Memoria histórica

EL BOMBARDEO DE GUERNICA Y LAS MENTIRAS FRANQUISTAS

 

     Suele decirse que, en una guerra, la primera víctima es la verdad. Y es cierto: numerosos ejemplos corroboran esta afirmación, pero, una de los más evidentes es el de cómo la propaganda franquista trató el sangriento bombardeo de Guernica por parte de la Legión Cóndor nazi, uno de los más dramáticos “bombardeos del terror” ocurridos durante la Guerra de España de 1936-1939.

 

26 de abril de 1937, un día trágico

 

    Fue Wolfram von Richthofen, el jefe del Estado Mayor de la Legión Cóndor el principal instigador de la táctica de los “bombardeos del terror” sobre poblaciones que no tenían un valor estratégico o militar relevante, pero que convertían a la población civil no combatiente en objetivo de guerra, causando un elevado número de víctimas con objeto de socavar la moral del adversario. Así ocurrió el 26 de abril de 1937, cuando la Legión Cóndor nazi, descargó todo su potencial destructivo sobre la villa foral vasca de Guernica: tras una tarde de bombardeos incesantes mediante bombas explosivas e incendiarias y el posterior ametrallamiento con cazas Stukas sobre la población, la aviación hitleriana, en apoyo de las tropas franquistas que avanzaban en el frente de Vizcaya, dejó un balance de tres centenares de muertos y la destrucción del 70% de los edificios de la población, balance que von Richthofen calificó como “todo un éxito técnico”.

 

La responsabilidad del bombardeo

 

    La devastación ocurrida en Guernica tuvo una amplia difusión y, posteriormente quedaría inmortalizada en la conciencia colectiva mediante el emblemático cuadro de Pablo Picasso como denuncia permanente de semejante crimen.

    Ante la magnitud de lo allí sucedido, la propaganda franquista intentó, desde el primer momento, negar la verdad de los hechos. Tal es así que, al día siguiente, el 27 de abril, Radio Nacional, dirigida entonces por el falangista alcañizano Emilio Díaz Ferrer, acusó a las “radios rojas” de “mentir con vergonzoso cinismo” al imputar el bombardeo a las fuerzas rebeldes, en un momento en que éstas avanzaban hacia Bilbao.

     Lo mismo podemos decir de toda la prensa que se publicaba en la zona franquista, desde los periódicos falangistas hasta los conservadores, pasando por los de orientación católica. Este último caso era el del zaragozano El Noticiero, que tomaremos como ejemplo y que, los días 28 y 30 de abril, publicó diversos artículos, tan tendenciosos como sectarios, en relación con este tema y, todos ellos, con la abierta intención de exculpar a las fuerzas franquistas y a sus aliados nazis alemanes, de la destrucción de Guernica. Así, el 30 de abril, El Noticiero afirmaba sin rubor y, de forma rotunda que, “Guernica ha sido destruida por los rojos al servicio de los separatistas vascos” así como que el incendio de dicha villa había sido “concienzudamente proyectado y realizado el día 27 por los que se disponían a huir”. Aunque asevera que “ningún avión nuestro”, entiéndase franquista, “voló aquel día sobre Vizcaya”, oculta deliberadamente que sí lo hizo la Legión Cóndor que fue la culpable de la devastación ocurrida en Guernica. Pero más aún todavía: el periódico católico zaragozano llegó a exculpar de toda responsabilidad a las fuerzas rebeldes al indicar que se invitó a periodistas extranjeros “que viven y trabajan en nuestra zona”, a que entrasen en Guernica “con las tropas de ocupación para que “hablaran con sus habitantes libremente” y que así comprobaran “el torpe y repugnante embuste de Aguirre”, esto es, del entonces presidente del Gobierno Vasco. Y es que, El Noticiero negará reiteradamente las acusaciones del lendakari José Antonio Aguirre de que había sido “la aviación nacional” la que había destruido Guernica. Es por ello que, el 28 de abril dirá: “Mentira es el incendio de Guernica. Sólo incendian ellos [los republicanos] como ya han demostrado en Irún”.

     Acto seguido, recuerda el periódico que, en el frente vasco, junto a los gudaris del PNV, también luchaban mineros asturianos, a los cuales, trayendo a colación de forma deliberada la pasada revolución de 1934 en Asturias, los acusa de “incendiarios” y, por ello, aprovecha para imputarles, con maldad, la responsabilidad de la destrucción de Guernica, obviando en todo momento la mortífera actuación de la Legión Cóndor nazi. De este modo, El Noticiero, asociando barbarie y sadismo, se atreve a decir que “la horda roja” se “goza” en estos hechos, en un artículo que lleva el inequívoco título de “El incendio de Guernica provocado por los mismos vascos” publicado el día 28 de abril.

    En otro momento, tras aludir a la conquista de la villa vasca por las fuerzas franquistas, señala que “está en poder del Ejército nacional lo que queda de Guernica, la villa que las hordas rojas en contubernio siniestro con los separatistas de Aguirre han convertido en ruinas”. De este modo, se vuelve a aludir a la “alianza diabólica” que, para los rebeldes significaba la unión antifascista del marxismo y el nacionalismo vasco.  Y es que, El Noticiero criticaba con dureza “el haber mezclado a los católicos del País Vasco con esa canalla de asesinos marxistas”. De este modo, el periódico clerical criticó con especial saña el alineamiento del católico PNV con los partidos de izquierdas en su lucha común contra el fascismo levantado en armas contra la República.

     Y, en semejante “alianza diabólica”, el periódico no pierde ocasión de señalar la larga mano de Moscú. Por ello, en repetidas ocasiones, se hace referencia a que la destrucción de Guernica se había producido “siguiendo las instrucciones de Moscú”, por parte de aquellos que “dejan el incendio y la miseria como una estela de locura”.

    Por otra parte, los ataques contra Aguirre serán duros e implacables pues, reiteradamente, y sin ningún fundamento, se le acusa de mentir en torno a la verdadera responsabilidad de los culpables de la destrucción de la villa vasca: “Es inútil que Aguirre mienta una vez más y pretenda atribuir a nuestro Ejército la destrucción de Guernica”. Aguirre, a quien se refieren como “ridículo presidente de la república [en minúscula] de Euzkadi y de los sin Dios”, recibirá toda clase de insultos como “gran criminal”, “vulgar delincuente”, “asesino en pie” o “pequeño miserable” y es que, los rebeldes, y en este caso El Noticiero, no podían aceptar que un político católico como Aguirre, y su partido, el PNV, se hubiera mantenido leal a sus ideales nacionalistas y en apoyo de la República Española acosada por el fascismo. Ciertamente, como señalaba el historiador Alberto Reig Tapia, uno de los “mitos franquistas fundamentales” fue “la falsedad del bombardeo de Guernica y sí su destrucción real a causa del incendio provocado por los rojos en su huida”, falsedades que, como hemos visto, tuvieron una amplia difusión en la prensa de la zona rebelde.

   Por todo lo dicho, el tema del bombardeo y destrucción de Guernica, tal y como lo reflejó la prensa franquista, negó la realidad de los hechos, del crimen cometido por la Legión Cóndor y, en cambio, lo imputó a los “incendiarios rojos”, todo lo cual plagado de mentiras y propaganda sectaria. Y, en el caso de El Noticiero, siendo como era un periódico católico, incumplió, de manera reiterada, el mandato evangélico de “No mentirás”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 29 abril 2024)

 

 

 

 

 

ARÍSTIDES DE SOUSA MENDES

 

    El 3 de abril de 1954, hace ahora 70 años, moría el diplomático portugués Arístides de Sousa Mendes, el cual, durante la II Guerra Mundial y a pesar de que su país fue neutral en la contienda, no fue indiferente al sufrimiento causado por ello y se esforzó por salvar la vida a cuantas personas pudo, a quienes tenían el riesgo de perder la vida ante el fascismo, la mayor parte de ellas, judíos que huían de la barbarie nazi que asolaba Europa.

   Nacido en el seno de una familia aristocrática, católica, conservadora y monárquica, se licenció en Derecho en la Universidad de Coimbra, Posteriormente, en 1910 se incorporó a la carrera diplomática siendo cónsul en Zanzíbar, Brasil y Estados Unidos. Partidario de la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar, en 1928 fue enviado al Consulado de Portugal en la ciudad belga de Amberes, destino en el cual permaneció hasta 1938, fecha en la que pasó a hacerse cargo de la legación lusa en Burdeos. En dicha localidad francesa, asistió al inicio de la II Guerra Mundial, a la derrota de Francia y a la fulgurante ocupación del país galo por las tropas de Hitler. En este contexto, a Burdeos acudieron multitud de refugiados de diversas nacionalidades, entre ellos, miles de judíos, con la esperanza de obtener un visado para Portugal que les permitiera salir de Francia. Pese a que el gobierno de Salazar había prohibido a sus diplomáticos extender visados, Sousa Mendes desobedeció esta orden por motivos religiosos y humanitarios declarando, como señala Tigrane Yegavian, que Sousa, ferviente católico, alegó que “entregaré una visa a toda persona que la necesite, pueda o no pueda pagarla. Actuaré como mi conciencia de cristiano me lo indica. De ahora en adelante emitiré visas para todos. ¡No más nacionalidades, razas o religiones!” ya que, “prefiero estar con Dios contra los hombres que con los hombres contra Dios”.

   Por todas estas razones, Sousa, entre los días 16 y 23 de junio de 1940, fechas que coinciden con la capitulación de Francia, expidió “frenéticamente”, con ayuda de sus hijos, sobrinos y de Jakob Kruger, el rabino de Amberes, miles de permisos de tránsito (algunos datos aluden a una cifra, posiblemente elevada, de 30.000) tanto en Burdeos, como en Bayona, salvando así la vida de muchas personas que, de este modo, evitaron la deportación y su posible muerte en los campos de exterminio nazis. Entre los visados emitidos por Sousa a infinidad de personas anónimas, también lo fueron para otras como Otto de Habsburgo, hijo del último emperador de Austria-Hungría, varios ministros del Gobierno de Bélgica, la familia Rothchild, el cineasta King Vidor y, también, para Salvador y Gala Dalí o para el comunista español Eduardo Neira Laporte.

   La actitud valiente de Sousa, desobedeciendo las órdenes de la dictadura portuguesa recogidas en la famosa “Circular 14”, que prohibía a sus diplomáticos conceder refugio seguro a los refugiados y, de forma especial a judíos, rusos y apátridas, hizo que el 23 de junio de dicho año, fuera destituido como cónsul. A pesar de ello, todavía siguió repartiendo visados camino de la ciudad fronteriza de Hendaya. Antes de ser detenido, Sousa cruzó la frontera a España con todos los refugiados que lo acompañaban.

   A su regreso a Portugal, fue expulsado del Cuerpo Diplomático, sufrió sanciones. A todo ello se unió el hecho de que, en 1948, se declaró partidario del Movimiento de Unidad Democrática, razón por la cual pasó a engrosar la lista de los opositores al régimen salazarista, y ello lo condenó a una vida de ostracismo: expulsado de la carrera diplomática, no se le concedió pensión alguna tras 30 años de servicio, se le prohibió ejercer como abogado y que sus hijos pudieran ir a la Universidad u obtener cualquier trabajo, y todo ello le imposibilitó mantener a su numerosa familia (tuvo 15 hijos) y lo dejó sumido en la más absoluta pobreza. Su única ayuda la recibió de la Asociación Judía de Lisboa, que se hizo cargo de alimentar a su familia, pagar sus deudas e incluso logró que algunos de sus hijos pudieran emigrar a Estados Unidos y Canadá. Finalmente, moriría en el Hospital de los franciscanos de Lisboa, siendo amortajado con el hábito de dicha orden religiosa.

   Durante décadas la mención de su nombre fue prohibida en Portugal ya que su valiente acción humanitaria puso en cuestión la actuación de la dictadura e Salazar durante la II Guerra Mundial. Como recordaba su nieto Antonio de Sousa Mendes, a pesar de los intentos del fascismo portugués por denigrar su memoria y la labor de quien ha sido llamado “el Schindler portugués”, en los últimos años se ha dignificado su memoria haciéndole justicia. De este modo, ya en el año, en 1966 el Estado de Israel lo declaró Justo entre las Naciones, pero fue a partir de 1980 cuando su historia empezó a conocerse y valorarse aún a pesar de la reacción de la extrema derecha que consideraba que la labor de Sousa “era una mentira de la izquierda” hasta que empezaron a aparecer personas que aseguraban que él les había salvado. De hecho, según el historiador Yehuda Bauer, la labor de Sousa Mendes fue “la acción de rescate más grande realizada por un solo individuo durante el Holocausto” pues concedió más de 10.000 visados, cifras que algunas fuentes elevan a casi 30.000, y, por ello, “fue uno de los grandes héroes de la II Guerra Mundial”. Por su parte, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, decía, con motivo del Día Internacional en Memoria del Holocausto en el año 2017, aludiendo a su compatriota Sousa Mendes que, “Necesitamos profundizar en su espíritu solidario. Es la mejor manera de honrar a las víctimas del Holocausto que nunca permitiremos sean olvidadas”. Por ello, también hoy recordamos la memoria de un hombre bueno, que nos dio un ejemplo moral de cómo actuar frente a la intolerancia, el racismo y el genocidio, valores imprescindibles en todo tiempo y lugar.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 abril 2024)

 

 

 

 

MEMORIA DEMOCRÁTICA EN LAS AULAS

 

    Resulta bien conocida la aversión de Vox hacia todo aquello que signifique la necesaria recuperación de la memoria democrática y, prueba de ello, es el proceso recientemente iniciado en las Cortes de Aragón por dicho grupo político, con la servil connivencia del PP, para la derogación de la Ley 14/2018, de Memoria Democrática de Aragón.

    Esta ofensiva reaccionaria también se ha trasladado a las aulas bajo el falaz argumento esgrimido por la ultraderecha de que en las escuelas españolas “se adoctrina”. Y es que, así, lo ha expresado Vox en diversas ocasiones en las Cortes de Aragón tales como cuando el 16 de junio de 2022 el diputado Santiago Arranz afirmó, sin rubor alguno, que “el social-comunismo utiliza el currículum educativo para adoctrinar” en temas tales como “el alarmismo ante el cambio climático” y “el feminismo radical” o, más recientemente, cuando declaró Santiago Morón el pasado 1 de febrero de este año, al justificar la voluntad de Vox de derogar la citada Ley 14/2018, al señalar que, con ello, “ya no se adoctrinará a los pequeños en el guerracivilismo”. Se trata de todo un cúmulo de tendenciosas falsedades dado que, como nos recordaba Jesús Jiménez en un artículo publicado en El Periódico de Aragón el 30 de noviembre de 2023, “adoctrinar”, que la RAE define como “inculcar a alguien determinadas ideas o creencias”, sólo se adoctrinaba en las escuelas de la dictadura franquista, imponiendo desde ellas un pensamiento único, intolerante y reaccionario, y eso bien lo sabemos los que sufrimos aquella fatal asignatura que se llamaba “Formación del Espíritu Nacional”, la FEN, pero, afortunadamente, aquel tiempo nefasto que marcó a varias generaciones de españoles, a pasó aunque algunos sientan nostalgia de él.

    Estas cuestiones se plasman en gran medida a la hora de analizar un problema de fondo cual es el de abordar, desde las aulas, con mirada crítica y contrastada, determinados temas de nuestra historia reciente, conflictivos o controvertidos, como es el caso del estudio de lo que supuso la dictadura franquista y, consiguientemente, de la memoria democrática en nuestro sistema educativo. En este sentido, resulta interesante el trabajo de Fernando Hernández Sánchez titulado Donde habita el olvido: las impregnaciones del franquismo en los pliegues de la educación española del siglo XXI (2021). De entrada, dicho autor señala que, frente al caso de Argentina o Chile donde la movilización social ha impulsado políticas activas de introducción de la memoria democrática en los programas educativos, en el caso de España, prima en exceso “la equidistancia” a la vez que se mantienen algunos residuos del pensamiento franquista latentes tras la idea de que “persiste un currículo consensual junto con un canon de hierro, que ha ahormado la memoria colectiva española: la Guerra Civil fue una locura fratricida; hubo un empate moral en cuanto a las responsabilidades por el estallido de la Guerra y el empleo de la violencia contra el adversario”. Este modelo, cuyos orígenes según Paloma Aguilar “se pueden rastrear en la exitosa campaña propagandística franquista de los “XXV años de Paz”, y que, “cuyos efectos sobre la mentalidad de las llamadas “clases neutras” fue funcional para la Transición, cristalizó definitivamente en los años setenta del pasado siglo XX”. De ahí deriva una “mistificación” deliberada (e incorrecta) de los principales hechos de aquel período que Fernando Hernández considera necesario explicar, fundamentalmente, en lo que se refiere a tres de ellos en los que las “impregnaciones” del pensamiento franquista son evidentes y que todavía subyacen en algunos libros de texto:

   1.- La República y la Guerra Civil aparecen unidas en un mismo tracto cronológico, lo cual sitúa a la primera como “preámbulo necesario de la segunda”.

  2.- El franquismo queda separado de la Guerra Civil, “como si no hubiera habido intencionalidad y planificación en la conjura para su estallido y como si la dictadura no se hubiese reivindicado así misma hasta el final como “El Estado del 18 de Julio”.

  3.- El franquismo queda igualmente separado del actual sistema democrático, aunque no en todos los casos, pues hay manuales que aúnan franquismo y Transición “con la misma frescura interpretativa que antes emplearon para fusionar República y Guerra”.

   Todas estas “impregnaciones franquistas” coinciden, además con el actual resurgir de las tendencias históricas revisionistas, las cuales han llegado a designar al franquismo con lo que no duda Fernando Hernández en calificar como “vergonzantes eufemismos” tales como “el régimen anterior” o “el período pre-democrático”.

    Frente a todo ello, aún existen “manuales desfasados” en los que todavía no se han incorporado los avances de la historiografía española del último medio siglo. Así, la República sigue apareciendo “con los tenebrosos colores del conflicto y la violencia que prefiguran el caos y la arrastran al conflicto”. Y es que, como señala Edgar Straehle, la retórica histórica de derechas ha logrado “retratar al fascismo como algo secundario y menor en el franquismo, mientras considera al comunismo, claramente minoritario antes de 1936, como lo esencial de la Segunda República” y, en cambio, obvian las investigaciones de Ángel Viñas sobre la trama conspiratoria de raíz monárquica previa al 18 de julio. Además, se siguen empleando términos incorrectos tales como “bandos”, como si el Gobierno legítimo y los rebeldes golpistas estuviesen en el mismo plano, algo que histórica, jurídica y éticamente resulta inaceptable, o el de “nacionales”, que Hernández Sánchez considera acertadamente como “un obsoleto y desacreditado vocablo”. Además de lo dicho, se sigue insistiendo en dos temas recurrentes para la derecha cual son: la supuesta “amenaza revolucionaria” como causa de la sublevación del 18 de julio o la, también supuesta, pretendida hegemonía comunista sometida a los dictados de Moscú, en los gobiernos republicanos de 1936-1939.

   Por otra parte, en muchos libros de texto sigue habiendo “temas tabú” que invisibilizan asuntos tales como: las incautaciones y la represión económica contra los vencidos, la represión física causada por la violencia fascista o el papel de la Iglesia Católica como legitimadora de la guerra, designada como “Cruzada”, y también como beneficiaria del régimen dictatorial.

   Existe también, en muchos manuales, una clamorosa ausencia de temas tales como: el exilio, la resistencia interior, la presencia de los republicanos españoles en la II Guerra Mundial y en los campos de exterminio nazis, las cárceles y los campos de trabajos forzados en la España franquista, la represión posbélica (las leyes de excepción, la actuación de los tribunales especiales, entre ellos, el papel del Tribunal de Orden Público (TOP), la clandestinidad antifranquista, el movimiento obrero, estudiantil y vecinal o la censura moral y cultural.

   Así las cosas, Hernández Sánchez considera que “la enseñanza de la historia contemporánea más reciente se ha convertido en una cuestión de emergencia democrática” y, para ello, hay que “descolonizar de franquismo el currículum educativo”. Y, de este modo, propone igualmente una serie de ideas para “romper las gafas que hemos heredado del franquismo de ver la Historia” como las siguientes: la guerra y la dictadura interrumpieron un proceso de modernización democrático; que el conflicto armado no terminó el 1º de abril de 1939; que la España franquista fue parte actora de la II Guerra Mundial; que el comienzo de la dictadura hay que situarlo en la propia Guerra Civil ya que, durante toda su vigencia se reivindicó como “el Régimen del 18 de Julio” y concluyó, no con la muerte del dictador en 1975, sino con la derogación efectiva de las instituciones franquistas que culminó con la Constitución de 1978. Queda así claro que, “de principio a fin fue una dictadura que conculcó todos y cada uno de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de la ONU de 1948”.

    La conclusión de Fernando Hernández de todo lo dicho es contundente: a las nuevas generaciones de españoles se les ha negado un relato veraz de esta época de nuestra historia ya que, “casi dos generaciones de españoles se han educado en democracia creyendo que las libertades se regalaron o que se materializaron mediante un simbólico apretón de manos entre las élites” y es que, “se ha suprimido la memoria de que estas libertades de las que hoy se disfruta se arrancaron con sacrificio, se pagaron con sangre y dolor”, razón por la cual el historiador Eric Hobsbawm señalaba que “las nuevas generaciones parecen condenadas a vivir en un presente continuo, sin relación con las experiencias del pasado”. Por otra parte, Ángel Viñas advertía tiempo atrás de que la mala enseñanza de la historia ayuda a “no tener una visión crítica de nuestro pasado”. De ese déficit cultural, también se hacía eco Jesús Cintora al recordar que varias generaciones de españoles no han estudiado la dictadura en el currículum educativo, “que quedaba para los minutos de descuento del temario en las aulas o era tratada con equidistancia y oscurantismo. Desde la muerte de Franco, los gobiernos han dejado mucho que desear en este aspecto, escondiendo el relato de lo ocurrido en los libros de texto”.

    Pese a ello, para “exhumar definitivamente el franquismo de nuestra educación”, es imprescindible adoptar medidas en materia educativa y de formación del profesorado tales como la actualización de los contenidos curriculares, así como implementar planes de formación inicial y permanente del profesorado porque, sin la implicación de éste, nada será posible en este ámbito. Resulta igualmente necesario incidir en temas tales como todo lo relativo a la reparación y dignificación de las víctimas, la prohibición de la apología de la dictadura, la remoción de las recompensas a los torturadores o la resignificación de determinados espacios, esto es, todo lo que pretende evitar la extrema derecha de Vox y sus coyunturales aliados del PP a la hora de suprimir las políticas públicas en materia de memoria democrática. Consecuentemente, a modo de conclusión final, Fernando Hernández nos recuerda que, “una audaz intervención en la forma en la que la ciudadanía aprende Historia en la escuela no será un bálsamo milagroso contra el populismo reaccionario, pero sí una necesaria praxis profiláctica”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 febrero 2024)

 

 

REVISIONISTAS

    

     El revisionismo histórico, tal y como señala el historiador Javier Rodrigo, es “un fenómeno editorial y mediático surgido en torno al 2002-2003 alrededor de medios como El Mundo, COPE y Libertad Digital, encabezado por nombres como Pío Moa, César Vidal o Ángel David Martín Rubio”. De hecho, desde 2003, como nos indica Rodrigo, “el goteo de libros de corte antirrepublicano y, la mayoría de las veces, profranquista, que salpicaba cíclicamente las estanterías, se empezaba a convertir en riada”.

    Hay que señalar que el fenómeno revisionista no es estrictamente historiográfico, sino que pertenece más bien al ámbito de los usos públicos del pasado, siempre con un perfil claramente conservador, cuando no reaccionario. De hecho, suelen abordar nuestro pasado traumático con frecuencia personas poco cualificadas y que no hacen sino repetir tópicos e imprecisiones, con interpretaciones excluyentes y simplificadoras que desprecian la investigación histórica y el conocimiento crítico, razón por la cual el historiador Alberto Reig Tapia no ha dudado en calificar, con sorna, a los postulados revisionistas como “historietografía”.

   Por todo lo dicho, el revisionismo histórico español es una reacción defensiva, cuando no agresiva, alentada desde los medios conservadores, ante el auge del movimiento memorialista y los avances realizados por la historiografía a la hora de estudiar metodológicamente y de forma documentada el pasado traumático que supone la Guerra de España de 1936-1939 y la dictadura franquista. Por ello, el movimiento revisionista pretende presentar como “verdad objetiva” e “imparcial” cuando, en realidad ofrecen “de facto” una interpretación sesgada y parcial. De hecho, ataca frontalmente los análisis historiográficos documentados y metodológicamente impecables, a los que, como decía L. de Llera, los acusa de ser “marcadamente izquierdistas”. Es por ello que el revisionismo nos ofrece una reinterpretación tendenciosa del pasado, articulado en varias ideas-clave tales como que la responsabilidad de la guerra no sería de los golpistas, sino de las izquierdas puesto que consideran que éstas la habrían iniciado en 1934 a raíz de la Revolución de Asturias y, por ello, el objetivo final sería “inculpar a las izquierdas y exculpar al dictador Franco en el origen de la guerra”. Y, enlazando con esta idea, si la responsabilidad de provocar la guerra era de la izquierda, la reacción golpista era “necesaria” y su vencedor, Franco, sería, como señalaba Pío Moa, un “pacificador nacional” el cual, además, “habría sentado las bases (paz, desarrollo, mano firme) para la llegada de la democracia”.

    Dicho esto, el objetivo actual del revisionismo hispano es, como nos recuerda Javier Rodrigo, “hacer del pasado un caballo de batalla para el combate político del presente”, ser un ariete contra las leyes de Memoria Democrática aprobadas a nivel estatal y autonómico, para impedir la apertura de fosas de las víctimas de la represión franquista y la necesaria identificación de los desaparecidos, ideas todas éstas que son masivamente difundidas por las redes y los medios de comunicación digitales y que han sido puestas en práctica en aquellos lugares en donde existen gobiernos de coalición PP-Vox.

    Uno de los temas referenciales del revisionismo es el de las violencias desatadas durante la Guerra de España de 1936-1939 al tratar de convertir a la violencia llevada a cabo por los sublevados como “justicia legítima” en reacción a la violencia previa atribuida a los elementos revolucionarios durante el período republicano, lo cual es un tópico con objeto de legitimar la acción represiva de las autoridades franquistas. No obstante, olvidan una diferencia esencial entre ambas violencias ya que, como señala la historiadora Helen Graham, “las autoridades militares tuvieron recursos para contener la violencia, pues en su territorio no había habido un derrumbe del orden público”, al contrario de lo que ocurrió en los primeros instantes de la contienda en la España leal republicana. De hecho, el presidente Manuel Azaña declaró que “Ninguna política puede fundarse sobre la decisión de exterminar al adversario”, mientras que nadie, desde el bando republicano, desde Franco hasta Mola o Queipo de Llano, hizo ninguna declaración similar, bien al contrario, alentaron el exterminio sistemático de todo aquel que se hubiera significado política o socialmente, con la legalidad republicana, represión que Pío Moa justificaba alegando que, la mayoría de los fusilados por los franquistas eran “culpables de crímenes horrendos”, una interpretación tan parcial como malintencionada que ignora que la mayoría de los asesinados eran víctimas políticas y no culpables de supuestos crímenes. Es por ello que, como señala el historiador Francisco Espinosa, “en gran parte de España los que llamamos “guerra civil” fue sólo una feroz represión, de modo que al golpe militar siguió directamente el meditado plan de exterminio de los leales a la República”.

    Otro de los temas recurrentes del revisionismo es la forma con la que se analiza la figura de Francisco Franco, intentado convertir así a un criminal en una especie de “pacificador nacional” y “justiciero”, en oposición a su imagen como “Criminalísimo de todos los Ejércitos”, dando un barniz de “dictador benévolo”, que, como enfatiza Rodrigo, “firmaba con sufrimiento paternal y nacionalcatólico, aunque consciente de su terrible necesidad, las sentencias de muerte necesarias para limpiar el país de una horda salvaje y asesina”, sentencias que, habitualmente, firmaba mientras tomaba café en sus apacibles sobremesas.

   Frente a estas interpretaciones tendenciosas abanderadas por el revisionismo rampante, la labor del estudio histórico veraz y con criterios metodológicos solventes, resulta esencial, al igual que la labor de los investigadores pues, como decía la autorizada opinión del historiador Julián Casanova, “si un historiador no toma partido sobre el pasado, está bajo sospecha”. Y, como conclusión, recordemos las palabras de Alberto Reig Tapia según las cuales “la lucha contra el olvido es la mejor arma contra cualquier intento de neofranquismo político, histórico y cultural”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 19 enero 2024)

 

 

LOS NIÑOS ROBADOS DURANTE EL FRANQUISMO

 

    La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en su artículo 7º, declara el día 31 de octubre como “Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura” y, entre ellas, se incluyen también, a los niños robados durante el franquismo. Y es que, del nefasto período que supuso la dictadura franquista, además de todos los tipos de represión sufrida por los vencidos, un capítulo especialmente sangrante, todavía a fecha de hoy, es el tema de los niños robados y entregados a otras familias de forma totalmente arbitraria.

    Este tema, el de los niños robados, se contempla de forma detallada en varios puntos de la Declaración de condena de la dictadura franquista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006, en concreto, los siguientes:

     Punto 72: “los niños perdidos son también parte de las víctimas del franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen”.

    Punto 73: “Varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación”.

    Punto 74: “Niños refugiados fueron también secuestrados en Francia por el servicio exterior de “repatriación” del régimen y situados posteriormente en instituciones franquistas del Estado”.

    Punto 75: “El régimen franquista invocaba la “protección de menores” pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente “los pecados de su padre” y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos”.

    Para este tema, resulta muy interesante la lectura detallada del Sumario 53/2008 E, de 18 de noviembre de 2008, incoado por el entonces juez Baltasar Garzón que, al frente del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, detalla en profundidad los crímenes del franquismo.

     El referido Sumario es contundente al señalar que se trata de una peculiar forma española de desaparición “legal” de personas durante la guerra y la posguerra, “un andamiaje pseudojurídico que, presuntamente, dio cobertura a la sustracción sistemática de niños, hijos de presas republicanas por razones políticas y de republicanos exiliados que fueron a parar a campos de concentración nazis e hijos que legalmente, con amparo de la Cruz Roja y mediante métodos legales y humanitarios habían sido trasladados de España a otros países para evitar los rigores de la guerra y, que, posteriormente fueron repatriados sin que, en múltiples casos, los hijos quedaran bajo la tutela o custodia de sus padres o familias originarias sino en instituciones públicas y en adopción, sin que el Estado y sus autoridades, en esa época, hicieran algo diferente a ofrecer cobertura legal para que esta segregación-separación y pérdida de identidad se consumara”.

     Por todo lo dicho, el Sumario del juez Garzón considera que ello supuso un “plan sistemático e ideológico para la formación de nuevo Estado aplicado a quienes se consideraban contaminados o no aptos para asumir el cuidado y educación de los hijos, por sus ideas políticas, inspirado en la filosofía de pureza ideológica que a través de la doctrina pseudocientífica”, la cual había sido implantada por la Orden del Jefe del Estado a partir de 1938 (telegrama nº 1565) y que tendría su máximo exponente en la Ley de 4 de diciembre de 1941 por la que se regulan las inscripciones en el Registro Civil de los niños repatriados y abandonados. Previa a dicha ley, hay que señalar la Orden del ministro de Justicia (Esteban Bilbao) de 30 de marzo de 1940 mediante la cual se establecían las normas sobre la permanencia en las prisiones de los hijos de las reclusas, y que, como se señala en su artículo 1º, éstas sólo podían tener a los hijos en su compañía hasta que cumpliesen los 3 años de edad.

     Especialmente significativo era el caso de la llamada Prisión de Madres Lactantes, creada en enero de 1940 por el Ministerio de Justicia en la Carrera de San Isidro, nº 5, de Madrid. Según el citado Sumario, “este Centro obedecía al desarrollo de las ideas ya expuestas en 1938 y 1939 por el responsable del Gabinete de Investigaciones Psicológicas”, a cuyo frente se hallaba el psiquiatra filonazi Antonio Vallejo-Nájera, y especialmente en relación con mujeres presas, tenían como intención última, “lograr la regeneración física y moral para devolverla a la sociedad sana de cuerpo y espíritu, y pueda llevar su sagrado cometido: la maternidad”. Pero la realidad de la Prisión de Madres Lactantes, según diversos testimonios, era terrible tanto para las madres como para los hijos, que no estaban más de una hora al día con sus madres, permaneciendo el resto del tiempo separados y en condiciones muy precarias. Además, muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó hacerlo. Cuando los niños cumplían los 3 años, las Juntas provinciales de Protección de la Infancia se hacían cargo de ellos si los familiares de los mismos no tuvieran medios suficientes para alimentarlos y educarlos (Orden de 30 de marzo de 1940).

    En otras ocasiones, los niños de las presas “desaparecían” sin el menor trámite “legal”. Así ocurrió en la Prisión de Mujeres de Saturrarán (Vizcaya) en 1944, donde funcionarios y religiosas ordenaron a las presas que entregaran a sus hijos y, tras forcejeos y resistencias, fueron introducidos en número indeterminado en un tren con destino desconocido, y nunca más se supo de ellos, tal y como señalaba Ricard Vinyes en su libro Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas (2002). Otro caso de niños robados era el que afectaba a los niños repatriados y que, con arreglo a la citada Ley de 4 de diciembre de 1941, contemplaba el procedimiento para inscribirlos en el Registro Civil para, como señalaba dicha normativa “reintegrar física y espiritualmente dichos niños a la patria”, esto es, al Nuevo Estado franquista. Dicha ley afectaba a “los niños que los rojos obligaron a salir de España y que han sido o sean repatriados” y a aquellos “niños cuyos padres y demás familiares murieron o desaparecieron durante el Glorioso Movimiento Nacional”. Pero, las autoridades nunca investigaron la identidad para recuperar los vínculos paterno-filiales de dichos niños. Al contrario, “se propició la desconexión y así se ha mantenido hasta la actualidad en múltiples casos”.

    También estaba legislado el tema de las adopciones, muchas de ellas llevadas a cabo de forma arbitraria. Este era el caso del Decreto de 23 de noviembre de 1940 (BOE, de 1 de diciembre) del Ministerio de la Gobernación sobre Huérfanos, protección a los de la Revolución y la Guerra. En dicho Decreto, se indica que, “la guardia y custodia de los huérfanos será cumplida, luego de la madre o parientes, confiándoles en iguales circunstancias, a personas de reconocida moralidad, adornadas de garantías que aseguren la educación de los huérfanos en ambiente familiar irreprochable desde el triple punto de vista, religioso, ético y nacional” (art. 3.b). Quedaba patente que existía todo “un sistema de tutelas o adopciones encubiertas cuya procedencia quedaba en manos de las autoridades del régimen, lo cual unido a las percepciones o posicionamiento respecto a las mujeres presas republicanas podía dar como resultado inevitable la pérdida del menor”.

    Hay que señalar que, para esta “pérdida del menor”, o mejor decir, para el “robo” del mismo, existía toda una trama burocrática de organizaciones del régimen franquista en la cual estaban implicadas, además del Auxilio Social, diversas entidades benéficas y las delegaciones locales del Patronato de Nuestra Señora de la Merced, siendo éstas las que determinaban la adopción de los “casos urgentes de miseria moral, producida por la vida irregular de la madre, conducta inmoral o ideas perniciosas de las familias en que viven los niños” (art. 18.c del Reglamento de las Delegaciones Locales del Patronato de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas por el Trabajo).

   A la hora de hablar de cifras, según el citado Patronato, en la década del 1944-1954, existían 30.960 niños y niñas que se hallaban bajo la tutela del Estado, la mayoría, huérfanos de guerra, con padres muertos, presos, exiliados, clandestinos o desaparecidos.

    En este contexto, la Ley de 4 de diciembre de 1941 “introdujo un sistema arbitrario de asignación de identidades, filiación e inscripción de miles de niños que, presuntamente, transformó en un hecho consumado la desaparición de los afectados en relación con sus familiares de origen”. Y es que, se llegaron a alterar los datos de nacimiento para impedir que los padres, tras lograr la libertad, pudieran recuperar a sus hijos, favoreciendo, así, “las adopciones consumadas”.

    Especialmente dramático era el caso de la apropiación de los niños y niñas en el momento del parto, tal y como ocurrió con diversas presas republicanas condenadas a muerte a las cuales se mantenían con vida hasta el parto para, posteriormente, ser ejecutadas, tal y como recoge el testimonio de fray Gumersindo de Estella, en el caso de los dramáticos fusilamientos que tenían lugar en las tapias del Cementerio zaragozano de Torrero.

    Otro caso de robo de niños era el que, desde 1937, llevó a cabo el Servicio Exterior de Falange para capturar niños de familias republicanas existentes fuera de España.  Ello respondía a un plan sistemático de “recuperación” de los niños evacuados durante la guerra, obviamente, sin petición ni autorización de sus padres legítimos.  Fue por ello, que la mayor parte de las veces, los niños capturados en el extranjero no se reintegraron a sus familias originarias y se hizo cargo de ellos la Junta de Protección de Menores.

   Por todo lo dicho, según todos los datos aportados y los estudios realizados, el Sumario incoado por el juez Garzón concluye que, en la España franquista se llevó a cabo “un sistema de desaparición de menores, hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, desarrollado bajo la cobertura de una aparente legalidad”. Estos métodos de desaparición “legalizada”, se institucionalizaron gracias a “un sistema de impunidad impuesto por quienes lo diseñaron y el miedo desarrollado en las víctimas, conscientes de la práctica inutilidad de su acción”. Como reconoce el Sumario, es algo que “puede resultar casi inverosímil”, pero que ocurrió y, es que, “tuvo un claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal para que las familias de aquellos niños a los que no se les consideraba idóneos para tenerlos porque no encajaban en el nuevo régimen, no pudieran volver a tener contacto con ellos”

     A modo de conclusión, el juez Garzón recordaba que corresponde al Poder Judicial la obligación de investigar el carácter delictivo de estos hechos, dado su carácter permanente y que están contextualizados como crímenes contra la humanidad. Por ello, en aplicación de la justicia, resulta esencial no sólo investigar estos hechos, sino también, sancionar a los culpables, reparar a las víctimas y recuperar la verdadera identidad de todos aquellos niños y niñas que fueron robados durante la larga noche de la dictadura franquista. A fecha de hoy, sigue siendo una deuda de nuestra democracia que se debe subsanar y por ello, son tan importantes las políticas públicas de memoria democrática, aquellas que los partidos de extrema derecha, como es el caso de Vox, pretenden eliminar impidiendo, de este modo, lograr la necesaria justicia reparadora para con las víctimas de esta negra página de nuestra historia reciente.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 29 de octubre de 2023)

 

 

 

UN HITO DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

 

    El 16 de octubre de 1998, a instancias del juez Baltasar Garzón, era detenido en Londres el general Augusto Pinochet, hecho que supuso todo un hitoen la aplicación del principio de justicia universal a la hora de luchar contra los delitos de genocidio, como el cometido por el dictador chileno.

    La detención Pinochet exaltó a la extrema derecha de su país, la cual arremetió contra Garzón en los más duros términos, incluso haciendo uso de su indisimulado antisemitismo, aludiendo al origen judío del apellido Garzón. También en España la actitud valiente de nuestro juez chocó con rechazos y críticas. Así, Eduardo Fungairiño, el entonces fiscal de la Audiencia Nacional, llegó a negar la competencia de Garzón para instruir este caso, opinión que también compartía Felipe González, la cual pretendió avalar con el sorprendente argumento de que “Nosotros [España] no somos quienes para juzgar: la época colonial acabó en el s. XIX”.

   Frente a estas actitudes, los abogados Joan Garcés y Enrique de Santiago se manifestaron, desde el primer momento, favorables al procesamiento de Pinochet.  A ello hay que añadir que, días después varios países pidieron también la extradición del dictador, como fue el caso de Suiza, Francia, Suecia, Noruega, Canadá, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Estados Unidos e incluso Chile.

    Ante esta situación, la actitud del Gobierno del PP de José María Aznar fue muy tibia y reticente. De hecho, Aznar llegó a decirle al Premier británico Tony Blair que el tema, “es una desagradable patata caliente”. Además, Aznar, olvidando deliberadamente el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial que declaraba que “será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional” susceptibles de tipificarse como delitos, entre otros, el de genocidio, le comentó al presidente italiano Massimo D’Alema, “No quiero que España se convierta en un Tribunal Penal Internacional”, con lo cual dejaba patente su escaso compromiso por impulsar la persecución de los crímenes de genocidio por medio de la aplicación de la justicia universal y, por ello lo cercenó más tarde mediante la Ley Orgánica 1/2014 que modificaba en sentido restrictivo la anteriormente citada Ley Orgánica 6/1985.

    Finalmente, el juicio se inició el día 9 de noviembre y el Gobierno británico autorizó, inicialmente la extradición, a pesar de que el Gobierno chileno, por medio de José Miguel Insulza, ministro del Partido Socialista (¡Qué pensaría el presidente Allende si hubiera podido verlo!) presionó al Gobierno de Tony Blair para evitar la extradición de Pinochet a España. Durante el juicio, diversas alegaciones de los abogados defensores, tanto desde el punto de vista jurídico como recurriendo a motivos humanitarios (la edad y el estado de salud del general genocida) lograron la repetición del juicio, el cual se inició, de nuevo, el 17 de enero de 1999.

    Más tarde, el 14 de abril de 1999, Jack Straw, el ministro de Asuntos Exteriores británico, autorizó por segunda vez la extradición de Pinochet por 38 casos de tortura. Y, así las cosas, la oposición al procesamiento judicial de Pinochet llegó al esperpento cuando el fiscal Fungairiño intervino en defensa del general, incluso antes de que lo hicieran los propios abogados defensores del dictador chileno.

    Durante el proceso judicial volvió a haber interferencias y presiones políticas en varias direcciones. Así, el presidente de Chile, Eduardo Frei (DC) pidió directamente a Aznar “desatascar el carro del general Pinochet, sacándolo del atolladero judicial: una solución amistosa de arbitraje político de Estado a Estado” y, por ello, el presidente Aznar pensó en pedir “un Dictamen al Consejo de Estado que se sustancie por el parlamento”, una propuesta que el PSOE rechazó. Otras presiones fueron las realizadas por Henry Kissinger, exsecretario de Estado norteamericano, instigador del golpe del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente Allende, que reclamó la liberación de Pinochet y su inmediata vuelta a Chile. La actitud d Kissinger fue duramente recriminada por el escritor Elie Wiesel, superviviente del Holocausto y premio Nobel de la Paz en 1986 diciendo que “resulta increíble que Kissinger, un emigrante alemán que ha padecido en su familia y en sí mismo la persecución genocida de Hitler, pida la libertad de un dictador responsable de miles de crímenes de lesa humanidad” a la vez que señalaba que “Hay que agradecer iniciativas como la del Juez Garzón que abren las puertas a la justicia universal y a que nuestro mundo sea más justo”.

    Durante el juicio, Margaret Thatcher defendió a Pinochet por la ayuda que brindó a Gran Bretaña durante la guerra de Las Malvinas de 1982 contra Argentina, aprovechando la ocasión para rechazar lo que la Dama de Hierro calificaba como un “juicio show”, a la vez que atacaba al juez Garzón.

    Pero, en esta fase del proceso judicial, cuando todas las acusaciones incriminaban a Pinochet, se recurrió al reducto legal de la “compasión” para que el general eludiera la previsible extradición y condena, una compasión que la frialdad criminal del general, ahora senador, nunca tuvo con sus víctimas. Y así fue…el Gobierno de Chile pidió su libertad “por razones humanitarias” y el ministro Straw, alegando motivos médicos, tomó la decisión política de liberar a Pinochet, lo que, según Garzón, fue una flagrante burla antijurídica. Fue así como el general genocida eludió la extradición y, después de 503 días de detención en Londres, retornó a Chile el 2 de marzo de 2000, en una silla de ruedas, coartada por su supuesto precario estado de salud, una silla de ruedas que dejó de lado cuando llegó al aeropuerto de Santiago de Chile para, acto seguido, pasar revista, con paso marcial, a la compañía militar de honores que lo recibió.

    Meses más tarde, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton ordenó desclasificar 16.000 documentos secretos en los que quedaba patente la implicación de la CIA en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, una desclasificación que respondió a una solicitud del juez Garzón. Una iniciativa que, al igual que la detención y el procesamiento de Pinochet en Londres, conmocionó positivamente los planteamientos de la justicia internacional.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 16 octubre 2023)

 

 

 

BIBLIOCAUSTOS

 

     Es bien conocida la aversión visceral que siempre ha tenido el fascismo hacia la cultura y la libertad de expresión. Ejemplo de ello es la frase atribuida a Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del III Reich, que decía: “Cuando oigo la palabra cultura, echo mano a la pistola”. Con este ambiente como telón de fondo propio de cualquier fascismo, tuvieron especial simbolismo, por reaccionario y repugnante a un tiempo, las quemas de libros, los bibliocaustos. De estos “autos de fe” anticulturales, hallamos diversos ejemplos en la Alemania nazi y también, en la España franquista, alentados en los años de la II Guerra Mundial, por la entusiasta Falange germanófila del momento.

    A este tema, dedicó un excelente artículo Cándido Marquesán titulado “El libro sectario, el peor estupefaciente”, publicado en El Periódico de Aragón en el cual detallaba las similitudes en el tema de la quema de libros entre la España franquista, heredera de la vieja y negra mentalidad de la Inquisición, y la Alemania nazi, a la vez que recordaba el papel que, en lo que la historiadora Ana Martínez Rus calificó de “bibliocausto franquista” tuvo Gonzalo Calamita Álvarez, quien clamó con destinar al “fuego purificador” a las que definía como “bibliotecas criminales”, y cuya siniestra memoria todavía sigue viva en una calle zaragozana que lleva su nombre, y en el título de “Rector Honorario” de la Universidad de Zaragoza, que todavía ostenta  y aún no ha sido revocado.

    Hoy quisiera recordar un ejemplo concreto de este delirio anticultural que recoge Diego Carcedo en su libro Un español frente al Holocausto (2005) en el cual honra la digna memoria de Ángel Sanz Briz, el cual salvó la vida de varios miles de judíos de la barbarie exterminadora nazi. En dicha obra, se relata cómo el joven diplomático zaragozano, estando destinado como Encargado de Negocios en la Embajada de España en Budapest, cuyo régimen filonazi de Dóme Sztójay,  hizo gala de un profundo antisemitismo, tuvo la desgracia de presenciar en la capital húngara el 16 de junio de 1944, un acontecimiento que nunca conseguiría olvidar: la quema pública de 447.627 libros con lo cual el fascismo húngaro pretendió “destruir todo testimonio impreso que tuviera algo que ver con los judíos”, un “auto de fe fascista” en el cual se destruyeron las obras de 120 autores húngaros y 130 extranjeros de origen judío. La macabra ceremonia se inició con un repulsivo discurso de Kolozsvary, Secretario de Estado del Gobierno fascista húngaro, rebosante de visceralidad y odio antijudío que Sanz Briz escuchó con el corazón encogido:

    “Los judíos, que tanto daño causaron y causan a nuestros pueblos, siempre se han servido de los libros para, aprovechándose de la ingenuidad de muchas personas, sembrar sus maléficas ideas de destrucción de nuestra raza y nuestra cultura. Vamos a acabar con sus libros, vamos a impedir que sus libros sigan contaminando nuestros hogares. Es la primera destrucción pública de libros judíos, pero reitero, es la primera y sólo la primera. El comienzo de una limpieza que no culminará hasta que todas las publicaciones de esta naturaleza hayan desaparecido de nuestro país y de la faz de la tierra”.

    Iniciado el macabro ritual público, el cual sorprendió de forma fortuita a Sanz Briz en las calles de Budapest, al que asistió compungido, mientras “no salía de su indignada sorpresa”. Observa cómo los asistentes celebraban con especial alegría el que ardiera algún ejemplar de El Capital de Karl Marx, algún libro sagrado judío elegantemente encuadernado en pergamino o El Estado Judío de Theodor Herzl, fundador del movimiento sionista y una de las “bestias negras locales del antisemitismo húngaro”, así como ciertos libros bíblicos, a pesar de que éstos también eran venerados por el cristianismo, o las obras de Sigmund Freud, “quizás el judío más odiado por los nazis después de Marx”. Durante esta quema masiva de libros, quedó a los pies de Sanz Briz la que sin duda era una maravilla bibliográfica, la obra Mishné Torah, de la cual era autor el sabio judío español Moshé Maimónides y, a punto estuvo de recogerlo lo cual, hubiera provocado, sin duda, un grave incidente diplomático por parte de Sanz Briz, en su condición de representante de la legación diplomática española, y el régimen filonazi húngaro. Pensó en agacharse y “recogerlo del suelo con el mimo que el libro merecía, limpiarle el polvo con cuidado, y arriesgarse a guardarlo como una doble reliquia del recuerdo y la intolerancia contra los judíos que siglo tras siglo nunca tuvo fronteras”. Pero, finalmente, el libro también fue quemado y Sanz Briz abandonó el lugar “antes de que sus ojos estallasen en lágrimas de rabia”.

   Recordando estos hechos, ocurridos aquel fatídico 16 de junio de 1944 en Budapest, resulta toda una advertencia ante el actual auge de los totalitarismos neofascistas que, además de manipular la historia, pretenden, de nuevo, acabar con nuestras libertades, la tolerancia y con la riqueza que supone la diversidad cultural, todo cual sólo puede desarrollarse en democracia. Alerta.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 mayo 2023)

 

 

EL "GEN ROJO"

 

     Conocidas son las teorías racistas nazis, pero menos lo es el eco que éstas tuvieron en la España franquista, empeñada en identificar “el gen rojo”, encarnación de todos los males que la Nueva España asociaba con el marxismo. Fue por ello que el Consejo de Europa, en su declaración de 17 de marzo de 2006 de condena de la dictadura franquista (Recomendación 1736), titula su apartado 65, “Psiquiatras militares que efectuaron experimentos sobre presos para identificar los “genes rojos”.

     La historia sobre este siniestro proyecto se remonta al telegrama nº 1565, de 23 de agosto de 1938, mediante el cual el general Franco autorizó al Jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares, el doctor Antonio Vallejo-Nájera Lobón, la creación del Gabinete de Investigaciones Psicológicas, “cuya finalidad primordial será investigar las raíces psicofísicas del marxismo”, siguiendo el modelo del Instituto para la Investigación y Estudios de la Herencia creado en la Alemania nazi por Heinrich Himmler. Fue por ello que, en ese mismo año de 1938, algunos presos de las Brigadas Internacionales que se hallaban en la Prisión Habilitada de San Pedro de Cardeña (Burgos), así como las mujeres republicanas encarceladas en la Prisión de Málaga, fueron sometidos a extraños test físicos y psicológicos. Se trataba de las primeras tentativas sistemáticas de poner a la psiquiatría al servicio de la ideología franquista. Este proyecto fue ideado por Vallejo-Nájera con objeto de identificar lo que él definía como el “biopsiquismo del fanatismo marxista”. Algunas de las conclusiones relativas a la existencia de un supuesto “gen rojo” quedaron plasmadas por parte de Vallejo-Nájera, profundamente imbuido del ideario y las teorías racistas nazis, en su libro La locura de la guerra. Psicopatología de la guerra española, obra en la cual se pueden leer afirmaciones tan delirantes como que, “La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya las habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos […] La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme transcendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación total de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible”.

     En las elucubraciones pseudo-psicológicas de Vallejo-Nájera, también tuvo cabida su obsesión por combatir “el virus democrático”. Así, en su libro Niños y jóvenes anormales, publicado en 1941, alertaba sobre el “daño” que, según él, causaba el “ambiente democrático” en los niños y niñas que habían sido educados en ambientes republicanos y, por ello, consideraba que deberían ser segregados, separados de sus padres  y llevados a centros adecuados en los que se promoviese “una exaltación de las cualidades biopsíquicas raciales y la eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degeneración del biotipo”: como vemos, la influencia de las teorías racistas es obvia.

     Estas teorías, tan reaccionarias como aberrantes, tuvieron una aplicación práctica por parte de la dictadura franquista en la inmediata posguerra, especialmente en el caso de los hijos de las presas republicanas, tal y como señalaba el citado Gabinete de Investigaciones Psicológicas en un artículo titulado “Psiquismo del fanatismo marxista”, publicado el 8 de octubre de 1938 en la revista Semana Médica Española:

  “La enorme cantidad de prisioneros de guerra en manos de fuerzas nacionales salvadoras de España, permite efectuar estudios en masa en favorabilísimas circunstancias, que quizás no vuelvan a darse en la historia del mundo. Con el estímulo y beneplácito del Excmo. Sr. Inspector de los Campos de Concentración, iniciamos investigaciones seriadas de individuos marxistas, al objeto de hallar las relaciones que pueden existir entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo político democrático-comunista”.

    La enfermiza obsesión de Vallejo-Nájera por identificar el “gen rojo” hizo que tuviese una especial saña para con las mujeres republicanas, a las que imputaba una “crueldad femenina” congénita. Así, en un artículo suyo, publicado en la Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, fechado en mayo de 1939, podemos leer: “Recuérdese para comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista su característica labilidad psíquica, la debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre la personalidad…”. Y sigue Vallejo-Nájera con su demencial argumentación: “Cuando desaparecen los frenos que contiene socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones frenatrices de las impulsiones instintivas, entonces despiértanse en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginables precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas […] El hecho es tanto más digno de atención cuanto que la mujer suele desentenderse de la política, aunque su fanatismo o ideas religiosas le hayan impulsado en los últimos años a mezclarse enteramente en ella, aparte de que en las revueltas políticas tengan ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes”. Sin comentarios.

    Como consecuencia de estos “estudios” se entiende cómo, durante la dictadura franquista, los más elementales derechos de la mujer fueron anulados y su papel quedó limitado al ámbito doméstico y sometida completamente a la voluntad del varón.  Igualmente, las teorías de Vallejo-Nájera sirvieron para “legitimar” y dar aires de falsa legalidad a la sustracción o eliminación de la custodia sobre aquellos niños y niñas que tenían el estigma por parte del régimen de ser “hijos de familias rojas”. Ello propició la pérdida de identidad de miles de niños, hijos de los vencidos, sobre todo en la década de los años 40. El dramático hecho de los “niños robados”, se prolongaría durante los años sucesivos, algo que, no lo olvidemos, tiene la consideración de “crimen contra la humanidad” y cuya reparación, en gran medida, todavía está pendiente por parte de la democracia española.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 marzo 2023)