Política internacional

ALEMANIA FRENTE A EUROPA

 

 

     Una de las principales causas del actual encallamiento del proyecto europeo es el viraje producido por Alemania en relación a la Unión Europea (UE). Y es que, si durante décadas el país germano había sido el mayor contribuyente a las finanzas comunitarias, modelo de solidaridad y motor de la UE, ha pasado de ser el acelerador de la misma a poner el freno de mano en cuestiones claves para la construcción federal y solidaria de Europa.

    Lejos quedó el impulso decisivo del eje franco-alemán, de la voluntad europeísta de los cancilleres germanos Adenauer, Schmidt o  Kohl. La Alemania de la solidaridad parece haber quedado atrás y la actual canciller Angela Merkel, apoyada por su creciente hegemonía política en la UE,  nos ha impuesto su dieta de estricta austeridad económica.

   Todo cambió tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Hasta ese momento, la entonces República Federal Alemana (RFA) era consciente de que necesitaba una Europa fuerte frente a la presión soviética. Eran los años de la Guerra Fría, de la política de bloques y el asidero ante la permanente amenaza del Este era, según los políticos germanos, una Europa unida, democrática y próspera. Pero, en 1989 tuvieron lugar unos acontecimientos históricos determinantes: la caída del Muro de Berlín y el consiguiente hundimiento del bloque del Este y, con ello, el de la prosoviética República Democrática Alemana (RDA), lo cual propició al anhelada reunificación de las dos Alemanias. Resurgía así, en la Europa central, una nueva Alemania, convertida ya en una potencia no sólo económica sino, también, política.

  A partir de entonces, la Alemania unificada comenzó a ir recuperando gradualmente su “hinterland” tradicional, esto es, su tradicional influencia-hegemonía histórica en la Europa centro-oriental, como en la Edad Media, como durante el Imperio alemán, como ocurrió durante el III Reich. De las dos “almas” que coexisten en la mentalidad alemana, la “renana” (occidental y europeísta) y la “prusiana”, nostálgica del  viejo hegemonismo continental germano, parecía haberse impuesto ésta última. Como señalaban Alfons Calderón y Luis Sols, “unificada Alemania y ampliada la UE hacia el Este, los alemanes se han orientado cada vez más hacia un área donde crecen sus intereses económicos y donde les llega el gas imprescindible para su actividad productiva”. Ello explicaría los crecientes intereses de Alemania en Polonia, los Balcanes o su actitud ante la crisis de Ucrania.

   A este cambio geoestratégico hay que añadir el creciente rechazo germano a continuar siendo el mayor contribuyente a las arcas de la UE. En este sentido, tanto la conservadora  CDU, el partido de Merkel, como el liberal FDP, su habitual socio de gobierno, fieles seguidores ambos de la doctrina neoliberal,  se han opuesto con rotundidad a mantener la tradicional solidaridad económica alemana bajo el manido argumento de que ello incrementaba el gasto público y los impuestos. En la opinión pública germana, influida por los grandes grupos mediáticos, ha calado la idea de que la “austera y bien administrada” Alemania estaba financiando “en exceso” a los “derrochadores” países del sur. Ello hizo que Merkel frenase el gasto público en 2009-2010, justo en el momento en que se debía de acudir al rescate de Grecia y se negó igualmente a ofrecer préstamos a bajo interés al país heleno con lo cual dejó de funcionar la solidaridad europea. No nos debe de extrañar que, por ello, Grecia se halle en la actualidad en una situación económica catastrófica, con una grave crisis política y, como consecuencia, con un preocupante auge del partido neonazi Amanecer Dorado. Los alemanes deberían recordar  que, en una situación similar, llegó en 1933 Hitler al poder, aupado por la desesperación de millones de personas que confiaron en el delirio hitleriano como solución para salir de la inmensa crisis económica y política que atravesaba la República de Weimar.

   Por todo lo dicho, el otrora entusiasmo europeísta alemán se ha ido desinflando en los últimos años de los gobiernos conservadores-liberales de Merkel. La Alemania actual es bien distinta a la que junto a Francia impulsó, desde los duros años de la posguerra mundial, los pasos decisivos hacia la construcción europea. Y es que, tras el fin de los bloques militares, la unificación de las dos Alemanias (RFA-RDA) y el traslado de la capital a Berlín, los ciudadanos alemanes, en su mayoría, ya no se sienten tan solidarios con el resto de los europeos y ven con simpatía que Alemania “vuelva a mandar” en Europa…y eso les va bien.

   Algunos autores han estudiado el nuevo hegemonismo germano. Este es el caso del sociólogo Ulrich Beck, autor del libro Una Europa alemana, o el de Ángel Ferrero, el cual señala que, tras la caída del III Reich y el fin de la que él llama “Cuarta Alemania” (1945-1990), ha surgido una “Quinta Alemania”, la de Merkel, decidida a mandar en Europa y a extender su influencia en el centro y este del continente, heredera de la política “prusiana” de Bismarck. Esta es la política que ha aupado a Merkel a un liderazgo sólido no sólo en su país sino que la ha convertido en la política más poderosa de la UE y que tanto ha beneficiado a la economía germana sin importarle los graves perjuicios ocasionados al resto de los países socios de la Unión. De este modo, la locomotora alemana parece ir cada vez más por vías que se alejan del gran sueño de una Europa unida en la diversidad, próspera y solidaria, tal y como soñaron, entre otros,  Robert Schuman, Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi o Paul-Henri Spaak, los considerados como “padres fundadores” de la nueva Europa renacida de las ruinas de la II Guerra Mundial, aquel proyecto de paz, democracia y progreso económico que, pese a la crisis actual, sigue tan vigente e imprescindible como siempre.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 26 octubre 2014)

 

EUROPEÍSMO EN CRISIS

     El ideal europeísta, el mismo que logró aunar voluntades de un grupo de países que llevaban siglos desangrándose en continuas guerras y que, superados odios y recelos, decidieron construir un futuro en común, que crearon la Unión Europea (UE), después de medio siglo de innegables éxitos políticos, económicos y sociales, parece haber embarrancado en estos últimos años.

     Las razones de esta crisis son diversas y, entre ellas, el priorizar los intereses  particulares  frente a los colectivos de la UE; el auge de los nacionalismos que han  desdibujado la idea de un europeísmo federalista;  la indiferencia, cuando no la hostilidad  de un creciente sector de la ciudadanía, en ocasiones con preocupantes síntomas xenófobos y racistas, así como la incapacidad de la UE para dar respuesta a la actual  crisis económica. Todo ello ha agudizado la permanente pugna entre europeístas y antieuropeístas o euroescéticos, siendo éstos últimos los que han ido ganando cada vez más terreno tanto en el ámbito político como en el social.

     La marea antieuropeísta tuvo su punto de partida con la llegada de Margaret Tatcher al gobierno británico (1979) como principal abanderada de un neoliberalismo emergente y para el cual, como señalaban Alfonso Calderón y Luis Sols, “el proyecto europeo, poderoso frente a los mercados y las multinacionales, era el peor de los males”. Ello explica los constantes vetos británicos a cualquier avance hacia una construcción federal de Europa.

     El Tratado de Maastricht (1992)  intentó reforzar las instituciones europeas y dotarlas de mayores competencias, pero bien pronto el neoliberalismo rampante neutralizó los objetivos del mismo y, como nos recordaban los citados autores, “en vez de crear un ejecutivo supranacional fuerte que controlara la economía desde el ámbito europeo, se aseguraron de que ningún poder democráticamente elegido pudiera condicionar los mercados financieros”. Y así fue, y así nos ha ido a los ciudadanos europeos que hemos sufrido con intensidad los azotes de la actual crisis económica.

     Las doctrinas neoliberales son las que otorgaron una total independencia al Banco Central Europeo (BCE) al margen de cualquier control democrático y, con ello, como denunció en su momento Oskar Lafontaine, la UE optó por el camino equivocado de priorizar el combatir el alza de precios y la inflación frente a otra política monetaria de signo más social que  fomentara la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo. De este modo, el neoliberalismo se impuso sobre el keynesianismo a la hora de marcar el rumbo económico de la UE.

      Durante el período 2004-2007 en el que, con la entrada en la UE de 12 nuevos países, la mayoría de la Europa del Este y de escasas convicciones europeístas, la tradicional posición euroescéptica de Gran Bretaña halló nuevos y entusiastas aliados y, con ello, los particularismos nacionales avanzaron ante al cada vez más debilitado proyecto colectivo europeo. Y así vinieron nuevos reveses: el fracaso del proyecto de Constitución Europea (2005) o el Tratado de Lisboa (2007), un grave retroceso político que supuso el fin del intento de construir un gobierno europeo fuerte, capaz de impulsar políticas económicas con las que oponerse a la creciente dictadura de los mercados.

     Cuando en el 2008 estalló la crisis económica, el neoliberalismo halló la gran coartada para atacar a fondo un proyecto europeísta en el que nunca creyó. El momento fue aprovechado por los euroescépticos, aquellos que siembre habían reclamado el desmantelamiento del Estado del Bienestar, uno de los mayores éxitos de la UE. Alegando la aplicación de “reformas estructurales”, hallaron una ocasión de oro para lograr su objetivo.  Se debilitó a los sindicatos y los cauces de negociación colectiva, se facilitaron los despidos laborales, se bajaron los salarios reales de los trabajadores y con ello, se multiplicaron las diferencias de renta y así,  frente a una minoría enriquecida, la mayoría de la población veía como sus niveles de renta se reducían o en el mejor de los casos se estancaban. Además, la hegemonía política de Alemania hizo que la canciller Angela Merkel impusiera a la UE sus recetas económicas  (reducciones salariales, recortes del Estado de Bienestar), las mismas que aplica en España Rajoy, su fiel alumno, con los negativos costes sociales que ello ha ocasionado.

      Con tristeza constatamos cómo en el actual rumbo de la UE la política se halla al servicio de los mercados y la banca y que los gobiernos, tanto conservadores como socialdemócratas, supeditan la política a la economía,  justo lo contrario de lo que ocurría en los inicios del proyecto europeo donde los medios económicos estaban orientados a unos fines políticos colectivos.

    Ante la actual crisis del europeísmo, agudizada por el desprestigio de las instituciones y la mediocridad de una clase política carente de estadistas de talla, el ideal europeo sólo resurgirá si la UE demuestra ser capaz de dar soluciones efectivas a los problemas de sus ciudadanos. Y, para ello, lo primero es embridar desde una Europa Social, los desmanes del euroescepticismo neoliberal, por medio de un auténtico  Gobierno europeo que impulse políticas de crecimiento, que salvaguarde el Estado de Bienestar, recupere una auténtica solidaridad fiscal para con los estados miembros  y  que ofrezca  una salida efectiva a la crisis sin costes sociales. De lo contrario, el ideal europeo irá languideciendo como una bella utopía que quiso ser y no fue y ello sería una tragedia para la paz, la democracia y la justicia social de Europa.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 25 agosto 2014)

 

 

CHINA CAMBIA DE RUMBO ECONÓMICO

 

     No cabe duda que cualquier cambio que se produzca en China, la segunda potencia económica mundial, tiene consecuencias directas en nuestro mundo global. Tal vez por ello, se observa con atención las reformas económicas impulsadas por  los nuevos líderes chinos Xi Jinping y Li Kequiang con la idea central de sustituir el actual modelo de desarrollo económico que, desde las reformas de Deng Xiaoping de 1978, se basaba en bajos costes salariales y una alta tasa de inversión (cercana al 50% del PIB) por otro que opta por potenciar el mercado interno y aumentar la productividad del gigante asiático.

     De este modo, el 18 Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh) de noviembre de 2013 aprobó el documento titulado Decisión sobre las cuestiones principales relacionadas con la profundización de la reforma integral en el cual se fijan las directrices económicas a seguir en China hasta el año 2020. El objetivo principal es hacer frente a lo que se considera como una “desaceleración preocupante” de su economía, a pesar de que el crecimiento previsto para 2014 es del 7,5 %, algo que, pese a ser el menor en los últimos 14 años, resulta inimaginable en las economías occidentales devastadas por la crisis global. Además, se pretende frenar el creciente riesgo financiero de la economía china, cuya deuda total es de 213 billones de dólares, el 200 % de su PIB.

     Para afrontar ambos problemas, los dirigentes chinos pretenden fomentar el consumo interno siguiendo el modelo de Japón, Corea del Sur y Taiwán. Para ello, han optado por incrementar la cobertura de la Seguridad Social y de los servicios públicos, sobre todo en el medio rural y, de este modo, aumentar el nivel de renta disponible de los grupos menos favorecidos, lo cual tendría un impacto muy directo sobre la potenciación del consumo interno.

     Igualmente, otro de los objetivos es aumentar la productividad mediante la reducción de la “excesiva” intervención del Estado en la economía a favor del mercado pues, según el presidente Xi, éste es “más eficiente”, curioso análisis en boca de un dirigente comunista. Además, se prevé el aumento del sector servicios y de las pymes, los cuales ganan importancia  a costa de la hasta ahora todopoderosa industria y empresas estatales y  se fomenta la llegada de capital privado a estas empresas estatales. De igual modo, las nuevas medidas económicas, prevén que el 30 % de los beneficios de dichas empresas se remitan al Gobierno Central para sufragar las políticas sociales.

     El pragmatismo economicista del régimen chino, que nos recuerda la vieja máxima de Deng Xiaoping según el cual “no importa que el gato sea blanco o negro, mientras pueda cazar ratones, es un buen gato”, se abre al capital extranjero  mediante la reducción de las barreras a la inversión extranjera en sectores como las finanzas, educación, sanidad, cultura, logística o comercio electrónico, así como con la posibilidad de crear nuevas zonas francas siguiendo el modelo de Shangai. Todas estas medidas, que fueron ratificadas por la Asamblea Popular Nacional china del pasado mes de marzo, como señalaba Mario Esteban, “de lograr su objetivo, ubicarían a China en la senda del desarrollo más sostenible, que además ofrecería numerosas oportunidades de negocio a empresas extranjeras” ya que “el régimen paternalista del PCCh necesita de un rápido desarrollo para mantener la aquiescencia de la población” y, por ello, “su éxito no sólo marcará el futuro del PCCh y de China, sino también de la economía global”.

     Y, ante tanta reforma económica, ¿dónde quedan los derechos humanos en el nuevo rumbo de China?. Tan sólo se alude a unas tímidas medidas tales como la relajación de la política de “hijo único”, la abolición del sistema de re-educación por el trabajo o la reducción de la lista de delitos castigados con la pena de muerte.

     Por otra parte, el presidente Xi pretende convertir “la lucha contra la corrupción” enquistada en el régimen en arma política contra los detractores de estas reformas. Sin embargo, José Ignacio Torreblanca acierta a señalar la hipocresía del PCCh pues, si bien las reformas de Deng Xiaoping y sus sucesores “han sacado a varios cientos de millones de personas de la pobreza, también es evidente que lo han hecho a costa de unas desigualdades sociales extremas y privando de derechos políticos y civiles”. Por ello, la conclusión es obvia: si China quiere, de verdad, combatir la corrupción precisa avanzar por la senda democrática y, para ello, necesita prensa libre y tribunales de justicia independientes, algo hoy por hoy impensable en el régimen dictatorial imperante.

     Todas estas reformas pretenden consolidar a China no sólo como motor de producción y crecimiento económico a nivel mundial y, también, convertir al país en un gran centro de consumo, en un inmenso mercado. Y así, todos contentos: el régimen porque mantendrá el monopolio y la hegemonía política del PCCh, los inversores y las empresas internacionales por las nuevas posibilidades de negocio que se les abren con las reformas aprobadas. Y, mientras tanto, se olvidan una vez más, en aras a los poderosos intereses políticos y económicos, de la defensa de los derechos humanos en China y en el ocupado Tibet. ¡Qué lejos queda el espíritu de la Plaza de Tiananmen de 1989 segado de forma tan brutal por el régimen con el silencio cómplice de Occidente!. Y es que, para no ofender al gigante asiático y acceder a su enorme mercado potencial, se ha impuesto la máxima de “Invierte y olvida tu conciencia”, algo que, desde la ética democrática  resulta inaceptable.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 14 abril 2014)

 

MAX AUB Y LAS LECCIONES DE 1914

 

      En este año en que se cumple el centenario de la I Guerra Mundial (1914-1918) la cual marcó el destino trágico de Europa durante el s. XX, están previstos diversos actos en los países entonces contendientes, no así en España que, afortunadamente, mantuvo su neutralidad durante la que ha sido llamada “la Gran Guerra”.

     Sin embargo, los ecos de la contienda no fueron ajenos a la opinión pública y a la política española del momento, dividida entre la derecha germanófila y la izquierda, partidaria de los aliados. Aún años después, la guerra siguió siendo tema de debate y, así, el 2 de febrero de 1930, la Juventud Socialista Madrileña organizó una conferencia titulada “Orígenes de la guerra de 1914” a cargo de Max Aub Mohrenwitz, a quien se presentó como “camarada alemán”, pese a ser ciudadano español (su familia, de origen franco-alemán, se había establecido en Valencia al inicio de la contienda) y, desde 1928, militante del PSOE. La figura de Max Aub como intelectual ha sido rehabilitada en estos últimos años valorándola como merece puesto que había sido injustamente ignorado dada su triple condición de judío, republicano y socialista, tres de las bestias negras de la derecha reaccionaria española. Esta misma rehabilitación de Aub se ha producido en el ámbito político, pues, expulsado del PSOE en 1946  por su afinidad al sector socialista liderado por el Presidente Juan Negrín, no fue hasta el 2008 cuando, al igual que otros destacados negrinistas, se le readmitió, a título póstumo, en las filas del partido fundado por Pablo Iglesias.

     Pero volvamos a la conferencia. En la misma, Aub analiza en detalle las causas que llevaron a semejante carnicería: las heridas abiertas tras la guerra franco-prusiana (1870), la Welt-politik del Imperio Alemán y el auge del militarismo germano. Pero, al igual que los historiadores actuales como Christopher Clark, no carga en exclusiva la responsabilidad de la guerra sobre Alemania, sino que recuerda las apetencias expansionistas de Rusia (que soñaba con llegar a Constantinopla aunque ello supusiese un enfrentamiento con Alemania y Austria) o las complejas relaciones germano-británicas en torno a la cuestión de la hegemonía naval. De igual modo, no obvia  la actitud de Francia, su país de nacimiento, con su “hediondo chauvinismo” por su reivindicación de Alsacia y Lorena y alentada por la política revanchista de Pointcaré. La crisis de los Balcanes fue el pretexto y,  como dijo William Martin y nos recuerda Aub, “la verdadera causa de la guerra es que todo el mundo creyó fatalmente que ocurriría”…y ninguna potencia hizo lo posible para evitarla.

     Iniciada ésta, tras su trágico balance de  31 millones de muertos, a doce años vista de su final, Aub extrajo en su conferencia varias conclusiones que siguen siendo válidas, tanto entonces, como ahora, en unos momentos en que el conflicto entre Rusia y Ucrania, “la mayor crisis  a la que se enfrenta Europa en el siglo XXI” según Willian Hague y que puede derivar en una nueva contienda armada  de consecuencias imprevisibles. En primer lugar,  imbuido del ideal utópico y humanitario que muchos desprecian,  soñaba con una fraternidad universal, internacionalista,  pues pensaba que sólo el socialismo democrático puede ofrecer la posibilidad de un mundo mejor y, de éste modo evitar, como decía Aub, que los trabajadores se “entreasesinasen” en guerras promovidas por los oscuros intereses del capitalismo.  En consecuencia, llama al pueblo a que nunca más vuelva a ser comparsa y víctima de la espiral belicista, la misma que ahora se quiere hacer prender en Ucrania, Crimea o en Donetsk. Pese al posterior estallido de la II Guerra Mundial por el delirio criminal nazi-fascista, la Europa surgida de sus ruinas a partir de 1945 parece haber aprendido de pasados errores y ahí está la ejemplar y masiva respuesta cívica contra la guerra de Irak de 2003.

    Aub, además del papel del proletariado en su época, o de la ciudadanía consciente y comprometida en la nuestra, confiaba en la eficacia de la Sociedad de Naciones para evitar futuros conflictos. Aunque ésta resultó débil e inoperante en la práctica,  ello nos recuerda la urgente necesidad de potenciar a la ONU como garante de la paz universal y más en este mundo actual donde la antigua disuasión bipolar entre dos bloques antagónicos (EE.UU./URSS) ha sido reemplazada, en expresión de Christopher Clark, por un sistema “cada vez más multipolar, opaco e impredecible”, por el auge de los nacionalistas excluyentes, de los fundamentalismos religiosos,  del racismo y la xenofobia y por un preocupante descrédito de los sistemas democráticos. Por ello, para evitar peligrosos paralelismos entre el mundo actual y el de 1914, Joachim Käppner considera indispensable revitalizar las instituciones de la Unión Europea recuperando el ideal de la Europa social, laica y progresista, además de fomentar la solidaridad internacional y, de este modo, evitar que, como en 1914 y en 1939, se reabra la caja de Pandora con su fatídica estela de odio entre los pueblos, conflictos fronterizos y auge de ideas totalitarias.

     Ahora que algunos quieren  hacer retumbar los tambores de guerra en el Este de Europa, recordamos cómo Max Aub  criticaba con dureza a los nacionalismos cerriles y rememorando lo que fue la inmensa tragedia de la Gran Guerra de 1914, nos advertía de que tanto la Humanidad como de forma especial el movimiento socialista internacional debían frenar las ambiciones de quienes pretenden hacer negocio con la guerra y, frente a ella, defender los ideales de la paz, la libertad y la justicia. Ese mismo reto sigue estando pendiente: esa es la lección de 1914.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 de marzo de 2014)

 

EMPANTANADOS EN PANAMÁ

 

     En estos días ha sido noticia frecuente el contencioso generado en torno a las obras de ampliación del Canal de Panamá y el riesgo de paralización de las mismas por parte del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) liderado por la empresa española Sacyr. Pero la historia de este canal, próximo a cumplir su centenario y auténtico puente entre dos océanos, siempre fue agitada y polémica.

     Desde que en 1513 Vasco Núñez de Balboa atisbase la inmensidad del Océano Pacífico, la corona española comenzó la búsqueda de un camino fluvial a través del continente americano para llegar a las Indias Orientales y reemplazase a la penosa y  larga ruta del cabo de Buena Esperanza. De este modo, el primer proyecto se atribuye al capitán español Álvaro de Saavedra, el cual propuso a Carlos I  en 1529 un canal por Darién. No obstante, el informe de Pascual de Andagoya lo consideró “tarea imposible”, pues “sólo Dios podría mover tanta tierra” y, ante estas dificultades, se suspendieron los trabajos preliminares. Durante el reinado de Felipe II, se retomó la idea pero, el Padre Acosta la desaconsejó en 1590 con una aseveración bíblica: “lo que Dios ha unido, no debe separarlo el hombre”. A este argumento, Felipe II añadió otras razones como que el hipotético canal facilitaría un nuevo camino a los piratas para asolar las colonias españolas en América, por lo que el rey archivó el proyecto y dictó castigos a quien se atreviera a hablar del mismo pues lo consideraba perjudicial para la economía de España.

     Pese a lo dicho, la idea siguió latente y, muchos años después, figuras de la relevancia de Humboldt, Goethe o Simón Bolívar, volvieron a replantear la idea de un canal interoceánico por Panamá. Sin embargo, fue Fernando de Lesseps, el artífice del canal de Suez, el que, tras fundar la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá (1879), inició tan magna obra de ingeniería pese a las inmensas dificultades que suponía su construcción a través de montañas y zonas pantanosas y el clima insalubre de las mismas. Lesseps cometió un gravísimo error que llevaría al fracaso las obras: el proyecto se basaba en un canal al nivel del mar, sin esclusas, lo que obligaba a realizar grandes perforaciones en los enormes bloques de piedra andina que había que atravesar con el agravante, además, de no disponer de maquinaria adecuada para ello. Todas estas imprevisiones dispararon los gastos  por encima de los cálculos iniciales y, el proyecto de Lesseps, tras la quiebra de la Compañía en 1889,  se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros del s. XIX, con importantes consecuencias no sólo económicas, sino también políticas para la República Francesa.

    Pero la idea del canal siguió adelante, esta vez alentada por la política imperialista de los EE.UU., país que, tras forzar la secesión de Panamá de la República de Colombia en 1903 y  comprar la concesión, las instalaciones , terrenos y maquinaria de la extinta Compañía, y de lograr la cesión de la zona sobre la que se proyectaba el canal, inició las obras en 1904, esta vez en base a un sistema de esclusas, auténticos ascensores para barcos, obras que culminaron en 1914, hace ahora un siglo. La obra, además de ingentes cantidades de dinero, había costado, durante todos aquellos años, la vida a en torno a 30.000 obreros.

     Hasta aquí la historia. Ahora, hagamos unas reflexiones al hilo de la actualidad. En primer lugar, el canal, devuelto a la soberanía panameña en 1999, es uno de los negocios más rentables del mundo que, a fecha de hoy, parecía haberse quedado ya pequeño para las necesidades del tráfico marítimo internacional, razón por la cual la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), su administradora, impulsó desde 2007, las actuales obras de ampliación de sus esclusas y de su cauce de navegación.

    En segundo lugar, en torno al canal, ya en 1962 Davy Graw planteó una propuesta de interés: una vez acabado el control colonial de los EE.UU. en la zona, sería deseable que el canal de Panamá, al igual que los demás canales interoceánicos (pensemos en el caso de Suez), deberían de estar bajo el control de las Naciones Unidad que, “de un modo justo lo gobiernen y administren, pagando las cuotas pertinentes al Gobierno de Panamá”. Ello evitaría hipotéticos bloqueos de los mismos por parte de naciones enfrentadas por motivos económicos, diplomáticos o bélicos.

     En cuanto a la cuestión concreta de la actual crisis derivada de los sobrecostes, sorprende el ímpetu y compromiso que ha tenido el Gobierno de España,(tanto antes con Zapatero, como ahora con Rajoy), en defender los intereses privados de una empresa privada como es Sacyr, e incluso avalarla con el respaldo de la aseguradora pública CESCE, un ímpetu y un compromiso que se echa en falta en la defensa  de los ciudadanos españoles afectados por la crisis global, tanto los residentes en territorio nacional , como en la de aquellos otros, sobre todo los millares de jóvenes, a los que se les hurta el futuro y se han visto obligados a emigrar en busca de un horizonte laboral. Ese ímpetu en defensa de Sacyr, como en su día se tuvo con Repsol en sus contenciosos con los gobiernos de Bolivia o Argentina, hubiera sido más necesario aplicarlo, aportando dinero público a otras causas más justas y urgentes, como la defensa  de los servicios públicos esenciales  ante los riesgos presentes y futuros de recortes y privatizaciones. Sería mucho más lógico y comprensible por la ciudadanía el que los poderes públicos se implicasen de forma directa en estas cuestiones que nos afectan en nuestra vida diaria y no en una especie de cruzada en defensa de una empresa privada que se halla empantanada en Panamá.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 enero 2014)

QUERIDO MANDELA

En estos días estamos asistiendo a la digna agonía de Nelson Mandela, conocido también como “Madiba”, nombre del clan de la etnia xhosa a la que pertenece, una de las figuras más importantes de la historia del s. XX y comienzos del XXI.

     Evocando su trayectoria y su legado político surgen, desde la emoción, algunas reflexiones. En primer lugar, destacar su relevancia histórica dado el papel desempeñado por Mandela al transformar a la República Sudafricana, un país que pasó de ser un apestado internacional en tiempos del régimen racista del apartheid, a convertirse en una sociedad multirracial y democrática, en una de las naciones emergentes en la actual economía global. El liderazgo de Mandela y la labor de otros líderes antirracistas como Desmond Tutu, han ayudado a construir una sociedad libre y tolerante en la diversidad, un país multirracial y multicultural capaz de convivir después de la larga noche del racismo extremo impuesto por los afrikaner blancos sobre la mayoría negra. Por ello, Mandela ya ha pasado a la historia como uno de los grandes estadistas de la historia reciente de la Humanidad.

     Para desmantelar ese anacrónico vestigio del racismo en pleno s. XX que era la Sudáfrica del apartheid, Mandela contó con dos instrumentos: una acción política no violenta (la inspiración de Gandhi es evidente), y un auténtico espíritu de reconciliación para romper las seculares barreras que habían separado a la oprimida mayoría negra de la minoritaria clase dominante blanca. Por ello, el cambio político liderado por Mandela es un ejemplo único y admirable en la historia, máxime si lo comparamos con lo ocurrido en la vecina Zimbabwe (la antigua Rhodesia), donde tras la caída del régimen racista blanco de Ian Smith, se implantó la dictadura de Robert Mugabe. Y es que Mandela, tras las negociaciones con Frederik Willem de Klerk, el último presidente de la Sudáfrica racista, fue capaz de pilotar una acertada transición democrática sin claudicaciones pero también sin resentimientos frente a la élite blanca afrikaner que, hasta entonces, había monopolizado el poder político.

     Mandela nos recuerda que el color de la piel nunca puede ser una barrera que limite la dignidad y los derechos humanos de las personas. Esta convicción le dio la fuerza moral para luchar toda su vida no sólo para defender a la población negra sudafricana de tanto oprobio e injusticia, sino también, y ahí está la grandeza moral de Madiba, para sobreponerse a todo odio y rencor por los agravios sufridos después de los 27 duros años que pasó en las prisiones sudafricanas, y  tender puentes de diálogo y reconciliación con la población blanca, lo cual dice mucho de su ética personal, de su profunda calidad humana, no sólo como luchador contra la injusticia racial sino también, primero como dirigente del Congreso Nacional Africano (ANC)  y,  posteriormente como Presidente de Sudáfrica, cargo que ocupó entre 1994-1999. En consecuencia, como señalaba Manuel García Biel, Mandela fue “capaz de elevarse por encima de su sufrimiento personal y de su pueblo y dirigir con un gran ejercicio político y ético todo un proceso de reconciliación del pueblo sudafricano para conseguir su conversión en una sociedad democrática y multicultural”. Mandela, principal líder de la izquierda sudafricana, cumplió plenamente en su país el utópico ideal recogido en la letra de La Internacional, aquel que alude a que “los odios que al mundo envenenan, al punto se extinguirán”, ideal logrado con la fuerza de sus convicciones, su mirada limpia y su carácter de hombre de bien.

     Mandela nos enseña a valorar la riqueza multicultural y multirracial como alternativa a cualquier tipo de integrismo (político, religioso, étnico), lo cual es una lección necesaria en este mundo nuestro, cada vez más mestizo. Por ello, el valor y el respeto a la diversidad serán cada vez más necesarios para garantizar la convivencia armónica en las sociedades multiculturales de nuestra aldea global.

     Resulta significativo que los dos más grandes líderes políticos con mayores valores éticos del s. XX proceden  del Tercer Mundo: me refiero a Gandhi y a Mandela. Su legado es un ejemplo, también para este Occidente nuestro tan opulento (ahora menos), tan individualista y egocéntrico. Ambos son un referente permanente no sólo en la historia, sino también para todos los que admiramos su ejemplo ético y su pensamiento político. Con razón decía de él Anna Bosch que Mandela es “el mayor ejemplo de dignidad” de la historia reciente puesto que su figura pasará a la historia como un referente de integridad, inteligencia, capacidad de lucha y de reconciliación con sus adversarios sin renunciar nunca a sus propios principios.

     Mandela es también un dirigente político comprometido con la justicia social, con la lucha contra las enormes desigualdades  que existían (y continúan) en la sociedad sudafricana. Por ello, nos recordaba algo que, ante la actual involución de derechos económicos y sociales a que nos está avocando la crisis global, adquiere una candente actualidad: “Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento”.

     Gracias, querido Mandela, por ayudar a construir un mundo sin rencor,  tolerante y multirracial, un legado  que perdurará siempre en la historia y en nuestros corazones.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 7 julio 2013)

UN CONGRESO CONTRA LA PENA DE MUERTE

 

     Durante los próximos días 12 al 15 de junio tendrá lugar en Madrid el 5º Congreso Mundial contra la pena de muerte, organizado por las principales asociaciones abolicionistas internacionales, con la presencia prevista de representantes de más de 90 países y patrocinado por el Gobierno de España y los ministerios de Asuntos Exteriores de Noruega, Francia y Suiza.

     Largo y tenaz ha sido el camino del movimiento abolicionista que,  en los últimos años, ha logrado que se pasase del 20 al 70 % el número de países que han renunciado a aplicar la pena de muerte. Todo empezó en el Congreso mundial que tuvo lugar en Estrasburgo en 2001 y que congregó a miembros de la sociedad civil, políticos y juristas para elaborar estrategias abolicionistas (tanto a nivel nacional como internacional) así como para recordar que la supresión de la pena de muerte es una exigencia de toda sociedad basada en el progreso y la justicia. En este primer Congreso, se constituyó la Coalición Mundial contra la pena de muerte (de la cual hoy forman parte 138 organismos diversos) y se instituyó el 10 de octubre como Día Mundial contra la pena de muerte. A partir de entonces, el movimiento abolicionista se fue consolidando en sucesivos congresos que tuvieron lugar en Montreal (2004), París (2007) y Ginebra (2010).

     Especialmente reseñable resulta la aportación española al 4º Congreso (Ginebra, 2010), el cual fue inaugurado con un importante discurso de Zapatero, entonces Presidente del Gobierno español, en el que además de ofrecer el compromiso de España para organizar en Madrid el 5º Congreso Mundial, propuso, inspirado en el calendario de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el ambicioso horizonte de lograr una moratoria universal a la aplicación de la pena de muerte la cual debería de entrar en vigor en 2015, como etapa previa a la abolición definitiva de la misma en las respectivas legislaciones penales en aquellos países que todavía la contemplan, los llamados Estados “retencionistas”. Otra de las propuestas de Zapatero fue la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte como instrumento catalizador de las acciones abolicionistas de la sociedad civil. En la actualidad, dicha Comisión es un órgano independiente de los gobiernos, está presidida por Federico Mayor Zaragoza y entre sus objetivos figuran el de promover la abolición con cambios legislativos, la aplicación de la citada moratoria universal y el cese de las ejecuciones en los diversos países donde éstas se llevan a cabo.

     Mucho se ha avanzado en estos últimos años por parte del movimiento abolicionista mundial, pero la labor continúa siendo larga y difícil. En la actualidad, hay 97 países abolicionistas, además de otros 8 donde la pena de muerte no se aplica a los delitos comunes y  35 que son abolicionistas de hecho frente a los 58 estados retencionistas que todavía mantienen la pena capital en sus respectivas legislaciones y cuyo mapa se extiende  por los EE.UU. (sólo son abolicionistas 17 de sus 50 estados), Cuba, Guatemala, Guyana, Jamaica, además de la mayor parte de los países africanos, de Oriente Medio y de Asia, mientras que en Europa sólo queda el estigma de Bielorrusia, donde la pena de muerte sigue vigente, como se ha comprobado recientemente.

     Cierto es que los avances abolicionistas ha permitido que el pasado 2012 la pena capital se haya suprimido en países como Benin, Mongolia, Letonia o en los estados norteamericanos de Illinois y Connecticut. Pero todavía persiste en esos 58 países retencionistas, los cuales no sólo son regímenes autoritarios o dictaduras diversas, sino también democracias plenas como EE.UU. o Japón y en todos ellos sus gobiernos alegan que esta cuestión concierne únicamente a su legislación interna: frente a este argumento, hay que recordar que la aplicación de la máxima pena infringe no sólo la legislación penal internacional sino los principios fundamentales del Derecho: en la Utopía de Tomás Moro, este humanista del s. XVI ya rechazaba aplicación “legal” de  la pena de muerte al negarse a considerar como “derecho supremo al que origina la injusticia suprema”.

     En cuanto a datos concretos, según Amnistía Internacional, tan sólo en 2011 se ejecutó “legalmente” a 676 personas en 20 países, cifra que se elevaría de disponer de los datos de China  cuyo Gobierno no los facilita y  donde las ejecuciones se estiman en torno a 5.000 anuales. A estas cifras habría que añadir que, en ese mismo año, 1.923 personas fueron condenadas a muerte en 63 países, quedando a la espera de la misma o a la conmutación de ésta en los trágicamente célebres “corredores de la muerte”.

     Así las cosas, el 5º Congreso iniciará su andadura en los próximos días en Madrid, enfocado de forma especial hacia la situación en el mundo árabe y africano. De este modo, se pretende lograr la implicación de las Organizaciones Intergubernamentales (OIGs), la sociedad civil y los gobiernos para conseguir nuevos avances hacia su abolición total. Está prevista la celebración de sesiones plenarias, mesas redondas y talleres que tratarán desde la situación en esta materia en California o China, hasta la necesidad de concienciar sobre la abolición en los sistemas educativos, o las consecuencias del terrorismo sobre las estrategias abolicionistas. Y es que, como señalaban los organizadores, “A pesar de los avances conseguidos en las últimas décadas, los desafíos son muchos todavía. Nuevas perspectivas se presentan para los actores de la abolición y las estrategias deben de ser reinventadas para hacer avanzar los últimos nudos resistentes”.

     Al igual que durante el s. XIX los abolicionistas lucharon para acabar con la lacra de la esclavitud, éste es el momento para abolir de forma definitiva ese otro escarnio para la conciencia de la Humanidad que significa la existencia “legal” de la pena de muerte. Esperemos que en el 5º Congreso Mundial se logren avances significativos para  tan noble causa y que  resume el lema del mismo: “Abolición de la pena de muerte, ahora”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 9 junio 2013)

 

LA TENTACIÓN BELICISTA

 

     El pasado mes de marzo se cumplió el 10º aniversario del inicio de la guerra de Iraq, un nefasto y cruel conflicto que se pretendió justificar con el pretexto de combatir al terrorismo internacional y a la supuesta amenaza que el régimen dictatorial de Saddam Hussein y sus inexistentes armas de destrucción masiva suponían para Occidente: recordemos cómo las autoridades americanas aseguraban que el dictador iraquí estaba en condiciones de lanzar un artefacto nuclear contra Europa en tan sólo 45 minutos. Ciertamente, la motivación más explotada para justificar esta guerra se basó en airear el peligro, totalmente falso, de las armas de destrucción masiva de las que supuestamente disponía Saddan Hussein: se pretendió instrumentalizar el miedo como un poderoso instrumento de manipulación colectiva. Mintieron…pero no nos engañaron.

    Visto en perspectiva, todo fue un inmenso error y un monumental engaño alentado por la política belicista de George Bush y otros dirigentes del momento como Toni Blair, Aznar, Durao Barroso (el 4º de la célebre foto de las Azores) y el histriónico Berlusconi. A fecha de hoy, sus mentiras y crímenes de guerra (recordemos el caso Couso), siguen todavía impunes y tampoco ninguno de ellos se ha disculpado públicamente ante la ciudadanía, tampoco Aznar, rehén de su soberbia. Por cierto, tampoco ninguna autoridad militar española ha actuado consecuentemente tras conocerse las deplorables imágenes de los maltratos infringidos por soldados españoles a presos iraquíes en la base de Diwaniya.

     Hace unos días, con la grave recesión económica mundial como telón de fondo, Paul Farrell, un influyente analista financiero norteamericano, no tuvo ningún reparo en señalar que “el capitalismo necesita un estímulo económico: una nueva guerra” a la vez que pretendía avalar tan grave aseveración recordando que fue la II Guerra Mundial la que sacó a los EE.UU. de la Gran Depresión iniciada en 1929 y que, desde entonces, este país se convirtió en la locomotora económica mundial, posición a la que, desde luego, no está dispuesto a renunciar.

    Debemos tener presente también que las guerras de Afganistán e Iraq supusieron una sangría imparable para la economía de los EE. UU., guerras que tuvieron un coste de 16.000 millones de dólares mensuales, un coste que disparó el endeudamiento del país hasta el punto que la deuda pública norteamericana llegó a alcanzar el 18% del PIB mundial y que supuso, además, como señala Loretta Napoleoni, el inicio de la crisis del crédito financiero que ha desembocado finalmente en la actual depresión económica mundial.

     Estas opiniones son especialmente preocupantes en unos momentos en que algunos pretenden hacer sonar tambores de guerra con motivo de la tensión en la península de Corea, la guerra civil en Siria o la latente amenaza nuclear que representa la República Islámica de Irán. Ciertamente, la política exterior de Obama difiere del delirio belicista de Bush, pero también es cierto que está sometido a las presiones de los lobbies económico-militares neoconservadores norteamericanos y a que una posible acción militar unilateral de Israel pueda forzar la entrada de los Estados Unidos en un nuevo conflicto armado de consecuencias imprevisibles.

    Los intereses económicos de estos lobbies ideológicos neoconservadores arraigados en la industria armamentística son grandes y su fuerza es muy poderosa ya que EE.UU. gasta en defensa el doble de lo que gastan conjuntamente las 15 naciones de mayor gasto militar del mundo. Otro dato significativo: el período 2000-2012, según la revista financiera Market Watch, la máquina de guerra del Pentágono duplicó el valor de su actividad pasando de los 260.000 millones de dólares a cerca de los 550.000, y ese significa un poder fáctico que puede determinar las decisiones últimas en la Administración Obama en caso del estallido de un conflicto bélico con repercusiones internacionales.

    La historia nos enseña que, al margen de los intereses geopolíticos y económicos subyacentes, se requieren dos elementos esenciales para que los gobernantes consigan que un conflicto bélico sea “aceptable” por sus ciudadanos: un casus belli y la existencia de un miedo colectivo (real o imaginario) ante una posible agresión externa. Así ocurrió con la crisis del Maine en 1898 que supuso la intervención de EE.UU. en Cuba y el  fin del dominio colonial español en el Caribe, así ocurrió tras el ataque japonés a Pearl Harbour en 1941 y que hizo que Roosevelt decidiera la entrada de Norteamérica en la II Guerra Mundial. Algo similar ocurrió igualmente cuando, tras los brutales ataques a las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, EE.UU. y sus aliados lanzaron su guerra contra el terrorismo internacional invadiendo Afganistán (octubre 2001) e Iraq (marzo 2003) con las consecuencias de todos conocidas. En este sentido, Michael Meader, exministro laborista británico, acusaba en 2003 a Bush y Blair de no haber hecho nada para prevenir el 11-S (pese a las advertencias del FBI, la CIA y el Mossad) y obtener así un casus belli para “poner en práctica un proyecto expansionista y hegemónico en Oriente Medio y en el resto del mundo” y cuyas ideas esenciales se recogen en el documento Rebuilding America’s Defenses, obra de los halcones belicistas neoconservadores, entre ellos, Dick Cheney, Donald Rumsfield y Paul Wolfowitz.

    Ahora, de nuevo la tentación belicista vuelve a oscurecer el horizonte. Esperemos que, en esta ocasión, quienes tienen en su mano la capacidad de evitarla sean capaces de neutralizar este riesgo, especialmente Obama, demostrando así  que es realmente merecedor al Premio Nobel de la Paz que le fue concedido, muy prematuramente, en 2009. Será el momento en que los principales dirigentes mundiales puedan demostrar su firme voluntad de impedir los desastres, mentiras y manipulaciones similares a los que tuvieron lugar en Iraq y Afganistán bajo el desteñido estandarte de la guerra contra el terrorismo internacional.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 mayo 2013)