EVO MORALES Y LA NUEVA BOLIVIA

     El 22 de enero se cumple un año de la toma de posesión de Evo Morales como presidente de Bolivia. Su llegada al poder al frente del  partido Movimiento al Socialismo (MAS), tuvo una significación histórica: por vez primera, un indio aymara llegaba a la Presidencia de la República, lo cual supuso un rayo de esperanza para millones de bolivianos pobres, aquellos que siempre habían sido explotados y marginados, aquellos a los que James Petras aludía como “los indígenas descalzos de los Andes”.

     Evo obtuvo en las urnas un apoyo del 53,7 % del electorado y, desde entonces, el país andino vive una apasionante transición política. El programa electoral de Evo es ambicioso: su objetivo es refundar Bolivia con criterios de soberanía nacional, desarrollo solidario y justicia social. Su proyecto de una Nueva Bolivia tiene varios ejes básicos: la elaboración de una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, el control de los recursos naturales bolivianos en manos de empresas extranjeras, la puesta en marcha de una profunda reforma agraria, acabar con el secesionismo y el monopolio del poder político de la oligarquía conservadora que históricamente ha dominado el país, así como una política exterior opuesta al  imperialismo de los EE.UU.

     Tal vez el punto más conocido de la política de Evo Morales sea su pugna por lograr un mayor control estatal de los recursos naturales, tema ésta en el que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de los bolivianos. Conviene recordar que el 18 de julio de 2004 se aprobó por referéndum que el Estado recuperase la propiedad de los recursos energéticos (hidrocarburos y gas) existentes en el país pero, el anterior presidente, Carlos Mesa, se negó a firmar la Ley de Hidrocarburos (LDH) aprobada en dicho referéndum y por ello convocó elecciones anticipadas. A ellas se presentó Evo con este tema como punto central de su programa electoral y, en diciembre de 2005, obtuvo un resonante éxito electoral. Como señalaba el diario boliviano “La Época”, el pasado 24 de diciembre, “el país necesitaba un sacudón”, y, ciertamente, Evo se lo ha dado

     Volviendo a la LDH, hay que dejar claro que, de hecho, esta ley no supone ni una nacionalización  ni tampoco una expropiación de los recursos energéticos, como repetidamente se ha dicho, sino que establece unas nuevas condiciones económicas entre el Estado boliviano y las compañías energéticas que operan en el país. De este modo, el objetivo es superar los anteriores contratos, injustos y abusivos, de los que hasta ahora, disfrutaban las multinacionales del sector y que apenas beneficiaban a Bolivia. Tras la firma de los nuevos contratos con las compañías concesionarias el pasado 29 de octubre, Evo dejó clara la postura de su Gobierno: “Queremos socios, no amos”. Por ello, no resulta asumible el discurso, bastante hipócrita por cierto, de Occidente (la Unión Europea y España incluidas) ante el contencioso de los hidrocarburos bolivianos: la actuación del Presidente Morales ha sido coherente, justa y legal frente a los intereses insaciables de las multinacionales (Repsol, entre ellas) para con los países del Tercer Mundo. En consecuencia, es un grave error  el que, en este asunto, se pretenda identificar los intereses económicos de una compañía (privada) como Repsol con los intereses nacionales de España en Bolivia.

     Otra cuestión de capital importancia es el proyecto de descentralización territorial iniciado por el Presidente Morales. Bolivia es un país dividido en dos zonas contrapuestas desde un punto de vista económico, territorial y social: los altiplanos pobres andinos de Occidente, de mayoría indígena y las ricas llanuras del Oriente, especialmente el  Departamento de Santa Cruz, reducto de la oligarquía blanca con sectores de larga tradición golpista y de claro signo racista. Desde que en julio de 2006 se celebró un referéndum para la concesión de autonomías departamentales, el Oriente boliviano, la zona más rica del país,   no oculta sus intenciones secesionistas en caso de que la política social de Evo Morales amenace sus seculares privilegios económicos. En este sentido, a la cuestión del mayor control estatal sobre los hidrocarburos existentes en el Oriente cruceño, habría que sumar la aplicación de la Ley de Reforma Agraria en esta zona, la cual supondría la restitución de las tierras a la población indígena, aquellas tierras que, desde 1971, les arrebató la dictadura de Hugo Banzer. Esta reforma, hasta el momento, ha sido saboteada por la oligarquía cruceña que no sólo se opone a la devolución de las tierras expoliadas, sino que pretende llevar a cabo una auténtica limpieza étnica de la población indígena del Oriente boliviano.

     Evo Morales es consciente de todas las dificultades a las que tiene que hacer frente para llevar a buen término su programa político. Hace unos días advertía que su “revolución” sufrirá “tropiezos” dado que “la oligarquía no acepta que un indio gobierne” pero, acto seguido manifestaba su convicción en que, desde hace un año, “el pueblo comenzó a liberarse y nadie lo podrá detener”.

     En un reciente artículo de Noam Chomsky titulado “Latinoamérica declara su independencia”,  este prestigioso intelectual norteamericano recordaba cómo, tras 5 siglos de dominación, se han empezado a construir en dicho continente sistemas democráticos nuevos basados en la participación popular y no en la dominación de las potencias extranjeras o de las oligarquías locales. Ejemplos de ello, además de la Bolivia de Evo Morales, serían los casos de Lula en Brasil, Chavez en Venezuela, Tabaré en Uruguay, Bachelet en Chile u Ortega en Nicaragua. Este proceso emancipador de América Latina, este giro a la izquierda en todos estos países, que tanto disgusta a los EE.UU., y ejemplo del cual son las transformaciones iniciadas por Evo Morales en Bolivia, debe de ser un motivo de alegría para todos los ciudadanos y sectores sociales progresistas puesto que  supone un acto de justicia y, consecuentemente, deberíamos  brindarle nuestro apoyo solidario.  

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 17 enero 2007)