EL MOVIMIENTO OBRERO EN ARAGÓN (4). EL FINAL DE LA MONARQUÍA Y LA LLEGADA DE LA SEGUNDA REPÚBLICA (1923-1931)

         

 El golpe de estado del general Miguel Primo de Rivera (13 septiembre 1923) puso fin a la legalidad constitucional de la Restauración y, el apoyo dado por Alfonso XIII a la dictadura primorriverista supuso el descrédito definitivo del rey y fue preludio de su caída y de la posterior proclamación de la II República.

 

Ante el golpe militar de 1923, Francisco Largo Caballero, secretario general de UGT desde 1918, definió la posición del sindicato socialista como “de completa neutralidad”, añadiendo, “siempre que, no importa con qué formas e instituciones, se mantuvieran las conquistas sociales, se permitiera negociarlas y se asegurara la existencia, reconocimiento, consolidación e identidad de la organización obrera”. Por su parte, la UGT zaragozana, contraria a todo acto golpista, manifestó no sentir ningún “vínculo de solidaridad ni de simpatía” por defender un sistema político oligárquico en el cual no creía y al cual nada debía el movimiento obrero.

 

Pese a lo dicho, mientras la CNT era ilegalizada (mayo, 1924), la UGT se adaptó a la dictadura primorriverista, tema ciertamente polémico, en lo que dio en llamarse “vía corporativa al socialismo”. Sin la competencia de la central anarquista, la UGT quedó libre para intentar alcanzar la hegemonía entre los trabajadores como único sindicato obrero permitido. Pese a esta situación de ventaja, el crecimiento de la UGT en Aragón siguió siendo lento: 1.198 afiliados en 1922, que en el año 1928 habían ascendido a sólo 3.671 ugetistas aragoneses. Fueron unos años en los que la UGT defendió un sindicalismo moderado y reformista por medio de los comités paritarios (creados en 1927), desarrollando igualmente una destacable actividad cultural: en la Casa del Pueblo de Zaragoza se organizaron unos ciclos de conferencias anuales que se convirtieron en un foro de encuentro entre los trabajadores socialistas y los sectores de la burguesía ilustrada y reformista.

 

A partir de 1928, la UGT se fue distanciando de la dictadura primorriverista y, junto con el PSOE, se orientaron hacia un cambio político de signo republicano. En este contexto, el socialismo aragonés, que siempre había tenido una endémica debilidad orgánica, va a experimentar un importante auge. En 1928-1929 tuvieron lugar los viajes propagandísticos de Largo Caballero a Aragón, razón por la cual el socialismo arraigó con fuerza en diversas zonas y, de forma especial, en la comarca de Cinco Villas. Por otra parte, en Teruel se establece el PSOE y la UGT en 1929 bajo el liderazgo de los catedráticos Juan Sapiña y Pedro Díez Pérez y Pascual Noguera, dirigente campesino de la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT-UGT). Al año siguiente, en 1930, van a empezar a publicarse los dos semanarios emblemáticos del socialismo aragonés: el turolense “Adelante”, cuyo primer número lleva fecha del 22 de febrero, y el zaragozano “Vida Nueva”  que apareció el 4 de mayo de 1930.

 

El auge del socialismo aragonés era evidente en la fase final de la dictadura primorriverista y, por ello, “Vida Nueva”, refiriéndose a la situación de la UGT a la altura de 1930, ya en vísperas de la proclamación de la II República, alude al mismo como “año de eclosión sindicalista”. A través de las páginas del órgano del socialismo zaragozano, se ofrecen datos concretos que avalan la afirmación anterior: en la capital aragonesa se constituyeron más de 30 sociedades obreras ugetistas, en 24 pueblos de la provincia (la mitad de ellos en las Cinco Villas), surgieron otras tantas Sociedades Obreras adscritas a la UGT. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Huesca, en Jaca, Ansó o Biscarrués. Por lo que se refiere a la provincia de Teruel, se evidenció una gran pujanza de las organizaciones socialistas ya que, en marzo de 1930, la UGT contaba con 2.178 afiliados distribuidos así: Teruel-capital (467, mayoritariamente vinculados a la FTT); el Sindicato Nacional Minero ugetista estaba fuertemente implantado en Ojos Negros (862) y Montalbán (512), siendo también destacable la militancia ugetista en Albalate del Arzobispo (250) y La Puebla de Valverde (87).

 

Sustituido Primo de Rivera por la “dictablanda” del general Berenguer y fracasada la sublevación de Jaca (12 diciembre 1930) que tenía que ser el preludio del cambio republicano, se desató una ola represiva hacia las organizaciones socialistas implicadas en el movimiento insurreccional, siendo detenidos los principales dirigentes de la UGT y el PSOE, entre ellos, Bernardo Aladrén (secretario provincial de la UGT de Zaragoza), así como numerosos militantes, además de suspender gubernativamente la publicación de “Vida Nueva”.

 

Poco después, el almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. La victoria de la coalición formada por republicanos y socialistas, apoyada “decididamente” por la UGT, supuso la proclamación de la II República Española el 14 de abril de 1931. En el caso de la ciudad de Zaragoza, donde el 70,3 % de los votantes apoyaron el cambio político, de los 47 concejales de su ayuntamiento, 32 eran republicanos y, de ellos, 6 militaban en el PSOE y la UGT: Bernardo Aladrén (que sería 2º teniente-alcalde de la nueva corporación), Bernardo Rubio, Luís Viesca, Eduardo Castillo, Antonio Ruiz y Mariano Sierra. De igual modo, muchos pueblos de las Cinco Villas estrenaron alcaldes socialistas (como Antonio Plano, en Uncastillo). Como balance, el PSOE logró 201 concejales en la provincia de Zaragoza, 76 en la de Teruel y tan sólo 15 en la de Huesca. Especialmente destacable es el caso de la ciudad de Teruel en la que, de 19 concejales que formaban la corporación, 10 eran republicanos y, de ellos, 4 militaban en el PSOE-UGT.

 

Va a ser a partir de la llegada entusiasta de la II República cuando se intente llevar a cabo un ambicioso proyecto de democratización y modernización de España, un anhelo que, desde el primer momento, contó con la frontal oposición de las fuerzas conservadoras y reaccionarias. La destrucción de la democracia republicana condujo,  lamentablemente, a una dramática guerra civil, cuyas heridas no se cerrarán con justicia hasta que las víctimas de la dictadura franquista no logren la completa reparación moral, política y jurídica que merecen.

 

  José Ramón Villanueva Herrero

 (La Voz Sindical, nº 108, Zaragoza, enero 2009)

 

 

 

LA CRISIS GLOBAL Y LA TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN

         

 

     Días atrás, el teólogo progresista y exjesuíta José María Castillo publicaba un artículo en el cual, bajo el título de "La crisis: el silencio de la Iglesia", denunciaba lo que estaba siendo un clamoroso silencio de la jerarquía eclesiástica ante una cuestión que preocupa a tantas personas de tantos países cual es las consecuencias económicas y sociales de la crisis global que padecemos.

     Si bien es cierto que el pasado día 3 de diciembre, Benedicto XVI, aprovechando una audiencia papal a los representantes de un banco italiano señaló que "uno de los objetivos primarios de los bancos es la solidaridad hacia las clases más débiles y el apoyo a la actividad productiva", lo cierto es que apenas ha habido posicionamientos claros de la jerarquía católica, que tan rotunda se manifiesta ante otros temas como el aborto, la eutanasia, el divorcio, la homosexualidad, los anticonceptivos o la asignatura de Educación para la Ciudadanía. De hecho, como señala Castillo, "la gente no tiene ni idea de lo que piensan los obispos" sobre la crisis del sistema financiero, la quiebra de los bancos, la subida de los precios, el paro, las hipotecas basura o la codicia desmedida que está en la raíz de la crisis, una crisis "tan profunda, tan oscura y tan grave", como la define Castillo.

     Frente al conformismo de la jerarquía, incapaz de llevar a cabo "la misión profética que tiene que ejercer en defensa de los pobres y las personas peor tratadas por la vida y por los poderosos de este mundo", se halla la actitud de la Teología de la Liberación la cual mantiene una clara actitud de denuncia ante los responsables de esta "economía canalla" (como la definió Loretta Napoleoni) que está arruinando el mundo.

     Una de estas voces proféticas y de denuncia es la del teólogo brasileño Leonardo Boff, el cual abandonó la Orden Franciscana en 1992 después de constantes enfrentamientos con el Vaticano y, especialmente con el entonces cardenal Ratzinger. En un brillante artículo titulado "Crisis de Humanidad", Boff nos ofrece unas reflexiones de interés. Comienza señalando que la crisis económico-financiera ("previsible e inevitable"), remite a una crisis más profunda, a una crisis de valores, "de humanidad". Su origen reciente lo sitúa en las políticas impulsadas por Margaret Tatcher y Ronald Reagan que supusieron una absoluta carencia de valores humanos en el proyecto neoliberal y en la economía (desbocada) de mercado que ellos impusieron. Acto seguido, Boff denuncia la codicia de "los gigantes de Wall Street" los cuales, sin regulación alguna, carecen de ética y manejan sin ningún escrúpulo informaciones anticipadas ("insider informations"), las manipulan, divulgan rumores en los mercados, los inducen a "falsas apuestas" obteniendo con todas estas maniobras especulativas grandes lucros, tal y como recientemente se ha puesto de manifiesto con la monumental estafa de Bernard Madoff. Consecuentemente, el reproche moral de Boff frente a las maniobras financieras de este neoliberalismo sin escrúpulos es obvio puesto que, como señala, la confianza y la verdad resultan "sacrificados sistemáticamente en función del beneficio de los especuladores". Se trata, pues, de un sistema económico-financiero que califica de "falso y perverso" y, por ello, tenía que derrumbarse un día u otro…y eso es lo que ha ocurrido. Un dato resulta revelador: mientras el capital financiero-especulativo de los EE.UU. en el último año se estima en 167 billones de dólares, el capital real generado en procesos productivos fue de tan sólo 48 billones de dólares.

     La salida a la crisis tiene que basarse en los valores de la ética y la justicia. Es por ello que Boff critica el modelo americano que, hasta el presente, se ha limitado a "injertar mucho dinero en los ganadores para que la lógica continuase funcionando sin pagar nada por sus errores". Por el contrario, y a modo de aviso a navegantes, Boff opta claramente por el modelo europeo, un modelo basado en políticas socialdemócratas que han construido el llamado "Estado de Bienestar". Es precisamente por ello por lo que el papel del Estado, y no del mercado, debe ser determinante para hacer frente a la crisis. Así nos lo advierte Boff:

"los europeos, recordando los vestigios que han quedado del humanismo de las Luces, han tenido más sabiduría. Denunciaron la falsedad, pusieron en el campo del Estado como instancia salvadora y reguladora, y en general como actor económico directo en la construcción, en la infraestructura y en los campos sensibles de la economía. Ahora no se trata de reflotar el neoliberalismo sino de inaugurar otra arquitectura económica sobre bases no ficticias. Esto quiere decir que la economía debe ser un capítulo de la política (la tesis clásica de Marx), no al servicio de la especulación sino de la producción, y de la adecuada acumulación. Y la política deberá regirse por criterios éticos de transparencia, de equidad, de justa medida, de control democrático y dando especial cuidado a las condiciones ecológicas que permiten la continuidad del proyecto planetario humano".

     Estas consideraciones de Boff, tan ciertas como contundentes, que, además de teólogo, ha estado implicado siempre en movimientos sociales como las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) o el Movimiento de los Sin Tierra (MST) brasileño, son de absoluta actualidad. Estas ideas, aplicadas al caso de España me inducen a una reflexión: nuestra economía, definida constitucionalmente como "social y de mercado", en estos momentos en que el "mercado" y las reglas que lo condicionan se hallan cuestionadas, es cuando el adjetivo "social" debe ganar un protagonismo y un liderazgo político en aras a la defensa de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Es ahora cuando el Estado, esto es, la política, debería redefinir un nuevo modelo económico que haga frente a la codicia de un mercado desregulado, responsable de conducirnos a una crisis global como la que estamos padeciendo. Para ello, es imprescindible reactivar la economía mediante el impulso del gasto público, la inversión en infraestructuras, en educación, en sanidad y en políticas sociales, aunque ello suponga un endeudamiento del Estado puesto que el mito del "déficit cero" en tiempos de crisis no sirve para reactivar la economía ni tampoco para paliar los efectos sociales que ha generado esta "economía canalla", esta crisis global. Ciertamente, estas propuestas van a suponer todo un reto para los partidos socialdemócratas y para los valores que ha defendido históricamente el socialismo democrático.

 

(Diario de Teruel, 21 diciembre 2008)

LA AMNESIA SELECTIVA DE ROUCO

         

En un momento en que el debate de la memoria histórica está de plena actualidad, en medio de las pugnas jurídicas y el debate político y social que ha generado en la sociedad española, ha entrado también en escena la jerarquía eclesiástica con unas declaraciones lamentables. El pasado 24 de noviembre, el cardenal Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal Española, se opuso con una actitud tan cínica como hipócrita, a la necesaria recuperación de la memoria y la dignidad de las víctimas del franquismo al señalar que, “a veces, es necesario saber olvidar” en lo que él denomina, haciendo gala de una doble moral, de “una auténtica y sana purificación de la memoria”.

Debe quedar claro que, bajo ningún concepto, resulta aceptable que la Iglesia, que nunca aceptó la República laica de 1931, que apoyó con entusiasmo la sublevación fascista, que sacralizó el golpe militar calificándolo de “Cruzada”, que legitimó la dictadura franquista, que silenció sus crímenes, que tantos privilegios obtuvo del régimen y que nunca ha tenido la valentía de pedir perdón  por su responsabilidad y connivencia con la represión desatada durante cuatro décadas por el franquismo, nos pida a todos los ciudadanos, creyentes o no, que olvidemos nuestra memoria histórica reciente. Esto no es sino una amnesia selectiva ya que, mientras Rouco nos pide el olvido para las víctimas republicanas, la Iglesia sigue promoviendo procesos de beatificación de las víctimas de la persecución religiosa, ciertamente abominable, desatada como consecuencia del golpe fascista de julio de 1936. Pero, también en esto la Iglesia tiene una memoria selectiva pues nunca ha honrado a los sacerdotes nacionalistas vascos o a los dirigentes de Unió Democrática de Catalunya, católicos todos ellos…pero asesinados por los franquistas por sus convicciones democráticas, nacionalistas y por haberse opuesto a la sublevación militar. Rouco nos pide un olvido de la memoria, pero miles de iglesias españolas siguen teniendo en sus fachadas, como recuerdo permanente e hiriente de la contienda, las lápidas de “Caídos por Dios y por España”.pese a lo dispuesto en la nueva Ley de la Memoria Histórica.

Por todo ello, bueno sería que Rouco y el resto de la jerarquía católica leyese el sobrecogedor Sumario 53/2008E del juez Garzón del pasado 18 de noviembre. A lo largo de sus 152 páginas, una muy fundada argumentación jurídica y un denso acopio de jurisprudencia, ponen de manifiesto el carácter de “crímenes contra la humanidad” cometidos por el franquismo, los cuales no sólo nunca fueron denunciados por la Iglesia, sino que, en ocasiones, tuvo una colaboración activa y directa en algunos de estos delitos.

Una parte destacada del Sumario 53/2008E está dedicada a “los niños perdidos del franquismo”, esto es, a la “sustracción o eliminación de custodia sobre los hijos de las madres republicanas”, proceso en el cual determinadas instituciones eclesiásticas tuvieron un papel destacado. Hay que recordar que la Declaración de Condena de la Dictadura Franquista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa del 17 de marzo de 2006, dedicó varios puntos a esta cuestión, señalando que, “varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a Instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como “inadecuada” para su formación” (Punto 73).

Igualmente, se ofrecen datos sobre el secuestro de niños de familias republicanas por parte del Servicio Exterior de Falange en diversos países europeos; sobre el funcionamiento de la Prisión de Madres Lactantes, donde los hijos de presas republicanas eran separados de éstas, en muchas ocasiones de forma definitiva, cuando los niños cumplían los 3 años; sobre la desaparición en 1944 de un centenar de niños en la prisión vizcaína de Saturrarán, arrrancados de sus madres por parte de los funcionarios y las religiosas allí destinadas. Se alude a la numerosa normativa “legal” del régimen sobre la “tutela” de niños republicanos, cuyo número se cifra en 12.042 a la altura de 1944 (7.538 de ellos internados en centros religiosos) que llegaron a ser 30.960 en la década 1944-1954, dependiendo del Patronato San Pablo, adscrito al Ministerio de Justicia. Muchos de ellos fueron entregados en adopción y nunca se devolvieron a sus verdaderos padres. El Sumario de Garzón, nos ofrece también datos sobre cómo determinados sacerdotes, como fue el caso de Juan A. Gordio, capellán de la Casa Cuna Provincial de Sevilla, alteraban los datos de las partidas de nacimiento de niños de familias republicanas para que pudieran ser adoptados por familias adictas al régimen. Se llega a aludir a casos de apropiación de niños en el mismo momento del parto, tal y como refleja el testimonio de Emilia Girón: “lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron…tú estás pariendo, viene un matrimonio que no tiene hijos y quiere reconocerlo, te lo quitan y lo llevan y nada más” (p. 64).

Dramáticos resultan los testimonios recogidos por Fr. Gumersindo de Estella, capellán en la prisión zaragozana de Torrero referentes a la “sustracción de hijos de mujeres presas por religiosas, sin autorización de las madres”, o el caso de las presas embarazadas como consecuencia de violaciones a las que, como señala Garzón, “se mantenía con vida hasta el alumbramiento e inmediatamente después eran ejecutadas. Los hijos eran entregados a centros religiosos o del Estado a pesar de que las madres, antes de morir, se habían negado explícitamente a ello” (p. 65).

En todos estos hechos criminales, en la sustracción de niños, en la falsificación de partidas de nacimiento y bautismo, tiene una profunda responsabilidad la Iglesia de la posguerra. Por ello, miles de niños fueron separados de forma dramática de sus padres y se criaron en familias adoptivas, al igual que ocurrió en la dictadura argentina de los años 70. Por todo ello, el texto de Garzón interpela a nuestras conciencias al señalar que, “olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito y ello, además de injusto, sería cruel para las víctimas y contrario a los más elementales derechos humanos” (p. 74).

Por todo ello, si Rouco leyese en su integridad el Sumario 53/2008E, tal vez se estremeciese su habitual hieratismo y, superando su patológica amnesia interesada, empezase a reconocer y pedir perdón por el papel desempeñado por la Iglesia en la represión franquista. Y es que tanto dolor y tantas víctimas, muchas de ellas todavía yacentes en fosas comunes, no se supera con el olvido intencionado y cómplice que Rouco predica, sino con información, verdad, reparación y educación ciudadana para las nuevas generaciones. Esta si que sería una actitud verdaderamente cristiana pues, como nos recuerda Jesús de Nazaret, “la verdad os hará libres”, que, en este caso, supondría una auténtica liberación del sufrimiento y el dolor, de odios y rencores acumulados durante décadas y que ha llegado el momento de superar, no desde el olvido, sino desde la memoria, la verdad y la dignidad para con las víctimas, con todas las víctimas. Y esta si que es, cardenal Rouco, y no la suya, una actitud verdaderamente evangélica.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(La Comarca, 2 diciembre 2008 ; Diario de Teruel, 7 diciembre 2008)

 

 

 

 

 

UNA NUEVA TRAGEDIA EN EL CONGO

     En estos días estamos asistiendo a un nuevo conflicto armado en la ensangrentada tierra de la República Democrática del Congo (RDC). Por ello, los combates entre las guerrillas rebeldes del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) liderados por Laurent Nkunda y las tropas gubernamentales del presidente Joseph Kabila, están produciendo un nuevo éxodo de refugiados desde la región del Kivu, el cual dadas las precarias condiciones en que se está desarrollando, puede ocasionar una auténtica catásfrofe humanitaria.

     La aparente causa de este conflicto, que ha alineado a la vecina Ruanda junto a los rebeldes del CNDP, es que dicho país acusa al gobierno de la RDC de permitir la presencia en su territorio de grupos armados hutus responsables del genocidio ocurrido en 1994. Sin embargo, esa causa, sólo aparente, oculta los importantes intereses que se mueven en la esfera internacional para controlar la rica región del Kivu, con inmensas reservas en recursos mineros.

     Tal vez, dado que en nuestro mundo occidental estamos ahora muy preocupados por los zarpazos de la crisis financiera y económica internacional, nos hemos olvidado, una vez más, de esta nueva tragedia que sacude al continente africano. Es por ello que la lectura del comunicado hecho público el pasado día 29 de octubre por la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra « Umoya », resulta de sumo interés.

     En primer lugar, el referido comunicado, que lleva el título de « ¿A quién beneficia la nueva guerra del Congo ? » nos ofrece algunas claves para comprender este conflicto. Recordemos que, tras la caída de la corrupta dictadura de de Mobutu Sese Seko (1997), se estableció la RDC bajo la presidencia de Laurent-Désiré Kabila. Tras el asesinato de éste en el año 2001, le sucedió en la presidencia congoleña su hijo Joseph Kabila, quien revalidó su cargo en las elecciones presidenciales del 2006, calificadas de « libres, democráticas y transparentes ». Sin embargo, ha tenido que hacer frente a la violencia y la inestabilidad política de las provincias del este del Congo (Kivu-Norte y Kivu-Sur), una zona « sumida por décadas en la pobreza y la inseguridad », una inestabilidad alentadada por el CNDP de Nkunda, que cuenta con el apoyo de la vecina Ruanda.

     Lo preocupante es que Nkunda y, por extensión Ruanda, están siendo utilizados por los los EE.UU., Reino Unido, Bélgica y Holanda, interesados como están en controlar las reservas minerales de la región del Kivu (coltán, casiterita, diamantes, wolframita, etc), los cuales salen en camiones y helicópteros (vía Ruanda) y terminan en las manos de las empresas multinacionales.

     El conflicto en Kivu se ha agravado en estos últimos días como consecuencia de la intervención directa del ejército ruandés, el cual ha llegado hasta las puertas de la ciudad de Goma, capital de Kivu-Norte. La agresión ruandesa, denunciada por la RDC ante la ONU y ante la Asociación de Países del Cono Sur Africano (SADC), no ha detenido los planes expansionistas de Ruanda: bien al contrario, si se produjera una nueva ofensiva militar ruandesa, existe el serio riesgo de que ésta tuviese « devastadoras consecuencias » para la población civil.

     A la complicada situación militar y humanitaria, se une el hecho, no conocido por la opinión pública occidental, de las numerosas denuncias dirigidas hacia la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en el Congo (MONUC) de incumplir la misión de paz que le estaba encomendada. De hecho, esta fuerza de 17.000 « cascos azules » desplegados en la zona, ha sido objeto de graves acusaciones como las de trasladar soldados ruandeses en sus helicópteros, entregarles uniformes de la MONUC, permitir el paso de la frontera a tropas ruandesas y trasladarlos a donde están las guerrillas de Nkunda, de permanecer inactivos cuando ataca el CNDP o de no dar apoyo al ejército gubernamental cuando éste más lo necesita. Por todo ello, la población congoleña acusa a la MONUC de « apoyar al enemigo » y, consecuentemente, piden su salida de la RDC y su sustitución por una « fuerza europea de disuasión » o, al menos, por « una fuerza policial compuesta de observadores neutrales».

     Tal vez esta situación explicaría, como apunta el comunicado, la dimisión (aunque se alegaron motivos personales) del jefe de la MONUC, el general español Vicente Díaz de Villegas tras permanecer apenas dos meses en el cargo, al constatar « la incapacidad o falta de voluntad política de la MONUC para cumplir su mandato originario en el Kivu ».

     Esta nueva guerra de agresión y saqueo, que está asolando el este de la RDC, en el fondo, responde a los intereses políticos y económicos de los EE.UU., dada su intención de controlar los importantes recursos mineros del Kivu. El comunicado interpela a nuestras conciencias al denunciar el desinterés de los países de Occidente por esta nueva tragedia que padece África al señalar que « lo que les ocurra a más de un millón de refugiados que ya se agolpan sin medios para sobrevivir les parece « lamentable », pero siguen apoyando o no ponen obstáculos a Ruanda en su afán por anexionarse esa riquísima zona del Congo. ¿Qué le está pasando a la Comunidad Internacional ? ¿Cuántos muertos más serán necesarios para que actúe ? ». Una pregunta ética que requiere una respuesta inmediata de las democracias occidentales.

 

     (Diario de Teruel, 9 noviembre 2008)

 

 

 

LA SUPUESTA CONSPIRACIÓN

          En la agitada historia de nuestro siglo XIX, España vivió un breve tiempo de libertad durante el llamado “Trienio Liberal” (1820-1823). Éste, iniciado tras el levantamiento del general Rafael de Riego contra la monarquía absoluta de Fernando VII, intentó llevar a cabo una profunda transformación política, económica y social de España: se restableció la Constitución liberal de 1812, se limitó el poder real, se llevaron a cabo reformas fiscales y territoriales, se inició la desamortización de los bienes eclesiásticos, se estableció la libertad de imprenta y se creó la Guardia Nacional como garante de las conquistas del liberalismo.

En este contexto, entre las reformas liberales y la abierta oposición de la monarquía, el clero, la nobleza y las oligarquías locales, tuvieron también lugar los primeros signos de actividad del incipiente republicanismo hispano. No obstante, como señala Demetrio Castro, el adjetivo “republicano” era, “en buena medida abusivo, porque no puede hablarse en puridad de organización política por aquel entonces ni tan siquiera de un corpus ideológico articulado”. Pese a ello, tuvieron lugar las “conmociones” de 1821 que se registraron en diversos lugares de España y que más tarde los republicanos harían suyas como las ocurridas en Málaga (enero), Barcelona (julio), Zaragoza (septiembre) y Alcañiz (octubre).

Lo cierto, y en ello coinciden la mayoría de los historiadores, es que estas supuestas conspiraciones “republicanas” tenían su origen en los bulos (las “auditonadas”) propalados tendenciosamente por los absolutistas (o “serviles”) para perturbar, inquietar y desestabilizar a las instituciones liberales evocando, de paso, los excesos de la República jacobina francesa. Se pretendía así asociar en la opinión popular el sistema liberal con el desorden, el caos y la “degollina” y, consecuentemente, presentar a la República como sinónimo de anarquía y no como una forma de Estado y un sistema de gobierno alternativo a la monarquía. Como vemos, esta idea tendría un largo eco en el pensamiento tanto de la derecha conservadora como del fascismo español.

Como ejemplo de todo ello, veamos un caso concreto: los sucesos de Alcañiz de octubre de 1821. Se trata de un oscuro motín que, en su origen, fue calificado como de signo “republicano” y, sin embargo, todos los autores que aluden a estos sucesos (García Ruiz, E. Vera y González, Gil Novales o Pedro Rújula), consideran que sus instigadores fueron los “realistas”, los partidarios de la monarquía absoluta. Por su parte, Estanislao de Kotska, señala que, “pretestando (sic) los absolutistas los planes de república soñados por unos cuantos mentecatos, se atrevían a vejar en Alcañiz a las autoridades”, y desarmar “violentamente” a la Guardia Nacional. Lo que parece claro es que el motín de Alcañiz no puede (todavía) calificarse como “republicano” no sólo por la evidente ausencia de una base activa republicana en tan temprana fecha en la capital bajoaragonesa, sino porque la realidad de los hechos parece situarla en la esfera de una estrategia desestabilizadora de los realistas locales. De hecho, el domingo 14 de octubre de 1821, grupos de realistas atacaron a la Guardia Nacional en la Plaza de la Constitución; posteriormente, una multitud se dirigió a las casas de los liberales, saqueándolas en busca de pruebas de una supuesta conspiración “republicana”, situación que fue “consentida” por el Ayuntamiento y que se prolongó durante varios días hasta que llegaron fuerzas del Ejército procedentes de Zaragoza.

Los sucesos de Alcañiz, calificados por Rújula como “movimiento insurreccional de importantes dimensiones” fueron recogidos en la prensa nacional: la Gaceta de Madrid, en su número del 31 de octubre, señalaba cómo algunos periódicos se hicieron eco  de “varios desórdenes ocurridos últimamente en Alcañiz”. A lo largo del texto de la Gaceta, es curioso observar cómo, desde posiciones afines al liberalismo oficialista, se ataca la supuesta orientación “republicana” con algunos de los tópicos que, más tarde, empleará la derecha reaccionaria. De este modo, se señala que dichos “desórdenes” pueden “sumirnos de nuevo en la profundidad del caos”, se contrapone “el grito de las pasiones” a la “razón” y la “justicia”, o que, frente a la “felicidad general” representada por el liberalismo, se contrapone el “desorden” y la “anarquía” republicana. Acto seguido, la Gaceta arremete contra los supuestos republicanos instigadores de los sucesos de Alcañiz, contra la “siniestra y equivocada idea” de “algunos hombres alucinados” que se hallan inspirados por lo que la Gaceta no duda en calificar como “horroroso ejemplo de la revolución de Francia”.

En cuanto a los motivos, pese a la realidad de los hechos, parece no tener dudas sobre el carácter republicano de estos sucesos para, acto seguido, descalificar de plano los ideales republicanos: “Una república soñada, un miserable pretexto: y decimos pretexto, porque en Alcañiz, aún más que en otro cualquier  pueblo de la Península, se debe tener por imposible el que haya pensado nadie en semejante despropósito. Sin embargo, la opinión se había extraviado horrorosamente. Y esta opinión extraviada extravió todavía más la sensatez de aquel pueblo”. Una vez más, se emplea la recurrente idea del buen pueblo manipulado por los malvados propósitos de un grupo de conspiradores (republicanos). Por ello, a la hora de buscar al culpable de estos sucesos violentos, se exime al pueblo llano de Alcañiz y, por el contrario, se carga toda la responsabilidad en “los que lo sedujeron, los que lo extraviaron de un modo tan feroz”, razón por la que añade: “es verdad que no se dirigieron [los amotinados] contra las autoridades, sino contra los soñados republicanos; pero sin embargo la autoridad fue desobedecida, la libertad ultrajada, y los imprescriptibles derechos del ciudadano bárbaramente atropellados”.

Ciertamente no hubo “conspiración republicana” en Alcañiz en octubre de 1821, sólo un rumor reaccionario empleado como arma política. En cambio, lo que si hubo a partir de estas fechas fue una creciente agitación realista contra el liberalismo constitucional y, por ello,  Joaquín Capapé, “el Royo de Alcañiz”, será uno de los primeros en levantar partidas armadas. En poco tiempo, nada quedó de aquellos confusos sucesos de una supuesta conspiración republicana en Alcañiz, una zona en la cual se sufrirá durante largos años el embate de la reacción, ahora agrupada bajo las banderas del carlismo, durante buena parte de nuestro agitado siglo XIX.

 

(Diario de Teruel, 31 octubre 2008)

 

 

ERICH FROMM Y LA UTOPÍA HUMANISTA

         

Asistimos a un tiempo sembrado de incertidumbres y pesimismo propiciado por una crisis económica de consecuencias imprevisibles. Se trata de una crisis propia de un sistema capitalista desbocado, carente de principios éticos y regido por une egoísmo y afán de lucro insaciable.

Releyendo estos días a Erich Fromm, psicólogo social que sintetizó con lucidez el método psicoanalista de Freud y el análisis marxista, resultan de candente actualidad sus opiniones sobre la sociedad de consumo a la que fustigó con dureza dadas las negativas consecuencias que ésta genera en el hombre contemporáneo. En su libro “¿Tener o ser?” (1976) reivindica con pasión el valor del “ser” persona por encima del mero afán de “tener” a que nos aboca la sociedad de consumo y que nos aleja de la auténtica felicidad ya que, como señala Fromm,  “tener mucho no produce bienestar” o, como recuerdo decía una canción de Joaquín Sabina, había un hombre que “era tan pobre que no tenía más que dinero”.

No es casual que Fromm inicie su libro analizando lo que él denomina “el fin de una ilusión”, esto es, “la Gran Promesa de un Progreso Ilimitado” que, convertida en la “nueva religión” de nuestro tiempo, se basaba en ideas tales como el dominio de la naturaleza y la explotación ilimitada de sus recursos, la abundancia material, la felicidad social y la libertad personal sin límites ni amenazas. Pero, esta “ilusión”, surgida tras la revolución industrial, ha fracasado y Fromm nos apunta las causas: el consumismo no produce felicidad; no somos plenamente libres sino que nos hemos convertido en meros engranajes de una superestructura social que nos manipula; el progreso económico se ha limitado a las naciones ricas generándose un abismo creciente en relación a los países pobres y, finalmente, el progreso técnico ha generado peligros ecológicos y riesgos nucleares.

En consecuencia, ante una sociedad que ha sacralizado el “tener” en vez de los valores del “ser” personal y de la ética tanto personal como colectiva, dado que el capitalismo “separó la conducta económica de los valores humanos de la ética”, Fromm considera que resulta imprescindible reaccionar. Partidario de lo que él denomina “un socialismo humanista y democrático”, nos insta a retomar los valores que el materialismo ha ido arrumbando en nuestras conciencias para  construir una sociedad nueva más justa e igualitaria. Fromm, convertido en abanderado de la que él llama “protesta humanista” que, como ocurrió con el cristianismo primitivo, la Ilustración y el pensamiento marxista, intentó liberar al ser humano del egoísmo y la codicia, considera que sólo un cambio profundo de nuestra actitud vital puede salvarnos de lo que él define como “catástrofe psicológica y económica”.

Es por ello que en su obra nos ofrece un planteamiento de gran interés sobre cuales deberían de ser las características de la “Sociedad nueva” con la que sueña. El primer paso, y ello está en nuestra mano, debería de ser el orientar la producción en beneficio de un “consumo sano” contrapuesto al consumismo que él califica de “patológico”. Muy interesante resulta su defensa de las “huelgas de consumidores” las cuales considera como una poderosa palanca para introducir cambios en los sistemas productivos, llegando incluso a proponer una huelga de automovilistas en los EE.UU. para hacer frente a la subida de los carburantes y al poder económico de las multinacionales petroleras. En el fondo, aparte de la eficacia real que esta propuesta pudiera tener, lo que Fromm pretende es combatir el consumismo fomentando normas formas de “democracia genuina” (como lo es la organización de los consumidores) para hacer frente a lo que él denomina “fascismo tecnológico”. Bueno sería tener en cuenta estas ideas a la hora de exigir una regulación global de los mercados financieros internacionales, responsables en gran medida de la crisis que padecemos.

La defensa de una sociedad plenamente democrática y participativa le lleva también a reivindicar un ideal de la izquierda sindical un tanto olvidado últimamente cual es el de la “democracia industrial”, esto es, la participación de los trabajadores en la toma efectiva de decisiones en sus respectivas empresas. No podía olvidar, en esta misma línea, la necesidad de avanzar por el camino de una democracia política participativa basada en dos requisitos esenciales en la que los ciudadanos, para formarse una opinión fundada y libre, deben de contar con una información adecuada, esto es, libre de toda manipulación interesada y, a la vez, percibir que sus decisiones cuentan, tienen efecto en la sociedad en la que les ha tocado vivir. Defiende igualmente una “descentralización máxima” que fomente la participación activa en la vida política, así como la prohibición de todos los métodos de lavado de cerebro en la publicidad tanto industrial como política.

La Nueva Sociedad basada en los valores del humanismo no puede lograrse, nos recuerda Fromm, si no se elimina el creciente abismo entre naciones ricas y pobres, si no se introduce “un ingreso anual garantizado” que, convertido en derecho universal apoye a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, se logre la plena liberación de la mujer, o su muy novedosa propuesta de establecer un llamado Supremo Consejo Cultural encargado de aconsejar a gobiernos, políticos y ciudadanos “en todas las materias en que sea necesario el conocimiento”, idea tras la cual parece subyacer el ideal del papel reservado a los sabios en la República platónica.

Finalmente, la Nueva Sociedad debe fomentar el desarme nuclear y una investigación científica desvinculada, como nos recuerda Fromm, “de los intereses de la industria y de los militares”.

La Nueva Sociedad, como ideal utópico, como alternativa humanista frente al consumismo y la pérdida de valores, debe abrirse paso aún siendo conscientes de las muchas dificultades que se encontrará por delante: ahí están los intereses económicos de las empresas, la apatía e impotencia de amplios sectores de la población, los dirigentes políticos “inadecuados” y las latentes amenazas nucleares, ecológicas y climáticas. De hecho, Fromm ya apuntaba, con años de antelación, sobre los riesgos que la sobreexplotación de los recursos y el cambio climático suponen para el futuro de la Humanidad. Y es que, resulta imprescindible “una nueva ética, una nueva actitud ante la naturaleza, la solidaridad y la cooperación humanas” como base de una sociedad humanista.

Por todo ello, el mensaje final de Fromm, en estos tiempos de incertidumbre, desencanto y pesimismo, resulta más actual que nunca: “La creación de una nueva sociedad y de un nuevo Hombre sólo es posible si los antiguos estímulos de lucro, el poder y el intelecto son reemplazados por otros nuevos: ser, compartir, comprender; si el carácter mercantil es reemplazado por un nuevo espíritu radical y humanista”. Todo un reto, toda una utopía…necesaria.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(Diario de Teruel, 6 octubre 2008)

 

 

 

 

LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES Y EL GENOCIDIO NAZI

        El pasado 19 de junio, un grupo de supervivientes españoles del Holocausto nazi presentaba en la Audiencia Nacional una querella penal para solicitar a los Estados Unidos la entrega de cuatro criminales nazis para ser juzgados por los tribunales españoles bajo la acusación de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Esta querella, redactada por el Equipo Nizkor (palabra hebrea que significa “Recordemos”), un colectivo de juristas y especialistas en defensa de los derechos humanos, fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional y supone, de hecho, que España es el primer país del mundo en investigar crímenes nazis contra la humanidad desde los famosos juicios de Nüremberg de 1946. Este hecho histórico, importante avance a favor del ejercicio de la Justicia Universal contra los crímenes de genocidio y lesa humanidad, se concreta en la referida querella contra cuatro integrantes de la organización criminal SS-Totenkopf-Sturmbann (“El Batallón de la Calavera”) llamados Johan Leprich, Antón Tittjung, Josias Kumpf y John (Iwan) Demjamjuk, los cuales ejercieron su siniestra labor en los campos de exterminio nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flössenburg, en las que fueron asesinados varios miles de republicanos españoles.

Sin ser especialista en materia judicial, me ha resultado muy interesante la lectura del Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, del cual es titular el juez Ismael Moreno. En el mismo, se destaca la competencia de la Justicia española en este caso dado que se trata de delitos de genocidio y lesa humanidad previstos en los arts. 607 y 607 bis del Código Penal (CP) realizados mediante la práctica sistemática de torturas (arts. 173 y siguientes del CP). Estos delitos se fundamentan igualmente en el “principio de legalidad” aplicable a los delitos internacionales (Convenio sobre prevención y sanción del delito de genocidio de 1948 (ratificado por España en 1968), o el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (ratificado por España en 1977).

Amparado en el “principio de justicia universal” recogido en el art. 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se reconoce la jurisdicción universal para, entre otros, el delito de genocidio, con el único límite de “cosa juzgada”. Para ejercer la justicia universal, se argumenta jurídicamente que, “sin género de dudas”, el delito denunciado es un “genocidio”, así como que existan “indicios serios y razonables de la inactividad judicial” en el país en el que se cometieron estos delitos que vinieran a acreditar una falta, ya de voluntad, ya de capacidad, para la persecución efectiva de los crímenes. En este caso, tal y como señala el Auto del juez Ismael Moreno, “en modo alguno aparece que se hayan ejercitado las correspondientes acciones judiciales en el territorio donde los hechos se han producido”. Hay que señalar también que, como señala el Auto, tampoco puede considerarse un “ejercicio abusivo del derecho” como lo sería si en la querella existiese una “absoluta ajeneidad del asunto o por no acreditar los querellantes interés directo o relación con los hechos denunciados”, extremos éstos que, obviamente, no se dan en este caso.

Hay que tener también presente que la Corte Penal Internacional (CPI) vinculada a la ONU, resulta inoperante en este tema dado que no puede juzgar estos delitos, pues tiene competencia únicamente para los cometidos desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma la CPI (1998).

Consecuentemente, admitida a trámite la querella, reconocido el carácter de genocidio del delito y en base a la aplicación del principio de extraterritorialidad de la ley penal dada la existencia de víctimas españolas, se ha iniciado un proceso de dignidad y justicia: dignidad para las víctimas (a las que por vez primera se les reconoce la condición de tales), y de justicia para lo que supuso la barbarie nazi.

Esta querella, independientemente de su resultado final, supone un suceso procesal inédito en España cual es la investigación de los crímenes del nazismo, proceso que, en un comunicado conjunto fechado el 30 de junio, ha recibido el apoyo de más de 60 organizaciones de víctimas. De hecho, la querella significa un innegable reconocimiento jurídico para con las víctimas españolas del nazismo durante la II Guerra Mundial. Tal es así que, como señala dicho comunicado, “es un claro avance en el tratamiento jurídico de los crímenes graves ante la jurisdicción ordinaria y significa un signo de esperanza para todas las asociaciones que viene defendiendo la aplicación del derecho internacional para los crímenes que afectaron a ciudadanos españoles, tanto por parte del nacionalsocialismo, como del fascismo y del franquismo”. Por su parte, el comunicado critica la Ley de Memoria Histórica que declara “legales las leyes franquistas que consolidaron la exclusión legal de estas víctimas del sistema del derecho de gentes europeo” y aprovecha para recordar la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad así como su aplicación retroactiva con arreglo a la Decisión de la Sección Cuarta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de enero de 2006 y las resoluciones 3 y 95 de la Asamblea General de la ONU de 1946.

Por todo lo dicho, el comunicado concluye de forma rotunda y contundente: “No hay ninguna razón procesal, ni de fondo, para que el Estado Español no haga frente a sus obligaciones ante el derecho internacional y ante las víctimas españolas del régimen nazi y solicite la entrega formal a los EE.UU. de los criminales para ser puestos a disposición de la justicia”.

Tal vez, al final del proceso, se consiga, siquiera sea en parte, el deseo de David Moyano, uno de los querellantes y superviviente de Mauthausen: “antes de morir quiero ver cómo los tribunales hacen justicia con los españoles asesinados en el Holocausto”.

Una noble causa, un reto y un deber moral para las autoridades y la Justicia española, así como para el pleno desarrollo de una justicia universal que defienda con valentía los derechos humanos y persiga los crímenes de genocidio y lesa humanidad independientemente del lugar en el que éstos hayan sido cometidos.

 

 

 (La Comarca, 12 septiembre 2008 ; Diario de Teruel, 15 septiembre 2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MOVIMIENTO OBRERO EN ARAGÓN (III).

         

Matías Pastor, el principal organizador de la UGT  aragonesa (1889) y fundador de la Agrupación Socialista de Zaragoza (1891), fue también el responsable de la creación del primer Centro Obrero de la UGT en la capital aragonesa el 10 de enero de 1894. Este, tenía su sede en la Calle Agustina de Aragón, 42 y contaba con una Junta Directiva, paritaria por oficios (canteros, carpinteros, tipógrafos y sombrereros), todos ellos cuadros del PSOE local: Matías Pastor (presidente), Modesto López (vicepresidente) y Ricardo Aznar, Manuel Gargallo, Vicente Gómez, Tomás Sánchez, Emilio Romanos y Miguel Maimón.

Los socialistas zaragozanos siguieron siendo muy minoritarios: en su primera participación en las elecciones a Cortes de 1896, presentaron por Zaragoza a García Quejido, miembro del Comité Nacional de la UGT, el cual sólo obtuvo 105 votos. Pese a su endémica debilidad, en 1898 se produjo una cierta reorganización y renovación del socialismo zaragozano por medio de un nuevo Comité formado sobre todo por tipógrafos y en el que ya aparece Isidoro Achón, otra figura histórica del socialismo aragonés. La UGT, establecida en su nueva sede (C/ Mayor, 57), consiguió fundar nuevas sociedades obreras como las de Cordeleros, Pintores-Decoradores, Camareros de cafés y fondas, Fundidores-Moldeadores y Cocheros. Además, en 1899 surgió en Zaragoza la Federación Local de Sociedades Obreras (FLSO) en la que coexistían una mayoría de obreros anarquistas junto a un sector minoritario, socialista, vinculado a la UGT.

Iniciado el s. XX, la UGT aragonesa contaba con 427 afiliados en Zaragoza y 23 en Teruel, sin que consten datos relativos a la provincia de Huesca. Como señala Carlos Forcadell, en la primera década  del s. XX, los ugetistas contaban con una implantación minoritaria, casi testimonial, tanto entre los trabajadores aragoneses, como en el seno de la propia UGT como sindicato nacional. No obstante, van a ser los años en los cuales Isidoro Achón, junto a Matías Pastor, impulsaron el modelo sindical reformista y de gestión de la UGT, que apostaba por la utilización los medios legales mediante los cuales lograr mejoras progresivas para la clase trabajadora. Achón resumía así la acción política y sindical socialista: “los objetos del partido de clase son la defensa exclusiva de los intereses obreros, lograr una legislación protectora del trabajo basada en la jornada de 8 horas” y, también, esforzarse por “penetrar en municipios y diputaciones y Parlamento para exponer sus aspiraciones y presentar soluciones beneficiosas para los de abajo”, si bien todo ello subordinado a un horizonte final y lejano de “emancipación total o abolición de clases”.

Sin embargo, este modelo sindical “evolucionista” de UGT se oponía al sindicalismo autónomo, radical, asambleario y de acción directa predominante en la mayoría anarquista que controlaba la FLSO y el obrerismo zaragozano.

La implantación de la UGT en el resto de Aragón siguió siendo muy escasa y sólo existían sociedades obreras socialistas en Teruel, Escatrón, Pina, Aranda, Calatayud, Tarazona y Huesca. Por su parte, el PSOE, a la altura de 1902, sólo contaba con tres agrupaciones: la de Zaragoza-capital, y las de Calatayud y Aranda de Moncayo.

Cuando se funde la CNT en 1910, la mayoría de las sociedades obreras aragonesas ingresaron en la nueva central sindical libertaria, por lo cual la CNT será, desde este momento, hegemónica en el conjunto del proletariado aragonés. Ello hizo que, hasta 1916,  la UGT de Aragón no logró superar la barrera de los mil afiliados, contando concretamente con un total de 1.144 militantes. Al año siguiente (1917), se incorporó a UGT Ángel Lacort, que, procedente del anarquismo, sería posteriormente otro dirigente histórico del sindicato socialista zaragozano.

Cuando estalló la Huelga General Nacional de 1917, con una inflación del 71,42 %, los ugetistas se lanzaron a la misma con objeto de conseguir “aquellos cambios fundamentales del sistema que garanticen al pueblo un mínimun de condiciones decorosas de vida y desarrollo de sus actividades emancipatorias”. Fue a partir de este conflicto cuando se produjo una cierta expansión del socialismo aragonés: la Agrupación Socialista de Zaragoza y la UGT se establecieron desde 1918, en la c/ Estébanez, 2, sede que mantuvieron hasta el golpe fascista de 1936. En junio de 1918 se fundaron las Juventudes Socialistas en la capital aragonesa. Por su parte, la UGT se extiende por el resto de Aragón: la provincia de Huesca contaba con 1 sección (18 afiliados) y, la de Teruel, con 4 secciones que agrupaban a un total de 774 militantes vinculados sobre todo al Sindicato Minero (en las comarcas de Cuenca Minera y Ojos Negros) y a los obreros de las azucareras de Santa Eulalia y La Puebla de Híjar.

Son años en que las organizaciones socialistas empezaron a tener un fortalecimiento moderado (1919-1920) momento que, como señala Forcadell, coincide con una fuerte conflictividad social promovida por los “sindicatos únicos” afines a la CNT: sublevación del Cuartel del Carmen (1920), asesinato de tres empleados municipales (agosto 1920) y el asesinato del Cardenal Soldevila (junio, 1923).

La agudización de la tensión patronal/trabajadores, los atentados, bombas y la ola de represión gubernativa produjo un descenso de en la afiliación del PSOE-UGT y también de la CNT. Tal es así que, en mayo de 1921, de un total de 240.113 afiliados con que contaba la UGT en el conjunto de España, los militantes aragoneses eran tan sólo 1.196, “una pequeña gota dentro de la Unión General” (El Socialista, 1 mayo 1921).

Esta es la situación de debilidad orgánica del socialismo aragonés  en vísperas del golpe de estado del general Primo de Rivera del 13 de septiembre de 1923, tema al que nos referiremos en el siguiente capítulo.

 

(La Voz Sindical, nº 107, Zaragoza, septiembre 2008)