FRANQUISMO DE BAJA INTENSIDAD

 

     En estos dos años de gobierno de Rajoy  se han ido acumulando una ingente cantidad de despropósitos, incumplimientos electorales y recortes democráticos, sociales y laborales de todos conocidos. En este decidido impulso de intentar hacer retroceder el reloj de la historia y del progreso hacia tiempos pasados por parte de la derecha gobernante, resulta reveladora su actitud hacia un tema que, a fecha de hoy, sigue pendiente en nuestra sociedad: la recuperación de la memoria histórica democrática y la consiguiente reparación moral y jurídica que se debe a las víctimas de la dictadura franquista.

     En este tema, el memorial de agravios para con la insensible derecha española ante tan elemental cuestión de justicia democrática es abultado: resulta inaceptable su permanente olvido cuando no desprecio para con las víctimas y sus descendientes; su mezquina actitud ante los intentos del juez Garzón cuando intentó investigar los crímenes franquistas que no cejó hasta lograr su inhabilitación; su negativa a aplicar en España la legislación penal internacional; su inhibición ante las obligaciones de los poderes públicos derivadas de la Ley de Memoria Histórica (LMH), totalmente ineficaz al vaciarla, además, de dotación presupuestaria mientras se destinaban a la restauración del Valle de los Caídos, sombrío panteón del dictador, 280.000 euros. A todo ello habría que añadir la supresión de la Oficina de Victimas de la Guerra Civil y la Dictadura, surgida tras la LMH o la previsible reprobación al Gobierno español por parte del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU dado que España ostenta, a fecha de hoy, el segundo puesto, tras Camboya, entre los países con mayor número de desaparecidos y asesinados como consecuencia de la violencia política. Todo lo dicho supone un grave cúmulo de actitudes y medidas reaccionarias y lo son tanto en cuanto “reaccionan” desde posiciones propias de la más rancia derecha ante los tímidos avances en materia de recuperación de la memoria histórica democrática que en su día impulsó el gobierno de Zapatero.

     Por si fuera poco, y con una actitud cada vez más arrogante y autoritaria en las prietas filas de la derecha española, el pasado 4 de noviembre tuvieron lugar las ofensivas e hirientes declaraciones de Rafael Hernando, portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado por Almería cuando declaró en 13TV, refiriéndose a los familiares de las víctimas del franquismo,  que “algunos se han acordado de su padre, parece ser, cuando había subvenciones para encontrarle”. Las palabras de Hernando, no sólo ofenden a miles de familias, sino que, también son mentira y él lo sabe puesto que, desde la llegada al poder del PP, ninguna asociación memorialista recibe subvenciones públicas para tareas de localización y exhumación de fosas: conviene recordarle al diputado Hernando que, en su tierra andaluza, según datos de 2010, hay 47.399 asesinados sepultados en 614 fosas sin nombre.

     Las reacciones de indignación no se hicieron esperar: la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lo demandó por “injurias graves” y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA), le exigió una inmediata rectificación o que dimitiese recordándole a Hernando que, “a pesar del tiempo transcurrido, la inmensa mayoría de los ciudadanos descendientes de asesinados no ha podido recuperar los cuerpos de sus familiares, y no sólo por la ausencia de subvenciones, sino por encontrarse con todo tipo de trabas que retratan qué tipo de democracia tenemos”. Y es cierto, si el sociólogo Boaventura de Sousa Santos ha acuñado el término de “democracia de baja intensidad”,  este caso concreto, como señala Antonio Avendaño, la actitud de Hernando y buena parte de la derecha española evidencia que “siguen profesando, sin saberlo, un cierto franquismo de baja intensidad incapaz de advertir la crucial diferencia que existe entre la paz y la victoria”. La razón es obvia: buena parte del PP es heredero sociológico del franquismo y, tal vez por ello, como decía Aníbal Malvar, “cada vez que gobierna el PP con mayoría absoluta, me da la impresión de que se creen que han vuelto a ganar la guerra y no unas elecciones cuatrienales”.

     Este escaso barniz democrático de este sector de la derecha española contrasta con el caso de otras derechas europeas que, como el gaullismo francés, se forjaron en la dura lucha contra el fascismo. No ocurrió así en el caso de España donde, excepto honrosas excepciones, la derecha mantuvo su adhesión inquebrantable a Franco hasta la muerte del dictador y aún después,  ya que mantiene, todavía, una buena dosis de franquismo sociológico en sus ideas y actuaciones.

     Y en esta defensa de la memoria democrática, en esta necesidad de conservar “la cadena de la memoria” a la que se refería Elías Canetti, una consideración final. A las autoridades políticas y judiciales españolas debería causarles cuando menos sonrojo y vergüenza, el hecho de que ciudadanos nuestros, en algunos casos ancianos octogenarios, se hayan visto obligados a atravesar un océano para declarar ante la justicia argentina, ante la juez María Servini, contra los crímenes del franquismo, para reclamar la justicia reparadora a la cual tiene derecho toda víctima, una justicia que la democracia española ha sido incapaz de ofrecer, lo cual descalifica en gran medida a nuestro supuesto Estado democrático y de derecho. Lamentable e indignante.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 17 diciembre 2013)

 

 

MACHADO EN VALENCIA

 

     El 24 de noviembre de 1936 llegaba a Valencia Antonio Machado, evacuado de Madrid por el Gobierno de la República y en la capital levantina residió hasta abril de 1938, fecha en que se trasladó a Barcelona. El poeta, apesadumbrado por una guerra fratricida, une a su profunda tristeza su precario estado de salud pues, como dijo Alberti, “su poesía y su persona habían sido tocadas de aquella ancha herida sin fin que había de llevarle poco después hasta su muerte”. Pese a ello, su obra poética  de este período es militante: defiende en sus versos el ideal republicano, elogia a la URSS, a Líster y al Quinto Regimiento, critica con dureza a la Italia fascista y la Alemania nazi.

     Machado, aquel viejo republicano que había izado la bandera tricolor en el Ayuntamiento de Segovia el 14 de abril de 1931, siente  “estupor” por las consecuencias del golpe militar (“la militarada”) que le sorprendió en Madrid y se emociona recordando la defensa popular de la capital, pues “aquello fue la heroica barrera que segó en flor la marcha triunfal de la bárbara bestia” (entrevista en Fragua social, 19-XII-1936). Percibe  como nadie el sentir  del pueblo leal, del que está al lado de la República y así se lo escribió en abril de 1937 a David Vigodsky: “En España lo mejor es el pueblo […] En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva”.

     Machado, en su etapa valenciana, al igual que otros intelectuales antifascistas, firmó diversos documentos a favor de la República, entre ellos, el Manifiesto de profesores y artistas españoles apelando a la conciencia del mundo (febrero 1937) en el que, de forma premonitoria, se decía que “la guerra de España puede ser, en efecto, el prólogo sangriento de una guerra mundial de proporciones incalculables” o el de Los intelectuales de España por la victoria total del pueblo (marzo 1938). En diversos escritos, dejó patente su firme antifascismo: califica a los franquistas de “traidores”, siervos de Italia y Alemania que han perdido la condición de españoles ya que “de ningún modo podemos considerar como españoles a quienes decidieron vender a España, no sabemos por cuantos denarios” y define al  fascismo como “la fuerza de la incultura”. Reclama la unidad de todas las fuerzas antifascistas  “puesto que todas nuestras energías deben de concentrarse en un fin único: aplastar al fascismo”. A este objetivo, convoca también a los jóvenes: en una alocución dirigida a  los estudiantes republicanos les insta al compromiso político ya que “los estudiantes deben de hacer política, si no, la política se hará contra ellos”, una aseveración de absoluta vigencia. También destacaba repetidamente el papel que deben desempeñar los intelectuales,  los cuales deben de estar siempre al lado del pueblo. Así lo hizo García Lorca y, al saber de su asesinato, escribió dolorido que “se ha perpetrado el crimen más estúpido y condenable” con el poeta granadino.

     En relación a la guerra, son frecuentes sus elogios a la heroica defensa de Madrid y al Ejército Popular. También  denuncia la brutalidad fascista: de este modo, envió un texto al Congreso de la Paz a celebrar en París expresando “su airada protesta contra los bombardeos aéreos de las ciudades abiertas”, que califica de “crímenes abominables” y de “lesa humanidad”, texto escrito a la luz de una vela mientras “estas mismas aborrecibles bombas están cayendo sobre nuestro techo”. Especialmente contundente fue Machado contra la intervención nazi en España. Por boca del personaje de Juan de Mairena, su alter ego literario, hizo mención de forma premonitoria a la guerra mundial que se avecina y también a su resultado: “Alemania no ganará, pero Europa perderá la paz y, con ella, la hegemonía del mundo” y en otro texto intuye el Holocausto al aludir a “la afanosa búsqueda” de los laboratorios alemanes “de la fórmula química definitiva, que permita al puro germano extender el empleo de los venenos insecticidas al exterminio de todas las razas humanas inferiores”, algo que, poco después,  se convirtió tristemente en una dramática y oprobiosa realidad.

    Machado criticó la inhibición de las democracias occidentales ante la desesperada situación de la República española acosada por los fascismos: reprocha la hipocresía de Francia e Inglaterra y también del Pacto de No Intervención, (“la iniquidad más grande que registra la historia”) y la ineficacia de la Sociedad de Naciones. En contraste, Machado agradece el apoyo a la España leal de México y, sobre todo, de la URSS: los textos valencianos de Machado están plagados de frases de admiración hacia “la Gran República de los Soviets”, país en el que, como dirá en un poema, “desde que roto el báculo y el cetro / empuña el martillo y la guadaña”.

     Pero la suerte de la República estaba echada, también la suya. En una entrevista que le realizó Pascual Plá en agosto de 1937, reflejaba ya su desánimo ante un previsible exilio: “cuando pienso en un posible destierro, en otra tierra que no sea esta atormentada tierra de España, mi corazón se turba de pesadumbre. Tengo la certeza de que el extranjero significará para mí la muerte”.  Y así fue: Machado murió, desnudo de equipaje, como su célebre verso, un 22 de febrero de 1939 en el pueblecito francés de Colliure. El poeta no pudo cumplir su deseo, aquel que un día escribió en Valencia, el de “no cerrar los ojos antes de ver el triunfo de la causa popular, la causa común a toda humanidad progresiva”. Este fue el firme compromiso Antonio Machado Ruiz, de aquel viejo y coherente republicano, de aquel insigne poeta siempre presente en la memoria colectiva.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicando en: El Periódico de Aragón, 24 noviembre 2013)

 

EL FEDERALISMO, UN PROYECTO DE FUTURO

     Cual si de una pareja mal avenida se tratara, el creciente desapego entre Cataluña y el resto de España parece caminar hacia una ruptura, hacia un divorcio llamado independencia. Muchas y variadas han sido las causas que han llevado a esta grave situación, entre ellas, el frustrado proceso de reforma del Estatut entre 2003-2010, además de torpezas políticas e incomprensiones mutuas que han producido una sensación de hartazgo, tanto en Madrid como en Barcelona, hasta el punto que, como señalaba Albert Branchadell, “el Estado español está viendo erosionada su legitimidad en Cataluña de una manera inédita y hasta ahora, su repuesta puede ir paradójicamente encaminada a acelerar esa erosión”.

     Cándido Marquesán acertaba plenamente al señalar que la auténtica cuestión de fondo de la actual crisis territorial era la inexistencia en España de “un proyecto colectivo ilusionante para amplios sectores de la ciudadanía, algo básico para cimentar una gran nación”.  Y es cierto, pues todos los ideales cohesionadores se han ido desinflando y han caído en el baúl del olvido: atrás quedó la lucha contra el franquismo para conquistar la democracia, el anhelo de la autonomía y la construcción del Estado autonómico, el sueño de la integración en Europa, o la consolidación y extensión del Estado de Bienestar. Parecen ya no quedar proyectos comunes y, el desapego, hijo natural del desencanto y la decepción va ganando terreno.

     Así las cosas, emerge la opción independentista, totalmente legítima, ante la inexistencia de un proyecto para España de cohesión y de futuro: tal es así que, como señalaba Josep Ramoneda, en la actual crisis, la independencia aparece ante la ciudadanía catalana como “el único proyecto político digno de tal nombre” dado que España, en plena crisis de identidad,  parece no tener ninguno, carente como se halla de un liderazgo político digno  de tal nombre, y con escasos de referentes éticos en una clase política y empresarial socavada por la corrupción.

     Este hartazgo y desapego resulta lógico y comprensible. Tampoco es nuevo: ya se refería a él Ortega y Gasset en su España invertebrada, libro publicado en 1921. Esta obra despertó la conciencia sobre la problemática de España y en la misma se analizaban las causas de la decadencia española, la cual iba aparejada, según el fundador de la filosofía española contemporánea, a la escasez de líderes auténticos y ejemplarizantes. Ortega destacaba que lo que mantiene a las naciones unidas es la existencia de “un proyecto sugestivo de vida en común” ya que “los grupos que integran un Estado viven juntos para algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer algo juntos”. Es por ello que, en la actualidad, contrasta la diferencia entre el proyecto soberanista catalán, que ha movilizado (e ilusionado) a amplios sectores de la sociedad catalana, interclasista y transversal, con la ausencia de un proyecto “español”, con la atonía de una España que, excepción hecha del proyecto federal impulsado por el PSC, parece incapaz de ofrecer alternativas creíbles ante la creciente ola secesionista. Dado que una nación es, como diría Renan, “un plebiscito cotidiano”, la convivencia debe ser una realidad activa y dinámica, no una coexistencia pasiva y estática, por ello el lamento orteguiano ante la ausencia de “grandes proyectos, ideas y valores colectivos”.

     A estas alturas, el actual Estado autonómico resulta claramente insuficiente y esta vía, según Joaquím Lleixà, parece haber llegado al fin de su trayecto dado que “la diversidad nacional de España aún no ha logrado una acomodación suficiente”, especialmente en los casos de Cataluña y Euskadi. Y, para ello se requiere una Segunda Transición, una redefinición del proyecto que, como democracia y Estado plurinacional, debe ofrecer España, lo cual supone abandonar posturas inmovilistas y numantinas propias de la derecha nacionalista española y apostar por grandes dosis de sensibilidad hacia las nacionalidades históricas (Aragón incluido) y una gran capacidad política integradora, algo que debemos exigir a nuestros dirigentes para que realmente estén a la altura de lo que demandan las circunstancias actuales.

     Es fundamental el impulsar esa Segunda Transición tanto en cuanto supone un proyecto ilusionante y colectivo que una voluntades. En este sentido, siendo como soy un decidido partidario del derecho a decidir, ejemplo evidente de plenitud democrática y soberanía popular, estoy convencido que ese proyecto de futuro pasa por el impulso de un modelo republicano y federal.  Hoy resulta imprescindible apostar por un federalismo solidario que sirva para renovar la calidad democrática de nuestras instituciones y la convivencia armónica en el seno de la  España plurinacional. Además, este proyecto federal debe tener objetivos concretos en beneficio de los ciudadanos tal y como ya señalaba en 1988 Raimon Obiols: el impulso del crecimiento económico, favorecer la redistribución de rentas y expandir el Estado de Bienestar, ideas que hoy más que nunca tienen plena vigencia.

     Frente a tanto hartazgo y desapego derivado del movimiento soberanista en Cataluña, al igual que Machado, debemos distinguir las voces de los ecos y, entre tanto marasmo, sigo considerando válido el ideal  de Lluís Companys,  President de la Generalitat de Catalunya, cuando el 6 de octubre de 1934 proclamó “el Estado Catalán en la República Federal Española”  la cual “hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal, libre y magnífica”. Ciertamente, un ideal ilusionante y un auténtico proyecto de futuro.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 4 de noviembre de 2013)

YIHADISMO ISLAMISTA EN ÁFRICA

 

      La expansión del fundamentalismo islamista se ha convertido en una amenaza real que cuestiona nuestro sistema de valores y nuestra democracia. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York o del 11 de marzo de 2004 en Madrid, el espectro yihadista dejó ver su faz de violencia ciega y fanática contra Occidente, ese conjunto de países entre los que nos encontramos y que consideran como “infieles”, “corruptos” y “decadentes”.

     El embate del yihadismo no sólo se ha lanzado contra las sociedades laicas y secularizadas occidentales, sino que también se ha propagado con rapidez en determinadas áreas del Tercer Mundo. Significativo y preocupante es el caso de África, donde, si hace unos  años el islamismo radical se localizaba en Sudán, Nigeria y Somalia, en ésta última década se ha extendido con rapidez, cual si de una nueva plaga se tratara, por el Sahel, por el África Subsahariana. El objetivo de estos movimientos yihadistas es el  imponer un modelo de islam violento para convertir a África en un continente exclusivamente musulmán, lo cual supone un serio riesgo para la tradicional convivencia pacífica con el cristianismo y con las creencias animistas existentes en estos países. Los grupos yihadistas africanos se caracterizan por su victimismo (creen que el Islam está siendo constantemente agredido), por la crítica a otras religiones que consideran falsas, su rechazo a las intervenciones militares  de los “infieles” en los países musulmanes (Irak, Afganistán, Libia o, en un hipotético futuro en Siria o Irán), así como por su insistencia sobre la degradación moral y la decadencia de Occidente.

     Entre las causas que explican en parte la expansión del yihadismo en África estarían la contribución a la difusión del islamismo radical llevada a cabo por Irán desde el triunfo en 1979 de la revolución islámica en dicho país, la labor proselitista de los grupos wahabistas financiados por Arabia Saudí, así como el hecho de que, tras la insurrección libia de 2011, muchos antiguos mercenarios que sirvieron al derrocado régimen de Gadaffi, se pasaron con sus armas a las filas yihadistas.

    El recorrido por los grupos, especialmente activos en el Sahel, resulta preocupante. El más conocido es Al-Qaeda del Magreb Islámico (AQMI), que surgió en 1999 como escisión del Grupo Islámico Armado (GIA) argelino  y que actúa en Mauritania, norte de Mali y Níger, además  del sur de Argelia. Su financiación, además de los rescates obtenidos por los secuestros de occidentales (recordemos los casos de los cooperantes españoles Alicia Gómez, Albert Vilalta y Roque Pascual), se basa, al igual que ocurre con los talibanes de Afganistán, en el tráfico de cocaína. En el Sahel actúan también el Movimiento para la Unidad de la Yihad en África del Oeste (MUJAO) y también Ansar Dine, fundado por el jefe de la rebelión tuareg Lyad Ag Ghalo: ambos grupos ocuparon el norte de Mali en 2012 hasta que fueron desalojados por la ofensiva militar francesa de principios de este año.

     Atención especial merece el caso del islamismo radical en Nigeria, representado por el grupo Boko Haram que, significativamente en lengua hausa significa “la educación occidental es pecado”. Inspirado por los talibanes afganos, se caracteriza por su odio religioso, lo cual ha convertido en objetivo prioritario de sus acciones violentas a los cristianos y sus iglesias para imponer la sharia, la ley islámica en su interpretación más rigorista, en el Norte de Nigeria. En el caso de Somalia, también resulta tristemente conocido el grupo Al-Shabab (“Los Jóvenes”): además de sus acciones terroristas, entre ellas la reciente masacre en el centro comercial Westgate de Nairobi, es responsable de lapidaciones y mutilaciones, rechaza como “vicios” la música y el fútbol y, al igual que los demás grupos islamistas, niegan a las mujeres los más elementales derechos.

     Pero la peste yihadista se extiende. Además de en estos países, también rebrota en otros puntos como Senegal (una democracia aceptable en el conjunto de África), Camerún (considerado hasta ahora un modelo de estabilidad y seguridad), la República Centroafricana, donde el pasado 24 de marzo la coalición rebelde Seleka tomó el poder violentamente, en Chad, así como en Túnez y Egipto tras sus frustradas “primaveras árabes” e incluso en nuestro vecino Marruecos.

     La realidad de los hechos ha demostrado que resulta improbable el intento de consolidar, mediante intervenciones armadas, sistemas políticos de corte occidental en países musulmanes sin tradición democrática: ahí están los ejemplos de Irak o Afganistán. Por ello, como señala José Carlos Rodríguez, “lo que es seguro es que durante los años venideros los medios militares no bastarán para acabar con esta amenaza” y, por ello serán precisos líderes religiosos y políticos que “trabajen por la creación de una cultura de paz, en medio de un ambiente de violencia que nada tiene de religioso”. En consecuencia, tal vez la Alianza de Civilizaciones, tan denostada por la derecha, sea un camino, ciertamente lento pero eficaz, para tender puentes de respeto y comprensión entre Occidente y el Islam, primer y necesario paso para hacer frente a la expansión del odio y la intolerancia yihadista.

     Nuestra democracia está siendo atacada por tres graves amenazas: el resurgir del fascismo, las políticas antisociales del neoliberalismo capitalista y el islamismo yihadista. Ante todas ellas debemos estar alerta y ofrecer una respuesta en defensa de nuestros valores. Nos va en ello el futuro.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 21 octubre 2013)

 

JUSTICIA Y MEMORIA

 

    Mucho cambió la imagen de la Justicia española tras la ignominiosa inhabilitación del juez Garzón  en febrero de 2012 por su investigación de la podredumbre de la trama Gürtel y de los crímenes del franquismo, algo que ha supuesto para nuestra Judicatura un grave descrédito tanto en España como en el extranjero. Por ello, ante una Justicia autista frente a las demandas cívicas de investigación de los crímenes franquistas (el Tribunal Supremo se negó a hacerlo alegando, en contra de la jurisprudencia en materia de legislación penal internacional, que ya habían prescrito), las recientes actuaciones de la Justicia argentina, y en particular de la juez María Servini, deberían de hacer enrojecer  a la Justicia española, incapaz de adoptar en esta materia los principios de la legislación y justicia universal, para castigar los crímenes del franquismo, que tienen, no lo olvidemos, la calificación jurídica de “crímenes contra la humanidad”.

       En este contexto, un nuevo rayo de esperanza se abre con la reciente visita a España del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU con la intención de ayudar a resolver los casos de los todavía 130.000 desaparecidos (estremece la cifra) como consecuencia de la guerra civil y la posterior dictadura franquista en las 2.800 fosas que salpican la geografía y la conciencia de España. A esta situación se ha llegado ante el desamparo total de que han sido objeto las víctimas tanto por parte del Gobierno como de la Justicia española. Al margen de las tímidas acciones llevadas a cabo desde la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica en  2007 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y en la actualidad incumplida sistemáticamente por el Gobierno de Rajoy, esta herida  de nuestra democracia ha hecho que las asociaciones memorialistas busquen la internacionalización de sus demandas como única vía para hacer justicia ante tanto oprobio y olvido. Así, tras la neutralización jurídica de Garzón, las asociaciones memorialistas, acogiéndose al principio de justicia universal, iniciaron la querella contra los crímenes franquistas ante los tribunales de Argentina, una vía que hoy está resultando esperanzadora no sólo para la reparación moral y jurídica de las víctimas sino para la condena pública y universal de los criminales,  hasta ahora impunes gracias a la Ley de Amnistía de 1977 que, en la práctica, fue una ley de impunidad absoluta, un peaje que hubo que pagar durante la Transición para avanzar hacia la ansiada democracia en España.

     Otras acciones se están llevando a cabo en esta línea ante el Parlamento Europeo y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y, es probable que las conclusiones del informe que elabore Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU supongan una amonestación para España por su pasibilidad en la resolución de este triste episodio de nuestra historia y su negativa a aplicar con todas sus consecuencias la legislación penal internacional ante este tipo de crímenes de lesa humanidad que, precisamente por ello, son jurídicamente imprescriptibles. El tema es motivo de polémica y, mientras el Gobierno del PP no tiene ningún interés  en las políticas públicas de la memoria, el fiscal de la Audiencia Nacional ya ha manifestado su opinión contraria a las acciones de la juez Servini. Por el contrario, los fiscales progresistas calificaban de “penosa” la posición de la Justicia española en este tema, y el juez Pablo Ruz, ha dado un paso al frente al citar a declarar a los torturadores Muñecas y González Pacheco (a) Billy el Niño reclamados por la Justicia argentina.

     Aunque la vía internacional ha desbloqueado siquiera sea en parte esta cuestión, considero que, tarde o temprano,  los crímenes franquistas deben ser investigados en España y ello será una garantía de madurez de nuestra democracia y una prueba de que la Justicia es digna de tal nombre. Y, para ello, además de las acciones judiciales pertinentes, resulta imprescindible el crear una Comisión de la Verdad  tal y como se hizo en diversos países de América Latina, unos países que ahora nos dan ejemplo de valentía judicial en la lucha contra la impunidad de las dictaduras y sus cómplices. Y a todo ello no debería oponerse la derecha española, esa derecha que tanto ha monopolizado a las víctimas del terrorismo de ETA y que, en cambio, siempre ignoró a las de la dictadura franquista porque como señalaba Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo y exdirector de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala que ha logrado procesar al exdictador Ríos Montt, “las víctimas del franquismo deben tener el mismo estatuto jurídico que tienen las del terrorismo”.Y algo no menos importante: esta página negra de nuestra historia debe de ser estudiada en los libros de texto, al igual que la enseñanza del Holocausto es obligatoria en los programas educativos de diversos países para inmunizar a la juventud frente a la amenaza fascista, esa que siempre resurge en tiempos de crisis económica como los que ahora padecemos y como pone de manifiesto el caso de Grecia.

     El prestigio y eficacia de la Justicia en España dependerá de la resolución de todas estas cuestiones y, por supuesto, de la rehabilitación de Baltasar Garzón y de la reapertura de los sumarios sobre los crímenes franquistas. De este modo, nuestra democracia recuperará, en palabras de Garzón, “una justicia universal, para todos, sin distinción de clases, sin escalones de poder, y en la que prevalezca el derecho de las víctimas a ser escuchadas y a conocer la verdad”. Esa es una auténtica Justicia democrática que demandamos los ciudadanos.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 30 septiembre 2013)

 

LA TROIKA NOS TRINCA

 

La Troika, ese entente formado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea, cual si de los nuevos jinetes de la Apocalipsis se tratara, avasalla nuestros derechos laborales y sociales y comete un auténtico golpe de estado contra la soberanía económica de las naciones que, como es el caso de España, se hallan empantanadas en una crisis global de incierta salida. Y es que, en medio de tan sombrío panorama, resultado, como señalaba Susan George,  a la convergencia simultánea de varias crisis (económica-financiera, ecológica y alimentaria), hay que sumar una crisis también democrática ya que, en el marasmo actual, los poderes económicos, que no han sido elegidos por los ciudadanos, son los que fijan las reglas del juego. Todo ello hace que la Troika se convierta en un poder omnímodo que, con sus políticas, está desmantelando los principales logros sociales de la Unión Europea.

Pero nada de esto es nuevo. La Troika, amparada en los vientos conservadores que soplan en Europa, se mantiene fiel a la política desarrollada por el FMI y el Banco Mundial (BM) desde que ambas instituciones financieras internacionales surgieron en la Conferencia de Bretton Woods (julio 1944) convocada por el presidente norteamericano Roosevelt con objeto de crear un nuevo orden económico internacional (capitalista, desde luego) cuando la II Guerra Mundial  entraba en su fase final. Desde entonces, el FMI-BM se convirtieron en los prestamistas de recursos financieros  no sólo para la reconstrucción de la Europa devastada por la guerra, sino para los países en vías de desarrollo.  Pero, a partir de la crisis petrolífera de 1973 y de la crisis de las deuda de principios de los años 80, la concesión de los créditos quedó condicionada a la previa implantación de duros programas de ajuste estructural por parte de los Estados, a los cuales se exigían severas medidas de disciplina fiscal (reducción gasto público, liberalización financiera y comercial, política de privatizaciones). Esta política ultraliberal, conocida como “El Consenso de Washington”, suponía la consagración de los cuatro dogmas de la ortodoxia neoliberal: la estabilidad presupuestaria, la liberalización, la privatización y la desregulación de los mercados financieros.

Estas políticas, aplicadas durante décadas por el FMI-BM en los países en vías de desarrollo, son las mismas que ahora impone la Troika a los países de la UE con dificultades y que han tenido unos resultados nefastos. De hecho, no sólo no favorecen el crecimiento económico, sino que debilitan los elementos de cohesión social y, con ello, aumentan las desigualdades sociales. Es por ello que la Troika ha alcanzado una excesiva capacidad de influencia (y de decisión) sobre las políticas económicas de los Estados soberanos a los que les imponen su rampante programa neoliberal.

Las recetas macroeconómicas que la Troika nos exige son conocidas: desmantelamiento del sector público, privatizaciones, una mayor flexibilidad laboral y una fiscalidad regresiva (aumento de los impuestos indirectos como el IVA en vez de potenciar una fiscalidad progresiva basada en los impuestos directos tales como el IRPF o el de Sociedades), además de otras medidas tendentes a debilitar, cuando no desmantelar, la educación y la sanidad pública así como la reducción de los subsidios. Por todo ello, la Troika simboliza hoy en día el paradigma extremo de la ideología ultraliberal.

Ante semejante panorama, los gobiernos europeos doblan la rodilla. Este es el caso de España donde, como recordaba Pablo Iglesias Turrión, “los partidos por-Troika”, esto es, el PP y el PSOE, se han aprestado en todo momento a cumplir “diligentemente” sus órdenes y, por ello, reformaron la Constitución para limitar nuestra soberanía económica, y aplicaron reformas laborales contrarias a los intereses de los trabajadores. Pero la Troika es insaciable y, asumiendo el último informe del FMI, propone ahora como solución a los problemas económicos de los españoles la reducción de un 10 % de los salarios. Eso dice el FMI, cuya directora, Christine Lagarde, cobra 380.000 euros anuales, y en una España que, como recordaba el economista francés jean Paul Fitoussi, se ha producido una caída de los salarios que “no se ha visto nunca en los tiempos modernos en un país desarrollado”.

Ante semejante agresión, una más, de las políticas de la Troika,  el economista Juan Torres nos insta a rebelarnos ante un programa económico que se nos impone y que está generando auténticos crímenes económicos contra la Humanidad y ante los que, consecuentemente, debemos pedir responsabilidades a sus dirigentes y directivos y exigir una legislación y unos tribunales internacionales que los investiguen y juzguen cuanto antes.

Frente a la resignada claudicación de los gobiernos europeos ante los dictados del FMI en su versión Troika, hallamos el contraste de los gobiernos de izquierdas de América Latina, los cuales se han opuesto de forma tajante a la dictadura neoliberal. Este es el caso de Ecuador, donde el presidente Rafael Correa optó valientemente por la dirección contraria: subió los impuestos a los ricos y a los bancos lo cual duplicó la recaudación tributaria, logró la gratuidad plena de la sanidad y la educación y elevó los salarios reales.

Ante esta Troika que nos trinca derechos y recursos, la única solución, además de una oposición frontal a estas políticas antisociales, pasa por exigir una transformación radical de las instituciones financieras internacionales, democratizando su funcionamiento y exigiendo que se revisen (y en su caso se anulen) las condiciones de política económica y ajustes estructurales en función de los efectos sociales negativos que de ellos pudieran derivarse. Es difícil doblegar a los amos de la economía global, pero resulta imprescindible para garantizar una sociedad más justa, libre y cohesionada.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 15 septiembre 2013)

LA FAES ATACA DE NUEVO

 

     Estamos asistiendo a un ataque frontal e implacable  contra los principios y logros del llamado Estado de Bienestar por parte de las políticas neoliberales de ajuste. A este combate se ha unido la FAES, la fundación del PP presidida por José María Aznar y convertida en guardián de las esencias ideológicas de la derecha española. Ejemplo de ello es la publicación en el último número de sus  Cuadernos de Pensamiento Político (junio 2013), de un trabajo de Elisa Chuliá  titulado “A propósito de la reforma del Estado de Bienestar” que supone un claro cuestionamiento del mismo y de su viabilidad futura desde posiciones propias del más rancio conservadurismo.

     Chuliá lanza su primera crítica  al señalar que los Estados del Bienestar contienen en su interior el germen de su propia destrucción por haber logrado “éxitos sociales de primera magnitud”, los cuales han supuesto unos elevados costes económicos que la autora parece desaprobar haciendo gala de un caduco clasismo derechista tales como el aumento de la longevidad de la población, la emancipación económica y social de la mujer y el incremento de los niveles educativos de lo que llama la “fuerza del trabajo”, esto es, de la clase trabajadora. Los dardos de Chuliá se dirigen a estos innegables logros sociales y, de este modo, sobre el aumento de la longevidad, de la mayor esperanza de vida, critica que ello haya supuesto “presionar al alza el gasto en pensiones y también, en menor medida, el gasto sanitario y el dedicado a otras prestaciones sociales”. En estas ideas, parecen resonar los ecos de algunos dirigentes del FMI cuando señalaban que los ciudadanos europeos “vivimos demasiado tiempo” y ello origina  elevados costes para los Estados: quienes de este modo critican los gastos sociales, mantienen un silencio cómplice sobre la sangría que han supuesto para el erario público las quiebras y el “saneamiento” del sector bancario, la mayor estafa económica sufrida por nuestra democracia.

     En cuanto a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, aunque  reconoce que ello ha supuesto el aumento de los ingresos fiscales estatales, también ve aspectos negativos: retraso en la nupcialidad, descenso de la natalidad y, con ello, “reducción de contribuyentes” futuros, así como que las mujeres hayan dejado de ocuparse “de los miembros más vulnerables de la familia” (niños y ancianos), y un supuesto “aumento de la inestabilidad estructural” familiar, planteamientos, que recuerdan la vieja mentalidad patriarcal y retrógrada según la cual el lugar de la mujer era “en casa y con la pata quebrada”.

     El tercer ataque a las bases del Estado de Bienestar lo lanza contra la universalización del derecho a la educación. De hecho, Chuliá señala que “la amplia oferta educativa subvencionada”, ha supuesto “una ganancia agregada en cualificación de mano de obra” que, ante la situación del mercado de trabajo, “ha originado con frecuencia desempleo y sobrecualificación”.

     En consecuencia, la conclusión tiene una clara carga ideológica: los logros del Estado de Bienestar “desafían su propia sostenibilidad”, algo que la derecha nunca se ha planteado garantizar mediante la implantación de una potente política de fiscalidad progresiva siguiendo el modelo socialdemócrata escandinavo, algo contrario a la ideología de la FAES y  del PP.  Bien al contrario, lo expuesto, nítido exponente del ultraliberalismo rampante,  conduce a una peligrosa conclusión: el Estado de Bienestar tiene “desventajas competitivas” frente a otros modelos que, como el anglosajón, están mas desregulados y cuentan con menor protección social, argumento que se emplea para justificar los ajustes que, según un mantra invocado repetidamente, serviría (¿?) para impulsar el crecimiento económico y el empleo.

     Y, pese a lo dicho, Chuliá asegura que no pretende el desmantelamiento del Estado de Bienestar, aunque  introduce peligrosos caballos de Troya en su baluarte tales como considerar que éste  nació “con carácter coyuntural” y no permanente, como respuesta a la situación económica, política, social y demográfica posterior a la II Guerra Mundial y que nada tiene que ver (según Chuliá) con el  contexto de la Europa actual. Debemos recordar que,  en aquel contexto, surgió el llamado “pacto socialdemócrata”, decisivo para el desarrollo europeo, sobre la aceptación de cuatro ideas básicas: fomento del pleno empleo estable; economía mixta en la cual coexisten un sector público empresarial compatible con el libre mercado; consolidación del Estado de Bienestar, concepto socialdemócrata basado en una amplia red de servicios públicos estatales (educación, sanidad y sistema de pensiones) y, también, una fiscalidad progresiva basada en la primacía de los impuestos directos. El modelo socialdemócrata de desarrollo, eje central de política de los países más avanzados del mundo del cual los países nórdicos son un claro ejemplo, empezó a ser cuestionado por el neoliberalismo a partir de la década de 1980 y del fenómeno de la globalización. Otro misil lanzado contra la línea de flotación del Estado de Bienestar es cuando la autora señala que se tiende a identificar derechos sociales con prestaciones asistenciales, con subsidios y pensiones, algo que es un innegable (e irrenunciable) avance en nuestra calidad de vida y, con ello, parece negar nuevamente el progreso social: con este pensamiento, seguiríamos anclados en el pasado y nunca se habrían logrado los valores esenciales propios de cualquier democracia avanzada.

     Todo este cúmulo de mensajes ideológicos de la derecha ultraliberal hacen que resulte imposible creer que la  defensa efectiva del Estado de Bienestar esté garantizada mientras el poder político se halle en manos de quienes, como evidencia el ideario de la FAES y del PP, no creen en la viabilidad y necesidad del mismo como modelo idóneo de justicia y equidad social.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 12 agosto 2013)

 

ORIENTE MEDIO: ENTRE LA TENSIÓN Y LA ESPERANZA

 

     En estos días se van a reiniciar en Washington las conversaciones directas de paz entre la Autoridad Nacional Palestina (ANP) e Israel, las cuales estaban paralizadas desde septiembre de 2010. A ello a contribuido el impulso (y la presión) de la Administración Obama y, de forma especial, de John Kerry, su Secretario de Estado, que, con su “diplomacia de puente aéreo”, ha realizado diversos viajes a Jerusalem, Ramallah y Amman, los cuales han permitido este tímido rayo de esperanza tras años de desencanto y escepticismo, ante un agónico proceso de paz que sigue añorando poner fin al enquistado conflicto palestino-israelí.

     Con una situación explosiva en Oriente Medio como consecuencia de la guerra civil en Siria, la creciente inestabilidad política en Egipto, el auge de la presencia de Al Qaeda en el norte de la península del Sinaí, unido a la amenaza nuclear de Irán, el gobierno de coalición israelí de Biniamin Netanyahu ha accedido a abrir la puerta a unas negociaciones tan complejas como inaplazables a pesar del incierto resultado que puedan tener. Y es que muchas son las adversidades a las que habrá que hacer frente para que el estancado proceso de paz logre algún resultado positivo. En primer lugar, por los numerosos adversarios con que cuenta, tanto por la parte palestina (problemas internos y corrupción que minan a la ANP del presidente Mahmud Abbas cuyo liderazgo es cuestionado por Hamas, auge del fundamentalismo islamista en las filas palestinas), como por la parte israelí (oposición intransigente al proceso de paz de los colonos y de la derecha religiosa, tanto desde dentro como desde fuera del Gobierno hebreo), lastres éstos difíciles de contrarrestar.

    Frente a todas estas adversidades, el Plan Kerry se basa en tres ejes (económico, seguridad y político) con propuestas concretas en cada caso. Con respecto al primero, al económico, expuesto por Kerry durante la sesión de clausura del Foro Económico Mundial para Oriente Medio y Norte de África celebrado en Amman el pasado mes de mayo, plantea la inversión de 4.000 millones de dólares para reactivar la economía palestina, impulsar el empleo, el comercio y el turismo en Cisjordania (se excluye a Gaza mientras se halle bajo el control de Hamas y el apoyo financiero de Irán), evitaría la bancarrota económica de la ANP. Tan importante inyección económica sería aportada por una serie de países bajo la coordinación de Tony Blair. En esta misma línea, un grupo de inversores israelíes y palestinos han lanzado recientemente la iniciativa “Superando el impasse” con objeto de lograr la necesaria reactivación de la economía palestina tras la reanudación de las conversaciones de paz.

     Pero junto a esta propuesta económica, las negociaciones requieren abordar el problema de la seguridad, una obsesión permanente para Israel, y, sobre todo, las cuestiones políticas fundamentales  que están en la raíz del conflicto. De este modo, la “paz económica” pretende ser un impulso para avanzar hacia una solución política que aborde las referidas cuestiones de fondo sin las cuales no será posible lograr una paz justa para ambas partes.

     Partiendo de la idea de que la única solución viable es la existencia de dos Estados (Palestina e Israel), las conversaciones de paz que ahora se inician, que se prevén discretas y prolongadas, han de abordar el tema de la delimitación de las fronteras, las cuales deben de ser aceptadas por ambas partes y reconocidas internacionalmente.  En este sentido, se ha vuelto a poner sobre la mesa la Iniciativa de Paz de la Liga Árabe de 2002 que plantea la devolución por parte de Israel de todos los territorios ganados en la guerra de 1967 (Cisjordania, Jerusalem Este y el Golán) y la aceptación de las fronteras de la línea de armisticio previa a dicha guerra como base sobre la cual acordar intercambios menores. Su delimitación definitiva, en caso de acuerdo, habría que ratificarlo por sendos plebiscitos  por parte de la ciudadanía de Palestina e Israel. Como recordaba recientemente la Liga Árabe, de ser aceptada esta propuesta, 22 países árabes y 35 naciones musulmanas firmarían la paz con el Estado hebreo, lo cual cimentaría la paz en el cada vez más convulso mapa de Oriente Medio.

     Otras cuestiones esenciales son la paralización definitiva de la construcción de asentamientos judíos en Cisjordania, la excarcelación de presos palestinos, la vuelta de los refugiados, sin olvidar otros temas espinosos como la cuestión de Jerusalem Este que, pese a la oposición frontal de la derecha israelí, en un futuro deberá ser la capital del futuro Estado Palestino. Como recordaba Tzipi Livni, ministra de Justicia de Israel y máxima representante de su gobierno en las negociaciones, el logro de la ansiada paz implicará “dolorosas concesiones” para Israel, pero ésta es la única vía para superar este secular conflicto respondiendo a las justas demandas del pueblo palestino y, también, para garantizar la continuidad de Israel como un Estado judío y democrático.

     El reinicio del proceso de paz, frente a tanta tensión, puede ser una esperanza, una esperanza que todos necesitan: Mahmud Abbas y la ANP porque precisan ofrecer mejoras y avances tangibles a la población palestina frente a la intransigencia islamista de Hamas y, también para Israel porque, como reconocía Netanyahu, estas negociaciones resultan de un interés “vital y estratégico”, especialmente tras el incremento de la tensión con Irán y la desestabilización creciente en Siria, Egipto y, posiblemente también en el Líbano, todo un coctel explosivo en Oriente Medio. Como señalaba John Kerry, de lo que suceda en estas negociaciones, “dependerá lo que ocurra en las próximas décadas” ya que,  advertía, “se nos está acabando el tiempo” para abrir paso a la paz pues el fracaso de este proceso mantendría candente un “conflicto perpetuo” que seguiría alentando el odio y la violencia entre dos pueblos, el judío y el palestino, que comparten una misma tierra, una tierra regada con demasiada sangre inocente. Y eso es lo que hay que evitar.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 29 julio 2013)