JUSTICIA Y MEMORIA

 

    Mucho cambió la imagen de la Justicia española tras la ignominiosa inhabilitación del juez Garzón  en febrero de 2012 por su investigación de la podredumbre de la trama Gürtel y de los crímenes del franquismo, algo que ha supuesto para nuestra Judicatura un grave descrédito tanto en España como en el extranjero. Por ello, ante una Justicia autista frente a las demandas cívicas de investigación de los crímenes franquistas (el Tribunal Supremo se negó a hacerlo alegando, en contra de la jurisprudencia en materia de legislación penal internacional, que ya habían prescrito), las recientes actuaciones de la Justicia argentina, y en particular de la juez María Servini, deberían de hacer enrojecer  a la Justicia española, incapaz de adoptar en esta materia los principios de la legislación y justicia universal, para castigar los crímenes del franquismo, que tienen, no lo olvidemos, la calificación jurídica de “crímenes contra la humanidad”.

       En este contexto, un nuevo rayo de esperanza se abre con la reciente visita a España del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU con la intención de ayudar a resolver los casos de los todavía 130.000 desaparecidos (estremece la cifra) como consecuencia de la guerra civil y la posterior dictadura franquista en las 2.800 fosas que salpican la geografía y la conciencia de España. A esta situación se ha llegado ante el desamparo total de que han sido objeto las víctimas tanto por parte del Gobierno como de la Justicia española. Al margen de las tímidas acciones llevadas a cabo desde la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica en  2007 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y en la actualidad incumplida sistemáticamente por el Gobierno de Rajoy, esta herida  de nuestra democracia ha hecho que las asociaciones memorialistas busquen la internacionalización de sus demandas como única vía para hacer justicia ante tanto oprobio y olvido. Así, tras la neutralización jurídica de Garzón, las asociaciones memorialistas, acogiéndose al principio de justicia universal, iniciaron la querella contra los crímenes franquistas ante los tribunales de Argentina, una vía que hoy está resultando esperanzadora no sólo para la reparación moral y jurídica de las víctimas sino para la condena pública y universal de los criminales,  hasta ahora impunes gracias a la Ley de Amnistía de 1977 que, en la práctica, fue una ley de impunidad absoluta, un peaje que hubo que pagar durante la Transición para avanzar hacia la ansiada democracia en España.

     Otras acciones se están llevando a cabo en esta línea ante el Parlamento Europeo y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y, es probable que las conclusiones del informe que elabore Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU supongan una amonestación para España por su pasibilidad en la resolución de este triste episodio de nuestra historia y su negativa a aplicar con todas sus consecuencias la legislación penal internacional ante este tipo de crímenes de lesa humanidad que, precisamente por ello, son jurídicamente imprescriptibles. El tema es motivo de polémica y, mientras el Gobierno del PP no tiene ningún interés  en las políticas públicas de la memoria, el fiscal de la Audiencia Nacional ya ha manifestado su opinión contraria a las acciones de la juez Servini. Por el contrario, los fiscales progresistas calificaban de “penosa” la posición de la Justicia española en este tema, y el juez Pablo Ruz, ha dado un paso al frente al citar a declarar a los torturadores Muñecas y González Pacheco (a) Billy el Niño reclamados por la Justicia argentina.

     Aunque la vía internacional ha desbloqueado siquiera sea en parte esta cuestión, considero que, tarde o temprano,  los crímenes franquistas deben ser investigados en España y ello será una garantía de madurez de nuestra democracia y una prueba de que la Justicia es digna de tal nombre. Y, para ello, además de las acciones judiciales pertinentes, resulta imprescindible el crear una Comisión de la Verdad  tal y como se hizo en diversos países de América Latina, unos países que ahora nos dan ejemplo de valentía judicial en la lucha contra la impunidad de las dictaduras y sus cómplices. Y a todo ello no debería oponerse la derecha española, esa derecha que tanto ha monopolizado a las víctimas del terrorismo de ETA y que, en cambio, siempre ignoró a las de la dictadura franquista porque como señalaba Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo y exdirector de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala que ha logrado procesar al exdictador Ríos Montt, “las víctimas del franquismo deben tener el mismo estatuto jurídico que tienen las del terrorismo”.Y algo no menos importante: esta página negra de nuestra historia debe de ser estudiada en los libros de texto, al igual que la enseñanza del Holocausto es obligatoria en los programas educativos de diversos países para inmunizar a la juventud frente a la amenaza fascista, esa que siempre resurge en tiempos de crisis económica como los que ahora padecemos y como pone de manifiesto el caso de Grecia.

     El prestigio y eficacia de la Justicia en España dependerá de la resolución de todas estas cuestiones y, por supuesto, de la rehabilitación de Baltasar Garzón y de la reapertura de los sumarios sobre los crímenes franquistas. De este modo, nuestra democracia recuperará, en palabras de Garzón, “una justicia universal, para todos, sin distinción de clases, sin escalones de poder, y en la que prevalezca el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a conocer la verdad”. Esa es una auténtica Justicia democrática que demandamos los ciudadanos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 septiembre 2013)