Política-España

LA AMARGA VICTORIA DEL PP

 

   Durante la noche electoral Carlos Floriano manifestó que las elecciones municipales y autonómicas las había  ganado el PP. Pero, tras esta afirmación cierta, se escondía la dura realidad: la derecha política había sufrido un castigo electoral de gran magnitud. Se sabía que la nefasta gestión del PP le iba a pasar factura ante el electorado (propio y ajeno) y sólo faltaba  saber la intensidad del previsible varapalo electoral. Y así fue pues el PP tuvo una victoria pírrica, ese tipo de victorias que tienen el amargo sabor de una derrota pues sus apoyos electorales habían caído de forma estrepitosa, poniendo de manifiesto que las políticas neoliberales que ha aplicado con rigidez el PP, le han supuesto dilapidar en tan sólo una legislatura el apoyo electoral que conquistó en los comicios de 2011.

    Y Aragón no ha sido una excepción. Durante la noche electoral, la desolación era patente en los rostros de los dirigentes populares. Y no era para menos pues la Presidenta Rudi perdía 88.000 votos, un -12,19% menos de apoyo popular que el logrado en el 2011 y asumía resignada su imposibilidad  de mantener el Gobierno de Aragón. Rudi recibía el merecido castigo electoral por las políticas que ha aplicado desde el Pignatelli y que han generado un enorme y creciente hartazgo en amplios sectores ciudadanos. Ciertamente, la gestión de Rudi ha sido nefasta pues, a los duros recortes en sanidad, educación o políticas sociales y de dependencia, se han unidos actitudes y gestos de arrogancia e insensibilidad por temas tales como su desprecio por las lenguas catalana y aragonesa, su enfrentamiento con la Universidad de Zaragoza, su nula gestión cultural, su desdén por las políticas públicas de la memoria histórica democrática, etc.

    Si Rudi sufría semejante desgaste gobernando, batacazo que todavía hubiera sido mayor si los partidos emergentes hubieran logrado una mayor implantación en el medio rural aragonés, peor era, pese a ser la lista más votada en el Ayuntamiento de Zaragoza, el caso de Eloy Suárez el cual, sin gobernar, veía reducidos sus apoyos en 44.000 votos, un -15,24 % menos que en las anteriores elecciones municipales y así, ponía fin a su aspiración de  alcanzar la alcaldía de la capital de Aragón. En el ámbito municipal, escaso consuelo resulta, pues, la victoria, también pírrica de PP en las otras dos capitales, aragonesas, el ascenso en el caso de Alcañiz o Tarazona, o el mantener en su poder algunas cabeceras comarcales. La victoria, seguía teniendo un sabor amargo.

    Con la amarga victoria del PP, se cierra en Aragón, y en gran parte de España, todo un ciclo de políticas de derechas que nos malgobernaban. Por ello, el PP ha sufrido merecidamente tan contundente castigo electoral lo cual unido a la frescura y entusiasmo de las candidaturas de convergencia que apostaron decididamente por una democracia más participativa, y  una política económica más justa y solidaria, son motivos de alegría y de esperanza.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 26 mayo 2015)

 

UN HÉROE ARAGONÉS EN GRECIA

 

     En estos últimos años, diversas investigaciones han rescatado la meritoria labor llevada a cabo por algunos diplomáticos españoles a favor de la población judía durante la Shoáh, el Holocausto nazi, entre ellos, los aragoneses Ángel Sanz Briz y Sebastián de Romero Radigales. Pero, mientras que es bien conocida  la actuación del zaragozano Sanz Briz a favor de los judíos húngaros en Budapest, no lo es tanto la de Romero Radigales, natural de la localidad oscense de Graus y que tuvo también un importante papel humanitario a favor de los judíos sefardíes en  Grecia durante la II Guerra Mundial, tema éste estudiado por la historiadora Matilde Morcillo.

     Sebastián Romero Radigales (1884-1970) procedía de una familia conservadora originaria de Barbastro con amplia vocación política: su padre fue senador vitalicio durante la Restauración y su hermano José fue diputado por Huesca en varias ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII y llegó, más tarde a ser ministro con la CEDA durante la II República. Pero Sebastián no encaminó sus pasos hacia la política sino por  la diplomacia: su primer destino fue el de cónsul en Bulgaria (1925) y, posteriormente, en Moldavia (1927), San Francisco (1929-1933) y Chicago (1934). Pero el lugar que marcaría su vida sería Grecia: primero, como agente del Gobierno franquista (1937-1939) durante la guerra civil y, desde 1943, como Cónsul General de España, en plena ocupación nazi del país heleno.

     Romero Radigales fue un diplomático afín al régimen franquista  (al igual que Sanz Briz) pero ambos tuvieron en común su ayuda y solidaridad para con el pueblo judío víctima del Holocausto lo cual les impulsó a actuar de forma valiente y decidida  a favor de éstos enfrentándose no sólo a las autoridades alemana, sino también con sus superiores en el Ministerio de Asuntos Exteriores  franquista, por entonces fiel seguidor de la estela político-militar de las potencias fascistas. Como señalaba Eduardo Martín de Pozuelo, la noble actitud de Romero Radigales era consecuencia de la “naturalidad de quien cumple con su deber y está impregnado de una profunda humanidad y fe”.

     En medio de la tragedia de la II Guerra Mundial, Romero Radigales se empeñó, a título personal y sin ningún apoyo del Gobierno de Franco al que representaba, en salvar a los judíos sefarditas de Atenas y Salónica de ascendencia española. Constantes fueron sus enfrentamientos con el embajador alemán en Atenas el cual se quejaba ante su ministerio de la “resistencia” del diplomático español y pedía a Berlín que “presionase” a las autoridades franquistas “para que instruyeran a Romero” y así “frenar sus interferencias” en la cuestión judía. Pero las “interferencias” del cónsul oscense, a pesar de múltiples dificultades dieron sus resultados  y así, pudo liberar a casi 800 judíos que hubieran acabado sus días en los campos de exterminio nazis.

     Un lugar latía de forma especial en el corazón de Romero Radigales: la ciudad de Salónica, importante símbolo del judaísmo sefardí de la Diáspora y que en aquellas fechas, como señala Isaac Revah, uno de los judíos salvados por nuestro cónsul, era, “en la práctica una ciudad española” habida cuenta de la importante presencia de la comunidad sefardí, una Salónica en la cual era destacable la presencia de los descendientes de los judíos aragoneses expulsados en 1492, el conocido como “Cal Aragón”, como nos recuerdan las investigaciones de Adela Rubio y Santiago Blasco. Pero todo   cambió tras la ocupación nazi de Salónica (9 abril 1941) supuso el asesinato del 95 % de su población judía ya que, entre marzo-junio de 1943, unos 48.000 judíos salonicenses  fueron deportados al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau.

     Fue por estas fechas, cuando Romero Radigales, recién nombrado Cónsul en Atenas (abril 1943), pasó a la acción: trasladó a 150 sefardíes de Salónica a Atenas desde donde más tarde pudieron ser enviados a la entonces Palestina británica, además de otros 235 que pudo mantener con vida en hasta el final de la guerra en la capital helena. También logró la repatriación de 365 judíos sefardíes retenidos en el campo de Bergen-Belsen y que, después de múltiples penalidades, llegaron a España en febrero de 1944 con visados de tránsito, que no de residencia, puesto que el régimen franquista no los admitía, para más tarde hallar refugio en el Protectorado de Marruecos y en América. A la vez, organizó el depósito de los bienes de todos los repatriados para evitar que se apoderasen de ellos los nazis y que, una vez acabada la guerra, se encargó de devolverlos a sus propietarios o herederos.

    La actitud pronazi del régimen franquista permitió el exterminio de la otrora floreciente comunidad judía de Salónica, la ciudad más “judeoespañola” del Mediterráneo oriental, cuya responsabilidad debería de martillear la conciencia de todos aquellos que cometieron y consintieron esos crímenes. Ahí están, a modo de denuncia, las cartas secretas cruzadas del ministro de Asuntos Exteriores Gómez Jordana  y del embajador franquista en Berlín (Ginés Vidal) desoyendo y criticando las desesperadas súplicas de Romero Radigales para que España evacuara a los judíos perseguidos.

     Al final la historia hizo justicia: denostó al franquismo por sus crímenes y por su connivencia con el fascismo internacional y, por el contrario, reconoció la noble labor llevada a cabo por Romero Radigales. Es por ello que el pueblo judío honra su memoria y el pasado 30 de septiembre, tuvo lugar en Jerusalén la ceremonia de proclamación póstuma del cónsul oscense como Justo entre la Naciones, distinción que Israel concede a aquellas personas que, no siendo de confesión o ascendencia judía, ayudaron al los judíos durante la Shoáh. Si Israel honra a Romero Radigales, también debería de hacerlo su Aragón natal pues su historia merece ser conocida y recordada como ejemplo para futuras generaciones.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 diciembre 2014)

 

 

 

EL PP Y LA HERENCIA DE CÁNOVAS

 

    Resulta innegable que en estos últimos años y, aprovechando la coartada de la crisis, España, de la mano del Gobierno del PP está sufriendo un grave involución en materia de derechos y libertades, unos preocupantes retrocesos y restricciones democráticos. Y no nos debe de extrañar puesto que las raíces ideológicas de la derecha gobernante, no sólo se vinculan con determinados aspectos del legado franquista, sino que se remontan a figuras del más rancio conservadurismo del s. XIX. Este es el caso de Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), cuya larga sombra sigue muy presente (como permiso de Ángela Merkel) en el ideario político del actual PP.

    Dicho esto, debemos recordar que, como señala José Antonio Piqueras en su libro Cánovas y la derecha española. Del magnicidio a los necon (2008), el político conservador se convirtió en el principal referente ideológico de la derecha española durante la Transición democrática. Eran los tiempos en los que, como recordaba el historiador Carlos Dardé, la derecha postfranquista intentaba darse un barniz democrático y en el que los dirigentes populares intentaban “pasar por nietos de Cánovas antes que por hijos de Franco”, aunque esta última herencia, especialmente si tenemos presente el permanente obstruccionismo del PP ante las políticas públicas de impulso de la memoria histórica democrática, sigue resultando evidente. No fue casualidad que, en tiempos de Manuel Fraga, se crease la Fundación Cánovas del Castillo la cual se convirtió en el referente ideológico del PP hasta que, durante el Gobierno de José María Aznar, ésta, junto con otras fundaciones afines a los populares, se integraron en el año 2002 en la FAES.

   La herencia política de Cánovas no sólo fue patente durante la Transición sino que se extiende hasta el momento presente y su influencia ha sido patente en el rearme ideológico de los conservadores españoles, especialmente en el caso de neocon tan influyentes como Aznar o Esperanza Aguirre.

   El momento estelar de la magnificación de la figura de Cánovas tuvo lugar en 1997 con motivo del centenario de su asesinato, cuando era Presidente del Consejo de Ministros, a manos de un militante libertario. El entonces Gobierno de Aznar concedió el carácter de “celebración de Estado” a la conmemoración del magnicidio de Cánovas y dichos actos tuvieron una clara instrumentalización política ya que, tanto el Gobierno Aznar como el PP, aprovecharon para reivindicar los principios y valores de la derecha conservadora, entre ellos, la religión, la familia y la nación española, presentando a Cánovas como uno de los padres del Estado-nación liberal y centralista. Con este motivo, se impulsó una intensa campaña propagandística de la figura de Cánovas mediante la edición de libros, documentales y la celebración de exposiciones, seminarios y conferencias laudatorias sobre el legado de Cánovas, el principal político conservador de la España de la Restauración.

    Pero, frente a tanta exaltación canovista, la realidad de su herencia política es bien distinta. Como señalan Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada (2007), “convertir a Cánovas en icono nacional resultó un ejercicio lleno de dificultades en la España democrática” por tres razones fundamentales que los dirigentes populares obviaron deliberadamente: su carácter antidemocrático (siempre se opuso frontalmente a establecimiento del sufragio universal en España), por sus medidas represivas contra la clase trabajadora y el movimiento obrero y, también, por haber sido el artífice de un sistema político corrupto basado en el caciquismo y en el consiguiente fraude electoral sistemático. Vistas estas líneas maestras de la política canovista del s. XIX, no es difícil asociarlas con la actuación del actual Gobierno de Rajoy y sus lacerantes recortes de derechos y libertades (incluida su pretensión de reforma del sistema electoral), la merma de derechos laborales y, en cuanto a la corrupción, ¿qué decir de las vinculaciones con el caso Gúrtel y del hecho de que todos los tesoreros del PP están (o han estado) incursos en procesos penales?.

   Frente a estas evidencias, la conmemoración del centenario de la muerte de Cánovas en 1997, nos lo presentaba como “un visionario que había traído la estabilidad al país con la restauración de la monarquía tras una serie de revoluciones y guerras civiles iniciadas en 1868” (Balfour-Quiroga). Esta imagen significaba, desde el punto de vista conservador, una exaltación de la monarquía como elemento clave de la estabilidad de España, así como que los cambios políticos del sistema debían ser “moderados” y producirse siempre a partir del consenso previo entre los dos principales partidos de la Restauración (conservadores y liberales) y siempre y cuando no implicasen crítica algún a la Corona.  Estas son precisamente las mismas ideas que prevalecen en el PP actual: defensa cerrada de la monarquía (a pesar de su anacronismo y escándalos) y necesidad de preservar el sistema político (a pesar de sus carencias y déficits democráticos) forzando un gran pacto de Estado ente el PP y el PSOE, tanto en materia económica, como electoral y territorial. Esto es canovismo puro, la herencia de una vieja, apolillada y decimonónica política conservadora.

   Como señala Millán y Romero, Cánovas creó un sistema antidemocrático “que impidió la consolidación de una sociedad civil participativa y una esfera pública nacional integradora” lo cual fue generando una brecha cada vez mayor entre la identidad nacional popular y el nacionalismo oficial de la monarquía de la Restauración. Exactamente como ocurre en la España actual y que se plasma en la aparición de nuevos movimientos políticos y sociales que cuestionan el sistema surgido de la Transición y que ha generadola profunda crisis identitaria y territorial en la que nos hallamos sumidos.

    La sombra de Cánovas, desde el s. XIX hasta la actualidad, además de alargada, como los cipreses de Delibes, es lacerante y con evidentes rasgos antidemocráticos, antisociales y con un uso descarado de la corrupción en beneficio de los intereses partidarios. Esa es la herencia de Antonio Cánovas del Castillo en el actual y descentrado Partido Popular. Y esa herencia es muy preocupante.

 

José Ramón Villanueva Herrero

 

REPUBLICA FEDERAL ESPAÑOLA, CAPITAL: BARCELONA

 

 

     Al problema que supone este caballo encabritado que es la crisis económica, se ha unido en España  la no menos grave crisis territorial planteada por el proceso secesionista de Cataluña. Si reprochable resulta el inmovilismo numantino de un rancio y trasnochado nacionalismo españolista, produce tristeza constatar el que los nacionalismos periféricos, al margen de sus legítimas aspiraciones de autogobierno, han actuado con excesiva frecuencia con una deslealtad constitucional, tanto en la España democrática surgida tras el final de la dictadura franquista, como en otros períodos anteriores.

      Recordando las lecciones de la historia, me viene a la memoria la actitud de los nacionalistas vascos y catalanes durante nuestra guerra civil en la que, éstos, conscientes de la inevitable derrota militar de la República ante el embate fascista,  intentaron llegar a un quimérico acuerdo con las fuerzas franquistas. En este contexto, tuvo lugar el enfrentamiento entre Juan Negrín, el presidente del Gobierno republicano, y la actuación del PNV y de ERC, un enfrentamiento con un profundo calado político. De hecho, como señalaba Ángel Viñas, Negrín siempre consideró que, para derrotar al fascismo era imprescindible recuperar y fortalecer la autoridad del Estado republicano ya que, “la alternativa era el caos” y, por ello, había que evitar, en tan difíciles circunstancias, el “taifismo”( bien fuera éste vasco, catalán o anarquista) y la disgregación de la autoridad.

    Debemos recordar el llamado Pacto de Santoña del 24 de agosto de 1937, la rendición del Ejército de Euskadi ante las tropas fascistas italianas y que  supuso un duro golpe por parte del PNV a la causa republicana y una enorme torpeza al confiar en una impensable “generosidad fascista” para con el pueblo vasco, la cual, obviamente,  nunca existió.

    Tras este pacto, para muchos, una “traición”, Negrín, que siempre desconfió de los nacionalismos insolidarios,  temiendo que también la Generalitat de Cataluña pretendiera buscar una solución unilateral a la guerra, decidió trasladar la sede del Gobierno republicano  a Barcelona a finales de octubre de 1937 con el doble objetivo de evitar una posible traición por parte del nacionalismo catalán y, también, para garantizar el control gubernamental de la vital frontera con Francia. Como señaló el dirigente comunista Palmiro Togliatti, se pretendía, así, impedir  “que triunfase en Cataluña un movimiento favorable a la paz separada con el fascismo”.

    Negrín no estaba equivocado ni sus temores eran infundados pues eran conocidos los intentos de Euskadi y Cataluña de llegar a una paz por separado con Franco y, para ello, como señala Josep Sánchez Cervelló,  aunque hubo intentos desde finales de 1936, tras la ruptura del frente de Aragón (marzo 1938), tanto el Gobierno Vasco como la Generalitat catalana realizaron gestiones en Londres y París con objeto  de lograr una mediación franco-británica que salvaguardase sus respectivos autogobiernos. De este modo, los nacionalistas vascos y catalanes soñaron con una quimérica negociación por su cuenta para lograr el cese de hostilidades en sus territorios a cambio de unas reivindicaciones específicas cuales eran: la presencia propia de Euskadi y Cataluña en una hipotética conferencia de paz, respeto a sus Estatutos de Autonomía, plebiscito separado en cada uno de estos territorios sobre la naturaleza de su futuro régimen político y la desmilitarización de Euskadi y Cataluña, reivindicaciones éstas, que acertadamente calificó Ángel Viñas de estar llenas de “ombliguismo” y “candidez”. Esta diplomacia secreta, en la que en cierta medida participó el Vaticano, supuso, lógicamente, un empeoramiento de las relaciones de Negrín con respecto al lehendakari Aguirre y el president Companys,  si bien es cierto que, a pesar de esta deslealtad política, la inmensa mayoría de la población vasca y catalana se mantuvo fiel a la causa republicana.

    Tras la Conferencia de Munich (29-30 octubre 1938), cuando la guerra ya estaba perdida definitivamente para la República, se produjeron nuevas actuaciones del Gobierno de Euskadi ante el Foreign Office en defensa de la autodeterminación vasca. Por su parte, la Generalitat realizó gestiones en París llegando incluso a plantearse  un cesión territorial de Cataluña a Francia, lo cual, además de un sinsentido, asestaba, en las contundentes palabras de Ángel Viñas,  “una puñalada por la espalda al Gobierno de la República”.Por ello, frente a esta desafección, recuerdo la frase que Manuel Tuñon de Lara dijo a Eloy Fernández Clemente y que éste recoge en sus memorias: “Jamás te avergüences de España: es el único país con Vietnam que resistió tres años un golpe de Estado”.

    Vueltos al presente, ante la actual crisis territorial, ante la inacción del Gobierno de Rajoy,  incapaz de ofrecer ninguna propuesta ilusionante frente a las derivas  insolidarias del secesionismo nacionalista, el concepto de España se halla en una preocupante crisis identitaria de incierto futuro. Las actitudes de unos y otros parecen conducirnos, como decía Iñaki Gabilondo, en un frenético galopar, hacia una embestida fatal. Ante este horizonte, siempre me he manifestado partidario del derecho a decidir del pueblo catalán y de una redefinición del modelo territorial español en torno a una República federal que articule de una manera más armoniosa la innegable plurinacionalidad de lo que, en otros tiempos, se denominaba “las Españas”, nuestra nación de naciones. Ha llegado el momento de tomar decisiones valientes y, además de las apuntadas, no sería descabellado plantear que, en una futura República federal, la capital  de España debería de ser trasladada a Barcelona, como en su día hizo el presidente Juan Negrín, lo cual, además de una ruptura con las inercias centralistas, sería un elemento de mayor articulación e integración territorial que, sin duda, limitaría los anhelos, por otra parte legítimos, del secesionismo catalán. Una cuestión ciertamente polémica, pero también imaginativa.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: Canarias Noticias, 11 noviembre 2014)

 

 

 

 

UN ARAGÓN IRREAL

 

     La presidenta Rudi ha ofrecido su visión de un Aragón que se halla muy lejos de la realidad. Su discurso,  como era previsible, exalta la gestión del gobierno PP-PAR en la misma medida que adolece de la necesaria autocrítica.

     Su empacho de triunfalismo le hace considerar como“un hecho incontestable” el final de la crisis, el inicio de la recuperación económica y la creación de empleo neto en Aragón. Está convencida, como San Jorge, de haber vencido al dragón de la crisis, pero éste sigue echando bocanadas de fuego, produciendo enormes desgarros sociales y que, tras los datos macroeconómicos,  está el sufrimiento real y cotidiano de miles de aragoneses.  Esa visión irreal aparece también en sus políticas en materia de sanidad, servicios sociales o educación, donde el Estado de Bienestar ha sufrido  voraces dentelladas: por mucho que se quieran maquillar los datos,  la realidad es bien tozuda.

 

José Ramón Villanueva

(valoración del discurso de la presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, con motivo del debate del estado de la región publicado en El Periódico de Aragón, 17 julio 2014)

 

UNA ABDICACIÓN REAL Y UN REFERÉNDUM NECESARIO

 

     Un impetuoso vendaval de  indignada desafección sacude a las instituciones de nuestra democracia representativa: a la vista está el descrédito de los partidos políticos convencionales y, de forma especial, del sistema bipartidista, descrédito extensivo también, a la Corona.

     La anunciada abdicación de Juan Carlos I, lógica y necesaria habida cuenta del creciente desgaste y errores cometidos por el monarca y diversos miembros de la familia real, sobradamente conocidos, es un intento de apuntalar, en la figura del príncipe Felipe, el cuarteado edificio de la monarquía española.

     En estos días asistiremos a una previsible avalancha apologética de la figura y la labor del abdicado soberano,  magnificando de forma laudatoria el papel del rey durante los años de la Transición o en el frustrado golpe de Estado del 23-F. Sin  embargo, ahora, la cuestión prioritaria no debe de ser el garantizar el futuro de una monarquía, institución ya de por sí anacrónica, sino el de regenerar en profundidad nuestra alicaída democracia, su credibilidad como instrumento útil para salvaguardar los derechos y libertades y, para ello, resulta indispensable abrir los cauces hacia una democracia más participativa en la cual la opinión de la ciudadanía pueda expresarse con mayor plenitud.

     Estoy convencido que este vendaval democrático arrastrará a toda institución, bien sean partidos políticos o bien la misma Corona, que no asuma con coraje estas demandas, este nuevo tiempo político que exige abrir cauces nuevos hacia una sociedad más libre, justa y participativa. En consecuencia, es el momento de plantear la necesidad de celebrar un referéndum para elegir la forma que, mayoritariamente, deseamos los españoles para la Jefatura del Estado. Esta cuestión, estas “elecciones primarias” para optar entre monarquía o República, resulta ya inaplazable, fundamental por motivos de salud democrática, en la agenda política, tal y como  han demandado diversos partidos políticos o la  Corriente Izquierda Socialista del PSOE a la cual estoy adscrito.

     Y, de convocarse, como deseo, el citado referéndum, pienso sinceramente que el futuro pasa por la opción que representa la República federal, tanto en cuanto simboliza una garantía e igualdad plena de derechos y libertades, un modelo de Estado laico y auténticamente solidario para todos los territorios que, libremente, decidan conformar este Estado plurinacional que llamamos España.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 de junio de 2014)

 

LA CIÉNAGA DE LOS CIE

 

     Por ciénaga entendemos un lugar malsano, difícilmente habitable, lo mismo que ocurre actualmente con los Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIE, en que los inmigrantes indocumentados, los “sin papeles”, son encerrados como medida previa a su expulsión. En los 8 CIE existentes en España (5 en la península y 3 en Canarias),  han pasado 60.000 personas en los últimos cinco años, bien fueran éstos recién llegados a nuestras costas en pateras o bien otros que llevaban años en España en situación irregular por carecer de permiso de residencia lo cual, recordemos, es una infracción administrativa pero nunca un delito.

     Los CIE, creados tras la aprobación de la polémica Ley 7/1985 sobre Derechos y Libertades de los extranjeros, han sido objeto de un aluvión de críticas por la opacidad de su funcionamiento y por la vulneración de os derechos humanos de los inmigrantes en ellos internados. Además, se han producido en los CIE algunos fallecimientos como los de Idrissa Diallo (enero 2012) o Samba Martina (diciembre 2011), cuyos nombres han sido borrados por el viento y el olvido, como los de tantos otros inmigrantes que pierden la vida en su sueño de alcanzar una vida mejor atravesando desiertos y mares en condiciones muy precarias.

     Las críticas a los CIE proceden tanto de diversas ONGs como del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía y de diversas instancias judiciales e internacionales. Los principales reproches se deben a que, frente a lo que insta la normativa de la Unión Europea, en concreto la Directiva 2008/115/CE, conocido como la “Directiva de Retorno”, los CIE se rigen por un modelo policial gestionado por el Cuerpo Nacional de Policía  y en el que los internos son considerados prácticamente como delincuentes, sin considerar las circunstancias políticas, económicas o humanitarias que motivaron la salida de sus países de origen. De este modo, los CIE, pese a tener nominalmente un carácter no penitenciario y a su función exclusivamente preventiva o cautelar con el fin de tramitar una expulsión, la realidad es bien distinta hasta el punto de que existen más garantías para los internos en un Centro Penitenciario que para quienes se hallan retenidos en los CIE. De este modo, resulta especialmente grave el hecho de que las condiciones de vida en los CIE  sean peores que en una cárcel a pesar de que, excepto la “libertad deambulatoria”, el resto de los derechos y libertades deberían de de estar garantizados. Y, sin embargo, las restricciones de estos derechos y libertades son constantes: la información que reciben los inmigrantes a su llegada no la entienden porque está escrita en una lengua que no conocen, porque no saben leer o porque está redactada en lenguaje técnico. Además, no reciben información comprensible de su situación jurídica concreta, de las gestiones que se realizan durante su internamiento o la fecha de su expulsión, todo ello unido a las dificultades para contactar con sus abogados. En cuanto a las expulsiones, éstas se realizan sin previo aviso, ya sea de día o de noche, sin indicar la fecha, hora, localidad de destino los datos del vuelo, todo lo cual no se comunica a la familia ni en su caso, al abogado.

     Junto a todo lo anterior, el descrédito de los CIE se debe, también a otras de sus condiciones de funcionamiento interno: no disponen de servicio de traductores e intérpretes, la comunicación con el exterior es muy limitada, el régimen de visitas tiene tintes carcelarios, la asistencia social y sanitaria resulta muy deficiente, no existen actividades estructuras (ocio, juego, deporte, formación o educación), se carece de enfermerías y atención psicológica, llegándose al caso de que algunos CIE, como es el caso del de Barcelona, las celdas no tienen inodoros razón por la cual por la noche los internos tienen que llamar a un policía para que los acompañe al aseo.

     Ante esta lamentable situación, en una reciente publicación de Cristianisme i Justìcia, Cristina Manzano (Centro Pueblos Unidos) y Josetxo Ordóñez (Fundació Migra Studium), exigían, en relación a este tema la reducción de la población de los CIE a medio plazo ya que “la exigencia de una orden de expulsión no es suficiente para privar de libertad a una persona”, la necesidad de que el nuevo  Reglamento de 2014 sea plenamente garantista, que mejore sustancialmente las condiciones de internamiento y revise el modelo policial actual. Además, se debe  iniciar un debate riguroso sobre el tema de la expulsión como eje de la política migratoria, del internamiento como su instrumento y de la misma existencia de lugares como los CIE.  Y todo ello porque, como señalaban los citados Manzano y Ordóñez, “el modelo actual resulta una deshonra y un descrédito para la sociedad que los alberga y porque produce sufrimiento gratuito a quienes son recluidos en ellos”.

    Ciertamente, resulta necesario un debate social y político sobre el actual funcionamiento e idoneidad de los CIE, los lugares más cuestionados y represivos de la actual política migratoria. Tal vez de este modo se pueda acabar con esta ciénaga pantanosa y malsana en la que, hoy por hoy, parecen haberse convertido los CIE en España.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 4 mayo 2014)

 

RÉQUIEM POR LA JUSTICIA UNIVERSAL

     La aprobación el pasado 27 de febrero por parte de la mayoría absoluta parlamentaria del PP de  la limitación a la jurisdicción universal, regulada en el artículo 23 de la Ley 6/85 Orgánica del Poder Judicial,  supone  la práctica imposibilidad de que los tribunales españoles puedan investigar y enjuiciar delitos penados por el  derecho internacional tan graves como  el genocidio, los crímenes de guerra, las desapariciones forzadas o la tortura.

     La inquietante involución de la derecha gobernante en esta materia, un auténtico eclipse ético, ha hecho que  España, la tan mentada “marca España”, haya pasado de la mano de la tijera legislativa del PP, a consagrar la impunidad de los crímenes contra la humanidad, todo un cínico ejercicio de utilitarismo frente a los valores de la ética y la justicia. Al  igual que ya hizo Rajoy ante las imposiciones de la dictadura de los mercados y de la Troika, ha vuelto a claudicar en esta cuestión de humanidad para no contrariar a los poderosos intereses económicos y políticos  de China y de los Estados Unidos. Ya lo dijo tan ufano el diputado popular José Miguel Castillo cuando aludió a que, con estas limitaciones jurídicas, se había acabado en España lo que él calificaba con desdén como “la justicia quijotesca”, cuando ésta debería de ser un título de orgullo para cualquier político, para cualquier legislador que, pese a las dificultades, decida acometer con coraje la lucha contra los nuevos molinos de viento, convertidos hoy en genocidas y criminales de guerra tan repugnantes como Franco, Pinochet, George Bush o Jianj Zemin.

     España, también en este tema, de la mano de una derecha sin complejos, está empeñada en hacer retroceder el reloj de la historia y de la justicia a tiempos que creíamos superados. Ante esta impunidad, revestida de aparente legalidad, Baltasar Garzón nos recordaba que, “las voces que postulan el olvido [de estos crímenes] pueden tener algún argumento dialéctico o incluso político, pero no moral”. De hecho, esta pretensión involucionista, como bien señalaba Gaspar Llamazares, pese a su aprobación parlamentaria, tiene claros tintes anticonstitucionales.

     Resulta indignante que el nuevo marco legal aprobado en solitario por el PP, por muy mayoría absoluta que ésta sea, carece de una legitimación que no da la aritmética parlamentaria, que procede de la ética, la justicia y el derecho internacional. Resulta indignante que el PP extienda el manto de la impunidad, al igual que ya hizo con los crímenes del franquismo, deuda pendiente de nuestra democracia, sobre causas abiertas en los tribunales españoles como los genocidios en el Tíbet, el Sahara, El Salvador o Ruanda, los bombardeos sobre Gaza, los crímenes de las campos de concentración nazis o de Guantánamo, así como también el asesinato de José Couso. De esta forma, España va a pasar de adalid de la aplicación de la justicia universal a incumplir todos los convenios que, en materia de legislación penal internacional, ha suscrito tales como, entre otros, la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2007 (ratificada por España en el 2009). Para nuestra desgracia, España se ha convertido en un lamentable abanderado de la impunidad universal ante la mirada complaciente de los EE.UU. o China, que siempre se han negado a reconocer al Tribunal Penal Internacional. Por todo ello, una vez más resulta una triste evidencia el constatar, en palabras del prestigioso historiador Ángel Viñas, que en España “vivimos una democracia de baja intensidad y de raíces muy endebles”.

     Debemos recordar que la justicia universal, ahora cercenada en España, permite que los jueces de todos los países del mundo puedan abrir investigaciones sobre cualquier tipo de violaciones graves de los derechos humanos, llevando ante los tribunales a los autores de tan execrables crímenes, sin importar quien los haya cometido. En este sentido, viene a la memoria una fecha memorable, la del 16 de octubre de 1998, en la cual el juez Garzón emitió una orden de detención contra el general Pinochet, todo un hito en la aplicación del principio de justicia universal, orden que tan entorpecida fue por el entonces gobierno presidido por José María Aznar. Igual de memorable fue el sumario 53/2008 sobre las víctimas del franquismo, también incoado por  Garzón y  en el que constan los nombres de 143.353 víctimas causadas por la represión fascista durante la guerra civil y la posterior dictadura. Ya sabemos que por esta razón y, por la investigación de la trama Gürtel, la derecha política, mediática y judicial, neutralizó la carrera judicial de Garzón pero, pese a ello, sigue habiendo 143.353 razones para que los demócratas españoles defendamos la aplicación de la legislación penal internacional. Lamentablemente, cuando la justicia española cierra sus puertas y, mientras se demanda la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo, las víctimas se ven obligadas a recurrir,  en aplicación de la legislación penal internacional que en España no encuentran, a los tribunales de Argentina o a pedir amparo ante el Parlamento Europeo.

     Estamos asistiendo a un triste réquiem por la justicia universal en España. Evocando la célebre novela de Ernest Hemingway Por quién doblan las campanas, constatamos con dolor que, dada la posibilidad de que los tribunales españoles actúen con arreglo a los principios de la justicia universal,  aquellas lúgubres campanas vuelven a redoblar hoy  por nosotros, por la cada vez más degradada calidad de la democracia en España.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 10 marzo 2014)