FASCISMO SOCIAL

 

     En la renacentista ciudad italiana de Ferrara, la cuna de Savonarola y de Ariosto, en cuya Universidad estudiaron Paracelso y Copérnico, se dice que era tanto su nivel cultural que, en las batallas contra las ciudades vecinas, las bombardas de Ferrara no arrojaban vulgares piedras sobre sus enemigos, sino pulidos bloques de mármol: eran igual de mortales, pero era un arma refinada, propia de la que fue considerada como la primera ciudad moderna de Europa. Así son también los efectos sociales de las medidas de ajuste neoliberal implantadas tan diligentemente por Rajoy: impecablemente democráticas gracias al peso de su mayoría absoluta parlamentaria, pero tan letales  para la cohesión y la justicia social como las bombardas de Ferrara.

     Ante esta situación, Iñaki Gabilondo recordaba hace unos días que, tras la hecatombe financiera, los ciudadanos, convertidos en “súbditos de los mercados”, vivimos en un régimen que no duda en calificar como “una dictadura muy particular disfrazada con los ropajes de la democracia” Puede parecer muy dura esta expresión pero no por ello deja de ser menos cierta.

     En esta línea,  el prestigioso sociólogo Boaventura de Sousa Santos emplea el término de “fascismo social”,  el cual avanza en las “democracias de baja intensidad”, en aquellas que, según Huntington, el nivel de participación popular es inferior al del nivel de institucionalidad, lo cual produce graves déficits democráticos y genera lo que Lechner define como “minorías consistentes” que, cual nuevas oligarquías, usurpan el espacio que corresponde a la ciudadanía. En consecuencia, se trata de sociedades formalmente democráticas, pero “socialmente fascistas” que, aunque no tienen los mismos rasgos que los movimientos totalitarios del pasado siglo XX, suponen un peligro real para la democracia. Por ello, Sousa Santos define al fascismo social  como “un régimen social que combina la democracia de muy baja intensidad con dictaduras plurales en las relaciones sociales, económicas y culturales”. Tal es así que los ciudadanos somos formalmente libres, pero la realidad nos ha convertido en siervos, hasta el punto de que algunos autores hablan de un “neofeudalismo”, tanto en cuanto los grupos sociales dominantes adquieren un creciente poder sobre la vida las expectativas (personales y laborales) de los ciudadanos y de los grupos sociales oprimidos. En este sentido, Sousa Santos habla de un “fascismo de la inseguridad”, entendiendo por tal la “manipulación discrecional de las seguridad de las personas y los grupos sociales debilitados por la precariedad del trabajo” (ahí están las regresivas reformas laborales) que generan en los trabajadores elevados niveles de ansiedad e incertidumbre hacia el futuro, o el “fascismo contractual”, el que afecta a los contratos de trabajo, derivado de la creciente disparidad entre las partes que hace que la parte débil (el trabajador) acepte, “por onerosas y despóticas que sean, las condiciones impuestas por la parte poderosa” (el empresario)”:  constantes rebajas salariales, creciente incumplimiento de los convenios y, también, las consecuencias derivadas de los procesos de privatización de servicios públicos.

     Pero de los diversos ámbitos en que opera el fascismo social, el más peligroso, virulento y global es el “fascismo financiero”, cuyo exponente es la economía de casino  y el ilimitado poder alcanzado por los sectores financieros y que, como señalaba Juan Carlos Monedero, puede destruir las economías y las expectativas sociales de países enteros. Para ello cuenta con la ayuda inestimable de las agencias de rating, empresas internacionalmente reconocidas para evaluar la situación financiera de los estados y los riesgos y oportunidades que ofrecen a los inversores extranjeros. Estas agencias, que no fueron elegidas por nadie y que manejan criterios arbitrarios para cuantificar el nivel de riesgo de los estados y, que, sin embargo, en las democracias de baja intensidad, como es el caso de España, se obedecen sus dictados “con más fidelidad que a una sentencia de la Corte Constitucional”.

     La punta de lanza del fascismo financiero está enarbolada por estas agencias (Moody’s, Standard & Poors, Fitch), con un poder que puede provocar el estrangulamiento financiero de países como Grecia, o serias dificultades para salir de la sima de la crisis, como le sucede a Portugal o España. Es por ello, que, de nuevo Sousa nos advierte que, mientras el capitalismo financiero siga “resolviendo” la crisis que él mismo ha generado, “las agencias de rating seguirán siendo sus armas de destrucción masiva”.

     A todo lo dicho, una nueva amenaza se cierne en el horizonte. Se trata del proyecto del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que, aunque paralizado temporalmente, supone el programa de máximos del fascismo financiero. De este modo, en el ámbito de la OCDE y promovido por los EE.UU. y la UE,  el AMI pretende que los países concedan  idéntico trato  a los inversores extranjeros y a los nacionales, prohibiendo tanto los obstáculos específicos a las inversiones extranjeras como los incentivos o subvenciones al capital nacional. En consecuencia, ello supondría la prohibición de las medidas estatales contrarias a las multinacionales con prácticas comerciales ilegales, además de prohibir las políticas nacionales que pretendan restringir la fuga de capitales hacia zonas con menores costes laborales. De este modo, el capital puede deshacer cualquier resistencia obrera o sindical y, con ello, “confiscar la deliberación democrática”, en beneficio de un auténtico fascismo social.

     Ante semejante espectro, sólo hay dos alternativas: aceptar sin reparos esta sutil dictadura, o emprender la ardua labor de refundar los valores y los cimientos de nuestra democracia y del Estado social. Una tarea larga y dura, pero imprescindible e inaplazable.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en:  El Periódico de Aragón, 18 marzo 2013)