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Kiryat Hadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

Memoria histórica

EL PATRIOTISMO DE JUAN NEGRIN

EL PATRIOTISMO DE JUAN NEGRIN

 

     En su trayectoria vital, Juan Negrín López demostró su talla y coraje político, así como su condición de gran patriota durante la Guerra de España de 1936-1939, defendiendo hasta el final la legalidad republicana frente al fascismo. Y ese mismo sentido patriótico lo evidenció, años después, ya en el exilio, cuando España estaba sometida a la dictadura franquista y en un tema muy controvertido:  su actitud favorable a que España se incorporase al Plan Marshall.

    Concluida la II Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó el European Recovery Program (ERP) para la reconstrucción de la devastada Europa occidental, puesto en marcha por el presidente Harry Truman e ideado por George Marshall, su entonces vicepresidente y prestigioso militar, razón por la cual fue conocido por el nombre de su promotor. Este plan supuso la inyección de 14.000 millones de dólares con objeto no sólo de la reconstrucción de los países de la Europa occidental, sino también, en el contexto de la Guerra Fría, con la intención política de sellar una alianza transatlántica para hacer frente al creciente auge de la influencia de la URSS en el continente europeo.

     A principios de 1948 se iniciaron conversaciones para el reparto de los fondos entre los potenciales estados beneficiarios y hasta la España franquista intentó optar a ellos, agobiada como estaba con una economía devastada tras la guerra, la asfixiante autarquía y el aislamiento internacional de la dictadura. Ante esta posibilidad, el ministro británico Mc Neil se opuso, al igual que lo hizo toda la oposición republicana en el exilio puesto que consideraban que dichos fondos servirían para el fortalecer al régimen franquista. En este sentido, el PSOE, por medio de Indalecio Prieto, dejó patente su frontal rechazo confiando en que “la España de Franco no entrará en el Plan Marshall, y si no entra, el régimen de Franco morirá por asfixia económica” (El Socialista, 9 abril 1948) y días después Prieto declaró que la participación de España en dicho plan “equivaldría al fortalecimiento del dictador y revestiría una verdadera traición por parte de los países democráticos” (El Socialista, 16 abril 1948).

     En cambio, y contra de la opinión mayoritaria del exilio republicano, Negrín se atrevió a defender públicamente, por medio de tres artículos publicados en la edición europea del New York Herald Tribune, la inclusión de España en el Plan Marshall, pues pensaba que, de no acceder a esos fondos, “soñar con el restablecimiento de la República a través del hambre y del empobrecimiento de España es un error”, un análisis honesto y guiado por un profundo patriotismo que, sin embargo, cayó como una bomba entre el exilio:  el PCE llegó a calificar a Negrín de “traidor” (Mundo obrero, 15 abril 1948) a la vez que tampoco fue plenamente comprendido por muchos negrinistas, los mismos que, junto a él, habían sido expulsados del PSOE en 1946.

     Negrín sentía un profundo dolor por la exclusión de España, pues como decía en un artículo fechado el 2 de abril de 1948 en el citado periódico, el rechazo “sería causa del aumento de los graves sufrimientos padecidos por el pueblo español desde el final de la guerra”, y en el artículo del día siguiente, Negrín dejaba clara su postura: “contra el régimen caudillista, todo, contra España, nada” y, por ello proponía que “las instituciones de la República de España deben ser reconocidas al mismo tiempo que la admisión de España en el Plan de Reconstrucción Europea”.

      Por su parte, Juan Marichal recoge varias cartas que, con este tema como telón de fondo, cruzó Negrín con Ramón Lamoneda, exsecretario general del PSOE y, expulsado como él del partido y el 1 de abril de 1948 le escribirá diciendo que “Ni con el Plan Marshall se le mantiene [a Franco], ni sin el Plan se le echa”. Días después, el 16 de abril, en una nueva carta Negrín calificaba la exclusión de España como una “monstruosidad legal”, pues, teniendo en mente los cuantiosos fondos destinados a Alemania e Italia, se pregunta: “¿Tiene esto la misión de infligir a España, al país y al pueblo, un castigo que no ha sido impuesto a países culpables de una guerra criminal?”.

    Recordando esta actitud patriótica de Negrín, exenta de intereses partidarios, contrasta con la actuación, ciertamente antipatriótica evidenciada por el PP criticando agriamente la concesión y gestión de los fondos asignados a España procedentes del Plan de Recuperación de la Unión Europea para hacer frente a la devastación causada por la pandemia de la Covid-19. Así es nuestra historia.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 14 marzo 2022)

 

 

DONDE LA HISTORIA SE AVERGÜENZA

DONDE LA HISTORIA SE AVERGÜENZA

 

     Hay lugares y donde se tuvieron lugar páginas negras de la historia  y que como tales han quedado en la memoria colectiva. Tal vez el ejemplo más evidente (y sangrante) de ello sea Auschwitz, la encarnación del mal absoluto que supuso el nazismo, pero con distinta graduación y circunstancias hay otros muchos si repasamos la historia reciente de Europa.

    Este año he pasado las vacaciones en Francia, cerca de la localidad de Montoire-sur-le-Loir, población que evoca una página, también negra, de la historia francesa. Allí tuvo lugar, el 24 de octubre de 1940, la entrevista entre el mariscal Philippe Pétain y Adolf Hitler, el primero, representando a la Francia vencida por la entonces imparable maquinaria de guerra alemana, el otro, el todopoderoso dictador nazi. Hitler, que el día anterior se había reunido con el general Franco en la estación de Hendaya, pretendía con el encuentro de Montoire, sentar las bases de la relación entre el III Reich y la Francia pétainista, o lo que es lo mismo, lograr la completa sumisión de ésta a los dictados políticos, económicos y militares de Berlín.

     El apretón de manos entre Pétain y Hitler en la estación de Montoire ha quedado para la memoria de Francia como el símbolo del vergonzoso  y humillante colaboracionismo del régimen pro-nazi galo con la Alemania hitleriana. En dicha reunión Pétain aceptó colaborar con el III Reich pero no logró ninguna de sus demandas como la liberación de varias decenas de miles de prisioneros de guerra o la reinstalación del Gobierno pétainista ni en Versalles ni en París, por lo que éste fijó su sede definitiva en la ciudad de Vichy. Y ello a pesar de que Pétain ofreció su apoyo a la Alemania nazi para combatir a Gran Bretaña y no puso obstáculos para una mayor colaboración política y económica con Berlín. Pero Hitler se mostró intransigente y no aceptó ninguno de los ofrecimientos de Pétain pues sólo deseaba asegurar la colaboración política (incluida la represión de resistentes y la deportación de judíos) y la explotación económica de Francia en beneficio del esfuerzo de guerra germano. En el terreno militar, Hitler estaba interesado en que Pétain defendiera el imperio colonial francés de ataques británicos o de las Fuerzas Francesas Libres (FFL) del general De Gaulle, todo ello sin ninguna compensación a cambio que pudiera "justificar" la colaboración del régimen de Vichy con la Alemania nazi.

     Aún hoy en día, en la historia oficial de Francia,  aquella que presenta a nuestro país vecino como unido contra el nazismo bajo la bandera de la Resistencia y de la figura del general De Gaulle, el tema del colaboracionismo con la Alemania hitleriana sigue siendo una página polémica, un período asociado a las ciudades de Vichy y de Montoire, que todavía cargan con ese estigma.

      En la actualidad, del episodio vergonzoso de Montoire queda el edificio histórico de la vieja estación, convertida en un pequeño museo que recuerda el significado de aquel encuentro, considerado todo un oprobio para el orgullo chovinista galo. A modo de desagravio, en la fachada de la estación, una placa recuerda la liberación de Montoire por el Ejército de los Estados Unidos el 11 de agosto de 1944. Igualmente, en los jardines que se hallan frente a la estación, está plantado un "Árbol de la Libertad", evocando el legado de la Revolución Francesa y los valores republicanos de "Libertad-Igualdad-Fraternidad", que fueron aplastados tanto por la ocupación nazi  como por el régimen pétainista de Vichy.

    Otro vestigio relacionado con el encuentro de Montoire se encuentra en sus proximidades: se trata del túnel ferroviario de Saint-Rimay que estaba destinado a proteger a "Erika", el tren blindado de Hitler, en caso de ataque aéreo durante su entrevista con Pétain. Más tarde, en 1943, se convirtió en Cuartel del Alto Mando alemán y estaba cerrado por enormes puertas blindadas, protegido por búnkeres y baterías antiaéreas y que contaba con una guarnición permanente y una central eléctrica y telefónica que conectaba directamente con  Berlín. Curiosamente, estas instalaciones nunca fueron objeto de ningún ataque aéreo durante la guerra. Aunque el acceso al túnel está prohibido y un cartel advierte de que, en caso de hacerlo, se puede ser sancionado con una multa de 3.750 euros y una sanción de 6 meses de cárcel, dado que la vía férrea sigue siendo operativa, era  tentador adentrarse en el túnel y así lo hice, para contemplar sus impresionantes puertas blindadas que todavía se conservan en su interior, así como el techo del mismo, reforzado con planchas de acero y que, pese a ello, nunca llegó a ser utilizado como refugio para el tren de Hitler.

     Es evidente que Francia ha ajustado cuentas y memoria con su pasado, mientras que en España todavía tenemos muchas deudas pendientes con aquellos lugares vinculados al franquismo donde, también, la historia se avergüenza. Baste recordar las miles de fosas y tapias que nos recuerdan, en infinidad de lugares,  la represión genocida desatada por los sublevados aquel fatídico 18 de julio de 1936. También avergüenzan aquellos otros lugares donde, como señalaba Paul Preston, el general Franco firmaba las sentencias de muerte de los condenados "mientras comía", "tomando café antes de la sienta" o "viajando en coche", miles de sentencias que el dictador siempre firmó con la "E" de "Enterado", de forma fría, impasible y sin el menor remordimiento moral, pues como el mismo Franco dijo a su cuñado Ramón Serrano Suñer, eran "cosas de trámite". Estos hechos avergüenzan la historia de España, al igual que en la memoria francesa sigue siendo un hecho oprobioso el encuentro de Montoire, y como tal se estudia en los libros de texto, mientras que en España sigue habiendo profundas lagunas curriculares a la hora de analizar la dictadura franquista.

      Por todo ello, es tan importante la memoria democrática pues, como dejó escrito Luis Buñuel, "Una vida sin memoria no sería vida, como una inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella, no somos nada".

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 de agosto de 2021)

 

 

QUÉ FUE DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

QUÉ FUE DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

 

    Cuando la entonces mayoría parlamentaria del Partido Popular aprobó la Ley Orgánica 1/2014, mediante la cual se modificaba la Ley orgánica 6/1985, del Poder Judicial, se consagraba, legalmente, la limitación a la jurisdicción universal, lo cual supuso un duro golpe al principio de justicia universal,  dado que se imposibilitaba el que los tribunales españoles pudieran investigar y enjuiciar delitos penados por el derecho internacional tan graves como el genocidio, los crímenes de guerra, las desapariciones forzadas o la tortura, quedando sobreseídos, de forma automática,  todas las causas de esta índole que estuvieran abiertas en la Audiencia Nacional. De este modo, el entonces Gobierno presidido por Mariano Rajoy, consagraba la impunidad de los crímenes contra la humanidad, todo un cínico ejercicio de utilitarismo frente a los valores de la ética y la justicia, impidiendo de este modo investigar y enjuiciar a genocidas y criminales de guerra tan repugnantes como Franco, Pinochet, George Bush o Jiang Zemin.

    Hay que tener en cuenta que la jurisdicción universal es uno de los mayores instrumentos con los que cuenta la justicia por poder juzgar crímenes de derecho internacional tales como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura o desaparición forzada. Es por ello que esta herramienta permite a los jueces de todos los países del mundo poder abrir investigaciones sobre estas violaciones graves de derechos humanos, llevando ante los tribunales a los autores de estos crímenes.

   Tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2014, son muchos las causas e investigaciones abiertas en tribunales españoles que han quedado impunes tras su archivo “legal”. Este sería el caso de las diversas causas abiertas por genocidio como el cometido contra la población maya en Guatemala (1999), por el sufrido por el grupo religioso Falun Gong en China (2003) o los relativos al Tibet (2005), Ruanda (2005), los crímenes provocados por autoridades marroquíes en el Sahara Occidental ocupado (2006) o el cometido en los campos de concentración nazis (2008). Otras causas investigaban los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza (2008) o en el ataque a la llamada “Flotilla de la Libertad” (2010) por unidades del Ejército israelí. También se archivarían las investigaciones abiertas en torno al asesinato de José Couso en Irak, la del jesuita Ignacio Ellacuría en El Salvador o la del diplomático Carmelo Soria durante la dictadura de Pinochet en Chile, así como las causa en torno a los vuelos clandestinos de la CIA o las torturas cometidas en la base de Guantánamo por militares norteamericanos.

     Dicho esto, resulta obvio que la puesta en práctica de la Ley Orgánica 1/2014, ha tenido importantes consecuencias negativas dado que ha supuesto un golpe devastador para la jurisdicción universal al permitir que tan graves crímenes queden impunes. Al mismo tiempo, supone una flagrante violación de las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por España en esta materia, en concreto las Convenciones de Ginebra de 1949, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2007 (ratificado por España en 2009), dado que la legislación española no puede dejar sin efecto o derogar las obligaciones contraídas por España en materia de derecho internacional dado que éstas tienen supremacía sobre el derecho nacional.

    Además, según algunos juristas, la referida limitación legal a aplicar por parte de España la justicia universal podría exceder las facultades legislativas del Congreso de los Diputados, dado que estaría cerrando de manera generalizada todas las investigaciones relativas a estos graves crímenes, lo cual supone una clara interferencia que vulnera la independencia del poder judicial. Y, también, semejante involución legislativa no sólo daña la imagen internacional de España en materia de defensa de los derechos humanos e investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad, sino que incluso podría llevar a nuestro país ante la Corte Penal Internacional o ante los comités de la ONU contra la tortura o contra las desapariciones forzadas por incumplimiento de sus obligaciones en esta materia dado que el consenso de la comunidad internacional es claro: estos crímenes, que golpean a la conciencia de la humanidad, han de ser castigados y es deber de todo Estado investigar a sus responsables. Además, es importante señalar que ninguno de estos tratados menciona la posibilidad de limitar la persecución de graves crímenes de derecho internacional como ha pretendido la Ley Orgánica 1/2014 a cuya aprobación no fueron ajenas las presiones de Estados Unidos, China o Israel sobre el entonces gobierno de Mariano Rajoy.

    Cuando en el año 2014 se produjo tan grave involución legislativa, ante semejante golpe a la aplicación efectiva de la justicia universal, 91 asociaciones y colectivos vinculados a los derechos humanos, suscribieron un manifiesto en el cual instaban a España a que respetase y mantuviese sus compromisos y obligaciones internacionales suscritos al firmar los acuerdos antes indicados, así como a que se garantizase que cualquier reforma de las normas que regulan la jurisdicción universal esté acorde con el derecho internacional. Así las cosas, estas cuestiones siguen pendientes a fecha de hoy y, consecuentemente, esta situación debería ser subsanada cuanto antes para que España vuelva ser un adalid en la defensa de la justicia universal, aquel camino que inició el entonces juez Baltasar Garzón cuando el 16 de octubre de 1998 dictó la orden de detención contra el dictador Augusto Pinochet, todo un hito en la aplicación del principio de justicia universal, o cuando el mismo Garzón inició el sumario 53/2008 sobre las víctimas del franquismo y  en el que constan los nombres de 143.353 víctimas causadas por la represión fascista durante la guerra civil y la posterior dictadura, por lo que sigue habiendo 143.353 razones para que los demócratas españoles defendamos la aplicación de la legislación penal internacional. Por todo ello, la reactivación de la justicia universal, con todas sus consecuencias, debería de ser una tarea asumida sin dilación por el actual Gobierno de coalición progresista español.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón. 10 agosto 2021)

 

 

 

 

ANNUAL: EL CENTENARIO DE UN DESASTRE

ANNUAL: EL CENTENARIO DE UN DESASTRE

 

     Entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921, hace ahora cien años, se produjo en Marruecos el conocido como “desastre de Annual”, sufrido por el ejército español, una tragedia causada no sólo por las tribus rifeñas lideradas por Abd-el-Krim, sino también por la ineptitud de los mandos, por un impropio afán de gloria y conquista colonial, así como por los intereses económicos de la clase política y militar que sustentaba la monarquía de Alfonso XIII.

    Tras la pérdida en 1898 de los últimos restos del imperio colonial hispano (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), los políticos de la Restauración dirigieron su mirada hacia el indómito Marruecos, con la pretensión de revivir allí viejos sueños de potencia colonizadora. Es por ello que, tras la Conferencia de Algeciras (1906) y la posterior creación del Protectorado Franco-Español (1912), las tierras de Marruecos fueron repartidas entre Francia, que se llevó la mayor parte del territorio, y España, a la que le correspondió una pequeña franja, un territorio agreste, habitada por 66 cabilas o tribus, una zona indómita cuyos nativos, en expresión del sargento de Regulares Enrique Meneses, eran “gentes sin civilizar” y para los que “la guerra es su pasión, su diversión favorita”.

    Varias fueron las razones por las cuales los políticos y estamentos militares del momento fijaron su interés en Marruecos. En primer lugar, para intentar “restañar las heridas” ocasionadas por la pérdida de las colonias en 1898; por otra, el deseo del Ejército de dar salida a una oficialidad que, tras el desastre colonial, se había visto privada de 8.000 destinos. Además, la intervención en Marruecos, a la que se le quiso dar un tinte “civilizador”, pretendía en realidad recuperar el prestigio perdido por la clase política y el Ejército en aquella España decadente que, a duras penas, intentaba sobreponerse de las consecuencias del desastre de 1898. Y, a todo ello, habría que añadir los intereses económicos españoles en la zona, esto es, la explotación de los yacimientos de hierro y plomo marroquíes.

   Desde el primer momento, los sectores populares españoles se opusieron a la aventura colonial en Marruecos: recordemos que fue éste precisamente el motivo del estallido de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, el mismo año en que se produjo el desastre del Barranco del Lobo cerca de Melilla. No obstante, los sucesivos gabinetes de la época, en gran medida alentados por Alfonso XIII, continuaron con sus pretensiones coloniales en Marruecos. De este modo, a partir de 1919, el Gobierno de Romanones reactivó la campaña militar para hacerse con el control efectivo del territorio del Protectorado asignado a España y que contaba con una población bereber hostil a cualquier dominación extranjera y que culminó con la conquista de Xauén en el otoño de 1920.

    Posteriormente, el protagonismo militar correspondió al general Manuel Fernández Silvestre, cuya impetuosa e insensata actitud, apoyado y protegido directamente por el rey Alfonso XIII, sería el detonante del desastre. Así, fue Fernández Silvestre el responsable del temerario avance hacia la bahía de Alhucemas, “excesivamente osado y falto de consistencia” como señaló el historiador Daniel Macías, lo cual ocasionó graves problemas de comunicación y la imposibilidad de abastecer de material y, sobre todo de agua en el abrasador verano marroquí, a los “blocaos” o posiciones españolas, por otra parte, escasamente dotadas de hombres y armamentos y débilmente fortificadas, tal es así que, Fermín Galán, entonces  un joven oficial destinado en la zona, definía con estas palabras la lamentable situación de los soldados en los blocaos: “Están famélicos, barbudos, no tienen fuerzas, se caen. Están destrozados”.

    El ataque de las cabilas rifeñas, unificadas bajo el mando de Abd-el-Krim, cercó a las tropas españolas de Fernández Silvestre e iniciada la retirada en medio de un caos total, se produjo el desastre: una insurrección general se abatió sobre los soldados, a los que no se les concedió cuartel y que causó la muerte de más de 10.000 militares españoles (entre ellos, el mismo general Fernández Silvestre), muchos de cuyos cadáveres fueron objeto de todo tipo de vejaciones, tal y como ocurrió tras la rendición de las tropas en Monte Arruit.

  El impacto social de la derrota militar fue grande y el gabinete de Manuel Allendesalazar se vio obligado a dimitir. La ciudadanía pidió la depuración de responsabilidades, se crearon comisiones parlamentarias, el general Picasso redactó el informe que lleva su nombre y es que, “el desastre de Annual” como empezó a ser denominado, puso en el punto de mira no sólo al sistema político de la Restauración, sino también la responsabilidad que en el mismo tuvo el rey, al que muchos hacían responsable de lo sucedido.

   Este triste aniversario nos recuerda cómo miles de cadáveres de soldados, la inmensa mayoría pertenecientes a familias humildes que, a diferencia de las más pudientes no pudieron eludir el servicio militar imperante en aquella tierra hostil, fueron el elevado precio que se pagó por trasnochadas e  ilusorias ambiciones coloniales y militaristas, unidas a los intereses de la carcomida clase política sobre la que se sustentaba el trono de Alfonso XIII, una monarquía que, pese al intento desesperado de apuntalarla mediante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera durante 1923-1930, había entrado en su declive definitivo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 19 julio 2021)

 

MEMORIA DEL OPROBIO: LOS VOLUNTARIOS DEL PRIMER DÍA

MEMORIA DEL OPROBIO: LOS VOLUNTARIOS DEL PRIMER DÍA

 

   Resulta sorprendente y, desde luego inaceptable, la actitud del actual Ayuntamiento de Zaragoza ante sus reiterados incumplimientos a la hora de aplicar la actual legislación en materia de memoria democrática. Ahí está su rechazo a depurar del callejero urbano de la capital aragonesa los nombres que honran a figuras vinculados, sin ningún género de dudas, a la exaltación y legitimación de la pasada dictadura franquista cual es el caso, entre otros, de Gonzalo Calamita Álvarez, Miguel Allue Salvador o del arzobispo Rigoberto Domenech Valls.

  Pero no sólo es preciso suprimir, por un elemental sentido democrático las denominaciones evocadoras de la pasada dictadura, sino que resulta también preciso revocar diversas menciones honoríficas que el Ayuntamiento de Zaragoza concedió durante el franquismo y una de ellas sería la concesión en 1943 de la Medalla de Plata de la Ciudad de Zaragoza a los llamados “Voluntarios del primer día del Glorioso Movimiento Nacional”.

    La referida distinción pretendía premiar a todos aquellos voluntarios civiles que se unieron a los militares sublevados en Zaragoza contra el Gobierno legítimo de la Segunda República el 18 de julio de 1936. De este modo, como señala Ángel Alcalde Fernández en su excelente libro Lazos de sangre. Los apoyos sociales a la sublevación militar en Zaragoza. La Junta Recaudatoria Civil (2010), la corporación zaragozana distinguió a “la fuerza de choque con que contaron los militares golpistas para efectuar el asalto al Estado republicano” y que estaba compuesta por las bases juveniles de la CEDA, sus fascistizadas Juventudes de Acción Popular (JAP) y, sobre todo, por “las genuinamente fascistas de Falange Española y de las JONS, así como por parte de un reducido núcleo de requetés carlistas aragoneses”.

     La función de estos voluntarios del primer día, como señala Ángel Alcalde, era la de “ser fuerza de choque de la sublevación”, así como la de actuar como “un estímulo ideológico en el seno de las unidades militares entre las que fueron distribuidos”. Por otra parte, éstos voluntarios se establecieron en el Cuartel de Castillejos, uno de los puntos neurálgicos del golpe militar en la capital aragonesa, y según relata el diario El Noticiero en su edición del día 25 de julio de 1936, desde allí partían los voluntarios en sus expediciones, que no sólo eran “acciones de guerra”, sino que también actuaron ocupando diversos pueblos de la provincia a los que se extendió la sublevación, custodiando ayuntamientos, realizando patrullas, escoltando expediciones, además de efectuar cacheos y registros en las “barriadas rojas” con objeto, como señalaba dicho diario, de ir “extirpando focos peligrosos marxistas”, expresión inequívoca del papel desempeñado por estos voluntarios en la brutal represión sufrida por aquellos ciudadanos que se habían caracterizado por su lealtad al gobierno legítimo de la República.

    Ángel Alcalde señala cómo el Ayuntamiento de Zaragoza elaboró una lista de 414 nombres, listado recogido en las actas de la Comisión Gestora, en los cuales se anotaron los nombres de quienes, enterados de la concesión, habían presentado avales que demostraban que el 18 de julio “se habían presentado a colaborar en la sublevación”. Dicha concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad, tuvo lugar en 1943, siendo alcalde de la ciudad Francisco Caballero, cuando se cumplió el 7º aniversario del alzamiento militar, y de ello quedó testimonio, como señalaba también la historiadora Ángela Cenarro, en las actas municipales del Ayuntamiento de Zaragoza del 15 de julio de 1943 y del 7 de agosto de 1944.

    Por su parte, Ángel Alcalde identifica “con seguridad” a una cincuentena de estos “voluntarios del primer día”. Por sectores, el más destacado es el de afines a Falange, entre los que se cita a Miguel Merino Ezquerro, Pedro Sainz Inglés, Orencio Citoler, Melchor Rocatallada, grupo en el cual habría que incluir igualmente a los componentes del falangista Sindicato Español Universitario (SEU), todos ellos muy jóvenes, como Ramón Martínez Berganza, el estudiante de medicina de 19 años Antonio Zubiri Vidal, a Guillermo Fatás Ojuel, que todavía no había cumplido los 18 años, o a Miguel París Plou, natural de Letux, que tan sólo tenía 16 años y que más tarde combatiría en la División Azul.

  También las JAP aportaron un contingente de jóvenes que se sumaron con entusiasmo a los golpistas, entre ellos, los hermanos Luis y Antonio Blasco del Cacho, Florencio Izuzquiza Galindo, o los también hermanos Agustín, Anselmo y Luis Loscertales Mercadal, hijos de uno de los militares golpistas sublevados en Zaragoza, el teniente coronel Anselmo Loscertales.

    En el referido listado, también hubo un recuerdo para algunos de los “camaradas caídos” en el frente durante la guerra como fue el caso de Baltasar Ostalé, Jesús Marina, o Fermín Ester Moneva, Lo mismo se hizo con Gerardo Oroquieta Arbiol, que se sumó al golpe con 18 años y que luego marchó a la División Azul, donde fue dado por muerto, aunque reapareció tiempo después tras haber estado cautivo en territorio soviético.

   Pero la referida medalla de plata no sólo se concedió a estos jóvenes fascistas o fascistizados, sino que también se hizo extensiva a otras personas adictas al alzamiento como fue el caso del crítico de arte Felipe Bernardos Pérez, del abogado falangista Fausto Jordana de Pozas, director comercial de Talleres Mercier o a Gustavo Freudental, fotógrafo y cónsul de la Alemania nazi en Zaragoza. En esta lista también figuran médicos como Carmelo Navarro Garriga o Mariano Vicente Carceller, el arquitecto Alejandro Allanegui Pérez, así como Raimundo Almudí y Ponce de Leon (propietario del cabaret Elíseos), el comerciante Felipe Lafuente Subirón, o José Luis Arantegui que en la posguerra llegaría a ascender a general de Caballería.

   Esta distinción, esta Medalla de Plata de la Ciudad de Zaragoza a “los voluntarios del primer día del Glorioso Movimiento Nacional”, este anacronismo oprobioso carente de toda justificación en una sociedad democrática, y que incumple flagrantemente la vigente legislación en materia de memoria democrática, debería ser revocado de forma inmediata por el Ayuntamiento de Zaragoza sin dilación.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 11 mayo 2021)

 

EN MEMORIA DE MANUEL AZAÑA

EN MEMORIA DE MANUEL AZAÑA

 

   Si hay una figura política que personifica lo que supuso la experiencia democratizadora y progresista de la Segunda República es, sin duda, Manuel Azaña Díaz (1880-1940) de cuyo fallecimiento se cumplen ahora 80 años. De él dijo Salvador de Madariaga que fue “el español de más talla que reveló la breve etapa republicana” y ello le lleva a definirlo como “el hombre de más valor en el nuevo régimen, sencillamente por su superioridad intelectual y moral”.

     Por su parte, Paul Preston destacaba los tres objetivos principales que inspiraron la acción política azañista: la modernización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado republicano mediante el impulso de una política laicista; la modernización del ejército, no sólo en sus aspectos técnicos sino, sobre todo, subordinándolo al poder civil del Gobierno para evitar el endémico (y nefasto) intervencionismo de los militares en la vida política y, por último, la necesidad de introducir la racionalidad y el diálogo en la vida política y parlamentaria, un anhelo del cual deberían tomar buena nota, también, nuestra actual clase política.

     Manuel Azaña, siendo Presidente del Consejo de Ministros durante el “bienio social-azañista” (1931-1933) impulsó importantes reformas educativas, militares y de profundo contenido social o estructural como la reforma agraria o el Estatuto de Cataluña, todo lo cual le granjeó tres poderosos (y peligrosos) enemigos: la Iglesia, unas derechas cada vez más fascistizadas y buena parte del Ejército.

    Durante el período de gobierno de derechas conocido como “Bienio Negro” (noviembre 1933 – febrero 1936), alejado momentáneamente del poder, Azaña volvió a la vida política de la mano de Izquierda Republicana, partido fundado en 1934 y que más tarde se integraría en el Frente Popular. Tras la histórica victoria electoral de éste del 16 de febrero de 1936, Azaña volvió de nuevo a la primera línea política, primero como Presidente de Gobierno y después como Presidente de la República. Para entonces, la crispación social y la radicalización política eran evidentes y, pese a ello, asumió el cargo “con el deseo de que haya sonado la hora de que los españoles dejen de fusilarse los unos a los otros”, lo cual como los hechos demostraron pocos meses después, era una vana esperanza ante el endémico cainismo hispano del cual se lamentaba Antonio Machado.

     Así las cosas, el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 y la violencia desatada tras el inicio de la contienda, tanto por los rebeldes como por los revolucionarios, sobrecogieron a Azaña. Para evitar esta delirante sangría, Azaña, realizó desesperados intentos para encontrar una solución conciliadora y negociada, confiando en la mediación de Francia y Gran Bretaña que pusiera fin a la guerra, pero todo fue en vano ante el bramido de las armas que desangraron a las tierras y a los hijos de España. La actitud de Azaña, al igual que le ocurrió a Indalecio Prieto, fue cada vez más pesimista ante el desarrollo de la contienda para las fuerzas leales, y contrastaba con la resolución y firmeza combativa del nuevo presidente de Gobierno, el socialista Juan Negrín, que optó por mantener   hasta el final su consigna de resistencia a ultranza por parte de la acosada República. Azaña se fue sumiendo en el desánimo y aun así, con una grandeza política que le honra, en su célebre y emotivo discurso pronunciado en Barcelona el 18 de julio de 1938, siendo consciente de que “nadie vence sobre compatriotas”, invocó la reconciliación entre las dos España enfrentadas y en la que, tras la previsible victoria de los rebeldes y la derrota de los leales, imploraba a todos los españoles enfrentados,  “el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad, perdón”, emotivo ruego que fue desoído tras la victoria franquista.

     Azaña cumplió con su obligación institucional como Presidente de una República agonizante declarando que ello significaba “la continuidad del Estado legítimo republicano, que encuentra en el presidente de la República, en el Gobierno responsable en funciones y en las Cortes los órganos supremos de su expresión representativa y de mando”. Siendo consciente de que la guerra estaba perdida, siguió intentando hasta el último momento la mediación franco-británica con el triple objetivo, como señala Santos Juliá, de lograr, una vez más de forma infructuosa,  una tregua inmediata que pusiera fin a las hostilidades, la designación de negociadores para la toma de posesión de todo el territorio nacional por el Gobierno franquista y la garantía de un trato humanitario para los vencidos, permitiéndose la evacuación de todas las personas y familias cuyas vidas corriesen peligro por “no ser toleradas por el nuevo régimen”, esto es, una paz sin represalias. No obstante, tras el avance de las fuerzas franquistas en Cataluña, el 6 de febrero de 1939 Azaña cruzó la frontera francesa y el 27 de ese mes, un día más tarde de que Francia y Gran Bretaña reconocieran al gobierno de Franco, dimitió como Presidente de la República.

     Pocos meses después se iniciaba la II Guerra Mundial, continuación en Europa de la misma lucha contra el fascismo que se había librado en España por parte de la República. Para entonces, su periplo por tierras francesas, acosado por los agentes franquistas que pretendían su detención y posterior traslado a España para ser juzgado y condenado como les ocurrió a otros dirigentes republicanos como Julián Zugazagoitia o Lluís Companys, concluyó en la ciudad de Montauban, donde pudo evitar la deportación al contar con la protección diplomática de Luis Rodríguez, el embajador de México ante el régimen de Vichy.

    Manuel Azaña murió en Montauban el 3 de noviembre de 1940. El mariscal Pétain prohibió que fuera enterrado con honores de Jefe de Estado así como que su féretro fuera cubierto con la bandera republicana, ante lo cual el embajador mexicano decidió que fuera enterrado con la bandera del país azteca y así se lo manifestó a las autoridades pétainistas señalando que a Azaña “lo cubrirá con orgullo la bandera de México. Para nosotros será un privilegio; para los republicanos una esperanza, y para ustedes, una dolorosa lección”. Ahora, 80 años después, Manuel Azaña sigue reposando en tierras francesas, al igual que Juan Negrín o Antonio Machado: los tres representan lo mejor del ideal transformador y cultural que supuso la II República española, tres ejemplos de compromiso político y lucidez intelectual, siempre presentes en nuestra historia y memoria democrática.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 noviembre 2020)

 

MAUTHAUSEN EN LA MEMORIA, SIEMPRE

MAUTHAUSEN EN LA MEMORIA, SIEMPRE

 

     En estas fechas se conmemora el 75º aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio nazis y, por ello, es un momento oportuno para recordar (y reparar) la memoria de los republicanos españoles que allí fueron deportados y muchos de ellos, asesinados.

   Derrotada la España leal a la República en 1939, miles de republicanos se refugiaron en Francia, pero un año después cayeron en manos de las tropas hitlerianas cuando estas ocuparon dicho país en mayo de 1940. Los prisioneros republicanos españoles quedaron a la espera de que el gobierno de Franco indicase a sus amigos nazis qué se debía de hacer con ellos. El dictador decidió abandonar a su suerte a estos compatriotas nuestros y, desposeyéndolos de la nacionalidad española, quedaron convertidos en apátridas. Su dramático destino quedó sellado en la entrevista de Ramón Serrano Suñer  con Hitler del 25 de septiembre de 1940 en Berlín. En ella, el cuñado de Franco y ministro de la Gobernación, acordó la entrega de los republicanos españoles a la Gestapo para ser deportados a los campos de concentración donde debían realizar trabajos forzados hasta el límite de sus fuerzas. Mariano Constante recordaba la indignación que produjo entre los presos republicanos este hecho puesto que “hemos descubierto que Franco les dijo [a los nazis] que no quería que ningún español saliera vivo y también quería que nos explotaran trabajando”. De la connivencia de las autoridades franquistas a la hora de consumar la tragedia, se ofrecen testimonios reveladores en el excelente documental “El convoy de los 927” de Montse Armengou.

   Posteriormente, los republicanos españoles, los llamados “rot-spanien” (rojos españoles) fueron deportados al campo de Mauthausen (Austria). Allí fue a parar el grueso de los más de 10.000 deportados, esto es, unos 7.000 compatriotas, de los cuales, 1.015 eran originarios de Aragón, como recordaba el historiador Juan Manuel Calvo Gascón. Otros grupos de “rot-spanien” fueron enviados a otros campos de de triste recuerdo: Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenburg, Ravensbruck o el castillo de Hartheim, en donde fueron objeto de macabros experimentos y operaciones. En todos estos lugares, convertidos en auténticos infiernos de inhumanidad y violencia extrema, hallaron la muerte varios miles de republicanos españoles.

    El campo de concentración de Mauthausen se creó el 8 de agosto de 1938 y funcionó hasta el 5 de mayo de 1945 en que fue liberado por las tropas norteamericanas. Durante estos años, se estima que en Mauthausen y en su campo auxiliar de Güsen, fueron asesinadas o murieron como consecuencia de las condiciones infrahumanas y los trabajos forzados en torno a 150.000 personas. Por las mismas fechas en que nuestros compatriotas morían de agotamiento y enfermedades en la cantera de Mauthausen o con inyecciones de bencina en Güsen, el general Franco mantenía su delirio filonazi y su convicción en la victoria de la barbarie hitleriana a la cual manifestaba su total apoyo: en un discurso dado en la audiencia militar de Sevilla del 14 de febrero de 1942, afirmaba que, “si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de voluntarios españoles la que allí fuera, sino que sería un millón de españoles los que se ofrecerían” para defender la capital del Reich. Sobran los comentarios.

   Durante décadas, un puñado de supervivientes españoles recordaba tanta barbarie reuniéndose cada año en Mauthausen bajo el digno tremolar de la bandera republicana, siendo especialmente destacable la labor desarrollada por la Asociación Amical Mauthausen para recuperar la memoria de esta trágica página de nuestra historia colectiva. Poco a poco, se han ido realizando en toda España homenajes y reconocimientos oficiales para recuperar la memoria y la dignificación de nuestros compatriotas republicanos deportados. Citemos, en el caso de Aragón, cómo, ya en el año 2002 el Gobierno de Aragón concedió a Mariano Constante la Medalla de Oro a los Valores Humanos, la cual se hacía extensiva “a los aragoneses que fueron víctimas de los campos de exterminio nazis”. Igualmente, algunos ayuntamientos, como es el caso de Calanda, Alcorisa, Fraga, Monzón o Sabiñánigo, entre otros, han recuperado la memoria de sus paisanos muertos en el holocausto nazi. Por su parte, la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón, en su artículo 6, reconoce la condición de víctimas a quienes “padecieron confinamiento, torturas y, en muchos casos, la muerte en los campos de concentración y exterminio europeos o bajo dominación fascista”, a la vez que contempla la necesidad de realizar homenajes en dichos campos (Disposición adicional séptima).

    Lamentablemente, este año, como consecuencia de la pandemia que padecemos, no habrá conmemoraciones institucionales de recuerdo en dicho campo, ni tampoco podrá realizarse el viaje de escolares aragoneses, organizado por Amical Mauthausen y el Gobierno de Aragón con motivo de los actos que iban a tener lugar entre el 8-10 de mayo en memoria de la liberación de Mauthausen. Sin embargo, en estos días recordamos, con especial emoción, la lección moral que su recuerdo supone: la reafirmación cívica en nuestros valores y la importancia de mantener viva la memoria democrática para convertirla en una lección moral. Estas reflexiones nos previenen ante cualquier rebrote de xenofobia racista o de fascismo que se pudieran incubar, como el huevo de la serpiente, en nuestra sociedad actual. Y es que la memoria histórica es, siempre, una memoria necesaria y será, siempre, un imperativo moral.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 9 mayo 2020)

 

 

LAS FOSAS DE LOS VENCIDOS, LAS FOSAS DE LOS VENCEDORES

LAS FOSAS DE LOS VENCIDOS, LAS FOSAS DE LOS VENCEDORES

 

     El pasado día 3 de marzo tuvieron lugar en Calatayud los actos del Día de la Memoria Democrática de Aragón, tal y como se contempla en la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón. Especialmente emotivo resultó el homenaje a las víctimas asesinadas por el franquismo en el Barranco de La Bartolina, en aquel árido paraje, regado con tanta sangre inocente, recuerdo permanente del dolor y de trágica memoria para muchas familias de la comarca de Calatayud.

     Evocando estos sucesos, rasga el alma el comprobar, en los taludes del barranco, las señales, todavía visibles, dejadas por las palas excavadoras que, en el año 1999, destrozaron la fosa existente al trasladar los restos de los cuatro centenares de víctimas allí asesinadas al cercano vertedero de basuras, hoy sellado, algo que desgarra nuestra conciencia por la forma tan infame y humillante con que se pretendió ocultar los crímenes allí cometidos.

     Contemplando lo que fue la fosa del Barranco de La Bartolina es inevitable pensar en el doloroso contraste existente entre el tratamiento dado por el régimen franquista a la memoria y a las fosas de los fallecidos en las filas rebeldes durante la Guerra de España de 1936-1939 y el absoluto olvido y desprecio para con las de sus adversarios, de los españoles que defendieron y fueron leales al gobierno legítimo de la Segunda República, los cuales, fueron olvidados, despreciados, humillados y destruidos, al igual que sus fosas, tal y como ocurrió en Calatayud, también en período democrático, por la insensibilidad de cierta corporación local. Y es que el franquismo no sólo perpetuó durante toda su existencia la división social entre “vencedores” y “vencidos” que sobrevivieron a la contienda con las consecuencias que son de todos conocidas, sino que esta división, tan brutal como injusta, también se hizo extensiva a la condición y el trato que recibieron los muertos, las fosas comunes, bien fueran de “sus caídos” o bien fueran de las que siempre, de forma despectiva, se calificaban como “de los rojos”.

    Frente a este olvido y desprecio, del cual es ejemplo patente el Barranco de La Bartolina, contrastan lo que sucedió con “las otras fosas”, las de los caídos en combate en el bando sublevado, así como las de los asesinados en zona republicana, pues todas ellas fueron objeto de una intensa atención conmemorativa por parte del franquismo desde el primer momento. Y es que, el culto a los “caídos” fue siempre un elemento simbólico esencial para el régimen franquista. Así lo hacía constar el juez Baltasar Garzón en las Diligencias previas al procedimiento abreviado 399/2006 V, de 16 de octubre de 2008 al señalar que, “un examen imparcial y sereno de los hechos, nos lleva también a afirmar que al igual que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos  y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y recuperación de las víctimas caídas en la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto a los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado”. Y así fue, pues una vez terminada la guerra, mientras la España de los vencedores, la España franquista, se lanzó a lo que se ha dado en llamar una “perpetua orgía necrofílica”, lo cual se explica por el incesante movimiento de colocación de lápidas y monumentos funerarios, cambios de denominación de las vías públicas para mantener siempre presente el recuerdo “a los caídos”, a los combatientes franquistas y a sus gestas, mientras que la otra media España, la España de los vencidos, fue obligada a callar negándole,  incluso, que pudiera expresar su duelo por tanto dolor y muerte arrastrados en silencio.

    Y en este contexto, es donde hay que situar el tratamiento especial que dio el franquismo a “sus fosas”, a la vez que ignoraba totalmente la existencia de las fosas con víctimas republicanas. Es por ello que resulta muy esclarecedora la lectura atenta de la Orden del Ministerio de la Gobernación de 4 de abril de 1940, firmada por Ramón Serrano Suñer, en la que se dispone “que por los Ayuntamientos se adopten medidas que garanticen el respeto a los lugares donde yacen enterradas las víctimas de la revolución marxista” (BOE del 5 de abril). En dicha Orden, y a diferencia de lo sucedido con las fosas de víctimas republicanas, se puede leer la total prioridad que se concede a las fosas de los “caídos” del bando rebelde, las cuales llegan a recibir la consideración de “tierra sagrada” al señalarse que, “el homenaje debido a nuestros mártires exige que, hasta tanto puedan ser recogidos dichos restos en el Panteón de los Caídos [entiéndase, en la obra del Valle de los Caídos cuya construcción se acababa de iniciar] se adopten con carácter provisional las medidas que aseguren el respeto de los expresados lugares, convirtiéndolos en tierra sagrada, bajo el cuidado de los Ayuntamientos”.

    Quedaba clara la voluntad de las autoridades franquistas por proteger y respetar aquellos lugares en donde existieran fosas con víctimas del bando rebelde hasta el momento en que fueran exhumados los restos de “sus caídos”, todo lo contrario, al abandono y desprecio en que quedaron sumidas aquellas otras fosas con víctimas del bando leal a la República. En consecuencia, según dicha Orden, los Ayuntamientos debían de “acotar y cerrar esos lugares en el fin de evitar posibles profanaciones, y que reúnan las precisas garantías de seguridad aquellos lugares en donde conste de manera cierta que yacen restos de personas asesinadas por los rojos, que no han sido identificadas o reclamadas por sus familiares” (art. 1º). Además de esta protección por parte de las autoridades municipales para con estas fosas, la referida Orden solicitaba de las autoridades eclesiásticas la concesión, al lugar acotado donde éstas se hallaban ubicadas, del carácter de “tierra sagrada”, en la misma forma que si se tratase de un cementerio municipal (art. 2º). Por otra parte, en aquellos casos en que el número de cadáveres fuera reducido, la Orden de 4 de abril de 1940 mandaba a los Ayuntamientos su traslado a una parcela designada para este exclusivo efecto en el respectivo Cementerio Municipal, haciéndose constar dicho traslado (art. 3º). Para todas estas labores de exhumación, se permitía igualmente el acceso a los terrenos de las fosas, sin que los propietarios de los terrenos tuviesen ningún derecho a indemnización o reclamación (art. 4º), a la vez que se instaba a los Ayuntamientos a que diesen cuenta a los Gobernadores civiles “en el término de ocho días, de haber iniciado las obras” a las que se refería la presente Orden (art. 5º).

     Como conclusión de todo ello se deduce que los restos de los llamados “mártires de la Cruzada” estuvieron en todo momento localizados por las autoridades locales, provinciales y nacionales para su posterior exhumación, tanto si eran reclamados por sus familiares, o bien para un futuro traslado de estos restos al panteón del Valle de los Caídos, tal y como ocurrió en este último caso en los años previos a 1959, fecha en la que el general Franco, con motivo del 20º aniversario de “la Victoria”, inauguró el faraónico panteón sito en Cuelgamuros y que, a fecha de hoy, sigue siendo una ofensa permanente a la memoria de los vencidos.

    Tras la exhumación, todo fueron facilidades para las familias de los combatientes fallecidos que apoyaron el golpe militar y, de este modo, la Ley de 16 de marzo de 1939, firmada por Franco, en cuyo artículo único  facultaba a los Ayuntamientos “para dispensar o reducir las exacciones municipales  que gravan las inhumaciones, exhumaciones o traslado de cadáveres víctimas de la barbarie roja o muerta en el frente” (sic), cuyos enterramientos se hubieran realizado “en lugares inadecuados”, lo cual suponía para sus familias exenciones del arbitrio de pompas fúnebres y de las tarifas y ordenanzas de los cementerios municipales.

    Igualmente, algunos de los “mártires de la Cruzada” podían ser inhumados en edificios religiosos, tal y como ya se recogía en la Orden de 31 de octubre de 1938 sobre enterramientos templos y criptas (BOE de 3 de noviembre). Para ello, sólo se requería dirigir una petición de inhumación al Ministerio de la Gobernación justificando documentalmente haber cumplido las prescripciones sanitarias vigentes, así como haber hecho previamente un donativo económico a las autoridades eclesiásticas “para que se invirtieran en la reconstrucción de los templos devastados”. De este modo, se lograba un enterramiento digno para quienes eran considerados “buenos cristianos y españoles”, mientras que la caridad cristiana ignoraba, una vez más, los terrenos en donde yacían los restos miles de republicanos asesinados.

     Pasaron muchos años, interminables décadas de silencio y dolor sobre las fosas de los vencidos, pero, recuperada la democracia, la justicia reparadora va abriéndose camino, de forma lenta, pero firme. Así, junto a la incesante y meritoria labor de las asociaciones memorialistas, en la Ley 52/2007, conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica, las fosas de víctimas republicanas fueron reconocidas como “de utilidad pública” (arts. 11 al 14). A partir de entonces, diversas asociaciones e instituciones realizaron labores de exhumación de las fosas republicanas dado que, según datos oficiales, a la altura del 2011, se tenía constancia de la existencia en España de, al menos, 1.203 fosas comunes con víctimas del franquismo. Igualmente, diversas comunidades autónomas legislaron sus propias normas en este ámbito de elemental justicia democrática y, de este modo, la Ley 14/2018, de memoria democrática de Aragón, es un claro ejemplo y compromiso de ello.

   Todas estas reflexiones me producen el recuerdo del emotivo homenaje que tuvo lugar el pasado día 3 de marzo en el Barranco de La Bartolina, un lugar que, por razones de dignidad y de justicia reparadora, con arreglo a la citada Ley 14/2018, merece su consideración como Lugar de la Memoria Democrática de Aragón, tal y como en su caso propuso ARICO y es voluntad del Gobierno de Aragón.

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 15 marzo 2020)