UNA LEY DE ARIZONA
En estos días, está siendo noticia el Estado norteamericano de Arizona, una lejana tierra que evoca la época de la conquista del Oeste, escenas de la desigual lucha entre la población india y los colonizadores blancos, las peleas entre pistoleros en una tierra donde el poder del más fuerte se imponía, de una tierra sin ley. Y sin embargo, Arizona es ahora noticia por la aprobación de una ley, la conocida como SB 1070, que evidencia un preocupante poso reaccionario, xenófobo y racista.
Con arreglo a la Ley SB 1070, aprobada por el Congreso de Arizona, se permite a la policía detener a una persona tan sólo por el color de su piel o su aspecto físico bajo la acusación de ser un inmigrante ilegal. Y no sólo eso, sino que los inmigrantes indocumentados ser detenidos, interrogados, encarcelados (hasta 6 meses), multados con hasta 2.500 dólares y posteriormente deportados a sus países de origen sin ninguna garantía jurídica. El hecho de criminalizar a las personas por su sola apariencia física y no por los delitos cometidos, es algo que resulta inadmisible en la legislación de cualquier país civilizado. El espíritu de esta polémica ley, que maltrata a los inmigrantes, recuerda peligrosamente a las tristemente célebres leyes raciales de la Alemania nazi mediante las cuales se perseguía a toda persona que no respondiese al arquetipo racial ario, tan exaltado por el delirio criminal hitleriano.
En el caso de Arizona, el objetivo de este ley es la población inmigrante latinoamericana, especialmente la de origen mexicano, colectivo que en dicho Estado cuenta con 450.000 residentes indocumentados. Digamos igualmente que el volumen total de la población inmigrante procedente de América Latina supone el 10 % de la mano de obra de Arizona (sometida por otra parte a condiciones laborales y salariales degradantes) y que, al igual que ocurre en California, Colorado, Nevada o Texas, uno de cada diez estudiantes de Educación Preescolar y de Primaria, tiene un padre indocumentado.
Ante esta realidad social, en vez de fomentar políticas públicas de integración, se ha optado por la solución más fácil, por penalizar a los sectores más débiles de la opulenta sociedad norteamericana, y éstos son los inmigrantes ilegales latinoamericanos. Por ello, la Ley SB 1070 supone una muy grave involución respecto al siempre complejo tema de la política inmigratoria de los EE.UU..
Lo preocupante no es sólo la regresión legal que esta ley supone sino también el apoyo ciudadano con el que parece contar. De este modo, los sectores más duros de la derecha americana, vuelven a enarbolar la bandera de la “seguridad” ante potenciales “enemigos”, que siempre identifican con los colectivos inmigrantes. Y es que, según una encuesta del diario The New York Times y de la Cadena CBS, el 51 % de los americanos consideran esta ley “correcta” y un 9 % más creen que “no es lo suficientemente estricta”. Y no sólo eso: otros Estados como Pensilvania, Georgia, Carolina del Sur o Michigan, también se plantean el instaurar normativas inmigratorias similares a las de la Ley SB 1070.
Ante esta situación, las reacciones de protesta no se han hecho esperar. No sólo han dado lugar a airadas quejas por parte de las autoridades de México, a numerosas manifestaciones de protesta en Los Ángeles, Chicago, Washington, Nueva York, etc., sino que también a que un gran número de asociaciones, entre ellas Amnistía Internacional, hayan pedido su inmediata derogación.
La ley aprobada en Arizona incumple toda la normativa legal según la cual se considera un derecho humano universal la protección contra todo tipo de detención arbitraria recogida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9), la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el art. 16 de la Convención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias de 1990. Por otra parte, expertos juristas consideran que la criminalización de los inmigrantes indocumentados viola la Constitución de los EE.UU. dado que la 4ª Enmienda prohíbe los registros y las detenciones arbitrarias, además de exigir la obligatoriedad de la existencia de una orden judicial previa a la detención de cualquier persona.
A la campaña de rechazo a esta ley racista se han sumado numerosas organizaciones defensoras de los inmigrantes, entre ellas el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) o la Coalición Nacional Puertorriqueña (NPRC) pues este último colectivo se siente también afectado ya que, pese a poseer la ciudadanía estadounidense, pueden ser interrogados y reclamarles la documentación si la policía les oye hablando español en vez de inglés.
Lo que es cierto es que nada podrá detener el deseo de muchos habitantes de América Latina de alcanzar el “sueño americano”. Es algo que sabemos muy bien en España, frontera sur de la Unión Europea, a donde la llegada de inmigrantes, especialmente procedentes de África en muchas ocasiones en condiciones dramáticas, jugándose la vida en precarias pateras, es noticia habitual. Hay que reconocer que es un derecho de todo ser humano el buscar para sí y para sus familias una vida mejor, algo por cierto reconocido por la Constitución de los EE.UU. cuando reconoce como derecho constitucional “la búsqueda de la felicidad”. Ciertamente, se trata de un derecho no sólo inalienable, sino también irrefrenable y esta ansia de una vida mejor, no hay barrera ni muro que la pueda contener.
Lo que está ocurriendo en Arizona resulta toda una advertencia, una señal de alerta pues ideas y propuestas similares pretenden ser implantadas por las derechas en algunos países europeos: recordemos las políticas regresivas en materia migratoria que están empezando a aplicar los gobiernos de Berlusconi en Italia o de Sarkozy en Francia. Todo un síntoma preocupante ante el cual debemos estar vigilantes en España para evitar que el tema de la inmigración, unido a los efectos sociales de la crisis económica, aviven el caldo de cultivo favorable a los grupos de ultraderecha de corte racista y xenófobo o que el PP enarbole demagógicamente la bandera de la inmigración y la vincule a temas sensibles como es el de la seguridad ciudadana (ahí está lo sucedido con los folletos del PP de Badalona) con el único objetivo de obtener réditos electorales en vez de trabajar por la integración y la cohesión de una sociedad española cada vez más multicultural y multirracial.
José Ramón Villanueva Herrero
(Diario de Teruel, 23 mayo 2010 ; El Periódico de Aragón, 8 junio 2010)
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