AMNISTÍA PARA LOS SINDICALISTAS DE LA GUARDIA CIVIL
La vida a veces nos sorprende con sucesos inesperados que nos acercan a nuevos perfiles de la realidad, a hechos y situaciones que nos eran desconocidos. Así me ocurrió cuando conocí a Jesús Molíns Guitarte, Secretario General de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Aragón.
Confieso mi absoluta ignorancia sobre todo lo relacionado con la Benemérita, de la cual, como nieto de carabinero de la República que soy, me sentía por muchos motivos muy distante. Es por ello que me sorprendió conocer la difícil labor del sindicalismo democrático y progresista de la AUGC que luchaba por conseguir para este Cuerpo derechos civiles, básicos para cualquier trabajador como eran el de sindicación, libertad de expresión, negociación colectiva o de huelga. En definitiva, la democratización de la Guardia Civil para adecuarla plenamente a la legalidad constitucional, para equipararla a la situación de sus compañeros del desmilitarizado Cuerpo Nacional de Policía. Desde el primer momento, me pareció una causa justa y por ello, escribí en este mismo periódico un artículo titulado “Derechos civiles para la Guardia Civil”, el cual se publicó el pasado 5 de marzo de este año.
Desde entonces, la tenacidad reivindicativa de la AUGC ha propiciado que, tímida y gradualmente, se hayan ido logrando algunos avances en las condiciones laborales de los guardias civiles. Ahí están la Ley Orgánica 11/2007 reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia civil, así como la Ley Orgánica 12/2007 de régimen disciplinario de la Guardia Civil la cual, entrará en vigor el próximo mes de enero. Ciertamente, ello ha supuesto un nuevo marco legal y jurídico más favorable para este colectivo de 70.000 trabajadores.
Si todo esto es cierto, también lo es que se ha seguido notando el poder fáctico de los mandos militares en el seno de la Guardia Civil, contrarios a toda medida democratizadora que suponga, por tímida que sea, una gradual desmilitarización del Cuerpo. El poder fáctico de los mandos militares ha actuado en una doble dirección: por un lado, intentando cercenar al sindicalismo democrático que la AUGC representa y, por otro, y ello es lo grave, presionando al poder político para frenar, o cuando menos ralentizar, los avances progresistas necesarios para lograr una nueva Guardia Civil para el siglo XXI, moderna y desmilitarizada.
Es en este contexto en el que, pese a las nuevas leyes antes citadas, el pasado 30 de noviembre fueron sancionados 21 sindicalistas de la AUGC entre ellos los secretarios generales de la misma en Aragón (Jesús Molíns) y en la provincia de Teruel (Cristóbal Soria). La causa fue el expediente gubernativo por falta “muy grave” por la concentración de varios miles de guardias civiles realizada en la Plaza Mayor de Madrid el pasado 20 de enero. Estas sanciones, contra los dirigentes de la AUGC por participar en una concentración pacífica, por pedir derechos fundamentales, por reclamar el cumplimiento de los compromisos electorales del PSOE (recordemos que Jesús Caldera, durante la campaña de 2004, prometió que la Guardia Civil “sería desmilitarizada” si el PSOE ganaba las elecciones), resultan no sólo injustas, sino también desmesuradas, y, sin duda, responden a una venganza de los mandos militares para descabezar al sindicalismo progresista de la AUGC.
No parece el mejor camino la confrontación con la AUGC, la asociación mayoritaria en el seno de la Benemérita, máxime cuando el marco legal ha cambiado, cuando la nueva Ley Disciplinaria que cambia la tipificación de las sanciones, entrará en vigor en enero. Por ello, no es comprensible sancionar ahora aplicando una ley anterior a dos meses de entrada en vigor de la nueva.
Todas estas sanciones, impuestas por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, suponen en mi opinión un grave error político para con un colectivo de trabajadores uniformados que, en su día, confiaron en las promesas electorales socialistas de democratizar y desmilitarizar la Guardia Civil. Un error que sólo se puede enmendar si por parte del Gobierno se anulan estas sanciones y se amnistía a los sindicalistas de la AUGC. Además, pienso que, a medio plazo habría que plantearse seriamente la necesidad de una unificación total y definitiva de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en un nuevo Cuerpo Federal de Policía de ámbito estatal y en el cual todos sus componentes tuviesen iguales derechos civiles, laborales y sindicales.
La creación en un futuro de un nuevo Cuerpo Federal de Policía considero que acabaría de forma definitiva con las interferencias corporativas del estamento militar, suprimiría las diferencias existentes entre los actuales Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (GC y CNP), incrementaría la eficacia y operatividad al unificarse sus bases de datos. Además, España cumpliría así las recomendaciones del Consejo de Europa que, desde hace años, insta a la homologación de las policías existentes en sus estados miembros y, también, haría realidad el cumplimiento del Código Ético de la Policía de la Unión Europea del año 2001. Al menos, así lo piensa este nieto de un carabinero leal a la República.
José Ramón Villanueva Herrero
(La Comarca, Alcañiz, 18 diciembre 2007)
0 comentarios