LA JUSTICIA, JUZGADA

 

     Ningún gobierno de la democracia española había dejado un rastro tan negativo en lo que a involución de derechos y recorte de libertades se refiere que el ya terminal Ejecutivo de Rajoy: ahí están, como flagrante ejemplo de ello, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, (“la Ley Mordaza”), o la regresiva reforma del Código Penal. A ello hay que sumar la  penosa situación actual de la Justicia en España: escasez de medios personales y materiales con el consiguiente colapso de los Juzgados, sin olvidar las reformas del anterior ministro Gallardón y su  intento de control gubernamental de la Judicatura, unidas a otras medidas regresivas (modificación de la Ley del Aborto, imposición de tasas judiciales, privatización del Registro Civil, limitación del principio de justicia universal). A este panorama hay que añadir los numerosos (y polémicos) sumarios judiciales que están en la mente de todos: Gürtel, Nóos, Bárcenas, Bankia, Púnica, Pokemon o los EREs de Andalucía.

    Tampoco olvidamos la ignominiosa inhabilitación del juez Garzón  por su valiente actitud ante la investigación de la podredumbre de la trama Gürtel y de los crímenes del franquismo, algo que ha supuesto un grave descrédito de la Justicia española, no sólo aquí, sino también en el extranjero. Por ello, frente a una Justicia autista ante las demandas cívicas de investigación de los crímenes franquistas (recordemos que el Tribunal Supremo se negó a investigarlos alegando, en contra de la jurisprudencia en materia de legislación penal internacional, que ya habían prescrito), las recientes actuaciones de la Justicia argentina, y en particular de la juez María Servini, deberían de hacer enrojecer a la Justicia española, incapaz de aplicar los principios de la legislación y la justicia universal para juzgar los crímenes genocidas del franquismo, que tienen la calificación jurídica de “crímenes de lesa humanidad”.

    Si todo esto fuera poco, la Judicatura, en sus órganos más representativos como es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) no desempeñan correctamente sus funciones dada su politización como consecuencia del perverso sistema de nombramiento por cuotas partidistas. El caso más reciente y escandaloso es el de los jueces Enrique López  y Concepción Espejel, ambos miembros del CGPJ a propuesta del PP y que juzgarán el caso Gürtel que salpica de lleno al partido conservador y que, por ello, suscita serias dudas la exigible imparcialidad que deberían tener  ambos magistrados en este espinoso asunto.

    Difícil son las alternativas ante semejante cúmulo de fiascos. Algunas propuestas resultan de interés. Este es el caso las ideas que plantea el documento Por una reforma constitucional federal elaborado por la Fundación Rafael Campalans afín al PSC, en cuyo capítulo 7º, titulado “Descentralización del Poder Judicial”, propone que el CGPJ se convierta en un “órgano más técnico y neutral” teniendo en cuenta que la mayoría de sus tareas son de naturaleza administrativa, lo cual implica, además de suprimir el sistema de cuotas, optar por una composición más reducida de sólo 5 miembros: 3 jueces elegidos por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y 2 juristas de prestigio elegidos por el Congreso y el Senado.

     Por lo que se refiere al TC actualmente desbordado por cantidad de conflictos competenciales y con una preocupante involución conservadora, en el dictado documento se plantea la supresión del actual sistema de cuotas de los grupos parlamentarios por otro en que los magistrados serían elegidos a partes iguales por el Congreso y por un futuro Senado Federal para que, de este modo,  todas las comunidades autónomas tengan “alguna conexión” con el referido TC y se sientan integrados y representados en el mismo.

     En cuanto al Tribunal Supremo (TS), también presenta en la actualidad graves disfunciones: sus miembros son elegidos por tiempo indefinido (hasta su jubilación) y sin criterios que midan la capacidad u mérito del candidato pues lo son por las cuotas ideológicas o partidistas del CGPJ. La actuación del TS quedó patente durante el nefasto papel del juez instructor Luciano Varela contra Garzón y su sumario de los crímenes del franquismo.   

    En consecuencia, hay que abrir el debate de cómo elegir a los jueces con independencia y separación de los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y hay opciones: desde la elección directa como ocurre en Estados Unidos, la votación ciudadana para ratificar a la Corte Suprema como en Japón o la aplicación de duras pruebas de selección, tal y como se aplican en numerosos Estados.

     Por su parte, el documento Hacia una estructura federal del Estado, elaborado por el Consejo Territorial del PSOE (Granada, 6 de julio de 2013) propone que el TS debería de ser un Tribunal de Casación, (esto es, de unificación de doctrina) y no de segunda o tercera instancia. Para ello, se sugiere que, “con carácter general, los diferentes procesos en todo y cada uno de los órdenes jurisdiccionales, deben culminar en los Tribunales de Justicia de cada Comunidad Autónoma y no en el Tribunal Supremo” (punto 31.3). Consecuentemente, es necesaria una territorialización del sistema de gobierno del Poder Judicial que, respetando su carácter de poder único y exclusivo del Estado, requiere una creciente desconcentración de todas deliberaciones y decisiones que no afecten a las funciones del CGPJ en los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Ello, siguiendo el modelo alemán,  supondría una  auténtica descentralización de la Justicia, tal y como recordaba Martín Pallín.

     El prestigio y eficacia de nuestra judicatura dependerá de la resolución de estas cuestiones funcionales, así como de los casos de corrupción política y financiera que tanta alarma social generan y, por supuesto, de la rehabilitación de Baltasar Garzón. De este modo, nuestra democracia recuperará, en palabras del citado Garzón, “una justicia universal, para todos, sin distinción de clases, sin escalones de poder, y en la que prevalezca el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a conocer la verdad”. Esa es la auténtica Justicia democrática al servicio de la ciudadanía.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 agosto 2015)