UNA DERIVA AUTORITARIA

 

     Cumplido ya el primer aniversario del Movimiento 15-M,  se constata cómo el Gobierno de Rajoy ha puesto en su punto de mira al espíritu de rebeldía cívica que éste representa: desde una visión arcaica y restrictiva del derecho a la libertad de expresión, no oculta su rechazo a que la ciudadanía manifieste su indignación en las calles y plazas de España…y ha pasado a la ofensiva. De hecho, estamos asistiendo a un plan sistemático de desprestigio y acoso con dos objetivos muy concretos: la demonización del 15-M y la adopción de medidas  para neutralizarlo socialmente.

     Esta deriva autoritaria está obsesionada con desacreditar todo lo que significa el 15-M y sus protestas ciudadanas (acampadas “ilegales”, estudiantes considerados “enemigos”, acusaciones de “radicalidad ideológica” etc.). Ello supone, como señalaba Democracia Real Ya (DRY), un intento político e ideológico de la derecha para  criminalizar la indignación, los movimientos sociales el malestar generado por la gestión (antisocial) de la crisis económica.

     Esta ofensiva involucionista pretende amedrentar a los ciudadanos como es el uso creciente y desproporcionado de la policía en tareas represivas, algo que cada vez tiene más similitudes con las prácticas policiales del franquismo: el PP, obsesionado con el “principio de autoridad”, parece mantenerse fiel a la peor herencia del legado político de Manuel Fraga, aquella que se resumía en su nefasta frase de “la calle es mía”. Así las cosas, contrasta la dureza con que se cercenan las protestas ciudadanas con la sumisión manifiesta de Rajoy ante los recortes y ajustes que, en materia económica, nos impone  la dictadura de los mercados. Por ello, variando el sentido de los versos que García Lorca dedicó a Ignacio Sánchez Mejías, podríamos decir de nuestro Gobierno: “¡Qué blando con las espuelas, que duro con las espigas!”, esto es, ¡ qué servil con los poderosos, que implacable con los sectores más débiles de la sociedad!.

     En esta línea, resulta preocupante las pretensiones gubernamentales de endurecer el Código Penal (restricción del derecho de reunión, ampliación de las conductas constitutivas de “atentado contra la autoridad”   y de los delitos de “desorden público” y de   “integración en organización criminal”):  es lo que Gerardo Pisarello y Jaume Asens, juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), han calificado como una auténtica campaña de “demagogia punitiva” que tiene por objeto la “criminalización” de las protestas ciudadanas, y eso es muy preocupante en una sociedad democrática. Especialmente grave es la prevista aplicación de “organización criminal” a la actuación del movimiento indignado y que, según el artículo 570 bis del Código Penal viene definida como  una agrupación en la que, “de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas”, algo que, bajo ningún concepto puede aplicarse al 15-M, un movimiento pacífico con un profundo sentido democrático. Este endurecimiento del Código Penal que pretende convertir la resistencia pasiva en una nueva modalidad de “atentado contra la autoridad”, podría llevar a aberraciones tales como que,  de aplicarse este criterio, Mahatma Ghandi sería encarcelado si las pretendidas reformas penales de los ministros Fernández Díaz y Gallardón estuviesen en vigor en España.

     Ante esta situación, Amnistía Internacional (AI) advertía al Gobierno español que, con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cualquier reforma del Código Penal debe garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y manifestación pacífica. Más aún, según la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 17 de julio de 2008, se establece que las autoridades deben mostrar “cierta tolerancia hacia las reuniones pacíficas para no privar de todo contenido a la libertad de reunión”, algo de lo que deberían tomar nota el Ministerio del Interior y Cristina Cifuentes, la Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. En cuanto a las posibles responsabilidades derivadas de actos violentos, Esteban Beltrán, Director de AI en España, recordaba que, según las Directrices sobre Libertad de Reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), “los organizadores  de manifestaciones no serán responsables de los actos de cada participante” y que, en caso de incidentes, “son las personas que presuntamente hayan cometido dichas infracciones quienes deberán responder de las mismas y no los organizadores”, evitando, de este modo, penalizar, como se hace desde la derecha política y mediática, a todo el colectivo del 15-M por las acciones reprochables (y aisladas) de elementos violentos que no representan, en absoluto, ni al espíritu ni a la mayoría de este movimiento cívico.

     Con una ciudadanía cada vez más empobrecida y controlada, estamos asistiendo a un recorte de derechos cívicos que nos avoca a una democracia devaluada. Por ello, ante la amenaza de la deriva autoritaria que nos sobrevuela, resulta obvio que, como opinan Pisarello y Asens, “frente al uso demagógico del discurso securitario sólo hay una respuesta: ganar la calle y exigir la seguridad en el respeto a los derechos civiles, políticos y sociales de toda la población”. Ese es el camino pues, como decía Julio Cortázar, “tenemos que obligar a la realidad a que obedezca a nuestros sueños”, los sueños de esa esperanza que nació un 15 de mayo de 2011.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 21 mayo 2012)