Kyriathadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

      Durante los duros años del franquismo, en la inmediata posguerra, hubo dos turolenses que tuvieron un papel relevante en la política de la dictadura pues ambos fueron ministros del régimen: uno fue José Ibáñez Martín, responsable del Ministerio de Educación Nacional entre 1939-1952, y el otro, posiblemente menos conocido, fue Demetrio Carceller Segura (1894-1968), nacido en Las Parras de Castellote y que ocupó la cartera de ministro de Industria y Comercio entre octubre de 1940 y julio de 1945. A éste me referiré seguidamente.

     Demetrio Carceller era hijo de una familia campesina que, como tantas otras, emigró desde las tierras turolenses a Cataluña en búsqueda de un futuro mejor. Establecidos en Tarrasa, pasados los años Demetrio llegó a ser ingeniero textil en esta industriosa ciudad catalana. Durante los años de la II República, inició su andadura política en las filas de la derecha fascista, razón por la cual colaboró con José Antonio Primo de Rivera en la fundación de Falange Española (1933).

     Iniciada la Guerra Civil, consiguió, al igual que Ibáñez Martín, evadirse de la zona leal a la República y llegar a la zona rebelde, en donde participó en la recién creada Comisión de Industria y Comercio de la Junta de Defensa de Burgos. Carceller, por aquel entonces con importantes intereses vinculados a los negocios petrolíferos desde la fundación de CAMPSA (1927) y CEPSA (1929), desempeñó un papel decisivo ("intervención capital", según Ramón Garriga), para conseguir los vitales suministros de carburante que precisaban los sublevados para sus tropas en los primeros instantes de la contienda, antes de que recibieran el masivo apoyo procedente de las potencias fascistas, esto es, de la Alemania de Hitler y de la Italia de Mussolini. Tal es así que los contactos del turolense Carceller hicieron que la multinacional petrolera americana Standard Oil suministrara de forma inmediata éstos a los generales Mola y Franco, cabezas visibles de la sublevación liberticida contra la República.

     Durante la Guerra Civil, Carceller, a quien ya se empezaba a conocer como "el cerebro económico de la Falange", fue ganando prestigio y poder político en la jerarquía franquista. Concluida esta y en pleno delirio filonazi, Carceller formó parte de la nutrida delegación que, al mando de Serrano Suñer, viajó a Berlín en septiembre de 1940 con el propósito de acordar la entrada de la España franquista en la guerra mundial al lado de las potencias del Eje. Carceller había recibido el mandato de Franco de estudiar los métodos puestos en práctica por la Alemania nazi para obtener dos productos que el régimen consideraba vitales en la depauperada España de posguerra: la fabricación de gasolina sintética y de abonos químicos, razón por la cual el turolense efectuó diversas reuniones con técnicos alemanes y trató con los jerarcas nazis importantes temas económicos.

     La estrella de Carceller era ascendente y un sentimiento de admiración hacia el político turolense se extendía entre la delegación española enviada a Berlín, hasta el punto de que algunos querían ver en él a "un mago de la obra de reconstrucción económica de España". Pero el objetivo último que con ello se pretendía no era otro que servir a los fines de un quimérico expansionismo "imperial" aireado por el franquismo al socaire de su abierta alineación con la Alemania nazi, la misma que estaba despedazando a la vieja Europa. De hecho, se pensaba que, si la España franquista resolvía el problema del autoabastecimiento de gasolina y fertilizantes, podría jugar un "papel decisivo" en la guerra y el consiguiente reparto de un botín colonial que se intuía próximo.

     A su regreso de Berlín, Franco, que confiaba plenamente en los planes económicos de Carceller, lo nombró ministro de Industria y Comercio (17 octubre 1940), con lo cual dejaba en manos del falangista de Las Parras de Castellote la inmensa tarea de reconstruir la economía de aquella triste España de la posguerra, sumida en la miseria y la represión y cuyo primer eslabón fue la creación del Instituto Nacional de Industria (INI) en septiembre de 1941.

     La gestión del flamante ministro turolense, compañero en el Gobierno de su paisano Ibáñez Martín, se caracterizó en un primer momento por su entusiasmo germanófilo. Convencido como estaba de la inminente victoria del III Reich, era de la opinión de que había que ayudar a la Alemania nazi en todo lo posible, suministrándole todo cuanto pidiera (sobre todo hierro y wolframio para su industria bélica) sin exigir, como contrapartida apenas nada, lo cual se resumía con total nitidez en una frase del mismo Carceller: "A la hora de la victoria verá Hitler quienes han sido sus verdaderos amigos y recibiremos el premio que nos hemos merecido".

     Pero la realidad fue bien distinta: la gestión de Carceller propició los desastrosos balances comerciales hispano-germanos de 1940, 1941 y 1942. No fue hasta finales de 1942 cuando el astuto Carceller percibió que la guerra cambiaba de signo tras las derrotas nazis de Alamein y Stalingrado y por ello mudó su inicial servilismo pronazi por una mayor presión económica sobre Alemania bajo el lema de "Te daré lo que me pides, si recibo aquello que necesito". Fue entonces cuando intentó desarrollar, con tecnología alemana, los proyectos para la elaboración de gasolina sintética y abonos químicos a partir de pizarras bituminosas y lignitos de baja calidad. En este contexto hay que situar la creación en noviembre de 1942, dentro del INI, de la Empresa Nacional Calvo Sotelo de Combustibles Líquidos y Lubricantes con el objeto de explotar las cuencas de Puertollano y Teruel y cuya producción, según el régimen debía de cubrir el 25-30 % de consumo nacional, pues se pensaba en producir mensualmente la irreal cifra de 10.000 Tm. de gasolina sintética.

     De Carceller debemos señalar igualmente que fue el primer ministro de Franco que volvió la espalda a la Alemania nazi cuando percibió la futura derrota de ésta y jugó, hasta su cese el 18 de julio de 1945, la carta del triunfo aliado pues pensaba que los capitalistas de todo el mundo, entre ellos los nuevos ricos surgidos al amparo del franquismo, como era su caso, debían de ser "buenos amigos" para hacer frente al enemigo que se vislumbraba en el horizonte en caso de una victoria soviética en la Guerra Mundial una vez abatida la Alemania hitleriana.

     Continuando con la trayectoria política del ministro turolense Demetrio Carceller digamos que, cuando Franco lo cesó como ministro de Industria y Comercio el 18 de julio de 1945, tras cuatro años y medio en el cargo, el político nacido en Las Parras de Castellote era ya uno de los hombres más ricos de España, pues cuando dejó el gabinete contaba ya con una inmensa fortuna. Según datos aportados por el eminente historiador Josep Fontana en el VII Congreso de la Asociación de Historia Económica celebrado en Zaragoza en septiembre de 2001 sobre el tema "La economía del primer franquismo", el ingeniero falangista acumuló su fortuna como consecuencia de que "ninguno de los negocios, empresas, industrias, comercios, permisos de importación, de explotación, negocios bancarios, establecimientos de industrias o su ampliación, o de comercio, ni una sola actividad industrial, comercial o de la banca españolas, puede realizarse sin contar con el beneplácito de don Demetrio Carceller", por cuyas manos pasaron "miles y miles de millones de pesetas", pero no sin dejar "peaje", por lo que a Carceller se le ha considerado el iniciador de la corrupción en gran escala generada por el franquismo, el cual ya poseía una fortuna considerable derivada de sus negocios de refino de petróleo cuando fue nombrado ministro en 1940.

     Una anécdota curiosa de ésta época de ministro refleja el peculiar carácter de Carceller. En cierta ocasión, hablando con el agregado comercial de los Estados Unidos, le preguntó cómo podría obtener un coche Buick del último modelo que acababa de salir de fábrica. El americano, amablemente, le contestó que él se encargaría de que el ministro tuviera el vehículo que tanto deseaba. "Acepto –respondió Carceller- , pero nada de regalos. Lo quiero pagar". Pasaron unas semanas y el mismo diplomático se presentó para anunciar: "Señor ministro: a la puerta del Ministerio está el Buick que usted deseaba. Le sugiero un paseo a prueba". Carceller abandonó todos los asuntos y subió al coche. Terminada la prueba y encantadísimo de su Buick, dijo al norteamericano: "Me tiene que decir lo que le debo, pues quedamos que lo quería pagar". "Me debe 500 pesetas", replicó el norteamericano al indicar un precio simbólico con el cual deseaba congraciarse con el ministro Carceller. Acto seguido, éste sacó la cartera y alargó un billete de 1.000 pesetas. "No tengo cambio", se excusó el yanqui. "No importa –respondió el ministro- quédese con las 500 pesetas y envíeme otro Buick" fue la respuesta del ministro turolense.

     Así fue como se asentó la dinastía Carceller, una dinastía de gran poder económico que ha ido creciendo, año tras año, hasta la actualidad. De este modo, el patrimonio del político y empresario turolense, cimentado inicialmente en los negocios petrolíferos (CAMPSA, CEPSA), energéticos (Hidrocantábrico) y financieros (Banco Herrero), fue continuado por su hijo Demetrio Carceller Coll, mediante el control de la industria cervecera Damm, de la cual era presidente y el mayor accionista así como desde la presidencia del Banco Comercial Transatlántico (Bancotrans), del cual era propietario del 11 % de sus acciones, o su participación en Sevillana de Electricidad, empresa vinculada a Endesa.

     Pero la expansión de la dinastía Carceller alcanzó su cenit de la mano de Demetrio Carceller Arce, el "nietísimo" del ministro de Las Parras de Castellote y que, a fecha de hoy, es una de las fortunas más potentes de España. Su inmenso patrimonio se extiende desde sus participaciones en la Bolsa (que superan los 1.000 millones de euros), hasta un amplio conglomerado de empresas: la familia Carceller extiende su poderío económico por todo un holding empresarial del que forman parte la Sociedad Anónima Damm (presidente y máximo accionista con el 23 % del capital de la cervecera), así como empresas del sector petrolífero y energético como Disa Corporación Petrolífera, que controla la distribución de carburantes en las islas Canarias, en donde se halla domiciliada por cuestiones fiscales, así como CEPSA, Repsol, Atlántica Petrogas, Unión Fenosa, Gas Natural o Hidrocantábrico. El emporio se extiende igualmente al sector de las empresas constructoras e inmobiliarias: Demetrio Carceller Arce es propietario del 6,04 % de las acciones de Sacyr-Vallehermoso y fue uno de los impulsores del asalto protagonizado por esta constructora para hacerse con el control del BBVA; además, es miembro de los Consejos de Administración de diversas industrias del sector alimentario como es el caso de Ebro-Puleva e, incluso de otras empresas diversas como la dedicada a la producción de pinturas CIN-Valentine.

     Ciertamente, nadie sabe con certeza la cuantía del patrimonio de Demetrio Carceller Arce, cabeza visible de la fortuna amasada por la familia del político de origen turolense. Su nieto, austero, discreto, alejado siempre de los medios de comunicación, profundamente enraizado con la más selecto de la burguesía española a pesar de tener su residencia en Londres, es el símbolo de una familia poderosa que ha pasado durante muchos años desapercibida para el conjunto de la sociedad que desconoce su trayectoria y el poder económico acumulado desde los tiempos de su abuelo, aquel antiguo ingeniero textil embarcado más tarde en negocios petrolíferos, ministro franquista de Industria y Comercio en los años más duros de aquella España triste, hambrienta, autárquica y víctima de la inmisericorde represión por parte de los vencedores de una trágica guerra civil mientras que los adictos al régimen medraban en la política y la economía del franquismo.

   Esta es la breve historia de una familia, de la dinastía Carceller, una familia que no sufrió los rigores de la España del racionamiento y la pobreza, que se enriqueció al amparo de la dictadura franquista y que hoy es una de las mayores fortunas en la España democrática, una familia que, a buen seguro, tampoco sufrirá los efectos de la crisis económica global. Así es la vida, así es la historia de los poderosos.

          En estas fechas estivales se ha recordado con diversos actos el 90º aniversario del nacimiento de Primo Levi (1919-1987), escritor y pensador italiano, judío de origen sefardí, considerado el precursor de la literatura y la memoria histórica del Holocausto (“Shoah”, en hebreo).

La vida de Levi, un joven químico turinés integrado durante la II Guerra Mundial en el grupo partisano “Justicia y Libertad”, quedó marcada para siempre tras su paso por los campos de exterminio (“Lagers”) nazis. Capturado por la Milicia Fascista mussoliniana en diciembre de 1943, fue entregado al ejército de ocupación alemán para ser posteriormente deportado a Auschwitz, el más siniestro de los campos de exterminio hitlerianos, donde permaneció hasta la liberación del mismo por el Ejército soviético en enero de 1945. De los 650 judíos italianos (“piezas”, en la terminología nazi) que fueron deportados en el mismo convoy que Levi, sólo sobrevivieron cuatro personas.

El tremendo drama de la Shoah, vivido y sufrido por Levi, lo plasmó en su libro Si esto es un hombre (1947), una obra fundamental de la literatura contemporánea, una de las publicaciones más importantes del s. XX, la cual ha tenido múltiples ediciones en diversos idiomas y ha sido objeto de varias versiones radiofónicas y teatrales.

Ciertamente, en estas fechas en que se honra a Levi, resulta una lectura recomendable. He empleado la edición española (Barcelona, Muchnick Editores, 1987). Debemos de señalar, de entrada, que el libro no añade nada nuevo en lo referente a los detalles atroces que caracterizaban a los campos de exterminio nazis sino que, como Levi indica, el objeto de su obra  es “proporcionar documentación para el estudio sereno de algunos aspectos del alma humana” en situaciones límite como las que existían en Auschwitz. Y es que no había palabras para expresar lo que Levi denomina como “la destrucción del hombre”, el trato brutal al cual eran sometidos las prisioneros considerados como “infrahumanos” por los nazis (judíos, gitanos, eslavos), su explotación sistemática y cruel, su muerte programada con una frialdad y metódica precisión (Levi nos recuerda que, Auschwitz logró la “horrenda primacía” entre todos los campos de exterminio al lograr la enorme cifra de “24.000 muertos en un solo día en agosto de 1944”. Una frase del libro resume la destrucción física y anímica del ser humano a manos del nazismo: “hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegarse: una condición humana más miserable no existe, y no puede imaginarse”.

Levi distingue dos tipos de prisioneros: los “hundidos”, los que se desmoronan ante aquel inmenso cúmulo de sufrimientos, los que pierden toda capacidad de resistencia y acaban irremisiblemente en la cámara de gas y el crematorio, y los “salvados”, aquellos que con mayor fortaleza física y anímica, luchan a cada instante por sobrevivir. Muchos años después, Levi volvería a este tema en su libro titulado así, precisamente, Los hundidos y los salvados (1986).

A lo largo del libro se alude a diversos personajes y grupos de deportados: habla con emoción de los judíos griegos deportados de Salónica (admirables, tenaces y solidarios), muchos de ellos con seculares raíces que se remontaban a los judíos expulsados de Aragón en 1492; recuerda la llegada masiva de deportados húngaros durante la primavera de 1944, momento en el cual el diplomático zaragozano Ángel Sanz Briz intentaba desesperadamente salvar a la comunidad sefardí de Budapest. Con profunda emoción alude Levi a algunos presos que, en medio de aquel infierno, supieron mantener la dignidad humana, sobreponiéndose a tanta depravada deshumanización. Este fue el caso de “Lorenzo”, que salvó la vida de Levi y que “con su manera tan llana y fácil de ser bueno, que todavía había un mundo justo y fuera del nuestro, algo y alguien todavía puro y entero, no corrompido ni salvaje, ajeno al odio y al miedo”.

Es importante señalar que Si esto es un hombre es un libro incluido desde hace años en los contenidos didácticos del sistema educativo de Italia, destinado a la educación cívica de los escolares. Es por ello que, en 1976, Levi le incorporó un apéndice en el cual recogía las preguntas y respuestas más habituales que los estudiantes le fueron haciendo durante años en relación a la tragedia de la Shoah. En dicho apéndice trata temas como su rechazo a odiar a Alemania y los alemanes por sus crímenes, lo cual no supone que conceda un “perdón indiscriminado” hacia los culpables. Frente a los que maquillan la tragedia en base a teorías negacionistas y revisionistas afines al neofascismo, afirma que el pueblo alemán sabía que se estaba perpetrando un genocidio de inmensas proporciones y, por ello, lo considera “plenamente culpable”  ya que, “quien sabía no hablaba, quien no sabía no preguntaba, quien preguntaba no obtenía respuesta”. Alude también a la dificultad de huir y de efectuar  rebeliones masivas en los Lager (pese a que las hubo en Treblinka, Sobibor, Birkenau o el “ejemplo de extraordinaria fuerza moral” del levantamiento del guetto de Varsovia); analiza el odio fanático del nazismo para con los judíos, o el eterno dilema de los supervivientes entre olvidar la tragedia o recordarla para mantener viva su memoria. En este sentido, Levi es claro y contundente ya que nos recuerda que “meditar sobre lo que pasó es deber de todos”.

Tras reconocer que sin la dramática experiencia de Auschwitz el químico Levi es muy probable que nunca se hubiese dedicado a la literatura (que le hizo merecedor de varios premios y ser candidato al Nobel) y a la defensa de la memoria histórica, admite que sobrevivió porque tuvo suerte y voluntad, ya que pudo sustraerse a aquella “total humillación y desmoralización que condujo a muchos al naufragio espiritual”  y pudo seguir siendo un hombre, mantuvo su dignidad y valores.

Levi no fue un historiador, ni lo pretendió ser, fue un testigo que relata los hechos para que la memoria permanezca viva en las generaciones futuras. Por ello, sentó las bases del testimonio, ya que fue un pensador a partir del cual se empezaron a elaborar las teorías filosóficas y educativas en relación a la Shoah, el papel y la necesidad del testigo en la historia para que el lector tome conciencia de la barbarie fascista, lo condene y actúe cimentando la sociedad sobre los valores del respeto y la libertad. Es por ello que, como indica en el libro, utilizó “el lenguaje mesurado y sobrio del testigo; no el lamentoso lenguaje de la víctima ni el iracundo lenguaje del vengador: pensé que mi palabra resultaría tanto más creíble cuanto más objetiva y menos apasionada fuese; sólo así el testigo en un juicio cumple su función, que es la de preparar el terreno para los jueces: los jueces sois vosotros”.

Esa es la fuerza moral, el impulso ético y la necesidad de mantener siempre viva la memoria histórica. Por ello este libro lo siguen estudiando los escolares italianos porque, como pensaba Levi, sólo la educación cívica de la juventud será la mejor garantía para salvaguardar los valores democráticos y evitar en un futuro tragedias como la Shoah, Gernika, Sarajevo, Rwanda o tantas otras.

Por ello, 22 años después de su muerte, Primo Levi sigue vivo en la memoria y la lectura de Si esto es un hombre (y el estremecedor poema que da título al libro), es un buen homenaje para aquel judío italiano de origen sefardí que nos compromete en el permanente deber ético de la defensa de la memoria histórica y la dignidad humana frente a todo tipo de fascismo.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 24 agosto 2009)

En estos días, ha sido noticia la admisión a trámite de la querella presentada por el sindicato "Manos Limpias" contra el juez Garzón por su iniciativa de abrir una causa penal para investigar los crímenes del franquismo por medio del Sumario 53/2008 E de 18 de diciembre.

Bajo el irónico nombre de "Manos Limpias", se esconde un colectivo fundado en 1995 por Miguel Bernard, exsecretario general de Fuerza Nueva, que se define como "sindicato de ámbito independiente" y que afirma tener por objetivo hacer frente al "deterioro del Estado de Derecho", en el cual, por cierto, nunca han creído ni han defendido, bien al contrario, las mentes ultramontanas que se agrupan en "Manos Limpias". Por cierto, hasta su nombre es ofensivo y muestra su subconsciente retrógrado: ¿es que acaso la ciudadanía y la mayor parte de la clase política española contrarios a sus ideas ultras tenemos las manos sucias?. Ellos son los que ensucian las libertades que la democracia les concede cuando nunca han hecho nada para defenderlas y, por el contrario, han estado siempre cercanos a la ideología liberticida del franquismo.

"Manos Limpias" emponzoña cuanto toca, judicialmente hablando: en estos últimos años, han sembrado los juzgados de toda una serie de denuncias, querellas y recursos que indican bien a las claras la ideología que impregna este colectivo: desde las denuncias presentadas contra el Presidente Zapatero por haber iniciado un proceso de paz con ETA (que fue autorizado por el Parlamento, no lo olvidemos), hasta diversas querellas contra dirigentes nacionalistas (la de Juan Mari Atutxa fue la más sonada) u otras en defensa de la monarquía, la fe católica o la teoría conspiratoria en torno al 11-M, tema recurrente de la derecha política y mediática. Pero si algo ha caracterizado a "Manos Limpias" en estos últimos años ha sido su obsesión por procesar a Garzón y, tras múltiples querellas y denuncias contra el, a la dieciochoava vez, lo han conseguido y ésta ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo.

En el recurso de amparo de Garzón contra esta querella "por prevaricación", apunta los principales argumentos en defensa de su actuación en el Sumario 53/2008 por medio del cual pretendía abrir un proceso contra el franquismo y hacerse eco de las justas demandas de las víctimas y sus familiares, tema éste que tuvo una amplia repercusión política, judicial y ciudadana. De hecho, Garzón señala en su recurso cuestiones obvias cual son: que no hay indicios de delito en la apertura del Sumario, que no fue motivado por una actuación presuntamente injusta, que no hizo nada "esperpéntico" y, desde luego, que actuó con arreglo a la legalidad con objeto de lograr la necesaria protección de las víctimas con arreglo a la Ley 52/2007, de la Memoria Histórica.

Dicho esto, y ante la cruzada desatada contra el juez Garzón por la derecha política, judicial y mediática, creo oportuno recordar y defender su actuación en relación a tan polémico tema. Para ello, debemos recordar, en primer lugar, que la jurisprudencia y el derecho internacional amparan las actuaciones judiciales de Garzón en el proceso que intentó abrir contra los crímenes del franquismo ya que éstos, al tener la consideración de "crímenes contra la humanidad", son delitos vigentes a fecha de hoy pues no prescriben nunca, tal y como se recogen en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998. Por ello, la competencia de Garzón en este tema estaba plenamente justificada con arreglo al principio de "justicia universal" el cual debe abrirse paso en los ámbitos nacionales y, por ello, considero un grave un error político el reciente pacto PSOE-PP para restringir su actuación en esta materia por parte de los tribunales españoles: en un mundo globalizado, los valores y los principios de la justicia universal y el derecho penal internacional, también deben de ser de aplicación en cualquier lugar y circunstancia.

Por todo ello, releyendo de nuevo el Sumario 53/2008, me reafirmo en estas ideas y en la defensa de la actuación jurídica de Garzón, que, al margen del afán de protagonismo de que siempre se le acusa, lo cierto es que abrió un debate jurídico y social sobre un tema que hay que afrontar con valentía de una vez por todas: el proceso, todavía pendiente, a los crímenes del fascismo y la dignificación moral y también jurídica de todas sus víctimas, una deuda que todavía no ha saldado nuestra democracia constitucional.

En dicho Sumario, convertido en un documento fundamental de los delitos de estado cometidos por el franquismo, se señala, ya de entrada, la "existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de la Guerra Civil y los siguientes de la posguerra". En cuanto a los razonamientos jurídicos, éstos son calificados como "crímenes contra la Humanidad, en conexión con un delito contra Altos Organismos de la Nación y de la Forma de Gobierno" (p. 5), esto es, delito de rebelión contra el legítimo Gobierno republicano. Se trata por ello de "delitos permanentes, cuya comisión a efectos jurídicos son actuales" puesto que continúan miles de víctimas desaparecidas, asesinadas en multitud de fosas, y miles de niños, hijos de republicanos, fueron sustraídos a la fuerza de las manos de sus padres y entregados a otras familias adictas al régimen.

La magnitud de estos crímenes hace que Garzón apunte en el Sumario una cuestión jurídica de enormes efectos políticos: la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977 a este tipo de delitos cometidos por el franquismo. Como bien señala Garzón, los crímenes contra la humanidad son aquellos "actos punibles con independencia de la responsabilidad que pueda establecer el derecho interno, no son amnistiables" pues lo contrario sería conceder "una patente de impunidad" a éstos y a sus responsables.

Quiero acabar estas reflexiones en apoyo de la actuación de Garzón en este tema con dos párrafos recogidos del ya famoso Sumario 53/2008:

"España no es diferente a otros países de la comunidad internacional, ni puede serlo, cuando se trata del reconocimiento de delitos horrendos como los aquí enunciados y la necesidad y obligación de investigar y luchar contra la impunidad, y por ello está obligada, como los demás países a cumplir aquellas normas y jurisprudencia que le afectan en el marco jurídico internacional al que pertenece con trascendencia sobre el orden jurídico interno […] España está obligada y muy particularmente el Ministerio Fiscal y el órgano judicial competente. Obstaculizar la investigación, luego de la omisión durante años, sería contravenir flagrantemente aquellos artículos del Convenio Europeo"

Y es que, como concluye el Sumario, "los hechos son los que son y este instructor [Garzón] no los ha inventado". Por ello, la limpia actuación del juez Garzón, reconocida unánimemente por las asociaciones de la memoria histórica no merece ser desvirtuada por unas manos sucias, las manos de la rancia derecha, los nostálgicos de una dictadura, convertida en la página más negra y dramática de nuestra historia colectiva.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 6 junio 2009)

Los pasados días 25 y 26 de abril han tenido lugar en la localidad francesa de Oloron-Sainte Marie una serie de actos en recuerdo del 70º aniversario del final de la Guerra Civil Española y de la apertura del campo de concentración de Gurs, por donde pasaron 32.285 republicanos españoles y voluntarios de las Brigadas Internacionales y, más tarde, varios millares de judíos, los cuales serían deportados al campo de exterminio de Auschwitz durante el Holocausto (Shoah).

Durante esos días, tuve ocasión de compartir momentos de sentida emoción, recuerdo y homenaje al valor y al sufrimiento de quienes, como los republicanos españoles, los resistentes franceses o la comunidad judía, fueron víctimas de la barbarie fascista entre 1936-1945. Los actos, organizados conjuntamente por el Ayuntamiento de Oloron y las asociaciones Mémoire de l’Espagne Républicaine (MER) y l’Amicale du Camp de Gurs, supusieron un hito histórico en esta zona del Alto Béarn en donde los hijos y nietos del exilio republicano tienen una arraigada presencia desde el final de nuestra guerra civil. Y es que, además de una delegación de los lander alemanes del Sarre y Baden, así como de representantes de la comunidad judía de estas regiones germanas, era la primera vez que el recuerdo de lo que supuso el Campo de Gurs en la memoria del exilio republicano en el Béarn, contaba con una destacada presencia institucional española. Allí estaban Isidre Molas (vicepresidente del Senado y presidente del PSC), José Luís Tapia (Cónsul General de España en Pau) y Jesús Loza Aguirre (diputado del Partido Socialista de Euskadi y vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa) en representación del Parlamento Vasco. En la caso de Aragón, la delegación estaba encabezada por María Victoria Broto, consejera de Educación, Cultura y Deporte, Jaime Vicente Redón (Director General de Patrimonio Cultural), Pedro Salas (Director General de Acción Exterior) y el senador socialista alcañizano Ángel Lacueva.

En la tarde del 25 de abril tuvo lugar la colocación de una placa conmemorativa en la estación ferroviaria de Oloron en recuerdo de los republicanos españoles, brigadistas internacionales y judíos que allí llegaron  para ser internados en el Campo de Gurs. La ceremonia y los discursos tuvieron lugar bajo una lluvia constante, lo cual no impidió la asistencia de numeroso público acompañado de banderas republicanas, de asociaciones de antiguos combatientes de la Resistencia francesa y de vivas a la República Española.

Acto seguido tuvo lugar la inauguración de un conjunto de exposiciones agrupadas bajo el título “De la Guerra de España a la Shoah. 70º aniversario de la apertura del Campo de Gurs”. En la misma, también la presencia aragonesa es destacada: el Gobierno de Aragón está presente con una excelente exposición sobre “La Brigada Lincoln en Aragón” que incluye diversas fotografías del paso de los brigadistas norteamericanos por algunas poblaciones bajoaragonesas como Alcañiz, Alcorisa o Híjar. Por su parte, el Círculo Republicano de Jaca participa con una exposición sobre la sublevación de Jaca de diciembre de 1930 y documentación sobre los 400 asesinados por la represión fascista en la capital jacetana. Además, se pueden contemplar exposiciones bibliográficas relativas al Programa “Amarga Memoria” del Gobierno de Aragón, así como de la Fundación Bernardo Aladrén de UGT-Aragón o de la Fundación de Investigaciones Marxistas “José Antonio Rey del Corral” vinculada al PCA-PCE.

Otra exposición especialmente emotiva era la relativa al Campo de Gurs y a la deportación: en una vitrina, se podía contemplar el sombrío “pijama de rajas” de un judío deportado a Auchwitz el cual logró sobrevivir y que, en su silla de ruedas, estaba al lado de este triste recuerdo mostrando a un grupo de jóvenes su número de deportado tatuado en su brazo.

En los actos de Oloron, en medio de tantas emociones contenidas, coincidimos tres alcañizanos: además del senador Ángel Lacueva y yo mismo, estaba también Emilio Vallés, exiliado republicano y actual vicepresidente de l’Amical du Camp de Gurs y, al día siguiente, puede conocer al hijo de otro exiliado alcañizano apellidado Quílez Ibáñez, residente en la cercana localidad de Gan. Y es que, como decía Bernard Uthurry, alcalde socialista de Oloron, su cuidad debe mucho al “coraje” de todos los republicanos españoles que aquí lucharon contra la ocupación nazi y que, tras la liberación, se establecieron en la acogedora ciudad oloronesa.

No menos emotivos fueron los actos que tuvieron lugar al día siguiente en el Campo de concentración de Gurs. Seguía lloviendo como si el cielo quisiera unirse a las lágrimas que recorrían nuestras mejillas mientras se realizaban las ofrendas florales y los minutos de respetuoso silencio ante los monumentos a los prisioneros republicanos de Euskadi y  al de los republicanos españoles y los brigadistas internacionales situado en un ala del Cementerio Judío de Gurs. Ciertamente, como me decía Bernard Uthurry, “con lluvia o con sol, en Gurs siempre se siente la misma emoción”.

El acto final tuvo lugar ante el monumento a los deportados judíos, rodeado por las tumbas de los 1.073 hijos de Israel que allí reposan. Cubiertas en señal de respeto nuestras cabezas con el kipá ritual, un rabino recitó los tristes sones de un kadish, la oración fúnebre judía, en memoria de todas las víctimas de la barbarie nazi. El dolor y la memoria ante tanto sufrimiento nos hermanaba a todos los allí presentes: republicanos españoles, resistentes franceses y judíos. Algunos de los antiguos “gursiens” habían venido de distintos puntos de Europa e, incluso, de Canadá, para estar presente en este acto.

En los discursos finales, no sólo se recordó lo que supuso el nazismo como encarnación del “mal absoluto”, sino que, enlazando con el presente, se alertó de que en tiempos de crisis como los actuales, están rebrotando actitudes xenófobas, racistas y antisemitas. Resulta alarmante la involución de los derechos civiles en países democráticos como Italia o la misma Francia: en ésta última, “el país de los derechos del hombre”, y símbolo universal de la libertad, como consecuencia de las regresivas políticas inmigratorias de Sarkozy, se está planteando el penalizar con 5 años de cárcel y una sanción de varios miles de euros, a todo ciudadano francés que acoja o proteja a un “sin papeles”, esto es, a un inmigrante no regularizado.

Como vemos, la eterna lucha por la libertad, la igualdad, la justicia y el progreso social, la misma lucha por la que se batieron los republicanos españoles, sigue vigente mientras existan opresiones e injusticias de todo tipo que combatir. Esa es la lección de la historia y la memoria de Gurs, ayer, hoy y siempre.

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 3 mayo 2009)

En un momento en que el debate de la memoria histórica está de plena actualidad, en medio de las pugnas jurídicas y el debate político y social que ha generado en la sociedad española, ha entrado también en escena la jerarquía eclesiástica con unas declaraciones lamentables. El pasado 24 de noviembre, el cardenal Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, se opuso con una actitud tan cínica como hipócrita, a la necesaria recuperación de la memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo al señalar que, “a veces, es necesario saber olvidar” en lo que él denomina, haciendo gala de una doble moral, de “una auténtica y sana purificación de la memoria”.

Debe quedar claro que, bajo ningún concepto, resulta aceptable que la Iglesia, que nunca aceptó la República laica de 1931, que apoyó con entusiasmo la sublevación fascista, que sacralizó el golpe militar calificándolo de “Cruzada”, que legitimó la dictadura franquista, que silenció sus crímenes, que tantos privilegios obtuvo del régimen y que nunca ha tenido la valentía de pedir perdón  por su responsabilidad y connivencia con la represión desatada durante cuatro décadas por el franquismo, nos pida a todos los ciudadanos, creyentes o no, que olvidemos nuestra memoria histórica reciente. Esto no es sino una amnesia selectiva ya que, mientras Rouco nos pide el olvido para las víctimas republicanas, la Iglesia sigue promoviendo procesos de beatificación de las víctimas de la persecución religiosa, ciertamente abominable, desatada como consecuencia del golpe fascista de julio de 1936. Pero, también en esto la Iglesia tiene una memoria selectiva pues nunca ha honrado a los sacerdotes nacionalistas vascos o a los dirigentes de Unió Democrática de Catalunya, católicos todos ellos…pero asesinados por los franquistas por sus convicciones democráticas, nacionalistas y por haberse opuesto a la sublevación militar. Rouco nos pide un olvido de la memoria, pero miles de iglesias españolas siguen teniendo en sus fachadas, como recuerdo permanente e hiriente de la contienda, las lápidas de “Caídos por Dios y por España”.pese a lo dispuesto en la nueva Ley de la Memoria Histórica.

Por todo ello, bueno sería que Rouco y el resto de la jerarquía católica leyese el sobrecogedor Sumario 53/2008E del juez Garzón del pasado 18 de noviembre. A lo largo de sus 152 páginas, una muy fundada argumentación jurídica y un denso acopio de jurisprudencia, ponen de manifiesto el carácter de “crímenes contra la humanidad” cometidos por el franquismo, los cuales no sólo nunca fueron denunciados por la Iglesia, sino que, en ocasiones, tuvo una colaboración activa y directa en algunos de estos delitos.

Una parte destacada del Sumario 53/2008E está dedicada a “los niños perdidos del franquismo”, esto es, a la “sustracción o eliminación de custodia sobre los hijos de las madres republicanas”, proceso en el cual determinadas instituciones eclesiásticas tuvieron un papel destacado. Hay que recordar que la Declaración de Condena de la Dictadura Franquista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006, dedicó varios puntos a esta cuestión, señalando que, “varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a Instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación” (Punto 73).

Igualmente, se ofrecen datos sobre el secuestro de niños de familias republicanas por parte del Servicio Exterior de Falange en diversos países europeos; sobre el funcionamiento de la Prisión de Madres Lactantes, donde los hijos de presas republicanas eran separados de éstas, en muchas ocasiones de forma definitiva, cuando los niños cumplían los 3 años; sobre la desaparición en 1944 de un centenar de niños en la prisión vizcaína de Saturrarán, arrrancados de sus madres por parte de los funcionarios y las religiosas allí destinadas. Se alude a la numerosa normativa “legal” del régimen sobre la “tutela” de niños republicanos, cuyo número se cifra en 12.042 a la altura de 1944 (7.538 de ellos internados en centros religiosos) que llegaron a ser 30.960 en la década 1944-1954, dependiendo del Patronato San Pablo, adscrito al Ministerio de Justicia. Muchos de ellos fueron entregados en adopción y nunca se devolvieron a sus verdaderos padres. El Sumario de Garzón, nos ofrece también datos sobre cómo determinados sacerdotes, como fue el caso de Juan A. Gordio, capellán de la Casa Cuna Provincial de Sevilla, alteraban los datos de las partidas de nacimiento de niños de familias republicanas para que pudieran ser adoptados por familias adictas al régimen. Se llega a aludir a casos de apropiación de niños en el mismo momento del parto, tal y como refleja el testimonio de Emilia Girón: “lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron…tú estás pariendo, viene un matrimonio que no tiene hijos y quiere reconocerlo, te lo quitan y lo llevan y nada más” (p. 64).

Dramáticos resultan los testimonios recogidos por Fr. Gumersindo de Estella, capellán en la prisión zaragozana de Torrero referentes a la “sustracción de hijos de mujeres presas por religiosas, sin autorización de las madres”, o el caso de las presas embarazadas como consecuencia de violaciones a las que, como señala Garzón, “se mantenía con vida hasta el alumbramiento e inmediatamente después eran ejecutadas. Los hijos eran entregados a centros religiosos o del Estado a pesar de que las madres, antes de morir, se habían negado explícitamente a ello” (p. 65).

En todos estos hechos criminales, en la sustracción de niños, en la falsificación de partidas de nacimiento y bautismo, tiene una profunda responsabilidad la Iglesia de la posguerra. Por ello, miles de niños fueron separados de forma dramática de sus padres y se criaron en familias adoptivas, al igual que ocurrió en la dictadura argentina de los años 70. Por todo ello, el texto de Garzón interpela a nuestras conciencias al señalar que, “olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos” (p. 74).

Por todo ello, si Rouco leyese en su integridad el Sumario 53/2008E, tal vez se estremeciese su habitual hieratismo y, superando su patológica amnesia interesada, empezase a reconocer y pedir perdón por el papel desempeñado por la Iglesia en la represión franquista. Y es que tanto dolor y tantas víctimas, muchas de ellas todavía yacentes en fosas comunes, no se supera con el olvido intencionado y cómplice que Rouco predica, sino con información, verdad, reparación y educación ciudadana para las nuevas generaciones. Esta si que sería una actitud verdaderamente cristiana pues, como nos recuerda Jesús de Nazaret, “la verdad os hará libres”, que, en este caso, supondría una auténtica liberación del sufrimiento y el dolor, de odios y rencores acumulados durante décadas y que ha llegado el momento de superar, no desde el olvido, sino desde la memoria, la verdad y la dignidad para con las víctimas, con todas las víctimas. Y esta si que es, cardenal Rouco, y no la suya, una actitud verdaderamente evangélica.

José Ramón Villanueva Herrero

(La Comarca, 2 diciembre 2008 ; Diario de Teruel, 7 diciembre 2008)

        El pasado 19 de junio, un grupo de supervivientes españoles del Holocausto nazi presentaba en la Audiencia Nacional una querella penal para solicitar a los Estados Unidos la entrega de cuatro criminales nazis para ser juzgados por los tribunales españoles bajo la acusación de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Esta querella, redactada por el Equipo Nizkor (palabra hebrea que significa “Recordemos”), un colectivo de juristas y especialistas en defensa de los derechos humanos, fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional y supone, de hecho, que España es el primer país del mundo en investigar crímenes nazis contra la humanidad desde los famosos juicios de Nüremberg de 1946. Este hecho histórico, importante avance a favor del ejercicio de la Justicia Universal contra los crímenes de genocidio y lesa humanidad, se concreta en la referida querella contra cuatro integrantes de la organización criminal SS-Totenkopf-Sturmbann (“El Batallón de la Calavera”) llamados Johan Leprich, Antón Tittjung, Josias Kumpf y John (Iwan) Demjamjuk, los cuales ejercieron su siniestra labor en los campos de exterminio nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flössenburg, en las que fueron asesinados varios miles de republicanos españoles.

Sin ser especialista en materia judicial, me ha resultado muy interesante la lectura del Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, del cual es titular el juez Ismael Moreno. En el mismo, se destaca la competencia de la Justicia española en este caso dado que se trata de delitos de genocidio y lesa humanidad previstos en los arts. 607 y 607 bis del Código Penal (CP) realizados mediante la práctica sistemática de torturas (arts. 173 y siguientes del CP). Estos delitos se fundamentan igualmente en el “principio de legalidad” aplicable a los delitos internacionales (Convenio sobre prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 (ratificado por España en 1968), o el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (ratificado por España en 1977).

Amparado en el “principio de justicia universal” recogido en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se reconoce la jurisdicción universal para, entre otros, el delito de genocidio, con el único límite de “cosa juzgada”. Para ejercer la justicia universal, se argumenta jurídicamente que, “sin género de dudas”, el delito denunciado es un “genocidio”, así como que existan “indicios serios y razonables de la inactividad judicial” en el país en el que se cometieron estos delitos que vinieran a acreditar una falta, ya de voluntad, ya de capacidad, para la persecución efectiva de los crímenes. En este caso, tal y como señala el Auto del juez Ismael Moreno, “en modo alguno aparece que se hayan ejercitado las correspondientes acciones judiciales en el territorio donde los hechos se han producido”. Hay que señalar también que, como señala el Auto, tampoco puede considerarse un “ejercicio abusivo del derecho” como lo sería si en la querella existiese una “absoluta ajeneidad del asunto o por no acreditar los querellantes interés directo o relación con los hechos denunciados”, extremos éstos que, obviamente, no se dan en este caso.

Hay que tener también presente que la Corte Penal Internacional (CPI) vinculada a la ONU, resulta inoperante en este tema dado que no puede juzgar estos delitos, pues tiene competencia únicamente para los cometidos desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma la CPI (1998).

Consecuentemente, admitida a trámite la querella, reconocido el carácter de genocidio del delito y en base a la aplicación del principio de extraterritorialidad de la ley penal dada la existencia de víctimas españolas, se ha iniciado un proceso de dignidad y justicia: dignidad para las víctimas (a las que por vez primera se les reconoce la condición de tales), y de justicia para lo que supuso la barbarie nazi.

Esta querella, independientemente de su resultado final, supone un suceso procesal inédito en España cual es la investigación de los crímenes del nazismo, proceso que, en un comunicado conjunto fechado el 30 de junio, ha recibido el apoyo de más de 60 organizaciones de víctimas. De hecho, la querella significa un innegable reconocimiento jurídico para con las víctimas españolas del nazismo durante la II Guerra Mundial. Tal es así que, como señala dicho comunicado, “es un claro avance en el tratamiento jurídico de los crímenes graves ante la jurisdicción ordinaria y significa un signo de esperanza para todas las asociaciones que viene defendiendo la aplicación del derecho internacional para los crímenes que afectaron a ciudadanos españoles, tanto por parte del nacionalsocialismo, como del fascismo y del franquismo”. Por su parte, el comunicado critica la Ley de Memoria Histórica que declara “legales las leyes franquistas que consolidaron la exclusión legal de estas víctimas del sistema del derecho de gentes europeo” y aprovecha para recordar la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad así como su aplicación retroactiva con arreglo a la Decisión de la Sección Cuarta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de enero de 2006 y las resoluciones 3 y 95 de la Asamblea General de la ONU de 1946.

Por todo lo dicho, el comunicado concluye de forma rotunda y contundente: “No hay ninguna razón procesal, ni de fondo, para que el Estado Español no haga frente a sus obligaciones ante el derecho internacional y ante las víctimas españolas del régimen nazi y solicite la entrega formal a los EE.UU. de los criminales para ser puestos a disposición de la justicia”.

Tal vez, al final del proceso, se consiga, siquiera sea en parte, el deseo de David Moyano, uno de los querellantes y superviviente de Mauthausen: “antes de morir quiero ver cómo los tribunales hacen justicia con los españoles asesinados en el Holocausto”.

Una noble causa, un reto y un deber moral para las autoridades y la Justicia española, así como para el pleno desarrollo de una justicia universal que defienda con valentía los derechos humanos y persiga los crímenes de genocidio y lesa humanidad independientemente del lugar en el que éstos hayan sido cometidos.

 (La Comarca, 12 septiembre 2008 ; Diario de Teruel, 15 septiembre 2008)

Mucho se está hablando estos días del Auto del juez Baltasar Garzón del pasado 28 de agosto para elaborar un censo de las víctimas del franquismo, de los republicanos desaparecidos desde el golpe militar del 18 de julio de 1936 hasta el final de la dictadura. Ante esta decisión valiente de Garzón, auténtico agitador de conciencias cívicas, permanente defensor de la causa de los derechos humanos, ha bramado de nuevo con su habitual saña la derecha política, sociológica y mediática con sus manidos argumentos de siempre, lo cual ha obligado a Garzón a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial en demanda de “protección y defensa de la independencia judicial”.

En un brillante artículo de Manuel Rivas titulado “Garzón, Antígona y la memoria histórica” (El País, 7 agosto 2008), aludía a esa “amnesia retrógrada” que caracteriza a la derecha española, cuyos síntomas son su beligerancia contra el proceso de recuperación de la memoria histórica, su oposición a la exhumación de las víctimas de la represión franquista, así como su desinterés hacia el exilio republicano y su absoluta indiferencia a honrar a los luchadores de la resistencia contra la dictadura o a los muertos españoles en los campos de exterminio nazis. Por ello, si la derecha española desea de caminar realmente hacia el centro político, entre otras cosas, debería de dar un paso moral en apoyo de la dignificación de la memoria de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, un paso que todavía no ha tenido la valentía de dar…y que todos esperamos.

        Frente a esta “amnesia retrógrada” de la derecha española, con excesivos lastres de un pasado en su bagaje político, se opone la decisión de Garzón y su Auto judicial en el cual solicita información sobre la “desaparición de personas a partir del 17 de julio de 1936 y que continúan hasta el día de hoy” con objeto de elaborar el referido censo de víctimas del franquismo a diversos organismos y entidades tales como el Archivo General de la Administración, la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial, a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, así como al Rector de la Universidad de Granada, a los cuales se les solicita el nombre de las personas allí enterradas, las “circunstancias y hechos que concurrieron en estos enterramientos masivos”, la fecha de los mismos, así como si las muertes constan anotadas en algún registro público. Igualmente, Garzón recaba documentación al Centro Documental de la Memoria Histórica, al Ministerio de Defensa, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a la Conferencia Episcopal Española, “para que comunique a todas y cada una de las parroquias de España que deberán permitir el acceso a la Policía Judicial”, así como a las personas responsables de las exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas “a fin de que dichas exhumaciones puedan ser controladas por este Juzgado". Este Auto del juez Garzón supone, sin duda, un paso tan valiente como importante en relación con la forma futura de afrontar esta triste página de nuestra historia colectiva.

Resulta innegable que esta decisión, repito que valiente, del juez Garzón, se hace eco de las demandas presentadas por la Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, la Asociación “Fòrum per la Memòria del País Valencià”, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, la Comisión pola Memoria Histórica do 36 de Ponteareas y la Confederación General del Trabajo (CGT) que, ante las carencias y limitaciones de la Ley de la Memoria Histórica, han puesto su confianza en que la justicia les ofrezca, no tanto una depuración de responsabilidades por estos crímenes, que es prácticamente imposible, sino que, se conozca de forma transparente esta tragedia fraticida y, al menos, poder tener el elemental derecho de enterrar dignamente a sus muertos, muchos de ellos yacentes, todavía, en multitud de fosas comunes.

La decisión de Garzón, que tanto ha indignado a la derecha, se halla no obstante amparada por la nueva doctrina jurídica del Tribunal Penal Internacional que permite investigar, perseguir y condenar los crímenes contra la humanidad y, no lo olvidemos, los cometidos por el franquismo insurrecto durante la guerra civil y la posterior dictadura, tienen esta consideración jurídica, pese a que la amnistía de 1977 diese cobertura legal a “todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado”.

 Por ello, una mayor conciencia de la necesidad de ejercer la justicia universal, esto es, la legislación penal internacional (que España asumió en 1985), resulta de capital importancia para evitar la comisión de estos crímenes, los cuales son, por ley, imprescriptibles. Sonados fueron los procesos que, desde esta perspectiva legal, se incoaron contra el dictador chileno Pinochet, impulsado también por el juez Garzón, o los que han juzgado los recientes genocidios cometidos en Rwanda o en la antigua Yugoslavia, sin olvidar los procesos abiertos contra Marruecos por la represión del pueblo saharaui o contra el intocable régimen chino por su absoluto desprecio por los derechos humanos, tal y como se ha puesto de manifiesto en el Tíbet, un país que próximamente cumplirá el triste aniversario de llevar 60 años de ocupación por la dictadura china.

Independientemente del resultado final de estos procesos judiciales, como el que acaba de iniciar el juez Garzón, el sólo hecho de incoarse, ya supone ya una auténtica lección moral, una actitud ejemplarizante por parte de una justicia, valiente y comprometida. Este despertar de la conciencia cívica pretende defender, con profunda convicción, los valores y la dignidad humana, y por ello, combatir frontalmente delitos tan abyectos e imprescriptibles, siempre imprescriptibles, como lo son los crímenes de guerra, de lesa humanidad o el genocidio, se cometan donde se comentan... también en España. Ciertamente, la decisión de Garzón es toda una llamada de atención a las Administraciones Públicas y a la Iglesia ante una cuestión dolorosa, pero de absoluta justicia.

En un mundo globalizado, la justicia y la legislación penal no pueden quedar limitadas por las fronteras, deben ser universales, como lo son el conjunto de valores que conforman toda  sociedad libre y democrática que se precie. Y, como ejemplo, ahí está el caso, también reciente, de la querella presentada en la Audiencia Nacional por parte de varios supervivientes republicanos españoles para procesar a cuatro criminales nazis al amparo de la legislación internacional en materia de derechos humanos, genocidio y crímenes contra la humanidad, tema éste al que nos referiremos en un nuevo artículo.

(La Comarca, 9 septiembre 2008)

Era mediodía y apretaba el sol aquel 17 de julio de 1944 en el pequeño pueblo de Buziet situado en el valle pirenaico de Ossau, en la Francia entonces ocupada por el ejército alemán. Los nazis buscaban a un grupo de guerrilleros republicanos españoles responsables de diversas acciones de guerra y sabotaje contra las tropas hitlerianas: los SS rodearon Buziet, sitiaron la casa en donde se refugiaban los republicanos españoles y, tras más de tres horas de combate, asesinaron a 14 compatriotas nuestros, saquearon el pueblo casa por casa y fusilaron a varios vecinos tanto de Buziet como del pueblo cercano de Buzy.

Estos trágicos hechos nunca se han olvidado en Buziet, pueblo por cierto que limita con Louvie-Juzon, localidad en la que estuvo exiliado el republicano turolense Víctor Pruneda en 1856.  Aunque de los crímenes cometidos en Buziet han pasado 64 años, desde aquel trágico 17 de julio de 1944, todos los años tiene lugar un homenaje cívico a los guerrilleros republicanos españoles y a las víctimas civiles asesinadas allí por los nazis. Este año, dicho acto tuvo lugar el sábado 19 de julio y contó con la presencia de numerosas autoridades civiles, militares, así como con la representación de 22 banderas de la ANACR (Association des Anciens Combattants de la Résistance) de otras tantas localidades bearnesas de la zona.  La jornada se inició con una ofrenda floral en el cementerio de Buzy en las tumbas de las víctimas civiles. Posteriormente, en la pequeña iglesia de Saint-Justin de Buziet, tuvo lugar un oficio religioso, muy emotivo y lleno de solemnidad en recuerdo de los republicanos españoles. Durante toda la ceremonia, las banderas de la ANACR, arropando a una bandera tricolor republicana, ocuparon un lugar preferente en el altar: ciertamente resultaba inimaginable que un acto así, con una bandera republicana presidiendo un altar, pudiera tener lugar en España. Más tarde, el portador de esta última, francés e hijo de un republicano español (de Vélez-Málaga), me habló del orgullo con que portaba aquella tricolor, que él “llevaba en el corazón”, una bandera por la cual fue fusilada su abuela, una bandera que llevó a su padre al exilio.

Acto seguido tuvo lugar una ofrenda floral en el cementerio de Buziet ante la tumba colectiva donde yacen los 14 republicanos españoles asesinados por los nazis. En medio de un emotivo silencio, se fueron pronunciando, uno a uno, los nombres de nuestros compatriotas, que eran los siguientes: Diego Carrión, Francisco Amado, Andrés Piniés, Ángel Andrés, José Ferrando, Francisco Giménez, Gregorio Gil, Antonio Felipe, Antonio Ruenes, Antonio Carmona, Benjamín Zaragoza, Agapito Sotomayor, Antonio Fernández y Adolfo Villanueva. En su tumba colectiva se puede leer “Guerrilleros españoles, brazo armado de Unión Nacional. Muertos por la libertad y la fraternidad franco-española”, tumba que, como cada año, quedó cubierta por una gran bandera republicana, junto a las coronas de flores de las asociaciones Mémoire de l’Espagne Républicaine y de Les Amis de la Résistance-ANACR y de otra con una hermosa dedicatoria: “Ensemble pour la Paix”.

Durante este acto, tuve ocasión de conocer a descendientes de exiliados republicanos vascos, madrileños, andaluces y de otros lugares. Pude saludar a Carmen Villalba que, a sus 96 años y con la insignia tricolor en su vestido, era la más anciana de los asistentes, fiel, año tras año, a la ceremonia de Buziet.

El emotivo homenaje concluyó con otra ofrenda floral ante el Memorial de los Guerrilleros, situado en la aledaña plaza, llamada por ello “du 17 de julliet de 1944”. El “Himno del Partisano” y los briosos sones de “La Marsellesa” resonaron con fuerza en Buziet recordando a estos republicanos españoles, asesinados hace ya 64 años y que, desde entonces, en esta fecha, y con tal motivo, reúne en Buziet con tal motivo familiares, amigos, asociaciones y autoridades para honrar a las víctimas de la lucha contra el nazismo.

Al día siguiente, el 20 de julio, se recordaba en toda Francia el “Día Nacional en memoria de los crímenes racistas y antisemitas del Estado Francés”, esto es, los cometidos por el régimen pro-nazi del general Pétain durante la II Guerra Mundial, algo así como si en España se dedicase un día a la memoria de las víctimas de la dictadura franquista. Con este motivo, asistí al acto organizado en el antiguo campo de concentración de Gurs en homenaje a los judíos franceses perseguidos, deportados y asesinados por el régimen de Vichy y las fuerzas de ocupación alemanas. Destacable fue la intervención de Laurence Mazza-Poutet, representante de la Comunidad Judía de Pau, así como las oraciones recitadas por un rabino en el Cementerio Israelita de Gurs, ante más de un millar de tumbas de hermanos judíos que allí reposan.

Entre la emoción y el recuerdo de la Shoah, del Holocausto, también me volví a encontrar con algunos de los asistentes el día anterior a los actos de Buziet, como Carmen Villalba, que estuvo 27 meses presa en Gurs entre 1941-1943 y que, al salir del campo, a sus 31 años, sólo pesaba 35 kilos. También pude conocer a Virgilio Peña, veterano militante comunista que, con 95 años, mantiene una admirable vitalidad y lucidez. Natural de Espejo (Córdoba), combatiente del Ejército Republicano, miembro de la Resistencia en Francia, fue apresado en 1943 y enviado al campo de exterminio nazi de Buchenwald, al cual sobrevivió: no tuvo tanta suerte su hermano que murió en Mauthausen. Conocí también a Béatrice García, pariente de Adrián García Ramos, un histórico dirigente del PSOE en el exilio,  y responsable de la asociación Mémoire de l’Espagne Républicaine. Las conversaciones con todos ellos giraban siempre en torno a los mismos temas: la necesidad de recuperar el legado del exilio republicano y la aspiración futura al advenimiento de la III República. No faltaron tampoco las críticas a la Ley de la Memoria Histórica por sus evidentes carencias y limitaciones.

El encuentro con resistentes franceses, veteranos republicanos españoles y la comunidad judía me reafirmó en la importancia de mantener siempre viva la memoria histórica como garante de los valores civiles y baluarte contra los que, siempre desde la derecha, pretenden silenciar y manipular determinadas páginas de nuestra historia. Por ello, los actos de Buziet y Gurs fueron toda una lección de ejercicio cívico de la memoria histórica, todo un ejemplo para los que creemos que, como decía Sixto Agudo, “hay que olvidar el rencor, pero no la Historia”.

(Diario de Teruel, 10 agosto 2008)

(La Comarca, 15 agosto 2008)

El pasado 8 de Mayo se celebró en varios países europeos el Día de la Victoria en recuerdo del triunfo de los aliados frente a las potencias nazi-fascistas en la II Guerra Mundial. Este mismo hecho, que en la Rusia heredera de la  URSS y en otros países del antiguo bloque soviético se conmemora el día 9, responde al sagrado deber de recordar el significado de la victoria frente al Eje liderado por la Alemania nazi, la encarnación del mal absoluto, la barbarie uniformada, la culpable de conducir a la Humanidad a la más devastadora guerra conocida, la cual ocasionó una inmensa secuela de destrucción y casi 62 millones de muertos.

El el combate contra el fascismo, los exiliados republicanos españoles escribieron páginas memorables, reanudando la misma lucha que habían iniciado unos años antes en defensa de la República contra el brutal embate de los militares insurrectos. Los llamados « rojos españoles » combatieron en todos los frentes y bajo todas las banderas, sumándose a grupos guerrilleros antifascistas o bien alistándose en los ejércitos aliados. Desde Narvik (Noruega) a Camerún y Níger ; desde Chad hasta los desiertos africanos de Egipto, Libia, Túnez o Argelia en donde lucharon en las unidades del VIII Ejército británico de Montgomery, en la Legión Extranjera de la Francia Libre y hasta en las fuerzas de los EE.UU; desde las playas de Normandía (en donde desembarcaron 3.000 españoles encuadrados en la División Leclerc) hasta la inmensa URSS, combatiendo en los frentes de Leningrado, Moscú, Stalingrado o el Caúcaso, los españoles lucharon con coraje, enarbolando la bandera republicana, la bandera de la libertad frente al fascismo.

Pese a todo lo dicho, fue en la vecina Francia, en la Francia derrotada por la máquina militar hitleriana en 1940, donde la actuación de los combatientes republicanos españoles fue más destacada. De hecho, más de 20.000 compatriotas nuestros participaron en la la liberación de Francia encuadrados en las Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), a través de la Agrupación de Guerrilleros Españoles (AGE) afín al PCE o de los combatientes de la Agrupación Democrática Española (ADE), mayoritariamente anarquistas y socialistas. Además, se estima en unos 60.000 los españoles que participaron de forma activa en la Resistencia : sólo en la ciudad de París, se cifraban en torno a 4.000 el número de los resistentes republicanos antifascistas. Recordemos que los primeros blindados de la famosa IX Compañía del Regimiento del Chad, mayoritariamente compuesta por españoles, de la II Divisón Leclerc que liberaron París, llevaban las banderas tricolores en sus torretas y los nombres de batallas de nuestra guerra civil pintados en sus blindados como «Teruel », « Belchite », « Madrid », « Jarama », « Ebro », « Gernika », « Guadalajara », « Brunete » o « Don Quijote », este último llamado asi, según Federico Moreno, jefe de sección de « la Nueve », como era conocida popularmente esta unidad militar, « por ser el papel que estamos desempeñando nosotros [los republicanos] desde que salimos de nuestra tierra ».

Además de la participación de nuestros compatriotas en los combates para la liberación de París, Toulouse, Burdeos, Nantes, Rennes, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble o Marsella, debemos recordar el decisivo papel desempeñado por los antifascistas españoles en la liberación del sur de Francia durante el verano de 1944. Fueron ellos los que arrebataron a los nazis toda la zona pirenaica francesa sin necesidad de intervención militar aliada : republicanos españoles fueron los liberadores de multitud de ciudades y pueblos del sur de Francia, en ocasiones, tras derrotar a importantes contingentes de tropas nazis, tal y como ocurrió en la batalla de La Madelaine (22 agosto 1944).

A modo de ejemplo, aludamos a lo ocurrido en el valle francés de Aspe, que se extiende desde el puerto del Somport hasta la ciudad de Oloron-Sainte Marie. Aunque incialmente se hallaba en el territorio del État Français, el régimen pronazi de Vichy, fue invadido en noviembre de 1942 por las tropas hitlerianas, por lo que quedó integrado en la llamada « área vedada » que discurría a lo largo de la frontera franco-española. En el valle de Aspe, los combates entre petainistas y nazis frente a los maquis españoles fueron constantes durante estos años, logrando de éste modo los republicanos, no sólo liberar las principales poblaciones del valle como Bedous, sino obtener la rendición de la guarnición nazi del Fort du Portalet, en las cercanías de Urdos.

El heroísmo de los republicanos regó con su sangre la libertad de los valles pirenaicos franceses limítrofes con Aragón. Testigos de todo ello son los monumentos que en honor de los españoles muertos por la libertad de Francia se levantan en Lhées-Athás, Etsaut u Oloron. En esta última población, el Monumento a la Resistencia y a la Deportación está plagado de mártires de la libertad con apellidos españoles como Arbués, Duaso, Galarza, Larraz, Regueiro, Sánchez, Soguero, Fontán o Herrer. Lo mismo podemos decir de los aragoneses que yacen en el cercano cementerio republicano del Campo de Concentración de Gurs, en el de Lurbe-Saint Christau,  o los 17 españoles asesinados por los nazis en Buziet, en el cercano valle de Ossau en julio de 1944, en cuyo memorial tiene lugar todos los años una ceremonia de recuerdo y homenaje. Son sólo unos ejemplos, no todos, del testimonio dejado por nuestros compatriotas en la lucha contra el fascismo en un valle pirenaico francés, al igual que ocurrió a lo largo de todo el territorio galo durante la II Guerra Mundial. Como recordaba Roy-Tanguy, dirigente del PCF, exbrigadista en la Guerra de España y jefe de la insurrección parisina contra la ocupación nazi, en más de 50 departamentos, « los combatientes españoles formaron valerosas unidades de la Resistencia francesa », razón por la cual, añadía, « no hay una gran ciudad en esos departamentos, y en primer lugar en París,  que no tenga una deuda de reconocimiento hacia esos hijos y esas hijas de España ».

A todos ellos, en estos días en que la fiesta del 8 de Mayo celebra la victoria aliada, debemos también recordarlos pues ello, es otro capítulo más de nuestra memoria histórica colectiva que debemos no sólo recuperar sino, también, dignificar por su ejemplo y sacrificio para las generaciones futuras. A estos combatientes republicanos que lucharon, murieron y yacen en tantos países distintos, José María Valente los recordaba así : « No reivindicaron más privilegio que el de morir, para que el aire fuera más libre en las alturas, y más libres los hombres ». Por ello, cuando se acaban de cumplir 63 años de aquel 8 de Mayo de 1945 que liberó a Europa (que no a España) del fascismo, debemos recordar siempre con emoción, orgullo y dignidad a nuestros compatriotas, a nuestros combatientes republicanos españoles.

José Ramón Villanueva Herrero

(La Comarca, 13 mayo 2008)

(Diario de Teruel, 14 mayo 2008)

Un año más, nos reunimos el 1º de Mayo con emoción, orgullo y dignidad, familiares, amigos y compañeros para honrar a los mártires de la libertad que fueron asesinados en los Pozos de Caudé.
Mientras nuestras banderas tremolan al viento, en nuestros corazones palpitan con fuerza los ideales republicanos de libertad, justicia y emancipación social, los mismos ideales por los que murieron nuestros familiares, amigos y compañeros, víctimas de la barbarie fascista.

El mantener viva la memoria de nuestro pasado, por triste y trágico que este sea, el derecho y el deber de recordar, es en sí mismo un acto revolucionario. Y lo es porque nos hace recordar nuestras raíces personales, políticas y sindicales, nos reafirma en ellas y, consecuentemente, nos compromete con nuevos bríos en la tarea de la transformación social, el ideal de todos los trabajadores conscientes que hoy, 1º de Mayo, hacemos oír nuestra voz y nuestras demandas en todo el mundo para anticipar un futuro en el que la Tierra sea, de verdad, la patria común de la Humanidad emancipada.

Por todo ello es tan importante el mantener viva la memoria, como lo es el asumir un compromiso político y sindical: es la mejor forma de honrar a las víctimas de aquella represión implacable que, desatada en el verano de 1936 y continuada durante los largos años de la dictadura franquista, tiñó de sangre y de dolor a nuestras familias, a nuestros pueblos y a nuestra historia colectiva.

El 28 de octubre del pasado año 2007 se aprobó la Ley de la Memoria Histórica, la cual ha supuesto innegables avances en el reconocimiento moral para con las víctimas del franquismo. Esta Ley supone un compromiso de los poderes públicos en una materia de tan profundo calado ético cual es la de las políticas públicas en materia de memoria histórica. Igualmente, por lo que al caso de Aragón respecta, se enmarcan en este contexto actuaciones tales como la dignificación por parte del Gobierno Autónomo de este espacio, de este memorial de los Pozos de Caudé, así como el impulso político dado al Programa “Amarga Memoria” mediante el cual se han podido exhumar fosas de víctimas de la dictadura, recuperar lugares emblemáticos de la guerra civil o de la lucha guerrillera o editar publicaciones que recuperan la historia de los defensores de la legalidad republicana.

Se ha conseguido igualmente suprimir algunos símbolos, toponimias y denominaciones franquistas que resultaban inaceptables el que perdurasen en nuestra sociedad democrática actual. Este ha sido el caso de la supresión de los nombres de los centros educativos dedicados a la memoria del todopoderoso ministro franquista José Ibáñez Martín, como los que llevaban su nombre en Utrillas o la misma ciudad de Teruel y que han pasado a denominarse “Villa de Utrillas” y “Vega del Turia” respectivamente.

Todas estas actuaciones se han iniciado con la hostilidad frontal de una derecha política, sociológica y mediática a la que le pesa mucho (todavía) su pasado y sus orígenes ideológicos franquistas. No hay más que recordar, ya que estamos en Teruel, los orígenes del diputado popular Manuel Pizarro Moreno, nieto del máximo represor de la guerrilla antifranquista, el general Manuel Pizarro Cenjor, no sólo en nuestra tierra turolense, sino también en las provincias limítrofes de Cuenca, Valencia y Castellón.

La recuperación de la memoria histórica ha realizado, con la acción coordinada de los poderes públicos y de las Asociaciones dedicadas a este fin, una labor efectiva y meritoria. Pero ello no nos debe de ocultar las limitaciones de la actual Ley de la Memoria Histórica que deberán subsanarse en un futuro para hacer plena justicia a las víctimas dado que éstas todavía no han logrado el reconocimiento jurídico que siempre han demandado. En este sentido, hay que recordar que, ya el 27 de octubre de 2004, se presentó una iniciativa conjunta por parte de la UGT, la Fundación Francisco Largo Caballero y la Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el franquismo para lograr la completa restitución jurídica y moral de todas aquellas personas que sufrieron la represión franquista. Y para ello, resulta imprescindible declarar por ley la nulidad de todos los consejos de guerra sumarísimos dictados por los tribunales franquistas, tanto durante la guerra como después de la misma. Ello no sólo supondría la rehabilitación jurídica de las víctimas, sino que, además, adecuaría la legislación española a las leyes y jurisprudencia internacional sobre crímenes contra la humanidad.

Queremos memoria, reparación moral y también jurídica. Lo merecen la dignidad de las víctimas y ello no sólo es un acto de elemental ética democrática, sino también, un acto de justicia histórica.

Por todo ello, hoy, 1º de Mayo, nos hermanamos todos los ciudadanos, partidos y sindicatos que acudimos a este acto en los Pozos de Caudé para reafirmar nuestro compromiso con la memoria y la rehabilitación moral y jurídica de los mártires de la libertad de Caudé. Así se hará cierta la frase que Karl Marx dedicó a las víctimas de la brutal represión de la Comuna de París, la primera revolución obrera contemporánea ocurrida en 1871, cuando decía: “Sus mártires tienen su santuario en el gran corazón de la clase obrera”.

Por todo ello, una vez más, gritamos en honor de los mártires de Caudé:

¡Viva la Libertad!
¡Viva la clase trabajadora!
¡Viva el 1º de Mayo!

        Tras la caída de Cataluña en poder de las tropas franquistas en febrero de 1939, una marea humana de miles de republicanos españoles buscó refugio en Francia, donde quedaron hacinados en improvisados campos en la costa del Rosellón como Argèles, Le Barcarès o Saint-Cyprien. Vista la desastrosa situación sanitaria en la que se hallaban los exiliados allí retenidos, las autoridades francesas decidieron crear 6 nuevos “Campos de Acogida”, siendo uno de ellos el de Gurs. Este, situado en este pequeño pueblo de la región del Béarn, cercano a la frontera pirenaica aragonesa, se convirtió de este modo en un lugar vinculado a la dramática historia del exilio republicano español de posguerra.

       El campo de internamiento de Gurs, construido sobre una landa cenagosa en el tiempo récord de 42 días, estaba formado por 428 barracones de madera (382 para los refugiados, 46 para la tropa) agrupados en 13 manzanas (“ilôts”), situadas a ambos lados de una ruta central de 2 km. Cada barracón tenía unas dimensiones de 24 x 6 m., albergando a 60 refugiados. De este modo, la capacidad total de Gurs era de 18.500 internos, razón por la que, en 1939, se convirtió en la tercera población del Departamento, entonces llamado de los Bajos Pirineos, después de Pau, la capital, y de la ciudad de Bayona.

       Gurs estuvo en funcionamiento entre 1939-1945 y por su campo pasaron un total de 60.000 personas: republicanos españoles y brigadistas internacionales primero y, después, de forma sucesiva, ciudadanos de la Europa Central huidos de la barbarie nazi (entre ellos la filósofa judía Hanna Arendt), militantes de izquierda, gitanos, apátridas y, sobre todo judíos.

       Los primeros republicanos españoles fueron enviados a Gurs a principios de abril de 1939 procedentes de los campos del Rosellón francés. Durante este año, llegaron a pasar por Gurs un total de 24.530 republicanos españoles y brigadistas internacionales, cifra ésta que el historiador Claude Laharie desglosa del siguiente modo: combatientes vascos (6.555), aviadores republicanos (5.397), brigadistas (6.808) y otros soldados republicanos (5.770) de los que, señala Laharie, “ils sont sourtout Aragonais”.

       En cuanto a los brigadistas, procedían de 53 países distintos y estaban agrupados por nacionalidades, muchos de ellos veteranos luchadores de las brigadas Dombrowsky (polaca), Garibaldi (italiana) y Thaelmann (alemana). Predominaban los judíos comunistas, aguerridos en la lucha antifascista y de una sólida formación ideológica.

       A la altura de agosto-septiembre de 1939, la mayoría de los internados habían dejado Gurs. Las razones fueron diversas: unos 6.000 republicanos fueron repatriados a España, donde muchos de ellos padecieron consejos de guerra, siendo una parte de ellos ejecutados o condenados a largos años de cárcel. Otra parte, salieron del campo al encontrar trabajo en empresas o explotaciones de la región del Béarn pero, la mayor parte, tras estallar la guerra entre Francia y Alemania (3 septiembre 1939), se integraron en las Compagnies de Travalleurs Étrangères (CTE) como personal auxiliar para la realización de obras de fortificación. Otros muchos, especialmente los brigadistas, se alistaron en el ejército francés para combatir al nazismo: tanto unos como otros, cayeron prisioneros de las tropas hitlerianas tras la rápida ocupación de Francia, siendo deportados al campo de exterminio de Mauthausen, donde un gran número de ellos encontró la muerte.  Finalmente, otros pequeños grupos se integraron en el maquis pirenaico: para estos guerrilleros republicanos, la guerra mundial había empezado en realidad en 1936 y no cesaría hasta la caída del nazismo y de la dictadura franquista.

       Tras el armisticio de Francia (22 junio 1940), el país galo fue dividido en una zona ocupada directamente por Alemania y otra, llamada “zona libre”, en la que se estableció el régimen fascista de Vichy, aliado de los nazis y presidido por el general Pétain. De este modo, Gurs pasó a depender de Vichy y se convirtió en un campo de prisioneros donde el régimen petainista internó a quienes consideraba que eran la “anti-Francia”, esto es, a los resistentes, a los militantes de izquierda y, sobre todo, a los judíos. Fue por ello que, entre 1940-1943 pasaron por Gurs 18.185 judíos y, de ellos, 3.907 fueron enviados al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau y, el resto, transferidos a otros campos para su posterior deportación. Así, Gurs se convirtió en un importante eslabón del sistema de internamiento masivo del régimen de Vichy al servicio del horror nazi.

       Tras la liberación del Béarn en agosto de 1944, Gurs pasó a tener nuevos inquilinos pero esta vez eran prisioneros alemanes, colaboracionistas y miembros del pronazi Partido Popular Francés (PPF). Finalmente, Gurs se cerró definitivamente en 1945, se quemaron los barracones y se plantó un bosque sobre las 79 has. sobre las que se extendía dicho campo.

       El recuerdo de Gurs permaneció en el silencio hasta que en 1980 se creó l’Amicale du Camp de Gurs y se fue recuperando la memoria histórica de esta página negra de la historia de Francia. Hoy, Gurs es un Memorial nacional de la República Francesa en homenaje a las víctimas de las persecuciones racistas y antisemitas y de los crímenes contra la Humanidad cometidos por el régimen de Vichy.

       Emociona de forma especial la visita al cementerio judío de Gurs, donde 1.073 tumbas idénticas hermanan a todos los que allí sufrieron y murieron. En el centro, un monumento recuerda a las víctimas judías y, en uno de sus lados, una estela honra a los republicanos españoles y a los brigadistas internacionales de los cuales, otra lápida conmemorativa nos recuerda que, “Pagaron con su vida su combate por la libertad y la democracia”. Todas sus tumbas están adornadas con cintas tricolores y una flor, junto al silencioso respeto de los que las visitamos. Entre ellas, se hallan las de algunos aragoneses, como la del zaragozano Gregorio Luna Fernández o la de Francisco Pérez-Cativiela, de Ansó.

       Una reflexión final. En fechas recientes, el Gobierno Vasco erigió un monumento en las cercanías del cementerio judío y plantó simbólicamente un retoño del árbol de Gernika. Sin embargo, no existe ningún memorial erigido por el Gobierno de España ni tampoco del Gobierno Autónomo de Aragón, de donde eran originarios centenares de republicanos de los “ilôts”  K, L y M. Sería necesario honrar a nuestros paisanos allí exiliados como un acto de justicia y dignificación de esta página, amarga pero cierta, de nuestra historia y memoria colectiva.

       Teniendo presente lo que representó Gurs, y ajenos a todo rencor y odio, resulta muy oportuna la frase de Artur London cuando decía que “se recuerda para preparar un futuro más justo, más fraternal y sin guerras”. Esa es la lección de Gurs, para hoy, para siempre.  

José Ramón Villanueva Herrero 

(Diario de Teruel, 26 agosto 2007)  

En el debate entre Zapatero y Rajoy del pasado 25 de febrero, volvió a constatarse que la derecha ha apostado fuerte por la estrategia de la demagogia para recuperar el poder que perdió hace cuatro años. Frente a la corrección, que no debilidad, de Zapatero argumentando sus principios y realizaciones políticas, Rajoy ofreció un catastrofismo sembrador de incertidumbres en el área económica, minusvaloró los innegables avances en materia social de esta legislatura, ridiculizó una política exterior basada en la defensa de la paz y la cooperación y ayuda al desarrollo. Escandalosa fue la demagogia de Rajoy en temas tan sensibles como la inmigración así como el tratamiento obsceno que hizo sobre el terrorismo etarra y el dolor que genera, no sólo en las víctimas directas y sus familias, sino también en el conjunto de la sociedad española. Indignante fue el desprecio con que Rajoy trató a destacados miembros de la cultura, así como su rechazo a una política de valores e ideales impulsada por Zapatero en temas tales como la educación o la Alianza de Civilizaciones.

Me dolió de forma especial el desprecio con el que Rajoy aludió a la Ley de la Memoria Histórica (LMH) que, según él, "no interesa a nadie". Ya lo había dicho tiempo atrás Miguel Ángel Rodríguez, portavoz que fue del Gobierno de Aznar entre 1996-1998 de forma insultante en el programa 59 segundos de TVE: "En plena época de Internet y de la Play Station, es estúpido que a estas alturas estemos recordando lo que pasó hace 70 años". Una vez más, la derecha pone de manifiesto que no le gusta hablar de memoria histórica, pues ello es tanto como aludir a sus raíces ideológicas y personales (ahí está el caso de Pizarro para demostrarlo).

Es cierto que la LMH tiene limitaciones (ahí está el no reconocimiento jurídico de las víctimas de la dictadura) pero resulta innegable que esta ley ha supuesto una serie de avances en la dignificación moral y en el reconocimiento de derechos para todos aquellos españoles que sufrieron y murieron por ser leales a la democracia republicana. Bueno sería que esta derecha adusta e intolerante conociese mejor nuestra historia, esa historia que nos ocultaron y que ahora recuperamos. Como por ejemplo visitando la exposición titulada "Visados para la libertad. Diplomáticos españoles  ante el Holocausto" que, organizada por Casa Sefarad Israel, organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español, sirve para honrar a un conjunto de diplomáticos que actuaron en defensa del pueblo judío durante el Holocausto (la Shoah, en hebreo) en los negros años de la II Guerra Mundial.

En medio de tanto sufrimiento, la actitud de estos diplomáticos españoles  contrasta con la pasividad mantenida por las autoridades franquistas y el silencio de la Iglesia católica ante el exterminio a que estaban siendo sometidos millones de judíos a manos del nazismo. Pese a los angustiosos informes que todos ellos remitían al Ministerio de Asuntos Exteriores, la España franquista, que tanto debía a Hitler por su ayuda durante la guerra civil, no tuvo nunca una política decidida en defensa de los judíos. Sin embargo, tras la derrota de las regímenes fascistas, las acciones individuales de estos diplomáticos, fueran utilizadas por la propaganda franquista para congraciarse a las potencias aliadas ante el nuevo contexto internacional surgido después de la II Guerra Mundial.

La exposición ofrece información sobre todos estos "Schindler españoles" y, de forma destacada, del zaragozano Ángel Sanz Briz, entonces un joven diplomático, secretario y encargado de negocios en la embajada de España en Budapest (1942-1944). Pese a la actitud timorata del Gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores (Gómez de Jordana), Sanz Briz, logró salvar la vida de más de 5.000 judíos húngaros al concederles pasaportes y salvoconductos españoles, los cuales les libraron de ser deportados al campo de exterminio de Auschwitz. Lo mismo podemos decir de Sebastián Romero Radigales, Cónsul General en Atenas (1943-1944), que salvó a varios centenares de judíos de Salónica, comunidad con fuertes lazos con los sefardíes expulsados de Aragón cinco siglos antes. Otros diplomáticos a los que se honra en esta exposición es a Eduardo Propper de Callejón (primer secretario de la Embajada española en París, 1939-1941) y Bernardo Rolland de Miota (cónsul general de España en París, 1939-1943) que, desoyendo las directrices del entonces ministro Serrano Suñer, concedieron numerosos "visados especiales de tránsito" que salvaron a vida de los judíos franceses perseguidos. Se alude igualmente a Julio Palencia y Tubau (ministro de la Legación española en Bulgaria, 1940-1943) y a José Rojas Moreno (embajador de España en Rumanía, 1941-1943). De este modo, Palencia, que llegó a adoptar a los hijos de Leon Arie, un judío asesinado por los nazis, fue declarado "persona non grata" y expulsado de Bulgaria por las autoridades fascistas, a la vez que sus superiores en Madrid lo amonestaban por su "excesivo celo" en la defensa de los judíos búlgaros. Por su parte, Rojas Moreno, también evitó la deportación de judíos rumanos, aunque no pudo repatriarlos a España ante la negativa de las autoridades franquistas. La exposición honra también a José Ruiz Santaella (agregado en la embajada de España en Berlín durante 1944) y a su esposa  Carmen Schroeder, que, en la misma capital del III Reich, lograron salvar la vida de varias mujeres judías.

Gracias a las acciones de estos compatriotas nuestros, varios miles de judíos salvaron la vida y algunos de ellos se afincarían definitivamente en España, como fue el caso del brillante intelectual Jaime Vándor. Por ello, sus nombres merecen ser recordados con honor. Igual que el de todas las víctimas inocentes del franquismo. Y es que, señor Rajoy, el tema de la memoria histórica nos interesa a muchos españoles y, por ello, nunca debería hablar sobre el mismo con desprecio. Su actitud, señor Rajoy, como ya se puso de manifiesto durante la tramitación de la Ley de la Memoria Histórica, hiere la sensibilidad de muchas víctimas de la dictadura y de la Shoah que se sienten, y éstas de verdad, agredidas por sus palabras, su desprecio y su ignorancia (real o interesada) de esta parte de nuestra historia colectiva.

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 4 marzo 2008)

      En fechas recientes recordábamos los 50 años de TVE, un período en el que la historia reciente de España y nuestras emociones y vivencias personales se entrecruzaban en un tiempo de memoria y nostalgia. Sin embargo, ha pasado bastante desapercibida otra efeméride relacionada con otro medio de comunicación público: el 70º aniversario de la fundación de Radio Nacional de España (RNE),  emisora inaugurada en Salamanca el 19 de enero de 1937 en medio del desgarro dramático que supuso  la guerra civil y creada para servir de órgano de propaganda de los sublevados contra la República, esto es, del bando llamado “nacional”, de ahí el adjetivo adoptado por dicha emisora. 

     Quisiera dedicar unas líneas al origen de RNE no sólo por el reciente aniversario de la misma, sino, también, por el hecho de que fuese su primer director un destacado franquista alcañizano, un jerarca del régimen de larga trayectoria política,  Emilio Díaz Ferrer y Gascón (1896-1966), el cual fue alcalde de Alcañiz durante 13 años (1942-1955) y procurador en las Cortes franquistas durante cuatro legislaturas.

     Emilio Díaz, en una entrevista que publicó El Noticiero el 5 de febrero de 1956, ofrecía algunos datos de interés de cómo surgió RNE y su  importante labor propagandística al servicio de la España fascista. Díaz, voluntario falangista al inicio de la guerra, como consecuencia de un quiste intestinal y una posterior operación, fue destinado a la retaguardia franquista. Allí se le nombró delegado de Falange en el periódico zaragozano Amanecer y estuvo como corresponsal en el frente de Madrid durante noviembre de 1936 en lo que se suponía la inminente conquista de la capital por las fuerzas franquistas. La heroica defensa republicana de la misma desbarató los planes militares de los sublevados de poner fin de una forma rápida a la contienda, la cual, a partir de entonces, se convirtió en una lucha  larga y sangrienta.

     Fracasado el ataque frontal contra Madrid, Emilio Díaz fue enviado a Salamanca, en donde se hallaba el cuartel general de Franco. Allí, como el falangista alcañizano relata, se reencontró con su viejo amigo el general Millán Astray y éste, “me puso a sus inmediatas órdenes”. Millán Astray, fundador con Franco de la Legión, hombre rudo y violento que protagonizó el 12 de octubre de 1936 un sonado enfrentamiento con un Unamuno anciano y desencantado cuando bramó aquel grito cavernario de “Muera la inteligencia!”, había sido nombrado por Franco Primer Delegado de Prensa y Propaganda de la España nacional con el objeto de que “organizase sin dilación un organismo rector de la divulgación de las noticias de la guerra”. De este modo, Millán Astray  hizo uso de una pequeña emisora de 2,5 Kw instalada en un estudio de la Facultad de Ciencias de la Universidad sito en el palacio de Anaya. Allí  se colocó un micrófono conectado con un cable a las instalaciones de Radio Salamanca: este fue el origen de RNE.

     Entre el personal encargado de poner en marcha la nueva emisora “nacional”, además de Millán Astray, (que obligaba a los periodistas a sus órdenes a cuadrarse y alinearse a toque de silbato como si de un cuartel se tratara), estaban Ernesto Jiménez Caballero, Eugenio Montes y Emilio Díaz. No obstante, la salida de Jiménez Caballero a realizar tareas propagandísticas en la Italia fascista, hizo que Emilio Díaz fuese nombrado “segundo jefe de la Delegación y director de Radio Nacional”. Gradualmente se fueron incorporando otros colaboradores como Vicente Gay, Juan Aparicio, Víctor de la Serna, Antonio de Obregón, Mariano Rodríguez de Rivas, Antonio Asenjo, José Antonio Jiménez Arnau y el dominico P. Getino, responsable de una sección que Díaz define como “la guerra vista a través de la Teología”, claro ejemplo de la instrumentalización del sentimiento religioso por parte de los sublevados. De las tareas de locutor se encargó el mismo Emilio Díaz hasta que más tarde se contrató al actor Fernando Fernández de Córdoba, cuya voz leyó, con el habitual tono castrense, el último parte militar de la guerra.

     La inauguración oficial de RNE tuvo lugar el 19 de enero de 1937 por parte de Franco, acompañado de Vicente Gay (segundo Delegado del Estado para Prensa y Propaganda), el embajador de la Alemania nazi (Von Faupel) y, a su lado,  Emilio Díaz, el primer director de la emisora, tal y como se refleja en las fotografías de la época. Para entonces, las instalaciones de RNE habían mejorado considerablemente puesto que se había comprado una emisora nueva en la Alemania hitleriana de 79 kw de potencia y “montada en siete camiones”. A ella se refería con admiración Emilio Díaz: “era una emisora formidable entonces y de grandes ventajas para una nación en guerra, ya que llevaba generadores para producirse ella misma la energía que se gastaba”. Todos estos equipos fueron instalados por el ingeniero alemán Von Krasner en el Frontón Salamanca, en donde se contaba con diversos estudios de grabación y, también,  con una antena telescópica de 40 metros.

     Emilio Díaz permaneció al frente de RNE hasta finales de abril de 1937, momento en que fue sustituido por el periodista Jacinto Miquelarena.

     Nada queda de aquellos orígenes fascistas de RNE excepción hecha del adjetivo de “nacional”  y las alusiones coloquiales a los  “partes”, término de reminiscencia militar, en referencia a los boletines de guerra del bando franquista que, precedidos de un toque de corneta, eran leídos con aire marcial y retórica franquista durante la contienda civil. Y es que también RNE tiene su historia, tiene su memoria histórica, vinculada en sus orígenes a un fascista turolense de incómoda memoria y que ahora, cuando se han cumplido los 70 años de vida de dicha emisora,  hemos querido recordar. 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 15 febrero 2007)  

     En un artículo anterior aludí a papel desempeñado por Ibáñez Martín como depurador del personal docente durante la dictadura franquista. Ahora quiero referirme brevemente al pensamiento que inspiró su política educativa durante los 12 años que fue ministro de Educación Nacional (1939-1951).
     Ibáñez Martín, catedrático de Geografía e Historia, fue un fervoroso intelectual franquista, admirador de la obra unificadora de los Reyes Católicos que soñaba con el resurgir, de la mano de Franco, de nuevos tiempos y glorias imperiales. Ello le hizo admirar el pensamiento de Menéndez Pelayo, cuyas Obras Completas prologó en 1940, y al que definía como “el más glorioso español de todos los tiempos” puesto que el legado del polígrafo cántabro, según Ibáñez Martín, era eficaz y oportuno en los momentos presentes en que se trata de fundar sobre base firme y cristiana la nueva España”. Por ello, Ibáñez Martín se apoyaba en el pensamiento del ultramontano Menéndez Pelayo, incluso para legitimar el golpe militar, al afirmar en dicho prólogo que “nuestra guerra ha sido en realidad una consecuencia necesaria del desvío y abandono del camino tradicional de la cultura española desde comienzos del siglo XIX”, alusión recurrente del pensamiento reaccionario que atribuía la decadencia de España al liberalismo, positivismo y al materialismo, a los que se consideraba enemigos viscerales de la tradición hispana.
     Con este bagaje ideológico, Ibáñez Martín, impregnado de un españolismo tan férreo como dogmático, asumió en 1939 el cargo de ministro de Educación Nacional. Vinculado desde los años de la II República a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) y con una intensa relación con el Opus Dei por medio de su amigo José María Alvareda, acometió con fervor la tarea de “recristianizar” España mediante la construcción de una nueva tradición nacional-católica al servicio del franquismo. Por ello, fue el artífice de la legislación educativa de los primeros años de la dictadura: la Ley de Ordenación Universitaria (1943), la Ley de Ordenación de la Enseñanza Primaria (1945), así como los decretos que establecían la obligatoriedad de la enseñanza religiosa de 26 de enero de 1944 y el que imponía los cursos de formación política de 10 de abril de 1944.
     Las ideas básicas de la política educativa de Ibáñez Martín se recogen en la citada Ley de 29 de julio de 1943 de Ordenación Universitaria. En ella, se enfatizaba el carácter confesional de la educación en España al indicarse en su preámbulo que, “además de reconocer los derechos docentes de la Iglesia en materia universitaria, quiere ante todo que la Universidad del Estado sea católica”. Por esta razón, Ibáñez Martín concedió privilegios a la Iglesia, propició la entrada del Opus Dei en el ámbito universitario, ampliando más tarde la preeminencia de la Iglesia también, en la enseñanza primaria y media. Igualmente, la citada Ley de 1943 dejaba claro el carácter político al servicio del régimen de los estudios superiores, al señalar textualmente que “la República lanzó a la Universidad por la pendiente del aniquilamiento y la desespañolización, hasta el punto de que brotaron en su propia entraña las más monstruosas negaciones nacionales. La Ley, en todos sus preceptos y artículos, exige el fiel servicio de la Universidad a los ideales de la Falange”.
     De este modo, tanto en la Universidad, como también en los otros niveles educativos, Ibáñez martín pretendía crear, a semejanza del nazismo, un nuevo modelo de “estudiante patriota” que, como indicaba el ministro turolense en un discurso pronunciado en la Universidad de Valencia en 1944, sin que este “lo deforme y corrompa la soberbia científica”. Hay que recordar que, por medio de diversas órdenes ministeriales dictadas por Ibáñez Martín, las vacantes producidas en el Magisterio como consecuencia de la depuración de maestros republicanos, se cubrieron en parte por militares y excombatientes. Así, la Orden de 15 de febrero de 1940 tenía por objeto “dar el máximo de facilidades a los alféreces provisionales del Ejército que deseen acudir a la convocatoria de ingreso en el Magisterio Nacional”, para los cuales se convocaron un total de 4.000 plazas a cubrir por estos militares-maestros.
El carácter de adoctrinamiento político en el ámbito educativo quedaba reforzado con la imposición de la asignatura de Formación del Espíritu Nacional la denostada FEN.
     Por todo lo dicho, la política educativa de Ibáñez Martín se caracterizó por su fuerte dogmatismo político y religioso y sus caducos métodos pedagógicos, que separaban la enseñanza de la investigación y que sometían el conocimiento a la ideología (franquista). Este entramado educativo conocido como el nacional-catolicismo, fue el que sufrieron, sufrimos, varias generaciones de españoles. Un triste legado que no merece ser recordado manteniendo el nombre de José Ibáñez Martín en un centro educativo de la ciudad de Teruel y en otro de la villa de Utrillas. Sus respectivos Consejos Escolares tienen la palabra para superar este anacronismo contrario a los valores democráticos de nuestro actual sistema educativo, y a la dignidad y la memoria de tantos docentes y alumnos que sufrieron la implacable depuración de personas e ideas promovida por José Ibáñez Martín.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 1 septiembre 2006)

     No podía imaginar José Ibáñez Martín, un joven profesor de geografía e historia nacido en Valbona que, con su primer destino docente en Murcia, iniciaría una carrera política que le llevaría desde las filas del conservadurismo católico y monárquico, hasta convertirse en un fervoroso fascista, en uno de los jerarcas del franquismo. Allí fue uno de los dirigentes de la Unión Patriótica, el partido creado por la dictadura de Primo de Rivera, con el que llegó a ser presidente de la Diputación Provincial murciana y, durante la II República, siendo ya catedrático, se integró en la CEDA y fue elegido diputado por Murcia, su provincia adoptiva.
     Tras la sublevación del 18 de julio, consiguió pasar a la zona insurrecta poniéndose de inmediato a las órdenes de Franco. A partir de este momento, y hasta su fallecimiento en 1969, ocupó numerosos cargos y obtuvo infinidad de distinciones como símbolo destacado de la “intelectualidad” adicta a la dictadura.
     Durante el largo mandato de Ibáñez Martín como Ministro de Educación Nacional (1939-1951), del cual dependía la censura franquista y el aparato de propaganda del régimen, centró su labor en dos aspectos básicos sobre los que se cimentó la política educativa del franquismo: la depuración sistemática de todo el personal vinculado a la educación y a la cultura, así como también a la implantación de un sistema educativa dogmático y confesional: el nacional-catolicismo.
     El integrismo político de Ibáñez Martín y su admiración por los Reyes Católicos, le hicieron emular la labor de la Inquisición en fenecidos tiempos imperiales. Por ello acometió con entusiasmo una auténtica purga del personal y los contenidos del sistema educativo español durante su largo mandato como ministro. Tras la enorme sangría que la guerra y el exilio supuso para la docencia y la intelectualidad leal a la República, el Ministerio regido por Ibáñez Martín, fue implacable con los vencidos, tal y como recordaba Laín Entralgo, también turolense y nada sospechoso de izquierdista: “sistemáticamente se prescindió de los mejores, si estos parecían mínimamente sospechosos de liberalismo o republicanismo. Los ejemplos menudean y sangran”.
     Esta depuración, que el historicismo unitarista de Ibáñez Martín pretendía legitimar enlazando la labor de Isabel la Católica con la de Franco, esto es, la Inquisición con la dictadura, hacía afirmar al ministro turolense en la Universidad de Zaragoza en 1951, que “en más de una ocasión un riguroso escarmiento produce mayor número de bienes que una falsa bondad”. La represión quedaba legitimada de este modo por el pensamiento reaccionario de Ibáñez Martín…y, convertido en un nuevo inquisidor del s. XX, a ello se aplicó con fervor y adhesión inquebrantable.
     Ibáñez Martín impulsó y aplicó con dureza en el ámbito educativo y cultural toda la normativa represiva generada por la dictadura desde el mismo momento de la sublevación militar: el Decreto nº 66 de 8 de noviembre de 1936, que creaba las Comisiones provinciales de Depuración; la Orden de 18 de marzo de 1939, sobre depuración de funcionarios dependientes del Ministerio de Educación Nacional mediante la cual se creaba la Comisión Superior Dictaminadora de los expedientes de depuración que condenaba a los docentes desafectos a sanciones de traslado forzoso, inhabilitación, postergación o separación definitiva del servicio. Ya como ministro, dictó la Orden de 2 de noviembre de 1939 regulando los traslados forzosos de los docentes depurados, bien fuera dentro de su misma provincia o destinados a otra provincia por “orden de la Superioridad”.
     Otra Orden del ministro turolense, la de 30 de marzo de 1942, creaba el Juzgado Superior de Revisión que, continuando la labor de la Comisión Superior Dictaminadora, siguió encargándose de la labor depuradora durante bastantes años, hasta el punto de que una Orden de 1956, cuando ya habían pasado 20 años del inicio de la guerra, todavía reformaba el funcionamiento del citado Juzgado Superior.
Una lectura atenta del Boletín Oficial del Estado de estos años nos ofrece infinidad de expedientes de depuración de docentes (maestros, profesores de enseñanza media o de la Universidad), todos ellos firmados por Ibáñez Martín.
     La mentalidad represora de Ibáñez Martín, síntesis de actitudes inquisitoriales y pensamiento fascista, se resume plenamente en su muy conocido discurso pronunciado durante la apertura del curso 1940-1941 en la Universidad de Valladolid: “Era vital para nuestra cultura amputar en energía los miembros corrompidos, segar con golpes certeros e implacables de guadaña la maleza, limpiar y purificar los elementos nocivos. Si alguna depuración exigía minuciosidad y entereza para no doblegarse con generosos miramientos a consideraciones falsamente humanas, era el del profesorado”.
     Así pensaba Ibáñez Martín, el gran depurador de la educación y la cultura española.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 31 agosto 2006)

     Se han celebrado recientemente en la provincia de Teruel distintos actos en recuerdo de la II República Española y en honor de todos los ciudadanos que, leales a ella, sufrieron y murieron durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Este es el caso de diversas Jornadas como las organizadas por la Asociación Pozos de Caudé, las que bajo el título “Los valores de la II República” han tenido lugar en Teruel y Alcañiz o las que la Comarca del Bajo Martín, en las que se homenajeó en Urrea de Gaén a los deportados republicanos y también se presentó en Híjar el libro de Cándido Marquesán que honra la memoria de José Gálvez Oliver, “el tío Rullo”. No olvido tampoco los actos celebrados en Alcorisa y, de forma especial, la inauguración por parte de su Ayuntamiento, de un monumento en memoria de todos los alcorisanos deportados a los campos de exterminio nazis. Todo ello demuestra que, desde diversos ámbitos políticos y sociales turolenses, se asume con valentía la necesidad de recuperar la memoria histórica. Esta actitud, de impecable dignidad democrática, resulta imprescindible para hacer justicia a todos los que lucharon por los valores de libertad, progreso y emancipación social que representaba la II República y ello nos debe de llenar de satisfacción, máxime en este año que ha sido declarado por el Congreso y el Senado como el Año de la Memoria Histórica.

     El eminente historiador Paul Preston recordaba el pasado día 19 de mayo en Teruel que “la recuperación de la memoria es crucial”, no sólo por lo que supone de rehabilitación de las víctimas, sino, también, para reafirmar los principios cívicos de nuestra democracia. Por ello, Preston nos insta a hacer frente al llamado “revisionismo histórico”, el cual se ha convertido en los últimos años en un valioso aliado de los sectores e intereses de la más rancia derecha española. Este revisionismo histórico minimiza la auténtica magnitud de la represión franquista, tiene una actitud benevolente hacia la dictadura (cuando no una abierta reivindicación de la misma), y critica de forma global al conjunto de las fuerzas políticas y sociales antifranquistas.

     Las ideas revisionistas, cargadas de manipulación histórica, han sido jaleadas por sectores de la derecha para convertirlas en un ariete político contra el actual Gobierno de España y, de forma especial, contra el Presidente Zapatero, el cual, con todo orgullo y dignidad, se define como “heredero de los valores de la II República”. Un ejemplo, el 29 de enero pasado, hablando de la memoria histórica en una tertulia nocturna de la Cadena COPE, escuché al eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras aludir a la “obsesión morbosa” y al “impulso diabólico” (es textual) del Presidente Zapatero por este tema, cuyo objetivo último, según el político popular, era llevar a España al “totalitarismo”, un tema del que, por cierto, tanto sabe la derecha (reciclada) franquista.

     El tema de la recuperación de la memoria histórica es visto con recelo , cuando no con abierta oposición por parte de la derecha. Así, en un acto de la Fundación FAES celebrado el 27 de noviembre de 2005, José María Aznar se refería con desdén a “eso que engañosamente se llama recuperación de la memoria histórica” y que, según su opinión, no era otra cosa que “la utilización del pasado como arma política”. Ello demuestra que, en el fondo, la derecha sigue sin asumir nuestro triste pasado colectivo, pues ello le supondría reconocer sus poco democráticos orígenes ideológicos así como su connivencia con la dictadura franquista.

     Esta actitud no nos debe de extrañar si tenemos en cuenta que el franquismo sociológico se halla políticamente encuadrado en las filas del PP. En la encuesta realizada con motivo del 30º aniversario de la muerte de Franco, sólo el 13 % de los encuestados valoraba positivamente la dictadura… pero, de ellos, el 29 % se definían como votantes del PP. De igual modo, a la pregunta de si el 18 de julio fue un golpe de estado, sólo el 15 % lo negaban, pero, un 24 % de los que así pensaban votaban al PP, lo cual resulta muy significativo.
Considero que hoy más que nunca resulta imprescindible recuperar nuestra memoria histórica, esa que unos nos ocultaron y otros quisieron que olvidásemos por medio de una amnesia colectiva. Reivindicarla es un compromiso ético que deba de asumir toda nuestra sociedad: instituciones, colectivos sociales y políticos, medios de comunicación, historiadores y, sobre todo, la ciudadanía. Confiemos en que la futura Ley de la Memoria Histórica tenga la valentía democrática de lograr el imprescindible reconocimiento jurídico y moral de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura y, de este modo, reconciliarnos de verdad, con nuestro pasado, por triste y doloroso que haya sido. A este compromiso moral e institucional, debe sumarse con convicción la derecha política para que, de una vez por todas, rompa amarras (ideológicas y emocionales) con el franquismo.

     En recuerdo de las víctimas, tantos años olvidadas, y también como justo homenaje a los valores republicanos que dieron razón de ser a su compromiso social y político, la memoria histórica es y será siempre una memoria necesaria.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 15 junio 2006)

     La Ley de la Memoria Histórica (LMH), aprobada el pasado 31 de octubre, ha estado envuelta en la polémica desde el primer momento, desde que fue planteada por el Gobierno del presidente Zapatero. La derecha se ha opuesto a ella con el manido argumento de que “reabría las heridas” de nuestro trágico pasado colectivo, un pasado sobre el cual siempre ha pretendido que se mantuviese una espesa bruma, una amnesia colectiva, cuando no un silencio cómplice sobre lo que supuso el aspecto más cruel de la dictadura franquista cual fue la represión sobre los vendidos, sobre la España leal a la República. En cambio, otros sectores, como ERC o las 70 organizaciones de víctimas del franquismo, no han dudado en calificar a la LMH de “ley aberrante”, dadas sus lagunas y deficiencias. Para ello se apoyan en varias razones: se ignoran las resoluciones 32, 39 y 95 de la ONU condenatorias del franquismo; se incumple el derecho internacional sobre crímenes contra la humanidad; impulsa la realización de exhumaciones ilegales sin garantías jurídicas (esto es, sin la presencia de un juez); no alude a la cuestión de los bienes incautados a ciudadanos republicanos y, sobre todo, no resuelve ninguno de los problemas jurídicos demandados por las víctimas, en especial la no declaración de nulidad de los juicios y ejecuciones sumarias, sin olvidar tampoco el que, de hecho, se mantiene la impunidad para los victimarios, para los responsables de los crímenes del franquismo.

     Siendo todo ello cierto, considero que la LMH que, en su día planteó con valentía el Presidente Zapatero, no ha cubierto las expectativas que en un primer momento suscitó entre las asociaciones de víctimas. Su texto tiene un perfil político de nulas consecuencias jurídicas que ha decepcionado a diversos sectores y colectivos, entre los cuales me incluyo. En mi opinión, se trata de una ley incompleta e imperfecta, y, pese a ello, resulta necesaria en la medida que permite avances en la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista. Algo similar ocurrió con la aprobación de la Constitución de 1978 que, pese a sus deficiencias, ha permitido la consolidación democrática y la modernización de España. Sin duda, no se trata de la mejor Ley de la Memoria posible, pero tal vez sea la ley posible en el momento actual. Y es que se ha intentado con un texto de menor calado político no crispar a la derecha más de lo que ya estaba, lo cual explica las deficiencias y carencias de esta ley. Y sin embargo, esto no ha servido de nada dado que la derecha ha seguido con su táctica política bronca y dura en la que lleva instalada desde que perdió el poder en el 2004.

     Dicho todo esto, quisiera comentar un aspecto concreto de la LMH cual es la supresión de los símbolos franquistas. Este tema, al que se alude en el art. 15, insta a las administraciones públicas a que deberán hacer desaparecer de los edificios y espacios públicos “los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Esta medida, que ya había sido acordada en la pasada legislatura por las Cortes de Aragón el 12 de febrero de 2004, ha permitido el que diversas localidades turolenses hayan suprimido los topónimos franquistas del callejero urbano. Sin embargo, siguen quedando algunos nombres de nefasta memoria como el Colegio Público “Emilio Díaz” de Alcañiz, o la Residencia Juvenil “Rosa Bríos” de Albarracín que honra a una falangista alcañizana asesinada durante la Guerra Civil, o en la capital turolense el Colegio “Juan Espinal” o el I.E.S. “José Ibáñez Martín” aunque, en este caso, se ha iniciado el deseable proceso de su cambio de nombre para adecuarlo a la legalidad constitucional. Igualmente, considero inadecuada la denominación del Hospital “Obispo Polanco” por la instrumentalización ideológica que, de la figura del obispo mártir asesinado en trágicas circunstancias, hizo el régimen franquista.

     En cuanto a los edificios privados, y de forma muy especial a las iglesias, el art. 15 de la LMH, que fue una iniciativa del PNV, un partido de ideología demócrata-cristiana por cierto, insta a que se supriman las lápidas alusivas a los “caídos por Dios y por España” advirtiendo que, en caso de no hacerlo, estos edificios religiosos dejarían de recibir subvenciones públicas. No obstante, negociaciones parlamentarias de última hora atemperaron esta medida de presión hasta el punto de aprobarse una enmienda transaccional pactada entre el PSOE y CiU mediante la cual la supresión de símbolos y lápidas en edificios privados “no serán de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados”, lo cual parece lógico pero, también, y he aquí la cesión del PSOE para lograr el mayor grado de consenso posible, “cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”. Dicho esto, me resulta muy difícil imaginar qué lápida o inscripción de las existentes en la práctica totalidad de las iglesias de la provincia de Teruel reunirían estas razones para justificar su permanencia: pienso sinceramente que ninguna. Estas lápidas resultan un vestigio flagrante de aquella Iglesia fiel aliada del franquismo, unida con fervor a la “Cruzada salvadora”, que apuntaló al régimen y silenció sus crímenes, de esa Iglesia que olvidó el mensaje evangélico del perdón. Siempre he pensado que el lugar de una lápida en homenaje a los muertos, a todos los muertos, hijos de una localidad concreta, además del cementerio, debería de ser un edificio civil, el atrio o las lonjas de los ayuntamientos, como ocurre en Italia, y no en un templo religioso de una confesión religiosa concreta.

     Por todo lo dicho, mucho queda por hacer: hay que suprimir los símbolos de la dictadura y ver en ello un gesto de elemental salud democrática, tal y como ocurrió en todos los países europeos que sufrieron el embate del fascismo. Pero tan importante como la supresión de símbolos, es el que todos sepamos suprimir los odios, rencores y prejuicios que con excesiva frecuencia nos atenazan. Por ello, pese a sus muchas deficiencias, la LMH nos permite abrir un debate cívico que era inaplazable: el de la memoria, la dignidad y la justicia que merecen las víctimas olvidadas del franquismo. El camino está abierto y hay que empezarlo a caminar, también en nuestras tierras turolenses.

José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 5 noviembre 2007)

     Mucho se ha hablado y escrito últimamente sobre la polémica suscitada en torno a la posible devolución  de los fondos conservados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de Salamanca. Este, recordémoslo,  tuvo su origen en un expolio sistemático de fondos republicanos por parte del régimen franquista, hecho condenado expresamente  por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de La Haya sobre protección de bienes culturales en caso de conflicto bélico. 

     Ante las justas demandas de restitución a sus legítimos propietarios, han surgido opiniones encontradas, algunas no exentas de demagogia y oportunismo. Como advertía el historiador José Álvarez Junco, la polémica  está evidenciando una inmensa distorsión debida a la “ignorancia y superficialidad  informativa” alentada por la “irresponsabilidad y mala voluntad” de quienes se oponen a la devolución de los mismos.

     Sobre el origen de este Archivo, hay que remontarse a la creación en abril de 1937 de la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA), la cual tenía por objeto la confiscación de toda la documentación política procedente del bando republicano, tarea que sería continuada desde 1938 por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentación (DERD), la cual debía “recuperar, clasificar y custodiar” los fondos procedentes de “entidades y personas hostiles y desafectas al Movimiento Nacional [...] que sean susceptibles de facilitar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos”. Esta actividad, la continuó desde 1944 la Delegación Nacional de Servicios Documentales (DNSD) que, de forma significativa, se integró en la Dirección General de Seguridad (1958).

     El volumen de documentación incautada en el territorio republicano (800 Tm., 20.000 cajas, procedentes de 17 provincias, de ellas, 145 con fondos aragoneses), tenía una finalidad exclusivamente represiva. En base a la misma, la dictadura franquista elaboró 3 millones de fichas y decenas de miles de expedientes correspondientes a personas con antecedentes políticos republicanos con los que, posteriormente, muchos antifascistas fueron juzgados y condenados. Años atrás, hasta las máquinas de escribir Underwood existentes en el Archivo de Salamanca, llevaban una etiqueta que decía:  “incautada a los rojos”: ese era el ambiente que allí se respiraba. 

     Esta finalidad represiva se mantuvo hasta que, con la transición democrática, se suprimió en 1977 la DNSD, pasándose a integrar en el Ministerio de Cultura. Dos años después, en mayo de 1979, se creó la “Sección Guerra Civil” del Archivo Histórico Nacional y, finalmente, por el RD 426/1999, de 12 de marzo, surgía el actual Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE) de Salamanca.

     Tras esta recapitulación histórica, y frente a los que claman ante el riesgo de una hipotética desmembración del AGGCE, éstos parecen “olvidar” que allí no se conservan la totalidad de los fondos relativos a nuestra trágica guerra civil. Ello se debe a varias razones. En primer lugar, durante la incautación, se destruyó abundante documentación (unas 72 Tm.), al considerarla de importancia “menor” para los fines represivos que se pretendían. Otra parte, perteneciente a ciudadanos derechistas, previamente incautada por las autoridades republicanas y que se incluía en estos fondos, fue devuelta a sus legítimos propietarios. También salió  documentación de Salamanca para ser utilizada en la Causa General, así como a otros tribunales franquistas (Auditorías de Guerra, Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, tribunales de Responsabilidades Políticas y tribunales de Depuración) o bien al “Archivo de la Guerra de Liberación” o al Servicio Histórico Militar. Por último, con la normalización democrática, los fondos republicanos de las Cortes y del Consejo del Estado fueron devueltos a sus instituciones homónimas alegando la continuidad de ambas bajo el actual sistema democrático monárquico. Esta  misma razón, la continuidad institucional, es la que alega la Generalitat de Cataluña para demandar, con todo fundamento jurídico y moral, sus fondos incautados una vez que se restableció el autogobierno catalán  por el RD Ley de 29 septiembre de 1977.

     Además de los fondos republicanos incautados, durante muchos años la DNSD generó su propia documentación. El conjunto de ambas  confiere al AGGCE una gran importancia, según destaca la Comisión de Expertos creada para asesorar al Gobierno en este tema, las convierte en “un ejemplo único de lo que fue la represión franquista y constituye un referente insustituible en la configuración de la memoria histórica de los españoles”.

     Siendo conscientes de esta realidad, en un próximo artículo reflexionaremos sobre el futuro del AGGCE, teniendo siempre presentes las justas demandas de restitución planteadas por algunos de sus legítimos propietarios. 

José Ramón Villanueva Herrero 

(Diario de Teruel, 2 junio 2005)

     A la demanda de devolución de los fondos incautados por la dictadura franquista, promovida por la Generalitat de Cataluña, se han sumado diversas instituciones de toda España. En el caso de Aragón, entre otros,  citamos al Ayuntamiento de Mas de las Matas, al Consejo Comarcal del Bajo Aragón o a las mismas Cortes de Aragón, los cuales han aprobado acuerdos tendentes a la restitución de los fondos procedentes del Aragón republicano.

     El contencioso, iniciado por la Generalitat  en 1978, ha tenido un complejo desarrollo. Ya en 1982, se firmó un convenio con tal objeto entre la Generalitat y el Mº de Cultura y  el 17 de marzo de 1995, el Gobierno de Felipe González  autorizó su devolución, aunque ésta quedó en suspenso y el posterior Gobierno Aznar, paralizó definitivamente el proceso de restitución. Con el nuevo ejecutivo de Rodríguez Zapatero, se retomó el diálogo, se constituyó una Comisión de Expertos con la tarea de elaborar un Informe y, en base a éste, el Gobierno del PSOE aprobó el pasado 15 de abril la restitución a la Generalitat de sus fondos incautados. Por ello, frente  a las tendenciosas acusaciones que se hacen tras esta decisión contra el Gobierno socialista, resulta obvio que ésta no supone un entreguismo ante las pretensiones de Cataluña (o de ERC), sino la culminación valiente y decidida de un proceso iniciado hace ya 27 años.

     El Informe de la Comisión de Expertos ofrece algunas consideraciones jurídicas interesantes: destaca el origen ilegítimo de las incautaciones que dieron lugar al actual Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE) de Salamanca, e insiste en la necesidad de precisar la titularidad de los fondos, punto básico para proceder a posteriores demandas de devolución. Ello plantea problemas pues algunas instituciones, como el Gobierno de Aragón, no tenían personalidad jurídica en el momento en que se produjeron las incautaciones de los fondos republicanos.

     El problema básico  es el de conciliar dos intereses, ambos legítimos: las justas demandas de devolución y, a la vez, garantizar la unidad del AGGCE, como auténtico memorial histórico de lo que supuso la represión franquista. Ambos fines no resultan incompatibles puesto que la unidad de archivo quedaría garantizada, en caso de devolución de los originales, al conservarse en el AGGCE copias microfilmadas y digitalizadas de éstos. Como indica el Informe, la cuestión se reduciría “a saber quién sería el depositario de la copia y quién del original, pero no se plantea un problema de ruptura de la integridad del archivo”.

     El Informe se pronuncia a favor de la devolución de los fondos a la Generalitat, demanda que considera “justa” y “legítima”, recordando que la Ley de Patrimonio Histórico permite que estos bienes se reintegren a su Administración de origen (art. 28.2). En cambio, ofrece una solución más polémica para el caso de los ayuntamientos: sugiere la entrega a los entes locales de copias digitalizadas y no la devolución de los originales. No obstante, para evitar posibles agravios, deja abiertas otras posibilidades como las cesiones temporales o definitivas de algunos fondos.

     Dejando claro que la localización física de los documentos originales no es tan importante como su conservación y accesibilidad, el Informe insiste en la necesidad de transformar profundamente el Archivo de Salamanca para convertirlo en un fondo documental de primera referencia sobre la Guerra Civil y la Represión franquista. Para ello, además de dotarlo de los adecuados medios humanos y materiales,  propone que vuelvan al AGGCE todos aquellos fondos que en su día salieron con destino a la Causa General y a otros lugares; igualmente propone concentrar el Salamanca todas las causas de los Consejos de Guerra hoy dispersas por instituciones militares de toda España y, también, la puesta en marcha de un ambicioso proyecto de historia oral  sobre este trágico período de nuestra historia.

     Frente a las voces que, desde la derecha, claman contra las medidas de restitución, bueno sería recordar que hace ya 25 años, un político tan poco afín al Gobierno Zapatero y a ERC como es Manuel Fraga, ya pedía la devolución de estos fondos: el 18 de marzo de 1980 presentó una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados instando al Gobierno Suárez para que “se traspasen a la Generalitat de Catalunya aquellos documentos que constituyeron, en su día, los archivos de la misma” (BOCE, 16 abril 1980). Por ello, tal vez hoy sus compañeros del PP tengan que volver a decir, como con su polémico abrazo a Raúl Castro, que “esto son cosas de Don Manuel...”

     Ante problemas difíciles, es preciso adoptar soluciones valientes...y eso es lo que ha hecho el Gobierno en relación al contencioso de la documentación de la Generalitat. Pero, para ser justos, este proceso debería de continuar ante las demandas de otras corporaciones locales que, aunque más humildes que la institución catalana, las asisten las mismas razones a la hora de defender sus legítimos intereses. 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 3 junio 2005)

En estas fechas en que se conmemora el 60º aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio nazis, es un buen momento para recordar (y reparar) el injusto olvido que, durante décadas, ha sufrido la memoria de los millares de republicanos españoles que allí fueron asesinados.

Derrotada la España leal a la República en 1939, miles de republicanos se refugiaron en Francia, cayendo en manos de las tropas hitlerianas cuando estas ocuparon dicho país en mayo de 1940. Los prisioneros republicanos españoles quedaron a la espera de que el gobierno de Franco indicase a sus amigos nazis qué se debía de hacer con ellos. El dictador decidió abandonar a su suerte a estos miles de compatriotas y, desposeyéndolos de la nacionalidad española, quedaron convertidos en apátridas. Su dramático destino quedó sellado en la entrevista de Serrano Suñer  con Hitler del 25 de septiembre de 1940. En ella, el cuñado de Franco y ministro de la Gobernación, acordó la entrega de los republicanos españoles a la Gestapo para ser deportados a un campo de concentración donde debían realizar trabajos forzados hasta el límite de sus fuerzas. Mariano Constante recordaba la indignación que produjo entre los presos republicanos este hecho puesto que “hemos descubierto  que Franco les dijo [a los nazis] que no quería que ningún español saliera vivo y también quería que nos explotaran trabajando”. De la connivencia de las autoridades franquistas a la hora de consumar la tragedia, se ofrecen testimonios reveladores en el excelente documental “El convoy de los 927”.

Los republicanos españoles fueron deportados al campo de Mauthausen (Austria). Allí fue a parar el grueso de los más de 10.000 deportados, aunque otros grupos fueron enviados a campos de concentración de triste recuerdo: Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Ravensbruck o el castillo de Hartheim, en donde fueron objeto de macabros experimentos y operaciones. En todos estos lugares, convertidos en auténticos infiernos de inhumanidad y violencia extrema, hallaron la muerte miles de republicanos españoles en el más absoluto olvido.

El campo de concentración de Mauthausen  se creó el 8 de agosto de 1938 y funcionó hasta el 5 de mayo de 1945 en que fue liberado por las tropas norteamericanas. Durante estos años, se estima que en Mauthausen y en su campo auxiliar de Güsen, fueron asesinadas o murieron como consecuencia de las condiciones infrahumanas y los trabajos forzados en torno a 150.000 personas, de las cuales no menos de 7.000 eran republicanos españoles y de ellos, 196 eran turolenses. A la altura de 1942,  más de la mitad de los prisioneros eran de origen español. Por esas mismas fechas, en que nuestros compatriotas morían de agotamiento y enfermedades en la cantera de Mauthausen o con inyecciones de bencina en Güsen, el general Franco mantenía su delirio filonazi y su convicción en la victoria de la barbarie hitleriana a la cual manifestaba su total apoyo: en un discurso dado en la audiencia militar de Sevilla del 14 de febrero de 1942, afirmaba que “si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de voluntarios españoles la que allí fuera, sino que sería un millón de españoles los que se ofrecerían” para defender la capital del Reich. Sobran los comentarios.

Durante décadas, un puñado de supervivientes españoles recordaba tanta barbarie reuniéndose cada año en Mauthausen bajo el digno tremolar de la bandera republicana. Poco a poco, se han ido tomando en toda España algunas iniciativas  para recuperar el recuerdo de nuestros compatriotas. Citemos, en el caso de Aragón, cómo, en el año 2002 el Gobierno de Aragón concedía a Mariano Constante la Medalla de Oro a los valores humanos, la cual se hacía extensiva “a los aragoneses que fueron víctimas de los campos de exterminio nazis”; también recordamos cómo el Ayuntamiento de Calanda, a principios de 2003, recuperó igualmente la memoria de sus paisanos muertos en el holocausto nazi, al igual que habían hecho tiempo antes la ciudad de Fraga y la comarca del Bajo Cinca o en Sabiñánigo.

Este año, cuando se va a recordar el 60º aniversario de la liberación de los campos hitlerianos, es la ocasión propicia para que todos, instituciones y ciudadanos, contribuyamos a que perviva en el futuro la memoria de la deportación republicana antifascista. En esta ocasión, será la primera vez que un representante del Gobierno democrático de España, el Presidente Zapatero, asista a un homenaje cargado de dignidad y de emoción.

Las ceremonias que se celebren, además de hacer justicia con los olvidados españoles que allí murieron, deben de tener un sentido de reafirmación cívica en nuestros valores, actualizar el pasado para convertirlo en una lección moral. Estas reflexiones nos previenen ante cualquier rebrote de xenofobia racista o de fascismo que se pudieran incubar, como el huevo de la serpiente, en nuestra sociedad actual. Y es que la memoria histórica es, siempre, una memoria necesaria y será, siempre, un imperativo moral.

         José Ramón Villanueva Herrero

         (Diario de Teruel, 8 mayo 2005)

     Resulta sorprendente la polémica suscitada días atrás ante la propuesta planteada en Alcañiz por el PSOE para suprimir las denominaciones con que dicha ciudad recuerda a dos personas vinculadas con la dictadura franquista: el Colegio Público "Emilio Díaz" y la calle General Cebollino. Dicha propuesta, de elemental sentido democrático, ha originado posicionamientos encontrados: mientras la derecha local la rechaza sin argumentos consistentes, el PSOE estima, con toda razón,  que ya es hora de eliminar de la toponimia urbana los nombres de tan destacados partidarios del régimen liberticida franquista.

     El Grupo Municipal Socialista de Alcañiz ha propuesto, con valentía y coherencia, que se cambien ambas denominaciones de signo antidemocrático, así como la necesidad de consensuar los nombres más adecuados para estos dos espacios ciudadanos. Ello no ha sido posible ante el frontal rechazo de esta moción por parte de la derecha gobernante local que, de este modo, ha dejado pasar una buena ocasión para limpiar y democratizar el callejero urbano.

     De Emilio Díaz Ferrer y Gascón (1896-1966) no pretendo destacar su abundante currículum como servidor fiel y entusiasta de la dictadura, simplemente por el hecho de que no lo considero como "meritos" homologables ni aceptables para una sociedad madura y plenamente democrática como la actual. Por ello, resulta preciso recordar que, cuando desde determinadas instancias políticas se  indica que Emilio Díaz fue "un personaje relevante" y del que se dice "que trajo la enseñanza a la ciudad de Alcañiz", habría que recordar cómo era la enseñanza en aquellos años del franquismo en el primer Instituto que, siendo Díaz alcalde se estableció en la ciudad: qué educación era aquella, saturada de autoritarismo, pensamiento único  y conformismo social. En este sentido sería bueno recordar que, la enseñanza, vino a Alcañiz varios siglos antes, de la mano de los humanistas alcañizanos del Renacimiento, en los que hallamos muchos más valores éticos  que en el triste páramo cultural en que convirtió a España la dictadura al reprimir de forma implacable la libertad de pensamiento. Igualmente, el decir que, durante el prolongado mandato de Díaz como alcalde, procurador en Cortes y jerarca del partido único se alcanzó un cierto grado de "progreso", es una perversa deformación histórica que sólo pretende justificar diversos aspectos de la dictadura: es como exaltar al franquismo porque hacía pantanos, a Hitler porque inició la construcción de autopistas  o a Mussolini porque desecaba zonas pantanosas. Cuando esto se dice, se olvida lo esencial: el respeto a la libertad, la valoración de la misma, que es el componente básico de toda sociedad y, de no existir ésta, de poco vale el supuesto "progreso" que se puedan arrogar las dictaduras y sus serviles colaboradores.

     Emilio Díaz defendió siempre sus intereses de clase: primero como monárquico conservador maurista y, cuando pasados los años vió estos amenazados por la política reformista de la II República, optó por financiar primero y, alistarse después con entusiasmo combativo, en las filas del  naciente fascismo español. Tras la victoria militar de los sublevados, su labor política la desarrolló en los años más duros de la dictadura (1940-1955), en los que la represión era más implacable y la miseria más acuciante.

     En cuanto al general Joaquín Cebollino von Lindeman (1889-1938), militar franquista que ocupó Alcañiz durante la guerra civil y que tuvo una destacada actuación en las batallas de Jarama, Alfambra y Ebro, tampoco tiene ningún sentido que una calle honre la memoria de un militar  que se sublevó y combatió al gobierno legítimo de la República. A Cebollino, el ayuntamiento franquista de Alcañiz, presidido por Emilio Díaz, le dedicó una calle en 1944: y todavía se mantiene, algo que resulta incomprensible.

     Como decía la voz siempre comprometida de Susan Sontag, fallecida recientemente, en ocasiones, "la política no es algo hermoso, pero tomar partido sí lo es". Por eso, hoy, ante temas como este, soy de los que toman partido por una causa que, como la planteada por el PSOE alcañizano, considero de absoluta justicia. 

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 17 enero 2005)   

     En la actualidad, se alude con frecuencia a la necesidad de recuperar nuestra memoria histórica colectiva, aquella que nos hurtó y manipuló durante décadas la dictadura franquista. Este fenómeno, que tantos recelos genera en determinados sectores, supone, no obstante, un claro síntoma de la vitalidad democrática de nuestra sociedad civil y, por ello, pienso que debe de ser apoyado y respaldado por la ciudadanía y, por supuesto, por todas las instituciones públicas.

     Dicho esto, resulta sorprendente y penoso a un tiempo constatar  la flagrante y ofensiva pervivencia, todavía, de determinados nombres que, en nuestra toponimia urbana, exaltan a determinadas figuras de la dictadura franquista. Y es que,  transcurridos 30 años desde la muerte del dictador y 25 de existencia de ayuntamientos democráticos, aún figuran en algunos edificios públicos los nombre de destacados partidarios del régimen liberticida que fue el franquismo y que simboliza la página más negra de nuestra historia reciente. Ello se debió a que, durante la Transición, tal vez por excesiva prudencia, no se culminó la necesaria supresión de toda la toponimia urbana de signo franquista.

     Es preciso recordar que  esto no ocurre en ningún país de nuestro entorno que haya sufrido una dictadura similar a la padecida en España: sería impensable encontrar en Alemania, Italia, Francia o Portugal calles o centros escolares que honrasen en la actualidad a personalidades vinculadas con el nazismo, el fascismo, el régimen colaboracionista de Vichy o el salazarismo respectivamente. Y ello por una razón obvia: porque estas denominaciones fascistas y liberticidas no tienen cabida en una sociedad libre y democrática. Pero en España, todavía no podemos decir lo mismo: desgraciadamente, muchos poderes fácticos, muchas inercias y muchos temores infundados mantienen nombres que ofenden a nuestra conciencia ciudadana. No nos engañemos: este no es un debate entre izquierda y derecha, es pura y llanamente una reafirmación de nuestras más elementales convicciones democráticas.

     Este hecho resulta especialmente grave en lo que afecta a los centros educativos que, después de tantos años, todavía conservan nombres vinculados al franquismo. Como recordaba el diputado socialista González Serna, "en una democracia madura, como la nuestra, no se puede permitir que haya niños y niñas que acudan a diario a centros educativos que llevan por nombre el del dictador o el de alguno de sus colaboradores" (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados nº 133, 3 noviembre 2004). Por ello, en nuestra provincia de Teruel, tenemos los casos del Instituto " José Ibáñez Martín" de Teruel, así como el del Colegio Público de idéntico nombre ubicado en Utrillas, el C. P. "Emilio Díaz" de Alcañiz o el C. P. "Juan Espinal", en la capital turolense. Todos estos nombres, dedicados a personas adictas a la dictadura y que no representan en absoluto los valores de libertad, justicia, progreso social y pluralismo que rigen nuestra sociedad actual, deberían ser sustituidos de forma inmediata mediante el oportuno consenso entre los respectivos Consejos Escolares y las fuerzas políticas e instituciones locales.

     No está de más recordar que, tras la reciente aprobación de la Proposición no de Ley sobre retirada de los símbolos de la dictadura franquista de los edificios públicos del Estado donde aún persisten de 3 de noviembre de 2004, se considera no sólo como "simbolos franquistas" a los monumentos y lápidas, sino también los nombres de las calles y centros educativos cuyas denominaciones resultan contrarias a los valores de la legalidad democrática constitucional. Por ello, estos anacronismos ofensivos para nuestra conciencia de ciudadanos libres, deberían subsanarse cuanto antes y con el mayor consenso político y social del que, desde el respeto, pero también desde la firmeza democrática, seamos capaces. 

José Ramón Villanueva Herrero.

(Diario de Teruel, 13 enero 2005)