MEMORIA, DIGNIDAD Y JUSTICIA

     La Ley de la Memoria Histórica (LMH), aprobada el pasado 31 de octubre, ha estado envuelta en la polémica desde el primer momento, desde que fue planteada por el Gobierno del presidente Zapatero. La derecha se ha opuesto a ella con el manido argumento de que “reabría las heridas” de nuestro trágico pasado colectivo, un pasado sobre el cual siempre ha pretendido que se mantuviese una espesa bruma, una amnesia colectiva, cuando no un silencio cómplice sobre lo que supuso el aspecto más cruel de la dictadura franquista cual fue la represión sobre los vendidos, sobre la España leal a la República. En cambio, otros sectores, como ERC o las 70 organizaciones de víctimas del franquismo, no han dudado en calificar a la LMH de “ley aberrante”, dadas sus lagunas y deficiencias. Para ello se apoyan en varias razones: se ignoran las resoluciones 32, 39 y 95 de la ONU condenatorias del franquismo; se incumple el derecho internacional sobre crímenes contra la humanidad; impulsa la realización de exhumaciones ilegales sin garantías jurídicas (esto es, sin la presencia de un juez); no alude a la cuestión de los bienes incautados a ciudadanos republicanos y, sobre todo, no resuelve ninguno de los problemas jurídicos demandados por las víctimas, en especial la no declaración de nulidad de los juicios y ejecuciones sumarias, sin olvidar tampoco el que, de hecho, se mantiene la impunidad para los victimarios, para los responsables de los crímenes del franquismo.

     Siendo todo ello cierto, considero que la LMH que, en su día planteó con valentía el Presidente Zapatero, no ha cubierto las expectativas que en un primer momento suscitó entre las asociaciones de víctimas. Su texto tiene un perfil político de nulas consecuencias jurídicas que ha decepcionado a diversos sectores y colectivos, entre los cuales me incluyo. En mi opinión, se trata de una ley incompleta e imperfecta, y, pese a ello, resulta necesaria en la medida que permite avances en la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Algo similar ocurrió con la aprobación de la Constitución de 1978 que, pese a sus deficiencias, ha permitido la consolidación democrática y la modernización de España. Sin duda, no se trata de la mejor Ley de la Memoria posible, pero tal vez sea la ley posible en el momento actual. Y es que se ha intentado con un texto de menor calado político no crispar a la derecha más de lo que ya estaba, lo cual explica las deficiencias y carencias de esta ley. Y sin embargo, esto no ha servido de nada dado que la derecha ha seguido con su táctica política bronca y dura en la que lleva instalada desde que perdió el poder en el 2004.

     Dicho todo esto, quisiera comentar un aspecto concreto de la LMH cual es la supresión de los símbolos franquistas. Este tema, al que se alude en el art. 15, insta a las administraciones públicas a que deberán hacer desaparecer de los edificios y espacios públicos “los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Esta medida, que ya había sido acordada en la pasada legislatura por las Cortes de Aragón el 12 de febrero de 2004, ha permitido el que diversas localidades turolenses hayan suprimido los topónimos franquistas del callejero urbano. Sin embargo, siguen quedando algunos nombres de nefasta memoria como el Colegio Público “Emilio Díaz” de Alcañiz, o la Residencia Juvenil “Rosa Bríos” de Albarracín que honra a una falangista alcañizana asesinada durante la Guerra Civil, o en la capital turolense el Colegio “Juan Espinal” o el I.E.S. “José Ibáñez Martín” aunque, en este caso, se ha iniciado el deseable proceso de su cambio de nombre para adecuarlo a la legalidad constitucional. Igualmente, considero inadecuada la denominación del Hospital “Obispo Polanco” por la instrumentalización ideológica que, de la figura del obispo mártir asesinado en trágicas circunstancias, hizo el régimen franquista.

     En cuanto a los edificios privados, y de forma muy especial a las iglesias, el art. 15 de la LMH, que fue una iniciativa del PNV, un partido de ideología demócrata-cristiana por cierto, insta a que se supriman las lápidas alusivas a los “caídos por Dios y por España” advirtiendo que, en caso de no hacerlo, estos edificios religiosos dejarían de recibir subvenciones públicas. No obstante, negociaciones parlamentarias de última hora atemperaron esta medida de presión hasta el punto de aprobarse una enmienda transaccional pactada entre el PSOE y CiU mediante la cual la supresión de símbolos y lápidas en edificios privados “no serán de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados”, lo cual parece lógico pero, también, y he aquí la cesión del PSOE para lograr el mayor grado de consenso posible, “cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”. Dicho esto, me resulta muy difícil imaginar qué lápida o inscripción de las existentes en la práctica totalidad de las iglesias de la provincia de Teruel reunirían estas razones para justificar su permanencia: pienso sinceramente que ninguna. Estas lápidas resultan un vestigio flagrante de aquella Iglesia fiel aliada del franquismo, unida con fervor a la “Cruzada salvadora”, que apuntaló al régimen y silenció sus crímenes, de esa Iglesia que olvidó el mensaje evangélico del perdón. Siempre he pensado que el lugar de una lápida en homenaje a los muertos, a todos los muertos, hijos de una localidad concreta, además del cementerio, debería de ser un edificio civil, el atrio o las lonjas de los ayuntamientos, como ocurre en Italia, y no en un templo religioso de una confesión religiosa concreta.

     Por todo lo dicho, mucho queda por hacer: hay que suprimir los símbolos de la dictadura y ver en ello un gesto de elemental salud democrática, tal y como ocurrió en todos los países europeos que sufrieron el embate del fascismo. Pero tan importante como la supresión de símbolos, es el que todos sepamos suprimir los odios, rencores y prejuicios que con excesiva frecuencia nos atenazan. Por ello, pese a sus muchas deficiencias, la LMH nos permite abrir un debate cívico que era inaplazable: el de la memoria, la dignidad y la justicia que merecen las víctimas olvidadas del franquismo. El camino está abierto y hay que empezarlo a caminar, también en nuestras tierras turolenses.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 5 noviembre 2007)