EL NEGOCIO (SANGRIENTO) DE ARMAS

 

     En el siempre polémico tema del mercado internacional de armas convergen múltiples intereses, tanto económicos de las industrias fabricantes como geoestratégicos de los Estados que los impulsan. Además, si bien es cierto que, como señalaba Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz, el comercio de armas descendió tras el final de la Guerra Fría, también es verdad que, aunque con altibajos como consecuencia de la crisis económica, este suculento mercado se ha reactivado como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la posterior lucha contra el terrorismo internacional.

     En el conjunto de los países productores de armas, aunque EE.UU., la Unión Europea y Rusia acaparan el 85% de la producción mundial y que estas armas son cada vez más tecnológicamente sofisticadas, hay que tener presente que España tiene un importante papel dado que, según datos de 2015, figura como el 7º país en el ranking mundial de exportadores de armas tras EE.UU., Rusia, Alemania, Francia, China y Reino Unido. Además, en este mercado, siempre cuestionable, todos los Gobiernos de España del período democrático, como de nuevo señalaba Tica Font, han evidenciado “un importante grado de secretismo y opacidad” tanto ante el Parlamento como ante la ciudadanía y la opinión pública. Y esta lamentable situación se produce a pesar de que la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) es la responsable de autorizar las exportaciones de armas, incluidas las destinadas a algunos países que, como es el caso de Arabia Saudí, Egipto, Turquía o Irak están inmersos en conflictos armados. De este modo, según un informe de Armament Research Services (ARES) de agosto de 2016, se tenía constancia de la presencia en la guerra del Yemen de armas españolas, entre ellas las fabricadas por la empresa zaragozana Instalaza tales como lanzacohetes C-90CR y granadas de mano, así como del empleo de vehículos tácticos todoterreno «Uro Vamtac» fabricados en Santiago de Compostela por la empresa UROVESA.

     Especialmente significativo es el caso de Arabia Saudí con quien España mantiene unos muy cuestionados Acuerdos de Cooperación Militar, país que se ha convertido en los últimos años en el mayor comprador de armas de todo Oriente Medio como lo prueba el hecho de que, entre 2011-2015 ha incrementado en un 275% la adquisición de suministros militares. Dado el carácter represivo de la monarquía saudí, la falta de derechos fundamentales que impone su visión rigorista del islam wahabita, unido a su intervención militar en el conflicto de Yemen, han hecho que, desde distintas instancias, entre ellas, diversas ONGs como Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermon Oxfam o Fundipace, se haya pedido la suspensión de las exportaciones de armas a Arabia Saudí, así como a otros países del Golfo Pérsico. Así lo han reclamado, también, el pasado mes de septiembre de 2017 los grupos parlamentarios de Unidos Podemos, ERC y PDeCAT en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados alegando que en dichos países existía una represión interna e “indicios racionales de violaciones de los derechos humanos”, propuesta que fue rechazada por el PP, C´s y, sorprendentemente, también por parte del PSOE.

    Hay razones de sobra para considerar la ilegalidad de estas exportaciones con arreglo a la legislación española y europea en lo referente al comercio internacional de armas sobre todo, teniendo en cuenta aspectos tales como la inestabilidad existente en Oriente Medio, unida a la influencia de países como Arabia Saudí, Oman, Baréin o los emiratos Árabes Unidos por su apoyo a una de las partes en el conflicto de Siria o a su participación en la coalición suní que combate en Yemen, y no digamos en el caso de Irak, donde la prohibición resulta todavía más obvia dado que el país, continúa, pese los últimos éxitos del Gobierno de Bagdad, sumido en una guerra en su propio territorio.

      Aunque estos contratos de armas resultan suculentos económicamente hablando, como es el caso de las 5 fragatas encargadas por Arabia Saudí a la empresa Navantia, el cual garantizaría a sus astilleros de Cádiz 5 años de actividad y 10.000 empleos durante ese período, o las gestiones que en su día llevó a cabo en su día  la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que estuvo tan íntimamente relacionada con el rey emérito como éste lo está con el régimen despótico de Riad, para la venta de entre 250 y 270 carros de combate Leopard de la empresa Santa Bárbara Sistemas-General Dinamics por un precio estimado  de 3.000 millones de euros, hay valores y principios superiores a los meramente mercantiles. Por ello, como señalaba Joan Olóriz, diputado de ERC, resulta lamentable comprobar que, aunque cambie el color político del Gobierno de España, todos ellos han priorizado la venta de armas “por encima de los derechos humanos y el derecho penal internacional”.

     Dado que ciertamente resulta utópico pensar en la abolición del mercado de armas a nivel global, aspiremos, al menos a lograr un cada vez un mayor control del mismo. Por ello, y en lo que al caso de España respecta, este control debería basarse en aspectos tales como la necesidad de mejorar la información ofrecida al Parlamento sobre las exportaciones de material de defensa, facilitar el control y seguimiento de estas ventas por parte del Poder Legislativo y, desde luego realizar en todos los casos un análisis riguroso del riesgo  que comportan estas exportaciones de desvío a terceros países o grupos armados  en relación a su destino para el cual fueron autorizadas.

     Por todo ello, el control de las exportaciones de armas no sólo es un reto ético y jurídico sino una forma efectiva de impedir que las armas de fabricación española provoquen daños, especialmente entre la población civil, tal y como por desgracia ahora ocurre en las actuales guerras del Yemen y Siria o en cualquier otro conflicto armado de los que ensangrientan tantas vidas y conciencias.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 marzo 2018)