REBAJAS SALARIALES Y PRECARIEDAD LABORAL

 

     Otra de las consecuencias de la devastación producida por la actual crisis global es el deterioro y desmantelamiento del marco de relaciones laborales lo cual ha socavado los cauces de negociación colectiva y ha reducido el ámbito de aplicación de los convenios. De este modo, estamos sufriendo  un serio retroceso de nuestros derechos sociales y  laborales que tanto tiempo y esfuerzo costó conseguir. En este sentido hay que situar las constantes reducciones salariales que se están imponiendo a los trabajadores, unido a unas condiciones laborales cada vez más precarias.

   El descaro neoliberal llega a extremos surrealistas como cuando la multimillonaria australiana Gina Rinehart, la 16ª  mujer más poderosas del mundo según la lista Forbes, afirmaba que sus compatriotas deberían de aceptar salarios más bajos porque “la gente de África está dispuesta a trabajar por 1,5 euros al día”. Esta misma empresaria, cuya fortuna personal se estima en 16.000 millones de dólares, propuso, igualmente, que cualquier pareja que ganase menos de 100.000 dólares australianos (unos 77.000 euros) debería de ser esterilizada por la fuerza como “única forma de evitar la pobreza e impedir que las clases bajas se multipliquen”.

     De esta peculiar “sensibilidad social” hacia los trabajadores, hacia las clases populares, las que con mayor intensidad están sufriendo los efectos de la crisis económica,  también tenemos ejemplos flagrantes en España: recordemos las pasadas declaraciones de Jorge Garasa, el portavoz de Hacienda del PP en las Cortes de Aragón del pasado mes de febrero en las que sugería que la posibilidad de trabajar, para todo el que quiera…pero sin cobrar, ciertamente, una propuesta fiel reflejo de la mentalidad de la más rancia derecha empresarial, como lo son las recientes propuestas de la FAES demandando la supresión del salario mínimo interprofesional y la reducción de las prestaciones por desempleo.

     Al ajuste neoliberal, siempre insaciable, no le basta con la moderación salarial pactada en el II Acuerdo para el empleo y la negociación colectiva firmado en enero de 2012 y vigente para el período 2012-2014: ahí está el intento de  imponer una drástica bajada de salarios del 10 %, tal y como dictó el pasado año el FMI y el Colegio de Comisarios de la UE. Semejante recorte salarial responde   a las políticas de ajuste  que, desde 2010, están aplicando ambos organismos y ante las cuales, ni Zapatero en su momento, ni ahora Rajoy, no sólo carecieron del coraje necesario para  oponerse a estas medidas y contraponer una alternativa económica que no causase los enormes destrozos que, en el tejido social,  han generado las políticas neoliberales, sino que, además,  fueron responsables de la aprobación de  unas  reformas laborales muy lesivas para los trabajadores.

     Las reiteradas bajadas de salarios impuestas han supuesto en España, en el período 2010-2013, una caída salarial del 6,3 %, y no han servido para reactivar el empleo ni la actividad económica (bien al contrario, la retrasan), han perjudicado al consumo interno,  además  de incrementar la pobreza llevando a muchas familias a graves situaciones de sufrimiento.

     En cuanto al Programa de Garantía Juvenil aprobado hace unos días por el Gobierno y financiado con 1.900 millones de euros del Plan de empleo juvenil  de la UE, como señalaba Antón Losada, al margen de la publicidad interesada, supone en realidad un sutil engaño pues, “aunque digan que el dinero sale de Europa, en realidad antes salió de nuestros impuestos”, un dinero con el que “pagaremos para que los empresarios puedan seguir precarizando a placer el mercado laboral y subvencionados por el Gobierno, La Seguridad Social verá caer sus ingresos y continuará el deterioro del sistema público de pensiones hasta que ya no quede más remedio que liquidarlo por derribo”. Todo un “negocio redondo” para los empresarios y en el que nuestros jóvenes tendrán que pagar por trabajar.

     En un artículo reciente publicado en este mismo periódico, Adolfo Barrena nos advertía de “un dato tremendamente significativo” cual era que,  por primera vez en la España democrática, “los empleados con contrato indefinido y a tiempo completo han dejado de ser la mayoría en el mercado laboral. La precariedad avanza deprisa”. Esta es la doble tenaza que oprime a  los trabajadores que todavía mantienen un empleo: precariedad laboral y reducciones salariales, una tenaza que ha servido para aumentar de forma acusada las desigualdades en España como lo pone de manifiesto el hecho de que, en medio de la crisis, los directivos de las empresas y los grandes patrimonios han visto incrementar su riqueza y, con ello, el abismo que los separa de los sectores sociales y laborales más débiles: una auténtica injusticia social…y fiscal.

    Si el PP continúa con estas políticas antisociales, seguirá destrozando el presente y las esperanzas de futuro de multitud de familias, de miles de jóvenes, que no hallan en sus vidas un horizonte laboral digno. Destrozadas así las posibilidades de negociación colectiva, arrinconado el ideal de una democracia industrial, habremos vuelto a un tiempo lejano y oscuro en donde, el amo, el patrón, tenía todo el poder y la legislación de su parte mientras que el trabajador, indefenso y resignado, para conseguir un empleo, precario y mal retribuido, sólo podía decir “Si, mi amo; sí, mi patrón”, tal y como ocurría en siglos pasados. Lamentable.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 13 julio 2014)