Política-España

PRIMARIAS, SER O NO SER

 

     Las primarias socialistas han supuesto un  soplo de aire fresco en la anquilosada estructura de los partidos políticos pues suponen un mecanismo imprescindible  para profundizar nuestro sistema democrático, máxime en unos momentos  en los cuales éste sufre una preocupante desafección por cuestiones de todos conocidas: corrupción, descrédito de la política, auge de ideas y partidos populistas y de extrema derecha, etc. Por ello, las primarias son un instrumento que, como señalaba Carles Boix, permiten avanzar  en la democratización de la vida pública, hacen más transparente la toma de decisiones colectivas, introducen nuevas ideas en el foro público, además de alentar y reactivar el debate político.

      En estos tiempos en que se imponen las políticas neoliberales de ajuste duro, con una socialdemocracia sumida en un claro desconcierto ideológico en el que, como señalaba el politólogo Sami Naïr la izquierda europea está “completamente desorientada”, resulta imprescindible que los partidos progresistas se rearmen ideológicamente, recuperen la iniciativa política e impulsen mecanismos de democracia interna que favorezcan la participación y  la capacidad de decisión de los militantes y la ciudadanía sobre la voluntad e intereses orgánicos de los “aparatos” de dichos partidos. En esta línea hay que entender los procesos de primarias. En este proceso de profundización democrática, pienso que sería oportuno modificar el artículo 6º de la Constitución española siguiendo el ejemplo de la Constitución de la República del Ecuador en la que es obligatoria la celebración de primarias en todos los partidos que concurren a las elecciones.

     Hasta ahí la teoría y las buenas intenciones. Pasemos a la realidad. A nivel nacional, un primer error del PSOE ha sido el no optar por las primarias para elegir la candidatura a las próximas elecciones europeas designando para cabeza de lista a Elena Valenciano  obviando así la opinión de militantes y simpatizantes. En cambio, para las elecciones generales, resulta muy positivo el plantear unas primarias abiertas a la ciudadanía y con un umbral de avales del 5%. En el caso concreto de las candidaturas autonómicas, existe diversidad de condiciones y requisitos según los distintos territorios y, en el caso concreto de Aragón, sorprende negativamente una serie de medidas restrictivas que, sin duda, limitan la participación y la pluralidad cual son el optar por unas primarias cerradas a la militancia y en elevar los avales requeridos para concurrir a ellas al 15 % de los censos de la afiliación socialista aragonesa.

     El hecho de que hayan aparecido las candidaturas alternativas de Fernando Heras y Jesús de Val con la intención de competir con Javier Lambán, el candidato oficial, y la actitud que hacia Heras pueda tomar la dirección y el aparato del PSOE aragonés, será la prueba del algodón de la limpieza y transparencia del proceso, de comprobar si la militancia vamos a tener  la ocasión de ejercer nuestro “derecho a decidir” sin cortapisas ni condicionantes previos. Veremos, pues, si asistimos a unas primarias de verdad, con el debate y confrontación de dos (o más) candidatos, de conocer sus enfoques, matices y proyectos o, como señalaba recientemente José Luis Trasobares, a un simulacro de primarias orquestado y dirigido para que nada cambie, desoyendo el clamor y los anhelos de renovación, transparencia, apertura y mayor democracia interna demandados por amplios sectores del socialismo aragonés.

      Por todo lo dicho, resulta esencial evitar que la convocatoria de primarias en el PSOE-Aragón no acabe siendo unas primarias “a la andaluza”, unas primarias con candidato único (y oficial) que anulen  el debate y la plural expresión democrática de la voluntad de la militancia ya que, lamentablemente, se ha impedido que fueran unas primarias abiertas a los simpatizantes, a la ciudadanía progresista, hoy tan alejada y recelosa de la prácticas orgánicas del PSOE.

      Consecuentemente, que se presenten varios candidatos entra dentro de la más estricta normalidad democrática: recordemos que en las modélicas primarias del PS francés de 2011 hubo 6 candidatos. No resulta pues, aceptable que el saludable debate democrático  sea interpretado en algunas esferas como una división, una fractura interna  o una deslealtad ya que, bien al contrario, si no hay pluralidad de candidatos y propuestas, es cuando se aplica la “dedocracia”, prevalece la voluntad de los “aparatos” y “familias” partidarias, que no la de las bases, y ello supone en definitiva un grave déficit democrático. Que haya distintas opciones, distintas sensibilidades y candidaturas, que no se pongan trabas a las listas alternativas, es ejemplo de que un partido está vivo, que es sensible al sentir ciudadano y que es capaz de ofrecerle propuestas de futuro y de progreso. Es por ello que, dado que Fernando Heras y Jesús de Val han tenido el coraje político de presentar candidaturas alternativas éstas deberían contar, de verdad, con las mismas condiciones de acceso a los censos, a las agrupaciones socialistas y a la militancia que la candidatura oficial de Javier Lambán.

      Aún con las dudas apuntadas, confiemos en que el actual proceso de primarias  sea respetuoso con la voluntad soberana de la militancia y, de este modo, sea percibido como un ejercicio democrático y transparente por la sociedad aragonesa y a cuyo progreso  debemos orientar nuestros esfuerzo e ideales. En ello nos va el ser o no ser de la  credibilidad y del futuro del PSOE aragonés.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 24 febrero 2014)

 

ENROCADOS EN GIBRALTAR

 

     En este año que concluye, se cumplió el 300 aniversario del Tratado de Utrech de 1713 mediante el cual España cedió Gibraltar al Reino Unido. Lejos de nostalgias patrioteras, la cuestión de Gibraltar sigue siendo una herida abierta en nuestra historia que algún día habrá que resolver. Por ello, tras tres siglos de “controversia gibraltareña”, como señalaba Alejandro del Valle Gálvez, catedrático de Derecho Internacional Público, España deber reflexionar sobre su posición y las posibilidades de acercamiento y acuerdo en este dilatado y complejo contencioso.

   En la cuestión de Gibraltar,  varias son las controversias que siguen sin resolverse. El primer lugar, el alcance de la cesión de soberanía pues, con arreglo al artículo X del Tratado de Utrech, el territorio realmente cedido era muy limitado: tan sólo el recinto intramuros de Gibraltar (ciudad, castillo, con su puerto, defensas y fortaleza) pero sin ningún territorio fuera de las murallas, lo que excluye de soberanía británica tanto a la montaña (la Roca) como al itsmo de tierra que une a la colonia con La Línea, a pesar de que  sobre ambos los británicos ejercen su jurisdicción, y no una soberanía que nunca les fue cedida.. En segundo lugar, y enlazando con lo anterior, otra controversia deriva de la apropiación del itsmo por el Reino Unido ya que nunca se estableció una línea fronteriza ni posteriormente se realizó una demarcación, por lo que la actual verja es una delimitación unilateral británica que nunca ha sido aceptada por España. Y, en tercer lugar, la cuestión de las aguas, tema éste que se ha agudizado durante el mandato de Fabián Picardo, el actual Ministro Principal de Gibraltar y que ha originado un conflicto pesquero con numerosos incidentes en la bahía de Algeciras. Sin embargo, una lectura literal del Tratado según la cual la soberanía de la montaña sigue siendo española, supondría un cambio del estatuto jurídico de las aguas en disputa puesto que, al no generarse espacios marítimos británicos, éstas serían españolas y Gibraltar carecería de aguas territoriales propias.

     Ante estas cuestiones, se constata cómo, en la actualidad, los cauces jurídicos y políticos para resolverlos se encuentran inoperantes. Así, esta “crisis negociadora”, supone un agotamiento o cuestionamiento de los marcos negociadores pues la cuestión de Gibraltar se halla enquistada, desde 1964,  en el Comité Especial de Descolonización de la ONU; el Proceso de Bruselas para la co-soberanía del Peñón está bloqueado desde 2002 y  lo mismo ocurre con el Foro de Diálogo Tripartito (España-Reino Unido-Gibraltar), creado en 2004 y que, desde enero de 2012, el Gobierno de Rajoy ha reestructurado como Foro Cuatripartito, negando la representación directa a los gibraltareños y, en cambio, incluyendo,   junto a las delegaciones de los gobiernos de Londres y Madrid, a representantes de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y de la Junta de Andalucía.

   Así las cosas, es necesario relanzar las negociaciones por nuevas vías imaginativas, y algunas se han ido planteando. Este fue el caso del Proceso de Bruselas y las propuestas de co-soberanía surgidas en las negociaciones entre Aznar y Blair durante 2000-2002, las cuales no llegaron a buen puerto por el boicot de Gibraltar y la oposición británica la utilización conjunta de las bases militare y,  sin embargo, es de justicia reconocer que, pese a su fracaso, han sido el único y más serio intento de llegar a un acuerdo aceptable que reemplazase al vetusto Tratado de Utrech. Otras propuestas para desbloquear el contencioso fueron las que planteó Peter Caruana, el anterior Ministro Principal de Gibraltar, de optar por el modelo del Principado de  Andorra y su bicéfala jefatura de Estado, propuesta que generó temor por las posibles repercusiones que pudiera tener sobre las reclamaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, o la idea de considerar a Gibraltar como una ciudad vinculada a las coronas española y británica con un estatuto especial dentro de  la Unión Europea.

     Retomando de nuevo las ideas de Alejandro del Valle, éste plantea como opción más razonable que España acordase con el Reino Unido “un tratado internacional que de algún modo reconozca la soberanía española actual y futura sobre los espacios actualmente bajo jurisdicción británica, y que establezca un nuevo estatus jurídico internacional que respete la actual organización institucional gibraltareña”.  Esta propuesta, para ser un viable, deberá conciliar los tres intereses en cuestión: el militar y de seguridad para el Reino Unido, la recuperación de la soberanía para España y la consulta de la población gibraltareña, a la cual, con arreglo a su nueva Constitución de 2006, se le reconoce, lógicamente,  el derecho a decidir democráticamente su futuro y, en consecuencia, poder para vetar los acuerdos hispano-británicos que considere perjudiciales. Además, esta apuesta por un nuevo estatuto internacional debe vincular a la Roca con el Campo de Gibraltar y con Andalucía para poder ofrecer a los gibraltareños, que son el 4º territorio del mundo con mayor renta per cápita, un futuro estratégico de intereses compartidos.  Tal vez, de este modo, dejemos de estar, como viene sucediendo en estos últimos 300 años, enrocados en (y por) Gibraltar.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 diciembre 2013)

 

 

 

MACHADO EN VALENCIA

 

     El 24 de noviembre de 1936 llegaba a Valencia Antonio Machado, evacuado de Madrid por el Gobierno de la República y en la capital levantina residió hasta abril de 1938, fecha en que se trasladó a Barcelona. El poeta, apesadumbrado por una guerra fratricida, une a su profunda tristeza su precario estado de salud pues, como dijo Alberti, “su poesía y su persona habían sido tocadas de aquella ancha herida sin fin que había de llevarle poco después hasta su muerte”. Pese a ello, su obra poética  de este período es militante: defiende en sus versos el ideal republicano, elogia a la URSS, a Líster y al Quinto Regimiento, critica con dureza a la Italia fascista y la Alemania nazi.

     Machado, aquel viejo republicano que había izado la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia el 14 de abril de 1931, siente  “estupor” por las consecuencias del golpe militar (“la militarada”) que le sorprendió en Madrid y se emociona recordando la defensa popular de la capital, pues “aquello fue la heroica barrera que segó en flor la marcha triunfal de la bárbara bestia” (entrevista en Fragua social, 19-XII-1936). Percibe  como nadie el sentir  del pueblo leal, del que está al lado de la República y así se lo escribió en abril de 1937 a David Vigodsky: “En España lo mejor es el pueblo […] En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva”.

     Machado, en su etapa valenciana, al igual que otros intelectuales antifascistas, firmó diversos documentos a favor de la República, entre ellos, el Manifiesto de profesores y artistas españoles apelando a la conciencia del mundo (febrero 1937) en el que, de forma premonitoria, se decía que “la guerra de España puede ser, en efecto, el prólogo sangriento de una guerra mundial de proporciones incalculables” o el de Los intelectuales de España por la victoria total del pueblo (marzo 1938). En diversos escritos, dejó patente su firme antifascismo: califica a los franquistas de “traidores”, siervos de Italia y Alemania que han perdido la condición de españoles ya que “de ningún modo podemos considerar como españoles a quienes decidieron vender a España, no sabemos por cuantos denarios” y define al  fascismo como “la fuerza de la incultura”. Reclama la unidad de todas las fuerzas antifascistas  “puesto que todas nuestras energías deben de concentrarse en un fin único: aplastar al fascismo”. A este objetivo, convoca también a los jóvenes: en una alocución dirigida a  los estudiantes republicanos les insta al compromiso político ya que “los estudiantes deben de hacer política, si no, la política se hará contra ellos”, una aseveración de absoluta vigencia. También destacaba repetidamente el papel que deben desempeñar los intelectuales,  los cuales deben de estar siempre al lado del pueblo. Así lo hizo García Lorca y, al saber de su asesinato, escribió dolorido que “se ha perpetrado el crimen más estúpido y condenable” con el poeta granadino.

     En relación a la guerra, son frecuentes sus elogios a la heroica defensa de Madrid y al Ejército Popular. También  denuncia la brutalidad fascista: de este modo, envió un texto al Congreso de la Paz a celebrar en París expresando “su airada protesta contra los bombardeos aéreos de las ciudades abiertas”, que califica de “crímenes abominables” y de “lesa humanidad”, texto escrito a la luz de una vela mientras “estas mismas aborrecibles bombas están cayendo sobre nuestro techo”. Especialmente contundente fue Machado contra la intervención nazi en España. Por boca del personaje de Juan de Mairena, su alter ego literario, hizo mención de forma premonitoria a la guerra mundial que se avecina y también a su resultado: “Alemania no ganará, pero Europa perderá la paz y, con ella, la hegemonía del mundo” y en otro texto intuye el Holocausto al aludir a “la afanosa búsqueda” de los laboratorios alemanes “de la fórmula química definitiva, que permita al puro germano extender el empleo de los venenos insecticidas al exterminio de todas las razas humanas inferiores”, algo que, poco después,  se convirtió tristemente en una dramática y oprobiosa realidad.

    Machado criticó la inhibición de las democracias occidentales ante la desesperada situación de la República española acosada por los fascismos: reprocha la hipocresía de Francia e Inglaterra y también del Pacto de No Intervención, (“la iniquidad más grande que registra la historia”) y la ineficacia de la Sociedad de Naciones. En contraste, Machado agradece el apoyo a la España leal de México y, sobre todo, de la URSS: los textos valencianos de Machado están plagados de frases de admiración hacia “la Gran República de los Soviets”, país en el que, como dirá en un poema, “desde que roto el báculo y el cetro / empuña el martillo y la guadaña”.

     Pero la suerte de la República estaba echada, también la suya. En una entrevista que le realizó Pascual Plá en agosto de 1937, reflejaba ya su desánimo ante un previsible exilio: “cuando pienso en un posible destierro, en otra tierra que no sea esta atormentada tierra de España, mi corazón se turba de pesadumbre. Tengo la certeza de que el extranjero significará para mí la muerte”.  Y así fue: Machado murió, desnudo de equipaje, como su célebre verso, un 22 de febrero de 1939 en el pueblecito francés de Colliure. El poeta no pudo cumplir su deseo, aquel que un día escribió en Valencia, el de “no cerrar los ojos antes de ver el triunfo de la causa popular, la causa común a toda humanidad progresiva”. Este fue el firme compromiso Antonio Machado Ruiz, de aquel viejo y coherente republicano, de aquel insigne poeta siempre presente en la memoria colectiva.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicando en: El Periódico de Aragón, 24 noviembre 2013)

 

EL FEDERALISMO, UN PROYECTO DE FUTURO

     Cual si de una pareja mal avenida se tratara, el creciente desapego entre Cataluña y el resto de España parece caminar hacia una ruptura, hacia un divorcio llamado independencia. Muchas y variadas han sido las causas que han llevado a esta grave situación, entre ellas, el frustrado proceso de reforma del Estatut entre 2003-2010, además de torpezas políticas e incomprensiones mutuas que han producido una sensación de hartazgo, tanto en Madrid como en Barcelona, hasta el punto que, como señalaba Albert Branchadell, “el Estado español está viendo erosionada su legitimidad en Cataluña de una manera inédita y hasta ahora, su repuesta puede ir paradójicamente encaminada a acelerar esa erosión”.

     Cándido Marquesán acertaba plenamente al señalar que la auténtica cuestión de fondo de la actual crisis territorial era la inexistencia en España de “un proyecto colectivo ilusionante para amplios sectores de la ciudadanía, algo básico para cimentar una gran nación”.  Y es cierto, pues todos los ideales cohesionadores se han ido desinflando y han caído en el baúl del olvido: atrás quedó la lucha contra el franquismo para conquistar la democracia, el anhelo de la autonomía y la construcción del Estado autonómico, el sueño de la integración en Europa, o la consolidación y extensión del Estado de Bienestar. Parecen ya no quedar proyectos comunes y, el desapego, hijo natural del desencanto y la decepción va ganando terreno.

     Así las cosas, emerge la opción independentista, totalmente legítima, ante la inexistencia de un proyecto para España de cohesión y de futuro: tal es así que, como señalaba Josep Ramoneda, en la actual crisis, la independencia aparece ante la ciudadanía catalana como “el único proyecto político digno de tal nombre” dado que España, en plena crisis de identidad,  parece no tener ninguno, carente como se halla de un liderazgo político digno  de tal nombre, y con escasos de referentes éticos en una clase política y empresarial socavada por la corrupción.

     Este hartazgo y desapego resulta lógico y comprensible. Tampoco es nuevo: ya se refería a él Ortega y Gasset en su España invertebrada, libro publicado en 1921. Esta obra despertó la conciencia sobre la problemática de España y en la misma se analizaban las causas de la decadencia española, la cual iba aparejada, según el fundador de la filosofía española contemporánea, a la escasez de líderes auténticos y ejemplarizantes. Ortega destacaba que lo que mantiene a las naciones unidas es la existencia de “un proyecto sugestivo de vida en común” ya que “los grupos que integran un Estado viven juntos para algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer algo juntos”. Es por ello que, en la actualidad, contrasta la diferencia entre el proyecto soberanista catalán, que ha movilizado (e ilusionado) a amplios sectores de la sociedad catalana, interclasista y transversal, con la ausencia de un proyecto “español”, con la atonía de una España que, excepción hecha del proyecto federal impulsado por el PSC, parece incapaz de ofrecer alternativas creíbles ante la creciente ola secesionista. Dado que una nación es, como diría Renan, “un plebiscito cotidiano”, la convivencia debe ser una realidad activa y dinámica, no una coexistencia pasiva y estática, por ello el lamento orteguiano ante la ausencia de “grandes proyectos, ideas y valores colectivos”.

     A estas alturas, el actual Estado autonómico resulta claramente insuficiente y esta vía, según Joaquím Lleixà, parece haber llegado al fin de su trayecto dado que “la diversidad nacional de España aún no ha logrado una acomodación suficiente”, especialmente en los casos de Cataluña y Euskadi. Y, para ello se requiere una Segunda Transición, una redefinición del proyecto que, como democracia y Estado plurinacional, debe ofrecer España, lo cual supone abandonar posturas inmovilistas y numantinas propias de la derecha nacionalista española y apostar por grandes dosis de sensibilidad hacia las nacionalidades históricas (Aragón incluido) y una gran capacidad política integradora, algo que debemos exigir a nuestros dirigentes para que realmente estén a la altura de lo que demandan las circunstancias actuales.

     Es fundamental el impulsar esa Segunda Transición tanto en cuanto supone un proyecto ilusionante y colectivo que una voluntades. En este sentido, siendo como soy un decidido partidario del derecho a decidir, ejemplo evidente de plenitud democrática y soberanía popular, estoy convencido que ese proyecto de futuro pasa por el impulso de un modelo republicano y federal.  Hoy resulta imprescindible apostar por un federalismo solidario que sirva para renovar la calidad democrática de nuestras instituciones y la convivencia armónica en el seno de la  España plurinacional. Además, este proyecto federal debe tener objetivos concretos en beneficio de los ciudadanos tal y como ya señalaba en 1988 Raimon Obiols: el impulso del crecimiento económico, favorecer la redistribución de rentas y expandir el Estado de Bienestar, ideas que hoy más que nunca tienen plena vigencia.

     Frente a tanto hartazgo y desapego derivado del movimiento soberanista en Cataluña, al igual que Machado, debemos distinguir las voces de los ecos y, entre tanto marasmo, sigo considerando válido el ideal  de Lluís Companys,  President de la Generalitat de Catalunya, cuando el 6 de octubre de 1934 proclamó “el Estado Catalán en la República Federal Española”  la cual “hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal, libre y magnífica”. Ciertamente, un ideal ilusionante y un auténtico proyecto de futuro.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 de noviembre de 2013)

LA FAES ATACA DE NUEVO

 

     Estamos asistiendo a un ataque frontal e implacable  contra los principios y logros del llamado Estado de Bienestar por parte de las políticas neoliberales de ajuste. A este combate se ha unido la FAES, la fundación del PP presidida por José María Aznar y convertida en guardián de las esencias ideológicas de la derecha española. Ejemplo de ello es la publicación en el último número de sus  Cuadernos de Pensamiento Político (junio 2013), de un trabajo de Elisa Chuliá  titulado “A propósito de la reforma del Estado de Bienestar” que supone un claro cuestionamiento del mismo y de su viabilidad futura desde posiciones propias del más rancio conservadurismo.

     Chuliá lanza su primera crítica  al señalar que los Estados del Bienestar contienen en su interior el germen de su propia destrucción por haber logrado “éxitos sociales de primera magnitud”, los cuales han supuesto unos elevados costes económicos que la autora parece desaprobar haciendo gala de un caduco clasismo derechista tales como el aumento de la longevidad de la población, la emancipación económica y social de la mujer y el incremento de los niveles educativos de lo que llama la “fuerza del trabajo”, esto es, de la clase trabajadora. Los dardos de Chuliá se dirigen a estos innegables logros sociales y, de este modo, sobre el aumento de la longevidad, de la mayor esperanza de vida, critica que ello haya supuesto “presionar al alza el gasto en pensiones y también, en menor medida, el gasto sanitario y el dedicado a otras prestaciones sociales”. En estas ideas, parecen resonar los ecos de algunos dirigentes del FMI cuando señalaban que los ciudadanos europeos “vivimos demasiado tiempo” y ello origina  elevados costes para los Estados: quienes de este modo critican los gastos sociales, mantienen un silencio cómplice sobre la sangría que han supuesto para el erario público las quiebras y el “saneamiento” del sector bancario, la mayor estafa económica sufrida por nuestra democracia.

     En cuanto a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, aunque  reconoce que ello ha supuesto el aumento de los ingresos fiscales estatales, también ve aspectos negativos: retraso en la nupcialidad, descenso de la natalidad y, con ello, “reducción de contribuyentes” futuros, así como que las mujeres hayan dejado de ocuparse “de los miembros más vulnerables de la familia” (niños y ancianos), y un supuesto “aumento de la inestabilidad estructural” familiar, planteamientos, que recuerdan la vieja mentalidad patriarcal y retrógrada según la cual el lugar de la mujer era “en casa y con la pata quebrada”.

     El tercer ataque a las bases del Estado de Bienestar lo lanza contra la universalización del derecho a la educación. De hecho, Chuliá señala que “la amplia oferta educativa subvencionada”, ha supuesto “una ganancia agregada en cualificación de mano de obra” que, ante la situación del mercado de trabajo, “ha originado con frecuencia desempleo y sobrecualificación”.

     En consecuencia, la conclusión tiene una clara carga ideológica: los logros del Estado de Bienestar “desafían su propia sostenibilidad”, algo que la derecha nunca se ha planteado garantizar mediante la implantación de una potente política de fiscalidad progresiva siguiendo el modelo socialdemócrata escandinavo, algo contrario a la ideología de la FAES y  del PP.  Bien al contrario, lo expuesto, nítido exponente del ultraliberalismo rampante,  conduce a una peligrosa conclusión: el Estado de Bienestar tiene “desventajas competitivas” frente a otros modelos que, como el anglosajón, están mas desregulados y cuentan con menor protección social, argumento que se emplea para justificar los ajustes que, según un mantra invocado repetidamente, serviría (¿?) para impulsar el crecimiento económico y el empleo.

     Y, pese a lo dicho, Chuliá asegura que no pretende el desmantelamiento del Estado de Bienestar, aunque  introduce peligrosos caballos de Troya en su baluarte tales como considerar que éste  nació “con carácter coyuntural” y no permanente, como respuesta a la situación económica, política, social y demográfica posterior a la II Guerra Mundial y que nada tiene que ver (según Chuliá) con el  contexto de la Europa actual. Debemos recordar que,  en aquel contexto, surgió el llamado “pacto socialdemócrata”, decisivo para el desarrollo europeo, sobre la aceptación de cuatro ideas básicas: fomento del pleno empleo estable; economía mixta en la cual coexisten un sector público empresarial compatible con el libre mercado; consolidación del Estado de Bienestar, concepto socialdemócrata basado en una amplia red de servicios públicos estatales (educación, sanidad y sistema de pensiones) y, también, una fiscalidad progresiva basada en la primacía de los impuestos directos. El modelo socialdemócrata de desarrollo, eje central de política de los países más avanzados del mundo del cual los países nórdicos son un claro ejemplo, empezó a ser cuestionado por el neoliberalismo a partir de la década de 1980 y del fenómeno de la globalización. Otro misil lanzado contra la línea de flotación del Estado de Bienestar es cuando la autora señala que se tiende a identificar derechos sociales con prestaciones asistenciales, con subsidios y pensiones, algo que es un innegable (e irrenunciable) avance en nuestra calidad de vida y, con ello, parece negar nuevamente el progreso social: con este pensamiento, seguiríamos anclados en el pasado y nunca se habrían logrado los valores esenciales propios de cualquier democracia avanzada.

     Todo este cúmulo de mensajes ideológicos de la derecha ultraliberal hacen que resulte imposible creer que la  defensa efectiva del Estado de Bienestar esté garantizada mientras el poder político se halle en manos de quienes, como evidencia el ideario de la FAES y del PP, no creen en la viabilidad y necesidad del mismo como modelo idóneo de justicia y equidad social.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 12 agosto 2013)

 

POR UN SENADO FEDERAL

 

     Cuando el 29 de mayo la Fundació Rafael Campalans vinculada al PSC hacía público el documento “Por una reforma constitucional federal” planteaba,  a lo largo de sus 40 páginas, una cuestión de indudable calado político cual es la reforma del modelo territorial español surgido del proceso autonómico desde una perspectiva federalista. De este modo, el PSC, liderado por Pere Navarro,  el rostro amable, integrador y solidario del socialismo catalán, hijo de emigrantes aragoneses de Samper de Calanda, dario del socialismo catalán busca un perfil propio en plena marea soberanista. Y es que, como señalaba Miquel Iceta, presidente de la Fundació Campalans, y dirigente del PSC, su partido no se resigna “a contemplar impasible cómo se agranda una brecha entre los catalanes y el resto de los españoles” por una serie de problemas latentes a los que no se ha sabido dar respuesta: conflictos competenciales, la representación política de las comunidades autónomas en los órganos del Estado, una justa financiación autonómica y, también el asumir con valentía política la realidad plurinacional de España, entendida ésta como “nación de naciones”. Todas estas cuestiones son razones que justifican la necesidad de una reforma federal de nuestro marco constitucional.

     Por todo ello, resulta muy oportuna la propuesta federalista del PSC. En primer lugar, porque genera un debate, tan abierto como necesario, sobre el modelo territorial español y sus disfunciones. El PSC ha sido capaz de proponer una interesante iniciativa política tanto frente a lo que Pere Navarro califica como “utopías secesionistas”, como a las tendencias recentralizadoras del PP. Sin embargo, esta voluntad del PSC de tender puentes de entendimiento entre Cataluña y el resto de España, lamentablemente, ha hallado escasos apoyos y la propuesta federalista del socialismo catalán ha recibido las duras críticas del nacionalismo españolista conservador, de los partidarios de soluciones independencistas y, también, la incomprensión de los sectores más jacobinos y centralistas del PSOE (Guerra y Bono, entre ellos) con lo que,  ante tal situación, parecía cumplirse de nuevo la vieja sentencia de Machado según la cual “en España, de cada diez cabezas, una piensa y nueve embisten”.

     En segundo lugar, redimensiona la función a desempeñar por el Senado. Ante el anquilosamiento y atrofia actual del la Cámara Alta, emergen tres posiciones: la de quienes plantean su supresión sin proponer ninguna opción alternativa, la de quienes defienden su continuidad maquillándola de reformas que nunca se llevan a cabo y la del PSC, la más interesante que opta por transformarlo en un Senado Federal dentro de un nuevo modelo territorial de una futura España federal. Las ideas anteriores aparecen  recogidas en el capítulo 3º, titulado La conversión del Senado en un órgano federal, en el que, tras calificar su actual papel como de “Cámara inútil”, demanda la necesidad de que su reforma sirva para canalizar la participación de las Comunidades Autónomas “en la aprobación de las leyes que les afectan decisivamente” con criterios de corresponsabilidad y colegislación según el modelo federal del Bundesrat alemán. Por esta razón, se propone que el Senado Federal esté formado no por parlamentarios elegidos por circunscripciones provinciales como en la actualidad, sino por miembros de los respectivos Gobiernos autonómicos (consejeros y, en ocasiones importantes por los propios presidentes) con lo cual para cada debate, las respectivas Comunidades enviarían al Senado, según la materia a tratar,  a sus consejeros respectivos o a los altos funcionarios que consideraran más idóneos, por lo que esta Cámara tendría un mayor perfil no sólo político sino también técnico. Además, su composición sería reducida (92 senadores), a razón de 3 por cada Comunidad Autónoma y uno más por cada millón de habitantes de las mismas, quedando la representación territorial del Senado de éste modo: Cantabria, La Rioja y Navarra (3 votos), Aragón, Asturias, Extremadura, Baleares y Murcia (4), Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia y Euskadi (5), Valencia (8), Madrid (9), Cataluña (10) y Andalucía (11).

     Finalmente, la presente propuesta federalista reubica al PSC y, esperemos que también al conjunto del PSOE, en la mejor tradición federal de raíz republicana que es consustancial al partido de Pablo Iglesias y ofrece una respuesta positiva y sensata a la crisis identitaria del Estado Español, contra cuya nave se baten con fuerza las olas del españolismo centralista y las de los nacionalismos periféricos e insolidarios. Y es que, como ya decía Rafael Campalans en 1923, “socialismo y federalismo tienen  que considerarse como doctrinas complementarias”. El mismo Miquel Iceta nos ofrece una acertada definición del federalismo que propugna el socialismo catalán: “es una forma de organizar la democracia especialmente adecuada cuando se trata de fortalecer la convivencia en sociedades integradas por pueblos distintos que acuerdan construir instituciones comunes, que aúnan la fuerza de la unión y el respeto a la diversidad. Federalismo es autogobierno y, por ello, es la mejor forma de organizar el Estado en un mundo de interdependencias crecientes y soberanías compartidas”.

    Ciertamente, el futuro siempre es incierto y supone un cúmulo de retos y riesgos añadidos. Pero cada vez somos más los que pensamos que la España del siglo XXI será federal (y por supuesto republicana) o el actual modelo de Estado no tendrá la capacidad de mantener unidos a todos los territorios que conforman esta nación de naciones llamada España.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 junio 2013)

 

 

 

NECESITAMOS AL JUEZ GARZÓN

 

     En estas fechas en que el caso Bárcenas y las finanzas bajo sospecha del PP acaparan titulares de prensa y colman la indignación ciudadana, se ha cumplido un año desde aquel 9 de febrero de 2012 en que fue inhabilitado el juez Baltasar Garzón tras los juicios a los que fue sometido por el Tribunal Supremo por considerar “aparentemente delictivas” algunas de las resoluciones adoptadas por el magistrado en el caso Gürtel y en las investigaciones por los crímenes del franquismo.

     Traigo a colación este hecho ya que, ante la gravedad de los sucesos que salpican a toda la cúpula del PP, a la ministra Mato y al mismo Rajoy, en su doble condición de presidente del PP y del Gobierno de España, es cuando más necesaria resulta una acción judicial implacable y contundente que acabe con ese cáncer de la corrupción que está pudriendo nuestra democracia y en este sentido, la memoria y la labor del juez Garzón resultan un ejemplo permanente. Recordemos que fue él quien en febrero de 2009 inició el sumario del caso Gürtel que destapó las oscuras y cenagosas tramas de corrupción política y financiación irregular del PP y quien ordenó las detenciones de los principales cabecillas de la trama, entre ellos, Francisco Correa, cuyo apellido en alemán (Gürtel), dio nombre a este sumario bajo las acusaciones de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

     Tras destaparse el escándalo y la implicación en el mismo de altos cargos del PP, como señala María Garzón, la hija del magistrado en su libro Suprema injusticia, “desde la cúpula de dicho partido dejó la veda abierta a la auténtica persecución y acoso a mi padre, instrumentalizados por la caverna mediática y alentados por cargos politicos de relevancia”. De este modo,  Rajoy llegó a declarar en TV que “Garzón es socialista y, como tal, debería de abstenerse de juzgar un caso en el que hubiere implicados del Partido Popular” y el 9 de diciembre de 2009, se presentó una  querella contra Garzón en la que Ignacio Peláez, el abogado de los inculpados del caso Gürtel, acusaba al juez de prevaricación y de un delito contra las garantías de intimidad por ordenar grabar las conversaciones, ciertamente comprometedoras, de los inculpados de la trama.

     La insistente campaña de la derecha política, mediática (y judicial) pidiendo la cabeza de Garzón culminó con el procesamiento del juez y, al igual que le ocurrió por la querella que le fue interpuesta por su investigación de los crímenes del franquismo,  se evidenció un decidido intento de acabar con su carrera judicial: se pusieron dificultades para su defensa, se le sometió a una investigación inquisitiva, se rechazaron pruebas fundamentales que demostraban la racionalidad, proporción, legalidad y necesidad de la medida de intervención de las comunicaciones de los inculpados en la trama Gürtel. Los hechos posteriores son conocidos: el 14 de  mayo de 2010 Garzón fue suspendido en sus funciones jurisdiccionales y, finalmente, el 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo lo condenó a la desproporcionada pena de 11 años de inhabilitación con lo cual acababan de forma indigna con la brillante carrera judicial de Garzón.

     Recordando estos hechos, y teniendo muy presentes las circunstancias actuales, resulta preocupante pensar la fuerza que sigue teniendo la derecha para neutralizar a jueces como Garzón, comprometidos  firmemente y hasta las últimas consecuencias  con la justicia igualitaria y la defensa del Estado de Derecho, lo mismo que ya hicieron estos contrapoderes al conseguir archivar las investigaciones del juez Manglano sobre el caso Naseiro (otro ejemplo de financiación ilegal del PP por parte de otro tesorero corrupto del partido conservador en la década de 1990) al alegarse irregularidades en la instrucción del sumario pese a la evidencia de las pruebas inculpatorias.

     La condena de Garzón supuso un descrédito interno (y externo) para la Justicia española al acabar con un modelo de juez que incomodaba a muchos y que le granjeó  poderosos adversarios, los cuales, por ahora, van ganando la partida. María Garzón lo expresaba de forma contundente al señalar que “España no se puede permitir más casos como los que acabaron con el juez Garzón. Su condena es nuestra vergüenza; su inocencia negada, la piedra que no nos deja avanzar; su inhabilitación, el ejemplo de una arbitrariedad; su expulsión, la ausencia de justicia”

    En las situación actual, con el caso Bárcenas socavando la credibilidad de nuestro sistema representativo, es  cuando la Justicia española tiene la ocasión de redimirse  de aquel oprobio asumiendo el reto de esclarecer por completo las tramas de corrupción  que salpican al PP y a sus principales dirigentes, como está haciendo el juez Pablo Ruz o también el juez José Castro con el no menos grave e indignante “caso Urdangarín” y los turbios manejos del Instituto Nóos. Y, en este contexto, sería necesaria la rehabilitación de Garzón y su vuelta a la carrera judicial, pues sus 30 años de intensa dedicación a combatir las lacras de nuestra sociedad (narcotráfico, corrupción, terrorismo, crímenes contra la humanidad…) le hacen digno merecedor de ello. El Gobierno, y especialmente el ministro Gallardón, en vez de indultar a conductores kamikaces homicidas, haría bien en contemplar medidas de gracia para Garzón, ejemplo de juez honesto e incorruptible,  tal y como propuso la asociación Magistrados Europeos  por la Libertad y la Democracia. Y es que, sin duda, la ciudadanía y el Estado de Derecho, necesitan, necesitamos al juez Baltasar Garzón.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 10 febrero 2013)

 

 

AÑORANDO EL CONSENSO

 

     Somos muchos los ciudadanos que sufrimos las catastróficas consecuencias de esta crisis que todo lo anega, que lamentamos el empobrecimiento de amplios sectores sociales, los retrocesos en derechos sociales y laborales, el incierto futuro que espera a nuestra juventud. Somos un país triste, navegamos en un barco sin rumbo, en el que crujen todas sus cuadernas ante los embates de semejante tempestad, y a cuyo mando se encuentra una clase política que no está a la altura de las circunstancias, sin capacidad de liderazgo ni de ofrecer soluciones justas ante tantas dificultades, ante tanto desánimo. Y, sin embargo, no podemos caer en ese pesimismo al que se refería Jaime Gil de Biedma cuando decía que, “de todas las historias de la Historia, la más triste es la de España, porque termina mal”, o en aquella lastimosa imagen de la “España sin pulso” de Francisco Silvela.

     Tiempos difíciles ha habido muchos en nuestra historia, y ahí está el recuerdo de la Transición que, si bien ha sido excesivamente idealizada en determinados ámbitos obviando así sus deficiencias, nos ofrece un buen ejemplo sobre la necesidad del consenso político como forma de hacer frente de forma colectiva a los problemas de la sociedad.

     En estos días, en que se recordaba el 35º aniversario de la firma de los Pactos de la Moncloa   (25 octubre 1977), bueno sería recordar lo que significaron en aquella España que se hallaba en la difícil coyuntura de avanzar hacia la democracia y de hacer frente a una gravísima crisis económica. Aunque la España actual, como miembro de la Unión Europea, ha realizado importantes cesiones de soberanía política y económica a favor de las instituciones comunitarias, no deja de seguir siendo un modelo válido la firma de tan importante acuerdo económico y político, suscrito, bajo el impulso de Adolfo Suárez,  por las principales fuerzas políticas, desde la UCD en el Gobierno minoritario, hasta el PSOE, PCE, PSP, los grupos socialistas catalanes de Triginer y Raventós, y los nacionalistas del PNV y CiU, así como AP, aunque Fraga se negase a suscribir los acuerdos económicos de los Pactos de la Moncloa que, entre otras cosas, sirvieron para frenar la inflación (que en aquel año era del 47 %), la progresividad fiscal, el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, la lucha contra el paro mediante el aumento de la inversión pública, diversas reformas económicas y el logro de derechos para los trabajadores. Además, estos Pactos, fueron igualmente suscritos por los sindicatos CC.OO. y UGT, así como por las organizaciones empresariales.

     Ante una situación crítica como la actual, no menos grave que la de aquella España de 1977, ¿sería posible un gran acuerdo nacional de estas características que abarcase  a los principales partidos de la oposición y a las fuerzas nacionalistas?.  Ciertamente lo dudo, pero ello sí que daría confianza a la ciudadanía que vería (y necesita ver) cómo nuestra desacreditada clase política se unía en defensa de aspectos esenciales del interés colectivo. Santiago Carrillo definió los Pactos de la Moncloa en la sesión parlamentaria del 27 de octubre de 1977 en que éstos fueron ratificados  por el Congreso de los Diputados como “un acto de responsabilidad nacional, de cara a la tarea de desarrollar y estabilizar la democracia y de sacar al país de una situación económica grave que podría devenir en ruinosa”, frases y espíritu que resuenan con contundente actualidad por lo que ahora, con la agudización de la crisis económica y la quiebra del modelo territorial, sería absolutamente necesario recuperar el espíritu del consenso para salir, todos juntos, de la profunda sima en la que está atrapada la sociedad española. No hay que idealizar los Pactos de la Moncloa (hubo incumplimientos y algunos aspectos se aplicaron con excesiva lentitud) pero sí su espíritu, su voluntad de acuerdo, que es el verdadero significado de aquel pacto multipartidista.

     Releyendo el  libro de Carrillo “El año de la Constitución”, aquel año tan difícil en que se elaboraba el texto de la Carta Magna y se ponían en marcha los Pactos de La Moncloa, también proponía la formación de un Gobierno de concentración democrática, algo también impensable en la actualidad pues resulta difícil imaginar al PP y a su mayoría absoluta,  compartiendo de forma generosa las tareas de Gobierno. Ciertamente ello supondría un compromiso entre el mayor número posible de fuerzas políticas y sociales como alternativa a la imposición de los postulados ideológicos de una derecha cada vez más agresiva ante la debilidad de los sindicatos de clase y el desconcierto de la socialdemocracia. Sólo así, con un gran acuerdo nacional, se frenaría, si hubiese generosidad histórica de unos y otros, el gradual deterioro la calidad democrática de nuestra sociedad y el que los poderes económicos  se impongan sobre los gobiernos y los ciudadanos y el deterioro de nuestros derechos laborales y sociales. Ahora, que muchos preceptos constitucionales como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación o la sanidad se están quedando en una mera declaración de intenciones, ahora que el sufrimiento y la adversidad azota con fuerza, hoy más que nunca el Estado tiene el deber de poner las condiciones materiales y los recursos necesarios para hacerlos efectivos. Eso es lo que realmente daría fuerza moral y legitimidad a nuestras instituciones  y políticos….y buena falta les hace.

      Para concluir, y como homenaje al papel desempeñado por Carrillo en aquel difícil período de la Transición, el político comunista, recientemente fallecido, señalaba cómo lo que irritaba a la ciudadanía era que “los partidos democráticos no se pongan de acuerdo para resolver con la mayor eficacia y celeridad posible los problemas” que día tras día agobian a los ciudadanos como “el paro, la amenaza del paro, las injusticias corrientes, la sanidad y la enseñanza” ya que, “si el consenso se hace para abordar esos problemas el pueblo saludará el consenso como algo necesario y saludable”. Y advertía algo que ahora debemos de tener  muy presente: “La situación es tan seria  que ningún partido político, por muchos diputados que tenga, puede resolverla por sí solo. Hace falta un gran esfuerzo de solidaridad para que la situación no se degrade y empeore aún más”. Y tenía razón.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 noviembre 2012)