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Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

EL FEDERALISMO NECESARIO

EL FEDERALISMO NECESARIO

 

     Asistimos a un creciente y tedioso enfrentamiento entre un nacionalismo español que ha cobrado nuevo impulso desde la llegada del PP al poder y sus intentos de  recentralización competencial y, de otra, el auge de  nacionalismos periféricos que, al no sentirse cómodos en España, desean emprender un camino de la independencia como recientemente se ha comprobado en Cataluña: ello nos recuerda el eterno dilema entre “convivir” o “conllevarse” que  expuso Manuel Azaña con motivo de los debates sobre el Estatuto de Cataluña de 1932 en las Cortes de la II República.

     Desde una perspectiva radicalmente democrática resulta evidente que el actual Estado Autonómico ha entrado en crisis, está “agotado”, como señalaba Josep Ramoneda,  pues se creó con la intención de articular a Euskadi y Cataluña en España y, en cambio, ahora la situación es más tensa que nunca en relación a dichas nacionalidades históricas. Por ello, tres son las salidas posibles para lo que ha dado en llamarse la “España post-autonomica”: la recentralización que defiende la derecha nacionalista española,  la secesión independentista o el federalismo.

     Soy partidario de la vía  federalista como alternativa a la recentralización y a la secesión, por ser solución aceptable para encauzar las derivas nacionalistas tanto del centralismo como de la periferia y por ofrecer un camino válido para redefinir el nuevo mapa territorial de España. El futuro siempre es incierto, pero coincido con Pere Navarro, Primer Secretario del PSC en que, dadas las actuales circunstancias, la España futura, “será federal o no será”. Por ello, el reto  es  articular y una nueva España federal que sea aceptable, asimétrica (ya no vale el “café para todos”) y solidaria para con todos los ciudadanos y, tal vez, en un futuro cercano, bajo una forma de gobierno republicana. En este modelo federal, deberán clarificarse cuestiones esenciales tales como los sistemas de financiación, los modelos de coordinación territorial, una corresponsabilidad política y financiera aceptable, sin olvidar la redefinición del papel del Senado: sólo así se sentarán las bases de un  federalismo solidario, ideal al que aspiró eel frustrado Proyecto de Constitución Federal de la República Española de 1873 o el Proyecto de Pacto o Constitución Federal del Estado Aragonés de 1883, inspirados ambos en la idea del “pactismo”, herencia del pensamiento de Francesc Pí y Margall, esto  la libre, democrática y leal  unión pactada  por los pueblos hispánicos en una estructura política común: la Federación.

     La necesidad de  reformular el modelo territorial del Estado Español va a obligar a emprender una nueva transición política y un gran pacto de estado que, con el añorado “espíritu de consenso”, vincule a todas las fuerzas políticas posibles. En esta misma línea, la importante resolución hecha pública por la Corriente de Opinión Izquierda Socialista del PSOE y su homónima Esquerra Socialista del PSC el pasado 30 de septiembre, plantea la necesidad de un pacto federal que debe desembocar en una profunda reforma de la Constitución de 1978, que ciertamente no es una norma eterna, inmutable  ni infalible, mediante la cual se redefina el papel del Senado, se configure el Estado plurinacional español reconociendo las identidades nacionales que lo conforman, las posibilidades de máximo autogobierno, sin olvidar “la cohesión social y solidaridad interterritorial que reclaman los  derechos de la ciudadanía”. Y añado: también deberían de suprimirse las diputaciones provinciales como último vestigio de un fenecido Estado unitario.

     Sumidos en este incierto siglo XXI, las propuestas federalistas siguen siendo válidas para articular de forma armoniosa la España plural en la que muchos creemos y superar así de forma definitiva cualquier tentación centralista o sentimiento insolidario por parte de los distintos territorios que conforman esta “nación de naciones” que es España. En este sentido, y frente a los intereses de la burguesía catalana, resulta fundamental el papel de la izquierda política y sindical en defensa del federalismo, una lucha histórica que siempre mantuvieron durante la República, la dictadura y la transición, en defensa de la nación catalana dentro de una España plurinacional, recuperando la idea del presidente Companys cuando proclamó “el Estado Catalán dentro de la República Federal Española”. Por ello, el papel a desempeñar por el PSC, como principal fuerza de la izquierda en Cataluña, un partido que asumió las ideas del legado federalista de Pi y Margall, especialmente en diversos posicionamientos expuestos por  Isidre Molas, Pasqual Maragall o Raimon Obiols, va a ser decisivo De este modo, el PSC, comprometido con la España plural desde sus posiciones federalistas y catalanistas, las dos almas que subyacen en el socialismo catalán, debería desempeñar un papel determinante apoyando el derecho a decidir desde una reafirmación de su federalismo y presionando al conjunto del PSOE para que opte con valentía por la senda federal, sobre todo en aquellos sectores del mismo que siguen siendo reticentes a ella.

     La apuesta por un “federalismo cooperativo” es la mejor opción al pluralismo constitutivo de la nación española. De este modo, hay que avanzar, en expresión de José Antonio Pérez Tapias  hacia un “federalismo diferencialista”  como alternativa ante el confederalismo de algunos partidos nacionalistas  y la reactivación de un nuevo nacionalismo español de signo centralista apoyado por los partidos de la derecha tradicional. Retomando una expresión de Víctor Pruneda, el dirigente histórico del federalismo turolense del s. XIX, el modelo propugnado por la República Federal Española es que los territorios que libremente la conformen,  “se sientan unidos por un suave lazo que a todos une y a ninguno ata”: ese es el ideal al que aspiramos los federalistas para España y para el conjunto de esa gran federación que es la Unión Europea.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 8 octubre 2012)

 

 

 

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