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Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

Derechos civiles

EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

EL ORIGEN DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

 

     En la historia del movimiento feminista español figura, de manera destacada, la escritora Concepción Gimeno Gil (1850-1919), natural de Alcañiz, que en 1901 escribió un importante libro titulado La mujer intelectual, en el cual reivindicaba todo un ideario tendente a la emancipación de la mujer mediante el acceso a la educación y la cultura.

     De entrada, la autora contrapone la imagen de la “Eva moderna” libre y consciente de su misión, frente a la “Eva antigua”, aquella a la que se aludía en su época con términos peyorativos tales como “frágil”, “impura”, “germen del pecado” o “espíritu del mal”. Gimeno, dispuesta como estaba a romper con tan arcaica imagen, arremetió contra las mentes reaccionarias defensoras de mantener la sumisión absoluta de la mujer, calificando a los que así pensaban como “ciegos de espíritu”.

   Acto seguido, Gimeno desmota los argumentos de quienes se oponían a la emancipación de la mujer alegando que con ello perderían parte de su feminidad. Bien al contrario, el feminismo defendido por la alcañizana debía ser interpretado como una prueba evidente de progreso social y, por ello, demandaba la participación de la mujer en todo tipo de colectivos sociales, especialmente en el caso del naciente movimiento pacifista en el cual, como señalaba, éstas estaban desempeñando un activo papel por medio de la Liga de Mujeres para el Desarme Internacional.

    Por otra parte, Gimeno confiaba en que esta “Eva moderna”, junto a su compromiso pacifista, debía de irrumpir con fuerza en el nuevo siglo que entonces se iniciaba por medio del acceso sin trabas a la educación y la cultura. Se observa en sus ideas una influencia del Regeneracionismo como lo prueba su confianza en la educación como elemento de modernidad y de europeización, tan necesarios en la anacrónica España que despertaba al siglo XX. En este sentido, la postura de Gimeno resulta rotunda: “si lo que se gasta en cañones se invirtiera en instrucción pública, los pueblos serían más felices porque el vicio y la corrupción nacen de la ignorancia y la miseria”.

     Estas manifestaciones de energía y compromiso público serían para Gimeno rasgos distintivos de la “Eva moderna” por la que ella aboga. Prueba de ello sería también el acceso de la mujer a un número cada vez mayor de profesiones, las cuales enumera llena de entusiasmo: “La mujer de otros tiempos no debía ver, oír ni hablar; la de nuestros días discute en Ateneos, preside Congresos, forma parte de tribunales, asóciase a la vida espiritual del hombre, a la vida del progreso”. No obstante, reconocía, mal que le pese, que estos avances son mucho más evidentes en el mundo anglosajón pues la situación resultaba bien distinta en la Europa latina y, por ello, también en España, razón por la cual dedica un capítulo completo a destacar la libertad de que entonces disfrutaba la mujer norteamericana: educación mixta desde la infancia, y divorcio legal, disposiciones éstas impensables en la España de 1901. Acto seguido y, tras enumerar a diversas mujeres norteamericanas destacadas tanto en el mundo de las ciencias como en el de las letras, incidirá Gimeno de un modo especial en las feministas yanquis, las cuales formaban por aquel entonces la vanguardia del movimiento emancipador “que repercutió en todo el mundo” como era el caso d Leila J. Robinson, Virginia L. Minor, Lucrecia Mott, Elisabeth Cady S. Tanton, Marguerite Fuller, Hannah Lee, Mercy Otis Warren o Abigail Adams. La simpatía de Gimeno hacia la mujer norteamericana resulta evidente puesto que, a una sociedad más libre que la española, habría que añadir las mayores posibilidades de desarrollo cultural, lo cual hace que ésta se muestre “ampliamente abierta a todos los modernismos”. Con ello, la mujer, en palabras de Gimeno, ha dado “un impulso intelectual que la ha hecho entrar de lleno en la vía del progreso”.

    Tampoco olvida en su libro a las escritoras progresistas portuguesas. Tras destacar el gran desconocimiento que en España se tenía de la actividad cultural existente en el país hermano, especialmente en el caso de las literatas lusas,  Gimeno citará a Alicia Pestana, fundadora de la Liga Portuguesa por la Paz y autora de importantes estudios sociológicos y de pedagogía entre ellos, uno relativo a los centros femeninos de Segunda Enseñanza por lo que Gimeno la define como “apasionada adepta de la moderna evolución feminista”, a Angelina Vidal, “alma del socialismo portugués”, Alice Moderno, políglota y miembro de la International Women Union y a Olivia Telles de Menezes, amiga personal de Gimeno, de la cual nos dice que “publicó artículos muy notables sobre la emancipación de la mujer”.

    El libro concluye con un apasionado alegato de Gimeno para que las españolas sigan el ejemplo de las norteamericanas y portuguesas. Para ello, además de la toma de conciencia previa, no había más camino que el acceso de éstas a la cultura, la adquisición de una sólida formación intelectual que equipare a la mujer de entonces con el hombre pese a los, a veces, poco indisimulados recelos que ello pudiera despertar entre los varones:

 “¡Hombres, no desalentéis a la mujer que quiera ilustrarse; facilitadle los medios indispensables! Rebajar a vuestra compañera es rebajaros; al despreciarla os envilecéis.

    Si algunos insensatos se oponen todavía a que la mujer se instruya y la declaran inepta para adquirir ilustración, otros varones discretos creen que educar un hombre es formar un individuo, mientras que educar a una mujer es formar futuras generaciones…”

    Con esta aproximación a una de las obras más significativas del Concepción Gimeno Gil, he pretendido recordar su memoria, la misma que ha honrado Alcañiz, su ciudad natal, al dar su nombre a un colegio público, donde se cimenta la educación en valores e igualdad de las nuevas generaciones. Una decisión que honra a la comunidad educativa alcañizana.

 

 José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 marzo 2023)

 

CIVISMO

CIVISMO

     En estos tiempos de creciente crispación política y que es previsible que aumentará a medida que nos adentremos en las futuras campañas electorales de este año 2023, sería recomendable que determinados políticos leyeran con detenimiento el libro de Victoria Camps y Salvador Giner titulado Manual de civismo. Dicha obra, parte de la idea clave de que “el comportamiento cívico es la base de la buena convivencia” y en él se ofrecen diversas reflexiones sobre el valor y la necesidad del civismo.

     Sin duda, “vivir es convivir” y “convivir es un arte” ya que la coexistencia genera conflictos, como vemos cada día, y, por ello, resulta necesaria la existencia de todo un conjunto de normas, modales de buena conducta y reglas de convivencia, para hacer más habitable nuestra sociedad.  En este sentido, el civismo es definido por los citados autores como “aquella ética mínima que debería suscribir cualquier ciudadano liberal y demócrata. Mínima para que pueda ser aceptada por todos sea cual sea su religión, procedencia o ideología. Ética, porque sin normas morales es imposible convivir en paz y respetando la libertad de todos”. De este modo, el civismo tendría una doble acepción, pues se entiende por tal la conducta respetuosa con propios y extraños (buenos modales, buena educación) y, también, la cultura pública de convivencia de los ciudadanos que conforman una sociedad democrática. Por ello, el civismo tiene una evidente utilidad puesto que nos hace, a todos, la vida más agradable y favorece lograr, “de forma pacífica e incruenta, el desenlace feliz de los enfrentamientos sociales, la superación de los conflictos laborales, la armonización de voluntades políticas encontradas y la buena convivencia entre familiares”. De este modo, el civismo se convierte en un principio fundamental de toda democracia, pues es ésta es “la expresión política del civismo”.

     Partiendo de la evidencia de que toda democracia necesita “ciudadanos cívicos”, portadores de valores, y dos de ellos son fundamentales para la convivencia: la solidaridad y la fraternidad, los cuales son los cimientos de “toda sociedad decente”. Por ello, resulta esencial la corresponsabilidad cívica pues, como señalaban Camps y Giner, “Nadie, sobre todo el que más tiene, puede desentenderse del bienestar y la felicidad del resto. Ese es el compromiso que obliga al ciudadano de una democracia”.

     Otro factor del civismo democrático es la tolerancia en nuestras sociedades, cada vez más diversas, plurales y multiculturales. Ciertamente, el reto del multiculturalismo es una gran ocasión para que nos eduquemos en la tolerancia activa, que nos interesemos los unos por los otros y que descubramos, “bajo la capa de la diferencia, nuestra común humanidad”. Pero esta tolerancia, como actitud personal y social, tiene sus límites y los citados autores son rotundos al afirmar que, “el conocimiento y la comprensión del otro no deben llevar a la relativización de lo que no es relativizable, como los derechos fundamentales y los valore más básicos. Las diferencias son aceptables sólo en la medida que no discuten la igualdad de la mujer, las libertades individuales, la superioridad de la ciencia y el conocimiento objetivo frente a los prejuicios y la superchería, el derecho de todos a la información imparcial y a la educación”.

     El civismo se esfuerza, día a día, por la consecución de una auténtica democracia plena, por avanzar en el logro de lo que ha dado en llamarse “derechos de la tercera generación” y es que, “no basta con proteger las libertades (derechos civiles y políticos), no basta con procurar una igualdad mínima (derechos económicos y sociales), hay que protegerse también contra ciertos avances tecnológicos que contaminan las libertades porque impiden vivir una vida de calidad”. Por ello, entre estos derechos de tercera generación, se encuentras tres que resultan esenciales: la preocupación por el medio ambiente para hacer frente al desastre ecológico; la importancia de una alimentación saludable y la preocupación por el equilibrio anímico, como forma de frenar el auge del estrés y las depresiones en nuestra sociedad.

   El civismo también defiende la ética de la responsabilidad, lo cual supone la utilización razonable de los bienes públicos, evitando el fraude y el derroche, tanto por parte de la ciudadanía como de las instituciones, en temas tan sensibles como son el correcto pago de impuestos conforme a una correcta justicia fiscal o el adecuado uso de los recursos de la Sanidad Pública y demás servicios públicos.

     Pero convivir también supone manifestar en ocasiones nuestro desacuerdo y, por ello, podemos discrepar con firmeza, pero siempre con civismo, ya que “no hay convivencia sin intereses encontrados” pero la discrepancia siempre ha de exponerse de modo civilizado para ser eficaz puesto que, “sin buenas maneras, naufragan los principios”. El civismo reconoce y respeta en los demás el derecho a ser diferente siguiendo la máxima de Baltasar Gracián según la cual “cada uno debe obrar como quien es, no como le obligan”.

    Por todo lo dicho, el civismo es una ética laica compartible por cualquier persona que quiera participar en la vida colectiva y, por ello es una forma de vivir, la más adecuada para la convivencia en sociedad, algo que, como en su día dijo Aristóteles, se aprende practicándolo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 enero 2023)

 

 

LA MIGRACIÓN, UN DERECHO

LA MIGRACIÓN, UN DERECHO

 

       En el interesante libro de Yuval Noah Harari titulado 21 lecciones para el siglo XXI (2020) dedica su 9ª lección a tratar el tema de la inmigración, una cuestión de diversas aristas que genera un intenso debate en las sociedades contemporáneas. Ciertamente, como señala este historiador israelí, aunque la globalización ha reducido mucho las diferencias culturales en todo el planeta, a la vez ha hecho a nuestras sociedades mucho más multiculturales, independientemente de la actitud tolerante o de rechazo que, hacia los movimientos migratorios, pueda tener la ciudadanía en cada uno de los países receptores.

   El fenómeno de la migración, entendido como el movimiento de población consistente en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, bien sea de forma temporal o permanente, generalmente debido a causas económicas o sociales tales como la búsqueda de trabajo, seguridad y de un futuro mejor, pone en tensión los sistemas políticos y las identidades colectivas de las opulentas y, en demasiadas ocasiones, excesivamente insolidarias sociedades occidentales.  Ejemplo de ello es el caso de Europa, donde los movimientos migratorios, además de alentar el auge de los movimientos xenófobos y racistas de extrema derecha y cuyos ejemplos nos son sobradamente conocidos, plantea un serio reto para el futuro de las instituciones de la Unión Europea, las cuales, como advierte Harari, “podrían desmoronarse debido a su incapacidad para contener las diferencias culturales entre europeos e inmigrantes” lo cual significaría un dramático punto final, “al gran éxito de Europa en la creación de un sistema multicultural próspero”.

      Es en este contexto en el que se plantea la necesidad de asumir el pacto o debate sobre la migración, el cual, debería plantearse sobre tres condiciones o términos básicos que nos sugiere Harari. En primer lugar, el país anfitrión debe permitir la entrada de inmigrantes en su territorio, máxime cuando las circunstancias humanitarias así lo requieren, tal y como ocurrió con los casos de Alemania o Canadá durante la crisis de los refugiados de 2015 o los constantes naufragios y dramas humanos que se producen en aguas del Mediterráneo. En esta situación, dos posturas se confrontan: las de las posiciones pro-inmigración que, basadas en un profundo sentido humanista, consideran que, en un mundo globalizado, todos los seres humanos tienen obligaciones morales hacia los demás seres humanos, razón por la cual conciben la inmigración como un derecho. En contraposición esta actitud positiva, se encuentran los partidarios de rechazar los movimientos migratorios, entre los cuales algunos de estos detractores no ocultan sus posiciones de abierta xenofobia y racismo, los mismos que piensan que hay que emplear todos los medios necesarios para hacer frente a lo que consideran una nueva “invasión”, los mismos que miran con abierto rechazo al migrante, a quien ven como un delincuente en potencia. Por otra parte, hay que reconocer, desde un punto de vista realista, que los movimientos migratorios de tantas personas que desesperadamente huyen de las guerras, la represión y la miseria que azota a sus países de origen, resulta imposible de frenar y, por ello, es preferible legalizarla como mejor forma de evitar lacras tales como el tráfico de seres humanos en las rutas migratorias o la explotación de los trabajadores ilegales en los países de destino.

     En segundo lugar, el pacto requiere que los migrantes adopten al menos las normas y valores fundamentales del país anfitrión, aunque ello implique abandonar algunas de sus normas o valores tradicionales. Ello comporta, en muchas ocasiones, confrontar las mentalidades patriarcales de sus sociedades de origen con actitudes liberales de las sociedades receptoras, entre los valores religiosos arraigados y el laicismo del mundo desarrollado, o los distintos hábitos de vestimenta o dieta con los imperantes en Occidente. Es aquí cuando la tolerancia adquiere un valor universal y las posiciones pro-migración, defensoras de la diversidad de Europa, son partidarias de que los colectivos inmigrantes tengan tanta libertad como sea posible para que sigan sus propias tradiciones, siempre y cuando éstas no perjudiquen los derechos y libertades de las sociedades que los acogen, obviando, eso sí, todo tipo de actitudes intolerantes, misóginas, homófobas o antisemitas.

    Obviamente, y, en tercer lugar, el pacto debe contemplar el hecho de que, si los migrantes realizan un esfuerzo sincero de integración, en particular adoptando el valor de la tolerancia, el país anfitrión está obligado a tratarles como ciudadanos de primera, esto es, como miembros de pleno derecho de la sociedad. No obstante, como bien señala Harari, cuando se evalúa el pacto de la inmigración, “ambas partes conceden mucho más peso a las infracciones que al cumplimiento” y, por ello, por desgracia, se ve más entre la población migrante a un supuesto terrorista o delincuente antes que a un millón de respetuosos ciudadanos que han arribado a los países occidentales.

    Así las cosas, el debate europeo sobre la migración está abierto y se halla lejos de ser “una batalla bien delimitada entre el bien y el mal” ya que los que están a favor de la inmigración se equivocan al presentar a todos sus rivales como “racistas inmorales”, mientras que los que se oponen se equivocan al retratar a sus oponentes como “traidores irracionales”. Por ello es tan importante defender los valores de la tolerancia hacia la multiculturalidad dado que, en las agitadas aguas en las que se halla inmersa la política internacional, si el proyecto de la Unión Europea fracasa, ello sería tanto como reconocer que “la creencia en los valores liberales de la libertad y la tolerancia no bastan para resolver los problemas culturales del mundo” y para unir a la humanidad ante los graves problemas globales que la amenazan en su conjunto y que reiteradamente recuerda Harari en su libro, cuales son el riesgo de guerra nuclear, el colapso ecológico y la disrupción tecnológica. Y ello sería un fracaso de enorme magnitud que, lamentablemente, todos sufriríamos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 febrero 2021)

 

 

 

ATRAPADOS EN LA RED

ATRAPADOS EN LA RED

 

     No hay duda de que las redes sociales han cambiado nuestras vidas y ya no nos podemos imaginar una existencia sin ellas, desde en los aspectos más cotidianos, hasta la forma de ver y participar en nuestro entorno social y político.

    Sobre el profundo impacto generado por las redes sociales y las nuevas tecnologías reflexionaba Daniel Innerarity en su libro Política para perplejos (2017) señalando cómo gracias a ellas la sociedad del conocimiento “ha democratizado la mirada” y, de este modo, se cumplía el principio de Anthony Giddens según el cual “los viejos mecanismos del poder no funcionan en una sociedad en la que los ciudadanos viven en el mismo entorno informativo que aquellos que nos gobiernan”. De este modo, la nueva sociedad del conocimiento, abierta y plural, ha roto con la visión de la vieja política, elitista y reservada, hecha de espaldas a la sociedad a la que debe servir, y que se beneficiaba de la escasa información que llegaba a la ciudadanía. Por el contrario, en la actualidad Internet se ha convertido en un espacio abierto mediante el cual vigilamos y enjuiciamos a quienes nos gobiernan.

     Pero al mismo tiempo, las redes sociales también son un foro donde, lo vemos cada día, se realizan linchamientos digitales, abundan las noticias falsas y los ciberataques. Y es que, con respecto a estos temas, tan preocupantes como en creciente auge, las redes sociales, como tantas cosas de la vida, resultan ambivalente, ya que, como recordaba Innerarity, “democratizan en la misma medida que desorientan”, eso es, nos ofrecen un cúmulo de informaciones a las que hasta hace bien poco resultaría difícil de acceder por parte de la ciudadanía, a la vez que siembran dudas sobre la veracidad, objetividad e intencionalidad última de las mismas pretendida por sus difusores. Por ello resulta todo un reto para el observador de las realidades sociales y, máxime desde una perspectiva política, el cómo tratar semejante avalancha de información ya que, en demasiadas ocasiones, resulta difícil distinguir entre “información” y “rumorología”, un riesgo cierto al que nos enfrentamos cada vez que accedemos a las redes sociales. Ante este dilema, resulta oportuno recordar, como señalaba Hannah Arendt, que, “aunque la objetividad sea difícil, esta dificultad no es una prueba contra la supresión de las líneas de demarcación entre el hecho, la opinión y la interpretación, ni una excusa para manipular los hechos”.

     En la actualidad, las redes sociales son un espacio abierto en el cual tenemos la posibilidad de vigilar y enjuiciar a quienes nos gobiernan y, por ello, al margen de su vulnerabilidad ante noticias falsas y de ciberataques de diversa intencionalidad, el objetivo exigible para la ciudadanía consciente es, en palabras de nuevo de Innerarity, “conseguir que no pueda ocultarse todo lo que es relevante para el ejercicio de los derechos democráticos sin que esa permeabilidad de los espacios impida la protección de las instituciones que hacen posible en ejercicio de tales derechos”.

     A la sombra de las redes sociales han ido en incremento las amenazas cibernéticas y las actuaciones de los hackers, todo lo cual afecta tanto a la seguridad nacional de los países, como a la privacidad e intereses de personas, empresas, entidades e instituciones de diverso tipo, tal y como dejan patente las denuncias de los organismos de neutralizarlas, como es el caso del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

    En la era de Internet, invadidos como estamos de visiones e interpretaciones personales en la red, a la hora de tratar de forma adecuada la información, de interpretarla, frente a lo que algunos cibernautas piensan, es necesario reivindicar la función del periodista en el mundo digital, cuyo papel cobra un nuevo sentido a la hora de ayudarnos a navegar entre la maraña informativa, tantas veces confusa, falsa o tendenciosa, y frente a la creciente oleada de noticias falsas (fake news) que nos invaden. Hay que tener presente, además, que éstas llegan a tener un fuerte impacto puesto que el público potencial de las fake news es muy elevado ya que, por ejemplo, Facebook cuanta con más de 2.000 millones de usuarios activos. Y, en este tema, han sido frecuentes las acusaciones dirigidas a determinados países, de forma especial a la Rusia de Vladimir Putin, por el empleo de las fake news como arma (informática) en las redes sociales perturbando el panorama informativo en nuestro mundo globalizado. Y así ha ocurrido en el empleo de herramientas virtuales para influir en las elecciones americanas de 2016 a favor de Donald Trump (el candidato favorito de Putin) en lo que se conoce como el “Rusiangate”, pero perturbaciones similares han tenido lugar en estos últimos años en los procesos electorales celebrados en Francia, Italia, Gran Bretaña, Países Bajos, repúblicas bálticas, Ucrania, Chequia, Georgia e incluso en España.

    Es por ello que, ante semejante alud de noticias distorsionantes de la realidad, resulta fundamental el papel de un periodismo ético, objetivo, no sometido a los poderes económicos o a los intereses partidarios, de esos periodistas “fact-chequers”, de esos profesionales encargados de verificar y contrastar estas avalanchas de noticias e informaciones.

    Por todo lo dicho, atrapados como estamos, para bien o para mal, en las redes sociales, de nosotros depende el que éstas sean un instrumento positivo a favor del fomento de la participación democrática ciudadana, de la difusión honesta y veraz de la información y la cultura …. o de todo lo contrario.

 

   José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 16 agosto 2020)

 

 

SEGURIDAD HUMANA

SEGURIDAD HUMANA

 

      En un mundo cada vez más globalizado, sometido a tensiones multipolares, a crisis de modelos sociales y políticos, obsesionado por amenazas reales o imaginarias, desde el terrorismo al riesgo de colapso medioambiental, se ha ido abriendo paso una tan importante como creciente preocupación por el concepto de “seguridad humana”. Este nuevo valor a reivindicar apareció como consecuencia de las transformaciones que se produjeron en el ámbito de la llamada “seguridad global” durante la última década del pasado siglo: fue en concreto el economista paquistaní Mahbub Ul Haq uno de los responsables de que el nuevo concepto de “seguridad humana” lograra relevancia internacional como consecuencia de su aparición en el Informe sobre el Desarrollo Humano de 1994 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El citado Informe es un rotundo alegato y compromiso a favor del Desarrollo Humano Sostenible ya que, de entrada, afirma que: “ninguna Nación del planeta podrá alcanzar ninguno de sus objetivos principales: ni la paz, ni la convivencia democrática, ni la protección del medio ambiente, ni la vigencia de los derechos humanos, ni la reducción de las tasas de fecundidad, ni la integración social, si no es en un marco de desarrollo humano sostenible que priorice la seguridad de todos los habitantes del planeta”. En consecuencia, todos estos objetivos esenciales quedaban supeditados a la elaboración de un nuevo sistema de organización social mundial que priorice el desarrollo de las personas, esto es, la seguridad humana, pues “el verdadero fundamento del desarrollo humano es el reconocimiento de las reivindicaciones vitales de todos”.

      En consecuencia, la idea esencial es pasar de priorizar la seguridad de los Estados, la “seguridad nacional”, a la seguridad de las personas, a la “seguridad humana” y, de este modo, esta aspiración “equipara la seguridad con las personas en lugar de con los territorios, con el desarrollo en lugar de con la potencia militar” y, por ello, la seguridad humana ya no es un concepto defensivo, como le ocurre a la seguridad territorial o militar, sino que es un valor integrador, que reconoce con carácter universal la prioridad de las personas, de sus valores, dignidad y derechos que le son implícitos. Por ello resulta una necesidad ética realizar la transición del viejo concepto de seguridad nacional al más amplio de seguridad humana, el cual según recoge el Informe de Desarrollo Humano de 1994 tiene cuatro características: es una preocupación universal, independientemente del grado de desarrollo de cada país; los componentes que la condicionan son interdependientes, pues superan las fronteras nacionales, como es el caso del tráfico de drogas, el terrorismo, los desastres medioambientales o la inmigración; es más eficaz para la seguridad humana la acción preventiva temprana que la intervención posterior ante un desastre y, por último, la seguridad humana, a diferencia del concepto tradicional de seguridad, se centra en la persona y por eso incluye condiciones de vida y la protección de las oportunidades de la persona para elegir libremente sus condiciones de desarrollo.

      Es por todo ello que el PNUD de 1994 citado anteriormente acordó la creación de un Fondo Mundial de Seguridad Humana con el que hacer frente a las variables que afectan a nivel global a la seguridad humana tales como las consecuencias del hambre, las epidemias, los desastres ambientales, la violencia étnica o religiosa, las corrientes de refugiados, el tráfico de drogas, el terrorismo internacional o la proliferación nuclear. Y, por todo ello, la seguridad humana es una parte del desarrollo humano pues, como señalaba Kofi Annan, “no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo sin no se respetan los derechos humanos”. Es natural, pues, que para el PNUD (1994) resulte fundamental que el concepto de seguridad evolucione de manera urgente en dos sentidos: pasar de la visión exclusiva de la seguridad territorial al de seguridad de la población y, también, pasar de la seguridad mediante armamentos, a la seguridad mediante el desarrollo humano sostenible, entendiendo por tal el derecho humano inalienable en virtud del cual todas las personas  y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político, en el que puedan realizar plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del mismo. Sólo así se podrán garantizar plenamente todos los elementos que conforman la seguridad humanas, cual son: la seguridad económica, demandando la implantación de ingresos básicos; la seguridad alimentaria, para hacer accesible la disponibilidad de alimentos y recursos a los que toda la población pueda acceder; la seguridad en salud, mediante una cobertura adecuada del sistema sanitario; la seguridad medioambiental, garantizando el equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible; la seguridad personal, esto es, la ausencia de violencia física o la seguridad política, que respete  los derechos fundamentales y las garantías democráticas.

    De todos modos, la seguridad humana es, todavía, según Karlos Armiño, un concepto impreciso, dado que todavía está madurando y en evolución por lo que existen distintos enfoques que la delimitan: así, mientras la escuela japonesa tiene un “enfoque amplio de la seguridad”, concebida como libertad respecto a la miseria, la escuela canadiense, que tiene un “enfoque más restringido”, la entiende como libertad para vivir sin miedo. No obstante, en el panorama actual, la seguridad humana no ha conseguido desplazar, aún, a la seguridad del Estado ya que, lamentablemente, los temas relacionados con desarrollo humano no están al mismo nivel ni se consideran tan prioritarios como los que afectan a la clásico concepto de seguridad nacional.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 14 febrero 2020)

 

 

 

 

 

LA SEGURIDAD HUMANA, UN VALOR A REIVINDICAR

LA SEGURIDAD HUMANA, UN VALOR A REIVINDICAR

 

     Vivimos en un mundo cada vez más obsesionado por la seguridad y, por ello, se habla de “seguridad nacional”, esto es, de las precauciones que se deben tomar para proteger un país, de “seguridad ciudadana”, aún a riesgo de renunciar a cotas de libertad y, en los últimos tiempos, se alude con frecuencia a la “ciberseguridad” como forma de hacer frente a las injerencias intencionadas que se producen en las nuevas tecnologías tanto por parte de particulares (hackers) como por potencias extranjeras con objetivos muy variados.

     Frente a esta obsesión por la seguridad, se habla menos, y no por ello es menos importante, del concepto de “seguridad humana”, término que acuñó el Informe para el Desarrollo Humano de la ONU de 1994 y que hace referencia a la necesaria defensa que merecemos todos los seres humanos ante cualquier aspecto que atente contra nuestra dignidad, libertad o derechos, tales como la pobreza, la marginación o cualquier otra violación de los derechos humanos. En consecuencia, son las personas, antes que los intereses de los Estados o de los poderes económicos, los deben ser el objetivo prioritario de cualquier concepto de “seguridad”, tal y como recogía el Informe de Kofi Annan, ex secretario general de la ONU titulado La función de las Naciones Unidas en el siglo XXI del año 2006. De este modo, la seguridad humana, como señalaba Jesús Jiménez Olmos, es “aquella que es capaz de garantizar al individuo la posibilidad de desarrollarse como persona, es decir, gozar de libertad y bienestar suficiente para cubrir sus necesidades fundamentales y desarrollar sus capacidades”. De ello se derivan tres ideas básicas: que la seguridad humana se halla por encima de los intereses de los Estados ; que implica un compromiso permanente de preservar en todo tiempo y lugar los derechos fundamentales y la dignidad de las personas y, también, no lo olvidemos, la lucha por la consecución de la justicia social que permita a toda persona disponer de un nivel adecuado de recursos y bienestar para desarrollarse plenamente, idea ésta última que enlazaría con la necesidad de implantación de una Renta Social Básica para que los sectores sociales más desfavorecidos puedan lograr dichos objetivos.

     Tan importante y de justicia es la seguridad humana que, para hacerla efectiva, se alude al término de “injerencia humanitaria”, el cual tiene por objeto proteger a la población civil cuando su propio Estado no es capaz de hacerlo ante situaciones de catástrofes naturales, hambrunas, éxodos masivos o violencia extrema desencadenada contra una parte u etnia concreta de su población. Dicha injerencia humanitaria, lógicamente, debe ponerse en práctica tras la aprobación previa de la correspondiente resolución de la ONU, algo que debería de haberse hecho de forma efectiva en casos tan dramáticos como las recientes crisis humanitarias de refugiados o la situación producida en Birmania ante la persecución de la minoría rohingya.

     Pero para defender la seguridad humana como valor esencial, resulta prioritario, en este mundo cada vez más desigual e injusto, el garantizar la seguridad alimentaria de las personas.  Por ello, la I Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 suscribió una Declaración sobre Seguridad Alimentaria Mundial en la que, como recordaba José María Medina Rey, “se reafirmaba el derecho de toda persona a una alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre”. En consecuencia, se pretendía, como objetivo, que el sistema alimentario mundial, además de sostenible, garantizase la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas, tanto en el momento presente, como para las generaciones futuras. No obstante, la seguridad alimentaria se halla en la actualidad amenazada por varios factores, entre ellos,

- en primer lugar, una importante pérdida y desperdicios de alimentos, especialmente en el mundo desarrollado, esto es, de productos comestibles destinados al consumo humano que se pierden o descartan en algún punto de la cadena alimentaria.

- en segundo lugar, por los subsidios a los agrocombustibles en los países desarrollados, pues como denunciaba el citado Medina Rey, el impacto de estas políticas sobre la seguridad alimentaria mundial “puede ser letal, porque, sencillamente, no es compatible alimentar el mundo y producir tal cantidad de agrocombustibles”. Además, debemos tener presente que la creciente expansión de su cultivo resulta cuestionable desde diversos puntos de vista tales como el impacto social que causa en los países en vías de desarrollo, su dudosa rentabilidad energética y económica, sus escasos beneficios medioambientales, así como su dudosa capacidad para ser una alternativa real frente al petróleo.

- en tercer lugar, los efectos del cambio climático, el cual está afectando de manera drástica a los productores agroalimentarios con sus nefastos efectos sobre las cosechas y sus consiguientes hambrunas, especialmente en zonas como el África subsahariana, lo cual a su vez, ante la imposibilidad de garantizar la seguridad alimentaria de estas poblaciones, obliga a éxodos masivos como a los que estamos asistiendo en estos últimos años, un proceso que irá en aumento si no se producen cambios drásticos y rápidos en la política económica y energética mundial que frene la contaminación y, con ello, los negativos efectos de este cambio climático que nos amenaza tales como la desertificación, la falta de agua o la escasez de alimentos en amplias zonas de nuestro planeta.

     A modo de conclusión, en estos tiempos inciertos, resulta fundamental reivindicar el valor de la seguridad humana, por encima de todos los intereses económicos o geoestratégicos que confrontan a los Estados en la política internacional. Para ello, es esencial partir de la idea, que tantas veces se dice de forma retórica, pero con escasa convicción, que, por encima de ideologías, intereses materiales o confesiones religiosas, está el valor de los derechos humanos, la dignidad y la libertad de las personas, esto es, la seguridad humana. Defendiendo ésta tendremos en nuestras manos la mejor garantía, la mejor y más justa forma para combatir el fanatismo, la pobreza y la opresión.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 febrero 2018)

 

FARMACOCRACIA, UN NEGOCIO MALSANO

FARMACOCRACIA, UN NEGOCIO MALSANO

 

     En estos días, los medios de comunicación nos han acercado a la angustiosa situación de los enfermos afectados por la hepatitis C (VHC) y, a la vez, ha quedado patente la  insensibilidad marmórea de nuestro Gobierno ante este drama, ante su falta de una rápida y adecuada respuesta en defensa de la salud, y con ello, de la vida, de este colectivo de ciudadanos. Este Gobierno, que no dudó en aportar cantidades ingentes de dinero público para salvar los fiascos de la banca privada, de las autopistas privadas deficitarias, de insuflar fondos a las compañías eléctricas,  resulta que ahora  es incapaz de  movilizar los recursos presupuestarios necesarios para paliar este drama. Y es que entre todos los recortes que nos ha impuesto la derecha gobernante del PP, el recorte sanitario resulta especialmente inaceptable, porque tiene consecuencias dramáticas cual es la muerte de las personas afectadas por esta enfermedad.

     Tras la nefasta gestión de Ana Mato al frente del Ministerio de Sanidad (¡vaya apellido para la responsable de la salud pública!), su sucesor, Alfonso Alonso, pese a sus declaraciones contemporizadoras, sigue manteniendo restricciones para la universalización del tratamiento del VHC debido a motivos económicos sin considerar los preceptivos criterios médicos. Para ello se alega el elevado coste del tratamiento del fármaco Sovaldi, no inferior a los 25.000 €, precio sin duda abusivo y desproporcionado. De hecho, a fecha de hoy, el techo de gasto sanitario para el año 2015 para hacer frente a esta enfermedad es de 125 millones de euros, lo cual supone la posibilidad de tratar a un máximo de 5.000 pacientes, mientras que, según la Asociación Española de Estudios del Hígado (AEEH), se necesitarían entre 750 y 800 millones para en torno a los 30.000 enfermos que precisan tratamiento inmediato.

     A la reprochable actitud del Gobierno, se une, para desgracia de los enfermos, la codicia desmedida de la multinacional farmacéutica Gilead, propietaria de la patente del medicamento Sovaldi, de probada eficacia para combatir al VHC. En el documentado estudio de Pablo Martínez Moreno titulado Gilead, Sovaldi y Hepatitis C: la bolsa o la vida, pone de manifiesto no sólo el poder de Gilead, sino sus conexiones con los principales fondos de inversión globales, con la banca y con importantes empresas internacionales. Los enormes beneficios que reporta la comercialización de Sovaldi, han hecho que las acciones de la multinacional Gilead se hayan revalorizado en la bolsa un 185% desde el año 2013. De este modo, dicha empresa está ganando miles de millones de euros a costa de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte de los enfermos de VHC. Por ello se ha acuñado el término de “farmacocracia”, el inmenso poder no sólo económico, sino también de influencia política, de las multinacionales farmacéuticas, cuyas decisiones e intereses se imponen, en beneficio propio, como ya ocurrió con el excesivo alarmismo (interesado) que desató la gripe aviar de 2009 y que disparó las ventas masivas del fármaco Tamiflú una vez desatada la pandemia.

     La batalla por controlar el astronómico precio del tratamiento que supone Sovaldi, ha resultado hasta ahora, infructuosa puesto que en julio de 2014 se rechazó una propuesta del Gobierno francés para que la Unión Europea  creara una plataforma específica para combatir el elevado precio de este tipo de medicamentos y, por cierto, entonces, el Gobierno español  se opuso a esta plataforma conjunta por entender que no era necesario un instrumento específico para abaratarlos: otra “clarividente” visión de la entonces ministra Mato.

    A la abusiva política de precios de Gilead, se une, también el problema que supone el actual sistema internacional de patentes. Pese a que Médicos Sin Fronteras (MSF) lanzó hace años una campaña internacional para el acceso a las medicinas esenciales a precios asequibles mediante la cual se permitía a determinados países como India, Brasil o Sudáfrica producir genéricos a precios muy bajos, las presiones de la industria farmacéutica, que no estaba dispuesta a renunciar a los inmensos beneficios de sus patentes, truncaron el proceso. De hecho, en los últimos años se ha aumentado la protección sobre las patentes farmacéuticas mediante el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual vinculados al Comercio (ADPIC) (1995), lo cual ha producido un brutal impacto en la comercialización de los antirretrovirales. En este sentido, la doctora Teresa Forcades, monja benedictina, teóloga progresista  y promotora  en la actualidad de Procés Constituent a Catalunya, advertía sobre los oscuros intereses que mueven a las grandes corporaciones farmacéuticas mundiales y los inmensos beneficios obtenidos por éstas. Así, en su obra Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas (2006), nos ofrece una imagen demoledora de las presiones y negocios de la industria farmacéutica a nivel mundial, hasta el punto de que esta “farmacocracia” con su poder fáctico y con sus enormes beneficios, muy rentables pero malsanos en su acepción de “moralmente dañinos”,  ha sido capaz de imponerse a las decisiones de política sanitaria de algunos gobiernos, y España no es una excepción.

    Este panorama supone todo un reto para la política y la defensa de una sanidad pública mundial. Por ello, la industria farmacéutica requiere de una urgente y más justa regulación política que priorice el bien común, esto es, el derecho universal a la salud y no sólo la búsqueda de una rentabilidad económica de unas compañías pues resulta un deber moral y político el exigir un mayor control democrático y legislativo internacional  que ponga fin a los abusos de la farmacocracia. Esta misma idea es compartida por Martínez Romero pues, además de quebrar la política de patentes, y acabar con un modelo de investigación y comercialización farmacéutico con el único afán del lucro desmedido, defiende un modelo de investigación que, fomentado desde la sanidad pública, priorice “la salud y la vida de las personas por encima de cualquier otra consideración”, algo de lo que deberían tomar buena nota las autoridades sanitarias españolas pues hay demasiadas vidas en juego.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 enero 2015)

 

 

 

 

ESPÍA, QUE ALGO QUEDA

ESPÍA, QUE ALGO QUEDA

 

     Vivimos en un mundo que tiene una fe ciega en la tecnología y, sin embargo, nunca como ahora hemos sido tan vulnerables, tal y como ha puesto en evidencia las revelaciones de Edward Snowden, el antiguo miembro de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, (la NSA, sus siglas en inglés) y para quien ésta agencia de espionaje se ha convertido, ciertamente,  en “la peor amenaza para las libertades”.

     Debemos de recordar que los programas de espionaje masivo (en telefonía e Internet) de la NSA fueron aprobados por George W. Bush tras los atentados del 11-S con objeto de combatir al terrorismo yihadista. Ello supuso la puesta en marcha numerosos proyectos de vigilancia tecnológica, entre ellos, los programas Echelon o  PRISM, que permiten monitorizar el ciberespacio y acceder de forma exhaustiva al tráfico de Internet, a las cuentas de correo electrónico, los datos multimedia y a las comunicaciones telefónicas, espionaje que no sólo se ha limitado a Al-Qaeda y sus aliados, sino que se ha extendido a otros países (incluso a los aliados), a organizaciones internacionales y ONGs (entre ellas, Amnistía Internacional o Human Right Watch, HRW). Estas actuaciones, continuadas por Obama, pueden controlar cualquier tipo de comunicación telefónica y de Internet en todo el planeta y en la actualidad desarrollan cerca de 500 programas, tanto operativos como en fase de desarrollo, destinados a la vigilancia y al espionaje tecnológico, entre ellos, el llamado Xkey Store, considerado como la amenaza más grave para las libertades en la era moderna pues permite almacenar informaciones relativas a millones de personas (metadatos) sin ninguna autorización judicial.

     Las actuaciones de la NSA, desde su creación en 1952 por el presidente Harry Truman, en el contexto de la Guerra Fría, y que, con  sus 80.000 empleados llegó a controlar la casi totalidad de las comunicaciones electrónicas procedentes del bloque oriental comunista, siempre ha estado envuelta en la polémica y los escándalos como cuando realizó escuchas a personalidades contrarias a la guerra de Vietman o a los promotores de las campañas a favor de los derechos civiles en los años 60, sin olvidar su imposibilidad para prevenir los atentados del 11-S o las falsedades lanzadas por la NSA sobre la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en el Irak de Saddam Hussein.

     En la actualidad, la cibervigilancia masiva está generando unos riesgos que han sumido al mundo en un grave clima de inseguridad que, cual si de un nuevo y todopoderoso Gran Hermano se tratara,  supone una vulneración de los derechos humanos y las libertades democráticas. En este sentido, el escándalo se agudizó al saberse que empresas como Google, Apple, Facebook o Microsoft, han proporcionado información de sus usuarios a la NSA:

Pero un aspecto que se olvida con frecuencia es que, además de estos riesgos ciertos, la NSA y sus programas de espionaje masivo son también un gran negocio pues, en la actualidad, la Agencia forma parte de un gran entramado económico en el que participan las principales empresas tecnológicas, de Internet y de defensa de los EE.UU, así como diversas universidades, una auténtica simbiosis  de colaboración público-privada que mueve ingentes cantidades de dinero. De este modo, en el Consejo Asesor de la NSA se integran diversas empresas (Bell, IBM, Microsoft o Intel), de entre las más de 260 empresas acreditadas para trabajar en sus programas de espionaje  y que se ubican, sobre todo, en el Nacional Business Park situado en torno a la sede de la NSA en Fort Meade (Maryland). Por otra parte, la Alianza de Inteligencia y Seguridad Nacional (INSA) vinculada a la NSA, resulta una pieza clave del sistema de inteligencia de los EE.UU. en la que se integran numerosas empresas tecnológicas y de defensa entre, ellas, además de las citadas, Boeing, HP o Lockeed Martin. De este modo, la INSA se convierte en la receptora de la casi totalidad del presupuesto de I+D+i norteamericano que, en el 2013, alcanzó la cifra de 40.000 millones de dólares.

     El caso Snowden ha generado un profundo debate sobre los límites del espionaje en aras a la seguridad colectiva y, por ello, el Partido de la Izquierda Socialista de Noruega lo ha nominado para el Premio Nobel de la Paz 2014 puesto que, con sus revelaciones, ha contribuido a un orden mundial “más pacífico y estable” y porque “ha ayudado a difundir el conocimiento crítico sobre los modernos sistemas de vigilancia a Estados e individuos”. Esto último ha puesto en evidencia la necesidad de elaborar una nueva legislación internacional en esta materia y, en este sentido, se han empezado a dar, pese a la oposición de los EE.UU.,  los primeros pasos por parte de la Asamblea de Parlamentarios del Consejo de Europa y del Parlamento Europeo.

     A modo de conclusión, las filtraciones de Snowden han obligado a muchos gobiernos a estimar el valor estratégico del ciberespacio, el cual ha pasado de ser un bien común y abierto, a un lugar donde se puede, ahora, obtener información y ejercer poder. El control del ciberespacio y, por supuesto, del espionaje masivo, marcarán este comienzo del s. XXI y, con ello, nuestra libertad individual y, también, nuestra seguridad colectiva. Todo dependerá de los criterios e intereses que primen  en la conquista y control de esta última frontera que es el ciberespacio. Para ello, deberemos tener presente, como dijo Benjamín Franklin, que “quien esté dispuesto a renunciar a la libertad en aras a la seguridad, no merece ni la una ni la otra”. Ese será el reto para que  nuestra democracia no quede secuestrada por la tecnología impulsada por, como hace la NSA, por medio de ningún Gran Hermano que nos vigile…y nos controle.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 28 julio 2014)