Movimiento obrero- historia

EL MOVIMIENTO OBRERO EN ARAGÓN (I). LA PRIMERA INTERNACIONAL.

     

El primer intento por unificar a todas las organizaciones obreras tuvo lugar con la creación de la I Internacional, también conocida como Alianza Internacional de los Trabajadores (AIT). Fundada en Londres en 1864, e impulsada por Marx y  Engels, agrupaba a laboristas, socialistas y anarquistas. De la AIT formaban parte distintas Federaciones Regionales (entiéndase, estatales), las cuales englobaban diversas Federaciones Locales, bien fueran éstas de tendencia libertaria o marxista. Sin embargo, las diferencias y tensiones entre los seguidores de Marx y de Bakunin, originaron la expulsión de los anarquistas de La Internacional.

 

Tras el triunfo de la revolución de 1868, empezaron a difundirse en España las ideas internacionalistas. Aunque loa mayor parte de las nuevas federaciones obreras se adscribieron al anarquismo, también aparecen otras afines al socialismo. Así, tras la caída de la Commune de París (1871), Paul Lafargue, yerno de Marx, se refugia en España y, tras pasar por las cárceles de Graus y Huesca, impulsa la creación de los primeros núcleos obreros organizados en Aragón: se sabe que La Internacional contaba hacia 1872 con federaciones locales en Zaragoza (agrupaba a 10 secciones de oficios), Huesca (creada por Lafargue), Calatayud, Ateca y, también, en la ciudad de Teruel, y en Bellver de Cinca y en Ayerbe.

 

Digamos también que en Aragón tuvo lugar el II Congreso Obrero de la Federación  de Trabajadores de la Región Española (FTRE) de La Internacional, que se celebró en Zaragoza entre el 4-11 de abril de 1872. En el mismo estuvieron presentes las dos tendencias de la AIT: la libertaria, encabezada por Anselmo Lorenzo, y la socialista, con la presencia de, además de Lafargue, Paulino Iglesias, José Mesa, Francisco Mora o Víctor Pagés, futuros fundadores y dirigentes del PSOE y de la UGT.

 

El Congreso Obrero de Zaragoza, pese a las prohibiciones gubernativas, pudo seguir sus sesiones, aprobando una serie de dictámenes. Entre ellos, figuran extensos debates sobre la cuestión “¿Qué se entiende por obrero?”, acordándose emplear el término “proletario”, entendiendo por tal todo trabajador que, a cambio de un salario, crea un producto cambiable y de utilidad social. Se distingue entre artesanos y proletarios, se analiza el papel de la mujer en el movimiento obrero, las distintas formas de propiedad y la necesidad de que el proletariado adquiera una “enseñanza integral” como primer paso para su emancipación social.

 

Posteriormente, socialistas y anarquistas siguieron caminos distintos en el seno del movimiento obrero y la I Internacional, tras unos años de decadencia, se disolvió en 1878. A su vez, tras la caída de la I República en España (1874), las organizaciones obreras fueron ilegalizadas. Pese a ello, en plena clandestinidad, se fundó el PSOE en 1879. Poco más tarde, el Gobierno liberal de Sagasta legalizó a los partidos de oposición (republicanos y PSOE) y una nueva Ley de Asociaciones volvió a permitir el funcionamiento de las organizaciones obreras. De este modo, la FTRE de La Internacional se reorganizó pero, dado que en ella predominaba la tendencia anarquista, la minoría socialista decidió fundar en 1888 un nuevo sindicato: la Unión General de Trabajadores, la UGT.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(La Voz Sindical, nº 104, Zaragoza, enero-2008)

 

 

NICOLÁS REDONDO, UN SOCIALISTA CONSECUENTE

        Siempre he considerado a Nicolás Redondo Urbieta, secretario general de UGT entre 1973-1994, como un ejemplo de ética, coherencia y compromiso sindical. Es por ello que he leído con gran interés el libro escrito por Antonio García Santesmases, compañero de militancia en la Corriente Izquierda Socialista del PSOE, titulado Nicolás Redondo. Historia, memoria y futuro (1927-2007). Esta obra, editada por la Fundación Francisco Largo Caballero con motivo del 80º cumpleaños del histórico sindicalista, supone un homenaje a Redondo, a quien Cándido Méndez, su sucesor al frente de la UGT, define como una persona “de impecable rectitud, austero, íntegro, firme, coherente en sus convicciones”.

       El libro recoge, a modo de relato biográfico, las conversaciones mantenidas entre García Santesmases y Redondo en torno a cinco etapas de su trayectoria vital. De este modo, se habla sucesivamente de aquel “niño de la guerra”, hijo de los vencidos (su padre, también socialista, sufrió varias condenas por el franquismo), de su condición de socialista vasco, de su labor como reconstructor de la UGT durante la dictadura. Especial interés tiene el capítulo 4º, titulado “Líder de la movilización obrera”, en que se analizan los años del Gobierno de Felipe González,  aquellos duros y dolorosos años en que se produjo el desgarro entre el PSOE y la UGT, la ruptura de la familia socialista, enfrentamiento que culminó con la histórica huelga general del 14 de diciembre de 1988. La última parte de la obra alude a la actividad desarrollada por Redondo tras su salida de la secretaría general de la UGT (abril 1994) en la que, como ciudadano comprometido, y pleno de inquietudes, se ha dedicado a analizar el pensamiento socialista, a la relectura continua y actualizada de Prieto y Largo Caballero, y a activo papel en los movimientos cívicos contra ETA y favor de la libertad y la democracia en el País Vasco, compromiso que le obliga a vivir con escolta.

       Me han interesado especialmente las reflexiones de Redondo en torno a la vigencia del pensamiento socialista clásico, sin renuncias, sin adulteraciones neoliberales. Se opone así al sutil calado de las peligrosas ideas social-liberales que priman el mercado sobre el Estado, lo privado sobre lo público, o de la empresa sobre el sindicato y los trabajadores. Es por ello que Redondo pretende espolear a la izquierda política para que recupere sus señas de identidad ante la ofensiva de la globalización neoliberal. En este contexto, las ideas de Redondo suponen una reivindicación de la socialdemocracia, del socialismo de Europa central y de los países nórdicos, ideas que, frente a todo pragmatismo o desviación social-liberal, ha defendido siempre en el seno del PSOE la Corriente Izquierda Socialista, el ala izquierda del Partido, tan vinculada a las posiciones del sindicalismo ugetista.

       Se hace necesario, nos recuerda Redondo, retomar los valores esenciales de la socialdemocracia cuales son: cuestionar el sentido de la propiedad, del modelo de producción y la función del Estado. Hay que priorizar los intereses sociales sobre los económicos y los de los trabajadores sobre las empresas: en definitiva, la defensa permanente de lo sectores más débiles de nuestra sociedad, sin olvidar a la población inmigrante. Redondo es rotundo en este aspecto y por ello reivindica todos los puntos esenciales de la política socialdemócrata, una política que, para lograr la justicia social, debe ser verdaderamente redistributiva. En materia económica debe priorizar el pleno empleo de  calidad, con derechos y respetuoso con el medio ambiente; debería haberse mantenido un sector público empresarial estratégico, hoy lamentablemente desmantelado en España; incentivar una inversión pública adecuada, así como una política fiscal progresista basada en la imposición directa, no en la indirecta y, desde luego, contraria a la reducción de impuestos, lo cual está generando en la actualidad lo que Redondo denomina un “desarme fiscal generalizado”, como lo evidencian, además, promesas electorales tales como la supresión del impuesto de patrimonio. Finalmente, otros puntos esenciales de la política socialdemócrata serían la existencia de una protección social avanzada que garantice un sistema pública de pensiones suficiente así como la cobertura para las personas dependientes, puntos éstos en los que el Gobierno Zapatero ha logrado importantes avances. Finalmente, frente a las tentaciones privatizadoras y la presión de la derecha, la socialdemocracia debe mantener siempre un sistema educativo y una sanidad públicos, gratuitos y de calidad.

       Redondo, sensible a los cambios actuales, analiza también la globalización, a la cual considera como un hecho irreversible pero a la cual hay que darle un sentido social para que se convierta en “un instrumento al servicio del bien  público y del interés general de la Humanidad”. De este modo, el reto es convertir a la globalización liberal, la de los egoísmos financieros y empresariales, en una nueva globalización de la solidaridad y de la justicia social y, para ello, la socialdemocracia debe retomar sus principios internacionalistas.

       Esta es la tarea presente y futura de la socialdemocracia ya que, como afirma Redondo, “para cambiar el mundo es absolutamente necesario el socialismo” pues su tarea esencial sigue siendo loa defensa de los marginados, de los más pobres, de la clase trabajadora.

       Este libro nos presenta a un Nicolás Redondo coherente y lúcido que, a sus 80 años, mantiene sus convicciones con la misma constancia y tenacidad de siempre y, por ello, sigue siendo un referente válido para los sectores progresistas de nuestra sociedad.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 27 enero 2008) 

AMNISTÍA PARA LOS SINDICALISTAS DE LA GUARDIA CIVIL

    

La vida a veces nos sorprende con sucesos inesperados que nos acercan a nuevos perfiles de la realidad, a hechos y situaciones que nos eran desconocidos. Así me ocurrió cuando conocí a Jesús Molíns Guitarte, Secretario General de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Aragón.

Confieso mi absoluta ignorancia sobre todo lo relacionado con la Benemérita, de la cual, como nieto de carabinero de la República que soy, me sentía por muchos motivos muy distante. Es por ello que me sorprendió conocer la difícil labor del sindicalismo democrático y progresista de la AUGC que luchaba por conseguir para este Cuerpo derechos civiles, básicos para cualquier trabajador como eran el de sindicación, libertad de expresión, negociación colectiva o de huelga. En definitiva, la democratización de la Guardia Civil para adecuarla plenamente a la legalidad constitucional, para equipararla a la situación de sus compañeros del desmilitarizado Cuerpo Nacional de Policía. Desde el primer momento, me pareció una causa justa y por ello, escribí en este mismo periódico un artículo titulado “Derechos civiles para la Guardia Civil”, el cual se publicó el pasado 5 de marzo de este año.

Desde entonces, la tenacidad reivindicativa de la AUGC ha propiciado que, tímida y gradualmente, se hayan ido logrando algunos avances en las condiciones laborales de los guardias civiles. Ahí están la Ley Orgánica 11/2007 reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia civil, así como la Ley Orgánica 12/2007 de régimen disciplinario de la Guardia Civil la cual, entrará en vigor el próximo mes de enero. Ciertamente, ello ha supuesto un nuevo marco legal y jurídico más favorable para este colectivo de 70.000 trabajadores.

Si todo esto es cierto, también lo es que se ha seguido notando el poder fáctico de los mandos militares en el seno de la Guardia Civil, contrarios a toda medida democratizadora que suponga, por tímida que sea, una gradual desmilitarización del Cuerpo. El poder fáctico de los mandos militares ha actuado en una doble dirección: por un lado, intentando cercenar al sindicalismo democrático que la AUGC representa y, por otro, y ello es lo grave, presionando al poder político para frenar, o cuando menos ralentizar, los avances progresistas necesarios para lograr una nueva Guardia Civil para el siglo XXI, moderna y desmilitarizada.

Es en este contexto en el que, pese a las nuevas leyes antes citadas, el pasado 30 de noviembre fueron sancionados 21 sindicalistas de la AUGC entre ellos los secretarios generales de la misma en Aragón (Jesús Molíns) y en la provincia de Teruel (Cristóbal Soria). La causa fue el expediente gubernativo por falta “muy grave” por la concentración de varios miles de guardias civiles realizada en la Plaza Mayor de Madrid el pasado 20 de enero. Estas sanciones, contra los dirigentes de la AUGC por participar en una concentración pacífica, por pedir derechos fundamentales, por reclamar el cumplimiento de los compromisos electorales del PSOE (recordemos que Jesús Caldera, durante la campaña de 2004, prometió que la Guardia Civil “sería desmilitarizada” si el PSOE ganaba las elecciones), resultan no sólo injustas, sino también desmesuradas, y, sin duda, responden a una venganza de los mandos militares para descabezar al sindicalismo progresista de la AUGC.

No parece el mejor camino la confrontación con la AUGC, la asociación mayoritaria en el seno de la Benemérita, máxime cuando el marco legal ha cambiado, cuando la nueva Ley Disciplinaria que cambia la tipificación de las sanciones, entrará en vigor en enero. Por ello, no es comprensible sancionar ahora aplicando una ley anterior a dos meses de entrada en vigor de la nueva.

Todas estas sanciones, impuestas por la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, suponen en mi opinión un grave error político para con un colectivo de trabajadores uniformados que, en su día, confiaron en las promesas electorales socialistas de democratizar y desmilitarizar la Guardia Civil. Un error que sólo se puede enmendar si por parte del Gobierno se anulan estas sanciones y se amnistía a los sindicalistas de la AUGC.  Además, pienso que, a medio plazo habría que plantearse seriamente la necesidad de una unificación total y definitiva de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) en un nuevo Cuerpo Federal de Policía de ámbito estatal y en el cual todos sus componentes tuviesen iguales derechos civiles, laborales y sindicales.

La creación en un futuro de un nuevo Cuerpo Federal de Policía considero que acabaría de forma definitiva con las interferencias corporativas del estamento militar, suprimiría las diferencias existentes entre los actuales Cuerpos y Fuerzas de Seguridad (GC y CNP), incrementaría la eficacia y operatividad al unificarse sus bases de datos. Además, España cumpliría así las recomendaciones del Consejo de Europa que, desde hace años, insta a la homologación de las policías existentes en sus estados miembros y, también, haría realidad el cumplimiento del Código Ético de la Policía de la Unión Europea del año 2001. Al menos, así lo piensa este nieto de un carabinero leal a la República.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(La Comarca, Alcañiz, 18 diciembre 2007)