, mientras el CNP tiene carácter civil, depende del Ministerio del Interior y sus miembros ejercitan con total libertad sus derechos sindicales, no ocurre lo mismo en la Guardia Civil. Esto se debe a que la Benemérita, que depende simultáneamente de dos ministerios (Interior y Defensa), mantiene de forma absolutamente anacrónica una estructura militar heredada del s. XIX que hace que sus miembros carezcan de derechos básicos propios de cualquier trabajador tales como la libre elección de residencia, la libertad de circulación, la libertad de expresión, derecho a la libre sindicación, etc,  todo lo cual supone una grave quiebra del principio de igualdad que consagra la Constitución de 1978.

     De entrada, hay que dejar claro que la Constitución distingue claramente entre Fuerzas Armadas, constituidas exclusivamente “por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire” (art. 8) y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad entre los que se incluye la Guardia Civil, los cuales,  “bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” (art. 104.1). Posteriormente, la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desarrollaría este artículo de la Constitución distribuyendo las funciones de la seguridad estatal entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, sin perjuicio de las competencias aplicables a las distintas policías autonómicas y locales.

     Consecuentemente, la Guardia Civil, que no forma parte de las Fuerzas Armadas, es un cuerpo de seguridad civil al que se le encomienda la defensa de nuestros derechos y libertades, los mismos de los que sus miembros,  paradójicamente,  carecen dado que se mantiene  una estructura militar propia de otras épocas. Ello supone una grave limitación de derechos constitucionales, unas condiciones laborales más duras que sus compañeros de otros cuerpos y fuerzas de seguridad y, por su fuera poco, el estar sometidos a un régimen disciplinario, el Código Penal Militar (CPM), mucho más estricto que el de cualquier otro policía en España, ya que juzga como delitos militares infracciones que, si fueran cometidas en otros ámbitos como en el CNP o las policías autonómicas y locales, tendrían el carácter de meras sanciones administrativas.

     Conviene recordar que  el Consejo de Europa hace años ya que instó a la homologación de las distintas policías existentes en los estados miembros. Por ello, en el Código Ético de la Policía de 2001, se fijaba de forma nítida el marco de la seguridad pública en la Unión Europea indicándose de forma expresa que “El personal de policía está sometido a la misma legislación que los ciudadanos ordinarios”, a la vez que recomendaba que, los funcionarios policiales debían beneficiarse “de los derechos civiles y políticos de los demás ciudadanos”, lo cual no se aplica en absoluto en el ámbito de la Benemérita. Y sin embargo, los guardias civiles no son soldados, son policías a pesar de que su estatuto personal los someta a una disciplina militar que carece de sentido en la España del siglo XXI. Por ello, debería de convertirse en un cuerpo policial plenamente civil, al igual que ocurrió en 1986 cuando la vieja Policía Armada, los “grises” del franquismo, pasaron a convertirse en una policía civil: el CNP.

     Estas demandas, tan obvias,  se han encontrado con la frontal oposición y los intereses corporativos de los mandos militares de la Guardia Civil que, actuando como un auténtico poder fáctico, están  frenando los necesarios intentos de desmilitarizar y democratizar la Guardia Civil que impulsa la AUGC. Si esto es preocupante, también lo es la sensación de que el Gobierno se ha sometido con excesiva docilidad a los dictados del estamento militar que, vistos los últimos acontecimientos y los expedientes incoados contra los principales responsables de la progresista AUGC, parecen haber impuesto sus intereses corporativos sobre el poder civil y eso no es aceptable en democracia. Debe quedar claro que el futuro estos ciudadanos uniformados, de los guardias civiles, debe ser decidido por el poder civil y nunca por presiones o interferencias corporativas por parte de los mandos militares del mismo. Por ello, el Gobierno debe reaccionar con rapidez y coherencia dando una justa solución a las demandas de las bases de la Guardia Civil para que, por fin, la democracia entre, de verdad, en los cuarteles y les sean reconocidos de este modo a sus miembros los derechos civiles de los que ahora carecen. El Gobierno no debe ceder a las presiones militares  para cercenar a la AUGC y a las aspiraciones de miles de guardias civiles y, desde luego, resulta imprescindible retomar el diálogo, levantar las sanciones impuestas y cumplir los compromisos electorales para que, antes de finalizar esta legislatura, se apruebe la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil que reemplace al obsoleto CPM, así como el demandado Proyecto de Ley de Derechos y Libertades aplicable a este colectivo de 79.000 trabajadores. Ciertamente se trata de demandas imparables pues la asiste la razón y la justicia, las cuales debe acometer de una vez por todas con determinación el Gobierno del Presidente Zapatero.

     Lejos quedo la vieja imagen de la Guardia Civil caminera que denostaba García Lorca o la de aquella que fue soporte fiel de la dictadura pasada. Los tiempos han cambiado y, es necesario que se produzca un cambio radical de la configuración jurídica de la que surja una nueva Guardia Civil para el s. XXI, una Guardia Civil moderna, democrática, desmilitarizada y con derechos civiles plenos. Esta es la última transición democrática que la sociedad española  tiene, todavía,  pendiente. 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 5 marzo de 2007.) 

     El “8 de Marzo”, como fecha de homenaje y reivindicación de los derechos de la mujer trabajadora, tiene su origen en varios acontecimientos históricos que conviene recordar. Este es el caso de la marcha de trabajadoras textiles de Nueva York ocurrida en 1857 en protesta por sus míseras condiciones laborales y, sobre todo, la huelga de las costureras de Cotton Textile Factory, también de Nueva Cork, del año 1908. Este hecho, sobradamente conocido, movilizó a las obreras en demanda de mejoras salariales, de la reducción de la jornada laboral (entonces era de 12 horas) y por la derogación del trabajo infantil en la industria textil. La huelga tuvo un trágico final puesto que la fábrica fue incendiada por sus por propietarios con las obreras en su interior lo cual supuso la muerte de 129 de ellas.
Tras la tragedia de la factoría Cotton y la famosa huelga textil de las 13 semanas en las fábricas neoyorquinas, el entonces pujante Partido Socialista de América, el SPA, decidió celebrar el 28 de febrero de 1909 el “Día de la Mujer”, en el que junto a demandas específicamente laborales, las socialistas norteamericanas reivindicaban el derecho de sufragio femenino, el cual no se lograría en los EE.UU. hasta 1920.

     El movimiento obrero internacional fue asumiendo las demandas del proletariado femenino y, de este modo, Clara Zetkin, líder del Movimiento Alemán de Mujeres Socialistas, propuso la necesidad de recordar las demandas de las mujeres trabajadoras en una fecha concreta. Así se acordó en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en Copenhague en 1910. De este modo, a partir de 1911, empezaron a tener lugar celebraciones promovidas por diversos partidos socialistas en EE.UU., Austria, Alemania, Dinamarca y Suecia, aunque con fechas variables en cada uno de ellos. No fue hasta 1914 cuando, a propuesta de las socialistas alemanas del SPD, se celebró el primer “8 de Marzo” como fecha dedicada internacionalmente a la mujer trabajadora, la cual se consolidó de forma definitiva tras el triunfo de la revolución rusa de 1917.

     En la actualidad, el “8 de Marzo” no sólo sirve para reivindicar el derecho al respeto y la igualdad que a la mujer trabajadora se le debe, sino, también, para reflexionar sobre las condiciones vitales y laborales de la misma en nuestra sociedad. Ciertamente, mucho se ha avanzado desde los acontecimientos históricos relatados que dieron origen al “8 de Marzo” y a las reivindicaciones que a ella se asocian. No obstante, estos avances solo se constatan en el mundo desarrollado y, aún allí, tienen sus luces y sus sombras. Recordemos que, en España, lamentablemente, no existe una equiparación de las condiciones salariales entre hombres y mujeres ya que éstas reciben salarios un 25 % inferiores a los de sus compañeros varones por el desarrollo de tareas idénticas. Las carencias en el ámbito fiscal y educativo son obvias: escasas prestaciones y desgravaciones por hijo para las madres trabajadoras en relación con otros países de la Unión Europea, carencias en terrenos tan sensibles como la educación y la formación cultural que permitan erradicar definitivamente los hábitos de discriminación, marginación y violencia de género, etc. Todos estos aspectos se agravan especialmente en el caso de la población femenina inmigrante que convive con nosotros, la cual sufre una doble discriminación laboral debida a su condición de inmigrante y de mujer.

     Todavía más grave resulta la situación de las mujeres trabajadoras en los países del Tercer Mundo, sometidas a una explotación en algunos casos equiparable al trabajo esclavo… en pleno s. XXI. Ello da lugar a dramas como el ocurrido el pasado 23 de febrero en la empresa textil KTS de Chittagong (Bangladesh) en cuyo incendio murieron 54 mujeres. KTS era una de las 4.000 empresas textiles que existen en Bangladesh y en donde, a cambio de salarios ínfimos, las mujeres están sometidas a turnos de trabajo extenuantes con unas condiciones y medidas de seguridad muy precarias y, en muchos casos, inexistentes. Lo mismo se puede constatar en otros muchos países del sudeste asiático y otras zonas de subdesarrollo económico agudizado por profundas diferencias sociales. Deberíamos recordarlo cuando adquirimos prendas a bajo coste procedentes de estos países.

     Por todo ello, al igual que demandaban las obreras textiles americanas en 1857, en 1908, o actualmente la mujer trabajadora en España, Bangladesh o en cualquier lugar del mundo económicamente globalizado, todavía queda mucho por hacer para acabar con todo tipo de discriminación laboral padecida por las mujeres. Hoy, como ayer, ese sigue siendo el reto de cada día, y de forma muy especial del “8 de Marzo”. Ello nos exige a todos, un compromiso individual, colectivo y también institucional, para que la globalización galopante no suponga la perpetuación de la desigualdad en el mundo desarrollado y mucho menos la creciente explotación laboral en el Tercer Mundo, contrarias a la dignidad y a los derechos de la mujer trabajadora y a los fundamentos de cualquier sociedad democrática y progresista.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 11 marzo 2006)

      Hay fechas que quedan grabadas para siempre en la memoria colectiva como los brutales atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos o  del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Si el dolor, el sufrimiento y el deber moral que las víctimas y su memoria nos exigen es común, lo cierto es que la respuesta legal y política en ambos países ha sido, desde entonces, bien distinta. Mientras en España se produjo una auténtica rebelión cívica ante las manipulaciones y engaños del Gobierno Aznar con las consecuencias que todos sabemos, en la salud democrática de la sociedad americana, se han producido síntomas preocupantes. De hecho, asistimos a un proceso de regresión de los derechos civiles que, bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo internacional y salvaguardar la seguridad nacional, suponen la reducción de parcelas de la libertad individual y colectiva.

     La aprobación poco después de producirse los antentados del 11-S de la llamada Acta Patriótica y reciente prórroga de la misma, han supuesto la ampliación de la categoría de “terrorismo”, lo cual permite al Gobierno federal vigilar y espiar a cualquier ciudadano u organización bajo esta acusación, y lo que es más grave: sin necesidad de autorización judicial. Además, se concede un poder excesivo (e impunidad) a las fuerzas de orden y a la Agencia de Seguridad Nacional (que agrupa, entre otras, a la CIA y al FBI). Finalmente, se produce la reducción de un considerable número de derechos (habeas corpus, privacidad comunicaciones, derecho fianza) y permite detenciones por tiempo ilimitado, deportaciones, registros ilegales etc.

     Bien distinta es la situación en España :tras los atentados del 11-M,  la sociedad española no ha sufrido ningún tipo de deterioro o regresión en la calidad de sus derechos y libertades. Se ha potenciado la lucha contra el terrorismo islámico radical, pero sin que ello haya supuesto una ola de rechazo y xenofobia hacia la población extranjera, especialmente la musulmana, que convive entre nosotros. Frente a la militarización de las relaciones internacionales propugnada por Bush, se ha optado por ideas de futuro de gran calado cual son la Alianza de Civilizaciones. Frente al empecinamiento en implicar a España en una guerra injusta desoyendo el clamor contrario a ella de la mayor parte de la ciudadanía, se ha tenido el coraje político  de retirar las tropas de Irak, de aquella “región hortofrutícola”, como la definió el exministro Trillo, que sólo producía racimos de....bombas. Una decisión tomada siendo conscientes de que ello nos granjeaba la enemistad del todopoderoso presidente Bush.

     De este modo, Estados Unidos y España, dos países que han sufrido el cruel azote del terrorismo internacional, han reaccionado social y políticamente de formas distintas. Mientras en Estados Unidos asistimos a una preocupante regresión de los derechos civiles, en España, una reacción cívica, tan contundente como madura, dió, dimos, una lección de participación democrática y, desde el dolor, se dejó claro que el futuro se construye mejor desde el respeto, el diálogo y la cooperación entre los pueblos y naciones, que no desde la fuerza desproporcionada del más fuerte.

     Por ello, resulta indignante el lenguaje demagógico y catastrofista de la derecha española en estos últimas fechas. Lo mismo ocurre con las declaraciones que prodiga el expresidente Aznar, que tanto critica en el extranjero la gestión del Gobierno del Presidente Zapatero, y que sin embargo no ha dicho una sólo palabra sobre el deterioro de las libertades civiles en los Estados Unidos. Y es que, en estos temas, el expresidente Aznar, que tanto opina de la realidad “apocalíptica” española,  embargado como está por la amargura y el rencor, se convierte en un silente complacido incapaz de molestar lo más mínimo a su poderoso amigo americano.

     Debemos recordar  que, en materia de lucha antiterrorista, ésta siempre debe estar sometida a la supremacía del estado de derecho. En consecuencia, el liderazgo mundial que se autoconcede Estados Unidos, no sólo debe  basarse en el poderío político, económico y militar que obviamente tiene, sino, sobre todo, en valores éticos y morales. Los principios que simbolizan Lincoln, Luther King o Jessie Jackson. Estos son los principios que hacen, de verdad, grande a un país y lo convierten en auténtico modelo y referencia a seguir para el mundo civilizado. Como decía recientemente el Presidente Zapatero, frente al odio y al rencor entre pueblos, creencias y naciones aventado por algunos, desde los sectores sociales progresistas debemos intentar “ganar la batalla de las ideas y de los principios”, auténticos cimientos de un mundo más libre, justo, respetuoso en la diversidad y, desde luego, solidario. Por ello, en este tema, la ciudadanía y el Gobierno español han dado un ejemplo moral. Y eso es lo que cuenta.

 José Ramón Villanueva Herrero  

(Diario de Teruel, 29 diciembre 2005)

        Hace bastantes años, visité un Hospital Psiquiátrico. En un rincón del patio había varios pacientes, los más demenciados del grupo. Me impresionó saber que, uno de ellos, siendo joven, había sido ingresado por su propia familia, en la inmediata posguerra, por el simple hecho de tener tendencias homosexuales. Entró cuerdo y, tras décadas de internamiento y prejuicios de una sociedad hipócrita y mojigata, se habían convertido en uno de los más dementes de aquel triste lugar.

Recordaba este hecho el pasado 11 de julio, al tener noticia de la celebración de la primera boda homosexual en España, debido a que nuestro Gobierno ha tenido la valentía y la dignidad cívica de aprobar la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y que acababa así con siglos de discriminación y desprecio. Pero el camino para llegar hasta la situación actual ha sido duro: han pesado demasiados prejuicios de una ancestral mentalidad inquisitorial y cainita que nos hace difícil, en muchas ocasiones de nuestra agitada historia, aceptar (y respetar) al diferente, bien fuera éste judío, morisco, gitano, protestante, masón, liberal, demócrata o progresista de diversas tendencias...u homosexual. Esta cadena de siglos de intolerancia y discriminación había que romperla de una vez...y se ha hecho.

Al desprecio secular por el homosexual se une el hecho de que éste, durante la dictadura franquista, tuvo la condición de figura delictiva, estaba criminalizado. Así consta en la reforma  del 15 de julio de 1954 introducida en la famosa Ley de Vagos y Maleantes, razón por la cual se indica en ella que “podrán ser declarados en estado peligroso y sometidos a las medidas de seguridad”, además de los vagos habituales, “los homosexuales, rufianes y proxenetas” (art. 2º). También se indican las tres medidas represivas que se debían aplicar a estos colectivos: internamiento en un establecimiento de régimen de trabajo o Colonias agrícolas “por tiempo indeterminado” hasta un máximo de 3 años, internamiento en un establecimiento de custodia (máximo, 5 años) o bien “aislamiento curativo en Casas de templanza, por tiempo absolutamente indeterminado”.

El símbolo de la dureza represiva lo representó la Colonia Agraria Penitenciaria de Tefía, lugar inhóspito, olvidado y reseco de la isla de Fuerteventura a donde eran deportados los homosexuales y que funcionó entre 1954 y mediados de los años 60: allí, picando piedra, entre frecuentes apaleamientos y escuálidas raciones, penaban  lo que el régimen consideraba “un vicio” los homosexuales deportados. Tras el cierre de Tefía, las autoridades, con arreglo a la citada ley, siguieron enviando a los homosexuales a la cárcel, ésta vez a las llamadas “Galerías de invertidos”, aislándolos del resto de los presos. Además de lo dicho, el ideario represivo de la Ley de Vagos y Maleantes se completaba con medidas como la prohibición expresa de que éstos, tras ser fichados policialmente como “homosexuales peligrosos”, residiesen en determinados lugares, además de la obligación de declarar su domicilio o la sumisión a la vigilancia de los delegados gubernativos.

La Ley de Vagos y Maleantes estuvo en vigor hasta que en 1970 la reemplazó la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de Peligrosidad y rehabilitación social, la cual  mantuvo las mismas ideas represivas que la legislación anterior: entre 1970-1979, según la Asociación de Ex presos Sociales, fueron internados 5.000 homosexuales en cárceles especializadas, concretamente en la de Badajoz para “pasivos” y en Huelva para “activos”. Tras cumplir las penas, se les aplicaba un destierro de 2 años. A su vez, la nueva ley, pretendía la “rehabilitación” de “los que realicen actos de homosexualidad”. Para ello, contemplaba el “internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo adecuado a la personalidad del sujeto peligroso” por un período no inferior a 4 meses ni superior a 3 años,  o bien mediante el “internamiento en un establecimiento de reeducación” (art. 5º).

La Ley de Peligrosidad y rehabilitación social sobrevivió al franquismo y estuvo en vigor hasta 1979, ya en período de legalidad democrática constitucional, por lo que se ha calificado a los homosexuales  como “los olvidados de la transición”. Ahora,  tras la aprobación de la actual Ley de Matrimonios Homosexuales,  no sólo cómo se  hace justicia al colectivo de gays y lesbianas, sino, de igual modo, ambos  adquieren la plenitud de derechos cívicos que les corresponden en un sistema democrático como el nuestro. Y, frente a viejos prejuicios y nuevas demagogias, este reconocimiento legal y social de la homosexualidad, para nada afecta a la existencia de una familia heterosexual (y numerosa) como la mía y como las de todos los ciudadanos y ciudadanas que aceptamos con normalidad y satisfacción la nueva ley. Se ha logrado un avance de los derechos cívicos para un colectivo social para el que, afortunadamente, ya pasaron los tiempos de persecución y desprecio. Y eso es un motivo de orgullo cívico para todos los demócratas progresistas.

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 18 julio 2005)