POR UN SENADO FEDERAL

 

     Cuando el 29 de mayo la Fundació Rafael Campalans vinculada al PSC hacía público el documento “Por una reforma constitucional federal” planteaba,  a lo largo de sus 40 páginas, una cuestión de indudable calado político cual es la reforma del modelo territorial español surgido del proceso autonómico desde una perspectiva federalista. De este modo, el PSC, liderado por Pere Navarro,  el rostro amable, integrador y solidario del socialismo catalán, hijo de emigrantes aragoneses de Samper de Calanda, dario del socialismo catalán busca un perfil propio en plena marea soberanista. Y es que, como señalaba Miquel Iceta, presidente de la Fundació Campalans, y dirigente del PSC, su partido no se resigna “a contemplar impasible cómo se agranda una brecha entre los catalanes y el resto de los españoles” por una serie de problemas latentes a los que no se ha sabido dar respuesta: conflictos competenciales, la representación política de las comunidades autónomas en los órganos del Estado, una justa financiación autonómica y, también el asumir con valentía política la realidad plurinacional de España, entendida ésta como “nación de naciones”. Todas estas cuestiones son razones que justifican la necesidad de una reforma federal de nuestro marco constitucional.

     Por todo ello, resulta muy oportuna la propuesta federalista del PSC. En primer lugar, porque genera un debate, tan abierto como necesario, sobre el modelo territorial español y sus disfunciones. El PSC ha sido capaz de proponer una interesante iniciativa política tanto frente a lo que Pere Navarro califica como “utopías secesionistas”, como a las tendencias recentralizadoras del PP. Sin embargo, esta voluntad del PSC de tender puentes de entendimiento entre Cataluña y el resto de España, lamentablemente, ha hallado escasos apoyos y la propuesta federalista del socialismo catalán ha recibido las duras críticas del nacionalismo españolista conservador, de los partidarios de soluciones independencistas y, también, la incomprensión de los sectores más jacobinos y centralistas del PSOE (Guerra y Bono, entre ellos) con lo que,  ante tal situación, parecía cumplirse de nuevo la vieja sentencia de Machado según la cual “en España, de cada diez cabezas, una piensa y nueve embisten”.

     En segundo lugar, redimensiona la función a desempeñar por el Senado. Ante el anquilosamiento y atrofia actual del la Cámara Alta, emergen tres posiciones: la de quienes plantean su supresión sin proponer ninguna opción alternativa, la de quienes defienden su continuidad maquillándola de reformas que nunca se llevan a cabo y la del PSC, la más interesante que opta por transformarlo en un Senado Federal dentro de un nuevo modelo territorial de una futura España federal. Las ideas anteriores aparecen  recogidas en el capítulo 3º, titulado La conversión del Senado en un órgano federal, en el que, tras calificar su actual papel como de “Cámara inútil”, demanda la necesidad de que su reforma sirva para canalizar la participación de las Comunidades Autónomas “en la aprobación de las leyes que les afectan decisivamente” con criterios de corresponsabilidad y colegislación según el modelo federal del Bundesrat alemán. Por esta razón, se propone que el Senado Federal esté formado no por parlamentarios elegidos por circunscripciones provinciales como en la actualidad, sino por miembros de los respectivos Gobiernos autonómicos (consejeros y, en ocasiones importantes por los propios presidentes) con lo cual para cada debate, las respectivas Comunidades enviarían al Senado, según la materia a tratar,  a sus consejeros respectivos o a los altos funcionarios que consideraran más idóneos, por lo que esta Cámara tendría un mayor perfil no sólo político sino también técnico. Además, su composición sería reducida (92 senadores), a razón de 3 por cada Comunidad Autónoma y uno más por cada millón de habitantes de las mismas, quedando la representación territorial del Senado de éste modo: Cantabria, La Rioja y Navarra (3 votos), Aragón, Asturias, Extremadura, Baleares y Murcia (4), Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia y Euskadi (5), Valencia (8), Madrid (9), Cataluña (10) y Andalucía (11).

     Finalmente, la presente propuesta federalista reubica al PSC y, esperemos que también al conjunto del PSOE, en la mejor tradición federal de raíz republicana que es consustancial al partido de Pablo Iglesias y ofrece una respuesta positiva y sensata a la crisis identitaria del Estado Español, contra cuya nave se baten con fuerza las olas del españolismo centralista y las de los nacionalismos periféricos e insolidarios. Y es que, como ya decía Rafael Campalans en 1923, “socialismo y federalismo tienen  que considerarse como doctrinas complementarias”. El mismo Miquel Iceta nos ofrece una acertada definición del federalismo que propugna el socialismo catalán: “es una forma de organizar la democracia especialmente adecuada cuando se trata de fortalecer la convivencia en sociedades integradas por pueblos distintos que acuerdan construir instituciones comunes, que aúnan la fuerza de la unión y el respeto a la diversidad. Federalismo es autogobierno y, por ello, es la mejor forma de organizar el Estado en un mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas”.

    Ciertamente, el futuro siempre es incierto y supone un cúmulo de retos y riesgos añadidos. Pero cada vez somos más los que pensamos que la España del siglo XXI será federal (y por supuesto republicana) o el actual modelo de Estado no tendrá la capacidad de mantener unidos a todos los territorios que conforman esta nación de naciones llamada España.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 junio 2013)