UN DICTADOR, DOS GENOCIDIOS

 

     Hasta ahora siempre se decía que el general Franco fue cómplice pasivo de la deportación de los republicanos españoles a los campos de exterminio nazis, pero Carlos Hernández de Miguel en su libro Los últimos españoles de Mauthausen. La Historia de nuestros deportados, sus verdugos y sus cómplices (2015), demuestra con pruebas documentales que “Franco fue el principal responsable de lo ocurrido. No fue un cómplice necesario, fue el instigador de todo”. Y es que su “relación privilegiada” con el Reich hitleriano la aprovechó para eliminar, como ya estaba haciendo en España de forma sistemática, a los que consideraba como “rojos peligrosos”, aquellos que habían sido capturados por el ejército alemán tras la invasión de Francia en 1940, los cuales, tras desposeerlos de la nacionalidad española, serían posteriormente deportados en condición de apátridas, sellando así su fatal destino con la mirada complaciente del dictador, la mayor parte de ellos en Mauthausen-Gusen. Según Carlos Hernández, la responsabilidad de Franco fue evidente puesto que “Hitler jamás habría deportado a un solo ciudadano español sin antes consultarlo con Franco”.

     Además de Franco, esta tragedia tiene otros culpables y verdugos y como tales deben pasar a la historia, en unos momentos en que en plena II Guerra Mundial, el régimen no ocultaba sus delirios filonazis. Este es el caso de Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores que, tras su visita a Berlín en octubre de 1940, permitió a los nazis la deportación de los republicanos españoles a los campos de la muerte, labor que continuaría Francisco Gómez Jordana, su sucesor al frente de la diplomacia franquista durante 1942-1944, ambos con la colaboración de destacadas figuras del régimen como el general Eugenio Espinosa de los Monteros, embajador en Berlín entre 1940-1941, el mismo que había firmado las sentencias de muerte de “Las Trece Rosas” en agosto de 1939,  o José María Doussinague Teixidor, Director General de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores.

      Además del genocidio al que fueron sometidos los republicanos, dentro y fuera de España, Franco fue culpable del que se cometió contra la población judía sefardí, a la cual se negó a salvar de la barbarie nazi. Asì, Eduardo Martín de Pozuelo en su libro El Franquismo, cómplice del holocausto (2015), documenta algunos episodios desconocidos de la dictadura tales como que Franco recibió por parte de Alemania reiteradas ofertas para entregarle a los judíos de nacionalidad española durante los años 1942-1943, propuesta que les hubiera salvado de los campos de exterminio, la cual se mantuvo, incluso, tras la siniestra Conferencia de Wansee (20 enero 1942) en la que los jerarcas nazis acordaron la “Solución final del problema judío” que daría inicio al Holocausto. Martín de Pozuelo señala que, ante esta oferta ilimitada y continua en el tiempo, los nazis se sorprendieron de las continuas negativas del Gobierno franquista, el cual mostró una absoluta frialdad e indiferencia ante estos grupos de judíos que estaba en su mano salvar. Tal es así que el régimen, por medio de José María Doussinague, el principal interlocutor en esta materia entre franquistas y nazis, haciendo gala de un filonazismo rebosante y de un rabioso antisemitismo, le manifestó a Hans-Adolf von Moltke, el embajador alemán en Madrid, que “si los judíos son enemigos de Alemania, los judíos son por tanto enemigos de España”, remachando su negativa diciendo que, en caso de autorizarse la repatriación de estos judíos, “una vez en España, se pondrían al lado de los aliados, de las democracias y por lo tanto en contra de nuestro régimen”, lo cual suponía, como recordaba Martín de Pozuelo, “un claro alineamiento” del franquismo con las potencias del Eje, al margen de su pretendida neutralidad. En consecuencia, el embajador von Moltke informó el 23 de febrero de 1943 a Berlín de su conversación con Doussinague en la que éste le dijo claramente que “El Gobierno español ha decidido no permitir en ningún caso la vuelta a España a los españoles de raza judía que viven en territorios bajo jurisdicción alemana”.

     Pero la mezquindad del régimen fue todavía mayor si tenemos presente que, tras abandonarlos a su suerte, el franquismo pretendió apropiarse de los bienes de los judíos sefardíes españoles. Así, el 25 de marzo de 1943, el ministro Gómez Jordana remitió un Oficio al Ministerio de Asuntos Exteriores alemán solicitando su intervención ante las de ocupación germanas en Francia, Bélgica y Holanda para pedirles que “los bienes de los judíos españoles dejados atrás al salir de éstos países”, deberán “ser administrados por los cónsules españoles o representantes de España y tienen que quedarse en su posesión por tratarse de bienes de súbditos españoles y por lo tanto ser un bien nacional de España”.

    Posteriormente, la responsabilidad moral, política y criminal de Franco y su régimen con el Holocausto intentó ser maquillada por la meritoria labor humanitaria llevada a cabo por algunos diplomáticos españoles, siempre por iniciativa propia y contradiciendo las directrices oficiales que les instaban a “no interferir” en el genocidio judío, como fue el caso de los aragoneses Ángel Sanz Briz en Budapest, Sebastián Romero Radigales en Atenas, o el caso de Juan Palencia en Bulgaria, siendo éste último represaliado posteriormente por el régimen por conceder visados a judíos sin tener en cuenta su origen, actitud que justificó  “porque los estaban matando”.

     De lo que no cabe duda es que este es el trágico relato de cómo el franquismo fue el culpable y actor necesario de dos genocidios, el cometido contra los republicanos, dentro y fuera de España, y el del pueblo judío, dos hechos que le llenarán para siempre de oprobio y que siguen sin ser juzgados con arreglo a la legislación penal internacional.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 agosto 2019)