Kyriathadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

Cuando el pasado 24 de octubre tuvo lugar un homenaje para el reconocimiento y reingreso en el PSOE de Juan Negrín López y 35 militantes socialistas que, como él, fueron expulsados del partido en 1946, se reparaba, finalmente, una profunda injusticia para con aquel brillante científico, para con quien fue Presidente del Gobierno de la República y que simbolizó la dignidad y el espíritu de resistencia republicana contra el fascismo durante los años más duros de nuestra trágica Guerra civil.

Sobre la recuperación de la memoria del Presidente Negrín, aquel médico socialista que soñó con una España democrática y social, habían pesado un cúmulo de tendenciosas acusaciones y perversas calumnias. De hecho, contra la memoria histórica de Negrin convergieron, en extraña alianza, no sólo los apologistas de la dictadura franquista, sino también del sector del PSOE afín a Indalecio Prieto en un intento de ajustar cuentas y responsabilidades tras la amarga derrota de la legalidad republicana ante el fascismo en 1939. A ellos habría que añadir los que, en plena Guerra Fría, acusaron a Negrín de “procomunista”, (los “prietistas”, entre ellos) en un momento y en un contexto en el cual tal calificativo era sinónimo de anatema político. Todas estas circunstancias ennegrecieron, hasta fechas bien recientes, la figura y la memoria de Negrín, haciendo que una penumbra intencionada oscureciese su trayectoria política.

Desde las filas de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE hacía años que reivindicábamos la memoria de Negrín, y, en el 37º Congreso del PSOE (julio 2008) apoyamos una propuesta de resolución (que fue aprobada) en la que se pedía su rehabilitación política y el reingreso (a título póstumo) en el PSOE de Negrín y sus compañeros del sector “negrinista” entre ellos, Ramón González Peña (que fue presidente del PSOE y secretario general de UGT entre 1938-1944), Ramón Lamoneda (secretario general del PSOE durante la Guerra civil) y otros destacados militantes como Julio Álvarez del Vayo, Ángel Galarza, Julia Álvarez, Amaro del Rosal o el escritor Max Aub.

Sin embargo, ha sido la labor de historiadores como Ricardo Miralles o Ángel Viñas quienes, desde el rigor metodológico, han logrado dignificar la figura de Negrín, despojándola de acusaciones y mitos descalificadores carentes de toda veracidad histórica divulgados por sus enemigos políticos. Es por ello que, en estas fechas, resulta de especial interés la lectura del  libro de Ángel Viñas titulado El honor de la República. Entre el acoso fascista, la hostilidad británica y la política de Stalin (Barcelona, Crítica, 2008) en el que se analiza la gestión del Gobierno Negrín (mayo 1937-marzo 1939) y se aclaran diversas controversias y mitos en torno al político socialista. Para ello, Viñas recurre a un estudio exhaustivo de las fuentes documentales, muchas de ellas inéditas, como es el caso de los archivos soviéticos. De este modo, logra desmontar diversos bulos divulgados por los historiadores franquistas y, también, por los seguidores del revisionismo histórico actual.

Varios son los falsos mitos que se derrumban a partir del excelente trabajo de Viñas. En primer lugar, la acusación de que Negrín fue un títere  de la URSS con miras a implantar en España una dictadura comunista, lo cual, en base a la documentación ofrecida por los archivos soviéticos, se demuestra que es una “mera calumnia”. Es cierto que Negrín estimaba a los comunistas por su disciplina, organización  y tenacidad en la lucha contra el fascismo, pero también lo es que no estaba dispuesto a verse dirigido por ellos. Viñas recalca como, en diversas ocasiones, Negrín y el PSOE se opusieron con éxito a los designios del todopoderoso Stalin en relación a cuestiones que afectaban a cuestiones políticas y militares. Por otra parte, la dependencia de la República de la URSS se hizo vital debido al abandono en que la dejaron las democracias (Francia y Gran Bretaña). Pese a ello, la política diplomática de Negrín buscó hasta el final el apoyo de las democracias occidentales (también de los EE.UU.), lo cual descuadra la interpretación que de él hicieron los propagandistas profranquistas y los que Viñas define como “guerreros de la Guerra Fría”. De este modo, se ofrece una descalificación contundente de las maliciosas afirmaciones de Vidal sobre la supuesta existencia de un pacto Negrín-Stalin, definiendo a este polémico historiador como “asiduo practicante” de lo que Reig Tapia calificaba como “historietografía”, propia de los seguidores del revisionismo histórico de corte conservador cuando no neofascista.

También desmonta Viñas la acusación de que Negrín prolongó innecesariamente la guerra, para lo cual hace un sereno análisis de la estrategia de resistencia negrinista. Tras definir a Negrín como el único dirigente del Frente Popular que “no se hundió en la adversidad”, y que como ministro de Defensa Nacional reorganizó el Ejército Popular, destaca Viñas la faceta de un Negrín empeñado en mantener la resistencia, pese a los reveses militares, como forma de salvar, a la larga, el mayor número posible de vidas republicanas. Intuía, como sí fue, que, tras la derrota, se desencadenaría una represión implacable contra los vencidos, forma mediante la cual, Franco pretendía “romper de una vez para siempre, la espina dorsal de la izquierda española” (p. 544). Pero, ante el empuje de las armas franquistas, de nada sirvieron los esfuerzos republicanos de resistir, como confiaba Negrín, hasta enlazar con un inminente conflicto europeo o inducir a Franco a negociar en condiciones que no fueran la capitulación total y absoluta.

La guerra estaba perdida y el golpe de Casado (5 marzo 1939) fue la puntilla definitiva a la política de resistencia antifascista de Negrín. Franco, que tenía al alcance de la mano la victoria militar, consideró “inaceptables” las condiciones de Negrín planteadas en la última reunión que celebraron las Cortes republicanas en territorio español (castillo de Figueras, 1 febrero 1939) para una posible mediación tendente a la paz: garantías para la independencia de España (y retirada fuerzas extranjeras), garantías de que el pueblo español pudiera decidir libremente su destino en un plebiscito y, sobre todo, garantías de que no se ejercería ningún tipo de represalias ni persecuciones sobre los republicanos.

De forma premonitoria, en un telegrama que envió Negrín al presidente norteamericano Roosevelt el 6 de enero de 1939, advertía a éste de las consecuencias de la derrota republicana:

“El resultado de la lucha en España decidirá lo que ha de ser Europa y marcará el rumbo del mundo por venir. La historia será inexorable con aquellos hombres de Estado que hayan cerrado sus ojos a la evidencia y con los que por indecisión hayan dejado poner en riesgo los principios de tolerancia, convivencia, libertad y sana moral que inspiran la Democracia […] Si pereciésemos, habríamos al menos cumplido como colectividad nacional nuestra misión histórica y como individuos con el mandato de nuestra conciencia”.

Lo que sucedió tras la derrota es de todos conocido: no se equivocó Negrín en su intuición sobre el futuro que esperaba a los vencidos. Las responsabilidades de la derrota se cargaron sobre las espaldas y la memoria del Presidente Negrín, quien se había negado a rendir las armas mientras quedase una parte del territorio español leal a la República.

Tras tantos años de olvidos, los mitos se derrumban y las controversias se aclaran. Hoy, al igual que señalaba Carmen Negrín, la nieta del político socialista canario, sentimos una profunda alegría porque  “no haya desaparecido la historia” de su abuelo. Y es que, tras un largo y difícil recorrido, al reingresar Negrín en el PSOE, se ha recuperado con la dignidad que siempre mereció, una parte de la memoria histórica socialista, aquella que, frente al embate del fascismo, defendió con honor Juan Negrín López.

(Diario de Teruel, 17 noviembre 2009)

Sumidos como estamos en una profunda crisis económica, el Gobierno ha planteado la necesidad de subir los impuestos a los perceptores de determinados tramos de renta como medida para hacer frente a los gastos sociales derivados de la citada crisis.

Esta medida, de elemental justicia social, ha sido, como era de esperar, atacada por la derecha política y económica, incapaz de asumir con hechos, y no con palabras, la defensa de los desfavorecidos, de los sectores que se hallan más vulnerables a los embates de la adversa coyuntura económica que atravesamos, una crisis cíclica del capitalismo cuyos efectos comprobamos día a día.

No es casualidad que el subconsciente de la derecha asuma como propias las ideas del economista  Friedrich von Hayek (1899-1992), uno de los grandes teóricos del conservadurismo moderno, padre del neoliberalismo  y fundador, por ello, de la Mont Pèlerin Society (1947). Hayek, contrario a cualquier intervención del Estado en la economía (desde la planificación estatal comunista hasta la progresividad fiscal socialdemócrata), sacralizaba las supuestas “virtudes” del neoliberalismo (como eran el libre mercado y la libertad de contratación  y despido), consideraba que el neoliberalismo debía de eliminar “ciertos instintos naturales”  como era el caso de la solidaridad y las políticas sociales a favor de los desfavorecidos a los cuales dejaba abandonados a su suerte. Por ello, la derecha política se encrespa cuando, desde posiciones socialistas, se plantea el aumento del gasto social, la subida de los impuestos directos y la regulación de los mercados económico-financieros como instrumentos para paliar las consecuencias negativas de la crisis sobre los sectores sociales más desprotegidos e indefensos.

Frente a las  posiciones insolidarias de la derecha en la que se enrocan los fervorosos seguidores del neoliberalismo, el camino debe ser bien distinto y debe pasar por la aplicación efectiva de políticas valientes de marcado signo social y, por ello, la profundización en la progresividad fiscal resulta esencial. En este sentido, el ejemplo que la socialdemocracia sueca nos ofrece puede ser de interés.

El Partido Socialdemócrata Sueco (SAP), fundado en 1889, entró por vez primera en el gobierno en el año 1932, cuando los efectos de la crisis económica de 1929 se hacían sentir con toda su crudeza en buena parte del mundo capitalista. Pese a ello, realizó una buena gestión en tan adversa coyuntura y su política social hizo que se estableciesen en Suecia por vez primera las pensiones de vejez, los subsidios para los alquileres o las vacaciones pagadas para los obreros. En consecuencia, en 1936, mientras en España empezaba la sangría de la guerra civil, en Suecia el SAP lograba en las elecciones la mayoría absoluta (45,9 %) y se iniciaban entonces varias décadas de gobiernos socialdemócratas en el país nórdico, fruto de los cuales se consolidó una sociedad de bienestar avanzada, progresista, regida por valores de justicia social y solidaridad internacional, todo un modelo para multitud de partidos y militantes socialistas.

El modelo social sueco surgió de un amplio acuerdo de concertación social conocido como la Convención de Saltsjöbaden (20 diciembre 1938),  sobre el cual se cimentó la llamada “paz social continua” con objeto de impulsar de forma permanente el desarrollo económico industrial y la calidad de vida de los trabajadores, cuyos resultados han sido, a lo largo de los años, excelentes. Había surgido así la sociedad mixta sueca, en la cual  la economía de mercado y la intervención de la política socialdemócrata en la economía se repartían las tareas. De este modo, el SAP aceptaba a las empresas privadas como elemento esencial de la producción (aunque debían de pagar un impuesto sobre los beneficios del orden del 50 %) y el Estado, liderado por las políticas del SAP, asumía el deber de contribuir a la regulación de las actividades económicas asegurando el pleno empleo, las inversiones en regiones desfavorecidas, el apoyo a industrias en dificultades, la reestructuración del sector industrial y el desarrollo de una legislación laboral avanzada y progresista. Frente a las posiciones de la derecha clásica y del actual neoliberalismo, el SAP mantuvo una política económica coherente: el presupuesto estatal debía tener excedentes en períodos de prosperidad pero, también, se debía asumir con total naturalidad el que existiese un déficit en tiempos de recesión: el modelo socialdemócrata debe endeudarse en tiempos de crisis para hacer frente a sus compromisos sociales y para ser un motor de reactivación económica, idea puesta en práctica por los socialistas suecos desde los años 30 del pasado siglo, la misma que ahora defiende el Presidente Zapatero.

Una pieza clave del modelo socialdemócrata sueco ha sido siempre la progresividad fiscal como elemento redistributivo de la riqueza. De hecho, el SAP, desde su fundación, siempre defendió la supresión de los impuestos indirectos y la sustitución de éstos por una tributación directa y progresiva que gravase tanto las rentas como las grandes fortunas. De hecho, tras un período en el cual el SAP optó por una política de nacionalizaciones (1944-1947), se retomó con fuerza desde el gobierno esta idea, pues era esencial que las riquezas generadas por la economía capitalista, fuesen repartidas de la forma más equitativa posible mediante la progresividad fiscal impulsada por la socialdemocracia y la llamada “política salarial solidaria” que suponía la completa igualdad de salarios entre hombres y mujeres (en vigor desde 1960) y la gradual reducción de las diferencias entre los sueldos altos y bajos de los trabajadores suecos.

Por todo lo dicho, el defender la progresividad fiscal en la política española supone no sólo un acto de justicia social sino, también, reafirmar una seña de identidad esencial del modelo económico socialdemócrata, artífice del Estado de Bienestar en los países más avanzados del mundo occidental. La realidad de los hechos y la coyuntura económica actual da las razón a las posiciones que siempre ha defendido la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE: conviene recordar que, en el pasado 37º Congreso Federal del PSOE (julio 2008),  Izquierda Socialista se opuso con sus enmiendas a la supresión del impuesto del Patrimonio y defendió una fiscalidad más potente, progresiva y solidaria que, además de garantizar el sostenimiento  de las prestaciones sociales y de los servicios públicos, tuviese la función redistributiva propia de una sociedad progresista y avanzada como la que defendemos. 

Ahora que el Gobierno del Presidente Zapatero orienta su proa hacia una mayor progresividad fiscal, cuando la derecha se indigna por ello y muestra su rostro más insolidario, es cuando con mayor firmeza hay que apoyar, desde posiciones progresistas, la subida de los impuestos directos  basada en los principios de justicia y solidaridad.

Para finalizar, quiero recordar unas palabras del gran estadista que fue Olof Palme, dirigente carismático de la socialdemocracia sueca, el cual señalaba los objetivos que deben orientar la política económica de los partidos socialistas y que son: “garantizar el crecimiento al mismo tiempo que mantenemos el empleo, defendemos las conquistas sociales, profundizamos la democracia económica y defendemos nuestro medio ambiente”. Estas son las ideas que debe defender con firmeza el socialismo como respuesta, no sólo a la crisis global, sino, también, como alternativa a las ideas neoliberales y a ese capitalismo voraz e insaciable que nos acosan, para que la socialdemocracia del   s. XXI pueda seguir construyendo un mundo más justo y solidario.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 12 septiembre 2009 ; La Comarca, 15 septiembre 2009)

Un año más, nos hallamos aquí para honrar a todos los que dieron su vida por la defensa de la libertad, de la República y del Socialismo. Nunca los debemos olvidar porque, como me dijo hace años un anciano en las ruinas del pueblo viejo de Belchite, “si los olvidamos, es como si los hubieran matado dos veces”.

Por eso es tan importante mantener y reivindicar la memoria, la memoria histórica de los valores republicanos y socialistas, aquellos valores por los que lucharon y lo dieron todo, también su vida, los compañeros que aquí reposan. La memoria es un acto de justicia que repara tiempos de olvido y desprecio para con las víctimas de la dictadura; es un deber ético que forma parte del espíritu de todo ciudadano en una sociedad libre: por eso es tan importante transmitir estos valores a las jóvenes generaciones.

El pasado fin de semana, Ángel Lacueva y yo asistimos en la localidad francesa de Oloron, a una serie de actos en recuerdo y homenaje a los republicanos exiliados en la región del Béarn  con motivo del 70º aniversario del final de la guerra civil y de la apertura del campo de concentración de Gurs, por el que pasaron 32.295 de nuestros compatriotas. Conversamos largamente con Emilio Vallés, vicepresidente de Amical du Camp de Gurs, un republicano exiliado que nació en Alcañiz en 1936 y que es un activo militante del Partido Socialista francés. Recordando su trayectoria vital y la de su familia, refugiados en Francia desde 1939, pienso en las otras víctimas, a veces olvidadas de la tragedia que la guerra y la posterior dictadura supuso para todos los españoles leales a la República.

Siempre hablamos de las víctimas y las distinguimos de los supervivientes y, sinceramente, pienso que es una distinción inadecuada puesto que todos fueron víctimas del fascismo: las víctimas mortales, los miles de asesinados en multitud de prisiones, cementerios y en los centenares de fosas comunes que todavía salpican la geografía española y también, las víctimas supervivientes, los que perdieron familiares, los que se vieron obligados a abandonar su país y unirse a la dramática sangría del exilio, los que perdieron sus empleos como los miles de maestros republicanos que fueron expulsados de la docencia por la dictadura, los miles de ciudadanos anónimos que fueron constantemente humillados y despreciados, día a día, por la prepotencia de un régimen que aplastó a todos los que fueron leales a la República, que desoyó la petición de “paz, piedad y perdón” del Presidente Manuel Azaña, aquella dictadura que nunca quiso la reconciliación entre los españoles. Emilio Vallés nos lo decía muy claramente: los republicanos que se exiliaron, perdieron la patria y ganaron la libertad; los republicanos que sobrevivieron en España bajo la bota de la dictadura, se mantuvieron en su patria, pero perdieron la libertad. Unos y otros, todos perdieron, todos perdimos.

Por eso, hoy, 1º de Mayo de 2009, no sólo reivindicamos el valor cívico y democrático de la memoria histórica sino que, como trabajadores, en momentos de una crisis económica global, estamos más convencidos que nunca de que el futuro se construye desde los ideales del socialismo, desde la solidaridad, para construir una sociedad más justa en la que todo ser humano, sin exclusiones,  tenga cabida, tenga las mismas posibilidades. Ese era el espíritu del artículo 1º de la Constitución de la II República que decía: “España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia”.

En nuestra cada vez más multicultural sociedad española, el socialismo tiene que seguir defendiendo a los más desfavorecidos, a los sectores sociales más débiles y, por supuesto, a los inmigrantes, para que puedan construir una vida mejor para ellos y para sus hijos en una España solidaria, al igual que los republicanos españoles del exilio pudieron rehacer sus vidas en los países que les acogieron hace ahora setenta años.

Defendamos con convicción los valores republicanos de la libertad, igualdad y fraternidad, hoy más necesarios que nunca ahora que la crisis global parece fomentar la insolidaridad, la xenofobia y el racismo amenazas que debemos combatir con firmeza como socialistas.

Por todo ello, hoy, 1º de Mayo, no sólo honramos a las víctimas, a las mortales y a los supervivientes, de la causa republicana y del Socialismo, sino que también reafirmamos nuestro orgullo de pertenecer a la clase trabajadora, la que con su esfuerzo y sacrificio, ha empujado la historia hacia delante, destruyendo opresiones y privilegios clasistas, siempre en defensa del permanente ideal de construir una sociedad más justa e igualitaria, para hacer posible, algún día,  el ideal socialista de que el mundo sea la patria de la humanidad redimida de todo tipo de injusticias y opresiones.

¡Viva el Primero de Mayo!

¡Viva la clase trabajadora!

¡Viva la libertad!

     El pasado 4 de febrero visitó Zaragoza el prestigioso politólogo francés Sami Naïr, una de las voces más destacadas del pensamiento progresista en Europa. Entrevistado por El Periódico de Aragón, realizó unas interesantes declaraciones en torna a la actual crisis global que estamos padeciendo. Según Naïr, el hecho de que, ante una crisis a escala mundial que cada vez alcanza una magnitud más preocupante, no sólo en cuanto a sus consecuencias económicas, sino en lo relativo a los efectos sociales que de ella se puedan derivar, se constata que, fracasado el neoliberalismo, la izquierda política y social todavía no ha articulado una alternativa y unas acciones coordinadas para hacerle frente. Y es que, como señalaba Naïr, "el problema es el sistema" y…"los bancos no cambian el sistema", razón por lo cual rechazaba los "planes de rescate" y consideraba la opción de nacionalizar la banca.

     Según Naïr, no hay otro camino que cambiar el sistema y, para ello, la movilización social resulta fundamental. Víctimas como somos de los desmanes del capitalismo financiero, la salida de la crisis global pasa por la movilización ciudadana, el impulso de políticas de Estado cimentadas en el entendimiento y la ausencia de intereses partidistas entre los distintos gobiernos y sus respectivos partidos de oposición. La movilización ciudadana debe de servir para abrir paso a otro modelo económico alternativo al ultraliberalismo, lo cual supone tanto como reorganizar el sistema económico internacional, modificar el sistema financiero acabando con su desregulación y opacidad, y rechazar los mitos de la "productividad" y el "consumismo" que sólo sirven para aumentar las desigualdades sociales y para poner el riesgo el futuro medioambiental de nuestro planeta.

     Enlazando con estas reflexiones de Naïr, resulta oportuno traer a colación las movilizaciones sociales ocurridas días atrás en Francia y que desembocaron en la huelga general del pasado 29 de enero contra la política económica del gobierno derechista de Nicolas Sarkozy que ha optado por apoyar sin medida a la industria y a la banca gala en la misma medida en que pretende desmantelar las políticas sociales de empleo, servicios públicos y protección social, tema este especialmente sensible en tiempos de crisis para los trabajadores y los sectores más desfavorecidos de la sociedad francesa.

     Interesante resulta por ello la lectura del manifiesto del Partido Socialista (PS) francés en el que, bajo el título de "Francia nunca ha sido tan rica y la riqueza tan mal repartida", denuncia el que Sarkozy haya entregado 360.000 millones de euros "para que los banqueros continúen jugando a la economía casino". Es por ello, que el PS denuncia las consecuencias de las políticas neoliberales que han supuesto un incremento de las desigualdades en Francia: el salario medio de los 50 mayores empresarios es 310 veces superior al SMIC (Salaire minimum interprofessionnel de croissance), el 10 % de la población posee el 50 % del patrimonio, existen 7 millones de trabajadores que cobran menos de 900 € /mes, hay 4 millones de parados, cifra que se incrementa en 60.000 personas más cada mes y, mientras las rentas de los más ricos siguen aumentando, el SMIC está congelado y corre el riesgo de ser suprimido por las políticas antisociales de Sarkozy.

     En consecuencia, los militantes socialistas franceses proponen a la ciudadanía un "programa de urgencia" articulado en cuatro puntos básicos:

1.- una política democrática de redistribución de la riqueza y una fiscalidad más justa con medidas tales como limitar los dividendos de los accionistas, instaurar una fiscalidad "fuertemente progresiva", armonización fiscal al alza en un marco de una Europa Social reforzada, reducir el IVA, aumentar las ayudas oficiales a la vivienda, congelación de los alquileres y fomentar la Banca Pública, aunque no se alude a la nacionalización de la misma.

2.- recuperación del valor adquisitivo de los salarios (SMIC bruto de 1.600 €, ayudas inmediatas de 500 € a los beneficiarios a ayudas mínimas sociales, subida a 1.200 € de las ayudas mínimas sociales por indemnizaciones por paro, salarios a tiempo parcial y jubilaciones, cláusulas de revisión salarial automática con arreglo al incremento de los precios).

3.- Creación de empleo mediante la reducción del tiempo de trabajo (mantenimiento jornada laboral 35 horas semanales, jubilación a los 60 años con plenos derechos, reducir el número de horas extras autorizadas a cada trabajador, garantizar el descanso semanal de 2 días, restaurar el control administrativo sobre los despidos, mantenimiento de los derechos sindicales y duplicar los efectivos de la Inspección de Trabajo).

4.- Reconstrucción y fortalecimiento de los servicios públicos a escala nacional y europea. En la defensa de la Europa Social, los servicios públicos (educación, sanidad, protección social) resultan básicos. Por ello, los socialistas franceses piden, además del fortalecimiento del sector público estatal y el fin de la reducción de empleos en el mismo, la creación de nuevos derechos sociales como el de un subsidio de autonomía para jóvenes en formación (estudiantes).

     Estos objetivos, y eso es lo importante, pretenden dar "una respuesta política a las exigencias sociales" en tiempos de crisis por lo que se retoma el viejo ideal, hoy revitalizado, de la "Unidad de la izquierda para redistribuir la riqueza". Por todo ello, el PS plantea con valentía el que "la izquierda unida debe proponer un programa de urgencia social" en defensa de las rentas del trabajo que haga frente a la economía especulativa neoliberal. Comparados con los 360.000 millones de euros "regalados a los banqueros", a los que habría que sumar otros 72.000 millones de euros en exenciones fiscales recientemente aprobadas, las medidas propuestas por la izquierda, de profundo contenido social, tendrían un coste estimado de 23.700 millones de euros.

     Si esto ocurre en Francia, con un Gobierno conservador como el de Sarkozy, en el caso español, el Presidente Zapatero ha dejado claro, desde el primer momento, que en tiempos de crisis como los actuales, la defensa de las políticas de protección social, especialmente en caso de desempleo, resultan todavía más prioritarias que nunca para los que defendemos ideas socialdemócratas. El papel del Estado como factor de dinamización de la economía, como garante de las prestaciones sociales y defensor de los servicios públicos, resulta fundamental para remontar la crisis global actual. Sólo dos matizaciones: si en conjunto la respuesta de Zapatero ante la crisis económica resulta razonable, todavía más lo sería si mantuviese una postura más exigente ante la patronal bancaria española la cual, a fecha de hoy, ha recibido 150.000 euros en forma de avales del Gobierno y que, sin embargo, tan reticentes se muestran a la hora de conceder créditos a las familias y a las empresas. Ese dinero, que procede de nuestros impuestos, no debe tener por objeto garantizar los beneficios de una banca siempre insaciable, sino el de dinamizar la economía, tema éste ante el cual la patronal bancaria tiene una responsabilidad moral y social indudable.

     Y hablando de impuestos, es el momento de retomar con fuerza en España el principio de la progresividad fiscal, eje central de las políticas económicas socialdemócratas. Por ello, se debería de mantener y potenciar el Impuesto sobre el Patrimonio, tal y como defendió (en solitario) la Corriente Izquierda Socialista en el pasado 37 Congreso Federal del PSOE. Porque un Estado progresista y socialmente avanzado debe, ante todo, evitar que los costes sociales generados por la actual crisis global los sufran los trabajadores en caso de ver reducidos sus empleos y niveles de renta y los sectores y colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad y, para ello, el factor redistribuidor de una fiscalidad "fuertemente progresiva", como señala el PS, resulta determinante. Es una cuestión de elemental justicia social.

José Ramón Villanueva Herrero

Militante de la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE.

(La Comarca, 13 febrero 2009 ; Diario de Teruel, 22 febrero 2009)

        El pasado 14 de marzo se cumplieron 125 años de la muerte de Karl Marx (1818-1883). La importancia de la figura de Marx es fundamental en el desarrollo de  la historia contemporánea puesto que del tronco común del pensamiento marxista se fueron derivando a lo largo del tiempo diversas formulaciones teóricas y prácticas políticas que irían desde la más estricta ortodoxia comunista hasta los modelos reformistas de la socialdemocracia.

        El modelo socialdemócrata, influido por las ideas de Eduard Bernstein (1850-1932),  recogidas en su obra Los principios del Socialismo y las tareas de la Socialdemocracia (1899), defiende, frente a los cambios violentos, bruscos y revolucionarios, la necesidad de que el socialismo avance por el camino de lograr reformas parciales e inmediatas por medio de la actividad política democrática. Es por ello que el revisionismo marxista de Bernstein, referente ideológico de la moderna socialdemocracia, considera esencial la aceptación de la democracia como medio y como fin de la política socialista. De este modo, a diferencia de lo propugnado por las teorías comunistas, la socialdemocracia renuncia a la violencia insurreccional, rechaza la dictadura del proletariado (que Bernstein definía como "atavismo político") y circunscribe la lucha política al marco de la democracia entendiendo por tal una pedagogía de la convivencia, la renuncia a las prácticas violentas, la necesidad de la búsqueda de acuerdos entre los grupos políticos y el respeto debido al diferente.

        La socialdemocracia rompió así desde finales del s. XIX con la idea de que el socialismo sólo sería posible mediante la implantación violenta (revolucionaria) de una dictadura que centralizase el poder en la vanguardia del proletariado. Frente a ello, la socialdemocracia afirma que todo proceso de cambio debe de tener una esencia absolutamente democrática así como que debe de llevarse a cabo paralelamente una descentralización federal del poder político, acompañado de un fortalecimiento de los poderes locales (municipios). Consecuentemente, frente a los dogmatismos totalitarios soviéticos y el auge de los fascismos en el primer tercio del s. XX, la socialdemocracia defendía una política que, desde la legalidad democrática, impulsase reformas concretas sobre las que cimentar el cambio social. Esto es precisamente lo que hizo a partir de 1936 el Partido Socialdemócrata Sueco (SSA) lo cual permitió que este país nórdico, hasta entonces uno de los más pobres de Europa, se transformase en uno de los más prósperos, cimentase de forma sólida lo que hemos dado en llamar el Estado de Bienestar... y todo ello sin asaltar ningún "Palacio de Invierno".

        Mientras este proceso se iniciaba en Suecia, en el resto de Europa, sumida en la tragedia de la II Guerra Mundial, fue preciso que acabase esta sangrienta contienda para, una vez derrotadas las potencias fascistas, establecer lo que ha dado en llamarse el "pacto socialdemócrata". Dicho pacto, decisivo para el desarrollo europeo, supuso la aceptación de cuatro ideas básicas: fomento del pleno empleo estable; economía mixta en la cual coexisten un sector público empresarial compatible con el libre mercado; consolidación del Estado de Bienestar, concepto socialdemócrata basado en una amplia red de servicios públicos estatales (educación, sanidad y sistema de pensiones) y, también, una fiscalidad progresiva basada en la primacía de los impuestos directos.

        El modelo socialdemócrata de desarrollo, eje central de política de los países más avanzados del mundo del cual los países nórdicos son un claro ejemplo, empezó a ser cuestionado por el neoliberalismo como consecuencia de las crisis de la década de 1980 y el fenómeno de la globalización. Fueron los años en que algunos países privatizaron sus sectores públicos empresariales, se desregularon las relaciones laborales y la flexibilización de éstas acabaron con el ideal del pleno empleo estable. Y sin embargo, tras la caída del muro de Berlín en 1989 y el fracaso estrepitoso de los regímenes comunistas de Europa del Este, ha quedado de manifiesto que el reformismo socialdemócrata es el único referente ideológico y político capaz de mantener viva la utopía de la transformación progresiva de la sociedad con criterios de justicia, libertad e igualdad. Por ello, la socialdemocracia se ha convertido en el bastión que, desde la defensa del Estado de Bienestar solidario por ella creado, debe hacer frente a la galopante globalización neoliberal carente de valores, que reemplaza al ciudadano por el mero consumidor, exclusivamente interesada en convertir a la Humanidad en un mercado global al servicio de los intereses de un capitalismo siempre insaciable

        La socialdemocracia del siglo XXI tiene que dar un nuevo impulso a los principios y a las políticas reformistas que, de forma gradual supongan mejoras esenciales en las condiciones de vida de los sectores sociales más desfavorecidos, idea ésta que destacó Zapatero en la noche del 9 de marzo tras la victoria electoral socialista: "Gobernaré para todos, pero pensando antes que nadie en los que no tienen de todo". La política socialdemócrata, de la cual España se ha convertido en un referente internacional, viene avalada por la importante gestión desarrollada por Zapatero en la pasada legislatura: ampliación de derechos y libertades a diversos colectivos ciudadanos, diálogo social fluido y eficaz con empresarios y sindicatos, consolidación del Estado de Bienestar con la Ley de Dependencia, y una política internacional basada en el diálogo entre civilizaciones, la paz y la cooperación solidaria.

        El modelo socialdemócrata español, heredero del gradualismo propio del pensamiento de Pablo Iglesias, ha demostrado su vigencia y eficacia, ha reafirmado los valores esenciales del socialismo para, mediante el paciente trabajo diario, seguir caminando hacia la utopía, hacia la transformación de nuestra realidad social, para construir un mundo más libre, justo y solidario, para que éste sea algún día la patria común de la Humanidad emancipada. En estos tiempos en que la globalización neoliberal y los conflictos entre civilizaciones generan incertidumbres y riesgos, el modelo socialdemócrata es la alternativa creíble y práctica para construir un modelo social y de desarrollo más justo en un mundo más habitable. Ciertamente, como afirmaba Nicolás Redondo, "para cambiar el mundo es absolutamente necesario el socialismo". Toda una verdad, todo un reto de futuro.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 23 marzo 2008)