RECUPERAR LA BANCA PÚBLICA

 

     Estamos asistiendo al constante sacrificio ante la pira encendida por “los mercados” de  nuestras políticas sociales que tanto costó conseguir, al  gradual e imparable deterioro del Estado de Bienestar por las medidas de ajuste y austeridad presupuestaria  que nos están siendo impuestas, los cuales cada vez exigen mayores sacrificios y recortes a los derechos laborales y sociales de los trabajadores.

     Mientras esto ocurre, la banca privada y sus intereses campan sin freno en medio de la profunda crisis que estamos sufriendo. Tal vez por ello, hoy más que nunca añoramos la falta de una potente Banca Pública estatal, aquella que,  lamentablemente, fue desmantelada en España por sucesivos procesos privatizadores  más que discutibles creando  así un vacío  que, en las circunstancias actuales, resulta imposible de cubrir por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Por ello, recuperar la Banca Pública es una exigencia común de los partidos de izquierda, de asociaciones como ATTAC, del Movimiento 15-M y de numerosos colectivos sociales.

     Sin embargo, la cuestión de la Banca Pública no es un tema reciente ya que aparece con frecuencia en el pensamiento del socialismo utópico del s. XIX. Este era el caso de Louis Blanc, que consideraba que el Estado debía de ser “el banquero de los pobres” o de Proudhon, que defendía la necesidad de crear un gran Banco Nacional donde el crédito, concedido a un interés muy bajo (“tendente a cero”), estuviese al alcance de todos y cuyo capital procediese de un impuesto sobre la propiedad. Por su parte, también en el Manifiesto Comunista de 1848 se propugna la centralización del crédito por parte del Estado mediante un Banco Nacional único.

     Volviendo al presente, las autoridades políticas, en vez de impulsar una Banca Pública que, con el respaldo del Banco Central Europeo ayudase a acabar con la sequía crediticia y la consiguiente recesión económica, optaron por  la recapitalización de la banca privada, la misma que, con sus prácticas especulativas, ha llevado a la actual crisis global, desarrollando unas acciones de tan negativos efectos sociales que las economistas Lourdes Benería y Carmen Sarasola califican de “crímenes económicos contra la humanidad”. Además, la recapitalización de la banca, que  ha supuesto para las arcas de los  EE.UU. y Europa la inyección de 5 billones (con b) de euros de dinero público en ayudas directas y garantías, no ha servido para reactivar el motor crediticio en una situación de depresión económica, sino únicamente para salvar a los banqueros, tal y como denunciaba el premio Nobel de Economía  Joseph Stiglitz. Por ello, los economistas críticos con el neoliberalismo  opinan que hubiera sido mucho más eficaz y equitativo que estos recursos  se hubieran destinado a crear un Banco Público, tal y como en su día sugirió Stiglitz a las autoridades españolas y éstas desoyeron.

     En las circunstancias actuales, recuperar la Banca Pública, como recordaba Juan Torres, tendría un triple efecto positivo ya que supondría una alternativa efectiva frente a la tempestad neoliberal, evitaría los costes y el empeoramiento de las condiciones de vida de las clases trabajadoras y de los pequeños y medianos empresarios y, también, ayudaría a resolver los problemas de financiación que ahogan a los consumidores y empresas, favoreciendo así la recuperación de la demanda, la actividad económica y el empleo. Además, añadimos, permitiría aliviar el drama de los desahucios facilitando una medida tan razonable como la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria.

     El resurgir de la Banca Pública los hallamos hasta en los EE.UU.,  en donde estos tiempos de crisis, ha adquirido cierta notoriedad el ejemplo del Banco Estatal de Dakota del Norte (BND). Este banco público, financiado exclusivamente con impuestos y tasas estatales, ofrece créditos en condiciones muy favorables y tiene prohibido el invertir en actividades especulativas razón por la cual evitó las hipotecas-basura en su práctica bancaria.  El modelo del BND definido por Eric Hardmeyer, su presidente, como “catalizador del crecimiento” ha hecho que Dakota del Norte tenga  el  menor índice de desempleo de  los EE.UU., ejemplo que se está extendiendo a los Estados de Vermont, Virginia, Michigan o Washington.

     En el caso de España, a partir de la revitalización democrática que supuso para nuestra sociedad el Movimiento 15-M,  ha ido amentando la exigencia cívica a favor de una Banca Pública que se caracterice  por una gestión plenamente transparente y democrática,  que,  rechace las prácticas especulativas y que  invierta por medio de actividades éticas y sostenibles en beneficio de los ciudadanos y las empresas.

     Los economistas Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, autores del libro Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España (2011), plantean una profunda reforma del sistema financiero español que pasaría por la nacionalización de las Cajas de Ahorros así como por la creación de una Banca Pública para que ambas sean un contrapeso a la banca comercial privada y frenen así sus excesos y sus interferencias en la política económica nacional, propuestas coincidentes con las demandas del Movimiento 15-M y que suponen cambios sustanciales en los sistemas de propiedad, de gobierno y funciones de las entidades bancarias. En esta misma línea,  como señalaba Ellen Brown, presidenta del Public Banking Institute de los EE.UU., “los bancos públicos son una solución no sólo viable en tiempo de crisis, sino económicamente sostenible porque operan de forma transparente” y, además, no buscan “maximizar los beneficios a corto plazo con aventuras especulativas”. Por ello, recuperar la Banca Pública en España no es una utopía, es una necesidad para impedir que la banca privada y los intereses  que la mueven sigan saqueando despiadadamente vidas y haciendas. Y eso tiene que terminar por el bien de la salud democrática, la cohesión  y  la recuperación económica  de nuestra sociedad.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en Diario de Teruel, 22 marzo 2012 y El Periódico de Aragón, 26 marzo 2012)