Política-España

¿HEMOS LLEGADO TARDE?

 

     He pasado unos días por tierras de Gerona en donde pude percibir los desgarros políticos y emocionales que está produciendo el “procés” independentista. Y no es casualidad que, en la hermosa capital catalana, unos días antes, su Ayuntamiento había aprobado el cambio de nombre de la Plaza de la Constitución por el de “Plaza del 1º de octubre”, todo un símbolo del estado de ánimo que allí se vivía, un gesto más de apoyo a las posiciones independentistas que, al igual que con las pancartas, pintadas y lazos amarillos, cubrían casas, árboles, farolas y hasta los lugares más insospechados del paisaje catalán.

     Al margen de la siempre mentada “mayoría silenciosa” contraria a la independencia, en ocasiones tan silenciosa como imperceptible, siento que buena parte de Cataluña ha abandonado emocionalmente, tal vez de forma definitiva, todo sentimiento colectivo hacia España. Y es que no hemos comprendido, sobre todo nuestros representantes políticos, el sentir profundo del pueblo catalán y su necesidad, ya inaplazable, de su reclamación al “derecho a decidir”, algo que no debería de asustar a ningún demócrata de verdad. Es triste reconocer que media Cataluña se ha ido ya, aunque no de forma política dado que la secesión de la República Catalana no se ha producido, ya nada será igual tras el cuestionado referéndum del 1 de octubre de 2017, seguido por la Declaración de Independencia del Parlament de Catalunya del 26 de octubre de dicho año y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución Española con las consecuencias de todos conocidas.

     El primer paso para “ser” es la voluntad de “querer ser” y de ello dan pruebas patentes un número creciente de la sociedad catalana, un proceso aparentemente imparable que ha decidido optar por el camino de la independencia, para constituir una añorada, y  en exceso idealizada, República Catalana. Este proceso, al margen de la dinámica política interna catalana, también ha sido propiciado por toda una serie de errores e inacciones del Gobierno Central ya que los ejecutivos presididos tanto por el PSOE como por el PP, en sus distintas etapas, han sido incapaces de plantear una alternativa atractiva que frenase un proceso de desafección hacia España que viene de lejos pero que se aceleró de forma exponencial en los últimos años, un fenómeno que se observa a lo largo de toda Cataluña, tanto en el medio rural como en el urbano, en todos los segmentos sociales, en todos los tramos de edades. De este modo, ha quedado patente la imposibilidad de articular de una forma efectiva un modelo federal que, como tal, partiese de la idea esencial del pactismo sinalagmático inspirado en Francesc Pi y Margall, esto es la libre federación de territorios por la también libre voluntad de las partes federadas. Esta idea, la expresaba con sencillas palabras Víctor Pruneda, el histórico republicano-federal turolense del s. XIX, al definir la federación como “el suave lazo que a todos une y a ninguno ata”. Lamentablemente, no ha sido posible lograrlo, como tampoco lo ha sido plantear desde Madrid, como ocurrió por parte del premier británico David Cameron con el referéndum celebrado en Escocia del 18 de septiembre de 2014, un programa político alternativo y sugerente para conciliar los anhelos de Cataluña con los del resto de España, un proyecto aceptable y común para ambos y, a ello, también hemos llegado tarde.

     Así las cosas, la derecha españolista ha hecho su papel de siempre: incomprensión, autismo político, anhelos represivos y actitudes recentralizadoras para solventar “el problema catalán”. Pero tampoco la izquierda ha sido capaz de contraponer al discurso nacionalista y, en muchas ocasiones, insolidario, debido a que, como señalaba Joan Coscubiella, ha abandonado el tema social como eje de la política al reemplazarlo por el conflicto territorial y de este modo, pasar de convertir la lucha de clases como motor de la historia por el manido mensaje secesionista del agravio territorial, todo lo cual tampoco está ayudando a reconducir la situación de esta aguda crisis política.

     Cataluña es, innegablemente, una nación con todas las señas de identidad que la hacen digna de tal nombre bien claras y nítidas. La duda es si esa nación que es Cataluña cabe, todavía, en esa “nación de naciones” que, para nosotros, los federalistas, es España. Así las cosas, la judicialización de este enorme problema político al cual se enfrenta la democracia española no hace sino agravar el conflicto y aumentar la creciente desconexión hacia España y todo lo español, además de abrir el riesgo de fomentar actitudes violentas y de fractura social en la sociedad catalana. Y ello es especialmente grave pues, como decía Carl Schmidt, “la política no tiene nada que ganar y la justicia puede perderlo todo”. Si este problema político no se arregla por la vía judicial, menos todavía lo será por medio de la represión policial, con actuaciones tan ridículas como la de incautar a los hinchas del Barça camisetas amarillas con motivo de la final de la Copa del Rey del pasado 21 de abril.

     Tal vez por ello, los partidarios del diálogo sincero y la negociación abierta, estamos percibiendo una imagen de una democracia decaída, instrumentalizada por poderes políticos conservadores y con una cada vez más indisimulada tendencia recentralizadora, un camino que resulta nefasto para un futuro inmediato. Los lenguajes patrioteros de uno y otro lado, las banderas que los sustentan y que el tiempo desteñirá, sólo sirven para exacerbar la situación y dinamitar los puentes que tan trabajosamente habrá que volver a construir. Por ello, tampoco es bueno que haya políticos huidos ni tampoco presos, máxime cuando en un futuro próximo van a ser, queramos o no, interlocutores necesarios para llegar a una solución política, democrática y negociada.

     Una conclusión final que considero evidente: un problema político sólo puede tener una solución política si realmente lo queremos abordar con nobleza y valentía. Por ello, tenemos derecho a saber lo que la mayoría de los catalanes quiere y para ello sólo hay un camino: el que se pacte la celebración de un referéndum vinculante y con plenas garantías democráticas para que el pueblo catalán, exprese de forma clara y nítida hacia dónde quiere encaminar su futuro. Y eso es democracia plena, algo que hoy más que nunca resulta necesario, más aún, imprescindible.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 6 mayo 2018)

 

PATRIOTEROS

 

     Contemplando el fervor desatado por la Selección Española de Fútbol, convertida en elemento aglutinante de esta España  diversa,  y dulce sedante de tantos problemas de nuestra sociedad, pienso que el nacionalismo español actual, tan lastrado por prejuicios de nuestro convulso pasado, parece sustentarse más emociones deportivas que en un verdadero sentimiento identitario en común.

     El nacionalismo español, que surgió en los primeros años del s. XIX coincidiendo con la Guerra de la Independencia como reafirmación contra el enemigo exterior, contra el francés, a la vez que se sentaban las bases del Estado liberal moderno. No obstante, la fuerte oposición de los sectores tradicionalistas motivó una constante pugna entre un nacionalismo de corte liberal-progresista y otro de signo conservador, creándose así el mito de “las dos Españas”, desgarro interno que el franquismo utilizaría en beneficio propio. De hecho, como señalan Sebastián Balfour y Alejandro Quiroga en su libro España reinventada (2007), la identidad unicultural impuesta por el régimen militar erosionó profundamente la legitimidad del nacionalismo español ya que el franquismo “contaminó los símbolos y el debate en torno a España de connotaciones totalitarias” y, con ello, “contribuyó decisivamente a desacreditar no sólo el nacionalismo español de cualquier tendencia, sino la misma idea de España”.

    Recuperada la democracia, la derecha posfranquista intentó lavar su pasado reivindicando el ideario regeneracionista  y así, los discursos de José María Aznar estaban trufados de citas de Costa, Unamuno, Ortega y hasta de Manuel Azaña de quien, obviando su republicanismo, era presentado como un político que “fomentó la cohesión nacional entre españoles”. A este mismo objeto respondía la defensa de la figura de Antonio Cánovas por parte del PP, obviando, no obstante, los perfiles negativos de este político conservador: su oposición frontal al sufragio universal, sus medidas represivas contra la clase trabajadora y el ser el principal arquitecto del sistema político corrupto sobre el que se asentó  la Restauración borbónica. Este nuevo enfoque de la derecha pretendía no sólo enlazar  el pensamiento conservador con la idea de progreso sino que, a la vez, trataba, según Balfour y Quiroga, de “desligar al PP de su asociación con el franquismo”, pretensión que la derecha democrática no lo ha logrado del todo como lo demuestra su tibia, cuando no hostil actitud ante el tema de la memoria histórica democrática.

    Este nacionalismo conservador tiene, además, un profundo autismo hacia la realidad plurinacional de España y, por ello, mantiene,  como ejes conductores, su afán de frenar los nacionalismos periféricos, sobre todo, ante el actual embate secesionista de Cataluña, así como su rechazo a las propuestas federalistas como forma idónea de articulación territorial. Además, defiende una visión tradicional de la historia de España articulada en torno a su concepción de una patria histórica intemporal, su rechazo al aporte de las minorías musulmanas y judías, su escasa actitud crítica hacia la dictadura franquista o su oposición a la laicidad del Estado.

    Pese a ello, el Proyecto Marca España (2001) tuvo por objetivos coordinar esfuerzos para construir una imagen de España en sintonía con las nuevas realidades económicas, sociales y culturales, un loable propósito  que ha quedado en entredicho como consecuencia de la devastación social causada contra nuestro tambaleante Estado de Bienestar y, también, por los corrosivos efectos de la corrupción que tanto ha desacreditado a España en el contexto internacional.

     Sin embargo, este remozado nacionalismo conservador sigue lastrado por el peso de su pasado. Como ejemplos recientes ahí tenemos  la presencia del expresidente Aznar en la Cumbre de las Azores (15 marzo 2003), preludio de la guerra de Irak, con la cual el dirigente conservador soñó con que España desempeñara en el mundo un papel más relevante del que le correspondía. De hecho, la posición ideológica de Aznar se basaba en un recuerdo de un pasado glorioso (y caduco) de España que aspiraba a renovar. Por ello, además de su alineamiento sumiso con la Administración Bush, latía su pretensión de tener un papel hegemónico en Iberoamérica: recordemos la actuación de Aznar durante frustrado golpe de Estado contra Hugo Chávez del 11 de abril de 2002 o la permanente hostilidad del Gobierno de Rajoy contra Venezuela. Estas actitudes, con cierto aire de imperialismo paternalista, hicieron afirmar al historiador Ángel Viñas que “la evocación de los lazos trasatlánticos” del aznarismo “contenía profundos ecos del franquismo”. Por otra parte, estas ensoñaciones nacionalistas no tuvieron ninguna recompensa, bien al contrario: el incondicional apoyo a la política belicista de Bush en Irak sería uno de los factores desencadenantes de los atentados del 11-M de 2004.

    En la actualidad, el nacionalismo conservador ha encontrado un engarce en los éxitos de nuestros deportistas y, en especial, en el caso de la Selección Española de Fútbol, de “la Roja”, a pesar de la aversión que este adjetivo tiene para la rancia derecha, a pesar de que un independentista catalán como Gerard Piqué meta goles con el combinado nacional. Y hablando de goles, qué decir de todos esos patrioteros que han dado  “pelotazos” millonarios con las recalificaciones urbanísticas o con la corrupción galopante, a esos que tienen sus cuentas “fuera de juego” escondidas en Suiza o Panamá. Son esos de los que Juan Manuel Aragüés decía: “¡Ay, los patriotas!. Los poderosos, sean de donde sean, sólo tiene una patria, su bolsillo. Pero luego hablarán mucho de la patria, o de los agravios nacionales y, cómo no, se envolverán en sus sacrosantas banderas”. Por ello, frente a tanto rancio nacionalismo, bueno es recordar el pensamiento ilustrado del s. XVIII según el cual la verdadera patria se halla en el lugar donde habita la libertad y, añadiríamos hoy, donde, además,  prevalece la justicia social. Esa si que es una bandera digna de ser defendida.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 19 junio 2016)

 

 

EL PENSAMIENTO DE ROVIRA I VIRGILI

 

     Resulta evidente el auge en estos últimos años del movimiento independentista en Cataluña, una opción política legítima y defendida por cauces democráticos que, no obstante supone un desgarro político y emocional, una desconexión, en  lo que ha sido una historia colectiva centenaria con relación al resto de España.

   El proceso tiene profundas raíces, variados motivos y razones, pero resulta evidente que ha recibido un impulso añadido como consecuencia de las torpezas y la ausencia de una respuesta alternativa y sugerente por parte de la derecha españolista. Así, durante el último gobierno del Partido Popular,  la abúlica pasividad de Rajoy con respecto a la cuestión catalana, no ha hecho sino agudizar la gravedad y magnitud del problema. El desafecto e incomprensión de esta vieja derecha hacia realidad de Cataluña ha sido tan constante como temerario. Desde aquellas oportunistas declaraciones de José María Aznar diciendo que “hablaba catalán en la intimidad”, al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la reforma del Estatuto de Cataluña de 2006, a la falta de diálogo constructivo con la Generalitat o a los improperios vertidos contra alguien tampoco sospechoso de separatista como Albert Rivera el pasado 2 de marzo por hablar en catalán durante el frustrado debate de investidura del candidato Pedro Sánchez, todo ha sido un cúmulo de despropósitos que evidenciaban una nula voluntad por resolver de forma dialogada el embate soberanista.

    Así las cosas, bueno sería que nuestra clase política, especialmente el PP y el PSOE, releyeran las ideas que el político y escritor catalán Antoni Rovira i Virgili (1882-1949), formuló sobre este tema. Rovira, desde una perspectiva catalanista con un fuerte componente federalista dada la influencia que recibió del pensamiento de Francesc Pí i Margall, intentó unir ambos ideales en una sola causa como solución política idónea para lograr el armonioso engarce de Cataluña en el conjunto de una regenerada España, republicana y federal, la única forma de evitar el desgarro catalán.

     En consecuencia, el federalismo resulta una de las ideas básicas en el ideario de Rovira i Virgili, al cual define como “el régimen de libertad colectiva” y, por ello, resulta “incompatible con las unidades solemnes e intangibles” de los nacionalismos unitarios. Bien al contrario, y en ello la influencia de Pí emerge de nuevo,  el federalismo debe basarse en el libre “consentimiento de los pueblos que se unen”, esto es, en la idea del pactismo, en la voluntad libre y voluntaria de los pueblos a la hora de optar por un proyecto político y colectivo común. Por ello, diría Rovira que “Si los pueblos de la península quieren unirse y aceptan las condiciones de la unión, ésta nace libremente […] Un auténtico federal sólo puede querer la unión federativa de Cataluña y España si esa unión tiene el libre consentimiento de la mayoría de los catalanes”. A partir de estas palabras, una conclusión resulta obvia: para saber la voluntad de los catalanes, habrá que tener en cuenta su opinión, habrá que consultarles y ello implica el reconocimiento del derecho a decidir, una cuestión de elemental sentido democrático.

     Del pensamiento de Rovira diría Jaume Sobrequés que fue el político catalán que más reiteradamente se refirió al federalismo como la solución óptima para resolver el problema de la plurinacionalidad del Estado Español. Y es cierto puesto que Rovira, que nunca fue independentista, consideraba que el pacto entre los pueblos peninsulares evitaría la radicalización insolidaria que subyace tras todo movimiento secesionista.

     No es casualidad que la obra clave de Rovira lleve el título de Nacionalismo y federalismo (1917), escrita hace un siglo y que sin embargo resulta de plena actualidad. En ella nos recuerda  que todo movimiento nacionalista tiene dos opciones: la creación de un Estado independiente o la de ser parte de un Estado federal, pero  ambos casos implican la reivindicación del reconocimiento de su realidad nacional. En cuanto al tema de la división de competencias o soberanías entre los Estados federados y el Estado central, consideraba que todas la constituciones federalistas señalan las facultades del Estado Central y la que “no son atribuidas a este quedan a cargo de los Estados particulares”, tal y como ocurre en los casos de EE.UU., Suiza o Alemania.

     Otra obra esencial de Rovira, muy marcada por el contexto político del momento es Catalunya i la República (1931) en la cual se reafirma en que había llegado la hora del federalismo aunque el pragmatismo político del momento hizo que el nuevo modelo territorial republicano se quedase en un modesto proyecto autonomista. Pese a ello, Rovira defendía un federalismo potestativo, esto es, el que se debía ofrecer a todos los territorios peninsulares, pero que bajo ningún concepto debía ser impuesto dado que era consciente de la distinta intensidad del sentimiento identitario que existía entre las llamadas nacionalidades históricas y el resto de las regiones españolas.  A modo de conclusión, también válida en la actualidad, Rovira reafirmaba su convicción de que el federalismo era además de una opción más solidaria y progresista,  “la única alternativa válida al separatismo”.

      En conclusión, la vigencia del pensamiento de Rovira i Virgili supone una nítida reivindicación del modelo federal para España puesto que además suponía un camino de europeización y modernización de nuestra estructura territorial. Por estas razones, como señalaba Jaume Sobrequés, las ideas de Rovira i Virgili, “constituyen un buen material teórico y de reflexión política”. Un material y unas reflexiones de las que, esperemos, salga algún día una solución para el eterno problema de la articulación justa y pactada por la libre voluntad de las partes, del modelo territorial español, de estas viejas tierras  que en otros tiempos se llamaban “las Españas”, de esta realidad plurinacional nuestra que tanto les cuesta a algunos reconocer.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 8 mayo 2016)

 

 

SILENCIOS, MENTIRAS E HIPOCRESÍAS

 

     Los hechos históricos, así como la interpretación de los mismos han sido con frecuencia instrumentalizados desde el poder,  en todo tiempo y lugar, en su propio beneficio pues, como decía Luis Algorri, las manipulaciones de la historia constituyen uno de los delitos intelectuales más viejos del mundo. Los ejemplos de ello son tan numerosos con diversos.

     En ocasiones, hay una historia que se silencia. Así,  40 años después de la muerte de Franco, el dictador genocida de  vidas y libertades, siguen pendientes tantas losas, pesadas y dolorosas, tantos silencios, sobre la magnitud criminal de lo que supuso el franquismo, de esa amnesia deliberada impuesta en la Transición y que atenta contra los mismos cimientos y valores de una sociedad que se precia de ser democrática. Ahí están, todavía, los centenares de fosas de víctimas de la represión que salpican nuestra geografía y nuestras conciencias, el, todavía pendiente reconocimiento jurídico de las mismas. Aún está pendiente la aplicación decidida de políticas públicas de la memoria democrática iniciada tímidamente por la Ley de Memoria Histórica de 2007 impulsada por el ejecutivo de Rodríguez Zapatero y que paralizó el anterior gobierno de Rajoy; la reparación debida a quienes sufrieron la represión no sólo física, sino también económica, durante el dictadura; la aplicación de la legislación penal universal y el principio de justicia universal  a los responsables de estos crímenes; la supresión definitiva de la simbología y nomenclátor franquista  de nuestros pueblos y ciudades; la cuestión de los niños robados, la inclusión de estos temas en el currículum educativo, etc.

     En otras ocasiones, hay otra historia que se manipula, que se mitifica,  con mayor o menor descaro. Este es el caso de la construcción de historias “nacionales” con una finalidad de exaltación política. Lo hizo el nacionalcatolicismo en el pasado, lo hacen los nacionalismos secesionistas en la actualidad. En este sentido el caso de la instrumentalización  interesada de la historia de Cataluña resulta un claro ejemplo. Como ha puesto en evidencia  el historiador José Luis Corral en su libro La Corona de Aragón. Manipulación, mito e historia (2014), en el cual desmonta esta manipulación histórica que pretende presentar a Cataluña como lo que nunca fue, entre otras cosas, como un “reino” cabeza de una supuesta “corona catalano-aragonesa”. Estos delirios nacionalistas  también los hallamos en otros períodos de la historia previamente “catalanizada”, como los de Enric Guillot en su libro Descoberta i conquista catalana de América (2012) en el que se alude al descubridor “Cristófor Colom” como un “miembro de la Casa Real catalana”,  infundio que también “avala” Catalonia Tours al señalar  que “Sólo la constante voluntad de aniquilar la memoria histórica catalana por parte de los españoles  explica la nacionalidad de Cristóbal Colon haciendo creer que era genovés”. En este misma línea de apropiaciones indebidas hallamos las “investigaciones” de Jordi Alsina y del Institut de la Nova Historia, panfletario difusor de una “historia” tan nueva que no existe, en las cuales se defiende la catalanidad de, además de Colón, de figuras como Cervantes, Teresa de Jesús, Hernán Cortés o los aragoneses Miguel Servet, Pablo Gargallo y Segundo de Chomón. Sin comentarios.

     También hay otra historia que se desvirtúa con una evidente hipocresía. Este es el caso de algunos actos de recuerdo y memoria de determinados hechos históricos cuya celebración contradice el auténtico sentido de los mismos. Citaré tan sólo dos ocurridos el pasado año. El primero de ellos tuvo lugar en París el 3 de junio y en el cual los reyes de España homenajearon a los 146 soldados republicanos españoles de “La Nueve”, la 9º Compañía  de la 2ª División Blindada  de la Francia Libre, la División Leclerc, que tan destacado papel tuvieron en la liberación de la capital gala frente al nazismo durante la II Guerra Mundial. Durante dicho acto, Felipe VI, definió este homenaje como un “símbolo de la libertad y la tolerancia”, destacando, también el heroísmo de La Nueve  “en la lucha contra el totalitarismo”. No obstante, fue un acto que resultó hiriente e hipócrita para los sectores republicanos, tanto de España como entre  los descendientes del exilio, dado que la monarquía restaurada tras la muerte de Franco, nunca ha tenido ningún gesto, ninguna palabra, ningún homenaje, ni durante el reinado de Juan Carlos I ni ahora con su hijo Felipe VI, para las víctimas del franquismo en territorio español, para con los 114.226 compatriotas nuestros que, según Emilio Silva, están a fecha de hoy, todavía, desparecidos  como consecuencia de la represión de la dictadura y yacen en las fosas de la infamia a lo largo de tantas cunetas y cementerios de nuestra España.

    Otro ejemplo sería la ofrenda floral realizada por Pedro Sánchez, secretario general del PSOE el pasado 29 de agosto al monumento al presidente de México Lázaro Cárdenas en la capital azteca. Este monumento, erigido en 1974 según un proyecto  del arquitecto socialista turolense Francisco Azorín Izquierdo, en colaboración con su hijo Ángel y su nieto Telmo, también arquitectos, fue erigido por los colectivos del exilio republicano español en homenaje y agradecimiento al presidente Cárdenas,  que a tantos miles de republicanos españoles acogió (en torno a 25.000 entre 1939 y 1942)  tras el final de nuestra guerra civil. En dicho acto, la corona de flores bicolor que depositó Pedro Sánchez no resultaba adecuada en un monumento proyectado y financiado por el exilio republicano y mejor hubiera sido ofrendar una corona tricolor o, también, una de solamente flores rojas, más adecuada a la identidad auténtica de los ideales socialistas.

    Ante ejemplos como los citados, no resulta ni ético ni  aceptable todos estos usos interesados de la historia y, frente a los que así actúan, les recordaría, como dice Joan Manuel Serrat en una de sus canciones que, “no es amarga la verdad, lo que no tiene es remedio”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 18 enero 2016)

 

 

RECORDANDO A FRANCISCO AZORÍN

 

     Hoy,  27 de diciembre, se cumple el 40º aniversario de la muerte  del arquitecto y político socialista turolense Francisco Azorín Izquierdo (1885-1975) que, al igual que su paisano Luis Buñuel, tuvo que exiliarse en México al término de nuestra guerra civil. Su figura, hasta hace poco  desconocida en Aragón, ha sido recuperada por Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, investigador mexicano y profundo conocedor de la vida y la obra de Azorín, así como por el historiador Serafín Aldecoa, el arquitecto Antonio Pérez y por diversos artículos de Francisco J. Millán publicados en Diario de Teruel.

     Francisco Azorín, “el turolense errante” como lo definió Juan Ignacio del Cueto, nació en Monforte de Moyuela,  hijo de un guardia civil de Alicante y de una turolense de Aliaga. Tras unos años de residir en la ciudad de Teruel, en 1902, y con tan sólo 17 años, fue becado por la Diputación Provincial para estudiar Arquitectura en Madrid.

     Llegado a la capital de España se establece  en el Pensión Canalejas  regentada por el también turolense Victoriano Tió Calvo (de Cuevas Labradas), un histórico militante de los primeros días del PSOE y la UGT. Dicha pensión era lugar habitual de encuentro de dirigentes socialistas, entre ellos, Pablo Iglesias, a quien allí conoció y,  con quien pese a los 35 años de edad que los separaban, bien pronto se estableció entre ambos una profunda amistad personal y política, convirtiéndose Azorín en una de las personas de la máxima confianza del entorno de Iglesias.  Por ello, y por su dominio de idiomas por parte del turolense,  (hablaba francés, inglés, alemán y esperanto), éste se convirtió  en acompañante habitual de Iglesias en varios congresos de la Internacional Socialista y ello hizo que viajase junto con el fundador del PSOE y la UGT por Francia, Inglaterra, Escocia, Alemania, Bélgica, Dinamarca o Suecia. Recordemos igualmente que, años después, el arquitecto Azorín junto al escultor Emiliano Barral, serían los autores del mausoleo de Pablo Iglesias inaugurado en 1930 en el Cementerio Civil de Madrid. 

    Azorín, afiliado al PSOE desde 1902, bien pronto tuvo claras sus prioridades políticas: la formación y organización de la clase obrera y el derecho al acceso a la vivienda por parte de los sectores sociales más desfavorecidos. A estos temas dedicó durante toda su vida su intensa actividad política y profesional. Destinado como arquitecto a Córdoba (1912), fiel a sus ideales socialistas, como señala Aldecoa, impulsó “la construcción  de viviendas sociales a precios asequibles para los trabajadores  como reconocimiento del derecho a disponer de una vivienda digna”. De este modo fue el creador, entre otros,  del proyecto de la Ciudad Jardín de Córdoba y años después sería uno de los principales impulsores de la Cooperativa Española de Casas Baratas “Pablo Iglesias”, la cual llegó a construir  58.000 viviendas, por todo lo cual Francisco J. Millán definió  a nuestro turolense como “el arquitecto de la clase obrera”.

     De su también intensa actividad política digamos que fue el primer concejal socialista que tuvo la capital cordobesa (1918) y más tarde llegó a ser presidente de la Agrupación Socialista  y también de la Federación Provincial del PSOE, además de destacado dirigente de la UGT. Por todo ello se considera a Azorín como el político más importante de Córdoba de  las tres primeras décadas del siglo XX. Pese a su arraigo en Andalucía, no olvidó a su tierra natal y, de este modo, Azorín fue el promotor del primer sindicato socialista de Teruel, el de Oficios Varios (1919), más tarde Sociedad de Profesiones y Oficios Varios de UGT.

     Con la llegada de la II República, fue elegido diputado del PSOE por Córdoba (1931) y en las Cortes republicanas, como señala Francisco J. Millán, dejó constancia de sus prioridades políticas: “la vivienda, el urbanismo o la educación así como el reconocimiento de los derechos de los trabajadores” además de su repulsa al caciquismo que tanto había sufrido en Andalucía como consecuencia de su compromiso político y sindical, ese mismo caciquismo que ya le había detenido y desterrado en 1919 y que, años después,  le acusó, de forma infundada,  de ser el dirigente del movimiento revolucionario en Córdoba de 1934 y por lo que fue procesado por “rebelión militar”.

     Durante la guerra, desempeñó un importante papel en defensa de la legalidad republicana ocupando, entre otros, los puestos de Jefe de la Subsecretaría de Obras de Armamento y Municiones, delegado en la Conferencia Internacional del Trabajo, cónsul en Tarbes (1938) y después en Toulouse, puestos desde los que ayudó a ponerse a salvo a muchos españoles perseguidos por el fascismo. De igual modo, realizó diversas gestiones diplomáticas ante Francia e Inglaterra a favor de la República.

    Tras la derrota de la República en 1939, Azorín fue uno de los millares de españoles que se vieron obligados a exiliarse y al igual que su paisano Luis Buñuel, halló en México una tierra de acogida. En ella desarrollaría una intensa labor profesional y política. Durante su etapa mexicana, se mantuvo vinculado al PSOE,  colaboró con la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE), retomó sus proyectos sobre la cuestión de la vivienda obrera puesto que, coherente con sus ideas, siempre pensó que este tema, al igual que la educación, eran las claves para el desarrollo y la emancipación personal. En 1972, a sus 87 años, junto a su hijo Ángel Azorín Poch y su nieto Telmo Azorín Bernárdez, ambos también arquitectos, diseñó el monumento erigido en la capital azteca por el Centro Republicano español  al Presidente Lázaro Cárdenas en muestra de gratitud por la acogida que éste brindó a miles de refugiados españoles que, tras la derrota republicana, hallaron allí una nueva patria. Muchos ya nunca regresaron, tampoco  Azorín que murió en su México de adopción en diciembre de 1975, un mes después de que lo hiciera Franco en la cama de un  hospital madrileño tras décadas de una interminable dictadura.

     Después de tantos años de injusto olvido, se ha ido haciendo justicia con Azorín y, en estas fechas, puede verse la ciudad de Teruel una exposición en su honor titulada “De vuelta a casa. Francisco Azorín, el turolense errante” organizada por la Fundación Amantes. Una digna bienvenida para  quien merece ocupar un lugar destacado en nuestra memoria e historia colectiva.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 27 diciembre 2015)

 

 

NOS QUIEREN A-MORDAZA-DOS

 

     Otro de los pesados lastres que deja el Gobierno de Rajoy es la limitación de derechos y libertades como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como la “Ley Mordaza”, y las restrictivas (y retrógradas) reformas introducidas  en el Código Penal, entre ellas, la polémica “cadena perpetua revisable”. Todo este cúmulo de despropósitos, propios de la vieja derecha autoritaria es lo que hizo afirmar a Joaquím Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia,  que, con la aplicación de dichas leyes,  “entra en vigor el mayor recorte de libertades de la historia de la democracia española”.

     Si analizamos en detalle la vigente “Ley Mordaza” observamos algunos detalles tan significativos como preocupantes. En primer lugar, ya en su Preámbulo, considera a la “seguridad ciudadana” y a la “seguridad pública” como sinónimos, entendiendo por tales “la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”. Tras estas declaraciones, subyace un concepto ideológico de seguridad anacrónico pues, como señalaba Joan Josep Nuet, la derecha recurre al discurso del miedo, a la coerción, y olvida que “seguridad” no sólo significa riesgos y amenazas, es algo más que el “orden público” de otros tiempos. De hecho, la seguridad debería entenderse en un sentido amplio, como “un instrumento al servicio de la instauración  y mantenimiento de la paz social, es decir, al servicio de la protección y desarrollo de los derechos humanos, políticos y sociales en condiciones de igualdad y dignidad”, esos mismos derechos  devastados por el liberalismo rampante que aplica el Gobierno del PP. Desde una perspectiva social, libertad y seguridad forman parte de un todo indivisible en cualquier sociedad democrática avanzada. Y, por ello, el PP olvida que el bienestar social y seguridad son conceptos complementarios, dado que no pueden existir políticas de seguridad eficaces si no se abordan la erradicación de causas tales como la pobreza, el paro, la xenofobia y la exclusión social. Por ello, la solución no es el endurecimiento de medidas de “orden público”,  de lo cual la “Ley Mordaza” es un claro ejemplo, sino, bien al contrario, la aplicación de políticas integrales de empleo y protección social.

     El carácter punitivo  de la “Ley Mordaza” queda patente si tenemos en cuenta  que el capítulo 5 (“Régimen sancionador”) es el más extenso y ocupa la mitad del texto de la ley (desde el artículo 30 al 54). En dicho capítulo, se clasifican las sanciones en “muy graves”, “graves” y “leves” (art. 33). Entre las “muy graves”, hallamos desde las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas, hasta la proyección de haces de de luz sobre los conductores de medios de transporte. En cuanto a las sanciones “graves”, figuran 23 tipos distintos: desde las perturbaciones en actos públicos, espectáculos, solemnidades y oficios religiosos, hasta la realización de de manifestaciones frente al Congreso, Senado o asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Y, las sanciones “leves” (17  tipos diferentes), van desde la ocupación de inmuebles hasta la “negligencia en la conservación de la documentación personal”.

    Si muchas son las sanciones contempladas en la “Ley Mordaza”, mucho es también el importe de las cuantías con las que se les penaliza: de 100 a 600 euros las leves, de 601 a 30.000 las graves y, las muy graves, desde los 30.001 hasta la astronómica cifra de 600.000 euros. La voluntad coercitiva de la ley queda así bien patente.

     Ante esta ley tan regresiva  resulta reveladora la lectura de las observaciones finales del Informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU del pasado mes de julio y que instaba al Gobierno de España a que retirase no sólo la nefasta “Ley Mordaza”, sino, también, las últimas reformas introducidas en el Código Penal, para adecuarlas a la estricta aplicación del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por nuestro país y, por ello, de obligado cumplimiento. De  este modo la ONU dejaba patente que ambas leyes “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos”. Como señalaba Maina Kiai, Relator Especial sobre derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación del citado Comité, la “Ley Mordaza”, “limita marcadamente el derecho de reunión” y “restringe de manera innecesaria y desproporcionada libertades básicas”. Todo ello permite “la aplicación desproporcionada o discrecional de la ley por parte de las autoridades” y ello, como es el caso del derecho al ejercicio de libertad de manifestación pacífica, produce un efecto gravemente disuasorio entre la ciudadanía. De este modo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dedica en su Informe 8 páginas   a los  “Motivos de preocupación y recomendaciones”, los cuales suponen un auténtico varapalo para el Gobierno de Rajoy en esta materia, recomendaciones a las que éste, carente de sensibilidad social, ha vuelto a hacer oídos sordos.

     De igual modo, dado que la “Ley Mordaza”, con arreglo a su Disposición Final Primera, “legaliza” las “expulsiones en caliente”  de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla, también en este tema la ONU ha manifestado su preocupación por el tratamiento que reciben los inmigrantes y solicitantes de asilo y, por ello, critica las citadas “devoluciones en caliente”. Y una recomendación final de la ONU ante la que la derecha  ha sido y sigue siendo insensible: la necesidad de derogar la Ley de Amnistía de 1977 dado que ella impide investigar en España los crímenes franquistas. Otra carencia de nuestra democracia.

     Por todo lo dicho, como nos recordaba Joan Josep Nuet, “En España hay un claro ejemplo para la seguridad nacional, pero ese claro peligro tiene dos palabras: Partido Popular. Hoy el Partido Popular es la amenaza más seria para la seguridad si entendemos la seguridad como libertad y bienestar para nuestros ciudadanos”. Y, por ello, no queremos  ni debemos ser a-mordaza-dos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 diciembre 2015)

 

 

TAL VEZ AÚN NO SEA TARDE

    Ante la actual situación política en Cataluña resulta recurrente la imagen de que estamos asistiendo a un “choque de trenes”, algo que siempre es preludio de una catástrofe. A ello nos ha llevado tanto los delirios secesionistas como el inmovilismo de la derecha gobernante, incapaz de plantear propuestas políticas que contrarrestasen la creciente desafección de buena parte de la sociedad catalana y su deseo de emprender el camino hacia la independencia.

    Muchas han sido las etapas que nos han llevado a la actual situación y muchas han sido, también, las ocasiones perdidas para reconducir el desencuentro político entre Cataluña y el resto de España. Así, tras la aprobación de la Constitución de 1978, bien pronto quedó patente que el nuevo Estado Autonómico, pese a sus innegables ventajas, se quedaba corto para  Cataluña y Euskadi, siendo constantes las demandas de ambos territorios reclamando mayores cotas de autogobierno y, también, el reconocimiento de su “realidad nacional”. En el caso de Cataluña, se produjo una quiebra política y emocional tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 2006 que, planteada tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, podó buena parte del contenido del reformado Estatut de Cataluña. Desde este desgarro, ya nada fue igual y el “soufflé” independentista y la desafección hacia España empezó a subir cada vez más en el horno de la política catalana. Un nuevo paso en este proceso tuvo lugar tras el rotundo rechazo del Gobierno de Rajoy a la propuesta de Artur Mas de negociar un pacto fiscal para Cataluña en 2012. A partir de entonces, los acontecimientos y la deriva secesionista se aceleraron.

    Así las cosas, dos cuestiones parecen claras a la hora de hallar una salida razonable ante semejante marasmo político. La primera, sin ninguna duda, pasa por el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro mediante un referéndum  siguiendo los ejemplos de Quebec y Escocia. La segunda, que si de dicha consulta legal saliese la decisión mayoritaria de que Cataluña permaneciese unida a España, ésta debería de articularse con  arreglo a un modelo territorial plenamente federal.

    No obstante, el federalismo, como alternativa ante las actitudes de la derecha españolista y del secesionismo catalán, tiene que hacer frente el enquistamiento numantino en que se hallan sumidas las dos posturas confrontadas. Y sin embargo, es el único camino que parece viable.  Para resolver la cuestión catalana, poco se puede esperar de la derecha, incapaz de reconocer la realidad plurinacional de España, pero tampoco el PSOE, el otro partido que ha ocupado el Gobierno desde la recuperación de la democracia, está exento de responsabilidad. Tal es así que la defensa del federalismo tuvo escaso eco en su práctica política, tanto durante los años del gobierno de Felipe González (1982-1996), como durante los de Zapatero (2004-2011). De este modo, sólo la minoritaria corriente Izquierda Socialista (IS) y José Antonio Pérez Tapias, uno de sus más brillantes militantes, enarbolaron la bandera de la España federal. Lo mismo podemos decir del PSC, que siempre manifestó sus profundas convicciones federalistas. Sin embargo, no fue hasta el nuevo pacto territorial propuesto en la Declaración de Granada de 2013 cuando el PSOE optó por la defensa del federalismo: para entonces, se habían perdido unos años vitales para asentar  las propuestas federalistas que hubieran evitado en gran medida la deriva secesionista catalana

    Por todo lo dicho es importante recordar que ya en 1987, hace  28 años, el PSC planteó todo un proyecto territorial federal que fue desoído por un PSOE entonces en el poder liderado por el tándem Felipe González y Alfonso Guerra, nada proclives a estas ideas anclados como estaban en los viejos tópicos del jacobinismo centralista imperante en aquellos años de fulgurante hegemonía del felipismo. En consecuencia, el PSOE no apostó por el federalismo solidario como le demandaban sus compañeros del PSC y, en cambio, prefirió seguir pactando la gobernabilidad del Estado con las derechas nacionalistas del PNV y de CiU.

    Las propuestas planteadas por el PSC hace casi tres décadas quedaron recogidas en un libro colectivo titulado Federalismo y Estado de las Autonomías (Barcelona, 1988) en el que expusieron sus puntos de vista políticos socialistas como Raimon Obiols, Pascual Maragall,, Jordi Solé Turá, así como intelectuales militantes o afines al PSC, entre ellos,   economistas (Lluís Armet o Antoni Castells), historiadores  como Isidre Molas, Jaume Sobrequés o Josep Termes (del PSUC), así como juristas y especialistas en Derecho Constitucional como José Antonio González Casanova. Anselmo Carretero, Xavier Arbós, Joan Marcel o Eliseo Aja.  Todos ellos aún valorando el avance histórico y político  que suponía el Estado de las Autonomías, reconocían que éste, ya a la altura de 1987, como señalaba Lluís Armet, “no ha dado una respuesta satisfactoria para la superación de los problemas de las nacionalidades históricas” y, consecuentemente, el federalismo era el modelo idóneo para lograr el “objetivo histórico” de incorporar a Cataluña y Euskadi a un proyecto colectivo puesto que, habiéndose descentralizado la gestión y el gasto público, éste proceso no había sido acompañado en la misma medida de una descentralización del poder político y por ello, el PSC  demandaba el inicio de un segundo proceso autonómico, más político y menos administrativo y, de este modo, que los Gobiernos autónomos pudieran participar de forma directa en las decisiones del Estado que les afecten. Además, como señalaba Pasqual Maragall, el ansiado Estado Federal debía ser aquel “en que todos los poderes han de compartir unos objetivos comunes y ser capaces de poner en marcha mecanismos para conseguir un mismo objetivo: la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos”, objetivo éste último que debía primar sobre estériles debates identitarios.

  Hoy, tras demasiados años perdidos para apostar decididamente por el federalismo, nos hallamos ante una situación de máxima tensión política y cuyo desenlace es un enigma plagado de riesgos e incertidumbres. Por ello, volviendo a los símiles ferroviarios, tal vez aún no sea tarde para coger el tren del federalismo, pues es la última oportunidad  para llegar a una estación que ponga fin de forma pactada y razonable a este conflicto político y territorial. Tal vez.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 17 noviembre 2015)

 

LA JUSTICIA, JUZGADA

 

     Ningún gobierno de la democracia española había dejado un rastro tan negativo en lo que a involución de derechos y recorte de libertades se refiere que el ya terminal Ejecutivo de Rajoy: ahí están, como flagrante ejemplo de ello, la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, (“la Ley Mordaza”), o la regresiva reforma del Código Penal. A ello hay que sumar la  penosa situación actual de la Justicia en España: escasez de medios personales y materiales con el consiguiente colapso de los Juzgados, sin olvidar las reformas del anterior ministro Gallardón y su  intento de control gubernamental de la Judicatura, unidas a otras medidas regresivas (modificación de la Ley del Aborto, imposición de tasas judiciales, privatización del Registro Civil, limitación del principio de justicia universal). A este panorama hay que añadir los numerosos (y polémicos) sumarios judiciales que están en la mente de todos: Gürtel, Nóos, Bárcenas, Bankia, Púnica, Pokemon o los EREs de Andalucía.

    Tampoco olvidamos la ignominiosa inhabilitación del juez Garzón  por su valiente actitud ante la investigación de la podredumbre de la trama Gürtel y de los crímenes del franquismo, algo que ha supuesto un grave descrédito de la Justicia española, no sólo aquí, sino también en el extranjero. Por ello, frente a una Justicia autista ante las demandas cívicas de investigación de los crímenes franquistas (recordemos que el Tribunal Supremo se negó a investigarlos alegando, en contra de la jurisprudencia en materia de legislación penal internacional, que ya habían prescrito), las recientes actuaciones de la Justicia argentina, y en particular de la juez María Servini, deberían de hacer enrojecer a la Justicia española, incapaz de aplicar los principios de la legislación y la justicia universal para juzgar los crímenes genocidas del franquismo, que tienen la calificación jurídica de “crímenes de lesa humanidad”.

    Si todo esto fuera poco, la Judicatura, en sus órganos más representativos como es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional (TC) no desempeñan correctamente sus funciones dada su politización como consecuencia del perverso sistema de nombramiento por cuotas partidistas. El caso más reciente y escandaloso es el de los jueces Enrique López  y Concepción Espejel, ambos miembros del CGPJ a propuesta del PP y que juzgarán el caso Gürtel que salpica de lleno al partido conservador y que, por ello, suscita serias dudas la exigible imparcialidad que deberían tener  ambos magistrados en este espinoso asunto.

    Difícil son las alternativas ante semejante cúmulo de fiascos. Algunas propuestas resultan de interés. Este es el caso las ideas que plantea el documento Por una reforma constitucional federal elaborado por la Fundación Rafael Campalans afín al PSC, en cuyo capítulo 7º, titulado “Descentralización del Poder Judicial”, propone que el CGPJ se convierta en un “órgano más técnico y neutral” teniendo en cuenta que la mayoría de sus tareas son de naturaleza administrativa, lo cual implica, además de suprimir el sistema de cuotas, optar por una composición más reducida de sólo 5 miembros: 3 jueces elegidos por las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y 2 juristas de prestigio elegidos por el Congreso y el Senado.

     Por lo que se refiere al TC actualmente desbordado por cantidad de conflictos competenciales y con una preocupante involución conservadora, en el dictado documento se plantea la supresión del actual sistema de cuotas de los grupos parlamentarios por otro en que los magistrados serían elegidos a partes iguales por el Congreso y por un futuro Senado Federal para que, de este modo,  todas las comunidades autónomas tengan “alguna conexión” con el referido TC y se sientan integrados y representados en el mismo.

     En cuanto al Tribunal Supremo (TS), también presenta en la actualidad graves disfunciones: sus miembros son elegidos por tiempo indefinido (hasta su jubilación) y sin criterios que midan la capacidad u mérito del candidato pues lo son por las cuotas ideológicas o partidistas del CGPJ. La actuación del TS quedó patente durante el nefasto papel del juez instructor Luciano Varela contra Garzón y su sumario de los crímenes del franquismo.   

    En consecuencia, hay que abrir el debate de cómo elegir a los jueces con independencia y separación de los otros poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) y hay opciones: desde la elección directa como ocurre en Estados Unidos, la votación ciudadana para ratificar a la Corte Suprema como en Japón o la aplicación de duras pruebas de selección, tal y como se aplican en numerosos Estados.

     Por su parte, el documento Hacia una estructura federal del Estado, elaborado por el Consejo Territorial del PSOE (Granada, 6 de julio de 2013) propone que el TS debería de ser un Tribunal de Casación, (esto es, de unificación de doctrina) y no de segunda o tercera instancia. Para ello, se sugiere que, “con carácter general, los diferentes procesos en todo y cada uno de los órdenes jurisdiccionales, deben culminar en los Tribunales de Justicia de cada Comunidad Autónoma y no en el Tribunal Supremo” (punto 31.3). Consecuentemente, es necesaria una territorialización del sistema de gobierno del Poder Judicial que, respetando su carácter de poder único y exclusivo del Estado, requiere una creciente desconcentración de todas deliberaciones y decisiones que no afecten a las funciones del CGPJ en los respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Ello, siguiendo el modelo alemán,  supondría una  auténtica descentralización de la Justicia, tal y como recordaba Martín Pallín.

     El prestigio y eficacia de nuestra judicatura dependerá de la resolución de estas cuestiones funcionales, así como de los casos de corrupción política y financiera que tanta alarma social generan y, por supuesto, de la rehabilitación de Baltasar Garzón. De este modo, nuestra democracia recuperará, en palabras del citado Garzón, “una justicia universal, para todos, sin distinción de clases, sin escalones de poder, y en la que prevalezca el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a conocer la verdad”. Esa es la auténtica Justicia democrática al servicio de la ciudadanía.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 agosto 2015)