MORIR EN GERNIKA

 

     Es bien conocido por la historia aquel fatídico 26 de abril de 1937 en el cual fue brutalmente bombardeada la villa foral vasca de Gernika por la Legión Cóndor nazi y la Aviazzione Legionaria italiana que, en varias oleadas, destrozaron dicha población con bombas rompedoras e incendiarias (el 71% de sus edificios fueron totalmente destruidos) y causando en torno tres centenares de fallecidos.

     Eclipsado por el bombardeo, existe otro capítulo trágico de la historia de Gernika que ha estado desconocido hasta hace pocos años. Se trata de la existencia del Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Gernika (en lo sucesivo, HMPGG) en el cual, entre 1938-1940, fallecieron 269 prisioneros republicanos en condiciones lamentables, casi tantos, como los causados por el bombardeo por el cual ha pasado Gernika a la historia. La primera aproximación a este tema se debe al trabajo de José Ángel Etxániz y Vicente del Palacio, miembros del Grupo de Historia Gernikazarra, titulado Morir en Gernika (2003), así como la investigación posterior llevada a cabo por Amagoia López de Larruzea e Iñaki Uribarrena Ibarguengoitia, ambos miembros de la asociación Pipergorri Kultur Alkartea,  sobre los datos biográficos de esas 269 víctimas, fruto del cual ha sido la edición del libro Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Gernika, 1938-1940 (2022). Gracias a esta obra sabemos que el HMPGG se estableció en el Colegio de los PP. Agustinos, en un edificio que posteriormente alojaría a un Destacamento Penal de presos (1940-1946) que, adscritos a Regiones Devastadas, redimían penas en trabajos relacionados con la reconstrucción de la arrasada villa de Gernika. El Hospital comenzó a funcionar el 2 de junio de 1938 con prisioneros republicanos enfermos procedentes de los campos de prisioneros y hospitales militares de Santander y Asturias. Más tarde, llegarían otros desde los campos de concentración de Aragón, soldados apresados en los frentes de Belchite y de Teruel y, meses después, otros prisioneros heridos procedentes de los combates habidos en la batalla del Ebro. A partir de abril de 1939, tras el final de la guerra, los prisioneros provinieron de los campos de concentración de todos los lugares de la mitad norte de España.

     Al HMPGG fueron trasladados los prisioneros procedentes de diversos campos de concentración franquistas (llegó a haber 303 en toda España), prisiones militares y colonias penitenciarias que eran considerados y diagnosticados como portadores de enfermedades graves y terminales, los cuales llegaban a Gernika en un estado lamentable, como señalaban los citados Etxániz y De Palacio: “mal vestidos y calzados, sucios, deteriorados físicamente, consumidos por las enfermedades, imposibilitados, llenos de vendajes”. Es por ello que, los presos enfermos hospitalizados eran “los desahuciados de los campos y cárceles, enfermos contagiosos, graves y terminales” y, por ello, el hospital “resultó ser un destino de muerte segura”.

     El edificio era “un lugar inapropiado para combatir la plaga de enfermedades infecciosas (tuberculosis y fiebres tifoideas), con carencias graves de profilaxis y asepsia, sin una alimentación adecuada” para poder sanar a los prisioneros, “en su mayoría enfermos de patologías infecciosas”. En el supuesto de que el preso se recuperase de su enfermedad, era trasladado de nuevo a un centro penitenciario para seguir cumpliendo la pena dictada por los tribunales franquistas.

     Durante los dos años de funcionamiento de este Hospital, fallecieron 269 prisioneros. Este elevado número de muertes se debió a enfermedades, pues a ninguno se le diagnosticó que el motivo de la muerte fuera “por herida de guerra” o como consecuencia de ella. Y todos ellos aún tuvieron que sufrir una última humillación: tras su muerte, el féretro del difunto era trasladado en el carro de recogida de la basura y el lugar de su enterramiento quedaba marcado con una varilla con un número en la ampliación del Cementerio de Gernika-Zallo.

Entre las 269 víctimas, había 13 prisioneros republicanos aragoneses y es de justicia recuperar sus nombres y sus lugares de procedencia.  De este modo, había 8 zaragozanos: José del Campo Mendoza (de Ambel, el único que fue enterrado en su municipio de origen), José Bea Vidal (de Caspe, y que las investigaciones de Amadeo Barceló lo identifican como el hermano de Manuel Bea, el último alcalde republicano de la ciudad del Compromiso), Ciprián Plano Serrano (de Lobera de Onsella), Ángel Gascón Bernal (de Fuendetodos), Faustino Pinós Palacio (de La Almolda) y Gerardo Bona, Manuel Julio Corral Fuentes y Mariano Moreno Lacuerda, estos tres últimos procedentes de la ciudad de Zaragoza. Había también tres oscenses: Valero Villagrasa Duaso (de Fraga), José del Río Huguet (de Grañén) y Manuel Bueno Tolosana (de Almudévar) y dos turolenses: Francisco López Martín (de Urrea de Gaén, maestro y capitán de milicias) y Gregorio Fortea Gracia (de Orrios).

     Como señalaba Joseba Eceolaza en el prólogo del libro antes citado, recuperar la memoria de las víctimas “es una obligación democrática”. Y, por ello, el pasado 3 de junio tuvo lugar un emotivo acto en el Cementerio de Gernika-Zallo en el cual se erigió un Memorial con los nombres de los 269 fallecidos, acto que contó con la presencia de familiares de las víctimas junto con autoridades de diversas comunidades autónomas, entre ellas, también de Aragón. Ciertamente, como decía Joseba Eceolaza, de este modo, pieza a pieza, se ha reconstruido “el puzzle de la memoria”, de lo que significó el Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Gernika, por lo que es de justicia felicitar a todos los que lo han hecho posible.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 8 junio 2022)

 

LA FISCALIDAD PROGRESIVA

 

     Una vez más, la derecha política y económica enarbola la bandera de la bajada de impuestos como solución milagrosa para hacer frente a los efectos de la actual crisis económica causada por la pandemia del Covid-19.

    No es casualidad que el subconsciente de la derecha asuma como propias las ideas del economista Friedrich von Hayek, uno de los grandes teóricos del conservadurismo moderno y padre del neoliberalismo, que era contrario a cualquier intervención del Estado en la economía (desde la planificación estatal comunista hasta la progresividad fiscal socialdemócrata), que sacralizaba las supuestas “virtudes” del neoliberalismo (libre mercado y libertad de contratación y despido), que pensaba que éste debía de eliminar “ciertos instintos naturales” como la solidaridad y las políticas sociales a favor de los desfavorecidos, dejando a éstos abandonados a su suerte. Por ello, la derecha política se encrespa cuando, desde posiciones progresistas, se plantea el aumento del gasto social, la subida de los impuestos directos y la regulación de los mercados económico-financieros.

    Frente a las posiciones insolidarias de la derecha en la que se enrocan los fervorosos seguidores del neoliberalismo, el camino debe ser bien distinto y debe pasar por la aplicación efectiva de políticas valientes de marcado signo social y, por ello, la progresividad fiscal resulta esencial. En este sentido, el ejemplo histórico que la socialdemocracia sueca nos ofrece puede ser de interés.

     El Partido Socialdemócrata Sueco (SAP), fundado en 1889, entró por vez primera en el gobierno en el año 1932, cuando los efectos de la crisis económica de 1929 se hacían sentir con toda su crudeza en buena parte del mundo capitalista. Pese a ello, realizó una buena gestión en tan adversa coyuntura y su política social hizo que se estableciesen en Suecia por vez primera las pensiones de vejez, los subsidios para los alquileres o las vacaciones pagadas para los obreros. En consecuencia, el SAP, tras lograr en 1936 una rotunda victoria electoral, se iniciaron varias décadas de gobiernos socialdemócratas en el país nórdico, fruto de los cuales se consolidó una sociedad de bienestar avanzada, progresista, regida por valores de justicia social y la solidaridad internacional.

     El modelo social sueco surgió de un amplio acuerdo de concertación social conocido como la Convención de Saltsjöbaden (20 diciembre 1938), sobre el cual se cimentó la llamada “paz social continua” con objeto de impulsar de forma permanente el desarrollo económico y la calidad de vida de los trabajadores, cuyos resultados han sido, a lo largo de los años, excelentes. Había surgido así la sociedad mixta sueca, en la cual la economía de mercado y la intervención de la política socialdemócrata en la economía se repartían las tareas. De este modo, mientras el SAP aceptaba a las empresas privadas como elemento esencial de la producción (aunque debían de pagar un impuesto sobre los beneficios del orden del 50 %), el Estado asumía el deber de contribuir a la regulación de las actividades económicas asegurando el pleno empleo, las inversiones en regiones desfavorecidas, el apoyo a industrias en dificultades, la reestructuración del sector industrial y el desarrollo de una legislación laboral avanzada y progresista.

    Una pieza clave del modelo socialdemócrata sueco ha sido siempre la progresividad fiscal como elemento redistributivo de la riqueza. De hecho, el SAP, desde su fundación, siempre defendió la supresión de los impuestos indirectos y la sustitución de éstos por una tributación directa y progresiva que gravase tanto las rentas como las grandes fortunas. Por ello, tras un período en el cual el SAP optó por una política de nacionalizaciones (1944-1947), se retomó con fuerza la idea de la progresividad fiscal, pues era esencial que las riquezas generadas por la economía capitalista, fuesen repartidas de la forma más equitativa por la vía tributaria, junto a la llamada “política salarial solidaria” que suponía la completa igualdad de salarios entre hombres y mujeres (en vigor desde 1960) y la gradual reducción de las diferencias entre los sueldos altos y bajos de los trabajadores suecos.

     Por todo lo dicho, el defender la progresividad fiscal en la política española supone no sólo un acto de justicia social sino, también, reafirmar una seña de identidad esencial del modelo económico socialdemócrata, artífice del Estado de Bienestar en los países más avanzados del mundo occidental.

     Para finalizar, quiero recordar unas palabras del gran estadista y dirigente histórico del SAP que fue Olof Palme, el cual señalaba los objetivos que deben orientar la política económica de los partidos socialistas y que son: “garantizar el crecimiento al mismo tiempo que mantenemos el empleo, defendemos las conquistas sociales, profundizamos la democracia económica y defendemos nuestro medio ambiente”. Estas son las ideas esenciales para hacer frente al huracán neoliberal y a ese capitalismo voraz e insaciable que nos acosa.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 mayo 2022)

 

UNA NUEVA (Y MÁS DEMOCRÁTICA) POLÍTICA MUNDIAL

 

     Vivimos en un mundo convulso en el que los problemas han adquirido dimensiones internacionales: economía globalizada, movimientos migratorios, cambio climático o amenazas terroristas. A todo ello hay que añadir el riesgo de lo que Benjamín Barber ha llamado “el choque de civilizaciones”, autor que distingue dos modelos arquetípicos y contrapuestos que, de forma significativa denomina “cultura Mc World” y “cultura Jihad”. Así, mientras la “cultura Mc World” representa el materialismo capitalista y consumista que aspira a mercados globales y a la estandarización de gustos y estilos de vida, la “cultura Jihad” agrupa a los movimientos religiosos, nacionalistas y culturales, que, como señala Antoni Comín i Oliveres, “reaccionando defensivamente ante el huracán occidentalizador, se recluyen en el integrismo”. De todo ello el fundamentalismo islámico sería un ejemplo, pero no el único, puesto que Barber incluye bajo esta denominación a los grupos contrarios a la globalización capitalista y a los movimientos nacionalistas que defienden sus respectivos particularismos identitarios. Ambos modelos se combaten y retroalimentan y, como señala con acierto Barber, tan peligroso resulta para nuestros valores democráticos y los derechos de la ciudadanía el integrismo fraccionador como el globalismo capitalista ya que, “el uno mina el Estado para buscar comunidades particulares más pequeñas, mientras que el otro lo socava para promover espacios económicos más grandes”.

     Ante esta situación, no hay otro camino que el diálogo tenaz, el respeto sincero, la convivencia pacífica y el apoyo solidario entre culturas, pueblos y naciones. Y para lograrlo, varios serían los instrumentos. En primer lugar, la ONU, que debe convertirse en el eje central de esta nueva política mundial, con una autoridad moral y un liderazgo efectivo.  Pero, para ello la ONU debe de acometer con urgencia una profunda reforma interior que le permita disponer de un mayor poder para así hacer frente a los grandes retos de la humanidad (económicos, políticos, sociales o medioambientales) impulsado resoluciones de obligado cumplimiento. También debe democratizar su funcionamiento interno: no resulta admisible la existencia del derecho de veto por parte de algunos países, ni que la Asamblea General no aplique el voto ponderado en relación a la población de cada Estado, evitando así que el voto de países pequeños como Andorra tenga el mismo peso que otros superpoblados, como, por ejemplo, la India.

    Otro campo de actuación sería la democratización, superando intereses económicos egoístas, de organismos tales como el FMI, la OMC o el Banco Mundial, así como potenciar aquellos otros que promocionan derechos sociales y culturales (OMS, OIT, UNESCO) o socioeconómicos (FAO). No menos importante resulta potenciar el Tribunal Penal Internacional (TPI) con capacidad de actuar, incluso, contra la voluntad de sus estados miembros (recordemos que EE.UU., Rusia y China no acatan sus sentencias).

    En segundo lugar, la nueva política mundial debería ser potenciada desde las distintas federaciones regionales existentes, tanto económicas como políticas, para permitir un mayor equilibrio geopolítico. Con arreglo a factores de tipo cultural y religioso, Samuel Huntington señala 9 civilizaciones diferenciadas (occidental, ruso-eslava, islámica, budista, china, hindú, latinoamericana, africana y japonesa). El mismo Huntington nos recuerda que, actualmente, en este “mundo de civilizaciones”. no existe ninguna en condiciones de ejercer un liderazgo planetario, esto es, de imponerse a los demás de manera estable. Por ello, frente a pasadas hegemonías imperiales (o imperialistas), el futuro debe basarse en un liderazgo ético compartido entre todas las culturas que conforman la Humanidad. De hecho, algunos políticos han planteado la creación de un nuevo G-8, cuya legitimidad radicaría en representar un liderazgo regional compartido y que, por esta razón, debería de estar integrado por EE.UU., la Unión Europea, Rusia, China, India, América Latina (Mercosur), la Unión Africana y la ASEAN, la federación de países del Sudeste Asiático. A su vez, en un futuro próximo debería surgir un Parlamento Mundial como legítimo foro de diálogo entre las distintas federaciones regionales.

    Frente al espectro del choque de civilizaciones, hay que construir la utopía de un futuro que aspira al desarrollo integral y universal para toda la Humanidad. Por ello, el reto es trabajar desde todos los ámbitos descritos por el noble ideal de lograr la justicia económica, la libertad y la paz entre todas las personas, pueblos, naciones y culturas. La utopía es posible, pero requiere de nuestro esfuerzo individual y colectivo. El futuro de la Humanidad lo merece.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 9 mayo 2022)

 

 

ALIANZAS FATÍDICAS

 

     Los politólogos de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro tCómo mueren las democracias (2018) analizan en profundidad el riesgo que, para el modelo democrático, supone la convergencia de intereses entre las derechas democráticas y la extrema derecha autoritaria y filofascista, entente que califican como una “alianza fatídica”.

    De entrada, consideran “un error fatídico” cuando la clase política convencional entrega “voluntariamente las llaves del poder a un autócrata en ciernes”, tal y como la historia nos demuestra que ocurrió en los casos de Mussolini, Hitler, y también de Fujimori o Chaves en fechas más recientes. Este hecho, motivado por la deriva de las derechas democráticas al inhibirse de su responsabilidad en la defensa de los valores y los sistemas democráticos, suele ser el primer paso hacia la autocracia. Se produce entonces una “abdicación colectiva” que permite la transferencia de la autoridad a un líder que amenaza la democracia, y que suele estar provocada por la creencia errónea en que los políticos del sistema pueden controlar a los extremsitas, junto a una “connivencia ideológica”, esto es, cuando el programa de los autoritarios se solapa con el de las derechas políticas del sistema, hasta el punto de que esa abdicación “resulte deseable, o al menos, preferible a las alternativas”.

     Estas “alianzas fatídicas” entre la derecha parlamentaria y los grupos emergentes de extrema derecha, que frecuentemente se producen en tiempos de crisis económica y descontento social, suponen un auténtico “pacto del diablo”. Basándose en el trabajo del Juan Linz La quiebra de las democracias (1978), los citados Levitsky y Ziblatt señalan  cuatro indicadores–clave que nos alertan sobre comportamientos autoritarios: el rechazo, de palabra o mediante acciones de las reglas democráticas ; la negación de la legitimidad de sus oponentes políticos, a los que descalifican como subversivos, antipatriotas o de ser una amenaza para la nación; el tolerar o alentar la violencia y, por último, la voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. En conclusión, nos advierten que, “un político que cumple siquiera uno de estos criterios es causa de preocupación” y, por ello, la ciudadanía y los partidos democráticos “deben reaccionar de inmediato con objeto de mantener a los políticos autoritarios al margen del poder”.

    Así las cosas, resulta fundamental que los partidos aíslen  a las fuerzas extremistas que socavan nuestras democracias, una actitud que Nancy Bermeo denomina “distanciamiento” y que los partidos democráticos deben practicar de diversas formas tales como mantener a los líderes potencialmente autoritarios fuera de las listas electorales, “escardar de raíz” a los elementos extremistas existentes en las bases del partido y, sobre todo, como enfatizan los autores citados, “eludir toda alianza con partidos o candidatos antidemocráticos y evitar así la tentación de ganar votos o de formar gobierno”, esto es, lo que conocemos como un “cordón sanitario” o mejor sería decir “cordón democrático”, adoptando medidas para aislar a los extremistas, en lugar de legitimarlos. Y, cuando éstos se conviertan en serios contrincantes electorales, los partidos democráticos deben asumir la necesidad de forjar un “frente común” para derrotar a los autoritarios, ya que “un frente democrático unido puede impedir que un extremista acceda al poder, cosa que, a su vez, puede comportar salvar la democracia” y, consecuentemente, lo principal es defender las instituciones, “aunque ello implique aunar temporalmente fuerzas con los adversarios más acérrimos”. Y de ello tenemos ejemplos recientes: en las elecciones presidenciales de Austria de 2016 el conservador Partido Popular (ÖVP) apoyó a Alexander Van der Bellen, el candidato de izquierdas del Partido Verde, para evitar la victoria de Norbert Hofer, un radical de extrema derecha del FPÖ y, en las recientes elecciones presidenciales de Francia de 2022, todos los partidos democráticos han pedido el voto para Emmanuel Macron para evitar que la ultraderechista Marine Le Pen alcanzara el poder. En ambos casos, políticos de derechas, y también de izquierdas, dieron su apoyo a rivales ideológicos, aún a riesgo de, como señalaban Levitsky y Ziblatt, haber “enojado a gran parte de las bases de sus partidos, pero redireccionando el electorado en número suficiente como para frenar el acceso de extremistas al poder”. Y es que, como dijo Stefan Schmuckenschlager, del católico Partido Popular Austríaco (ÖVP), “a veces hay que dejar de lado la política del poder para hacer lo correcto”.

   Viendo estos ejemplos, y situándonos en el caso de España, con el creciente entendimiento entre el PP y el radicalismo derechista de Vox, tengo serias dudas de que situaciones similares como las citadas fueran posibles para frenar el riesgo cierto de involución democrática que amenaza nuestro horizonte político.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 27 abril 2022)

 

 

LA ADVERTENCIA DE MADELEINE ALBRIGHT

 

    El pasado 23 de marzo de 2022 fallecía la destacada política norteamericana Madeleine Albright. Nacida en Praga, en el seno de una familia judía (su nombre originario era Marie Jana Korbelová), la cual tuvo que huir de su Checoslovaquia natal cuando su país fue invadido por los nazis el 15 de marzo de 1939. Tras un periplo por Hungría, Yugoslavia y Grecia, se estableció, junto a su familia en Londres, en concreto, en el barrio de Notting Hill. Eran los años de la II Guerra Mundial y, en sus recuerdos de infancia, siempre estuvieron presentes los bombardeos lanzados por la Luftwaffe alemana sobre la capital británica en donde su padre, Josef Körbel, trabajaba en la radio al servicio del Gobierno Checo en el exilio.

     Durante el Holocausto, la parte de su familia que quedó en Checoslovaquia, fue víctima de la barbarie nazi, cobrándose la vida de tres de sus abuelos, así como la de “muchos de nuestros tíos, tías y primos”, tal y como ella recordaría más tarde. Con especial emoción aludía al asesinato de su abuela materna Ruzena Speiglova.

     Concluida la Guerra Mundial con la derrota de las potencias fascistas, regresó a Checoslovaquia en 1945, pero, tras la llegada al poder de los comunistas estalinistas y el asesinato del ministro Jan Masaryk, su familia se exilió de nuevo, esta vez en Estados Unidos (1949), donde residiría a partir de entonces y cuya ciudadanía adquirió.

     Su brillante carrera intelectual, iniciada en la Universidad de Columbia, donde se doctoró en 1975 con una tesis sobre “La Primavera de Praga”, continuaría con su trayectoria política en las filas del Partido Demócrata en la cual, ostentó, durante más de 30 años, la vicepresidencia del Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI). Su amplio conocimiento sobre la política internacional la convertiría en la primera mujer que ocupó la Secretaría de Estado norteamericana entre 1997-2001 bajo la presidencia de Bill Clinton.

      Especialmente revelador fue su libro Fascismo. Una advertencia (2018), escrito junto a Bill Woodward, en el cual alertaba a las sociedades democráticas sobre los riesgos del totalitarismo, fuera este de signo fascista o estalinista. En el mismo, y haciendo mención al título, provocador y alarmante a un tiempo de su libro, decía,

     “Algunas personas consideran alarmista este libro y hasta su subtítulo. Bien, puede que sea así, pero lo que no podemos es no ser conscientes del asalto a los valores democráticos que se está produciendo en muchos países del mundo y que está dividiendo también a Estados Unidos".

     Ante el futuro, hay que evitar la tentación de “cerrar los ojos”, pues se trata de una advertencia que no nos atrevemos a pasar por alto”.

    Ahora que martillean nuestras retinas y nuestras conciencias, la crueldad y el ensañamiento de la invasión rusa de Ucrania propiciada por el delirio belicista de Vladimir Putin, recordemos lo que sobre el autócrata de Moscú, nieto del cocinero de Stalin, decía Albright en dicho libro y al que definía como “bajo, cetrino y tan frío que casi parece un reptil”.

     Albright destacaba la deriva autoritaria de Putin desde su acceso a la presidencia de la Federación Rusa en el año 2000. De hecho, aludía a cómo se ha escudado en la debacle sufrido en los años posteriores a la desaparición de la URSS, “para desacreditar las instituciones democráticas” y, por ello, no duda en afirmar que “Putin no es un fascista en toda regla porque no le hace ninguna falta”. Y es que, su poder se sustenta en un sistema político viciado, con un simulacro de partidos de oposición, unas elecciones más que cuestionables en su transparencia, unos medios de comunicación controlados por el Kremlin y una sociedad civil que, “cuando no está domesticada, se la descalifica diciendo que es una marioneta manejada por extranjeros”, acusación que se lanza contra cualquier disidente político con  la autocracia de Putin, como recientemente hemos podido comprobar en el caso de Alekséi Navalny. De este modo, la acumulación de poder de Putin, la ha ido logrando a base de retirárselo a los gobernadores provinciales, a la Asamblea Legislativa (Duma), a los tribunales de justicia, al sector privado y a la prensa: así ha ido construyendo lo que él denomina “el Estado Vertical”, cuyo rostro más agresivo y amenazante ha evidenciado en la criminal agresión a un estado soberano cual es Ucrania.

    Valgan estas reflexiones sobre la amenaza que supone Putin, al que el disidente Vladimir Kará Murzá define como “el estalinista posmoderno”, para la paz y las relaciones internacionales, tal y como ya intuyó Madeleine Albright, para recordar la memoria de la política norteamericana recientemente fallecida que nos alertó de la amenaza de los fascismos, de todo signo, que ensombrecen nuestro futuro, advertencia que cada vez resulta más premonitoria.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 11 de abril de 2022)

 

EL ESTADO NECESARIO

 

     El historiador Tony Judt señalaba como una de las características del pasado siglo XX “el auge y posterior caída del Estado”, bien fuera ésta en su versión del Estado de Bienestar o bien en los otrora fuertes estados de signo totalitario, tanto en su versión fascista como estalinista. Y es cierto, puesto que, en la actualidad, como afirmaba Judt, “el discurso público estándar”, pretende reducir drásticamente el papel del Estado, presentándolo como “fuente de ineficacia económica e intromisión social que convenía excluir de los asuntos de los ciudadanos siempre que fuera posible”.

     A esta situación se ha llegado como consecuencia de la irrupción imparable de los supuestos dogmas neoliberales, los mismos que propagan el mantra perverso de que hay que reducir los impuestos progresivos convirtiéndolos en impuestos indirectos y regresivos, aquellos que gravan más las compras que la riqueza, lo cual ha reducido proporcionalmente la capacidad económica de los Estados limitando así su necesaria función de impulsar políticas de justicia redistributiva. De igual modo, en estas fechas se ha puesto en cuestión la labor de los Estados en una materia tan sensible como es la salud pública por parte de delirantes actitudes negacionistas ante la pandemia del covid-19 y las campañas de vacunación de la ciudadanía, alegando una “intromisión” estatal en las libertades individuales, una actitud ésta tan reaccionaria como inaceptable.

    Lejos queda aquella imagen del Estado como “un organismo poderoso, con una variedad de recursos a su disposición y con autonomía suficiente para conseguir nuevos recursos en caso de necesidad”. Pero, como señalaba Jesús Rodríguez Barrio, después de varias décadas de políticas neoliberales, con sus sucesivas rebajas de impuestos, con la liquidación de buena parte de la propiedad pública y la externalización de los servicios públicos, se ha colocado al Estado en una situación cada vez más marginal dentro de la actividad económica en nuestro mundo globalizado. Así quedó patente tras el estallido de la crisis financiera de 2008 en la que se evidenció que, para hacerle frente, los Estados carecían de empresas públicas potentes y de que sus ingresos fiscales eran insuficientes para acometer programas de inversión ambiciosos. Y, así las cosas, unos Estados reducidos por las políticas neoliberales a la “impotencia fiscal”, tuvieron que hacer frente a los efectos de la crisis más profunda desde la Segunda Guerra Mundial y, en algunos casos, debieron de hacerlo privados de buena parte de sus instrumentos de política económica. Y, sin embargo, en estas circunstancias, se llegó a la hipocresía de que, como recordaba Jesús Rodríguez Barrio, “hasta los neoliberales más extremos exigieron la intervención de los bancos centrales y los gobiernos para salvar el sistema financiero mundial”.

   Contra estas actitudes, resulta necesario reivindicar la labor del Estado, entendiendo por tal el Estado de bienestar de signo socialdemócrata. Así, según Nicholas Barr, el Estado “es un dispositivo de eficiencia contra los fallos del mercado”, a lo que Judt añade, además que éste es “una forma prudente de atajar los riesgos sociales y políticos que entraña una desigualdad [social] excesiva”. De hecho, observando las consecuencias de la revolución neoliberal aplicada por Margaret Thatcher en Gran Bretaña, Tony Judt se reafirmaba en la idea de que “sólo un Estado es capaz de proporcionar los servicios y condiciones a través de las cuales sus ciudadanos pueden aspirar a una vida buena y plena”, algo que el mercado, y menos el mercado global, nunca sería capaz de lograr.

     Por todo ello, resulta necesario reivindicar el papel y la vigencia del Estado como “institución intermedia” pues, dado que las fuerzas económicas son internacionales, la única institución que puede interponerse eficazmente entre estas fuerzas y los ciudadanos, es el Estado nacional. Y más aún, dado que “el libre flujo de capital amenaza la autoridad soberana de los estados democráticos, resulta necesario reforzarlos para, en opinión de Judt, “no rendirnos al canto de sirena de los mercados internacionales, la sociedad global o las comunidades trasnacionales”. Es por ello que tenía razón cuando Cicerón decía que “el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes”.

    El Estado necesario debe hacer una defensa cerrada de las políticas sociales para legitimarse en este incierto siglo XXI. De hecho, el Estado de bienestar impulsó las reformas sociales de la posguerra en Europa en buena medida como barrera para impedir el descontento social alentado en los años de entreguerras por los partidos totalitarios de uno u otro signo. Y, por ello, a modo de advertencia hay que recordar que el actual desmantelamiento parcial del Estado de bienestar y de las reformas y avances a él inherentes, no está exento de riesgos y uno de ellos es el aumento de las desigualdades sociales y el deterioro de las condiciones de vida de los sectores y colectivos más vulnerables pues, como muy bien sabían los reformadores sociales del s. XIX, si la “cuestión social” no se aborda, no por ello desaparece, sino que ésta busca respuestas más radicales y desestabilizadoras.

    A modo de conclusión, y aun siendo conscientes de que, ante las actuales crisis globales, bien sean estas económicas, financieras, humanitarias o sanitarias, no valen soluciones exclusivamente nacionales, no por ello el papel del Estado deja de ser necesario, pero siempre y cuando sea capaz de aportar a sus ciudadanos unas condiciones de vida razonables que ofrezcan un futuro de bienestar (servicios públicos amplios, fiscalidad progresiva, pensiones dignas) que lo legitimen, pues ciertamente, en nuestro mundo globalizado, un Estado defensor de políticas sociales y de la justicia redistributiva, resulta más necesario que nunca.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 28 marzo 2022)

 

EL PATRIOTISMO DE JUAN NEGRIN

 

     En su trayectoria vital, Juan Negrín López demostró su talla y coraje político, así como su condición de gran patriota durante la Guerra de España de 1936-1939, defendiendo hasta el final la legalidad republicana frente al fascismo. Y ese mismo sentido patriótico lo evidenció, años después, ya en el exilio, cuando España estaba sometida a la dictadura franquista y en un tema muy controvertido:  su actitud favorable a que España se incorporase al Plan Marshall.

    Concluida la II Guerra Mundial, Estados Unidos lanzó el European Recovery Program (ERP) para la reconstrucción de la devastada Europa occidental, puesto en marcha por el presidente Harry Truman e ideado por George Marshall, su entonces vicepresidente y prestigioso militar, razón por la cual fue conocido por el nombre de su promotor. Este plan supuso la inyección de 14.000 millones de dólares con objeto no sólo de la reconstrucción de los países de la Europa occidental, sino también, en el contexto de la Guerra Fría, con la intención política de sellar una alianza transatlántica para hacer frente al creciente auge de la influencia de la URSS en el continente europeo.

     A principios de 1948 se iniciaron conversaciones para el reparto de los fondos entre los potenciales estados beneficiarios y hasta la España franquista intentó optar a ellos, agobiada como estaba con una economía devastada tras la guerra, la asfixiante autarquía y el aislamiento internacional de la dictadura. Ante esta posibilidad, el ministro británico Mc Neil se opuso, al igual que lo hizo toda la oposición republicana en el exilio puesto que consideraban que dichos fondos servirían para el fortalecer al régimen franquista. En este sentido, el PSOE, por medio de Indalecio Prieto, dejó patente su frontal rechazo confiando en que “la España de Franco no entrará en el Plan Marshall, y si no entra, el régimen de Franco morirá por asfixia económica” (El Socialista, 9 abril 1948) y días después Prieto declaró que la participación de España en dicho plan “equivaldría al fortalecimiento del dictador y revestiría una verdadera traición por parte de los países democráticos” (El Socialista, 16 abril 1948).

     En cambio, y contra de la opinión mayoritaria del exilio republicano, Negrín se atrevió a defender públicamente, por medio de tres artículos publicados en la edición europea del New York Herald Tribune, la inclusión de España en el Plan Marshall, pues pensaba que, de no acceder a esos fondos, “soñar con el restablecimiento de la República a través del hambre y del empobrecimiento de España es un error”, un análisis honesto y guiado por un profundo patriotismo que, sin embargo, cayó como una bomba entre el exilio:  el PCE llegó a calificar a Negrín de “traidor” (Mundo obrero, 15 abril 1948) a la vez que tampoco fue plenamente comprendido por muchos negrinistas, los mismos que, junto a él, habían sido expulsados del PSOE en 1946.

     Negrín sentía un profundo dolor por la exclusión de España, pues como decía en un artículo fechado el 2 de abril de 1948 en el citado periódico, el rechazo “sería causa del aumento de los graves sufrimientos padecidos por el pueblo español desde el final de la guerra”, y en el artículo del día siguiente, Negrín dejaba clara su postura: “contra el régimen caudillista, todo, contra España, nada” y, por ello proponía que “las instituciones de la República de España deben ser reconocidas al mismo tiempo que la admisión de España en el Plan de Reconstrucción Europea”.

      Por su parte, Juan Marichal recoge varias cartas que, con este tema como telón de fondo, cruzó Negrín con Ramón Lamoneda, exsecretario general del PSOE y, expulsado como él del partido y el 1 de abril de 1948 le escribirá diciendo que “Ni con el Plan Marshall se le mantiene [a Franco], ni sin el Plan se le echa”. Días después, el 16 de abril, en una nueva carta Negrín calificaba la exclusión de España como una “monstruosidad legal”, pues, teniendo en mente los cuantiosos fondos destinados a Alemania e Italia, se pregunta: “¿Tiene esto la misión de infligir a España, al país y al pueblo, un castigo que no ha sido impuesto a países culpables de una guerra criminal?”.

    Recordando esta actitud patriótica de Negrín, exenta de intereses partidarios, contrasta con la actuación, ciertamente antipatriótica evidenciada por el PP criticando agriamente la concesión y gestión de los fondos asignados a España procedentes del Plan de Recuperación de la Unión Europea para hacer frente a la devastación causada por la pandemia de la Covid-19. Así es nuestra historia.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 14 marzo 2022)

 

 

AQUELLOS CURAS GUERRILLEROS

 

     Tras el triunfo de la revolución cubana en 1959, América Latina estaba en plena ebullición política y los Estados Unidos (EE.UU.), temeroso de que la experiencia castrista se extendiera por el continente, intervinieron de forma constante en los países de la zona combatiendo a las guerrillas fomentadas por el Ché Guevara, o apoyando golpes de Estado y sangrientas dictaduras como ocurrió en los casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú o Uruguay.

     A partir de 1962, el año en que se inició el Concilio Vaticano II, diversos sectores de la Iglesia asumieron un firme compromiso social en aquellos países, maltratados desde siempre por las oligarquías locales y por los intereses políticos y económicos de los EE.UU. Ello tuvo su reflejo en la Teología de la Liberación con figuras como Gustavo Gutiérrez y Helder Cámara y también en los casos de Ernesto Cardenal en Nicaragua o del dominico brasileño Frei Betto que, tras colaborar con la guerrilla opuesta a la dictadura del general Castelo Branco, años después sería asesor del presidente Lula da Silva.

    Pero si hay una figura que encarna el compromiso militante de la Iglesia en América Latina este es la de Camilo Torres (1929-1966), sacerdote colombiano, pionero de la Teología de la Liberación y promotor del diálogo entre el cristianismo y el marxismo, fundador del Frente Unido del Pueblo (1964) y que posteriormente optó por la lucha armada para apoyar, como él decía, “la causa de los pobres y de la clase trabajadora”. Es célebre su Mensaje a los cristianos, escrito en 1965 y en que decía que “es necesario quitarles el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres”, lo cual sólo podía lograrse mediante un cambio revolucionario y, por ello, “la Revolución no solamente es permitida sino obligatoria para los cristianos que vean en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos”.  Por todas estas razones, se integró en el Ejército de Liberación Nacional (ELN), muriendo en su primer combate el 15 de febrero de 1966. En la actualidad sigue siendo considerado un mártir oficial del ELN.

    El legado de Camilo Torres tuvo su eco y algunos sacerdotes llegaron a colaborar de forma activa con las guerrillas, entre ellos, tres misioneros aragoneses. Este fue el caso de Domingo Laín Sáenz, natural de Paniza, José Antonio Jiménez Comín, nacido en la localidad turolense de Ariño, y Manuel Pérez Martínez, que lo era de Alfamén. Los tres coincidieron durante sus estudios en el Seminario Menor de Alcorisa y, desde entonces, se hicieron amigos inseparables a lo largo de toda su trayectoria vital. Una vez ordenados, fueron enviados a la República Dominicana, donde a causa de su compromiso social serían expulsados del país y recalaron en Cartagena de Indias (Colombia) donde trabajaron como curas obreros: Domingo Laín lo hizo en una tejería, José Antonio Jiménez en una fábrica de gaseosas y Manuel Pérez como estibador en el puerto.

    Los tres curas aragoneses serían igualmente expulsados de Colombia por participar en política y por enfrentarse a la jerarquía eclesiástica y, tras un breve período de estancia en Francia y España, retornaron a Colombia con pasaportes falsos, pasando a integrarse en la guerrilla del ELN. Dos de ellos encontraron allí la muerte: José Antonio Jiménez como consecuencia de un paro respiratorio en una travesía guerrillera por la selva en 1970, y Domingo Laín, que cayó en combate en 1974. Les sobrevivió Manuel Pérez, el cual llegaría a ser máximo dirigente del ELN y que en marzo de 1990 asumió la comandancia de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Excomulgado por la Iglesia, tuvo una hija con “Mónica”, su compañera, una exmonja también vinculada a la guerrilla, y murió de muerte natural en las montañas del departamento colombiano de Santander el 14 de febrero de 1998.

    La memoria de aquellos curas guerrilleros aragoneses nos recuerda la vigencia de sus ideales, de su compromiso a favor de la justicia social, en estos tiempos en que los gobiernos progresistas de América Latina siguen siendo acosados por el imperialismo, los populismos derechistas y la expansión de las iglesias evangélicas ultraconservadoras, un triple ariete contrario a la emancipación de los sectores sociales más desfavorecidos, aquellos cuya situación se ha visto todavía más deteriorada como consecuencia de la aplicación de políticas neoliberales en nuestro mundo globalizado.

 

José Ramón Villanueva Herrero

(publicado en: El Periódico de Aragón, 23 febrero 2022)