NECESITAMOS AL JUEZ GARZÓN

 

     En estas fechas en que el caso Bárcenas y las finanzas bajo sospecha del PP acaparan titulares de prensa y colman la indignación ciudadana, se ha cumplido un año desde aquel 9 de febrero de 2012 en que fue inhabilitado el juez Baltasar Garzón tras los juicios a los que fue sometido por el Tribunal Supremo por considerar “aparentemente delictivas” algunas de las resoluciones adoptadas por el magistrado en el caso Gürtel y en las investigaciones por los crímenes del franquismo.

     Traigo a colación este hecho ya que, ante la gravedad de los sucesos que salpican a toda la cúpula del PP, a la ministra Mato y al mismo Rajoy, en su doble condición de presidente del PP y del Gobierno de España, es cuando más necesaria resulta una acción judicial implacable y contundente que acabe con ese cáncer de la corrupción que está pudriendo nuestra democracia y en este sentido, la memoria y la labor del juez Garzón resultan un ejemplo permanente. Recordemos que fue él quien en febrero de 2009 inició el sumario del caso Gürtel que destapó las oscuras y cenagosas tramas de corrupción política y financiación irregular del PP y quien ordenó las detenciones de los principales cabecillas de la trama, entre ellos, Francisco Correa, cuyo apellido en alemán (Gürtel), dio nombre a este sumario bajo las acusaciones de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.

     Tras destaparse el escándalo y la implicación en el mismo de altos cargos del PP, como señala María Garzón, la hija del magistrado en su libro Suprema injusticia, “desde la cúpula de dicho partido dejó la veda abierta a la auténtica persecución y acoso a mi padre, instrumentalizados por la caverna mediática y alentados por cargos politicos de relevancia”. De este modo,  Rajoy llegó a declarar en TV que “Garzón es socialista y, como tal, debería de abstenerse de juzgar un caso en el que hubiere implicados del Partido Popular” y el 9 de diciembre de 2009, se presentó una  querella contra Garzón en la que Ignacio Peláez, el abogado de los inculpados del caso Gürtel, acusaba al juez de prevaricación y de un delito contra las garantías de intimidad por ordenar grabar las conversaciones, ciertamente comprometedoras, de los inculpados de la trama.

     La insistente campaña de la derecha política, mediática (y judicial) pidiendo la cabeza de Garzón culminó con el procesamiento del juez y, al igual que le ocurrió por la querella que le fue interpuesta por su investigación de los crímenes del franquismo,  se evidenció un decidido intento de acabar con su carrera judicial: se pusieron dificultades para su defensa, se le sometió a una investigación inquisitiva, se rechazaron pruebas fundamentales que demostraban la racionalidad, proporción, legalidad y necesidad de la medida de intervención de las comunicaciones de los inculpados en la trama Gürtel. Los hechos posteriores son conocidos: el 14 de  mayo de 2010 Garzón fue suspendido en sus funciones jurisdiccionales y, finalmente, el 9 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo lo condenó a la desproporcionada pena de 11 años de inhabilitación con lo cual acababan de forma indigna con la brillante carrera judicial de Garzón.

     Recordando estos hechos, y teniendo muy presentes las circunstancias actuales, resulta preocupante pensar la fuerza que sigue teniendo la derecha para neutralizar a jueces como Garzón, comprometidos  firmemente y hasta las últimas consecuencias  con la justicia igualitaria y la defensa del Estado de Derecho, lo mismo que ya hicieron estos contrapoderes al conseguir archivar las investigaciones del juez Manglano sobre el caso Naseiro (otro ejemplo de financiación ilegal del PP por parte de otro tesorero corrupto del partido conservador en la década de 1990) al alegarse irregularidades en la instrucción del sumario pese a la evidencia de las pruebas inculpatorias.

     La condena de Garzón supuso un descrédito interno (y externo) para la Justicia española al acabar con un modelo de juez que incomodaba a muchos y que le granjeó  poderosos adversarios, los cuales, por ahora, van ganando la partida. María Garzón lo expresaba de forma contundente al señalar que “España no se puede permitir más casos como los que acabaron con el juez Garzón. Su condena es nuestra vergüenza; su inocencia negada, la piedra que no nos deja avanzar; su inhabilitación, el ejemplo de una arbitrariedad; su expulsión, la ausencia de justicia”

    En las situación actual, con el caso Bárcenas socavando la credibilidad de nuestro sistema representativo, es  cuando la Justicia española tiene la ocasión de redimirse  de aquel oprobio asumiendo el reto de esclarecer por completo las tramas de corrupción  que salpican al PP y a sus principales dirigentes, como está haciendo el juez Pablo Ruz o también el juez José Castro con el no menos grave e indignante “caso Urdangarín” y los turbios manejos del Instituto Nóos. Y, en este contexto, sería necesaria la rehabilitación de Garzón y su vuelta a la carrera judicial, pues sus 30 años de intensa dedicación a combatir las lacras de nuestra sociedad (narcotráfico, corrupción, terrorismo, crímenes contra la humanidad…) le hacen digno merecedor de ello. El Gobierno, y especialmente el ministro Gallardón, en vez de indultar a conductores kamikaces homicidas, haría bien en contemplar medidas de gracia para Garzón, ejemplo de juez honesto e incorruptible,  tal y como propuso la asociación Magistrados Europeos  por la Libertad y la Democracia. Y es que, sin duda, la ciudadanía y el Estado de Derecho, necesitan, necesitamos al juez Baltasar Garzón.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 10 febrero 2013)