Memoria histórica

BASILIO BLASCO Y EL "PROCESO DE LOS 42"

 

     No hay lugar en Francia en donde los republicanos españoles no hayan dejado memoria de su lucha contra el fascismo durante los años de la II Guerra Mundial, una memoria, muchas veces sellada con la sangre de nuestros compatriotas.

     En la ciudad de Nantes, en la Francia ocupada por la Alemania nazi, los primeros núcleos de la Resistencia contaron con la participación activa de republicanos españoles, antiguos combatientes del Ejército Popular (EP) republicano exiliados en territorio galo tras la victoria de las armas franquistas, apoyadas por la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, en la Guerra de España de 1936-1939. Estos republicanos pasaron a formar parte de la Organisation Spéciale (OS), dentro de los Francs-Tireurs et Partisans (FTP), movimiento de resistencia armado creado en Francia a finales de 1941 para combatir, mediante sabotajes y ataques, no sólo a la ocupación nazi, sino, también, a los colaboracionistas del fascista Parti Populaire Français (PPF). Pero bien pronto la Gestapo les sigue la pista y, a finales de junio de 1942, empieza a desmantelar al brazo armado de la Resistencia y detiene a 150 franceses y a 43 españoles.  Las autoridades nazis, una vez torturados los detenidos, pretendieron llevar a cabo un juicio ejemplarizante para acabar con la Resistencia en la zona del Departamento de Loira – Inferior y, también para atemorizar a la población civil: fue el conocido como El proceso de los 42, el cual juzgó a 45 resistentes y no a 42 como fue popularmente conocido.

    El 13 de enero de 1943 comparecieron ante un Consejo de Guerra alemán 43 hombres y 2 mujeres acusados de diversos atentados contra los nazis y sus colaboracionistas y de pertenecer a una “organización terrorista”. El juicio fue una auténtica farsa, con sus sesiones en alemán, idioma que ninguno de los acusados entendía (ni siquiera llegaron a saber de qué se les acusaba), un proceso lleno de irregularidades y que, no obstante, se saldó con 37 penas de muerte, sentencias que fueron dictadas el 28 de enero. Entre los condenados figuraban cinco republicanos españoles, militantes del PCE, y que formaban parte de un grupo de la OS, dirigidos por Alfredo Gómez Ollerías, que había sido capitán del EP, y del cual formaban parte Benedicto Blanco Dobarro, Miguel Sánchez Tolosa, Ernesto Prieto Hidalgo y el aragonés Basilio Blasco Martín, un joven natural del pequeño pueblo turolense de Rudilla. Fueron fusilados el 13 de febrero de 1943 en el campo de tiro de Bêle, cerca de Nantes y posteriormente enterrados en el cementerio de Chapelle-Basse-Mer.

    Pero su memoria, nunca se olvidó: el 17 de febrero de 1946, un año después de concluida la guerra, se colocó una placa con sus nombres en dicho cementerio por el Comité Departamental por la Solidaridad Española. Además, el recuerdo de estos trágicos hechos ha sido mantenido vivo por la asociación Collectif du Procès des 42, entidad creada para perpetuar la memoria de quienes lucharon en la Resistencia en Nantes y perdieron la vida a manos del nazismo. De este modo, desde el año 2004 se empezaron a realizar homenajes a los 5 republicanos españoles, declarados héroes nacionales en Francia y en 2006 se inauguró una escultura, con las fotografías de nuestros cinco compatriotas sobre la fosa en la que reposan, escultura pagada por suscripción popular y en cuyo acto se contó con la presencia de 400 personas. Desde entonces, se les rinde un homenaje todos los años.

    Durante muchos años, se desconocía el lugar de procedencia de Basilio Blasco Martín, asesinado a sus 22 años de edad, hasta que se supo que era natural de la citada población turolense de Rudilla. Basilio, que con tan sólo 18 años se alistó al Cuerpo de Carabineros de la República, tras la derrota al final de la guerra, sufrió el exilio al igual que miles de compatriotas nuestros, pasó por los campos de Argèles y Barcarès, se enroló en las Compañías de Trabajadores Extranjeros (CTE) y, tras la rendición de Francia ante la Alemania nazi (junio 1940), se integró en la OS, colaborando con la Resistencia hasta su detención por la Gestapo el 17 de septiembre de 1942.

    Su hermano, Julian Blasco, que fue el último habitante permanente de Rudilla, y con el cual mantuve largas conversaciones, siempre me hablaba de que la última vez que vio a Basilio fue en la Barcelona de 1938, cuando la guerra ya se intuía perdida para la España leal, y que, desde entonces, siempre tuvo la angustia de no saber qué había sido de su hermano. Así fue hasta que a través de un artículo publicado en el año 2006 en Heraldo de Aragón y firmado por Mariano García titulado “Un homenaje en Nantes a los fusilados españoles: el misterio de Basilio Blasco”, se hizo eco del homenaje a los 5 españoles asesinados y de la trayectoria vital de Basilio y de su origen aragonés, de que había nacido en Rudilla y no en Roudellac, Pondellac, Bondellar, Ruella o Novellac, como aparecía erróneamente transcrito en otros testimonios y documentos. Julián siempre lo buscó y nunca tuvo noticias de él. La posguerra fue dura para la familia: su padre Carlos fue encarcelado por sus ideas izquierdistas y su madre Gregoria y sus hermanas abandonaron Rudilla. Por su parte, Julián, decidió salir de la España franquista: trabajó primero en Brasil y luego, en Australia. Al poco de acabar la II Guerra Mundial, el azar del destino hizo que sus hermanas recibieran una carta, escrita en italiano, en la cual, como relató Mariano García, se “mencionaba mucho a Basilio”, pero ellas, al desconocer el idioma, “se la acabaron danto al cura para que la tradujera. Ni les dijo cuál era su contenido, ni se la devolvió”. Se perdió así la posibilidad de saber lo que le había ocurrido a Basilio tras el Proceso de los 42 de Nantes. Julián supo de esta carta mucho después y así pasaron siete décadas hasta que la historia de Basilio pudo ser conocida por sus familiares.

   Conocí y aprecié durante años a Julián, sentí siempre el dolor que le supuso el no saber nada del destino de su hermano, más tarde, la pena de conocer que fue asesinado por los nazis y, a la vez, el orgullo de que, igual que su padre Carlos, su hermano Basilio había tenido el coraje de enfrentarse al fascismo. Ello le dio paz en sus últimos años y creo que con esa misma paz murió sintiendo que la memoria de Basilio no sólo había sido recuperada, sino que también, como cada año, sigue siendo honrada en una pequeño y lejano cementerio de Francia. De ello se cumplen ahora 80 años.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 13 febrero 2023)

 

CARLOS NINO, EL VALOR DE UN JURISTA COMPROMETIDO

 

      En estas fechas, la película Argentina: 1985 ha supuesto un rotundo éxito, no sólo por la calidad de la misma, sino también por el revulsivo ético que nos transmite, aquel juicio histórico en el cual la democracia argentina tuvo el coraje político de procesar a las juntas militares que, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la dictadura consiguiente, dejaron en el país austral un negro legado de miles de muertos, torturados y desaparecidos. No obstante, en dicha película no se destaca, como merecería, la figura de Carlos Santiago Nino, el cual, como señalaba Raúl Voskoboinik, “generó el marco teórico necesario para llegar al juicio” en el que se procesó a los principales responsables de los crímenes perpetrados por la dictadura argentina entre 1976 y 1983.

     Carlos Santiago Nino Alaluf (1943-1993), destacado filósofo y jurista argentino, hijo de padres judíos sefardíes originarios de Esmirna, se había doctorado en Oxford, siendo más tarde profesor de la Universidad de Yale y, tras el restablecimiento de la democracia en diciembre de 1983, siendo asesor del presidente Raúl Alfonsín en materia de derechos humanos, fue quien concibió en un primer instante la necesidad de juzgar a las juntas militares de la dictadura encabezadas por los generales Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Emilio Eduardo Massera, idea que más tarde asumió el presidente Raúl Alfonsín, una experiencia inédita en el mundo: un gobierno civil decide enjuiciar al poder de facto, llevando al banquillo de los acusados a la cúpula militar de la dictadura.

     Carlos Nino, miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico (SADAF), en donde impartió seminarios sobre filosofía política, parte del concepto del “mal radical” formulado por Hannah Arendt en torno a lo que supuso el nazismo en la sociedad alemana, y lo adapta a lo ocurrido durante la dictadura argentina, la cual también cometió un “autogenocidio”, esto es, “la destrucción interna de una parte del propio grupo nacional”, tal y como lo definió la ONU en 1985. De este modo, Nino ideó cómo aplicar el concepto de “mal radical” al caso argentino, para lo cual lo renombró como “mal absoluto” para evitar que se le asociara, erróneamente, con el partido Unión Cívica Radical (UCR) de Raúl Alfonsín, entonces presidente democrático de la República Argentina.

   De entrada, Nino establece, como punto de partida que todas las normas y disposiciones de la dictadura eran nulas de pleno derecho, porque la condición esencial para que una ley tenga validez es que fuera el resultado de un proceso democrático. En consecuencia, rechaza la autoamnistía que se habían concedido los militares meses antes de dejar el poder mediante un Decreto que exculpaba al Ejército de cualquier delito cometido entre 1976 y 1983, de todo lo cual hace referencia en su libro Un país al margen de la ley en relación al nefasto período que supuso la dictadura militar.

    Para Nino resultaba fundamental la necesidad de llevar a cabo un “juicio simbólico” que sirviera para robustecer ética, política y moralmente a la recién recuperada democracia argentina además de para así poder reconstruir un Poder Judicial y lograr una sentencia ejemplar que condenase a los responsables de aquellos dramáticos sucesos. En este sentido, fue muy importante la implicación de la sociedad civil, la elaboración del Informe Nunca más, coordinado por Ernesto Sábato para la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (CONADEP).

Bajo la presidencia de Alfonsín, Carlos Nino formó el Consejo de Consolidación de la Democracia, del cual formaban parte destacados profesionales de ideologías diversas con objeto de buscar consensos en temas de gran relevancia para la política argentina y, el caso del juicio, era sin duda, uno de ellos. Así se optó, tal y como propuso Nino, que el procesamiento a los responsables de la dictadura se llevara a cabo mediante un juicio civil, en el cual el fiscal Julio César Strassera tendría un papel relevante, y no en el ámbito de la jurisdicción militar, como deseaban otra parte de la clase política y de la Administración argentina.

   El resultado de este histórico juicio, en palabras del constitucionalista Roberto Gargarella, “evitó que el derecho fuera un instrumento al servicio de la justificación y la impunidad”. Este fue el legado Carlos Santiago Nino Alaluf, un brillante filósofo y jurista argentino, un gran defensor de los derechos humanos, tal y como quedó patente en su papel como impulsor del histórico juicio a la dictadura argentina. Todo un ejemplo para aquellos países en los que es necesario llevar a cabo de forma decidida la justicia reparadora de pasadas dictaduras y el procesamiento de sus respectivos victimarios.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 noviembre 2022)

 

 

 

 

 

 

UNA EXPOSICIÓN DESMEMORIADA

 

     El pasado día 12 de octubre se inauguró en la ciudad de León una exposición titulada “La Guardia Civil al servicio de la ciudadanía”, la cual ha sido motivo de polémica debido a que en sus paneles explicativos relativos a los períodos de la Guerra de España de 1936-1939 y la posterior dictadura franquista, aparecen una serie de imprecisiones, inexactitudes y enfoques poco acordes con la nueva Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

     En primer lugar, hay que señalar que, al referirse al 18 de julio de 1936, en ningún momento se emplea el término de “golpe de Estado” contra el Gobierno democrático legítimo de la II República y, en cambio, se alude al mismo como “alzamiento” y “sublevación”, obviando el componente militar del mismo. Por otra parte, no se destaca el hecho de que, tras el golpe de Estado, de los 35.000 hombres que entonces componían la Guardia Civil, un porcentaje superior al 40% de sus efectivos, se mantuvo leal al Gobierno republicano, empezando por el general Sebastián Pozas Perea, el entonces Inspector General de la Benemérita, que dio instrucciones de permanecer leales al poder legalmente constituido. Tampoco se alude con la importancia que merece a la conversión de los sectores de la Guardia Civil que se mantuvieron leales en la nueva Guardia Nacional Republicana, creada por Decreto de 29 de agosto de 1936 y que estuvo operativa hasta que fue disuelta el 19 de octubre de 1937, cuando ésta se integró en el nuevo Cuerpo de Seguridad Interior.

Además, esta exposición presenta un tratamiento muy desigual de las víctimas sufridas por el cuerpo. De este modo, se exaltan los hechos heroicos de los guardias civiles que se unieron al golpe militar, al mal llamado “bando nacional”, como es el caso de la participación de éstos en la defensa del Alcázar de Toledo o del Santuario de Santa María de la Cabeza; se destacan los asesinatos de los guardias civiles ocurridos en Albacete o Cartagena por parte de los defensores de la República, se exalta igualmente la biografía de algunos miembros de la Benemérita como el teniente coronel Romero Basart (defensor del Alcázar), el capitán López Anglada (defensor del Cuartel de Gijón, fusilado) o del guardia Antonio Moreno Royo, el cual, tras defender en solitario el cuartel de Caravia (Asturias) fue fusilado “sentado en una silla, por las heridas que sufría”.

     En contraste, menor atención merece las biografías de los guardias civiles leales a la República. Este es el caso del general José Aranguren Roldán y el coronel Antonio Escobar Huerta, ambos católicos y conservadores, con hijos combatiendo en el bando rebelde, y que sin embargo se mantuvieron leales a la promesa de fidelidad a la República, razón por la cual ambos serían fusilados por los rebeldes franquistas una vez concluida la contienda: Aranguren, el primer mando de la Guardia Civil que ascendió a general de brigada, que, mandó la IV División Orgánica del Ejército Popular republicano, concluida la guerra, estando herido, se dice que Franco ordenó “Que lo fusilen, aunque sea en una camilla”, y así ocurrió en Barcelona el 21 de abril de 1939, mientras que el general Escobar, jefe del Ejército Popular en el frente de Extremadura, sería fusilado en los fosos del castillo de Montjuich el 8 de febrero de 1940.

     Especialmente lamentable resulta también el que en los paneles de la exposición se califique a la guerrilla antifranquista, al maquis de la posguerra, como “sublevados”, lo  cual resulta aún más indignante en una ciudad y en una provincia como León, pues fue allí, precisamente, donde surgieron los primeros núcleos guerrilleros españoles que combatían a la dictadura, formándose la Federación de Guerrilleros de León-Galicia y donde, a su vez, más violenta fue su aniquilación, aspecto éste en el que tuvo un protagonismo destacado el general de la Guardia Civil Manuel Pizarro Cenjor, labor represiva, plagada de hechos sangrientos,  que continuaría poco después en la provincia de Teruel.

    Ante todos estos hechos, varias asociaciones memorialistas manifestaron su indignación por medio de un Manifiesto en defensa del honor y la verdad del maquis, el cual denunciaban la tergiversación de la verdadera historia del movimiento guerrillero antifranquista, así como su “firme y rotunda oposición” a que siga abierta al público, dado que en ella se ofrece una visión en la cual la Guardia Civil se vanagloria “de la violenta represión ejercida”,  lo cual va en contra de los principios constitucionales y, también, en contra de la legislación vigente en materia de memoria democrática. Y es que, la exposición ofrece una “banalización de la noble lucha” que supuso el movimiento guerrillero contra la dictadura, “incita al odio”, “falta a la verdad histórica” y, además, “conculca el derecho” de que las nuevas generaciones conozcan “la verdad de los hechos acaecidos en los años de la dictadura franquista”.

     De todas estas consideraciones deberían de tomar buena nota tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como la actual directora de la Guardia Civil, María Gámez, para hacer las rectificaciones oportunas de esta exposición, financiada con fondos públicos y que, en algunos de sus paneles, ofrece, como señala el citado Manifiesto, una exaltación de tintes fascistas “totalmente fuera de lugar en una España democrática y libre”.

 

José Ramón Villanueva Herrero

 

(publicado en: El Periódico de Aragón, 3 noviembre 2022)

 

 

 

MORIR EN GERNIKA

 

     Es bien conocido por la historia aquel fatídico 26 de abril de 1937 en el cual fue brutalmente bombardeada la villa foral vasca de Gernika por la Legión Cóndor nazi y la Aviazzione Legionaria italiana que, en varias oleadas, destrozaron dicha población con bombas rompedoras e incendiarias (el 71% de sus edificios fueron totalmente destruidos) y causando en torno tres centenares de fallecidos.

     Eclipsado por el bombardeo, existe otro capítulo trágico de la historia de Gernika que ha estado desconocido hasta hace pocos años. Se trata de la existencia del Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Gernika (en lo sucesivo, HMPGG) en el cual, entre 1938-1940, fallecieron 269 prisioneros republicanos en condiciones lamentables, casi tantos, como los causados por el bombardeo por el cual ha pasado Gernika a la historia. La primera aproximación a este tema se debe al trabajo de José Ángel Etxániz y Vicente del Palacio, miembros del Grupo de Historia Gernikazarra, titulado Morir en Gernika (2003), así como la investigación posterior llevada a cabo por Amagoia López de Larruzea e Iñaki Uribarrena Ibarguengoitia, ambos miembros de la asociación Pipergorri Kultur Alkartea,  sobre los datos biográficos de esas 269 víctimas, fruto del cual ha sido la edición del libro Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Gernika, 1938-1940 (2022). Gracias a esta obra sabemos que el HMPGG se estableció en el Colegio de los PP. Agustinos, en un edificio que posteriormente alojaría a un Destacamento Penal de presos (1940-1946) que, adscritos a Regiones Devastadas, redimían penas en trabajos relacionados con la reconstrucción de la arrasada villa de Gernika. El Hospital comenzó a funcionar el 2 de junio de 1938 con prisioneros republicanos enfermos procedentes de los campos de prisioneros y hospitales militares de Santander y Asturias. Más tarde, llegarían otros desde los campos de concentración de Aragón, soldados apresados en los frentes de Belchite y de Teruel y, meses después, otros prisioneros heridos procedentes de los combates habidos en la batalla del Ebro. A partir de abril de 1939, tras el final de la guerra, los prisioneros provinieron de los campos de concentración de todos los lugares de la mitad norte de España.

     Al HMPGG fueron trasladados los prisioneros procedentes de diversos campos de concentración franquistas (llegó a haber 303 en toda España), prisiones militares y colonias penitenciarias que eran considerados y diagnosticados como portadores de enfermedades graves y terminales, los cuales llegaban a Gernika en un estado lamentable, como señalaban los citados Etxániz y De Palacio: “mal vestidos y calzados, sucios, deteriorados físicamente, consumidos por las enfermedades, imposibilitados, llenos de vendajes”. Es por ello que, los presos enfermos hospitalizados eran “los desahuciados de los campos y cárceles, enfermos contagiosos, graves y terminales” y, por ello, el hospital “resultó ser un destino de muerte segura”.

     El edificio era “un lugar inapropiado para combatir la plaga de enfermedades infecciosas (tuberculosis y fiebres tifoideas), con carencias graves de profilaxis y asepsia, sin una alimentación adecuada” para poder sanar a los prisioneros, “en su mayoría enfermos de patologías infecciosas”. En el supuesto de que el preso se recuperase de su enfermedad, era trasladado de nuevo a un centro penitenciario para seguir cumpliendo la pena dictada por los tribunales franquistas.

     Durante los dos años de funcionamiento de este Hospital, fallecieron 269 prisioneros. Este elevado número de muertes se debió a enfermedades, pues a ninguno se le diagnosticó que el motivo de la muerte fuera “por herida de guerra” o como consecuencia de ella. Y todos ellos aún tuvieron que sufrir una última humillación: tras su muerte, el féretro del difunto era trasladado en el carro de recogida de la basura y el lugar de su enterramiento quedaba marcado con una varilla con un número en la ampliación del Cementerio de Gernika-Zallo.

Entre las 269 víctimas, había 13 prisioneros republicanos aragoneses y es de justicia recuperar sus nombres y sus lugares de procedencia.  De este modo, había 8 zaragozanos: José del Campo Mendoza (de Ambel, el único que fue enterrado en su municipio de origen), José Bea Vidal (de Caspe, y que las investigaciones de Amadeo Barceló lo identifican como el hermano de Manuel Bea, el último alcalde republicano de la ciudad del Compromiso), Ciprián Plano Serrano (de Lobera de Onsella), Ángel Gascón Bernal (de Fuendetodos), Faustino Pinós Palacio (de La Almolda) y Gerardo Bona, Manuel Julio Corral Fuentes y Mariano Moreno Lacuerda, estos tres últimos procedentes de la ciudad de Zaragoza. Había también tres oscenses: Valero Villagrasa Duaso (de Fraga), José del Río Huguet (de Grañén) y Manuel Bueno Tolosana (de Almudévar) y dos turolenses: Francisco López Martín (de Urrea de Gaén, maestro y capitán de milicias) y Gregorio Fortea Gracia (de Orrios).

     Como señalaba Joseba Eceolaza en el prólogo del libro antes citado, recuperar la memoria de las víctimas “es una obligación democrática”. Y, por ello, el pasado 3 de junio tuvo lugar un emotivo acto en el Cementerio de Gernika-Zallo en el cual se erigió un Memorial con los nombres de los 269 fallecidos, acto que contó con la presencia de familiares de las víctimas junto con autoridades de diversas comunidades autónomas, entre ellas, también de Aragón. Ciertamente, como decía Joseba Eceolaza, de este modo, pieza a pieza, se ha reconstruido “el puzzle de la memoria”, de lo que significó el Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Gernika, por lo que es de justicia felicitar a todos los que lo han hecho posible.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 8 junio 2022)

 

EL PATRIOTISMO DE JUAN NEGRIN

 

     En su trayectoria vital, Juan Negrín López demostró su talla y coraje político, así como su condición de gran patriota durante la Guerra de España de 1936-1939, defendiendo hasta el final la legalidad republicana frente al fascismo. Y ese mismo sentido patriótico lo evidenció, años después, ya en el exilio, cuando España estaba sometida a la dictadura franquista y en un tema muy controvertido:  su actitud favorable a que España se incorporase al Plan Marshall.

    Concluida la II Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó el European Recovery Program (ERP) para la reconstrucción de la devastada Europa occidental, puesto en marcha por el presidente Harry Truman e ideado por George Marshall, su entonces vicepresidente y prestigioso militar, razón por la cual fue conocido por el nombre de su promotor. Este plan supuso la inyección de 14.000 millones de dólares con objeto no sólo de la reconstrucción de los países de la Europa occidental, sino también, en el contexto de la Guerra Fría, con la intención política de sellar una alianza transatlántica para hacer frente al creciente auge de la influencia de la URSS en el continente europeo.

     A principios de 1948 se iniciaron conversaciones para el reparto de los fondos entre los potenciales estados beneficiarios y hasta la España franquista intentó optar a ellos, agobiada como estaba con una economía devastada tras la guerra, la asfixiante autarquía y el aislamiento internacional de la dictadura. Ante esta posibilidad, el ministro británico Mc Neil se opuso, al igual que lo hizo toda la oposición republicana en el exilio puesto que consideraban que dichos fondos servirían para el fortalecer al régimen franquista. En este sentido, el PSOE, por medio de Indalecio Prieto, dejó patente su frontal rechazo confiando en que “la España de Franco no entrará en el Plan Marshall, y si no entra, el régimen de Franco morirá por asfixia económica” (El Socialista, 9 abril 1948) y días después Prieto declaró que la participación de España en dicho plan “equivaldría al fortalecimiento del dictador y revestiría una verdadera traición por parte de los países democráticos” (El Socialista, 16 abril 1948).

     En cambio, y contra de la opinión mayoritaria del exilio republicano, Negrín se atrevió a defender públicamente, por medio de tres artículos publicados en la edición europea del New York Herald Tribune, la inclusión de España en el Plan Marshall, pues pensaba que, de no acceder a esos fondos, “soñar con el restablecimiento de la República a través del hambre y del empobrecimiento de España es un error”, un análisis honesto y guiado por un profundo patriotismo que, sin embargo, cayó como una bomba entre el exilio:  el PCE llegó a calificar a Negrín de “traidor” (Mundo obrero, 15 abril 1948) a la vez que tampoco fue plenamente comprendido por muchos negrinistas, los mismos que, junto a él, habían sido expulsados del PSOE en 1946.

     Negrín sentía un profundo dolor por la exclusión de España, pues como decía en un artículo fechado el 2 de abril de 1948 en el citado periódico, el rechazo “sería causa del aumento de los graves sufrimientos padecidos por el pueblo español desde el final de la guerra”, y en el artículo del día siguiente, Negrín dejaba clara su postura: “contra el régimen caudillista, todo, contra España, nada” y, por ello proponía que “las instituciones de la República de España deben ser reconocidas al mismo tiempo que la admisión de España en el Plan de Reconstrucción Europea”.

      Por su parte, Juan Marichal recoge varias cartas que, con este tema como telón de fondo, cruzó Negrín con Ramón Lamoneda, exsecretario general del PSOE y, expulsado como él del partido y el 1 de abril de 1948 le escribirá diciendo que “Ni con el Plan Marshall se le mantiene [a Franco], ni sin el Plan se le echa”. Días después, el 16 de abril, en una nueva carta Negrín calificaba la exclusión de España como una “monstruosidad legal”, pues, teniendo en mente los cuantiosos fondos destinados a Alemania e Italia, se pregunta: “¿Tiene esto la misión de infligir a España, al país y al pueblo, un castigo que no ha sido impuesto a países culpables de una guerra criminal?”.

    Recordando esta actitud patriótica de Negrín, exenta de intereses partidarios, contrasta con la actuación, ciertamente antipatriótica evidenciada por el PP criticando agriamente la concesión y gestión de los fondos asignados a España procedentes del Plan de Recuperación de la Unión Europea para hacer frente a la devastación causada por la pandemia de la Covid-19. Así es nuestra historia.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 14 marzo 2022)

 

 

DONDE LA HISTORIA SE AVERGÜENZA

 

     Hay lugares y donde se tuvieron lugar páginas negras de la historia  y que como tales han quedado en la memoria colectiva. Tal vez el ejemplo más evidente (y sangrante) de ello sea Auschwitz, la encarnación del mal absoluto que supuso el nazismo, pero con distinta graduación y circunstancias hay otros muchos si repasamos la historia reciente de Europa.

    Este año he pasado las vacaciones en Francia, cerca de la localidad de Montoire-sur-le-Loir, población que evoca una página, también negra, de la historia francesa. Allí tuvo lugar, el 24 de octubre de 1940, la entrevista entre el mariscal Philippe Pétain y Adolf Hitler, el primero, representando a la Francia vencida por la entonces imparable maquinaria de guerra alemana, el otro, el todopoderoso dictador nazi. Hitler, que el día anterior se había reunido con el general Franco en la estación de Hendaya, pretendía con el encuentro de Montoire, sentar las bases de la relación entre el III Reich y la Francia pétainista, o lo que es lo mismo, lograr la completa sumisión de ésta a los dictados políticos, económicos y militares de Berlín.

     El apretón de manos entre Pétain y Hitler en la estación de Montoire ha quedado para la memoria de Francia como el símbolo del vergonzoso  y humillante colaboracionismo del régimen pro-nazi galo con la Alemania hitleriana. En dicha reunión Pétain aceptó colaborar con el III Reich pero no logró ninguna de sus demandas como la liberación de varias decenas de miles de prisioneros de guerra o la reinstalación del Gobierno pétainista ni en Versalles ni en París, por lo que éste fijó su sede definitiva en la ciudad de Vichy. Y ello a pesar de que Pétain ofreció su apoyo a la Alemania nazi para combatir a Gran Bretaña y no puso obstáculos para una mayor colaboración política y económica con Berlín. Pero Hitler se mostró intransigente y no aceptó ninguno de los ofrecimientos de Pétain pues sólo deseaba asegurar la colaboración política (incluida la represión de resistentes y la deportación de judíos) y la explotación económica de Francia en beneficio del esfuerzo de guerra germano. En el terreno militar, Hitler estaba interesado en que Pétain defendiera el imperio colonial francés de ataques británicos o de las Fuerzas Francesas Libres (FFL) del general De Gaulle, todo ello sin ninguna compensación a cambio que pudiera "justificar" la colaboración del régimen de Vichy con la Alemania nazi.

     Aún hoy en día, en la historia oficial de Francia,  aquella que presenta a nuestro país vecino como unido contra el nazismo bajo la bandera de la Resistencia y de la figura del general De Gaulle, el tema del colaboracionismo con la Alemania hitleriana sigue siendo una página polémica, un período asociado a las ciudades de Vichy y de Montoire, que todavía cargan con ese estigma.

      En la actualidad, del episodio vergonzoso de Montoire queda el edificio histórico de la vieja estación, convertida en un pequeño museo que recuerda el significado de aquel encuentro, considerado todo un oprobio para el orgullo chovinista galo. A modo de desagravio, en la fachada de la estación, una placa recuerda la liberación de Montoire por el Ejército de los Estados Unidos el 11 de agosto de 1944. Igualmente, en los jardines que se hallan frente a la estación, está plantado un "Árbol de la Libertad", evocando el legado de la Revolución Francesa y los valores republicanos de "Libertad-Igualdad-Fraternidad", que fueron aplastados tanto por la ocupación nazi  como por el régimen pétainista de Vichy.

    Otro vestigio relacionado con el encuentro de Montoire se encuentra en sus proximidades: se trata del túnel ferroviario de Saint-Rimay que estaba destinado a proteger a "Erika", el tren blindado de Hitler, en caso de ataque aéreo durante su entrevista con Pétain. Más tarde, en 1943, se convirtió en Cuartel del Alto Mando alemán y estaba cerrado por enormes puertas blindadas, protegido por búnkeres y baterías antiaéreas y que contaba con una guarnición permanente y una central eléctrica y telefónica que conectaba directamente con  Berlín. Curiosamente, estas instalaciones nunca fueron objeto de ningún ataque aéreo durante la guerra. Aunque el acceso al túnel está prohibido y un cartel advierte de que, en caso de hacerlo, se puede ser sancionado con una multa de 3.750 euros y una sanción de 6 meses de cárcel, dado que la vía férrea sigue siendo operativa, era  tentador adentrarse en el túnel y así lo hice, para contemplar sus impresionantes puertas blindadas que todavía se conservan en su interior, así como el techo del mismo, reforzado con planchas de acero y que, pese a ello, nunca llegó a ser utilizado como refugio para el tren de Hitler.

     Es evidente que Francia ha ajustado cuentas y memoria con su pasado, mientras que en España todavía tenemos muchas deudas pendientes con aquellos lugares vinculados al franquismo donde, también, la historia se avergüenza. Baste recordar las miles de fosas y tapias que nos recuerdan, en infinidad de lugares,  la represión genocida desatada por los sublevados aquel fatídico 18 de julio de 1936. También avergüenzan aquellos otros lugares donde, como señalaba Paul Preston, el general Franco firmaba las sentencias de muerte de los condenados "mientras comía", "tomando café antes de la sienta" o "viajando en coche", miles de sentencias que el dictador siempre firmó con la "E" de "Enterado", de forma fría, impasible y sin el menor remordimiento moral, pues como el mismo Franco dijo a su cuñado Ramón Serrano Suñer, eran "cosas de trámite". Estos hechos avergüenzan la historia de España, al igual que en la memoria francesa sigue siendo un hecho oprobioso el encuentro de Montoire, y como tal se estudia en los libros de texto, mientras que en España sigue habiendo profundas lagunas curriculares a la hora de analizar la dictadura franquista.

      Por todo ello, es tan importante la memoria democrática pues, como dejó escrito Luis Buñuel, "Una vida sin memoria no sería vida, como una inteligencia sin posibilidad de expresarse no sería inteligencia. Nuestra memoria es nuestra coherencia, nuestra razón, nuestra acción, nuestro sentimiento. Sin ella, no somos nada".

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 de agosto de 2021)

 

 

QUÉ FUE DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

 

    Cuando la entonces mayoría parlamentaria del Partido Popular aprobó la Ley Orgánica 1/2014, mediante la cual se modificaba la Ley orgánica 6/1985, del Poder Judicial, se consagraba, legalmente, la limitación a la jurisdicción universal, lo cual supuso un duro golpe al principio de justicia universal,  dado que se imposibilitaba el que los tribunales españoles pudieran investigar y enjuiciar delitos penados por el derecho internacional tan graves como el genocidio, los crímenes de guerra, las desapariciones forzadas o la tortura, quedando sobreseídos, de forma automática,  todas las causas de esta índole que estuvieran abiertas en la Audiencia Nacional. De este modo, el entonces Gobierno presidido por Mariano Rajoy, consagraba la impunidad de los crímenes contra la humanidad, todo un cínico ejercicio de utilitarismo frente a los valores de la ética y la justicia, impidiendo de este modo investigar y enjuiciar a genocidas y criminales de guerra tan repugnantes como Franco, Pinochet, George Bush o Jiang Zemin.

    Hay que tener en cuenta que la jurisdicción universal es uno de los mayores instrumentos con los que cuenta la justicia por poder juzgar crímenes de derecho internacional tales como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura o desaparición forzada. Es por ello que esta herramienta permite a los jueces de todos los países del mundo poder abrir investigaciones sobre estas violaciones graves de derechos humanos, llevando ante los tribunales a los autores de estos crímenes.

   Tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2014, son muchos las causas e investigaciones abiertas en tribunales españoles que han quedado impunes tras su archivo “legal”. Este sería el caso de las diversas causas abiertas por genocidio como el cometido contra la población maya en Guatemala (1999), por el sufrido por el grupo religioso Falun Gong en China (2003) o los relativos al Tibet (2005), Ruanda (2005), los crímenes provocados por autoridades marroquíes en el Sahara Occidental ocupado (2006) o el cometido en los campos de concentración nazis (2008). Otras causas investigaban los crímenes de guerra cometidos por Israel en Gaza (2008) o en el ataque a la llamada “Flotilla de la Libertad” (2010) por unidades del Ejército israelí. También se archivarían las investigaciones abiertas en torno al asesinato de José Couso en Irak, la del jesuita Ignacio Ellacuría en El Salvador o la del diplomático Carmelo Soria durante la dictadura de Pinochet en Chile, así como las causa en torno a los vuelos clandestinos de la CIA o las torturas cometidas en la base de Guantánamo por militares norteamericanos.

     Dicho esto, resulta obvio que la puesta en práctica de la Ley Orgánica 1/2014, ha tenido importantes consecuencias negativas dado que ha supuesto un golpe devastador para la jurisdicción universal al permitir que tan graves crímenes queden impunes. Al mismo tiempo, supone una flagrante violación de las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por España en esta materia, en concreto las Convenciones de Ginebra de 1949, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes o la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2007 (ratificado por España en 2009), dado que la legislación española no puede dejar sin efecto o derogar las obligaciones contraídas por España en materia de derecho internacional dado que éstas tienen supremacía sobre el derecho nacional.

    Además, según algunos juristas, la referida limitación legal a aplicar por parte de España la justicia universal podría exceder las facultades legislativas del Congreso de los Diputados, dado que estaría cerrando de manera generalizada todas las investigaciones relativas a estos graves crímenes, lo cual supone una clara interferencia que vulnera la independencia del poder judicial. Y, también, semejante involución legislativa no sólo daña la imagen internacional de España en materia de defensa de los derechos humanos e investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad, sino que incluso podría llevar a nuestro país ante la Corte Penal Internacional o ante los comités de la ONU contra la tortura o contra las desapariciones forzadas por incumplimiento de sus obligaciones en esta materia dado que el consenso de la comunidad internacional es claro: estos crímenes, que golpean a la conciencia de la humanidad, han de ser castigados y es deber de todo Estado investigar a sus responsables. Además, es importante señalar que ninguno de estos tratados menciona la posibilidad de limitar la persecución de graves crímenes de derecho internacional como ha pretendido la Ley Orgánica 1/2014 a cuya aprobación no fueron ajenas las presiones de Estados Unidos, China o Israel sobre el entonces gobierno de Mariano Rajoy.

    Cuando en el año 2014 se produjo tan grave involución legislativa, ante semejante golpe a la aplicación efectiva de la justicia universal, 91 asociaciones y colectivos vinculados a los derechos humanos, suscribieron un manifiesto en el cual instaban a España a que respetase y mantuviese sus compromisos y obligaciones internacionales suscritos al firmar los acuerdos antes indicados, así como a que se garantizase que cualquier reforma de las normas que regulan la jurisdicción universal esté acorde con el derecho internacional. Así las cosas, estas cuestiones siguen pendientes a fecha de hoy y, consecuentemente, esta situación debería ser subsanada cuanto antes para que España vuelva ser un adalid en la defensa de la justicia universal, aquel camino que inició el entonces juez Baltasar Garzón cuando el 16 de octubre de 1998 dictó la orden de detención contra el dictador Augusto Pinochet, todo un hito en la aplicación del principio de justicia universal, o cuando el mismo Garzón inició el sumario 53/2008 sobre las víctimas del franquismo y  en el que constan los nombres de 143.353 víctimas causadas por la represión fascista durante la guerra civil y la posterior dictadura, por lo que sigue habiendo 143.353 razones para que los demócratas españoles defendamos la aplicación de la legislación penal internacional. Por todo ello, la reactivación de la justicia universal, con todas sus consecuencias, debería de ser una tarea asumida sin dilación por el actual Gobierno de coalición progresista español.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón. 10 agosto 2021)

 

 

 

 

ANNUAL: EL CENTENARIO DE UN DESASTRE

 

     Entre el 22 de julio y el 9 de agosto de 1921, hace ahora cien años, se produjo en Marruecos el conocido como “desastre de Annual”, sufrido por el ejército español, una tragedia causada no sólo por las tribus rifeñas lideradas por Abd-el-Krim, sino también por la ineptitud de los mandos, por un impropio afán de gloria y conquista colonial, así como por los intereses económicos de la clase política y militar que sustentaba la monarquía de Alfonso XIII.

    Tras la pérdida en 1898 de los últimos restos del imperio colonial hispano (Cuba, Puerto Rico y Filipinas), los políticos de la Restauración dirigieron su mirada hacia el indómito Marruecos, con la pretensión de revivir allí viejos sueños de potencia colonizadora. Es por ello que, tras la Conferencia de Algeciras (1906) y la posterior creación del Protectorado Franco-Español (1912), las tierras de Marruecos fueron repartidas entre Francia, que se llevó la mayor parte del territorio, y España, a la que le correspondió una pequeña franja, un territorio agreste, habitada por 66 cabilas o tribus, una zona indómita cuyos nativos, en expresión del sargento de Regulares Enrique Meneses, eran “gentes sin civilizar” y para los que “la guerra es su pasión, su diversión favorita”.

    Varias fueron las razones por las cuales los políticos y estamentos militares del momento fijaron su interés en Marruecos. En primer lugar, para intentar “restañar las heridas” ocasionadas por la pérdida de las colonias en 1898; por otra, el deseo del Ejército de dar salida a una oficialidad que, tras el desastre colonial, se había visto privada de 8.000 destinos. Además, la intervención en Marruecos, a la que se le quiso dar un tinte “civilizador”, pretendía en realidad recuperar el prestigio perdido por la clase política y el Ejército en aquella España decadente que, a duras penas, intentaba sobreponerse de las consecuencias del desastre de 1898. Y, a todo ello, habría que añadir los intereses económicos españoles en la zona, esto es, la explotación de los yacimientos de hierro y plomo marroquíes.

   Desde el primer momento, los sectores populares españoles se opusieron a la aventura colonial en Marruecos: recordemos que fue éste precisamente el motivo del estallido de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, el mismo año en que se produjo el desastre del Barranco del Lobo cerca de Melilla. No obstante, los sucesivos gabinetes de la época, en gran medida alentados por Alfonso XIII, continuaron con sus pretensiones coloniales en Marruecos. De este modo, a partir de 1919, el Gobierno de Romanones reactivó la campaña militar para hacerse con el control efectivo del territorio del Protectorado asignado a España y que contaba con una población bereber hostil a cualquier dominación extranjera y que culminó con la conquista de Xauén en el otoño de 1920.

    Posteriormente, el protagonismo militar correspondió al general Manuel Fernández Silvestre, cuya impetuosa e insensata actitud, apoyado y protegido directamente por el rey Alfonso XIII, sería el detonante del desastre. Así, fue Fernández Silvestre el responsable del temerario avance hacia la bahía de Alhucemas, “excesivamente osado y falto de consistencia” como señaló el historiador Daniel Macías, lo cual ocasionó graves problemas de comunicación y la imposibilidad de abastecer de material y, sobre todo de agua en el abrasador verano marroquí, a los “blocaos” o posiciones españolas, por otra parte, escasamente dotadas de hombres y armamentos y débilmente fortificadas, tal es así que, Fermín Galán, entonces  un joven oficial destinado en la zona, definía con estas palabras la lamentable situación de los soldados en los blocaos: “Están famélicos, barbudos, no tienen fuerzas, se caen. Están destrozados”.

    El ataque de las cabilas rifeñas, unificadas bajo el mando de Abd-el-Krim, cercó a las tropas españolas de Fernández Silvestre e iniciada la retirada en medio de un caos total, se produjo el desastre: una insurrección general se abatió sobre los soldados, a los que no se les concedió cuartel y que causó la muerte de más de 10.000 militares españoles (entre ellos, el mismo general Fernández Silvestre), muchos de cuyos cadáveres fueron objeto de todo tipo de vejaciones, tal y como ocurrió tras la rendición de las tropas en Monte Arruit.

  El impacto social de la derrota militar fue grande y el gabinete de Manuel Allendesalazar se vio obligado a dimitir. La ciudadanía pidió la depuración de responsabilidades, se crearon comisiones parlamentarias, el general Picasso redactó el informe que lleva su nombre y es que, “el desastre de Annual” como empezó a ser denominado, puso en el punto de mira no sólo al sistema político de la Restauración, sino también la responsabilidad que en el mismo tuvo el rey, al que muchos hacían responsable de lo sucedido.

   Este triste aniversario nos recuerda cómo miles de cadáveres de soldados, la inmensa mayoría pertenecientes a familias humildes que, a diferencia de las más pudientes no pudieron eludir el servicio militar imperante en aquella tierra hostil, fueron el elevado precio que se pagó por trasnochadas e  ilusorias ambiciones coloniales y militaristas, unidas a los intereses de la carcomida clase política sobre la que se sustentaba el trono de Alfonso XIII, una monarquía que, pese al intento desesperado de apuntalarla mediante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera durante 1923-1930, había entrado en su declive definitivo.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 19 julio 2021)