LA CIÉNAGA DE LOS CIE

 

     Por ciénaga entendemos un lugar malsano, difícilmente habitable, lo mismo que ocurre actualmente con los Centros de Internamiento de Extranjeros, los CIE, en que los inmigrantes indocumentados, los “sin papeles”, son encerrados como medida previa a su expulsión. En los 8 CIE existentes en España (5 en la península y 3 en Canarias),  han pasado 60.000 personas en los últimos cinco años, bien fueran éstos recién llegados a nuestras costas en pateras o bien otros que llevaban años en España en situación irregular por carecer de permiso de residencia lo cual, recordemos, es una infracción administrativa pero nunca un delito.

     Los CIE, creados tras la aprobación de la polémica Ley 7/1985 sobre Derechos y Libertades de los extranjeros, han sido objeto de un aluvión de críticas por la opacidad de su funcionamiento y por la vulneración de os derechos humanos de los inmigrantes en ellos internados. Además, se han producido en los CIE algunos fallecimientos como los de Idrissa Diallo (enero 2012) o Samba Martina (diciembre 2011), cuyos nombres han sido borrados por el viento y el olvido, como los de tantos otros inmigrantes que pierden la vida en su sueño de alcanzar una vida mejor atravesando desiertos y mares en condiciones muy precarias.

     Las críticas a los CIE proceden tanto de diversas ONGs como del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía y de diversas instancias judiciales e internacionales. Los principales reproches se deben a que, frente a lo que insta la normativa de la Unión Europea, en concreto la Directiva 2008/115/CE, conocido como la “Directiva de Retorno”, los CIE se rigen por un modelo policial gestionado por el Cuerpo Nacional de Policía  y en el que los internos son considerados prácticamente como delincuentes, sin considerar las circunstancias políticas, económicas o humanitarias que motivaron la salida de sus países de origen. De este modo, los CIE, pese a tener nominalmente un carácter no penitenciario y a su función exclusivamente preventiva o cautelar con el fin de tramitar una expulsión, la realidad es bien distinta hasta el punto de que existen más garantías para los internos en un Centro Penitenciario que para quienes se hallan retenidos en los CIE. De este modo, resulta especialmente grave el hecho de que las condiciones de vida en los CIE  sean peores que en una cárcel a pesar de que, excepto la “libertad deambulatoria”, el resto de los derechos y libertades deberían de de estar garantizados. Y, sin embargo, las restricciones de estos derechos y libertades son constantes: la información que reciben los inmigrantes a su llegada no la entienden porque está escrita en una lengua que no conocen, porque no saben leer o porque está redactada en lenguaje técnico. Además, no reciben información comprensible de su situación jurídica concreta, de las gestiones que se realizan durante su internamiento o la fecha de su expulsión, todo ello unido a las dificultades para contactar con sus abogados. En cuanto a las expulsiones, éstas se realizan sin previo aviso, ya sea de día o de noche, sin indicar la fecha, hora, localidad de destino los datos del vuelo, todo lo cual no se comunica a la familia ni en su caso, al abogado.

     Junto a todo lo anterior, el descrédito de los CIE se debe, también a otras de sus condiciones de funcionamiento interno: no disponen de servicio de traductores e intérpretes, la comunicación con el exterior es muy limitada, el régimen de visitas tiene tintes carcelarios, la asistencia social y sanitaria resulta muy deficiente, no existen actividades estructuras (ocio, juego, deporte, formación o educación), se carece de enfermerías y atención psicológica, llegándose al caso de que algunos CIE, como es el caso del de Barcelona, las celdas no tienen inodoros razón por la cual por la noche los internos tienen que llamar a un policía para que los acompañe al aseo.

     Ante esta lamentable situación, en una reciente publicación de Cristianisme i Justìcia, Cristina Manzano (Centro Pueblos Unidos) y Josetxo Ordóñez (Fundació Migra Studium), exigían, en relación a este tema la reducción de la población de los CIE a medio plazo ya que “la exigencia de una orden de expulsión no es suficiente para privar de libertad a una persona”, la necesidad de que el nuevo  Reglamento de 2014 sea plenamente garantista, que mejore sustancialmente las condiciones de internamiento y revise el modelo policial actual. Además, se debe  iniciar un debate riguroso sobre el tema de la expulsión como eje de la política migratoria, del internamiento como su instrumento y de la misma existencia de lugares como los CIE.  Y todo ello porque, como señalaban los citados Manzano y Ordóñez, “el modelo actual resulta una deshonra y un descrédito para la sociedad que los alberga y porque produce sufrimiento gratuito a quienes son recluidos en ellos”.

    Ciertamente, resulta necesario un debate social y político sobre el actual funcionamiento e idoneidad de los CIE, los lugares más cuestionados y represivos de la actual política migratoria. Tal vez de este modo se pueda acabar con esta ciénaga pantanosa y malsana en la que, hoy por hoy, parecen haberse convertido los CIE en España.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en El Periódico de Aragón, 4 mayo 2014)

 

CHINA CAMBIA DE RUMBO ECONÓMICO

 

     No cabe duda que cualquier cambio que se produzca en China, la segunda potencia económica mundial, tiene consecuencias directas en nuestro mundo global. Tal vez por ello, se observa con atención las reformas económicas impulsadas por  los nuevos líderes chinos Xi Jinping y Li Kequiang con la idea central de sustituir el actual modelo de desarrollo económico que, desde las reformas de Deng Xiaoping de 1978, se basaba en bajos costes salariales y una alta tasa de inversión (cercana al 50% del PIB) por otro que opta por potenciar el mercado interno y aumentar la productividad del gigante asiático.

     De este modo, el 18 Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh) de noviembre de 2013 aprobó el documento titulado Decisión sobre las cuestiones principales relacionadas con la profundización de la reforma integral en el cual se fijan las directrices económicas a seguir en China hasta el año 2020. El objetivo principal es hacer frente a lo que se considera como una “desaceleración preocupante” de su economía, a pesar de que el crecimiento previsto para 2014 es del 7,5 %, algo que, pese a ser el menor en los últimos 14 años, resulta inimaginable en las economías occidentales devastadas por la crisis global. Además, se pretende frenar el creciente riesgo financiero de la economía china, cuya deuda total es de 213 billones de dólares, el 200 % de su PIB.

     Para afrontar ambos problemas, los dirigentes chinos pretenden fomentar el consumo interno siguiendo el modelo de Japón, Corea del Sur y Taiwán. Para ello, han optado por incrementar la cobertura de la Seguridad Social y de los servicios públicos, sobre todo en el medio rural y, de este modo, aumentar el nivel de renta disponible de los grupos menos favorecidos, lo cual tendría un impacto muy directo sobre la potenciación del consumo interno.

     Igualmente, otro de los objetivos es aumentar la productividad mediante la reducción de la “excesiva” intervención del Estado en la economía a favor del mercado pues, según el presidente Xi, éste es “más eficiente”, curioso análisis en boca de un dirigente comunista. Además, se prevé el aumento del sector servicios y de las pymes, los cuales ganan importancia  a costa de la hasta ahora todopoderosa industria y empresas estatales y  se fomenta la llegada de capital privado a estas empresas estatales. De igual modo, las nuevas medidas económicas, prevén que el 30 % de los beneficios de dichas empresas se remitan al Gobierno Central para sufragar las políticas sociales.

     El pragmatismo economicista del régimen chino, que nos recuerda la vieja máxima de Deng Xiaoping según el cual “no importa que el gato sea blanco o negro, mientras pueda cazar ratones, es un buen gato”, se abre al capital extranjero  mediante la reducción de las barreras a la inversión extranjera en sectores como las finanzas, educación, sanidad, cultura, logística o comercio electrónico, así como con la posibilidad de crear nuevas zonas francas siguiendo el modelo de Shangai. Todas estas medidas, que fueron ratificadas por la Asamblea Popular Nacional china del pasado mes de marzo, como señalaba Mario Esteban, “de lograr su objetivo, ubicarían a China en la senda del desarrollo más sostenible, que además ofrecería numerosas oportunidades de negocio a empresas extranjeras” ya que “el régimen paternalista del PCCh necesita de un rápido desarrollo para mantener la aquiescencia de la población” y, por ello, “su éxito no sólo marcará el futuro del PCCh y de China, sino también de la economía global”.

     Y, ante tanta reforma económica, ¿dónde quedan los derechos humanos en el nuevo rumbo de China?. Tan sólo se alude a unas tímidas medidas tales como la relajación de la política de “hijo único”, la abolición del sistema de re-educación por el trabajo o la reducción de la lista de delitos castigados con la pena de muerte.

     Por otra parte, el presidente Xi pretende convertir “la lucha contra la corrupción” enquistada en el régimen en arma política contra los detractores de estas reformas. Sin embargo, José Ignacio Torreblanca acierta a señalar la hipocresía del PCCh pues, si bien las reformas de Deng Xiaoping y sus sucesores “han sacado a varios cientos de millones de personas de la pobreza, también es evidente que lo han hecho a costa de unas desigualdades sociales extremas y privando de derechos políticos y civiles”. Por ello, la conclusión es obvia: si China quiere, de verdad, combatir la corrupción precisa avanzar por la senda democrática y, para ello, necesita prensa libre y tribunales de justicia independientes, algo hoy por hoy impensable en el régimen dictatorial imperante.

     Todas estas reformas pretenden consolidar a China no sólo como motor de producción y crecimiento económico a nivel mundial y, también, convertir al país en un gran centro de consumo, en un inmenso mercado. Y así, todos contentos: el régimen porque mantendrá el monopolio y la hegemonía política del PCCh, los inversores y las empresas internacionales por las nuevas posibilidades de negocio que se les abren con las reformas aprobadas. Y, mientras tanto, se olvidan una vez más, en aras a los poderosos intereses políticos y económicos, de la defensa de los derechos humanos en China y en el ocupado Tibet. ¡Qué lejos queda el espíritu de la Plaza de Tiananmen de 1989 segado de forma tan brutal por el régimen con el silencio cómplice de Occidente!. Y es que, para no ofender al gigante asiático y acceder a su enorme mercado potencial, se ha impuesto la máxima de “Invierte y olvida tu conciencia”, algo que, desde la ética democrática  resulta inaceptable.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 14 abril 2014)

 

MAX AUB Y LAS LECCIONES DE 1914

 

      En este año en que se cumple el centenario de la I Guerra Mundial (1914-1918) la cual marcó el destino trágico de Europa durante el s. XX, están previstos diversos actos en los países entonces contendientes, no así en España que, afortunadamente, mantuvo su neutralidad durante la que ha sido llamada “la Gran Guerra”.

     Sin embargo, los ecos de la contienda no fueron ajenos a la opinión pública y a la política española del momento, dividida entre la derecha germanófila y la izquierda, partidaria de los aliados. Aún años después, la guerra siguió siendo tema de debate y, así, el 2 de febrero de 1930, la Juventud Socialista Madrileña organizó una conferencia titulada “Orígenes de la guerra de 1914” a cargo de Max Aub Mohrenwitz, a quien se presentó como “camarada alemán”, pese a ser ciudadano español (su familia, de origen franco-alemán, se había establecido en Valencia al inicio de la contienda) y, desde 1928, militante del PSOE. La figura de Max Aub como intelectual ha sido rehabilitada en estos últimos años valorándola como merece puesto que había sido injustamente ignorado dada su triple condición de judío, republicano y socialista, tres de las bestias negras de la derecha reaccionaria española. Esta misma rehabilitación de Aub se ha producido en el ámbito político, pues, expulsado del PSOE en 1946  por su afinidad al sector socialista liderado por el Presidente Juan Negrín, no fue hasta el 2008 cuando, al igual que otros destacados negrinistas, se le readmitió, a título póstumo, en las filas del partido fundado por Pablo Iglesias.

     Pero volvamos a la conferencia. En la misma, Aub analiza en detalle las causas que llevaron a semejante carnicería: las heridas abiertas tras la guerra franco-prusiana (1870), la Welt-politik del Imperio Alemán y el auge del militarismo germano. Pero, al igual que los historiadores actuales como Christopher Clark, no carga en exclusiva la responsabilidad de la guerra sobre Alemania, sino que recuerda las apetencias expansionistas de Rusia (que soñaba con llegar a Constantinopla aunque ello supusiese un enfrentamiento con Alemania y Austria) o las complejas relaciones germano-británicas en torno a la cuestión de la hegemonía naval. De igual modo, no obvia  la actitud de Francia, su país de nacimiento, con su “hediondo chauvinismo” por su reivindicación de Alsacia y Lorena y alentada por la política revanchista de Pointcaré. La crisis de los Balcanes fue el pretexto y,  como dijo William Martin y nos recuerda Aub, “la verdadera causa de la guerra es que todo el mundo creyó fatalmente que ocurriría”…y ninguna potencia hizo lo posible para evitarla.

     Iniciada ésta, tras su trágico balance de  31 millones de muertos, a doce años vista de su final, Aub extrajo en su conferencia varias conclusiones que siguen siendo válidas, tanto entonces, como ahora, en unos momentos en que el conflicto entre Rusia y Ucrania, “la mayor crisis  a la que se enfrenta Europa en el siglo XXI” según Willian Hague y que puede derivar en una nueva contienda armada  de consecuencias imprevisibles. En primer lugar,  imbuido del ideal utópico y humanitario que muchos desprecian,  soñaba con una fraternidad universal, internacionalista,  pues pensaba que sólo el socialismo democrático puede ofrecer la posibilidad de un mundo mejor y, de éste modo evitar, como decía Aub, que los trabajadores se “entreasesinasen” en guerras promovidas por los oscuros intereses del capitalismo.  En consecuencia, llama al pueblo a que nunca más vuelva a ser comparsa y víctima de la espiral belicista, la misma que ahora se quiere hacer prender en Ucrania, Crimea o en Donetsk. Pese al posterior estallido de la II Guerra Mundial por el delirio criminal nazi-fascista, la Europa surgida de sus ruinas a partir de 1945 parece haber aprendido de pasados errores y ahí está la ejemplar y masiva respuesta cívica contra la guerra de Irak de 2003.

    Aub, además del papel del proletariado en su época, o de la ciudadanía consciente y comprometida en la nuestra, confiaba en la eficacia de la Sociedad de Naciones para evitar futuros conflictos. Aunque ésta resultó débil e inoperante en la práctica,  ello nos recuerda la urgente necesidad de potenciar a la ONU como garante de la paz universal y más en este mundo actual donde la antigua disuasión bipolar entre dos bloques antagónicos (EE.UU./URSS) ha sido reemplazada, en expresión de Christopher Clark, por un sistema “cada vez más multipolar, opaco e impredecible”, por el auge de los nacionalistas excluyentes, de los fundamentalismos religiosos,  del racismo y la xenofobia y por un preocupante descrédito de los sistemas democráticos. Por ello, para evitar peligrosos paralelismos entre el mundo actual y el de 1914, Joachim Käppner considera indispensable revitalizar las instituciones de la Unión Europea recuperando el ideal de la Europa social, laica y progresista, además de fomentar la solidaridad internacional y, de este modo, evitar que, como en 1914 y en 1939, se reabra la caja de Pandora con su fatídica estela de odio entre los pueblos, conflictos fronterizos y auge de ideas totalitarias.

     Ahora que algunos quieren  hacer retumbar los tambores de guerra en el Este de Europa, recordamos cómo Max Aub  criticaba con dureza a los nacionalismos cerriles y rememorando lo que fue la inmensa tragedia de la Gran Guerra de 1914, nos advertía de que tanto la Humanidad como de forma especial el movimiento socialista internacional debían frenar las ambiciones de quienes pretenden hacer negocio con la guerra y, frente a ella, defender los ideales de la paz, la libertad y la justicia. Ese mismo reto sigue estando pendiente: esa es la lección de 1914.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 de marzo de 2014)

 

RÉQUIEM POR LA JUSTICIA UNIVERSAL

     La aprobación el pasado 27 de febrero por parte de la mayoría absoluta parlamentaria del PP de  la limitación a la jurisdicción universal, regulada en el artículo 23 de la Ley 6/85 Orgánica del Poder Judicial,  supone  la práctica imposibilidad de que los tribunales españoles puedan investigar y enjuiciar delitos penados por el  derecho internacional tan graves como  el genocidio, los crímenes de guerra, las desapariciones forzadas o la tortura.

     La inquietante involución de la derecha gobernante en esta materia, un auténtico eclipse ético, ha hecho que  España, la tan mentada “marca España”, haya pasado de la mano de la tijera legislativa del PP, a consagrar la impunidad de los crímenes contra la humanidad, todo un cínico ejercicio de utilitarismo frente a los valores de la ética y la justicia. Al  igual que ya hizo Rajoy ante las imposiciones de la dictadura de los mercados y de la Troika, ha vuelto a claudicar en esta cuestión de humanidad para no contrariar a los poderosos intereses económicos y políticos  de China y de los Estados Unidos. Ya lo dijo tan ufano el diputado popular José Miguel Castillo cuando aludió a que, con estas limitaciones jurídicas, se había acabado en España lo que él calificaba con desdén como “la justicia quijotesca”, cuando ésta debería de ser un título de orgullo para cualquier político, para cualquier legislador que, pese a las dificultades, decida acometer con coraje la lucha contra los nuevos molinos de viento, convertidos hoy en genocidas y criminales de guerra tan repugnantes como Franco, Pinochet, George Bush o Jianj Zemin.

     España, también en este tema, de la mano de una derecha sin complejos, está empeñada en hacer retroceder el reloj de la historia y de la justicia a tiempos que creíamos superados. Ante esta impunidad, revestida de aparente legalidad, Baltasar Garzón nos recordaba que, “las voces que postulan el olvido [de estos crímenes] pueden tener algún argumento dialéctico o incluso político, pero no moral”. De hecho, esta pretensión involucionista, como bien señalaba Gaspar Llamazares, pese a su aprobación parlamentaria, tiene claros tintes anticonstitucionales.

     Resulta indignante que el nuevo marco legal aprobado en solitario por el PP, por muy mayoría absoluta que ésta sea, carece de una legitimación que no da la aritmética parlamentaria, que procede de la ética, la justicia y el derecho internacional. Resulta indignante que el PP extienda el manto de la impunidad, al igual que ya hizo con los crímenes del franquismo, deuda pendiente de nuestra democracia, sobre causas abiertas en los tribunales españoles como los genocidios en el Tíbet, el Sahara, El Salvador o Ruanda, los bombardeos sobre Gaza, los crímenes de las campos de concentración nazis o de Guantánamo, así como también el asesinato de José Couso. De esta forma, España va a pasar de adalid de la aplicación de la justicia universal a incumplir todos los convenios que, en materia de legislación penal internacional, ha suscrito tales como, entre otros, la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2007 (ratificada por España en el 2009). Para nuestra desgracia, España se ha convertido en un lamentable abanderado de la impunidad universal ante la mirada complaciente de los EE.UU. o China, que siempre se han negado a reconocer al Tribunal Penal Internacional. Por todo ello, una vez más resulta una triste evidencia el constatar, en palabras del prestigioso historiador Ángel Viñas, que en España “vivimos una democracia de baja intensidad y de raíces muy endebles”.

     Debemos recordar que la justicia universal, ahora cercenada en España, permite que los jueces de todos los países del mundo puedan abrir investigaciones sobre cualquier tipo de violaciones graves de los derechos humanos, llevando ante los tribunales a los autores de tan execrables crímenes, sin importar quien los haya cometido. En este sentido, viene a la memoria una fecha memorable, la del 16 de octubre de 1998, en la cual el juez Garzón emitió una orden de detención contra el general Pinochet, todo un hito en la aplicación del principio de justicia universal, orden que tan entorpecida fue por el entonces gobierno presidido por José María Aznar. Igual de memorable fue el sumario 53/2008 sobre las víctimas del franquismo, también incoado por  Garzón y  en el que constan los nombres de 143.353 víctimas causadas por la represión fascista durante la guerra civil y la posterior dictadura. Ya sabemos que por esta razón y, por la investigación de la trama Gürtel, la derecha política, mediática y judicial, neutralizó la carrera judicial de Garzón pero, pese a ello, sigue habiendo 143.353 razones para que los demócratas españoles defendamos la aplicación de la legislación penal internacional. Lamentablemente, cuando la justicia española cierra sus puertas y, mientras se demanda la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo, las víctimas se ven obligadas a recurrir,  en aplicación de la legislación penal internacional que en España no encuentran, a los tribunales de Argentina o a pedir amparo ante el Parlamento Europeo.

     Estamos asistiendo a un triste réquiem por la justicia universal en España. Evocando la célebre novela de Ernest Hemingway Por quién doblan las campanas, constatamos con dolor que, dada la posibilidad de que los tribunales españoles actúen con arreglo a los principios de la justicia universal,  aquellas lúgubres campanas vuelven a redoblar hoy  por nosotros, por la cada vez más degradada calidad de la democracia en España.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 10 marzo 2014)

 

 

 

 

 

 

PRIMARIAS, SER O NO SER

 

     Las primarias socialistas han supuesto un  soplo de aire fresco en la anquilosada estructura de los partidos políticos pues suponen un mecanismo imprescindible  para profundizar nuestro sistema democrático, máxime en unos momentos  en los cuales éste sufre una preocupante desafección por cuestiones de todos conocidas: corrupción, descrédito de la política, auge de ideas y partidos populistas y de extrema derecha, etc. Por ello, las primarias son un instrumento que, como señalaba Carles Boix, permiten avanzar  en la democratización de la vida pública, hacen más transparente la toma de decisiones colectivas, introducen nuevas ideas en el foro público, además de alentar y reactivar el debate político.

      En estos tiempos en que se imponen las políticas neoliberales de ajuste duro, con una socialdemocracia sumida en un claro desconcierto ideológico en el que, como señalaba el politólogo Sami Naïr la izquierda europea está “completamente desorientada”, resulta imprescindible que los partidos progresistas se rearmen ideológicamente, recuperen la iniciativa política e impulsen mecanismos de democracia interna que favorezcan la participación y  la capacidad de decisión de los militantes y la ciudadanía sobre la voluntad e intereses orgánicos de los “aparatos” de dichos partidos. En esta línea hay que entender los procesos de primarias. En este proceso de profundización democrática, pienso que sería oportuno modificar el artículo 6º de la Constitución española siguiendo el ejemplo de la Constitución de la República del Ecuador en la que es obligatoria la celebración de primarias en todos los partidos que concurren a las elecciones.

     Hasta ahí la teoría y las buenas intenciones. Pasemos a la realidad. A nivel nacional, un primer error del PSOE ha sido el no optar por las primarias para elegir la candidatura a las próximas elecciones europeas designando para cabeza de lista a Elena Valenciano  obviando así la opinión de militantes y simpatizantes. En cambio, para las elecciones generales, resulta muy positivo el plantear unas primarias abiertas a la ciudadanía y con un umbral de avales del 5%. En el caso concreto de las candidaturas autonómicas, existe diversidad de condiciones y requisitos según los distintos territorios y, en el caso concreto de Aragón, sorprende negativamente una serie de medidas restrictivas que, sin duda, limitan la participación y la pluralidad cual son el optar por unas primarias cerradas a la militancia y en elevar los avales requeridos para concurrir a ellas al 15 % de los censos de la afiliación socialista aragonesa.

     El hecho de que hayan aparecido las candidaturas alternativas de Fernando Heras y Jesús de Val con la intención de competir con Javier Lambán, el candidato oficial, y la actitud que hacia Heras pueda tomar la dirección y el aparato del PSOE aragonés, será la prueba del algodón de la limpieza y transparencia del proceso, de comprobar si la militancia vamos a tener  la ocasión de ejercer nuestro “derecho a decidir” sin cortapisas ni condicionantes previos. Veremos, pues, si asistimos a unas primarias de verdad, con el debate y confrontación de dos (o más) candidatos, de conocer sus enfoques, matices y proyectos o, como señalaba recientemente José Luis Trasobares, a un simulacro de primarias orquestado y dirigido para que nada cambie, desoyendo el clamor y los anhelos de renovación, transparencia, apertura y mayor democracia interna demandados por amplios sectores del socialismo aragonés.

      Por todo lo dicho, resulta esencial evitar que la convocatoria de primarias en el PSOE-Aragón no acabe siendo unas primarias “a la andaluza”, unas primarias con candidato único (y oficial) que anulen  el debate y la plural expresión democrática de la voluntad de la militancia ya que, lamentablemente, se ha impedido que fueran unas primarias abiertas a los simpatizantes, a la ciudadanía progresista, hoy tan alejada y recelosa de la prácticas orgánicas del PSOE.

      Consecuentemente, que se presenten varios candidatos entra dentro de la más estricta normalidad democrática: recordemos que en las modélicas primarias del PS francés de 2011 hubo 6 candidatos. No resulta pues, aceptable que el saludable debate democrático  sea interpretado en algunas esferas como una división, una fractura interna  o una deslealtad ya que, bien al contrario, si no hay pluralidad de candidatos y propuestas, es cuando se aplica la “dedocracia”, prevalece la voluntad de los “aparatos” y “familias” partidarias, que no la de las bases, y ello supone en definitiva un grave déficit democrático. Que haya distintas opciones, distintas sensibilidades y candidaturas, que no se pongan trabas a las listas alternativas, es ejemplo de que un partido está vivo, que es sensible al sentir ciudadano y que es capaz de ofrecerle propuestas de futuro y de progreso. Es por ello que, dado que Fernando Heras y Jesús de Val han tenido el coraje político de presentar candidaturas alternativas éstas deberían contar, de verdad, con las mismas condiciones de acceso a los censos, a las agrupaciones socialistas y a la militancia que la candidatura oficial de Javier Lambán.

      Aún con las dudas apuntadas, confiemos en que el actual proceso de primarias  sea respetuoso con la voluntad soberana de la militancia y, de este modo, sea percibido como un ejercicio democrático y transparente por la sociedad aragonesa y a cuyo progreso  debemos orientar nuestros esfuerzo e ideales. En ello nos va el ser o no ser de la  credibilidad y del futuro del PSOE aragonés.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 24 febrero 2014)

 

UNA DEVASTACIÓN SOCIAL

 

     En medio de un océano neoliberal embravecido, con la amenaza del fascismo xenófobo emergente y una socialdemocracia desnortada y en demasiadas ocasiones claudicante, la nave del ideal de progreso y solidaridad que debía simbolizar la Unión Europea parece zozobrar ante las graves vías de agua abiertas en su estructura.

     En medio de esta tempestad, de tanto marasmo,  algunos políticos dejan oír su voz. Este es el caso de Oskar Lafontaine dirigente de Die Linke (La Izquierda), el partido político surgido en 2007 tras la unión de una escisión del ala izquierda del SPD alemán y los excomunistas del PDS de la antigua República Democrática Alemana (RDA). Lafontaine, en 1998, siendo entonces ministro de Finanzas del Gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröeder ya había advertido del peligro que suponía la introducción del euro “sin contar con un gobierno económico europeo y, sobre todo, sin una política salarial coordinada”, era de la opinión de que, sin estas medidas complementarias, la Zona Euro “se volvería a desintegrar”. Por esta razón, Lafontaine fue el único político socialdemócrata que, hace ya 15 años reclamaba con firmeza la regulación de los mercados financieros internacionales así como que se pusiera fin a las especulación monetaria proponiendo una zona de tipos de cambio límites y el control de los flujos de capital.

     En esta misma línea, el pasado 25 de septiembre, Lafontaine pronunció en Munich una conferencia en la que, bajo el título de “Los mercados financieros desatados: un análisis del capitalismo moderno” fijaba la posición de un auténtico socialdemócrata ente lo que ya resulta una obviedad: la dictadura de los mercados sobre la vida política, económica y social.  De entrada, define al capitalismo como “un orden económico que se caracteriza por una alta productividad y una distribución desigual”. Enlazando con la actual crisis sistémica, nos recuerda la afirmación de Lenin según la cual “para destruir la sociedad civil hay que devastar su sistema monetario” y es eso precisamente lo que está sucediendo y sus efectos resultan demoledores.

     Esta devastación del orden social (entiéndase, del actual Estado del Bienestar), hace que la sociedad civil pierda sus valores además de agudizar los modelos de distribución injusta y desigual impulsados por el ardoroso entusiasmo de las políticas neoliberales. Semejante temporal está barriendo cualquier principio de justicia equitativa, ideal que durante décadas se cimentaron las sociedades más modernas y avanzadas. Lafontaine lo expresa nítidamente al señalar que “a los peces pequeños se les persigue, los grandes salen impunes” y, a estos últimos, excepto contadas ocasiones, se les jubila con lo que denomina “paracaídas dorados”: la imagen de los directivos bancarios y sus prácticas carentes de toda ética  nos viene de inmediato a la memoria. Frente a esta evidencia, y para frenar el creciente incremento de las desigualdades sociales, como buen socialdemócrata enarbola la bandera de la progresividad fiscal para que las consecuencias de la crisis no pesen sobre los sectores populares sino “sobre los más ricos en forma de un impuesto millonario a nivel europeo”.

     Y la devastación social no queda ahí pues como bien sabemos en España, está socavando los cimientos de la democracia dado que las imposiciones económicas externas están inhabilitando, de hecho, la soberanía de los gobiernos y parlamentos electos. Sólo tenemos que recordar cómo se modificó el artículo 135 de nuestra Constitución ante las exigencias de la Troika. Esta situación nos recuerda lo que, en un lejano año de 1906, decía Theodore Roosevelt: “Detrás del Gobierno aparente se asienta entronizado un gobierno invisible que no debe lealtad ni reconoce responsabilidad alguna a la gente. La primera tarea del arte de gobernar es destruir este gobierno invisible”.

     Otra consecuencia dramática de esta devastación social es el creciente empleo y la depauperación económica, especialmente en los países del sur de Europa como es nuestro caso. Ello, como recordaba Lafontaine, supone “una notable pérdida de libertad”, entendiendo por tal el derecho de cada persona de disponer, dentro de unos límites, de una total autonomía, una libertad que no tiene quien no sabe si llegará a final de mes, si mantendrá su empleo, si podrá alimentar a su familia. Es por ello que, para Pierre Bourdieu, “la libertad consiste en dominar y planificar la vida, las circunstancias vitales”, tema que analiza David Graeber en su libro En deuda en el que se estudia en profundidad la interrelación entre las deudas y la libertad. Ahí está el triste panorama del incierto futuro laboral de nuestra juventud que sufre un paro lacerante del 56% en España y que en Grecia alcanza el 63 %, una juventud que ve bloqueados todos sus proyectos de vida, su libertad en definitiva.

     Ante tanta devastación social Lafontaine es claro y contundente: las fuerzas políticas progresistas deben de imponer una nueva arquitectura financiera mundial que permita una estricta regulación del sector bancario. Sólo así se podrá poner freno a los enormes daños causados a la economía real, a los valores de las sociedades democráticas,    a la vida y la libertad de los ciudadanos. Un reto en el cual la izquierda se juega su credibilidad y futuro como alternativa creíble y efectiva frente a la devastación neoliberal que padecemos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 10 febrero 2014)

 

 

EMPANTANADOS EN PANAMÁ

 

     En estos días ha sido noticia frecuente el contencioso generado en torno a las obras de ampliación del Canal de Panamá y el riesgo de paralización de las mismas por parte del consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) liderado por la empresa española Sacyr. Pero la historia de este canal, próximo a cumplir su centenario y auténtico puente entre dos océanos, siempre fue agitada y polémica.

     Desde que en 1513 Vasco Núñez de Balboa atisbase la inmensidad del Océano Pacífico, la corona española comenzó la búsqueda de un camino fluvial a través del continente americano para llegar a las Indias Orientales y reemplazase a la penosa y  larga ruta del cabo de Buena Esperanza. De este modo, el primer proyecto se atribuye al capitán español Álvaro de Saavedra, el cual propuso a Carlos I  en 1529 un canal por Darién. No obstante, el informe de Pascual de Andagoya lo consideró “tarea imposible”, pues “sólo Dios podría mover tanta tierra” y, ante estas dificultades, se suspendieron los trabajos preliminares. Durante el reinado de Felipe II, se retomó la idea pero, el Padre Acosta la desaconsejó en 1590 con una aseveración bíblica: “lo que Dios ha unido, no debe separarlo el hombre”. A este argumento, Felipe II añadió otras razones como que el hipotético canal facilitaría un nuevo camino a los piratas para asolar las colonias españolas en América, por lo que el rey archivó el proyecto y dictó castigos a quien se atreviera a hablar del mismo pues lo consideraba perjudicial para la economía de España.

     Pese a lo dicho, la idea siguió latente y, muchos años después, figuras de la relevancia de Humboldt, Goethe o Simón Bolívar, volvieron a replantear la idea de un canal interoceánico por Panamá. Sin embargo, fue Fernando de Lesseps, el artífice del canal de Suez, el que, tras fundar la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá (1879), inició tan magna obra de ingeniería pese a las inmensas dificultades que suponía su construcción a través de montañas y zonas pantanosas y el clima insalubre de las mismas. Lesseps cometió un gravísimo error que llevaría al fracaso las obras: el proyecto se basaba en un canal al nivel del mar, sin esclusas, lo que obligaba a realizar grandes perforaciones en los enormes bloques de piedra andina que había que atravesar con el agravante, además, de no disponer de maquinaria adecuada para ello. Todas estas imprevisiones dispararon los gastos  por encima de los cálculos iniciales y, el proyecto de Lesseps, tras la quiebra de la Compañía en 1889,  se convirtió en uno de los mayores escándalos financieros del s. XIX, con importantes consecuencias no sólo económicas, sino también políticas para la República Francesa.

    Pero la idea del canal siguió adelante, esta vez alentada por la política imperialista de los EE.UU., país que, tras forzar la secesión de Panamá de la República de Colombia en 1903 y  comprar la concesión, las instalaciones , terrenos y maquinaria de la extinta Compañía, y de lograr la cesión de la zona sobre la que se proyectaba el canal, inició las obras en 1904, esta vez en base a un sistema de esclusas, auténticos ascensores para barcos, obras que culminaron en 1914, hace ahora un siglo. La obra, además de ingentes cantidades de dinero, había costado, durante todos aquellos años, la vida a en torno a 30.000 obreros.

     Hasta aquí la historia. Ahora, hagamos unas reflexiones al hilo de la actualidad. En primer lugar, el canal, devuelto a la soberanía panameña en 1999, es uno de los negocios más rentables del mundo que, a fecha de hoy, parecía haberse quedado ya pequeño para las necesidades del tráfico marítimo internacional, razón por la cual la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), su administradora, impulsó desde 2007, las actuales obras de ampliación de sus esclusas y de su cauce de navegación.

    En segundo lugar, en torno al canal, ya en 1962 Davy Graw planteó una propuesta de interés: una vez acabado el control colonial de los EE.UU. en la zona, sería deseable que el canal de Panamá, al igual que los demás canales interoceánicos (pensemos en el caso de Suez), deberían de estar bajo el control de las Naciones Unidad que, “de un modo justo lo gobiernen y administren, pagando las cuotas pertinentes al Gobierno de Panamá”. Ello evitaría hipotéticos bloqueos de los mismos por parte de naciones enfrentadas por motivos económicos, diplomáticos o bélicos.

     En cuanto a la cuestión concreta de la actual crisis derivada de los sobrecostes, sorprende el ímpetu y compromiso que ha tenido el Gobierno de España,(tanto antes con Zapatero, como ahora con Rajoy), en defender los intereses privados de una empresa privada como es Sacyr, e incluso avalarla con el respaldo de la aseguradora pública CESCE, un ímpetu y un compromiso que se echa en falta en la defensa  de los ciudadanos españoles afectados por la crisis global, tanto los residentes en territorio nacional , como en la de aquellos otros, sobre todo los millares de jóvenes, a los que se les hurta el futuro y se han visto obligados a emigrar en busca de un horizonte laboral. Ese ímpetu en defensa de Sacyr, como en su día se tuvo con Repsol en sus contenciosos con los gobiernos de Bolivia o Argentina, hubiera sido más necesario aplicarlo, aportando dinero público a otras causas más justas y urgentes, como la defensa  de los servicios públicos esenciales  ante los riesgos presentes y futuros de recortes y privatizaciones. Sería mucho más lógico y comprensible por la ciudadanía el que los poderes públicos se implicasen de forma directa en estas cuestiones que nos afectan en nuestra vida diaria y no en una especie de cruzada en defensa de una empresa privada que se halla empantanada en Panamá.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 enero 2014)

ENROCADOS EN GIBRALTAR

 

     En este año que concluye, se cumplió el 300 aniversario del Tratado de Utrech de 1713 mediante el cual España cedió Gibraltar al Reino Unido. Lejos de nostalgias patrioteras, la cuestión de Gibraltar sigue siendo una herida abierta en nuestra historia que algún día habrá que resolver. Por ello, tras tres siglos de “controversia gibraltareña”, como señalaba Alejandro del Valle Gálvez, catedrático de Derecho Internacional Público, España deber reflexionar sobre su posición y las posibilidades de acercamiento y acuerdo en este dilatado y complejo contencioso.

   En la cuestión de Gibraltar,  varias son las controversias que siguen sin resolverse. El primer lugar, el alcance de la cesión de soberanía pues, con arreglo al artículo X del Tratado de Utrech, el territorio realmente cedido era muy limitado: tan sólo el recinto intramuros de Gibraltar (ciudad, castillo, con su puerto, defensas y fortaleza) pero sin ningún territorio fuera de las murallas, lo que excluye de soberanía británica tanto a la montaña (la Roca) como al itsmo de tierra que une a la colonia con La Línea, a pesar de que  sobre ambos los británicos ejercen su jurisdicción, y no una soberanía que nunca les fue cedida.. En segundo lugar, y enlazando con lo anterior, otra controversia deriva de la apropiación del itsmo por el Reino Unido ya que nunca se estableció una línea fronteriza ni posteriormente se realizó una demarcación, por lo que la actual verja es una delimitación unilateral británica que nunca ha sido aceptada por España. Y, en tercer lugar, la cuestión de las aguas, tema éste que se ha agudizado durante el mandato de Fabián Picardo, el actual Ministro Principal de Gibraltar y que ha originado un conflicto pesquero con numerosos incidentes en la bahía de Algeciras. Sin embargo, una lectura literal del Tratado según la cual la soberanía de la montaña sigue siendo española, supondría un cambio del estatuto jurídico de las aguas en disputa puesto que, al no generarse espacios marítimos británicos, éstas serían españolas y Gibraltar carecería de aguas territoriales propias.

     Ante estas cuestiones, se constata cómo, en la actualidad, los cauces jurídicos y políticos para resolverlos se encuentran inoperantes. Así, esta “crisis negociadora”, supone un agotamiento o cuestionamiento de los marcos negociadores pues la cuestión de Gibraltar se halla enquistada, desde 1964,  en el Comité Especial de Descolonización de la ONU; el Proceso de Bruselas para la co-soberanía del Peñón está bloqueado desde 2002 y  lo mismo ocurre con el Foro de Diálogo Tripartito (España-Reino Unido-Gibraltar), creado en 2004 y que, desde enero de 2012, el Gobierno de Rajoy ha reestructurado como Foro Cuatripartito, negando la representación directa a los gibraltareños y, en cambio, incluyendo,   junto a las delegaciones de los gobiernos de Londres y Madrid, a representantes de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y de la Junta de Andalucía.

   Así las cosas, es necesario relanzar las negociaciones por nuevas vías imaginativas, y algunas se han ido planteando. Este fue el caso del Proceso de Bruselas y las propuestas de co-soberanía surgidas en las negociaciones entre Aznar y Blair durante 2000-2002, las cuales no llegaron a buen puerto por el boicot de Gibraltar y la oposición británica la utilización conjunta de las bases militare y,  sin embargo, es de justicia reconocer que, pese a su fracaso, han sido el único y más serio intento de llegar a un acuerdo aceptable que reemplazase al vetusto Tratado de Utrech. Otras propuestas para desbloquear el contencioso fueron las que planteó Peter Caruana, el anterior Ministro Principal de Gibraltar, de optar por el modelo del Principado de  Andorra y su bicéfala jefatura de Estado, propuesta que generó temor por las posibles repercusiones que pudiera tener sobre las reclamaciones de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, o la idea de considerar a Gibraltar como una ciudad vinculada a las coronas española y británica con un estatuto especial dentro de  la Unión Europea.

     Retomando de nuevo las ideas de Alejandro del Valle, éste plantea como opción más razonable que España acordase con el Reino Unido “un tratado internacional que de algún modo reconozca la soberanía española actual y futura sobre los espacios actualmente bajo jurisdicción británica, y que establezca un nuevo estatus jurídico internacional que respete la actual organización institucional gibraltareña”.  Esta propuesta, para ser un viable, deberá conciliar los tres intereses en cuestión: el militar y de seguridad para el Reino Unido, la recuperación de la soberanía para España y la consulta de la población gibraltareña, a la cual, con arreglo a su nueva Constitución de 2006, se le reconoce, lógicamente,  el derecho a decidir democráticamente su futuro y, en consecuencia, poder para vetar los acuerdos hispano-británicos que considere perjudiciales. Además, esta apuesta por un nuevo estatuto internacional debe vincular a la Roca con el Campo de Gibraltar y con Andalucía para poder ofrecer a los gibraltareños, que son el 4º territorio del mundo con mayor renta per cápita, un futuro estratégico de intereses compartidos.  Tal vez, de este modo, dejemos de estar, como viene sucediendo en estos últimos 300 años, enrocados en (y por) Gibraltar.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 diciembre 2013)