Kyriathadassa: el blog de José Ramón Villanueva Herrero

     Todos estamos comprobando, hace ya tiempo, el estado de crispación y de desconcierto que se está sembrando en la sociedad española como consecuencia de los acontecimientos relacionados con el terrorismo de ETA. El tema es extraordinariamente complicado y de difícil solución y que puede acarrear graves consecuencias para la convivencia en el futuro, por lo que las fuerzas políticas deberían ser especialmente cuidadosas y prudentes a la hora de abordar esta cuestión.    El Gobierno de Rodríguez Zapatero, reconociendo la existencia del conflicto en Euskadi, primera condición para su solución, tendió puentes e intentó el acercamiento al entorno de ETA en aras a la consecución de la paz. Los Gobiernos del PP hicieron lo mismo y la oposición  se mantuvo en un segundo plano, siendo especialmente discreta, respetando y apoyando la política del Gobierno. Ese parece ser el camino y no hay otro. Los partidos políticos deben ir unidos y en la misma dirección, de lo contrario el fracaso puede ser estrepitoso.  El intento de Rodríguez Zapatero ha sido loable, mas probablemente no debería haberse embarcado en este mar tenebroso, sin contar la implicación y apoyo del otro gran partido de carácter estatal.    

      Admitido lo anterior, cabe decir que una vez perdieron las elecciones en marzo de 2004, los dirigentes populares han seguido una política de hostilidad constante contra el Gobierno, que ha generado un estado de crispación en la sociedad española, desconocido desde tiempos de la Transición, e impensable en cualquier país avanzado.  Esta actuación de los populares pudiera explicarse por el enfado que les causó la imprevista derrota electoral del 14-M. O quizás se debiera a que tomaran las riendas del partido los halcones. O a que el PP eligió ex profeso la estrategia de la confrontación permanente, como la única manera de alcanzar el poder.  Lo que si parece cierto es que desde el 14-M los Rajoy, Acebes, Zaplana y compañía, han dado muestra de un nerviosismo, nada conveniente, en la vida política.

      La actual dirección del PP ha optado por una táctica arriesgada y de consecuencias imprevisibles. Parecen movidos por la desesperación. Son todo un conjunto de políticos que, como no tienen futuro, no tienen nada que perder. Si, tras la derrota electoral del 14-M, el partido hubiera llevado a cabo un congreso y hubiera hecho una autocrítica, se hubiera dado paso a una nueva generación de políticos que, libres y no comprometidos con el pasado, estarían haciendo una oposición útil para la sociedad y más legitimable. Como saben que todo se lo juegan a una carta, no tienen problema alguno en embarcar a todos correligionarios y a todos aquellos sectores de la sociedad que puedan embaucar, con el apoyo incondicional de determinados periódicos y emisoras de radio, en un viaje que no tiene otro objetivo que derrocar al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Primero se inventaron la mentira de la conspiración en la masacre del 11-M. ¡Qué de cosas hemos tenido que oír un día tras otro, tratando de vincular estos atentados con la banda terrorista de ETA! Mas la verdad desagradable asoma, y a la trama islamista se le cae el velo, y en el tercer aniversario, el juicio está demostrando que no hay rastro alguno de ETA. Como esto ya lo sabían, han tenido que montar otra gran mentira. Independientemente que el Gobierno socialista haya podido cometer errores en todo el proceso de negociación con ETA, lo que parece indiscutible es que por primera vez en la historia de nuestra reciente democracia un gran partido, que ha detentado el Gobierno de España, y que cabe pensar que lo hará en el futuro, ha decidido servirse con fines partidistas de la política antiterrorista del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Es posible que los socialistas hayan errado en su cálculo, al pensar que podían afrontar, sin el pleno apoyo de la oposición, un final pactado de ETA. Probablemente han calibrado mal, las repercusiones en la opinión ciudadana de su actuación en el caso De Juana; pero lo que no se puede decir, de ninguna manera, que Rodríguez Zapatero sea cómplice de los terroristas, que el PSOE sea un traidor a la patria o que el Gobierno esté vendido a ETA. Los dirigentes del Partido Popular saben perfectamente que no es así, y a pesar de saberlo, han decidido tirar por la calle del medio y jugar con los sentimientos de una parte importante del pueblo español con fines partidistas. No se puede decir ante cientos de miles de españoles que España está en peligro, a no ser a costa de una gran irresponsabilidad .

      Convendría recordar el ejemplo de lo sucedido en el conflicto de Irlanda del Norte, donde el Reino Unido  y la República de Irlanda, desde fines de 1993 intentaron, de forma decidida, poner fin a uno de los conflictos más enquistados y sangrientos del siglo XX, convencidos de que no se podía condenar a Irlanda del Norte a un futuro de muerte y desesperación. Usaron el diálogo, la imaginación, la paciencia y la discreción. Los grandes partidos políticos del Reino Unido apostaron por la paz, entendiéndola como una cuestión de Estado, no partidista. En consecuencia no se entorpecieron, llevando ramos de flores a los lugares donde se produjeron las matanzas del IRA.  Los medios de comunicación fueron especialmente discretos y respetuosos con el tema. Se habló mucho y durante largo tiempo con las asociaciones de las víctimas. El largo camino hacia la solución del problema comenzó en diciembre de 1993, cuando el entonces primer ministro conservador británico, John Major, y el exjefe de Gobierno irlandés, Albert Reynols, firmaron en Londres la declaración de “Downing Street”. Ahora han recogido el fruto Tony Blair y Peter Hain. Es lo menos importante. Aquí nadie se pone medallas. El triunfo es de todos, como también hubiera sido el fracaso.

      Todos los políticos españoles deberían tenerlo en cuenta. Ya sabemos- es un tópico decirlo- que las situaciones entre Irlanda del Norte y Euskadi son muy diferentes. Ni ETA es el IRA ni el Ulster es Euskadi. Ni España es el Reino Unido. Es verdad,  mas a pesar de todo en algunos aspectos la solución de este conflicto podría servir de referencia a Euskadi: es el modo, la estrategia, las técnicas con las que se ha abordado y dirigido todo el proceso de superación del conflicto armado.

      Finalmente, podrían resultar para la clase política española altamente aleccionadoras las palabras pronunciadas en una reciente entrevista por parte del sacerdote irlandés Alec Reid, mediador en el conflicto del Ulster, y afincado desde hace seis años  en Bilbao, donde se ha situado en medio de todos los agentes políticos. Reid nos advierte que, “en Irlanda del Norte se necesitaron treinta años para aprender algunas cosas. La primera: se debe respetar  siempre la dignidad de las personas ya que es un valor supremo fundamental. La segunda: el único camino para resolver un problema es el diálogo. Ningún conflicto tiene solución por la vía de las armas. Lo que pasa es que en España no hay una cultura democrática entre partidos, ya que la democracia es demasiado joven. Si los partidos políticos se escucharan durante media hora sin interrumpirse, encontrarían al menos algunas cosas en las que estarían de acuerdo”.  

Cándido Marquesán Millán y José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 8 junio 2007)

     En la “lucha contra el terrorismo internacional” emprendida por el presidente Bush, ha sido noticia frecuente el campo de prisioneros de Guantánamo. Esta base naval americana ubicada en Cuba, representa, tanto en su origen como en su utilización actual, una página negra, una más, en la historia del imperialismo de los EE.UU.

     En 1898, cuando los patriotas cubanos con el apoyo del ejército americano pusieron fin al dominio colonial español, la isla, en vez de lograr su plena soberanía, se convirtió en un protectorado de los EE.UU., en una nueva pieza del expansionismo norteamericano en el Caribe. Por ello, en 1901, el Congreso de los EE.UU. impuso un Apéndice a la nueva Constitución de la República de Cuba, bajo la amenaza de que de no ser aceptado, la isla permanecería ocupada militarmente de forma indefinida, y ello podría ser el preludio de una posible anexión similar a la ocurrida con Puerto Rico. De este modo, la conocida como “Enmienda Platt”, en su artículo 7º, establecía la cesión de suelo cubano para el establecimiento de bases navales por parte de EE.UU., la potencia ocupante. Así, en febrero de 1903, la US Navy, recibía como “concesión perpetua”, 116 km² en la bahía de Guantánamo. A cambio, EE.UU. debía de abonar un alquiler de 2.000 $ anuales, cantidad que pagó al gobierno cubano hasta que, llegado Fidel Castro al poder, se negó a cobrarla para denunciar la ocupación “ilegítima” que la base de Guantánamo suponía para la soberanía de Cuba.

     En la actualidad, y desde principios del 2002, Guantánamo se ha convertido en un siniestro campo de detención para prisioneros islámicos talibanes o de Al-Queda. A estos presos, EE.UU. los define como “combatientes enemigos ilegales” y, de forma arbitraria, ha decidido no aplicarles la IV Convención de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra. Para ello, la Administración Bus se apoya en una argucia: como nominalmente Guantánamo sigue siendo territorio cubano, EE.UU. alega que los allí detenidos se encuentran fuera de territorio federal y, por ello, carecen de los derechos que tendrían si estuvieran detenidos en los EE.UU.

     De este modo, en Guantánamo se incumplen de forma flagrante numerosos artículos de la citada Convención de Ginebra, entre otros los relativos a la prohibición de palizas, torturas y maltratos psicológicos (art. 13), las humillaciones sexuales (art. 14), el encarcelamiento en celdas de reducido tamaño (art. 21), el deber de ser restituidos a su país de origen una vez finalizadas las hostilidades, así como la prohibición de aplicar detenciones por tiempo indefinido a los prisioneros (art. 118).

     Los detenidos habían sido trasladados, sin ningún tipo de control judicial, en vuelos clandestinos e ilegales de la CIA con el apoyo y connivencia de algunos países occidentales , hasta el punto de que en noviembre de 2005, The Washington Post ya denunció la existencia de cárceles clandestinas dirigidas por la CIA no sólo en diversos países árabes sino, también, en Rumanía, Polonia y Escocia. Los supuestos terroristas islámicos, además de los procedentes de Afganistán e Irak, habían sido raptados por la CIA en 12 países distintos: Yugoslavia, Paquistán, indonesia, Azerbaiján, Albania, Nigeria, Filipinas, Kenia, África del Sur, Canadá e incluso Alemania e Italia. Para ello la CIA ha contado con la colaboración de los servicios secretos de algunos países árabes que se sienten amenazados por la creciente ola de islamismo radical, como Egipto, Jordania, Arabia Saudí o Siria.

     Ante semejante aberración jurídica, ante tan flagrantes violaciones de los derechos humanos, la situación ha sido denunciada en diversos informes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y del Comité Internacional de la Cruz Roja. El pasado mes de febrero, la Comisión de Expertos de la ONU, en un demoledor informe, tras denunciar las graves violaciones de la legislación internacional cometidas, no dudaba en afirmar  que “el Gobierno de EE.UU. deberá cerrar las instalaciones de Guantánamo sin tardanza”.

Todas estas circunstancias han generado un profundo rechazo hacia la política belicista norteamericana y también en contra del empleo de la tortura bajo el pretexto de combatir el terrorismo internacional. Es el momento de que con la misma firmeza con la que la inmensa mayoría de la ciudadanía española nos opusimos a la guerra de Irak, hagamos ahora oír nuestra voz para reclamar el cumplimiento estricto de la legalidad internacional, el final de la ocupación militar de dicho país y la supresión de la tortura y otras prácticas propias de la guerra sucia. Hay que exigir el cierre inmediato de Guantánamo, la prisión iraquí  de Abú Grahib, la afgana de Pul-i-Jarji y la de otros lugares de detención y tortura clandestina cuya localización permanece oculta y que sólo han servido para fomentar el radicalismo islámico y el odio hacia Occidente y sus valores. De ahí que el cierre de todos estos siniestros lugares y la abolición de la tortura, sea, hoy, un imperativo moral y político inaplazable. 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 21 abril 2006) 

     Resulta grave y preocupante la táctica de oposición adusta, dura y demagógica de la derecha en un tema tan sensible como la lucha antiterrorista, aspecto éste que deber ser siempre política de Estado y, por ello, quedar al margen de las disputas políticas partidarias. Y es que, a Zapatero, la derecha le está negando algo que se le concedió al resto de los presidentes de la democracia española: dialogar con ETA para lograr la paz. El Gobierno del Presidente Zapatero tiene plena legitimidad política para dialogar con ETA, máxime cuando cuenta con un amplio respaldo en tal sentido por parte del Parlamento. Consecuentemente, la negociación debe centrarse en la entrega de las armas y en la situación de los presos etarras, asumiendo, con generosidad, salidas que permitan su reinserción social y política.  Ciertamente, siempre quedarán sectores irreductibles, contrarios al acuerdo, pero un horizonte de paz puede suponer una fractura en el conglomerado político y social que respalda a ETA. Eso es precisamente lo que ocurrió en la negociación entre el Gobierno de UCD y ETA (político-militar) en 1982, el cual, gracias a la mediación de hombres de la talla de Juan María Bandrés y Mario Onaindía, dió como resultado el abandono de las armas  y la reinserción social y política de los etarras “polis-milis”.

     La negociación política con ETA quedó legitimada en el ya lejano Pacto de Ajuria Enea para la normalización y pacificación de Euskadi, firmado en 1988 por todos los partidos democráticos, el cual, en su punto 10º, decía textualmente que, “si se producen las condiciones adecuadas para el final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia”.

     Con este horizonte, se realizaron las fracasadas negociaciones de Argel en 1989 entre el Gobierno de Felipe González y ETA. Una nueva esperanza se generó cuando el entonces Presidente Aznar autorizó el 4 de septiembre de 1998 establecer contactos con la banda etarra. De este modo, Aznar apostaba (y eso le honra) por iniciar el difícil camino de dialogar con ETA, a la cual, aludió ese día como “Movimiento Vasco de Liberación”: ningún Presidente de Gobierno había sido tan suave a la hora de referirse a la banda terrorista,  lo cual era especialmente significativo en su caso puesto que Aznar había sido objeto de  un atentado etarra.

     El camino se inició sin ninguna crítica de la oposición, más aún, con pleno apoyo de Zapatero,  entonces líder de la oposición: la cuestión lo merecía. Por eso, cuando ahora se critica de forma implacable al Gobierno socialista por intentar lograr la paz, cuando se escuchan las declaraciones de Rajoy y Aceves (dos exministros del Interior, por cierto), hay que recordar  que el expresidente Aznar no dudó en tomar medidas para crear un ambiente favorable para el diálogo con ETA como el acercamiento a Euskadi de  126 presos etarras. También, a principios de diciembre de 1998, se celebró una reunión entre el PP y HB, a la que asistieron, por parte de los populares, Zarzalejos, Martín Fluxá y Arriola, mientras que, por parte batasuna estaban presentes Otegi, Diez Usabiaga y Barrena. Tras ella, el Gobierno requirió un estudio para acelerar la transferencia de competencias y su posible ampliación al Gobierno Vasco. Los citados dirigentes populares, enviados por Aznar, se reunieron el 19 de mayo de 1999 en Suiza con los miembros de la dirección de ETA Mikel Antza (responsable del aparato político) y con Belén González (a) “Carmen”, (exmiembro del “Comando Madrid” sobre la que pesaban 4 asesinatos). El diálogo no prosperó y, cuando el 28 de noviembre de  1999 ETA anunciaba el fin de la tregua, Aznar pudo decir, con toda legitimidad en su Declaración institucional que “me comprometí como Presidente del Gobierno a impulsar con toda determinación las iniciativas que condujeran a un proceso de paz...[...] Autoricé el diálogo con ETA para acreditar su voluntad al cese definitivo de la violencia”. Exactamente igual que ocurre en la actualidad con el nuevo Gobierno socialista.

     Para lograr el final de la violencia, habrá que tener constancia, convicciones y, también, generosidad histórica. La misma que tuvieron las fuerzas progresistas españolas cuando, en plena Transición, se aprobó la Ley de Amnistía (1977) que, de hecho, supuso una auténtica “ley de punto final” para con los crímenes y los represores del franquismo. Es una oportunidad histórica y la derecha vociferante debería ofrecer al Gobierno de España el mismo respaldo leal que recibió durante el proceso negociador que Aznar inició durante 1998-1999. A quienes tanto hablan “claudicación” de Zapatero, hay que recordarles que, el 5 de noviembre de 1998, Aznar manifestaba estar dispuesto “al perdón y a la generosidad” si ETA renunciaba a la violencia. A pesar de los anteriores engaños de ETA, de la oposición cerril de la derecha, hoy como ayer, el perdón y la generosidad de los que hablaba Aznar seguirán siendo necesarios.  Pues pase lo que pase, nuestros gobernantes tienen el deber moral y político de hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar la paz en Euskadi, como en su día lo intentaron Suárez, González, Aznar y, ahora,  Rodríguez Zapatero. 

     José Ramón Villanueva Herrero.

     (Diario de Teruel, 19 febrero 2006)