Política internacional

TENDENCIAS ILIBERALES

 

     En estos  tiempos estamos asistiendo a la aparición de graves brechas que socavan el edificio y los valores sobre los que se cimenta la Unión Europea (UE). Los ejemplos resultan preocupantes y ahí está el reciente triunfo del Brexit en el referéndum del pasado 23 de junio que abre la puerta a la salida de la UE del Reino Unido, senda que pretendía seguir también el ultraderechista Norbert Hofer en caso de haber alcanzado la presidencia de Austria. A ello hay que añadir las actitudes insolidarias y represivas para con los refugiados que llegan a Europa por parte de diversos gobiernos, como es el caso de Hungría. El hecho de que esta involución tenga lugar en un contexto internacional oscurecido todavía más tras la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los EE.UU., hace que se aluda con creciente preocupación del auge  de las “tendencias iliberales”, elegante manera de referirse al giro hacia políticas euroescépticas, ultraconservadoras yen ocasiones claramente de extrema derecha como es el caso del Front National (FN) de Marine Le Pen en Francia.

     La semilla iliberal comenzó a germinar ya en los años 90 en países como Austria, con el ascenso político del ultraderechista Jörg Haider, ante lo cual la UE reaccionó con energía puesto que exigió (y consiguió) cancelar su nominación a canciller federal en las elecciones del año 2000.

      En el caso de Hungría, el gobierno de Viktor Orban, líder del Fidesz, es un claro exponente en el seno de la UE de esta involución hacia políticas claramente reaccionarias. Tras su triunfo arrollador en las elecciones de abril de 2014, donde obtuvo el 52,73 % de los sufragios, y dado que contaba con una holgada mayoría de 2/3 en el Parlamento, se lanzó a una profunda reforma de la Constitución desde postulados propios de la derecha conservadora sin complejos. De este modo, las 12 reformas constitucionales impulsadas por Orban han supuesto una serie de retrocesos legislativos y recortes de derechos en ámbitos tan sensibles para todo Estado de Derecho como son los códigos civil y criminal, el Tribunal Constitucional, instituciones de la Seguridad Nacional, los medios de comunicación, la ley electoral, etc. Sin embargo, el hecho de que Orban y su partido, el Fidesz, estén integrados en el Partido Popular Europeo (PPE), y gracias al apoyo de éste, el político húngaro ha evitado que la UE no haya presionado lo suficiente para frenar esta involución, como tampoco lo ha hecho con la política de Orban en relación a su rechazo a la acogida de refugiados adoptada por la Comisión Europea.

    Situación similar de hallamos, también, en Polonia, especialmente tras la victoria electoral del conservador Partido Ley y Justicia (PiS) en octubre de 2015. Desde entonces, el gobierno polaco de la Primera Ministra Beata Szydlo ha ido aprobando, sucesivamente, diversas leyes y medidas regresivas relativas a la composición del Tribunal Constitucional y al control de los medios de comunicación.

     Ante estos hechos, el 1 de junio de 2016 la UE instó al Gobierno de Polonia que corrigiese las desviaciones que afectaban al Estado de Derecho. Este requerimiento, lógico y necesario, tuvo como respuesta una desafiante reacción del gobierno de Beata Szydlo,  despreciando a la Comisión Europea, a la vez que presentaba ante los polacos su disputa con la UE como “un cuestionamiento de la legitimidad democrática” del Ejecutivo de Varsovia, acusando, además, a la Comisión Europea de “faltar al respeto” de los votantes polacos.

     Esta demagogia populista (de derechas) hace que el PiS se considere que tiene “un mandato popular para rediseñar completamente el país” desde, claro está, una visión ideológica conservadora, iliberal….Consecuentemente, el PiS ha rechazado airadamente las acusaciones que lo señalan como un partido “antidemocrático” argumentando que gobierna en nombre de la mayoría de los ciudadanos.  Tal es así que el pasado 20 de mayo, el Parlamento de Polonia adoptó una resolución demandando que la UE respete la soberanía polaca, que es tanto como dejar patente su rechazo a los valores europeístas, los valores e ideales que dan razón de ser a la UE de la cual forma parte.

     Hechos como los descritos suponen una flagrante vulneración del importante artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) que todos estos políticos y partidos pretenden ignorar y cuyo texto es necesario recordar y que dice así: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres”.

     A modo de conclusión, la creciente expansión de estas tendencias iliberales, también en el caso de España con medidas tan regresivas como las adoptadas por el Gobierno de Rajoy (recordemos la Reforma Laboral o la Ley Mordaza, por ejemplo),  que nos van cercando lentamente derechos y libertades,  nos hacen reflexionar, como señalaba Carlos Closa, sobre cómo “la defensa del respeto del Estado de Derecho por parte de los Estados miembros continúa careciendo de mecanismos poderosos y el caso polaco es la prueba más reciente, quizá no la última, de los desafíos que debe afrontar la UE”. Una situación tan real como preocupante.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 16 diciembre 2016)

 

 

 

DES-CIVILIZACIÓN

 

     Vivimos tiempos confusos en este agitado inicio del s. XXI. Logros que creíamos permanentes están siendo laminados por el acoso a que está siendo sometido el Estado de Bienestar por parte de las políticas neoliberales; los conflictos armados,  el auge de los movimientos xenófobos, racistas o de inequívoco signo neofascista, así como el fanatismo yihadista suponen una seria amenaza para nuestras democracias. A todo ello se suma que los valores e ideales que dieron razón de ser a la Unión Europea parecen diluirse en un profundo océano de egoísmo e insolidaridad, el mismo en el que se hunden las esperanzas (y las vidas) de tantos inmigrantes que lo arriesgan todo para llegar a esta Europa cada vez más autista y hermética ante el sufrimiento de estas personas que huyen de sus países de origen por causa de la guerra o la miseria.

     Con este agitado y turbulento mar como telón de fondo, resultan interesantes las reflexiones del filósofo iraní Ramin Jahanbegloo, vicedecano del Centro Mahatma Ghandi para estudios sobre la Paz de la Universidad Global Jindal. Para este pensador estamos asistiendo a una pérdida del sentido de la civilización, del progreso humano, unido a una profunda desilusión de la humanidad derivada del auge creciente de la violencia y del fanatismo, unido a una crisis general del pensamiento, situación ésta que define como “des-civilización”. En este sentido, destaca cómo la capacidad de empatía ha sido durante siglos lo que ha permitido que la raza humana avanzase frenando su capacidad de generar violencia. Así, cuando se evidencia la desaparición de esa empatía en la sociedad actual, es cuando se produce un proceso de des-civilización. Por ello, este término no significa la ausencia de civilización, sino “un estado de civilización sin sentido ni reflexión”. De este modo, para Jahanbegloo “la des-civilización se da cuando sociedades o individuos pierden su autoestima ignorando o privándose de la capacidad de empatía como proceso de reconocimiento del otro. Contradice el proceso de civilización a través del cual la persona descubre la humanidad y afirma su propio ser como animal ético”.

     Llegados a este punto, el resultado resulta dramático pues parece como si se hubiesen apoderado de la historia los fanáticos de cada tiempo y lugar. Hoy podríamos recordar la negra sombra de los talibanes, de Al-Qaeda, Boko Haram o el Estado Islámico, como síntomas de este proceso de des-civilización. En el caso concreto del Estado Islámico, el ejemplo más patente de “una cultura de la muerte”, consecuencia de “la muerte de la cultura”, Jahanbegloo se lamenta del declive de la herencia del humanismo islamista heredera del pensamiento de Averroes, en la misma medida que, en nuestro ámbito cultural, resulta no menos evidente el olvido  de los ideales del humanismo europeo, acosado por los movimientos xenófobos y racistas y por el voraz individualismo insolidario y la demagogia de los populismos derechistas. De este modo, nuestro filósofo considera otro síntoma de la des-civilización el hecho de que surjan políticos emergentes tan peligrosos como Donald Trump, fenómeno político que considera, en el caso de los EE.UU., como “el resultado de esta crisis general del pensamiento y reflexión en nuestro mundo”. En consecuencia, la des-civilización es un fenómeno que tiene diversos perfiles, puesto que se trata de una cuestión con consecuencias sociales, políticas y culturales.

    Una de las causas que ha favorecido esta creciente y preocupante des-civilización ha sido el fracaso de las bienintencionadas políticas y proyectos que fomentan el multiculuralismo y la integración intercultural. Este hecho resulta evidente, por desgracia, en diferentes países: tomando por ejemplo a Francia, ésta no ha sido capaz de integrar a buena parte de la minoría musulmana en lo que se conoce como “los valores de la República” y ello ha traído consecuencias funestas que pasan desde el rechazo y la exclusión social, hasta el fomento del odio, antesala de la violencia. De este modo, cuando un joven musulmán nacido en Europa, bien sea en Francia, Bélgica, Alemania u cualquier otro país, se siente rechazado y excluido socialmente y es cuando, como por desgracia hemos comprobado, el Estado Islámico les proporciona los medios para su sangrienta venganza.

      Por ello, para acabar con todos estos síntomas de la des-civilización, para evitar que el odio y la violencia se impongan sobre la empatía y el fomento de una sociedad integradora, resulta vital retomar los valores de la civilización humanista, la que da razón de ser al progreso ético de la humanidad y ello pasa por, apostar decididamente por la multiculturalidad, por aceptar al diferente y asumir los valores que éste aporta a una auténtica convivencia respetuosa con la pluralidad, con una sociedad cada vez más mestiza social y culturalmente. El resolver de forma positiva el reto de la integración, evitando el rechazo, la exclusión y también la islamofobia, resulta vital para frenar esta ola de des-civilización que pretende anegarnos.

     Jahanbegloo, decidido pacifista, seguidor del pensamiento de Ghandi, y autor de obras tales como Elogio de la diversidad (2007) y La solidaridad de las diferencias (2010), considera que “no hay ningún problema más importante que la política de la venganza, y no hay respuesta más importante que la que se caracteriza por la idea de la no violencia”. Por ello, tolerancia, empatía, multiculturalidad y el retomar el espíritu de aquel sugerente proyecto que representa la injustamente minusvalorada Alianza de Civilizaciones, son el auténtico antídoto para frenar este peligroso proceso de des-civilización del cual nos advierte con lucidez el filósofo Ramin Jahanbegloo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 2 octubre 2016)

 

 

 

 

UN PACIFISTA LLAMADO EINSTEIN

 

     El 16 de abril de 1955, hace ahora 61 años, Albert Einstein, el más importante y popular científico de nuestro tiempo, sufría un aneurisma de aorta del cual fallecería dos días después. La memoria de Einstein, al cual dediqué un reciente artículo sobre su emotiva visita a Zaragoza en marzo de 1923, además de por su inteligencia fuera de lo común, resulta destacable desde otros muchos puntos de vista. Por ello, hoy quisiera recordar sus ideales pacifistas en medio de los convulsos años que jalonaron su vida.

    Nacido en 1879 en Ulm, en tiempos del  II Imperio Alemán en el seno de  una familia judía asimilada, nunca aceptó el agresivo militarismo germano de tan funestas consecuencias en la historia reciente de Europa.  De hecho, tras el estallido de la I Guerra Mundial en 1914, Einstein, por aquel entonces militante del Partido Democrático Alemán (DDP), ya dejó patente su antimilitarismo.

    Años después, durante el período de entreguerras en el cual la débil República alemana de Weimar se vio acosada por el imparable auge del nazismo, se fueron reafirmando estas ideas en el pensamiento del eminente científico que había obtenido el Premio Nobel de Física en 1921. De este modo, en su célebre discurso pronunciado en el Congreso de Estudiantes Alemanes para el Desarme de 1930, abogó de forma decidida por la supresión en todos los países del servicio militar obligatorio al cual consideraba como “el síntoma más vergonzoso de la falta de dignidad personal que padece hoy la humanidad”. Además, se mostró partidario del desarme total a la vez que instaba a los jóvenes alemanes a impulsar un pacifismo “que ataque activamente el armamentismo de los Estados”. En consecuencia, frente al auge de los fascismos, el antimilitarismo de Einstein le hace denostar los ejércitos  a los que define “el peor engendro que haya salido del espíritu de las masas” y como “una mancha de la civilización”, los cuales deberían desaparecer para garantizar la paz mundial.

     En su lucha contra el militarismo y las guerras, ya desde los años 30 destacará la responsabilidad moral de los científicos en el desarrollo de “instrumentos militares de destrucción masiva”, razón por la cual propuso la fundación de una Sociedad de Responsabilidad Social en la Ciencia. Además, en aquellos agitados años del período de entreguerras y de fascismos emergentes, el consolidar la paz mundial requería, según Einstein, la participación activa de la ciudadanía, “una responsabilidad moral que ningún hombre consciente puede dejar de lado”, a la vez que nos recordaba que “el sistema democrático y la conciencia activa de los ciudadanos deben de frenar los interesas de los grupos industriales armamentísticos”, algo fundamental pues,  como recientemente recordaba el Papa Francisco, poder frenar a quienes de forma perversa, activan los conflictos bélicos para lucrarse por medio de las industrias y los intereses armamentísticos.

    En 1932 Einstein participó en la Conferencia para el Desarme en la cual criticó duramente la ineficacia de la Sociedad de Naciones, algo que quedaría patente poco después tras el estallido de nuestra guerra civil en 1936,  a la vez que proponía limitar la soberanía de los Estados para que éstos se sometieran a las resoluciones de un Tribunal Internacional de Arbitraje y defendía, una vez más, el desarme ya que sin él “no habrá verdadera paz” advirtiendo que la continuación de la carrera armamentística “conducirá sin duda a nuevas catástrofes” y, ciertamente, así fue.

    Convertido Hitler en canciller de Alemania en 1933, Einstein, judío y antifascista, que calificaba al nazismo de “enfermedad psíquica de las masas”, decide abandonar su país natal y se exilia en los EE.UU.  A su vez, la rearmada Alemania nazi caminaba a paso firme hacia una nueva contienda de magnitudes planetarias: la II Guerra Mundial. Avistando la tormenta, Einstein,  en agosto de 1939, firmó la famosa carta dirigida al presidente Roosevelt instándole a incrementar las investigaciones del llamado Proyecto Manhattan en el que trabajaban ya, entre otros científicos Robert Oppenheimer y Enrico Fermi, para que los EE.UU. lograsen la bomba atómica antes de que lo hicieran los  nazis. Ello hizo que Einstein, pacifista convencido y admirador de Ghandi al que definió  como “el mayor genio político de nuestra historia”, tuvo que hacer frente a un profundo dilema moral y, aun siendo consciente del “horrendo peligro” que el arma nuclear significaba, reconoció que no le quedó otra salida pues la posibilidad de que los nazis, a los que consideraba como “enemigos de la humanidad”,  lograsen la bomba atómica antes con el Proyecto Uranio en el que trabajaban los científicos hitlerianos Otto Hahn y Lis Meitner, le empujó a dar el paso alegando el peligro cierto de que, como le escribió a Roosevelt, dada la mentalidad de los nazis, de disponer éstos de la bomba, “habrían consumado la destrucción y la esclavitud del resto del mundo”. Es por ello que Einstein ha sido considerado “el padre de la bomba atómica”, proyecto que  culminaría con el lanzamiento de sendos artefactos nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.

   Esta decisión pesó siempre sobre su conciencia y, tras la derrota de los fascismos, el mundo entró en una nueva y convulsa etapa: la Guerra Fría entre EE.UU. y la URSS con la amenaza nuclear  entre las dos superpotencias como telón de fondo, algo que podía significar el riesgo cierto de la destrucción de nuestro planeta. Einstein, consciente de ello, en 1955, el año de su fallecimiento, impulsó el conocido como Manifiesto Russell-Einstein que instaba a los científicos a comprometerse en la desaparición de las armas nucleares. A modo de legado, la utopía pacifista de Einstein la resumía el célebre científico con estas palabras: “¡Ojalá que la conciencia y el buen sentido de los pueblos despierte, para llegar a un estadio de la civilización en la cual la guerra pase a ser sólo una inconcebible locura de los antepasados!”. Una utopía que sigue siendo un reto para la Humanidad.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 16 abril 2016)

 

 

 

 

INMIGRACION, RETO Y OPORTUNIDAD

 

     La actual hecatombe migratoria producida por la llegada de miles de personas a Europa huyendo de la guerra, la represión política y la miseria,  parece haber atrapado los valores e ideales de la Unión Europea (UE)  en las hirientes alambradas erigidas en sus fronteras. Ello ha puesto de manifiesto las carencias de la UE en cuanto a la deseable solidaridad y cohesión interna a la hora de encarar un problema tan grave cual es la mayor ola migratoria ocurrida en Europa desde el final de la II Guerra Mundial pues, como señalaba José Antonio Bastos, presidente de Médicos sin Fronteras, el dolor de los refugiados muestra el fracaso del sueño europeo, puesto que la Declaración Universal de los Derechos Humanos  y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados parecen haber naufragado en un inmenso océano de egoísmo y xenofobia.

    Estos días, releyendo la obra  del  jesuita Daniel Izuzquiza titulada Notas para una teología política de las migraciones (2010), hallamos algunas reflexiones tan sugerentes como actuales ante la actual crisis migratoria. En primer lugar, constatamos con pesar que, tras la caída del Muro de Berlín en 1989, han ido surgiendo otros nuevos muros de la vergüenza que separan a “los otros” de “nosotros”: las vallas de Ceuta y Melilla, las que existen entre Estados Unidos y México, los muros que limitan Israel de Palestina o más recientemente, las concertinas erigidas por el gobierno húngaro de Viktor Orbán, incumpliendo así no sólo las normas de la UE sino, también los más elementales derechos humanos para con las personas migrantes. Frente a estos muros, cada vez más altos, cada vez más infranqueables, Izuzquiza,  desde una teología de  la liberación comprometida con la justicia social, demanda la necesidad de globalizar la solidaridad. Ello me recuerda a José Saramago cuando, preguntado en cierta ocasión sobre qué opinaba sobre la globalización, respondió que dependía de cual de ellas se tratara para añadir, acto seguido, que era un firme partidario de la “globalización del pan”,  esto es, que toda la Humanidad dispusiera de una alimentación digna para que el hambre se erradicase para siempre en el mundo.

    La integración de las personas migrantes en los países y sociedades de acogida es un reto, no siempre fácil, que debemos asumir. Desde una visión positiva, este fenómeno aporta savia nueva a nuestra envejecida Europa, a nuestro despoblado Aragón. Ciertamente, la diversidad ha sido siempre un valor, también en este mundo globalizado, en esta sociedad cambiante y cada vez más mestiza pues ello significa la existencia de voces plurales, diversas y todas ellas valiosas. Un factor determinante de la integración es la escuela inclusiva, aquella que, supera planteamientos segregacionistas y enfoques como la educación compensatoria, por el riesgo que supone de estigmatizar a los escolares pertenecientes a minorías. Pero, al mismo tiempo, debemos estar  alerta para que este proceso no sea instrumentalizado de forma demagógica por ideologías y partidos xenófobos o racistas.

    La integración es un  fenómeno complejo que tiene como objetivo el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de las personas migrantes. Estos derechos deben abarcar tres niveles para ser efectivos: dignidad humana y derechos fundamentales, derechos socioeconómicos y culturales, así como los derechos políticos. En consecuencia, hay que evitar todo tipo de legislaciones y actitudes que, de forma abierta o subyacente, tenga una “mirada criminalizadora” hace los migrantes (las declaraciones del ministro Fernández Díaz sobre la presencia de yihadistas en el flujo de inmigrantes, por ejemplo),  así como también la consideración de éstos como mano de obra barata, objeto de discriminación laboral al convertirlos en rehenes de un sistema económico que, primero segrega y luego los explota con las llamadas “tres P”: trabajos penosos, peligrosos y precarios.

   Hay que avanzar hacia una verdadera ciudadanía solidaria, fomentar el asociacionismo de los colectivos migrantes y la mediación intercultural, pues todo ello favorece la convivencia plural y evita estallidos de corte xenófobo, especialmente en estos tiempos en que la crisis golpea con saña  a los sectores sociales más débiles, entre ellos, a la población migrante. De este modo, como bien señala Izuzquiza, “cuanto más rica, plural y trabada sea la convivencia social, mayor será el grado de integración y cohesión social y la salud democrática del sistema”.

    Por lo que se refiere a los derechos políticos, el objetivo es lograr la plena ciudadanía y, para ello, debemos favorecer la plena participación de las personas migrantes en el espacio público reconociéndoles el derecho al voto en las elecciones municipales, sea cual sea su nacionalidad de origen, con arreglo a la campaña “Aquí vivo, aquí voto”.

    En la I Asamblea de Redes Cristianas, celebrada en noviembre de 2007, se abordó la cuestión migratoria desde posiciones progresistas bajo el lema “Globalicemos la dignidad humana”. En sus conclusiones, se señalaba algo de total actualidad al indicar que “la inmigración es un fenómeno complejo, con implicaciones económicas, sociales y culturales. Pero es también una situación humana que requiere medidas inmediatas de justicia”. Estos planteamientos, repetidos en años sucesivos en los encuentros del Foro Social Mundial y en los organizados por los grupos afines a la teología de la liberación, suponen un deber ético pues nuestra sociedad del siglo XXI que será cada vez más diversa pues, como le recordaba el mandato bíblico al pueblo judío, “Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto” (Éxodo, 22:21). Y, ciertamente, la actitud que una determinada sociedad tenga hacia la inmigración es un claro indicador de la salud cívica y de la madurez democrática de la misma. Por eso, la inmigración es un reto, y también una oportunidad para construir una sociedad más abierta, plural y solidaria.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 septiembre 2015)

 

EL FUTURO DE LA UNIÓN EUROPEA

 

     Estamos asistiendo a lo que parece ser el fin del sueño europeo, a la pérdida de valores de la Unión Europea (UE) puesto que la Europa de los mercados se ha impuesto a la Europa de los ciudadanos: ahí está su crueldad para con la Grecia de Tsipras que contrasta con la actitud condescendiente para con la Ucrania de Poroshenko y ya no digamos del egoísmo que han puesto de manifiesto diversos países miembros ante la inmensa tragedia desencadenada por la crisis de los refugiados que llegan a Europa en condiciones lamentables, como nos recuerda, y martillea nuestras conciencias, la trágica imagen del niño Aylan Kurdi, ahogado en la playa turca de Bodrun.

     Pero pese al actual marasmo que agita a  la UE, ésta sigue siendo un modelo único en el mundo tanto en cuanto un grupo de países democráticos soberanos optan por ceder progresivamente competencias en determinados ámbitos a una instancia superior en lo que ha dado en llamarse el “federalismo funcional”. De este modo, la UE tiene un objetivo político, la Unión Federal de los estados miembros mediante una integración gradual y con metas económicas intermedias (un mercado común) y con políticas de acompañamiento (fondos estructurales y moneda única, entre ellas), para lograr dicho objetivo. En consecuencia, a pesar del actual estancamiento del proyecto europeo, resulta evidente que la UE, como señalan Alfons Calderón y Luis Sols, es “el espacio que mejor combina democracia, eficiencia económica, equidad social y sostenibilidad medioambiental”.

     La UE del futuro sigue teniendo por delante el triple reto sobre el cual cimentar el proyecto europeo: avanzar hacia una mayor democracia, fomentar la solidaridad entre sus miembros y lograr una articulación territorial plenamente federal.

    En primer lugar, una UE más democrática supone el que las instituciones comunitarias deben de asumir más competencias y, a su vez, responder ante los ciudadanos y no sólo, como ahora ocurre, ante los Estados miembros. Igualmente, las elecciones europeas deberían de dejar de plantearse en clave nacional y, para ello, los partidos deberán tener estructuras paneuropeas efectivas y listas electorales plurinacionales. De igual modo, resulta esencial el evitar barreras que limiten la democracia como la que ha supuesto recientemente la imposición de un límite concreto al déficit público estructural, el polémico artículo 135 de nuestra Constitución, ya que ello impide el derecho a que los ciudadanos puedan escoger una determinada política fiscal y eso es esencial en cualquier democracia avanzada. Además de lo dicho, en una UE más democrática, no deben de existir hegemonismos nacionales (como ocurre ahora con la supremacía alemana de resonancias bismarckianas) puesto que hemos de recordar que los distintos Estados de la UE han transferido parte de su soberanía a instituciones supranacionales democráticamente controladas y no a otro Estado a cuyos dirigentes no podemos votar, lo cual supone un total rechazo a las permanentes imposiciones de la canciller Angela Merkel a la hora de fijar el rumbo político y económico de la UE.

     El segundo objetivo es avanzar hacia una Europa más solidaria, más social,  que acabe con la creciente desafección hacia el proyecto europeo y, también, con el auge de las derivas ultranacionalistas. Para ello, se debe fomentar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de 2007, la cual ha de tener pleno valor jurídico, además de garantizar toda una serie de derechos sociales tan cuestionados por los enemigos del Estado de Bienestar. Se debe también trabajar por la integración plena de la población inmigrante, tema de candente actualidad,  y llevar a cabo una política monetaria más social, priorizando el crecimiento y el empleo y no, como hasta ahora, el control de precios. De igual modo, además de con sus propios ciudadanos, la UE debe ser un modelo de solidaridad  efectiva para con los países miembros, no sólo mediante los fondos estructurales y de cohesión, sino también con los países del Tercer Mundo y ello, además de por coherencia con los valores sociales y democráticos de la UE, por un deber moral habida cuenta de nuestra responsabilidad histórica por el expolio y agresión colonial cometido desde los países europeos hacia ellos hasta épocas bien recientes. Igualmente, esta Europa más solidaria ha de orientarse hacia las futuras generaciones, a las que debemos legar un mundo más habitable y, para ello, es fundamental que la UE siga liderando a nivel mundial iniciativas medioambientales y fomente las energías renovables apoyando programas de transición energética con objeto de reducir al máximo la emisión de gases de efecto invernadero.

      Y, finalmente, como tercer objetivo, esa Europa que anhelamos debe avanzar de forma decidida hacia una auténtica federación democrática en su doble vertiente económica y política. Con respecto a la primera, se debe consolidar de forma efectiva la Unión Económica y Monetaria mediante el aumento del presupuesto de la misma, la obtención de mayores ingresos comunes (incluida la Tasa Tobin sobre transacciones financieras internacionales), la emisión de eurobonos por parte del Banco Central Europeo para facilitar créditos baratos a los países miembros en dificultades, además de lograr la necesaria Unión Bancaria y la armonización fiscal en el conjunto de la UE.

     En la vertiente política, la federación funcional de la UE debe conseguir que el Parlamento Europeo tenga mayores competencias. Por su parte,  la Comisión Europea debería de ser más reducida en su composición desapareciendo para ello las cuotas territoriales, tener mayor capacidad ejecutiva y estar sometida al estrecho control del Parlamento Europeo. Tampoco olvidamos  la elaboración de una nueva Constitución Europea y el reto de avanzar en el ámbito de la política exterior común para que en el contexto internacional, la potencia económica que es la UE, sea también una potencia política única y efectiva en el actual mundo multipolar.

    Si en el futuro la UE logra significativos avances en los tres objetivos señalados, si es más democrática, más solidaria y más federal, esa vieja dama que llamamos Europa volverá a inspirar los alicaídos ideales del europeísmo, un ambicioso proyecto político a largo plazo que sólo será posible si logra la implicación activa de los ciudadanos de la Unión. El tiempo lo dirá.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 13 septiembre 2015)

 

CHIPRE, UN CONFLICTO OLVIDADO

 

     Existe en Europa, una situación anómala: el conflicto de Chipre, un país dividido  y parcialmente ocupado por Turquía y  cuya capital, Nicosia, tiene la triste condición de ser la única capital europea dividida, un problema enquistado desde hace 41 años en esta isla del Mediterráneo oriental que es miembro de de la Unión Europea (UE) desde el año 2004.

     Stelios Stavridis, en su  libro La Unión Europea y el conflicto de Chipre (1974-2006), nos ofrece una profunda, amarga y dolorosa visión crítica del problema, en especial del “ambigüo e inconsistente” papel desempeñado para buscar una posible solución, tanto por parte de la Unión Europea (UE) como del Parlamento Europeo (PE) pues ambas instituciones no han ejercido, con energía y convicción, su influencia en lo que a todas luces era un caso claro de invasión y ocupación militar ilegales con arreglo al Derecho Internacional.

     La historia de Chipre es una historia de continuas invasiones y ocupaciones dada su envidiable posición geoestratégica. Así, desde que en el siglo XIII antes de Cristo se asentaron en ella los griegos, la isla fue ocupada, sucesivamente, por Alejandro Magno, Roma, Bizancio, Ricardo Corazón de León, la dinastía francesa de Guy de Lusignan, Venecia, hasta su conquista por Turquía (1871), potencia que la cedería al Imperio Británico en 1878 al que perteneció hasta que, finalmente, Chipre logró la independencia en 1960. Dado que en la isla convivían dos comunidades diferentes, la greco-chipriota y la turco-chipriota, las aspiraciones de ambas en el nuevo Estado eran bien distintas: mientras la mayoritaria población de origen griego deseaba la unión a Grecia, la “enosis”, la minoritaria turca era partidaria de la “taksim”, de la partición de la isla, de la separación política de ambas comunidades.

     Así las cosas, el desencadenante del conflicto actual tuvo lugar cuando el 15 de julio de 1974 se produjo un golpe de Estado por parte de la extrema derecha del EOKA-B contra el cardenal Makarios, entonces presidente de Chipre, y que, al posicionarse durante la Guerra Fría con el Movimiento de Países No Alineados, le valió el que Estados Unidos lo calificase despectivamente como “el Castro del Mediterráneo”. El golpe fue alentado por la Junta Militar de Atenas, por la dictadura griega entonces en el poder, con objeto de lograr la ansiada “enosis”. Ante esta situación, Turquía reaccionó invadiendo el norte de Chipre con el pretexto de restablecer el status quo previo al golpe y defender a la población de origen turco cuando, en realidad, el gobierno de Bülent Ecevit, lo que hizo fue aprovechar la oportunidad para forzar un “taksim” sobre Chipre. Aunque el golpe pro-griego fracasó a los pocos días,  las consecuencias de la invasión y posterior ocupación turca se mantienen invariables hasta el día de hoy puesto que las fuerzas de Ankara siguen dominando el 37% de la isla. Desde entonces, las dos comunidades se hallan separadas política y geográficamente. Además, ha habido variaciones demográficas puesto que, en sucesivas oleadas, han ido llegando a Chipre campesino turcos de Anatolia (unos 115.000), lo cual ha reforzado la turquización del norte de la isla,  máxime tras la declaración unilateral de independencia en 1983 de la autodenominada República Turca del Norte de Chipre (RTNC), tan sólo reconocida diplomáticamente por Turquía.

     Para solventar este conflicto  han tenido lugar numerosas negociaciones, la más importante fue el Plan de Kofi Annam, el entonces secretario general de la ONU, con sus 5 versiones presentadas entre 2002-2004. Pero, tras ser sometido a referéndum por separado el 24 de abril de 2004, fue rechazado por el 80 % de los grecochipriotas liderados por su presidente Papadopoulos, ya que dicho plan legitimaba la invasión, la ocupación militar turca del norte de la isla y la posterior llegada de los colonos turcos,  no se concretaba la futura estructura política del país (federal o confederal) y, además, se obligaba al nuevo Estado reunificado a apoyar el ingreso de Turquía en la UE. Otros intentos, también infructuosos, para buscar una solución al conflicto fueron  el proyecto de creación de los Estados Unidos de Chipre de 2001 o el plan de articulación federal de la isla inspirado en la Constitución federal de Bélgica de 1992.

     El libro de Stavridus dedica una parte considerable del mismo a  analizar el ineficaz papel de la UE y del PE a la hora de intentar solventar un conflicto que afecta, no lo olvidemos, a uno de sus Estados miembros y ante el cual ofrece una valoración muy crítica. Y la razón de esta actitud europea, a su modo de ver, se debe a la posible entrada de Turquía en la UE ya que durante estas cuatro décadas de conflicto, la CEE primero y la UE después,  han hecho gala de una retórica que no ha ido nunca respaldada por acciones concretas y firmes para no enemistarse con Turquía. Lo mismo podemos decir del escaso e irrelevante papel del PE pese a que su “diplomacia parlamentaria” pretenda  asumir un papel activo  en la escena internacional como promotor de los principios democráticos y de los derechos humanos en el mundo. Y, sin embargo, tampoco el PE emprendió en este tema ninguna acción concreta, nunca adoptó sanciones contra Turquía, país considerado como un importante “actor geoestratégico de la realpolitik”.  En este sentido, siempre he sido partidario de la integración de Turquía en la UE, una decisión de gran calado político y que, por ello, ha generado siempre polémica,  pero no a cambio de pagar el precio que supone la indignidad de perpetuar la división política de la isla y la ilegal ocupación militar que padece, hasta hoy, la República de Chipre.

     Así las cosas, la solución parece hallarse en una apuesta por la bizonalidad y la bicomunidad. La resolución justa del conflicto de Chipre significa, un importante reto político pues ello, además de ser determinante para el futuro de la isla, es también un desafío para la credibilidad de las ideas europeístas, tan dañadas como consecuencia de la actuación de la Troika con respecto a la crisis de Grecia, pues como señalaba Camiel Eurlings, de ello dependerá el que la UE se convierta, o no, en “un actor internacional de envergadura”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 26 julio 2015)

 

LA UNIÓN FEDERAL EUROPEA

 

     La unidad política del viejo continente ha sido un anhelo largamente soñado por los europeístas. En este sentido, en mayo de 1930, el político francés Arístides Briand presentó ante la Sociedad de Naciones  un Memorando sobre la organización de un sistema de Unión Federal Europea, el cual, pese a que la Gran Depresión y el auge del nazismo impidieron su desarrollo en los años posteriores, sentó las bases de la articulación política de las naciones europeas. El proyecto de Briand suponía, tras el trauma que supuso la I Guerra Mundial, un intento sincero por parte de la burguesía democrática por fomentar una política pacifista en Europa que favoreciese la armonía continental y, por supuesto, el desarrollo económico de las naciones adheridas al mismo. Además, significaba el embrión de una Constitución europea en la que, inicialmente, se proponía la crear instituciones federales comunes tales como la Conferencia Europea (órgano de carácter deliberativo y representativo), un Comité Político permanente (órgano ejecutivo) y una Secretaría, organismos que, gradualmente, debían convertirse en el Parlamento, el Gobierno y las oficinas de la Europa federada, de los Estados Unidos de Europa, una Europa de la que, de entrada, se excluía a la URSS y a Turquía.

   El proyecto de la Unión Federal Europea (UFE), además de la derecha democrática, contó con el apoyo de los partidos socialistas del continente, tanto en cuanto suponía una vía para evitar guerras y, a la vez, crear lazos orgánicos entre las naciones. No obstante, Léon Blum, el histórico dirigente del socialismo francés, advertía a los europeístas que el proyecto federal sería inviable si se mantenían las soberanías nacionales tal y como pretendía Briand, dado que, de este modo, los instituciones federales quedaban desprovistas de todos los poderes ejecutivos y, consecuentemente, de su eficacia. La cuestión de la cesión de soberanía y la superación de los estrechos nacionalismos era esencial pues, como señalaba Blum, “la soberanía de los organismos federados se componen de la desmembración de esas soberanías secundarias [nacionales]”, razón por la cual recordaba la escasa eficacia de la Sociedad de Naciones para resolver conflictos dadas las reticencias nacionales a ceder soberanía,  ya que, de no hacerlo,  “no habrá organización real, política o económica: no habrá desarme ni pacificación ni armonía industrial”. Por su parte, Èmile Vandervelde, presidente de la Internacional Obrera Socialista, manifestaba su escepticismo ante la UFE por las tensiones nacionalistas que agitaban el continente en el período de entreguerras. Por esta razón era por la que señalaba que los Estados Unidos de Europa “no serán sino un vano ensueño mientras la mitad de esta Europa se halla entregada a dictaduras y la otra mitad sea el campo cerrado de intereses de clases antagónicas” y, por ello, el ideal de la UFE sólo se logrará “luchando sin tregua por la verdadera democracia, oponiendo una resistencia inflexible a las tentativas de reacción política o económica”, un mensaje que, ahora, resulta de candente actualidad. 

     Estos ideales de la UFE enlazan, tantos años después, con nuestro presente. Nos lo recuerda el interesante documento político titulado Hacia una Unión Federal Europea: integración monetaria y soberanía política elaborado en el año 2012 por el Grupo de opinión y reflexión en economía política Europe G, formado por un colectivo de economistas entre los que figuran Antoni Castells, Manuel Castells, Josep Oliver, Emilio Ontiveros y Martí Parellada. Entre sus conclusiones, se considera que la UFE es el paso imprescindible para salir de la crisis económica y financiera de la zona euro, alerta de los peligros de una Europa gobernada por Alemania y advierte de que si la unión monetaria no se completa con la unión política, puede producirse una fractura de la eurozona que supondría un golpe mortal, no sólo para la moneda única, sino también para la propia Unión Europea (UE). Ante el marasmo en el que parece hallarse sumido el europeísmo progresista, este documento defiende la necesidad de una integración económica y una mayor supervisión financiera para lo cual es imprescindible ceder soberanía fiscal por parte de los Estados y dotar de mayor capacidad de maniobra al Banco Central Europeo en aspectos tales como preservar la estabilidad de la eurozona y expandir el crédito en las economías bajo su jurisdicción.

    Es momento de avanzar de forma efectiva hacia la UFE y, para ello es fundamental dotar a la UE de auténticas estructuras federales y de este modo, conseguir  que el proceso de toma de decisiones pase del actual nivel intergubernamental a otro en que éstas sean adoptadas por las instituciones comunitarias, las cuales deben contar con capacidad efectiva en el terreno fiscal y presupuestario y con responsabilidad en la supervisión y regulación del sistema financiero. Igualmente, se debe avanzar hacia la creación de un verdadero Gobierno europeo con autonomía política plena y sin depender, como ahora ocurre, de complejas negociaciones intergubernamentales.

     Por todo ello, en esta Europa nuestra, dos caminos, dos dilemas se presentan ante el futuro inmediato: o caminar hacia una mera asociación de intereses comerciales regida por lo que Federico Steinberg e Ignacio Molina definen como imposiciones de la “austeridad autoritaria germánica”,  o avanzar con valentía hacia una federación, hacia una nación de naciones europeas con una Constitución común y con la consiguiente renuncia a las respectivas identidades nacionales. Tal vez así, algún día será posible el sueño de Víctor Hugo según el cual “Todas vosotras, naciones del continente, sin perder vuestras cualidades distintivas y vuestra gloria individual, os fundiréis estrechamente en una unidad superior y constituiréis la fraternidad europea” y así,  “un día vendrá  en el que veremos estos dos grupos inmensos, los Estados Unidos de Europa y los Estados Unidos de América, situados en frente uno de otro, tendiéndose la manos sobre los mares”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 29 marzo 2015)

 

 

 

UNA "TRISTÍSIMA NOTICIA"?

 

     La muerte del rey Abdalá bin Abdul-Aziz al Saud ocurrida el pasado 22 de enero ha producido  olas de adulación hacia el monarca fallecido, entre ellas, la de Felipe VI, el cual se trasladó a Riad a presentar sus condolencias “en su nombre y en el del Gobierno y el pueblo español” para así expresar “el más sincero sentimiento de pesar por la tristísimo noticia”. Pero las palabras huecas y los elogios  hacia su figura no pueden ocultar la dura realidad: el rey Abdalá representaba un régimen tiránico cuya existencia debería indignar al mundo civilizado. Pero el pragmatismo político y los intereses económicos consiguen el prodigio de convertir a reyes déspotas en buenos amigos de Occidente, a gobernantes criminales en políticos clarividentes...y este es el caso del monarca fallecido. Recordemos algunos datos.

    El Reino Unido de Arabia Saudí surgió en 1932 tras la unificación de varias monarquías feudales de la Península Arábiga por parte de Abdel-Aziz ibn Saud. Desde entonces, la familia Saud ha gobernado con mano de hierro al reino que lleva su nombre. Una interpretación rigorista del Islam en su versión wahabita, la aplicación de la Sharia o ley islámica y el asfixiante control  de la Policía Religiosa (Al Mutawa’een) sobre la vida y costumbres de los saudíes, nos retrotrae a los tiempos más oscuros de las monarquías feudales del Medievo. En el país del rey Abdalá no existen derechos ciudadanos ni  libertades públicas: no hay elecciones libres, los partidos políticos, sindicatos y  organizaciones de derechos humanos están prohibidos ; los medios de comunicación sufren la más rigurosa censura, el sistema penal saudí, basado en la Sharia, recurre con frecuencia a la tortura (amputaciones, flagelación, etc) y, según Amnistía Internacional,  es el tercer país que más aplica la pena de muerte (por decapitación pública) y ya van 10 ejecuciones en las dos primeras semanas de este año 2015. Recordemos también el reciente caso del bloguero Raif Badawi quien, por defender la libertad de expresión, ha sido condenado a una multa de 230.000 €, además de a 10 años de prisión y a recibir 1.000 latigazos en series semanales de 50. Especialmente grave es la situación de las mujeres las cuales carecen de todo tipo de derechos y libertades (incluso el de conducir un vehículo).

   Tampoco debemos olvidar que la monarquía saudí lleva años financiando la construcción de mezquitas en países occidentales, al frente de las cuales impone a imanes wahabitas, mucho más rigoristas que los hachemitas o alauitas. Y son estos clérigos quienes con sus prédicas, en ocasiones incendiarias, fomentan el radicalismo islamista de funestas consecuencias.

    Todo esto parece olvidarse ya que los inmensos recursos petrolíferos  de Arabia Saudí (1/4 de las reservas del planeta y primer exportador mundial), le permiten ejercer un papel principal en el sistema económico mundial y en la OPEP. Así, desde que en 1945 concedió a los Estados Unidos el monopolio de la explotación de su petróleo, unido a su permanente alineamiento junto a las potencias occidentales en la conflictiva zona de Oriente Medio,  hacen que el reaccionario régimen saudí sea aceptado y visto con simpatía por el mundo civilizado democrático. Le ocurre lo mismo que a la España de Franco en los tiempos de la Guerra Fría: los intereses geoestratégicos de los EE.UU. obviaron su carácter dictatorial para convertir al régimen en “el vigía de Occidente”...igual que, ahora, Arabia Saudí es “el vigía de Oriente” (y de su petróleo). De hecho, la alianza militar entre Arabia Saudí y los EE.UU. se mantiene inalterada desde 1951: desde entonces, la monarquía saudí, anacrónica, feudal y corrupta hasta el extremo, ha mantenido su posicionamiento prooccidental.

     Abdalá, que fue el impulsor de la Ley de inversión extranjera, logró gracias a ella atraer tecnología y capitales occidentales con el fin de convertir  al país en un “islote de modernización”:   ahí está, por ejemplo, el multimillonario proyecto de construcción del AVE español que debe unir las ciudades santas saudíes de Medina y La Meca. Pero la realidad es tan falsa como los espejismos de sus desiertos: la riqueza ha podido crear infraestructuras, adormecer la conciencia de sus súbditos, pero no les han traído la libertad. Y es que la monarquía del rey Abdalá ha tenido la rara habilidad de aunar la más retrógrada interpretación del Islam con todos los vicios, lujos y corrupciones del capitalismo salvaje.

   Al margen de hipocresías políticas e intereses económicos, la muerte del rey Abdalá, a quien Juan Carlos I nombró en 2007 Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro,  supone la desaparición de un tirano, al cual le sucede en el trono otro tirano: su hermanastro Salman,  y todo con el beneplácito de las democracias occidentales. En consecuencia,  no siento pesar por la muerte del rey Abdalá. En todo caso, el réquiem, la “tristísimo noticia” a la que se refería Felipe VI no debería ser la desaparición de un déspota anacrónico y corrupto, sino  la dramática situación de los derechos humanos en Arabia Saudí. Y en ello, Occidente, a quien el petróleo y los intereses que genera,  parecen ennegrecer la conciencia, tiene, tenemos, una gran responsabilidad moral.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 febrero 2015)