Blogia
Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

DERECHOS CIVILES PARA LA GUARDIA CIVIL

      Mucho se ha hablado y escrito en estas últimas fechas sobre los problemas que afectan a la Benemérita, de las movilizaciones promovidas por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), así como las sanciones y expedientes incoados contra sus principales dirigentes, entre ellos dos aragoneses: Jesús Molíns, secretario general de la AUGC-Aragón y Cristóbal Soria, delegado de la misma en la provincia de Teruel.

     En el momento presente, se ha llegado a una situación desagradable y penosa para este colectivo de ciudadanos uniformados que, tras casi 30 años de legalidad constitucional, todavía carecen de los derechos civiles y democráticos básicos, de los cuales disfrutamos el conjunto de los demás ciudadanos y, también, el resto de las distintas fuerzas policiales (estatales, autonómicas y locales) existentes en España.

     La cuestión de fondo que ha generado este debate es clara: ante la nueva realidad social española, resulta cuestionable el actual modelo policial basado en la existencia de dos cuerpos de policía estatales, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía (CNP), que, pese a desempeñar constitucionalmente funciones similares, están separados por diferencias abismales en cuanto a sus normativas internas, sus condiciones de trabajo y el ejercicio de sus derechos laborales. De este modo, mientras el CNP tiene carácter civil, depende del Ministerio del Interior y sus miembros ejercitan con total libertad sus derechos sindicales, no ocurre lo mismo en la Guardia Civil. Esto se debe a que la Benemérita, que depende simultáneamente de dos ministerios (Interior y Defensa), mantiene de forma absolutamente anacrónica una estructura militar heredada del s. XIX que hace que sus miembros carezcan de derechos básicos propios de cualquier trabajador tales como la libre elección de residencia, la libertad de circulación, la libertad de expresión, derecho a la libre sindicación, etc,  todo lo cual supone una grave quiebra del principio de igualdad que consagra la Constitución de 1978.

     De entrada, hay que dejar claro que la Constitución distingue claramente entre Fuerzas Armadas, constituidas exclusivamente “por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire” (art. 8) y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad entre los que se incluye la Guardia Civil, los cuales,  “bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana” (art. 104.1). Posteriormente, la Ley 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desarrollaría este artículo de la Constitución distribuyendo las funciones de la seguridad estatal entre la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, sin perjuicio de las competencias aplicables a las distintas policías autonómicas y locales.

     Consecuentemente, la Guardia Civil, que no forma parte de las Fuerzas Armadas, es un cuerpo de seguridad civil al que se le encomienda la defensa de nuestros derechos y libertades, los mismos de los que sus miembros,  paradójicamente,  carecen dado que se mantiene  una estructura militar propia de otras épocas. Ello supone una grave limitación de derechos constitucionales, unas condiciones laborales más duras que sus compañeros de otros cuerpos y fuerzas de seguridad y, por su fuera poco, el estar sometidos a un régimen disciplinario, el Código Penal Militar (CPM), mucho más estricto que el de cualquier otro policía en España, ya que juzga como delitos militares infracciones que, si fueran cometidas en otros ámbitos como en el CNP o las policías autonómicas y locales, tendrían el carácter de meras sanciones administrativas.

     Conviene recordar que  el Consejo de Europa hace años ya que instó a la homologación de las distintas policías existentes en los estados miembros. Por ello, en el Código Ético de la Policía de 2001, se fijaba de forma nítida el marco de la seguridad pública en la Unión Europea indicándose de forma expresa que “El personal de policía está sometido a la misma legislación que los ciudadanos ordinarios”, a la vez que recomendaba que, los funcionarios policiales debían beneficiarse “de los derechos civiles y políticos de los demás ciudadanos”, lo cual no se aplica en absoluto en el ámbito de la Benemérita. Y sin embargo, los guardias civiles no son soldados, son policías a pesar de que su estatuto personal los someta a una disciplina militar que carece de sentido en la España del siglo XXI. Por ello, debería de convertirse en un cuerpo policial plenamente civil, al igual que ocurrió en 1986 cuando la vieja Policía Armada, los “grises” del franquismo, pasaron a convertirse en una policía civil: el CNP.

     Estas demandas, tan obvias,  se han encontrado con la frontal oposición y los intereses corporativos de los mandos militares de la Guardia Civil que, actuando como un auténtico poder fáctico, están  frenando los necesarios intentos de desmilitarizar y democratizar la Guardia Civil que impulsa la AUGC. Si esto es preocupante, también lo es la sensación de que el Gobierno se ha sometido con excesiva docilidad a los dictados del estamento militar que, vistos los últimos acontecimientos y los expedientes incoados contra los principales responsables de la progresista AUGC, parecen haber impuesto sus intereses corporativos sobre el poder civil y eso no es aceptable en democracia. Debe quedar claro que el futuro estos ciudadanos uniformados, de los guardias civiles, debe ser decidido por el poder civil y nunca por presiones o interferencias corporativas por parte de los mandos militares del mismo. Por ello, el Gobierno debe reaccionar con rapidez y coherencia dando una justa solución a las demandas de las bases de la Guardia Civil para que, por fin, la democracia entre, de verdad, en los cuarteles y les sean reconocidos de este modo a sus miembros los derechos civiles de los que ahora carecen. El Gobierno no debe ceder a las presiones militares  para cercenar a la AUGC y a las aspiraciones de miles de guardias civiles y, desde luego, resulta imprescindible retomar el diálogo, levantar las sanciones impuestas y cumplir los compromisos electorales para que, antes de finalizar esta legislatura, se apruebe la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil que reemplace al obsoleto CPM, así como el demandado Proyecto de Ley de Derechos y Libertades aplicable a este colectivo de 79.000 trabajadores. Ciertamente se trata de demandas imparables pues la asiste la razón y la justicia, las cuales debe acometer de una vez por todas con determinación el Gobierno del Presidente Zapatero.

     Lejos quedo la vieja imagen de la Guardia Civil caminera que denostaba García Lorca o la de aquella que fue soporte fiel de la dictadura pasada. Los tiempos han cambiado y, es necesario que se produzca un cambio radical de la configuración jurídica de la que surja una nueva Guardia Civil para el s. XXI, una Guardia Civil moderna, democrática, desmilitarizada y con derechos civiles plenos. Esta es la última transición democrática que la sociedad española  tiene, todavía,  pendiente. 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 5 marzo de 2007.) 

0 comentarios