Memoria histórica

UN HITO DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

 

    El 16 de octubre de 1998, a instancias del juez Baltasar Garzón, era detenido en Londres el general Augusto Pinochet, hecho que supuso todo un hitoen la aplicación del principio de justicia universal a la hora de luchar contra los delitos de genocidio, como el cometido por el dictador chileno.

    La detención Pinochet exaltó a la extrema derecha de su país, la cual arremetió contra Garzón en los más duros términos, incluso haciendo uso de su indisimulado antisemitismo, aludiendo al origen judío del apellido Garzón. También en España la actitud valiente de nuestro juez chocó con rechazos y críticas. Así, Eduardo Fungairiño, el entonces fiscal de la Audiencia Nacional, llegó a negar la competencia de Garzón para instruir este caso, opinión que también compartía Felipe González, la cual pretendió avalar con el sorprendente argumento de que “Nosotros [España] no somos quienes para juzgar: la época colonial acabó en el s. XIX”.

   Frente a estas actitudes, los abogados Joan Garcés y Enrique de Santiago se manifestaron, desde el primer momento, favorables al procesamiento de Pinochet.  A ello hay que añadir que, días después varios países pidieron también la extradición del dictador, como fue el caso de Suiza, Francia, Suecia, Noruega, Canadá, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Estados Unidos e incluso Chile.

    Ante esta situación, la actitud del Gobierno del PP de José María Aznar fue muy tibia y reticente. De hecho, Aznar llegó a decirle al Premier británico Tony Blair que el tema, “es una desagradable patata caliente”. Además, Aznar, olvidando deliberadamente el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial que declaraba que “será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional” susceptibles de tipificarse como delitos, entre otros, el de genocidio, le comentó al presidente italiano Massimo D’Alema, “No quiero que España se convierta en un Tribunal Penal Internacional”, con lo cual dejaba patente su escaso compromiso por impulsar la persecución de los crímenes de genocidio por medio de la aplicación de la justicia universal y, por ello lo cercenó más tarde mediante la Ley Orgánica 1/2014 que modificaba en sentido restrictivo la anteriormente citada Ley Orgánica 6/1985.

    Finalmente, el juicio se inició el día 9 de noviembre y el Gobierno británico autorizó, inicialmente la extradición, a pesar de que el Gobierno chileno, por medio de José Miguel Insulza, ministro del Partido Socialista (¡Qué pensaría el presidente Allende si hubiera podido verlo!) presionó al Gobierno de Tony Blair para evitar la extradición de Pinochet a España. Durante el juicio, diversas alegaciones de los abogados defensores, tanto desde el punto de vista jurídico como recurriendo a motivos humanitarios (la edad y el estado de salud del general genocida) lograron la repetición del juicio, el cual se inició, de nuevo, el 17 de enero de 1999.

    Más tarde, el 14 de abril de 1999, Jack Straw, el ministro de Asuntos Exteriores británico, autorizó por segunda vez la extradición de Pinochet por 38 casos de tortura. Y, así las cosas, la oposición al procesamiento judicial de Pinochet llegó al esperpento cuando el fiscal Fungairiño intervino en defensa del general, incluso antes de que lo hicieran los propios abogados defensores del dictador chileno.

    Durante el proceso judicial volvió a haber interferencias y presiones políticas en varias direcciones. Así, el presidente de Chile, Eduardo Frei (DC) pidió directamente a Aznar “desatascar el carro del general Pinochet, sacándolo del atolladero judicial: una solución amistosa de arbitraje político de Estado a Estado” y, por ello, el presidente Aznar pensó en pedir “un Dictamen al Consejo de Estado que se sustancie por el parlamento”, una propuesta que el PSOE rechazó. Otras presiones fueron las realizadas por Henry Kissinger, exsecretario de Estado norteamericano, instigador del golpe del 11 de septiembre de 1973 contra el presidente Allende, que reclamó la liberación de Pinochet y su inmediata vuelta a Chile. La actitud d Kissinger fue duramente recriminada por el escritor Elie Wiesel, superviviente del Holocausto y premio Nobel de la Paz en 1986 diciendo que “resulta increíble que Kissinger, un emigrante alemán que ha padecido en su familia y en sí mismo la persecución genocida de Hitler, pida la libertad de un dictador responsable de miles de crímenes de lesa humanidad” a la vez que señalaba que “Hay que agradecer iniciativas como la del Juez Garzón que abren las puertas a la justicia universal y a que nuestro mundo sea más justo”.

    Durante el juicio, Margaret Thatcher defendió a Pinochet por la ayuda que brindó a Gran Bretaña durante la guerra de Las Malvinas de 1982 contra Argentina, aprovechando la ocasión para rechazar lo que la Dama de Hierro calificaba como un “juicio show”, a la vez que atacaba al juez Garzón.

    Pero, en esta fase del proceso judicial, cuando todas las acusaciones incriminaban a Pinochet, se recurrió al reducto legal de la “compasión” para que el general eludiera la previsible extradición y condena, una compasión que la frialdad criminal del general, ahora senador, nunca tuvo con sus víctimas. Y así fue…el Gobierno de Chile pidió su libertad “por razones humanitarias” y el ministro Straw, alegando motivos médicos, tomó la decisión política de liberar a Pinochet, lo que, según Garzón, fue una flagrante burla antijurídica. Fue así como el general genocida eludió la extradición y, después de 503 días de detención en Londres, retornó a Chile el 2 de marzo de 2000, en una silla de ruedas, coartada por su supuesto precario estado de salud, una silla de ruedas que dejó de lado cuando llegó al aeropuerto de Santiago de Chile para, acto seguido, pasar revista, con paso marcial, a la compañía militar de honores que lo recibió.

    Meses más tarde, el presidente de Estados Unidos Bill Clinton ordenó desclasificar 16.000 documentos secretos en los que quedaba patente la implicación de la CIA en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, una desclasificación que respondió a una solicitud del juez Garzón. Una iniciativa que, al igual que la detención y el procesamiento de Pinochet en Londres, conmocionó positivamente los planteamientos de la justicia internacional.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 16 octubre 2023)

 

 

 

BIBLIOCAUSTOS

 

     Es bien conocida la aversión visceral que siempre ha tenido el fascismo hacia la cultura y la libertad de expresión. Ejemplo de ello es la frase atribuida a Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del III Reich, que decía: “Cuando oigo la palabra cultura, echo mano a la pistola”. Con este ambiente como telón de fondo propio de cualquier fascismo, tuvieron especial simbolismo, por reaccionario y repugnante a un tiempo, las quemas de libros, los bibliocaustos. De estos “autos de fe” anticulturales, hallamos diversos ejemplos en la Alemania nazi y también, en la España franquista, alentados en los años de la II Guerra Mundial, por la entusiasta Falange germanófila del momento.

    A este tema, dedicó un excelente artículo Cándido Marquesán titulado “El libro sectario, el peor estupefaciente”, publicado en El Periódico de Aragón en el cual detallaba las similitudes en el tema de la quema de libros entre la España franquista, heredera de la vieja y negra mentalidad de la Inquisición, y la Alemania nazi, a la vez que recordaba el papel que, en lo que la historiadora Ana Martínez Rus calificó de “bibliocausto franquista” tuvo Gonzalo Calamita Álvarez, quien clamó con destinar al “fuego purificador” a las que definía como “bibliotecas criminales”, y cuya siniestra memoria todavía sigue viva en una calle zaragozana que lleva su nombre, y en el título de “Rector Honorario” de la Universidad de Zaragoza, que todavía ostenta  y aún no ha sido revocado.

    Hoy quisiera recordar un ejemplo concreto de este delirio anticultural que recoge Diego Carcedo en su libro Un español frente al Holocausto (2005) en el cual honra la digna memoria de Ángel Sanz Briz, el cual salvó la vida de varios miles de judíos de la barbarie exterminadora nazi. En dicha obra, se relata cómo el joven diplomático zaragozano, estando destinado como Encargado de Negocios en la Embajada de España en Budapest, cuyo régimen filonazi de Dóme Sztójay,  hizo gala de un profundo antisemitismo, tuvo la desgracia de presenciar en la capital húngara el 16 de junio de 1944, un acontecimiento que nunca conseguiría olvidar: la quema pública de 447.627 libros con lo cual el fascismo húngaro pretendió “destruir todo testimonio impreso que tuviera algo que ver con los judíos”, un “auto de fe fascista” en el cual se destruyeron las obras de 120 autores húngaros y 130 extranjeros de origen judío. La macabra ceremonia se inició con un repulsivo discurso de Kolozsvary, Secretario de Estado del Gobierno fascista húngaro, rebosante de visceralidad y odio antijudío que Sanz Briz escuchó con el corazón encogido:

    “Los judíos, que tanto daño causaron y causan a nuestros pueblos, siempre se han servido de los libros para, aprovechándose de la ingenuidad de muchas personas, sembrar sus maléficas ideas de destrucción de nuestra raza y nuestra cultura. Vamos a acabar con sus libros, vamos a impedir que sus libros sigan contaminando nuestros hogares. Es la primera destrucción pública de libros judíos, pero reitero, es la primera y sólo la primera. El comienzo de una limpieza que no culminará hasta que todas las publicaciones de esta naturaleza hayan desaparecido de nuestro país y de la faz de la tierra”.

    Iniciado el macabro ritual público, el cual sorprendió de forma fortuita a Sanz Briz en las calles de Budapest, al que asistió compungido, mientras “no salía de su indignada sorpresa”. Observa cómo los asistentes celebraban con especial alegría el que ardiera algún ejemplar de El Capital de Karl Marx, algún libro sagrado judío elegantemente encuadernado en pergamino o El Estado Judío de Theodor Herzl, fundador del movimiento sionista y una de las “bestias negras locales del antisemitismo húngaro”, así como ciertos libros bíblicos, a pesar de que éstos también eran venerados por el cristianismo, o las obras de Sigmund Freud, “quizás el judío más odiado por los nazis después de Marx”. Durante esta quema masiva de libros, quedó a los pies de Sanz Briz la que sin duda era una maravilla bibliográfica, la obra Mishné Torah, de la cual era autor el sabio judío español Moshé Maimónides y, a punto estuvo de recogerlo lo cual, hubiera provocado, sin duda, un grave incidente diplomático por parte de Sanz Briz, en su condición de representante de la legación diplomática española, y el régimen filonazi húngaro. Pensó en agacharse y “recogerlo del suelo con el mimo que el libro merecía, limpiarle el polvo con cuidado, y arriesgarse a guardarlo como una doble reliquia del recuerdo y la intolerancia contra los judíos que siglo tras siglo nunca tuvo fronteras”. Pero, finalmente, el libro también fue quemado y Sanz Briz abandonó el lugar “antes de que sus ojos estallasen en lágrimas de rabia”.

   Recordando estos hechos, ocurridos aquel fatídico 16 de junio de 1944 en Budapest, resulta toda una advertencia ante el actual auge de los totalitarismos neofascistas que, además de manipular la historia, pretenden, de nuevo, acabar con nuestras libertades, la tolerancia y con la riqueza que supone la diversidad cultural, todo cual sólo puede desarrollarse en democracia. Alerta.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 1 mayo 2023)

 

 

EL "GEN ROJO"

 

     Conocidas son las teorías racistas nazis, pero menos lo es el eco que éstas tuvieron en la España franquista, empeñada en identificar “el gen rojo”, encarnación de todos los males que la Nueva España asociaba con el marxismo. Fue por ello que el Consejo de Europa, en su declaración de 17 de marzo de 2006 de condena de la dictadura franquista (Recomendación 1736), titula su apartado 65, “Psiquiatras militares que efectuaron experimentos sobre presos para identificar los “genes rojos”.

     La historia sobre este siniestro proyecto se remonta al telegrama nº 1565, de 23 de agosto de 1938, mediante el cual el general Franco autorizó al Jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares, el doctor Antonio Vallejo-Nájera Lobón, la creación del Gabinete de Investigaciones Psicológicas, “cuya finalidad primordial será investigar las raíces psicofísicas del marxismo”, siguiendo el modelo del Instituto para la Investigación y Estudios de la Herencia creado en la Alemania nazi por Heinrich Himmler. Fue por ello que, en ese mismo año de 1938, algunos presos de las Brigadas Internacionales que se hallaban en la Prisión Habilitada de San Pedro de Cardeña (Burgos), así como las mujeres republicanas encarceladas en la Prisión de Málaga, fueron sometidos a extraños test físicos y psicológicos. Se trataba de las primeras tentativas sistemáticas de poner a la psiquiatría al servicio de la ideología franquista. Este proyecto fue ideado por Vallejo-Nájera con objeto de identificar lo que él definía como el “biopsiquismo del fanatismo marxista”. Algunas de las conclusiones relativas a la existencia de un supuesto “gen rojo” quedaron plasmadas por parte de Vallejo-Nájera, profundamente imbuido del ideario y las teorías racistas nazis, en su libro La locura de la guerra. Psicopatología de la guerra española, obra en la cual se pueden leer afirmaciones tan delirantes como que, “La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya las habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos […] La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme transcendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación total de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible”.

     En las elucubraciones pseudo-psicológicas de Vallejo-Nájera, también tuvo cabida su obsesión por combatir “el virus democrático”. Así, en su libro Niños y jóvenes anormales, publicado en 1941, alertaba sobre el “daño” que, según él, causaba el “ambiente democrático” en los niños y niñas que habían sido educados en ambientes republicanos y, por ello, consideraba que deberían ser segregados, separados de sus padres  y llevados a centros adecuados en los que se promoviese “una exaltación de las cualidades biopsíquicas raciales y la eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degeneración del biotipo”: como vemos, la influencia de las teorías racistas es obvia.

     Estas teorías, tan reaccionarias como aberrantes, tuvieron una aplicación práctica por parte de la dictadura franquista en la inmediata posguerra, especialmente en el caso de los hijos de las presas republicanas, tal y como señalaba el citado Gabinete de Investigaciones Psicológicas en un artículo titulado “Psiquismo del fanatismo marxista”, publicado el 8 de octubre de 1938 en la revista Semana Médica Española:

  “La enorme cantidad de prisioneros de guerra en manos de fuerzas nacionales salvadoras de España, permite efectuar estudios en masa en favorabilísimas circunstancias, que quizás no vuelvan a darse en la historia del mundo. Con el estímulo y beneplácito del Excmo. Sr. Inspector de los Campos de Concentración, iniciamos investigaciones seriadas de individuos marxistas, al objeto de hallar las relaciones que pueden existir entre las cualidades biopsíquicas del sujeto y el fanatismo político democrático-comunista”.

    La enfermiza obsesión de Vallejo-Nájera por identificar el “gen rojo” hizo que tuviese una especial saña para con las mujeres republicanas, a las que imputaba una “crueldad femenina” congénita. Así, en un artículo suyo, publicado en la Revista Española de Medicina y Cirugía de Guerra, fechado en mayo de 1939, podemos leer: “Recuérdese para comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista su característica labilidad psíquica, la debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad del control sobre la personalidad…”. Y sigue Vallejo-Nájera con su demencial argumentación: “Cuando desaparecen los frenos que contiene socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones frenatrices de las impulsiones instintivas, entonces despiértanse en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginables precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas […] El hecho es tanto más digno de atención cuanto que la mujer suele desentenderse de la política, aunque su fanatismo o ideas religiosas le hayan impulsado en los últimos años a mezclarse enteramente en ella, aparte de que en las revueltas políticas tengan ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes”. Sin comentarios.

    Como consecuencia de estos “estudios” se entiende cómo, durante la dictadura franquista, los más elementales derechos de la mujer fueron anulados y su papel quedó limitado al ámbito doméstico y sometida completamente a la voluntad del varón.  Igualmente, las teorías de Vallejo-Nájera sirvieron para “legitimar” y dar aires de falsa legalidad a la sustracción o eliminación de la custodia sobre aquellos niños y niñas que tenían el estigma por parte del régimen de ser “hijos de familias rojas”. Ello propició la pérdida de identidad de miles de niños, hijos de los vencidos, sobre todo en la década de los años 40. El dramático hecho de los “niños robados”, se prolongaría durante los años sucesivos, algo que, no lo olvidemos, tiene la consideración de “crimen contra la humanidad” y cuya reparación, en gran medida, todavía está pendiente por parte de la democracia española.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 marzo 2023)

 

 

 

BASILIO BLASCO Y EL "PROCESO DE LOS 42"

 

     No hay lugar en Francia en donde los republicanos españoles no hayan dejado memoria de su lucha contra el fascismo durante los años de la II Guerra Mundial, una memoria, muchas veces sellada con la sangre de nuestros compatriotas.

     En la ciudad de Nantes, en la Francia ocupada por la Alemania nazi, los primeros núcleos de la Resistencia contaron con la participación activa de republicanos españoles, antiguos combatientes del Ejército Popular (EP) republicano exiliados en territorio galo tras la victoria de las armas franquistas, apoyadas por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, en la Guerra de España de 1936-1939. Estos republicanos pasaron a formar parte de la Organisation Spéciale (OS), dentro de los Francs-Tireurs et Partisans (FTP), movimiento de resistencia armado creado en Francia a finales de 1941 para combatir, mediante sabotajes y ataques, no sólo a la ocupación nazi, sino, también, a los colaboracionistas del fascista Parti Populaire Français (PPF). Pero bien pronto la Gestapo les sigue la pista y, a finales de junio de 1942, empieza a desmantelar al brazo armado de la Resistencia y detiene a 150 franceses y a 43 españoles.  Las autoridades nazis, una vez torturados los detenidos, pretendieron llevar a cabo un juicio ejemplarizante para acabar con la Resistencia en la zona del Departamento de Loira – Inferior y, también para atemorizar a la población civil: fue el conocido como El proceso de los 42, el cual juzgó a 45 resistentes y no a 42 como fue popularmente conocido.

    El 13 de enero de 1943 comparecieron ante un Consejo de Guerra alemán 43 hombres y 2 mujeres acusados de diversos atentados contra los nazis y sus colaboracionistas y de pertenecer a una “organización terrorista”. El juicio fue una auténtica farsa, con sus sesiones en alemán, idioma que ninguno de los acusados entendía (ni siquiera llegaron a saber de qué se les acusaba), un proceso lleno de irregularidades y que, no obstante, se saldó con 37 penas de muerte, sentencias que fueron dictadas el 28 de enero. Entre los condenados figuraban cinco republicanos españoles, militantes del PCE, y que formaban parte de un grupo de la OS, dirigidos por Alfredo Gómez Ollerías, que había sido capitán del EP, y del cual formaban parte Benedicto Blanco Dobarro, Miguel Sánchez Tolosa, Ernesto Prieto Hidalgo y el aragonés Basilio Blasco Martín, un joven natural del pequeño pueblo turolense de Rudilla. Fueron fusilados el 13 de febrero de 1943 en el campo de tiro de Bêle, cerca de Nantes y posteriormente enterrados en el cementerio de Chapelle-Basse-Mer.

    Pero su memoria, nunca se olvidó: el 17 de febrero de 1946, un año después de concluida la guerra, se colocó una placa con sus nombres en dicho cementerio por el Comité Departamental por la Solidaridad Española. Además, el recuerdo de estos trágicos hechos ha sido mantenido vivo por la asociación Collectif du Procès des 42, entidad creada para perpetuar la memoria de quienes lucharon en la Resistencia en Nantes y perdieron la vida a manos del nazismo. De este modo, desde el año 2004 se empezaron a realizar homenajes a los 5 republicanos españoles, declarados héroes nacionales en Francia y en 2006 se inauguró una escultura, con las fotografías de nuestros cinco compatriotas sobre la fosa en la que reposan, escultura pagada por suscripción popular y en cuyo acto se contó con la presencia de 400 personas. Desde entonces, se les rinde un homenaje todos los años.

    Durante muchos años, se desconocía el lugar de procedencia de Basilio Blasco Martín, asesinado a sus 22 años de edad, hasta que se supo que era natural de la citada población turolense de Rudilla. Basilio, que con tan sólo 18 años se alistó al Cuerpo de Carabineros de la República, tras la derrota al final de la guerra, sufrió el exilio al igual que miles de compatriotas nuestros, pasó por los campos de Argèles y Barcarès, se enroló en las Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE) y, tras la rendición de Francia ante la Alemania nazi (junio 1940), se integró en la OS, colaborando con la Resistencia hasta su detención por la Gestapo el 17 de septiembre de 1942.

    Su hermano, Julian Blasco, que fue el último habitante permanente de Rudilla, y con el cual mantuve largas conversaciones, siempre me hablaba de que la última vez que vio a Basilio fue en la Barcelona de 1938, cuando la guerra ya se intuía perdida para la España leal, y que, desde entonces, siempre tuvo la angustia de no saber qué había sido de su hermano. Así fue hasta que a través de un artículo publicado en el año 2006 en Heraldo de Aragón y firmado por Mariano García titulado “Un homenaje en Nantes a los fusilados españoles: el misterio de Basilio Blasco”, se hizo eco del homenaje a los 5 españoles asesinados y de la trayectoria vital de Basilio y de su origen aragonés, de que había nacido en Rudilla y no en Roudellac, Pondellac, Bondellar, Ruella o Novellac, como aparecía erróneamente transcrito en otros testimonios y documentos. Julián siempre lo buscó y nunca tuvo noticias de él. La posguerra fue dura para la familia: su padre Carlos fue encarcelado por sus ideas izquierdistas y su madre Gregoria y sus hermanas abandonaron Rudilla. Por su parte, Julián, decidió salir de la España franquista: trabajó primero en Brasil y luego, en Australia. Al poco de acabar la II Guerra Mundial, el azar del destino hizo que sus hermanas recibieran una carta, escrita en italiano, en la cual, como relató Mariano García, se “mencionaba mucho a Basilio”, pero ellas, al desconocer el idioma, “se la acabaron danto al cura para que la tradujera. Ni les dijo cuál era su contenido, ni se la devolvió”. Se perdió así la posibilidad de saber lo que le había ocurrido a Basilio tras el Proceso de los 42 de Nantes. Julián supo de esta carta mucho después y así pasaron siete décadas hasta que la historia de Basilio pudo ser conocida por sus familiares.

   Conocí y aprecié durante años a Julián, sentí siempre el dolor que le supuso el no saber nada del destino de su hermano, más tarde, la pena de conocer que fue asesinado por los nazis y, a la vez, el orgullo de que, igual que su padre Carlos, su hermano Basilio había tenido el coraje de enfrentarse al fascismo. Ello le dio paz en sus últimos años y creo que con esa misma paz murió sintiendo que la memoria de Basilio no sólo había sido recuperada, sino que también, como cada año, sigue siendo honrada en una pequeño y lejano cementerio de Francia. De ello se cumplen ahora 80 años.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 febrero 2023)

 

CARLOS NINO, EL VALOR DE UN JURISTA COMPROMETIDO

 

      En estas fechas, la película Argentina: 1985 ha supuesto un rotundo éxito, no sólo por la calidad de la misma, sino también por el revulsivo ético que nos transmite, aquel juicio histórico en el cual la democracia argentina tuvo el coraje político de procesar a las juntas militares que, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la dictadura consiguiente, dejaron en el país austral un negro legado de miles de muertos, torturados y desaparecidos. No obstante, en dicha película no se destaca, como merecería, la figura de Carlos Santiago Nino, el cual, como señalaba Raúl Voskoboinik, “generó el marco teórico necesario para llegar al juicio” en el que se procesó a los principales responsables de los crímenes perpetrados por la dictadura argentina entre 1976 y 1983.

     Carlos Santiago Nino Alaluf (1943-1993), destacado filósofo y jurista argentino, hijo de padres judíos sefardíes originarios de Esmirna, se había doctorado en Oxford, siendo más tarde profesor de la Universidad de Yale y, tras el restablecimiento de la democracia en diciembre de 1983, siendo asesor del presidente Raúl Alfonsín en materia de derechos humanos, fue quien concibió en un primer instante la necesidad de juzgar a las juntas militares de la dictadura encabezadas por los generales Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Emilio Eduardo Massera, idea que más tarde asumió el presidente Raúl Alfonsín, una experiencia inédita en el mundo: un gobierno civil decide enjuiciar al poder de facto, llevando al banquillo de los acusados a la cúpula militar de la dictadura.

     Carlos Nino, miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF), en donde impartió seminarios sobre filosofía política, parte del concepto del “mal radical” formulado por Hannah Arendt en torno a lo que supuso el nazismo en la sociedad alemana, y lo adapta a lo ocurrido durante la dictadura argentina, la cual también cometió un “autogenocidio”, esto es, “la destrucción interna de una parte del propio grupo nacional”, tal y como lo definió la ONU en 1985. De este modo, Nino ideó cómo aplicar el concepto de “mal radical” al caso argentino, para lo cual lo renombró como “mal absoluto” para evitar que se le asociara, erróneamente, con el partido Unión Cívica Radical (UCR) de Raúl Alfonsín, entonces presidente democrático de la República Argentina.

   De entrada, Nino establece, como punto de partida que todas las normas y disposiciones de la dictadura eran nulas de pleno derecho, porque la condición esencial para que una ley tenga validez es que fuera el resultado de un proceso democrático. En consecuencia, rechaza la autoamnistía que se habían concedido los militares meses antes de dejar el poder mediante un Decreto que exculpaba al Ejército de cualquier delito cometido entre 1976 y 1983, de todo lo cual hace referencia en su libro Un país al margen de la ley en relación al nefasto período que supuso la dictadura militar.

    Para Nino resultaba fundamental la necesidad de llevar a cabo un “juicio simbólico” que sirviera para robustecer ética, política y moralmente a la recién recuperada democracia argentina además de para así poder reconstruir un Poder Judicial y lograr una sentencia ejemplar que condenase a los responsables de aquellos dramáticos sucesos. En este sentido, fue muy importante la implicación de la sociedad civil, la elaboración del Informe Nunca más, coordinado por Ernesto Sábato para la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP).

Bajo la presidencia de Alfonsín, Carlos Nino formó el Consejo de Consolidación de la Democracia, del cual formaban parte destacados profesionales de ideologías diversas con objeto de buscar consensos en temas de gran relevancia para la política argentina y, el caso del juicio, era sin duda, uno de ellos. Así se optó, tal y como propuso Nino, que el procesamiento a los responsables de la dictadura se llevara a cabo mediante un juicio civil, en el cual el fiscal Julio César Strassera tendría un papel relevante, y no en el ámbito de la jurisdicción militar, como deseaban otra parte de la clase política y de la Administración argentina.

   El resultado de este histórico juicio, en palabras del constitucionalista Roberto Gargarella, “evitó que el derecho fuera un instrumento al servicio de la justificación y la impunidad”. Este fue el legado Carlos Santiago Nino Alaluf, un brillante filósofo y jurista argentino, un gran defensor de los derechos humanos, tal y como quedó patente en su papel como impulsor del histórico juicio a la dictadura argentina. Todo un ejemplo para aquellos países en los que es necesario llevar a cabo de forma decidida la justicia reparadora de pasadas dictaduras y el procesamiento de sus respectivos victimarios.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 noviembre 2022)

 

 

 

 

 

 

UNA EXPOSICIÓN DESMEMORIADA

 

     El pasado día 12 de octubre se inauguró en la ciudad de León una exposición titulada “La Guardia Civil al servicio de la ciudadanía”, la cual ha sido motivo de polémica debido a que en sus paneles explicativos relativos a los períodos de la Guerra de España de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista, aparecen una serie de imprecisiones, inexactitudes y enfoques poco acordes con la nueva Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

     En primer lugar, hay que señalar que, al referirse al 18 de julio de 1936, en ningún momento se emplea el término de “golpe de Estado” contra el Gobierno democrático legítimo de la II República y, en cambio, se alude al mismo como “alzamiento” y “sublevación”, obviando el componente militar del mismo. Por otra parte, no se destaca el hecho de que, tras el golpe de Estado, de los 35.000 hombres que entonces componían la Guardia Civil, un porcentaje superior al 40% de sus efectivos, se mantuvo leal al Gobierno republicano, empezando por el general Sebastián Pozas Perea, el entonces Inspector General de la Benemérita, que dio instrucciones de permanecer leales al poder legalmente constituido. Tampoco se alude con la importancia que merece a la conversión de los sectores de la Guardia Civil que se mantuvieron leales en la nueva Guardia Nacional Republicana, creada por Decreto de 29 de agosto de 1936 y que estuvo operativa hasta que fue disuelta el 19 de octubre de 1937, cuando ésta se integró en el nuevo Cuerpo de Seguridad Interior.

Además, esta exposición presenta un tratamiento muy desigual de las víctimas sufridas por el cuerpo. De este modo, se exaltan los hechos heroicos de los guardias civiles que se unieron al golpe militar, al mal llamado “bando nacional”, como es el caso de la participación de éstos en la defensa del Alcázar de Toledo o del Santuario de Santa María de la Cabeza; se destacan los asesinatos de los guardias civiles ocurridos en Albacete o Cartagena por parte de los defensores de la República, se exalta igualmente la biografía de algunos miembros de la Benemérita como el teniente coronel Romero Basart (defensor del Alcázar), el capitán López Anglada (defensor del Cuartel de Gijón, fusilado) o del guardia Antonio Moreno Royo, el cual, tras defender en solitario el cuartel de Caravia (Asturias) fue fusilado “sentado en una silla, por las heridas que sufría”.

     En contraste, menor atención merece las biografías de los guardias civiles leales a la República. Este es el caso del general José Aranguren Roldán y el coronel Antonio Escobar Huerta, ambos católicos y conservadores, con hijos combatiendo en el bando rebelde, y que sin embargo se mantuvieron leales a la promesa de fidelidad a la República, razón por la cual ambos serían fusilados por los rebeldes franquistas una vez concluida la contienda: Aranguren, el primer mando de la Guardia Civil que ascendió a general de brigada, que, mandó la IV División Orgánica del Ejército Popular republicano, concluida la guerra, estando herido, se dice que Franco ordenó “Que lo fusilen, aunque sea en una camilla”, y así ocurrió en Barcelona el 21 de abril de 1939, mientras que el general Escobar, jefe del Ejército Popular en el frente de Extremadura, sería fusilado en los fosos del castillo de Montjuich el 8 de febrero de 1940.

     Especialmente lamentable resulta también el que en los paneles de la exposición se califique a la guerrilla antifranquista, al maquis de la posguerra, como “sublevados”, lo  cual resulta aún más indignante en una ciudad y en una provincia como León, pues fue allí, precisamente, donde surgieron los primeros núcleos guerrilleros españoles que combatían a la dictadura, formándose la Federación de Guerrilleros de León-Galicia y donde, a su vez, más violenta fue su aniquilación, aspecto éste en el que tuvo un protagonismo destacado el general de la Guardia Civil Manuel Pizarro Cenjor, labor represiva, plagada de hechos sangrientos,  que continuaría poco después en la provincia de Teruel.

    Ante todos estos hechos, varias asociaciones memorialistas manifestaron su indignación por medio de un Manifiesto en defensa del honor y la verdad del maquis, el cual denunciaban la tergiversación de la verdadera historia del movimiento guerrillero antifranquista, así como su “firme y rotunda oposición” a que siga abierta al público, dado que en ella se ofrece una visión en la cual la Guardia Civil se vanagloria “de la violenta represión ejercida”,  lo cual va en contra de los principios constitucionales y, también, en contra de la legislación vigente en materia de memoria democrática. Y es que, la exposición ofrece una “banalización de la noble lucha” que supuso el movimiento guerrillero contra la dictadura, “incita al odio”, “falta a la verdad histórica” y, además, “conculca el derecho” de que las nuevas generaciones conozcan “la verdad de los hechos acaecidos en los años de la dictadura franquista”.

     De todas estas consideraciones deberían de tomar buena nota tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la actual directora de la Guardia Civil, María Gámez, para hacer las rectificaciones oportunas de esta exposición, financiada con fondos públicos y que, en algunos de sus paneles, ofrece, como señala el citado Manifiesto, una exaltación de tintes fascistas “totalmente fuera de lugar en una España democrática y libre”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

 

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 noviembre 2022)

 

 

 

MORIR EN GERNIKA

 

     Es bien conocido por la historia aquel fatídico 26 de abril de 1937 en el cual fue brutalmente bombardeada la villa foral vasca de Gernika por la Legión Cóndor nazi y la Aviazzione Legionaria italiana que, en varias oleadas, destrozaron dicha población con bombas rompedoras e incendiarias (el 71% de sus edificios fueron totalmente destruidos) y causando en torno tres centenares de fallecidos.

     Eclipsado por el bombardeo, existe otro capítulo trágico de la historia de Gernika que ha estado desconocido hasta hace pocos años. Se trata de la existencia del Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Gernika (en lo sucesivo, HMPGG) en el cual, entre 1938-1940, fallecieron 269 prisioneros republicanos en condiciones lamentables, casi tantos, como los causados por el bombardeo por el cual ha pasado Gernika a la historia. La primera aproximación a este tema se debe al trabajo de José Ángel Etxániz y Vicente del Palacio, miembros del Grupo de Historia Gernikazarra, titulado Morir en Gernika (2003), así como la investigación posterior llevada a cabo por Amagoia López de Larruzea e Iñaki Uribarrena Ibarguengoitia, ambos miembros de la asociación Pipergorri Kultur Alkartea,  sobre los datos biográficos de esas 269 víctimas, fruto del cual ha sido la edición del libro Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Gernika, 1938-1940 (2022). Gracias a esta obra sabemos que el HMPGG se estableció en el Colegio de los PP. Agustinos, en un edificio que posteriormente alojaría a un Destacamento Penal de presos (1940-1946) que, adscritos a Regiones Devastadas, redimían penas en trabajos relacionados con la reconstrucción de la arrasada villa de Gernika. El Hospital comenzó a funcionar el 2 de junio de 1938 con prisioneros republicanos enfermos procedentes de los campos de prisioneros y hospitales militares de Santander y Asturias. Más tarde, llegarían otros desde los campos de concentración de Aragón, soldados apresados en los frentes de Belchite y de Teruel y, meses después, otros prisioneros heridos procedentes de los combates habidos en la batalla del Ebro. A partir de abril de 1939, tras el final de la guerra, los prisioneros provinieron de los campos de concentración de todos los lugares de la mitad norte de España.

     Al HMPGG fueron trasladados los prisioneros procedentes de diversos campos de concentración franquistas (llegó a haber 303 en toda España), prisiones militares y colonias penitenciarias que eran considerados y diagnosticados como portadores de enfermedades graves y terminales, los cuales llegaban a Gernika en un estado lamentable, como señalaban los citados Etxániz y De Palacio: “mal vestidos y calzados, sucios, deteriorados físicamente, consumidos por las enfermedades, imposibilitados, llenos de vendajes”. Es por ello que, los presos enfermos hospitalizados eran “los desahuciados de los campos y cárceles, enfermos contagiosos, graves y terminales” y, por ello, el hospital “resultó ser un destino de muerte segura”.

     El edificio era “un lugar inapropiado para combatir la plaga de enfermedades infecciosas (tuberculosis y fiebres tifoideas), con carencias graves de profilaxis y asepsia, sin una alimentación adecuada” para poder sanar a los prisioneros, “en su mayoría enfermos de patologías infecciosas”. En el supuesto de que el preso se recuperase de su enfermedad, era trasladado de nuevo a un centro penitenciario para seguir cumpliendo la pena dictada por los tribunales franquistas.

     Durante los dos años de funcionamiento de este Hospital, fallecieron 269 prisioneros. Este elevado número de muertes se debió a enfermedades, pues a ninguno se le diagnosticó que el motivo de la muerte fuera “por herida de guerra” o como consecuencia de ella. Y todos ellos aún tuvieron que sufrir una última humillación: tras su muerte, el féretro del difunto era trasladado en el carro de recogida de la basura y el lugar de su enterramiento quedaba marcado con una varilla con un número en la ampliación del Cementerio de Gernika-Zallo.

Entre las 269 víctimas, había 13 prisioneros republicanos aragoneses y es de justicia recuperar sus nombres y sus lugares de procedencia.  De este modo, había 8 zaragozanos: José del Campo Mendoza (de Ambel, el único que fue enterrado en su municipio de origen), José Bea Vidal (de Caspe, y que las investigaciones de Amadeo Barceló lo identifican como el hermano de Manuel Bea, el último alcalde republicano de la ciudad del Compromiso), Ciprián Plano Serrano (de Lobera de Onsella), Ángel Gascón Bernal (de Fuendetodos), Faustino Pinós Palacio (de La Almolda) y Gerardo Bona, Manuel Julio Corral Fuentes y Mariano Moreno Lacuerda, estos tres últimos procedentes de la ciudad de Zaragoza. Había también tres oscenses: Valero Villagrasa Duaso (de Fraga), José del Río Huguet (de Grañén) y Manuel Bueno Tolosana (de Almudévar) y dos turolenses: Francisco López Martín (de Urrea de Gaén, maestro y capitán de milicias) y Gregorio Fortea Gracia (de Orrios).

     Como señalaba Joseba Eceolaza en el prólogo del libro antes citado, recuperar la memoria de las víctimas “es una obligación democrática”. Y, por ello, el pasado 3 de junio tuvo lugar un emotivo acto en el Cementerio de Gernika-Zallo en el cual se erigió un Memorial con los nombres de los 269 fallecidos, acto que contó con la presencia de familiares de las víctimas junto con autoridades de diversas comunidades autónomas, entre ellas, también de Aragón. Ciertamente, como decía Joseba Eceolaza, de este modo, pieza a pieza, se ha reconstruido “el puzzle de la memoria”, de lo que significó el Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Gernika, por lo que es de justicia felicitar a todos los que lo han hecho posible.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 8 junio 2022)

 

EL PATRIOTISMO DE JUAN NEGRIN

 

     En su trayectoria vital, Juan Negrín López demostró su talla y coraje político, así como su condición de gran patriota durante la Guerra de España de 1936-1939, defendiendo hasta el final la legalidad republicana frente al fascismo. Y ese mismo sentido patriótico lo evidenció, años después, ya en el exilio, cuando España estaba sometida a la dictadura franquista y en un tema muy controvertido:  su actitud favorable a que España se incorporase al Plan Marshall.

    Concluida la II Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó el European Recovery Program (ERP) para la reconstrucción de la devastada Europa occidental, puesto en marcha por el presidente Harry Truman e ideado por George Marshall, su entonces vicepresidente y prestigioso militar, razón por la cual fue conocido por el nombre de su promotor. Este plan supuso la inyección de 14.000 millones de dólares con objeto no sólo de la reconstrucción de los países de la Europa occidental, sino también, en el contexto de la Guerra Fría, con la intención política de sellar una alianza transatlántica para hacer frente al creciente auge de la influencia de la URSS en el continente europeo.

     A principios de 1948 se iniciaron conversaciones para el reparto de los fondos entre los potenciales estados beneficiarios y hasta la España franquista intentó optar a ellos, agobiada como estaba con una economía devastada tras la guerra, la asfixiante autarquía y el aislamiento internacional de la dictadura. Ante esta posibilidad, el ministro británico Mc Neil se opuso, al igual que lo hizo toda la oposición republicana en el exilio puesto que consideraban que dichos fondos servirían para el fortalecer al régimen franquista. En este sentido, el PSOE, por medio de Indalecio Prieto, dejó patente su frontal rechazo confiando en que “la España de Franco no entrará en el Plan Marshall, y si no entra, el régimen de Franco morirá por asfixia económica” (El Socialista, 9 abril 1948) y días después Prieto declaró que la participación de España en dicho plan “equivaldría al fortalecimiento del dictador y revestiría una verdadera traición por parte de los países democráticos” (El Socialista, 16 abril 1948).

     En cambio, y contra de la opinión mayoritaria del exilio republicano, Negrín se atrevió a defender públicamente, por medio de tres artículos publicados en la edición europea del New York Herald Tribune, la inclusión de España en el Plan Marshall, pues pensaba que, de no acceder a esos fondos, “soñar con el restablecimiento de la República a través del hambre y del empobrecimiento de España es un error”, un análisis honesto y guiado por un profundo patriotismo que, sin embargo, cayó como una bomba entre el exilio:  el PCE llegó a calificar a Negrín de “traidor” (Mundo obrero, 15 abril 1948) a la vez que tampoco fue plenamente comprendido por muchos negrinistas, los mismos que, junto a él, habían sido expulsados del PSOE en 1946.

     Negrín sentía un profundo dolor por la exclusión de España, pues como decía en un artículo fechado el 2 de abril de 1948 en el citado periódico, el rechazo “sería causa del aumento de los graves sufrimientos padecidos por el pueblo español desde el final de la guerra”, y en el artículo del día siguiente, Negrín dejaba clara su postura: “contra el régimen caudillista, todo, contra España, nada” y, por ello proponía que “las instituciones de la República de España deben ser reconocidas al mismo tiempo que la admisión de España en el Plan de Reconstrucción Europea”.

      Por su parte, Juan Marichal recoge varias cartas que, con este tema como telón de fondo, cruzó Negrín con Ramón Lamoneda, exsecretario general del PSOE y, expulsado como él del partido y el 1 de abril de 1948 le escribirá diciendo que “Ni con el Plan Marshall se le mantiene [a Franco], ni sin el Plan se le echa”. Días después, el 16 de abril, en una nueva carta Negrín calificaba la exclusión de España como una “monstruosidad legal”, pues, teniendo en mente los cuantiosos fondos destinados a Alemania e Italia, se pregunta: “¿Tiene esto la misión de infligir a España, al país y al pueblo, un castigo que no ha sido impuesto a países culpables de una guerra criminal?”.

    Recordando esta actitud patriótica de Negrín, exenta de intereses partidarios, contrasta con la actuación, ciertamente antipatriótica evidenciada por el PP criticando agriamente la concesión y gestión de los fondos asignados a España procedentes del Plan de Recuperación de la Unión Europea para hacer frente a la devastación causada por la pandemia de la Covid-19. Así es nuestra historia.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 14 marzo 2022)