EL CAMBIO CLIMATICO LO CAMBIA TODO

 

     La XXI Conferencia sobre Cambio Climático celebrada en París en 2016 fue decisiva para afrontar el gravísimo problema del calentamiento global que afecta a nuestro planeta. Allí se ratificó el conocido como Acuerdo de París en el cual se fijaron una serie de medidas para lograr la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y, de este modo, como se señalaba en su artículo 2º, “reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”. Este Acuerdo, del cual se ha desentendido con la irresponsabilidad que lo caracteriza el presidente norteamericano Donald Trump, pretende limitar el aumento de la temperatura media global del planeta por debajo de los 2º C con respeto a los niveles pre-industriales y hacer esfuerzos para limitar dicho aumento a 1,5º C, así como el de lograr emisiones netas de carbono cero en la segunda mitad de este siglo para así conseguir un equilibrio entre las emisiones  y la absorción de las mismas, en lo que se conoce como “Neutralidad en carbono” o “nueva economía hipocarbónica”, objetivo éste que ya contemplan las legislaciones de Francia, Islandia, Nueva Zelanda o Suecia.

     Estos objetivos que pretenden frenar el cambio climático, tema éste que debería ser contemplado en el texto de la Constitución, plantean la necesidad de avanzar hacia una transición energética gradual y ordenada, hacia otro modelo de desarrollo que no hipoteque el futuro medioambiental de nuestro planeta y que, consecuentemente, sea sostenible. Ello va a suponer el fin de los combustibles fósiles, como es el caso del carbón y, también, un cambio radical en el sector del automóvil que, en los próximos años deberá de ir abandonando los carburantes convencionales de gasoil o gasolina. El cambio es necesario, más aún, inaplazable, si no queremos que los negativos efectos del cambio climático sean irreversibles.

     Estas son las consecuencias derivadas del Acuerdo de París y que se irán haciendo efectivas en un futuro inmediato. Para ello, los países firmantes, como es el caso de España, se comprometieron a elaborar legislaciones específicas en materia de cambio climático y en este contexto es donde se sitúa el actual Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Dicho Proyecto de Ley pretende reducir en el 2030 un 26% las emisiones contaminantes respecto a los niveles de 2005, así como impulsar las energías renovables (eólica y solar fotovoltaica), temas éstos en los que existe un amplio consenso político y social.

Pero junto al voluntarismo de las instituciones y la existencia de un marco legislativo adecuado, estos objetivos de nada valen si no se cuenta con la implicación activa de los sectores económicos afectados. Por ello resulta destacable el Manifiesto por la Transición Energética firmado el pasado mes de mayo por 32 empresas pertenecientes al Grupo Español de Crecimiento Verde (GECV) en el que solicitaban, además de la aprobación sin dilaciones de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la aplicación efectiva de una fiscalidad verde con arreglo al principio de “quien contamina, paga”, la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles y avanzar hacia los objetivos de descarbonización fijados para 2030 y 2050. Asimismo, el GECV reclama la creación de un organismo independiente semejante al Comité del Cambio Climático del Reino Unido para garantizar el cumplimiento de los compromisos climáticos y otro objetivo, no menos importante, como es el de alinear los flujos financieros con los objetivos del Acuerdo de París: en este sentido, el citado Manifiesto, propone reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles y ello explica el creciente auge que en el ámbito empresarial están teniendo las energías renovables, de lo cual Aragón es un claro ejemplo.

    Tampoco olvidamos que en la lucha contra el cambio climático la ciudadanía consciente tiene un papel decisivo ya que este problema es percibido como una de las mayores amenazas mundiales. En el caso concreto de España, según las conclusiones de la encuesta realizada por El Real Instituto Elcano titulada Prioridades en materia de política exterior (2018) del Real instituto Elcano, se señala que “el cambio climático es la prioridad en materia de política exterior, por encima de la lucha contra el terrorismo yihadista” y es por ello que, como recordaba Lara Lázaro Touza, “la ciudadanía está muy concernida con el cambio climático como amenaza global”.

     Ciertamente, el Acuerdo de París y la legislación climática que lo desarrolla, así como la transición hacia una economía de menores emisiones contaminantes son, sin duda, el mayor reto al que se enfrenta la Humanidad desde la Revolución Industrial por los impactos económicos, sociales y medioambientales que conlleva. Un reto en el cual la Humanidad se juega, nos jugamos, nuestro futuro.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 diciembre 2018)